LOS LÍMITES DEL DERECHO PENAL FRENTE AL LENGUAJE, por Dr. José Manuel Ubeira - 29/4/2026

I Los límites del Derecho Penal frente al lenguaje.

Hay discusiones que parecen jurídicas, pero en verdad revelan un problema mucho más vasto. 

Se presentan bajo la forma de una pregunta técnica, de una disputa de competencia, de un conflicto de interpretación o de una controversia sobre el alcance de una norma. 

Sin embargo, cuando se las examina con detenimiento, dejan al descubierto una inquietud más honda: el modo en que una sociedad convive con sus palabras, con sus agravios, con sus temores, con sus enemistades y con sus límites.

El problema del lenguaje pertenece a esa especie de cuestiones. 

A primera vista, podría creerse que se trata apenas de un asunto de libertad de expresión o, en todo caso, de la clásica tensión entre discurso ofensivo y tutela jurídica. 

Pero no es sólo eso. 

En su fondo late una pregunta más exigente: qué puede hacer el derecho frente a la palabra cuando la palabra deja educar moralmente a una comunidad. 

Su función es más modesta, pero también más severa: intervenir allí donde la conducta ha alcanzado un umbral tal de lesión o peligro que la sociedad considera legítimo responder con la forma más intensa de coerción estatal. 

Justamente por eso, cuando se pretende llevarlo hacia el terreno del lenguaje, aparece una alarma legítima. 

Porque si el derecho penal empieza a castigar demasiado pronto, deja de sancionar hechos para comenzar a vigilar ideas. 

Y si se abstiene por completo, puede desconocer que las palabras, aun antes de convertirse en actos penalmente típicos, participan en la fabricación del clima moral y político de una época.

Este libro se sitúa en esa zona de tensión. 

No pretende clausurar el debate, sino abrirlo con más profundidad. 

No busca ofrecer una fórmula simple allí donde la realidad es compleja. 

Busca, más bien, delimitar. Pensar. Advertir. 

Mostrar que el lenguaje puede ser una antesala de la lesión, sin por ello convertir al derecho penal en censor del pensamiento. 

Mostrar que la democracia necesita defender la libertad, pero también comprender que ciertas formas del decir degradan los presupuestos mismos de la convivencia.

Hablar del lenguaje no es hablar de algo accesorio. 

Es hablar del tejido invisible con el que las sociedades nombran a sus miembros, ordenan sus ansias de ser mera comunicación y empiezan a operar como fuerza de degradación, de exclusión, de hostilidad o de preparación de daños mayores.

El derecho penal, por su estructura, no fue concebido para administrar el universo entero de los significados sociales. 

No nació para ordenar sensibilidades, corregir brutalidades verbales ni diferencias y administrar sus conflictos. 

Es hablar de la sustancia simbólica de la vida común. 

Y cuando esa sustancia se corroe, el derecho suele llegar tarde. 

Por eso, quizá, la mayor utilidad de esta reflexión no consista en señalar cuándo castigar, sino en comprender cuándo advertir.

II La palabra y su sombra

Durante mucho tiempo, las palabras fueron pensadas como instrumentos secundarios de la acción. 

Algo así como prólogo, acompañamiento o justificación de lo verdaderamente importante: el hecho. 

Bajo esa mirada, el lenguaje parecía pertenecer al ámbito de lo etéreo, de lo no consumado, de lo reversible. 

Un espacio de circulación simbólica donde podían nacer las ideas, la crítica, la ofensa o la provocación, pero donde todavía no se había ingresado en el territorio duro de la lesión.

Sin embargo, la historia desmiente esa simplificación. 

Las sociedades no se organizan solamente por la fuerza de los hechos, sino también por la persistencia de los nombres. 

Todo orden político está sostenido por un lenguaje: el que describe, el que clasifica, el que legitima, el que excluye. 

Se gobierna con normas, pero también con relatos. 

Se reprime con armas, pero antes se construyen discursos que vuelven tolerable la represión. 

Se discrimina con decisiones, pero previamente se degrada con palabras. 

Se naturaliza el daño mucho antes de producirlo.

La palabra, entonces, tiene sombra. 

A veces ilumina, permite deliberar, persuadir, disentir, construir.

Otras veces envilece, reduce, simplifica, caricaturiza, enemista. 

Una comunidad democrática necesita el lenguaje para vivir, pero también puede ser dañada por él. 

Ésa es su paradoja. 

La democracia no existe sin libertad de expresión, pero la libertad de expresión no elimina por sí sola el problema de los usos destructivos del lenguaje.

Hay expresiones que hieren sin ser delito. 

Hay discursos que corroen sin encuadrar todavía en un tipo penal. 

Hay climas verbales que empobrecen la vida pública sin que pueda trazarse, en cada caso, una relación causal inmediata con un acto lesivo determinado. 

Allí se encuentra la dificultad central. 

Porque el derecho, acostumbrado a trabajar con categorías precisas, se enfrenta a una materia escurridiza, ambigua y dependiente del contexto.

La palabra no es una bala. Pero tampoco es aire. 

Tiene densidad social. Tiene dirección política. Tiene memoria. 

Y, sobre todo, tiene capacidad para alterar el modo en que una sociedad imagina al otro. En esa capacidad reside su potencia más inquietante.

III El derecho penal y su tardanza necesaria

Decir que el derecho penal llega tarde no es formular una crítica. 

Es, en realidad, reconocer su naturaleza. 

El derecho penal debe llegar tarde. 

Debe hacerlo cuando otras herramientas ya no alcanzan, cuando el conflicto ha atravesado cierto umbral, cuando el daño se ha consumado o cuando el peligro ha adquirido una exteriorización suficiente y verificable. 

Su intervención tardía constituye una garantía contra el abuso. 

Si el poder punitivo pudiera adelantarse demasiado, si le fuera permitido irrumpir en el terreno de la mera sospecha o de la incomodidad ideológica, el resultado sería devastador para la libertad.

Por eso el lenguaje incomoda al derecho penal. 

Porque el lenguaje habita, por definición, una zona anterior al daño consumado. 

Se mueve en el terreno de la insinuación, de la amenaza eventual, de la construcción simbólica, de la predisposición colectiva. 

Y el derecho penal, cuando es fiel a su lógica, desconfía de ese terreno. 

Necesita más. 

Necesita precisión, exteriorización, adecuación típica, prueba, contexto, dolo, lesividad. 

No puede actuar sólo porque una expresión parece peligrosa o moralmente repudiable.

Esa limitación no debe ser vista como impotencia, sino como sabiduría institucional. 

Los sistemas penales que se arrogan la facultad de castigar palabras de contorno impreciso terminan por ocupar un lugar que no les corresponde. 

Se convierten en administradores de ortodoxias, en guardianes de sensibilidades oficiales, en censores con vocabulario jurídico. 

Y cuando eso ocurre, la libertad deja de ser una garantía para convertirse en una concesión condicionada.

La tardanza del derecho penal preserva, además, otro valor esencial: el conflicto político legítimo. 

Una democracia vigorosa no es aquella en la que desaparece el desacuerdo, sino aquella en la que el desacuerdo puede desplegarse sin que toda fricción sea traducida a clave criminal. 

El derecho penal no debe transformarse en un modo de gestionar la crispación social. 

No puede ser el árbitro general de los excesos del debate público. 

Su intervención debe quedar reservada para los casos en que la palabra ya ha traspasado el límite de la opinión, de la crítica o incluso de la injuria moralmente repudiable, y se ha transformado en amenaza concreta, hostigamiento definido, persecución específica o incitación suficientemente determinada.

Esa modestia institucional del derecho penal es, en definitiva, una forma de humildad democrática. 

Allí donde el poder podría sentirse tentado de controlar el lenguaje, el garantismo recuerda que no todo lo malo es punible, ni todo lo dañino puede ser corregido con castigo.

IV. El peligro de castigar demasiado

Cuando una sociedad se siente herida por sus palabras, la pulsión de castigar se vuelve comprensible. 

Resulta natural pensar que, si ciertos discursos degradan la convivencia, el Estado debería intervenir con energía para erradicarlos. 

Sin embargo, ése es justamente el punto en el que conviene detenerse. 

Porque el paso que va de la preocupación legítima al punitivismo expansivo suele ser breve, y sus consecuencias, graves.

El gran riesgo consiste en que el derecho penal abandone la sanción de conductas y avance sobre el control de contenidos. 

Allí deja de preguntarse qué hizo alguien para empezar a indagar qué quiso decir, qué idea sostuvo, qué visión del mundo expresó, qué sensibilidad hirió. 

En ese desplazamiento, el objeto del castigo cambia de naturaleza. 

Ya no se castiga una lesión concreta o una incitación inequívoca, sino una forma de pensamiento considerada intolerable.

La historia política moderna ofrece demasiados ejemplos de ese desvío. 

En nombre del orden, de la moral, de la unidad nacional, de la defensa de las instituciones o de la paz pública, innumerables regímenes persiguieron opiniones. 

Lo hicieron con vocabularios cambiantes, pero con una lógica constante: presentar el control del lenguaje como una necesidad colectiva. 

Lo que empezaba como tutela del bien común terminaba casi siempre como herramienta de silenciamiento.

El derecho penal debe resistir esa tentación. 

No por romanticismo liberal, sino por razón republicana. 

El poder de castigar es demasiado grave para ser usado como corrector general del discurso social. 

Allí donde la tipicidad se vuelve vaga, donde la valoración depende en exceso de impresiones morales o de climas políticos, la arbitrariedad encuentra terreno fértil.

Y la arbitrariedad, en materia penal, nunca es un accidente menor: es una fisura en el corazón mismo del Estado de derecho.

Esto no significa aceptar con indiferencia la brutalización del lenguaje. 

Significa, precisamente, distinguir.

Hay una enorme diferencia entre condenar ética, cultural o políticamente una expresión, y considerarla apta para justificar una pena. 

Confundir ambos planos debilita el orden jurídico. 

La democracia necesita reprobar mucho más de lo que castiga. Su salud depende, en buena medida, de que esa diferencia siga viva.

V El peligro de no castigar nunca

Pero del otro lado acecha un error distinto, no menos empobrecedor: creer que las palabras carecen de relevancia material y que, por lo tanto, cualquier preocupación jurídica por sus efectos constituye una exageración. 

Esa mirada reduce el lenguaje a puro humo. 

Lo supone incapaz de producir mundo, incapaz de predisponer conductas, incapaz de erosionar vínculos sociales. 

Se trata de una ingenuidad cómoda, pero profundamente falsa.

Las palabras no son neutras. No porque siempre causen daño, sino porque siempre participan de relaciones de poder. 

Nombrar es ordenar. Definir es jerarquizar. Repetir es sedimentar. 

El lenguaje no cae sobre una superficie vacía; se inscribe en historias, desigualdades, memorias, miedos y estructuras de reconocimiento. 

Cuando ciertas expresiones se reiteran desde lugares de autoridad o se amplifican sobre sectores ya vulnerables, sus efectos no son meramente emocionales. 

Afectan la posición pública de las personas. 

Las vuelven sospechosas, despreciables, inferiores o descartables.

Allí aparecen los llamados discursos de odio, categoría difícil, a veces mal usada, pero imposible de ignorar. 

Su problema no reside solo en la violencia verbal que exhiben, sino en el modo en que construyen un marco de degradación del otro. 

No se limitan a disentir: buscan despojar de dignidad. 

No se conforman con cuestionar conductas: atacan la legitimidad misma de la existencia pública del adversario o del diferente. 

Operan como un trabajo lento de deshumanización.

Ahora bien, que el lenguaje pueda hacer esto no significa que toda palabra hostil sea punible. 

Significa algo más sutil e inquietante: que una sociedad puede deteriorarse profundamente aun antes de que el derecho penal tenga algo claro que decir. 

Los grandes procesos de envilecimiento político no comienzan, por regla, con los hechos extremos. 

Comienzan con la habituación. Con la pérdida del sobresalto. 

Con la aceptación resignada de que determinadas formas de nombrar al otro ya no escandalizan.

Por eso, negar toda potencia dañosa al lenguaje equivale a dejar ciego al derecho y sorda a la política. 

Es olvidar que los hechos más graves suelen tener un prólogo verbal. 

No un prólogo determinista, no una línea mecánica e inevitable, pero sí una preparación cultural. 

La violencia, antes de instalarse en los cuerpos, suele buscar alojamiento en las palabras.

VI Democracia, conflicto y límites

Ninguna democracia madura puede construirse sobre la ilusión de un habla pura. El conflicto forma parte de la vida política. 

La crítica severa, la ironía, la denuncia vehemente, la palabra incómoda e incluso el tono agrio son componentes inevitables de una sociedad libre. 

Pretender una conversación pública completamente higienizada sería desconocer la naturaleza misma del pluralismo. 

Allí donde existen intereses, memorias, proyectos y visiones del mundo en disputa, también existe fricción verbal.

Sin embargo, una cosa es el conflicto y otra la demolición del lenguaje común. 

El desacuerdo democrático presupone todavía un reconocimiento mutuo: el adversario puede ser combatido, pero no anulado como interlocutor humano. Cuando ese presupuesto se pierde, el conflicto deja de ser político y empieza a deslizarse hacia otra cosa. 

Hacia la enemistad absoluta, hacia la descalificación ontológica, hacia la exclusión del otro del campo de los iguales.

La democracia necesita, entonces, una ética del límite. 

No una ética impuesta penalmente en todos los casos, sino una conciencia colectiva de que no toda libertad se honra del mismo modo. 

Hay palabras que, aun cuando no merezcan castigo, degradan el espacio público. 

Hay estilos de argumentación que, aunque formalmente tolerables, empobrecen la deliberación común. 

Hay modos de nombrar que preparan la fractura.

El derecho penal puede custodiar algunos umbrales extremos. 

Puede intervenir cuando la palabra se transforma en amenaza, incitación concreta, persecución o violencia jurídicamente delimitable.

Pero los límites más importantes de una democracia no se sostienen sólo con jueces y códigos. 

Se sostienen, sobre todo, con cultura política, con memoria histórica, con responsabilidad institucional y con una ciudadanía capaz de advertir el deterioro antes de que deba ser judicializado.

Ésa es, quizá, la verdad más incómoda de este problema: el derecho puede hacer poco si la sociedad ha decidido acostumbrarse a su propio envilecimiento verbal. 

Ninguna condena repara por sí sola un ecosistema discursivo degradado. 

Ninguna sentencia restituye automáticamente la dignidad del lenguaje común. 

Lo que está en juego no es sólo la licitud de ciertas expresiones, sino la calidad de la vida democrática que esas expresiones vuelven posible o imposible.

VII Lo que el derecho no puede hacer

Toda reflexión seria sobre el lenguaje y el castigo debe reconocer, tarde o temprano, una evidencia: el derecho penal no puede asumir la tarea de reorganizar simbólicamente a una sociedad. 

No puede educar por sí mismo. 

No puede producir empatía. 

No puede sanar fracturas culturales profundas. 

No puede reconstruir el valor de la palabra responsable. 

Y cuando pretende hacerlo, suele fracasar o producir efectos peores.

El castigo puede inhibir conductas puntuales. 

Puede sancionar determinados excesos. 

Puede trazar fronteras jurídicas claras en casos límite. 

Pero no puede reemplazar a la política, ni a la educación, ni a la cultura, ni al trabajo institucional que exige una convivencia democrática robusta. 

Querer que el derecho penal haga todo eso equivale a pedirle que se transforme en una tecnología moral total. 

Y una democracia que deposita semejante expectativa en el castigo ya ha empezado, de algún modo, a desertar de otras responsabilidades.

Lo que el derecho no puede hacer, entonces, debe ser asumido por otros ámbitos. 

La escuela, en su sentido más amplio, tiene la obligación de formar sensibilidad democrática. 

Los medios tienen la responsabilidad de no convertir el agravio en mercancía permanente. 

Los dirigentes deben medir el peso político de la palabra pública. 

Las instituciones deben ofrecer marcos de debate que no premien sistemáticamente la humillación del adversario. 

Y cada ciudadano debe interrogar el modo en que participa del habla común.

Este señalamiento no es ingenuo. No supone que basten buenos modales o exhortaciones morales para resolver conflictos estructurales. 

Supone algo más concreto: que el lenguaje público no se corrige únicamente con represión. 

Se corrige, sobre todo, con prácticas. Con ejemplos. Con contradiscurso. Con memoria. Con cultura del límite. 

Con una pedagogía cívica que recuerde que la libertad de decir no equivale a la nobleza de lo dicho, pero tampoco habilita al Estado a convertirse en tutor 

de conciencias.

En esa tensión vive la madurez republicana. 

Saber que el derecho penal es necesario, pero insuficiente. 

Saber que hay palabras inadmisibles en términos éticos sin que por eso toda inadmisibilidad se vuelva punible. 

Saber, en suma, que la defensa de la dignidad democrática empieza mucho antes de los tribunales.

VIII Advertir antes de que sea tarde

Tal vez el mayor valor de una reflexión como ésta no consista en proponer nuevos castigos, sino en rescatar la importancia de la advertencia. 

Advertir significa leer los signos tempranos del deterioro. 

Hay que reconocer que el lenguaje, cuando se embrutece de manera persistente, no sólo refleja una crisis de la convivencia: también la profundiza. 

Advertir es no esperar al hecho extremo para empezar a pensar. 

Es no delegar por completo en el aparato judicial la custodia del lazo social.

La advertencia, en este sentido, tiene una dimensión profundamente política. 

No equivale a censurar, sino a hacerse cargo. 

A comprender que una comunidad democrática no se destruye únicamente cuando caen sus instituciones formales, sino también cuando se vacía el lenguaje que las sostenía. 

Cuando el otro deja de ser adversario y pasa a ser amenaza constitutiva. 

Cuando el insulto deja de ser excepción y se vuelve idioma. 

Cuando la humillación se transforma en espectáculo ordinario.

Los procesos de degradación histórica rara vez se anuncian con grandilocuencia. Suelen instalarse de manera gradual. 

Una palabra que antes resultaba intolerable deja de escandalizar. 

Una descalificación que parecía excesiva comienza a parecer normal. 

Una metáfora degradante se repite hasta perder su filo. 

El deterioro se vuelve costumbre. 

Y cuando la costumbre se consolida, el derecho penal, aun si llega, encuentra una sociedad ya anestesiada.

Por eso importa tanto pensar antes. Nombrar antes. Resistir antes. 

No para encerrar la vida pública en una moralina frágil, sino para preservar aquello sin lo cual no hay democracia que resista: la posibilidad de disentir sin destruir, de confrontar sin aniquilar, de hablar sin degradar sistemáticamente al otro.

Quizá allí se encuentre la tarea más difícil. 

No en castigar, sino en sostener un idioma común lo suficientemente libre para admitir el conflicto y lo suficientemente digno para no convertir ese conflicto en una maquinaria de deshumanización. 

El derecho penal puede custodiar el borde último. 

Pero el centro debe ser defendido por la propia sociedad.

Y ese centro no es otro que la conciencia de que las palabras importan. 

Importan porque anteceden. Porque modelan. Porque predisponen. 

Porque revelan el tipo de comunidad que somos capaces de construir o de arruinar. Importan porque, antes de que los hechos lleguen, ya han empezado a trabajar en silencio sobre el mundo.

IX Cierre

El problema del lenguaje frente al derecho penal no admite salidas simples. 

Toda simplificación, en esta materia, es peligrosa. 

Si se absolutiza la libertad de expresión hasta volverla indiferente a cualquier daño, se banaliza el poder corrosivo del discurso. 

Si se absolutiza la tutela penal del lenguaje, se abre la puerta a la censura y a la persecución de ideas. 

Entre ambos extremos se extiende una zona exigente, incómoda, pero indispensable: la del pensamiento democrático.

Pensar democráticamente esta cuestión exige aceptar simultáneamente dos verdades. 

La primera: el derecho penal debe tener límites estrictos y no puede convertirse en herramienta general de regulación del habla social. 

La segunda: el lenguaje no es inocuo y sus efectos pueden ser política y socialmente devastadores aun antes de que exista delito. 

Sostener juntas estas dos verdades es más difícil que abrazar uno de los extremos. 

Pero sólo esa dificultad merece el nombre de reflexión seria.

En definitiva, el desafío no consiste únicamente en decidir cuándo castigar, sino en comprender cómo convivimos. 

Qué toleramos. Qué dejamos pasar. Qué naturalizamos. Qué rechazamos. 

Qué memoria conservamos para advertir los primeros síntomas de la degradación. 

Y qué responsabilidad estamos dispuestos a asumir, colectivamente, para que el derecho no deba intervenir cuando ya es demasiado tarde.

Porque, al final, el problema no es sólo jurídico. 

Es una pregunta sobre la democracia misma. 

Sobre su lenguaje, sus límites y su porvenir.

Bibliografía de referencia

Butler, Judith. Lenguaje, poder e identidad. Madrid, Síntesis.
Ferrajoli, Luigi. Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Madrid, Trotta.
Foucault, Michel. Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Buenos Aires, Siglo XXI.
Habermas, Jürgen. Facticidad y validez. Madrid, Trotta.
Nino, Carlos Santiago. Fundamentos de derecho constitucional. Buenos Aires, Astrea.
Ricoeur, Paul. Sí mismo como otro. Madrid, Siglo XXI.
Waldron, Jeremy. The Harm in Hate Speech. Cambridge, Harvard University Press.
Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro. Derecho penal. Parte general. Buenos Aires, Ediar.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, informes sobre libertad de expresión y discurso discriminatorio.

EL PRESIDENTE PIRRO, de Horacio Verbitzky - 9/8/2026

Una vez por año, Milei fracasa en el intento de extranjerizar la tierra

Goya, Preso encadenado (1816). 

Intervenido por Navaja, animado por Silvia Canosa

Desde Ecuador, hacia donde voló para que Victoria Villarruel no pudiera desempatar la votación en caso de empate en el Senado, el Presidente Javier Milei se enteró de que su fuerza de tareas libertaria había conseguido aprobar la ley con el pomposo título de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. 

Su proyecto reunió 37 votos en el Senado, contra 33 por la negativa. 

Para llegar a ese resultado debió rebanarle varios capítulos, antes y después del dictamen firmado el 20 de mayo. 

Quedó tan poco, que tal vez ni siquiera tenga sentido asaltar los muros de la Cámara de Diputados.

Primero se cayó el título referido a los barrios populares. 

El Registro Nacional de Barrios Populares fue creado en 2018 por la ley 27.453, sancionada con un apoyo muy amplio de oficialismo y oposición, gracias a la bendición del Papa Bergoglio, tramitada por sus gestores locales.

Ya a punto del ingreso al recinto del Senado para comenzar la sesión, también debieron amputarle el título sobre extranjerización de tierras rurales, lo cual provocó una respuesta insultante del senador entrerriano Joaquín Benegas Lynch  - hermano de Bertie, con quien lo confundieron varios medios -, ofendido porque Juliana Di Tullio había pedido que se le impidiera votar por el conflicto de intereses que supondría su empresa, especializada en la venta de tierras a extranjeros. 

La sesión comenzó con una cuestión de privilegio, en la que Benegas Lynch describió su actividad como la búsqueda de inversión privada para desarrollar al país, y la comparó con la de un médico que opina sobre salud. 

Pero como buen escorpión libertario, no se privó de calificar a los aliados con los que el gobierno estaba negociando de "tibios ignorantes del medio". 

Esto terminó de volcar el voto adverso del senador de Santa Cruz, José María Carambia, quien llegó a exigir un pedido de disculpas.

Viva la Patria

La extensa sesión, desde mediodía hasta la madrugada, siguió volcando decisiones. 

Primero gobernadores peronistas como Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz, el populista neuquino Rolando Figueroa y el misionero Hugo Passalacqua, declararon que no podían apoyar esa ley, y a medida que avanzaba el debate distintos senadores lo corroboraban. 

Un aspecto llamativo era que ninguno de los representantes del oficialismo argumentaba sobre las virtudes de la ley. 

Se concentraban en cambio en la denigración de los opositores. 

Descolló en esa tarea sucia Ezequiel Atauche, quien englobó todas sus aversiones en "el riesgo kuka". 

Señaló sectores del recinto trazando un arco con la mano y dijo: "Primero llegaban hasta allí. Luego se limitaron hasta aquí. Y después de la próxima elección no pasarán de allí porque son una especie en extinción". 

Wado de Pedro intentó encuadrar la sesión dentro de una idea general sobre los efectos estructurales de largo plazo del gobierno libertario. 

Reseñó cómo el Poder Ejecutivo consigue que los gobernadores den el apoyo de sus legisladores y dijo que la última concesión ha sido delegar en las provincias funciones exclusivas del gobierno nacional, lo cual implica un retroceso de dos siglos, hasta las Provincias Unidas del Río de la Plata, poniendo en entredicho la existencia misma de la Nación Argentina. 

Terminó su alocución con un estentóreo Viva la Patria.

Sólo Patio Bullrich predicó los beneficios de la ley, pero lo hizo sin demasiado apego por la realidad y en un tono por momentos balbuceante y siempre provocador. 

Su sonrisa irónica cuando ya era indudable el fracaso oficial, cayó perpendicular en la Casa Rosada, donde la Zarina y los primos Menem mascullaban rencor, porque ella los condujo al recinto asegurando que tenía los votos asegurados. 

Quedó la duda de si estaba elaborando un engaño a conciencia o no entendía de qué hablaba cuando se llevó las manos a las sienes y preguntó para qué alguien que quería construir un proyecto inmobiliario quemaría un bosque. 

Dijo que sería más caro. (!) 

Los argumentos de libertarios y aliados giraron en torno a la conveniencia individual de una persona afectada: el propietario de un departamento al que no le pagan el alquiler; el titular de un campo incendiado que no puede utilizarlo para un proyecto inmobiliario durante décadas; el dueño de un bien declarado de utilidad pública con fines de expropiación. 

Esa es la propiedad privada que intentaba blindar la ley, sin reparar en el drama de quienes debido al incremento de los alquileres y la caída de los salarios deben elegir entre alimentarse y pagar los servicios esenciales o cumplir con el dueño que les alquila; al incluir el lucro cesante de un bien declarado de utilidad pública, dificulta que en el futuro se revierta su expropiación; no se toma en cuenta el cambio climático que propicia los incendios forestales y simplifica el trabajo de los pirómanos. 

En la fila de San Cayetano, una mujer con su hijita contaba que le llegó la orden de desalojo porque no pudo pagar el alquiler y que no sabía dónde ir en esa noche gélida.

El gobernador riojano Ricardo Quintela había advertido que el peronismo estaba dispuesto a expropiar todo lo que ahora se privatizara. 

Pero es ostensible que no hay unanimidad en ese campo. 

Desde la gobernación bonaerense dejaron saber que ese no era el plan de su mandatario, que aspira a la presidencia y se desespera por descontaminar la K de su apellido. 

Después de la medianoche, Bartolomé Abdala cedió la presidencia a las Carolinas, la radical santafesina Losada y la peronista jujeña Moisés, y comenzó a recorrer las bancas cuchicheando con varios de sus ocupantes. 

Quería verificar si contaba con los votos necesarios para la aprobación en particular de lo que quedó de la ley luego de la ablación de la extranjerización de tierras. 

Comprobó que la ley del manejo de fuego resistiría el embate de los negociantes como Benegas Lynch. 

Su autor fue, durante el gobierno anterior, el diputado Máximo Kirchner, y uno de los principales operadores para sostenerla, Sergio Tomás Massa, a quien acudió Juliana Di Tullio para que activara sus fuerzas. 

Un documento de un centenar de organizaciones de la sociedad civil circuló con cuestionamientos técnicos y políticos a la ley y a los RIGIS. 

Y se sucedieron los pronunciamientos de personalidades e ídolos populares, con gran penetración entre los más jóvenes, como el futbolista Licha Martínez, los cantautores Fito Páez y Juana Molina, las directoras Dolores Fonzi y Lucrecia Martel y los artistas juveniles Emilia Mernes, Lali Espósito, Tini Stoessel, Nicki Nicole, Milo J, Trueno, Dillom, Ca7riel, La Faraona y María Becerra. 

El pronunciamiento de Tini Stoessel abatió al oficialismo, porque tiene 22 millones de seguidores en las redes antisociales y llega a sectores que no suelen movilizarse por temas políticos y sociales. 

En una historia de Instagram escribió: "La patria no se vende". 

Además invitó: "Nos vemos el 6/8 en el Congreso. Defendamos nuestra soberanía". 

Haber impulsado el tratamiento de esta ley a una semana del partido de fútbol con Inglaterra y del trapo "Las Malvinas son Argentinas" es una de las exhibiciones de impericia más destellantes del oficialismo.

El extravagante canciller Pablo Quirno explicó que una empresa extranjera podría comprar una provincia entera y que eso sería bueno para el país, cosa que motivó una serie de aclaraciones del gobierno.

Y el Ministro de Economía Luis Caputo fustigó a "los tarados que hablan de la industria", mientras desde el Círculo Rojo se dejaba trascender que luego de su viaje de inspección de tres días, Kristalina Georgieva lamentó que la complacencia social con el programa económico no estuviera a la altura del entusiasmo con que Milei y Caputo se la habían presentado. 

El año pasado, el jefe de asesores del Presidente, Demián Reidel, dijo ante un grupo de empresarios extranjeros durante el LatAm Forum que la Argentina tiene "grandes extensiones de tierra con acceso a energía y agua, climas fríos, que es la cereza del postre para el enfriamiento de los sistemas de Inteligencia Artificial; y además, estamos en un área sin conflictos armados, sin tsunamis, sin terremotos. No hay muchos lugares en la Tierra con esas cualidades. El único problema es que está llena de argentinos". 

En mayo de este año fue imputado por presunta malversación de fondos durante su presidencia de Nucleoeléctrica. 

No volvió a ocupar cargos en el gobierno de Milei, quien lo presentó públicamente como "un genio". 

Tampoco se sabe si sigue reescribiendo junto con el Presidente una historia de la economía, con la que anticiparon que podrían ganar el Premio Nobel.

Este es el tercer fracaso del intento por ofrecer al extranjero todos los bienes de la Argentina, incluyendo sus recursos naturales. 

El primero fue a poco de asumir, con el decreto ómnibus 70/23. 

Su artículo 154 contenía la ley de extranjerización de tierras. 

El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo en ese momento del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº 4 de La Plata, dictó una medida cautelar, a solicitud del CECIM, que es el Centro de ex Combatientes de Malvinas de La Plata. 

La disputa por las Malvinas y la soberanía territorial sobre el resto del país están ligados en forma indisoluble. 

Kreplak consideró verosímil el derecho invocado y vio peligro en la demora, porque la derogación de la Ley 26.737 podría afectar bienes constitucionalmente protegidos, como la soberanía sobre las tierras rurales, y si el artículo del DNU seguía vigente mientras se resolvía el fondo de la cuestión, podrían venderse tierras a extranjeros, que sería difícil o imposible revertir luego.

La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que el Congreso sancionó en junio de 2024, reincluyó la extranjerización de tierras, pero igual que ahora la resistencia de distintas fuerzas políticas y sociales obligaron al Poder Ejecutivo a retirar esos puntos para conseguir la aprobación del resto.

No es descartable que haya una cuarta tentativa, aunque en este momento no es imaginable, porque su rechazo coincide con un desplome llamativo de opiniones favorables a Milei y a su gobierno. 

Por primera vez llegan a ser superadas 7 a 3 por las desfavorables. 

Pero la mayor novedad es que como nunca antes también son mayoritarias las opiniones negativas sobre el futuro, tanto cuando se pregunta por cómo imagina el entrevistado su propia situación dentro de un año, cuanto si la consulta es sobre el estado general de la economía del país. 

El trasfondo que emerge con mucha fuerza es la exaltación de valores colectivos que tienen que ver con la patria y la identidad nacional. 

Esto fue desencadenado por la increíble torpeza del gobierno en cuanto a la participación del combinado y de la hinchada nacional (que fue de las más numerosas) en el torneo de fútbol de Norteamérica. 

La prohibición de exhibir carteles o banderas "con el mapita de las islas Malvinas" que comunicó la Ministra de Inseguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, generó una reacción paradojal. 

Luego de la dramática victoria sobre Inglaterra, con dos goles agónicos concebidos por Messi y concretados por Enzo y Lautaro, los jugadores argentinos exhibieron en su festejo la bandera pintada en una sábana por un par de hinchas con la escueta consigna "Las Malvinas son Argentinas". 

Ver a Messi saltando y cantando, antes de explicar que su pensamiento estaba en los compatriotas que la pasan mal y no llegan a fin de mes, fue tan asombroso como conmovedor, e hizo posible que se definieran personalidades como Tini, un producto de la Factoría Disney, a quien nadie hubiera asociado ni con la política ni con el nacionalismo.

Aún está por verse hasta dónde penetrará este tsunami y qué dejará cuando las aguas de esta pasión se retiren. 

Esto no es por completo sorprendente. 

En octubre - noviembre de 2025 se realizó una encuesta (AMLAT Radar) en 10 países latinoamericanos sobre la mirada de la opinión pública de la región sobre Europa y América Latina. 

Entre las varias preguntas se incluyó una sobre las prioridades de la política exterior según cada país. 

"Defender la soberanía" estuvo en el primer lugar entre los y las argentinas.

A la mañana siguiente a la sesión del Senado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó que la inflación de julio fue del 2,9%. 

Esta semana el INDEC divulgará el número nacional. 

Pero el porteño ya deja saber que reaparece el serrucho, con un nuevo empinamiento del índice, cuando Milei creía que esa ya era una batalla ganada.

Candidatura natural

Una vez más, las fuerzas federales de inseguridad, más la policía porteña, atacaron a los manifestantes que habían colmado la plaza del Congreso, reclamando el rechazo del proyecto oficial, pese a que no hubo otra cosa que el intento de un pequeño grupo de desplazar una valla. 

El saldo fue de una docena de detenidos y un herido grave, una fotógrafa con conmoción cerebral por un impacto en el cráneo.

Foto: Luis Angeletti.

Entre quienes aparecieron en la plaza, por un breve lapso, estuvo el jefe del movimiento futurista, creado para disputar con la ex Presidenta CFK la conducción del peronismo, Axel Kicillof. 

Su decisión de dar la espalda al encuentro en homenaje al asesinado obispo Enrique Angelelli, al cumplirse medio siglo del simulado accidente que le costó la vida en La Rioja, ha causado incomodidad en sus propias filas. 

Kicillof supone que el trasvasamiento de las adhesiones a Cristina en su favor será automático, cuando se trate de ofrecer una alternativa a la reelección del Presidente Javier Milei. 

Sin embargo, todos los sondeos realizados hasta ahora indican que ambos serían competitivos si todas esas voluntades se reunieran tras uno de ellos, ya que sus electorados se solapan con exactitud. 

Eso no quiere decir que si se presentaran por separado, esos votos se repartirían en forma equitativa. 

Lo más probable es que Axel o Cristina absorberían el núcleo duro y que la otra candidatura se desinflaría, como ya ha ocurrido en elecciones anteriores.

Kicillof con Berenice. Romper las bolas.

La gran ventaja del economista es que la ex Presidenta ha sido proscripta por una decisión judicial. 

Kicillof era la figura preferida de Cristina para ocupar su lugar. 

Pero eso es lo que hace tan difícil comprender por qué lleva más de un año dedicado a confrontar con ella, en términos cada vez más ásperos. 

Ya sea decidiendo el momento de las elecciones provinciales sin atender la opinión de ella, declarándose neutral en la elección por la presidencia del PJ nacional, no interesándose por su salud cuando fue operada de urgencia, sin visitarla en el departamento donde cumple su condena; mandándola a callar a través de su delegado para la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, cuando el gobernador toma una decisión, u ordenándole que "se deje de hinchar las bolas", como dijo la oportuna legisladora porteña del futurismo Berenice Iañez.

La cita riojana convocada por el gobernador Ricardo Quintela dio una idea precisa sobre la percepción que anima al futurismo. 

Un grupo de partidarios de Kicillof, cuya máxima representación allí fue la jefa de asesores del gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, entonó la letanía kicillofiana contra la mala onda de la ex mandataria hacia el candidato natural. 

Alguien hizo una pregunta:

- ¿Por qué es el candidato natural?

La respuesta fue inmediata:

- Estatizó las AFJP, Aerolíneas Argentinas e YPF.

El silencio más incómodo siguió a la réplica:

- Las AFJP fue Boudou...

La precisión es necesaria para que relatos fantasiosos no ocupen el lugar de la realidad: Aerolíneas Argentinas y el régimen previsional fueron recuperados en 2008 e YPF en 2012.
Kicillof sólo tuvo participación en el último caso, cuando el ministro de Economía era Hernán Lorenzino.
En Aerolíneas y las AFJP el ministro era Carlos Fernández.

Pero en los tres casos, esas estatizaciones tuvieron lugar durante la segunda presidencia de CFK, que es su principal responsable.
Fue significativo el rol de Amado Boudou, como director de la ANSES, que intervino en el financiamiento y la gestión de las empresas con participación estatal. 

Él fue quien expuso la iniciativa de terminar con la privatización del sistema previsional, primero ante Sergio Massa, que era su jefe directo, luego ante la Presidenta y por último convenció al ex Presidente Néstor Kirchner de la conveniencia de la operación. 

A raíz de ello, Cristina lo designó Ministro de Economía en julio de 2009.En 2012, Kicillof era vicepresidente de YPF, mientras Boudou era Vicepresidente de la Nación.

Luego hubo otra pregunta respecto de su desempeño como gobernador de la provincia de Buenos Aires, que sus partidarios encomiaban.

- ¿Y cómo lo saben?

El grupo se dispersó en distintas direcciones. 

Nadie quería hablar.

Escudo y red

Más allá de las subjetividades, hay informaciones objetivas que no se pueden soslayar. 

El miércoles 5 se conocieron los datos oficiales sobre la evolución de los salarios docentes en la provincia de Buenos Aires: están en los niveles más bajos del siglo desde que asumió Kicillof, en diciembre de 2019. 

En 2024, Buenos Aires se ubicaba en el puesto 13 entre todas las provincias argentinas, apenas 14 puntos por debajo de las provincias con mayores salarios docentes relativos. 

En los dos años siguientes cayó al puesto 21, sólo por delante de Misiones, Mendoza y Chubut. 

Y en marzo de 2026, Buenos Aires estaba 38 puntos porcentuales por debajo de Neuquén, la provincia con mejor sueldo relativo a su costo de vida.

Un informe del portal Chequeado sostiene que en marzo de 2026 un docente de primaria de la provincia de Buenos Aires con 10 años de antigüedad cobró 891.493 pesos, es decir una caída del 22,7% real (considerando el efecto de la inflación) con respecto al cuarto trimestre de 2019. 

La caída comenzó con la devaluación dispuesta al asumir por el Presidente Javier Milei y la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). 

Varios gobernadores compensaron ese recorte con partidas provinciales, pero "Kicillof no cubrió con recursos propios este componente salarial", dice Chequeado. 

Es decir, los datos contradicen el discurso del escudo y la red que el gobernador atribuye a sus políticas.

Chequeado precisa que esos datos surgen del análisis del salario de bolsillo de un docente de grado con jornada simple (que implica un promedio de 4 horas de clases) y 10 años de antigüedad, reportados en el Informe Indicativo del Salario Docente que elabora la Secretaría de Educación de la Nación. 

Esto es lo que efectivamente percibe luego de los descuentos previsionales y otros. Me hubiera gustado hacerle algunas preguntas al gobernador sobre estos datos, pero Kicillof es intemperante con quienes no se limitan a reproducir las consignas que elabora su oficina de propaganda, y se niega a hablar con El Cohete. 

No insulta a los periodistas como Milei, pero les deja saber el fastidio que le provocan sus preguntas, no sus opiniones. 

Así como no se animó a cruzarse con el diputado Kirchner en La Rioja, también se cuida de analizar su gestión con periodistas que no estén bajo la sugestión de su pauta publicitaria.

Durante casi todo el primer mandato de Kicillof, el poder adquisitivo del salario docente se ubicó 25% real por encima del registrado a fines de 2019. 

El Presidente era el Doctor Fernández. 

La Vicepresidenta CFK gestionaba en la Casa Rosada las transferencias hacia La Plata, para los docentes pero también para las fuerzas policiales, que se amotinaron en septiembre de 2020. 

Llegaron a manifestarse frente a la residencia del gobernador, quien se dispuso a abandonarla junto con su familia. 

A través del Ministro de Seguridad, Sergio Berni, Cristina le indicó que, de hacerlo, sellaría el fin de su gobierno, que aún no había cumplido un año. 

Ella se abocó a conseguir los fondos nacionales con los que Kicillof pudo anunciar un Plan Integral de Seguridad, con un fuerte aumento salarial, incremento de la compensación por uniforme, mejoras en horas extras, incorporación de móviles y equipamiento. 

Fue en detrimento de la coparticipación transferida a la Ciudad de Buenos Aires, con un gobierno PROcaz.

Los sueldos docentes bonaerenses cayeron 22,7% en lo que va de la gestión de Kicillof y se ubicaron en los niveles más bajos desde 2004, según los registros oficiales.

El profesor e investigador de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Cristian Caracoche, indicó que mientras varios gobernadores decidieron compensar el recorte del FONID mediante partidas provinciales, la administración de Axel Kicillof, afectada por la reducción de transferencias de origen nacional, no cubrió con recursos propios este componente salarial, "lo que implicó un nuevo retroceso en términos relativos para el ya golpeado salario docente”.

PERO ALGUIEN MEDIANAMENTE INTELIGENTE E INFORMADO..., de Mohammad Marandi - 28/7/2026

“PERO ALGUIEN MEDIANAMENTE INTELIGENTE E INFORMADO NO ENTIENDE QUE EL ATAQUE DEL 11 DE SEPTIEMBRE FUE ORGANIZADO POR EL MOSSAD Y LA CIA?”, afirma el profesor de la universidad de Teherán Mohammad Marandi.

Ha sido parte del equipo negociador de Irán con EEUU.

“Pero quien se va a creer que la CIA sabía que los miembros de Al Qaeda estaban en EEUU y no se lo dijeron al FBI por accidente?
Pero quien se va a creer que sabían que solo se entrenaban para despegar un avión pero no para aterrizarlo y no saltaron todas las señales de alarma en especial después de que la secretaria de Estado ya había advertido que Al Qaeda podría usar aviones como misiles contra EEUU?”, señala.

“Pero quien se va a creer que las Torres Gemelas o el Edificio 7 se cayeron por el impacto de los aviones?
Cualquiera que vea el video observa que fue una demolición controlada. Eso lo sabe cualquiera y cualquier ingeniero lo va a confirmar.
Los aviones no pueden causar ese tipo de colapso en un edificio”, sigue.

“Quien creó Al Qaeda?
La CIA, para luchar contra la Unión Soviética en Afganistán.
Tenían todos los contactos dentro, así como infiltrados.
A quien usó EEUU para derrocar a Muamar el Gadafi en Libia?
A Al Qaeda.
A quien usó EEUU para derrocar al régimen sirio que era pro ruso?
A Al Qaeda.
La CIA y el Mossad tienen un largo historial con Al Qaeda”, continúa.

“Alguien cree que Al Qaeda puede organizar algo así estando completamente infiltrada por la CIA sin que la CIA se entere?
Recuerdan a los cinco israelíes que el FBI arrestó tras ser denunciados por saltar de alegría en Nueva Jersey mientras sacaban fotos de las torres cayéndose?
Con quien tenían lazos?
Con el Mossad”, continúa.

“Recuerdan lo que dijo el general americano Westley Clark, que fue el comandante supremo de la OTAN?
Dijo que tan solo siete días después del ataque del 9-11 un general en el Pentágono le mostró un documento secreto que indicaba que se había decidido invadir 7 países en cinco años.
Los planes ya estaban hechos! Con todo detalle!
Solo siete días después del 911.
Vamos es que hay que estar ciego o ser tonto para no verlo”, afirma.

“Los países eran Afganistán, Irak, Libia, Sudán, Siria, Somalia, Sudán e Irán.
Han acabado con todos.
Solo les falta Irán”, asevera.

“El plan era eliminar a todos los enemigos de Israel, invadir esos países o destruirlos y que fueran estados fallidos para que Israel dominara todo Oriente Medio.
Es el llamado plan del Gran Israel.”

“O la CIA y el Mossad dieron la idea a Al Qaeda y les ayudaron a hacerlo o sabían lo que se estaba planeando y simplemente no hicieron nada. Esperaron el ataque para luego justificar la invasión de esos siete países”, dice.

“El dueño de las Torres Gemelas era judío. Larry Silverstein.
Jamás faltó al trabajo. Siempre estaba ahí. Día tras día.
Sin embargo, ese día curiosamente faltó y se salvó.
También curiosamente contrató un seguro altamente inusual en aquella época: seguro contra terrorismo, así que ganó miles de millones”, prosigue.

“Por eso quiere destruir a Irán. Quieren concluir el plan del Gran Israel”, dice. 

Marandi no aporta ninguna prueba.

“Obviamente nadie va a encontrar ninguna prueba y el principal testigo, Bin Laden, está muerto, pero solo hay que analizar lo que sucedió y ser algo inteligente para deducir que pasó”, concluye.

Según un estudio de la universidad Chapman, la mayoría de americanos cree que el gobierno de EEUU oculta lo que verdaderamente sucedió ese día.

LA ESTUPIDEZ VIRTUAL, de Luis Bruschtein - 25/7/2026

UNA SOCIEDAD QUE SE ASFIXIA CON EL HUMO TÓXICO DE LAS REDES POR EL MUNDIAL Y POR EL INTENTO DEL GOBIERNO DE APROBAR LEYES QUE DAN VERGÜENZA MIENTRAS PREPARA SU REELECCIÓN

Una nube tóxica de virtualidad perturbó a los argentinos cuando una horda planetaria ilusoria los juzgó por racistas.
Arrastrados en esa vorágine hubo periodistas llevados a la abyección por el ejercicio virtual de la mentira contra el titular de la AFA y la selección.

Detrás de esa mugre, en el mundo real, los gobernadores aliados al oficialismo se hicieron los difíciles para aprobar dos propuestas de ley del país de burundanga que quiere el gobierno: la inocencia fiscal y la inviolabilidad de la propiedad o de extranjerización de la tierra.
Volverán al Congreso y lo que el oficialismo ya empezó a negociar al mismo tiempo con ellos es la reelección de Javier Milei.

Esa debilidad de los argentinos ante la mirada del extranjero es el rasgo de un país que se siente lejano, inseguro y pequeño.
No es un rasgo de narcisismo sino todo lo contrario.
Así quedaron vulnerables ante la tormenta que desató en las redes el juego de la selección de fútbol y de la que se colgaron otros intereses.

Millones y millones de menciones en las redes que duplicaron incluso al Brasil de su mejor momento fueron aprovechados por poderosos anónimos como propaganda gratuita.
Para colgarse de ese flujo infinito y no desaparecer, hay que tomarlo, pero en contra.
Uno a favor era uno más.
Para sobresalir hay que putear, odiar, humillar al núcleo del mensaje.

Putear a los argentinos se convirtió en una herramienta eficaz para aprovechar el poderoso impulso.
Hubo marcas comerciales que dijeron que una marca de la competencia había comprado el Mundial para que lo gane la selección que auspiciaba.

Hubo intereses políticos que buscaron demostrar que la oposición detestaba a la selección y a Messi y quisieron convertirlo en ícono de la derecha.

El director de La derecha diario persiguió al jugador hasta que consiguió una foto con él y la hizo circular masivamente por las redes y los medios.
Lo más probable es que Messi no supiera quién era el fulano.
Todo fue bien hasta que Messi fue solidario con la bandera de Malvinas y le dedicó el triunfo sobre Inglaterra a la “gente trabajadora que la está pasando mal en Argentina” y “les cuesta llegar a fin de mes”.

Los privatizadores del fútbol argentino estaban interesados en la derrota de la selección para debilitar al Chiqui Tapia, titular de la AFA.
Como no podían expresarlo públicamente usaron una enorme noticia falsa para demostrar que la derrota ante España era responsabilidad de Tapia, que resiste el negocio de privatizar los clubes.

Hubo un video previo al partido que mostró a los jugadores en apariencia desmotivados.
Messi los alentaba.
La noticia falsa decía que el FBI estaba por meter preso a Tapia y que le habían retirado el pasaporte por una denuncia en Estados Unidos por eso, los jugadores salieron decaídos al campo de juego.
Otra decía que habían sido amenazadas las familias de los jugadores para que pierdan.

La polarización a través del insulto, la mentira o la difamación es la lógica que domina el lenguaje de las redes sociales sobre el que se montan casas de apuestas, intereses comerciales y políticos, con campañas de bots y falsas cuentas, que generan millones de mensajes.
Ese flujo indujo también intervenciones genuinas que son arrastradas por ese sentido común manipulado y masivo.
Ellas también buscan publicidad.
Los famosos quieren seguir siéndolo.
Tienen especialistas que trabajan sobre las redes.

Una sopa de mentiras, de noticias falsas que fueron amplificadas por supuestos periodistas profesionales.
Un país enfurecido por un clima irreal de mentiras virtuales, incomprobables y miserables.
Las sociedades deberán aprender a relacionarse con las redes y los gobiernos deberán regular su funcionamiento.
La estupidez humana llevada a un grado extremo.

Por fuera de esa selva imaginaria, el gobierno tenía problemas para conseguir votos de sus aliados para la “inocencia fiscal”, un proyecto de ley para premiar la evasión y el narcotráfico; y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que busca la extranjerización de la tierra en zonas fronterizas, en nacientes de agua, en zonas mineras y en general en áreas estratégicas.
Sus aliados tradicionales se pusieron los moños.
Les piden demasiado.

Normas como ésas no existen en ninguna parte.
El nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, está a pleno en ese negocio.
Porque la regla que se ha instalado en algunas provincias, es que sus votos están a la venta, incluso cuando se trata de temas tan degradantes.

Terminó el Mundial y empezará el año electoral.
El gobierno negocia el respaldo para esos proyectos tan deshonrosos y al mismo tiempo busca el apoyo de los gobernadores para su reelección.
Dejó trascender que ya tiene los votos para el Congreso y falta anudar detalles para las campañas.
Todo eso cuesta plata.
No se trata de convencer, sino de pagar y cobrar.
Por ese mostrador de miserables se va la suerte de un país.

El toma y daca entre el gobierno nacional y los gobernadores se naturalizó como un aspecto de la “habilidad política”.
Un gobernador puede exhibir con orgullo que le dieron la posibilidad de mejorar una ruta que le corresponde a un gobierno nacional que la abandonó.
Una ruta, por ejemplo, que une a los puertos por donde mercadea el narcotráfico que será beneficiado por el voto a favor de la inocencia fiscal.

Hasta ahora el gobierno cumplió a medias las promesas que hizo para comprar votos.
Como ministro del Interior, Santilli se mostró como el funcionario de mano más abierta, el interlocutor que buscan los gobernadores.
En el ambiente se da por hecho que el superávit fiscal no correrá para el gasto electoral.
Los gobernadores lo saben, se pusieron los moños y atascaron los dos proyectos de ley a la espera de una disposición más generosa por parte de la Casa Rosada.

Los gobernadores de Tierra del Fuego, Formosa, Buenos Aires, La Pampa, Santiago del Estero y La Rioja, enrolados en la opositora Unión por la Patria, mantuvieron distancia de ese mecanismo que corrompió la relación federal del gobierno nacional con las provincias.

La ley que promueve la extranjerización del territorio se presentará nuevamente el 6 de agosto.
El fracaso anterior de Patricia Bullrich en el Senado, que coincidió con su intento de diferenciarse del gobierno, tuvo un costo para la senadora frente a la hermana Karina Milei.
Bullrich dijo que ahora tiene los votos.
Por su parte, la oposición convocó a un acto en la Plaza de los Congresos para frenar esas leyes y recuperar, de alguna manera, el clima de defensa del interés nacional que se extendió cuando la selección mostró el cartel sobre Malvinas.

El miércoles, la CGT movilizó con los jubilados, con las dos CTA y con los movimientos sociales.
No fue una movilización tan masiva, pero hubo represión en el puente Pueyrredón.
Son tres sectores que quedaron contra la pared.
Una conducción muy moderada de la CGT reconoció que no hubo ni una sola medida o ley que favoreciera a los trabajadores.

En una realidad tan incierta, algunas consultoras se animaron a predecir que si consigue frenar la inflación, mantener el dólar y aumentar la capacidad adquisitiva del salario, Milei tiene una posibilidad de ser reelecto.

La realidad es incierta, nadie puede adivinar quién ganará las elecciones.
Lo seguro es que difícilmente se cumplirán esas metas.

LOS NADIES, de Eduardo Galeano - 24/7/2026

Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los Nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte.
Que llueva a cántaros la buena suerte.
Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca: ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte.

Por mucho que los Nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba.

Los Nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada.

Los Nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos.

Que no son, aunque sean.
Que no hablan idiomas, sino dialectos.
Que no profesan religiones, sino supersticiones.
Que no hacen arte, sino artesanía.
Que no practican cultura, sino folklore.
Que no son seres humanos, sino recursos humanos.
Que no tienen cara, sino brazos.
Que no tienen nombre, sino número.
Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local.

Los Nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.

El libro de los abrazos (1989)

EL PAÍS MAS RACISTA DEL MUNDO, por Martín Caparrós - 23/7/2026

Me tiene impresionado nuestro nuevo racismo. 

Me dieron ganas de escribir sobre eso pero no de publicarlo en algún medio. Prefiero que quede aquí, al alcance de quien quiera leerlo.

Una conciencia nueva recorre el planeta. 

No lo sabíamos pero ahora sí: el saber progresa incontenible. 

En estos días he escuchado y leído varias veces que la Argentina es “el país más racista del mundo”. 

Es cierto que, según dicen esos mismos, queremos ganar todo y no sabemos perder: quizá nos ofrecen este primer lugar para compensar nuestras derrotas futboleras. 

En cualquier caso la noción es brutal y me dio ganas de contarles cómo es el racismo en la Argentina para que ustedes juzguen. 

A veces, muy de tanto en tanto, conocer los hechos puede ser una ayuda.

Antes del desembarco de los españoles no se sabe: no queda registro de esa gente, pero eran pocos y vivían en grupos laxos, no había estados, la discriminación era difícil. 

El primer racismo rioplatense registrado fue, entonces, el de aquellos soldados que llegaron para tratar de ocupar aquellas pampas, habitadas por seres inferiores a los que había que ordenar, educar, catequizar y explotar todo lo posible para salvar sus almas, pobrecitos.

El problema, en toda América, fue que los locales no alcanzaban para extraerlo todo y además se morían casi siempre. 

Por suerte los grandes del reino dieron con la solución: llevar otros trabajadores.

Entre 1550 y 1800, grosso modo, el reino de España secuestró o hizo secuestrar a tres o cuatro millones de africanos para llevarlos a trabajar a sus colonias americanas. 

El viaje era duro: alrededor de un tercio moría en alta mar. 

Para los que llegaban la vida era casi peor: el trabajo de todo el día todos los días para un dueño más o menos implacable según los casos y la estrategia comercial. 

Algunos pensaban que era mejor negocio cuidar a sus esclavos y explotarlos durante muchos años; otros, que convenía explotarlos más aunque duraran poco, porque tampoco eran tan caros. 

No estamos hablando de la Edad de piedra en Baluchistán: es aquí mismo y son los grandes reyes cuyos nombres nombran calles y escuelas y orgullos españoles.

Nuestros racismos más extremos tienen su base en este tráfico. 

Los dueños de los esclavos justificaban su violencia arguyendo que los negros eran inferiores porque eran negros y, al ser inferiores, podían ser secuestrados y reventados a fuerza de trabajo. 

El racismo como excusa y consecuencia de la explotación.

(Siglos después esa historia incómoda también se solucionaría con un relato simple en que la diferencia venía de la raza o la nacionalidad: los malvados imperialistas europeos abusando de los pobres africanos. 

Los malvados imperialistas europeos abusaron, por supuesto, de los africanos pobres, pero la diferencia fundamental, una vez más, era la clase: reyes y nobles y poderosos africanos apoyaban y aprovechaban la caza y tráfico de africanos para la exportación. 

Algunos usaban el mito de la Patria: los capturados eran extranjeros, decían, gentes de otros reinos. 

Faltaba mucho para que se inventara la negritud, la noción de que todos los africanos tenían en común la raza, el sufrimiento...)

La actual Argentina y su puerto, Buenos Aires, no compraron muchos esclavos: no había minas ni plantaciones donde usarlos. 

Fueron sobre todo trabajadoras y trabajadores domésticos. 

Buenos Aires en 1810 tenía menos de 40.000 habitantes; los negros serían unos 10.000. 

Empezaban las guerras de la independencia contra España y algunos fueron a pelear. 

La mayoría eran soldados rasos, pero no por ser negros; por ser pobres.

En 1813 una Asamblea Constituyente pre - argentina decretó la “libertad de vientres”.

Sonaba a abolición de la esclavitud pero no lo era: significaba que los nuevos hijos de esclavas no serían esclavos pero que los esclavos ya existentes no dejarían de serlo hasta su muerte. 

Así, los honorables diputados calmaban sus conciencias y los dueños de los esclavos - a menudo ellos mismos - no perdían dinero resignando sus propiedades de dos patas. 

Solo cuarenta años después la Argentina abolió por fin la esclavitud. 

Para ese entonces Estados Unidos y Brasil la mantenían como una base decisiva de su economía.

La mayoría de los negros de Buenos Aires no sobrevivió al siglo XIX. 

En 1865 una “Triple Alianza” de argentinos, brasileños y uruguayos se lanzó a la guerra contra Paraguay para cortar sus veleidades de desarrollo autónomo. 

En el ejército porteño había soldados negros, y muchos fueron muertos. 

Lo mismo en la siguiente guerra, cuando los ricos porteños decidieron matar a los indios que vivían en las pampas para apropiarse de sus tierras. 

Y la puntilla fue, probablemente, la gran epidemia de fiebre amarilla de 1871, que se encarnizó con los negros, porque vivían en los lugares con la peor higiene.

En Argentina, tras todo ese desastre, no quedaron muchos. 

Ahora, junto con Chile, es el país latinoamericano donde hay menos. 

Por eso, entre otras cosas, fue patético cuando una serie de medios “serios” de Estados Unidos denunciaron que la Argentina era tan racista que en su selección de fútbol no había ningún jugador negro, en un país donde no llegan al 0,7 por ciento de la población.

Su marca más profunda en la cultura argentina es una palabra: el tango era un lugar donde los negros se juntaban para cantar y bailar. 

Pero la música del tango es, como casi todo en esas tierras, producto de la mezcla de la inmigración.
En 1880 el país tenía unos dos millones de habitantes; en 1920, alrededor de diez millones: la mayoría eran inmigrantes. 

Se destacaban los italianos y los españoles pero también había franceses, ingleses, alemanes, polacos, rusos, turcos, sirios, portugueses, griegos, japoneses, tantos más. 

En esos años la mitad de la población de Buenos Aires había nacido en otra parte y el preámbulo de la Constitución prometía “los beneficios de la Libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.

Por supuesto, hubo un intento de reacción racista de parte de los ricos argentinos que los habían convocado imaginando que sólo recibirían contadores suizos y poetas toscanos. 

En cambio llegaron pobres sin educación, mucho anarquista y socialista, gente inconveniente. 

Hubo peleas pero, a largo plazo, los recién llegados se impusieron.

Y entre ellos se pelearon poco. 

Siempre hubo chistes y pequeñas reyertas, por supuesto, de tanos y gallegos y moishes y franchutes pero la mezcla sucedió enseguida: fueron comunes, ya desde el principio, las bodas entre gentes de orígenes distintos. 

Y la escuela pública, gran logro de esos años, fue el mejor instrumento de amalgama, la fábrica incesante de argentinos.

Hacia 1930 el país prosperaba. 

Seguía siendo el gran exportador de carne y grano de sus latifundios sin vergüenza, pero empezaba a sostener ciertas industrias. 

El desarrollo necesitaba brazos; los europeos, envueltos en sus crisis y guerras, ya no migraban tanto. 

Empezaron los desplazamientos internos: millones de argentinos de las provincias - que allí llamamos “el interior” - bajaron a la capital a buscar mejores vidas. 

Muchos tenían la piel un poco más oscura por viejos mestizajes. 

Los porteños ricos - y los que querían parecerlo - los llamaron “cabecitas negras”.
Era un racismo sin leyes, social, una pelea, y fue quedando aislado. 

Pronto el peronismo se ofreció a representar a los recién llegados y ellos lo abrazaron. 

Con el tiempo el peronismo fue variando – si algo hace es variar todo el tiempo – y buena parte de esos inmigrantes internos se integró. 

A partir de 1960 – y cada vez más – empezó a fluir otra corriente de ciudadanos de los países limítrofes que llegaban a buscarse la vida. 

Nunca tuvieron trabas burocráticas o policiales y ahora mismo se supone que son dos o tres millones, si acaso un cinco por ciento del total.

Y sin embargo en ese país en crisis, cuyos ciudadanos eligieron uno de los gobiernos más desagradables del planeta, no hay un uso político del rechazo a estos inmigrantes más recientes. 

Debe ser que esos politicastros dispuestos a todo lo han hecho medir y descubrieron que los votantes argentinos no lo agradecerían tanto como los españoles o alemanes o italianos o franceses o ingleses. 

La xenofobia no es, en Argentina, ese tema central que la ultraderecha y la derecha ha impuesto en nuestros países europeos.

Y tiene sentido: en la Argentina, por suerte, no hay pureza posible. 

Somos pura mezcla, somos los mismos y distintos: no podemos descalificar a ningún otro, porque nosotros mismos somos otros.
Hay, por supuesto, esa discriminación hacia los pobres que está por todas partes y ninguna FIFA, ninguna ONU, ningún gobierno condena. 

En Madrid, donde muchos inmigrantes islámicos no la pasan bien, el otro día vi una caravana de coches oficiales, brillosos, alemanes, bruta custodia policial, que paraba en la puerta del museo del Prado para que lo visitaran, obviando cualquier cola, cinco o seis jeques impecables. 

Esos jeques eran tan “moros” cómo cualquier víctima de Vox; la diferencia no está en la piel sino en la caja fuerte.

Yo soy español (una sola vez) y soy argentino (otra sola vez) y también soy un poco polaco, judío, ruso, todas esas cosas que me hacen parecido a algunos y muy distinto de otros que podrían definirse igual. 

Está claro que en las últimas décadas la Argentina fracasó en muchas cosas. 

Ya estamos en las semifinales mundiales del fracaso, pero triunfamos en mezclarnos. 

Por eso no nos resulta fácil ser racistas. Lo siento. 

Pero, por el amor de dios, no desesperen: si eso es lo que quieren, lo seguiremos intentando.