Donde
mueren las palabras
En 1978, el Episcopado católico
sabía y encubrió.
Aramburu
y Primatesta. Los amigos de Videla
El
dictador Jorge Videla le confesó a la cúpula de la Iglesia Católica argentina
en 1978 que los detenidos - desaparecidos habían sido asesinados.
Los
prelados informaron al Vaticano y se ofrecieron para asistir a la Junta Militar
en el manejo del tema, pero resolvieron no pronunciarse en público.
En el
bicentenario del 25 de mayo de 1810, el arzobispo de Mercedes - Luján,
transmitió a la entonces presidenta CFK, una solicitud de indulto firmada por
Videla, Benito Bignone y un centenar de los principales represores de la
dictadura.
Revelé ambos
episodios en el diario porteño Página/12, pero no hubo medios ni organizaciones
que siguieran el tema.
Durante
semanas, las mayores celebraciones populares de la historia argentina tuvieron
lugar por el Bicentenario.
El
Episcopado Católico realizó dos ceremonias litúrgicas.
Una en la
catedral porteña, donde se leyó un texto sobre la reconciliación, y otra en la
Basílica de Luján, a cargo del arzobispo Agustín Radrizzani.
Al
concluir la liturgia, el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, que me había llevado
en su automóvil, me guió por los laberintos internos de la Basílica, hasta el
camarín de Radrizzani.
Luego de
un diálogo cordial, durante el cual se descargó de los atuendos litúrgicos, el
obispo le entregó a Oliveri un papelito con una cruz manuscrita, a guisa de
certificación de autenticidad, y junto con ella varias hojas mecanografiadas y
con las firmas ológrafas de los ex dictadores Videla y Bignone, del general
Santiago Omar Riveros, el comisario Miguel Etchecolatz y el sacerdote Christian
von Wernich, el ex jefe del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército Carlos
Tepedino y su especialista civil en organizaciones religiosas Julio Cirino,
varios miembros del grupo de tareas de la ESMA, los procesados por la masacre
de Margarita Belén y un centenar de ex militares, marinos, policías,
penitenciarios y agentes civiles de Inteligencia detenidos.
Como la
jerarquía eclesiástica obvió el protocolo y entregó la solicitud al Ministerio
en forma extraoficial, sin una nota introductoria, el gobierno decidió no
contestar.
El
Episcopado Católico siempre repitió que el sacramento de la reconciliación o la
penitencia requiere algunas condiciones ineludibles: el reconocimiento de los
yerros, su detestación y la búsqueda de posibles caminos de reparación.
Pero la
carta que entregó Radrizzani no cumple con ninguna de esas condiciones.
Los
represores rechazan la justicia y no tienen la humildad de pedir perdón, por
crímenes que no reconocen ni se arrepienten.
Sólo
ofrecen olvidar el mal que les habrían hecho a ellos y no vengarse.
EL indulto que gestionó el Episcopado
Preguntas
sin respuesta
En el
almuerzo con los tres obispos, Videla dijo que le gustaría brindar la
información que le solicitaban, pero que en cuanto se comunicara que los
detenidos - desaparecidos habían sido asesinados comenzarían las preguntas
acerca de quién mató a cada uno, cuándo, dónde y en qué circunstancias y qué
destino se dio a sus restos.
La
respuesta a esas preguntas sigue pendiente 34 años después. Hace dos semanas se
identificaron los restos de 12 personas sepultadas en Loma del Torito, terrenos
de la guarnición del Cuerpo de Ejército III, en La Calera, Córdoba.
Pero no
fue debido a información suministrada por quienes les quitaron la vida, sino a
partir de testimonios de víctimas sobrevivientes, de algún militar resentido
porque le negaron el ascenso y por equipos multidisciplinarios que utilizaron
métodos e instrumental científico.
Con el
Equipo Argentino de Antropología Forense colaboró el Instituto de Medicina
Forense del Poder Judicial de Córdoba.
Videla
habló con la mayor franqueza, como se hace entre amigos: dijo que “el
gobierno no puede responder sinceramente, por las consecuencias sobre personas”,
un eufemismo para referirse a quienes se encargaron de que los restos de las
víctimas desaparecieran por el agua, la tierra o el fuego.
Al eludir
las explicaciones, la Junta Militar puso bajo sospecha a la totalidad de los
cuadros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, algo que recién comenzó a
disiparse con la reapertura de los juicios, en los que con las garantías del
debido proceso se establecen las responsabilidades que la Junta ocultó.
Hasta
esta semana se han pronunciado 1231 condenas y 250 absoluciones.
En total
quedan 504 detenidos, de los cuales 425 cumplen su condena en prisión
domiciliaria, 18 en el Servicio Penitenciario Federal y 61 en la U34 de Campo
de Mayo.
Ese 84,3%
que vive en su casa, sin instrumentos de sujeción, con permisos regulares de
salida para ir al médico, hacer las compras, visitar a un pariente o pasear al
perro, muestra que en democracia nadie está condenado de antemano, que puede
ejercer su derecho a defensa y que recibe mejor trato que los procesados o
condenados por un robo o un homicidio sin tinte político.
Es hora
de pasear
En el
documento secreto sobre este diálogo, que encontré en la carpeta que ocupaba el
sitio 24 - II del Archivo de la Conferencia Episcopal, la afirmación de Videla
sobre la protección a quienes cumplieron sus órdenes criminales está agregada a
mano por el cardenal Raúl Primatesta, que presidía la Conferencia Episcopal y
que fue acompañado en la reunión por sus dos vicepresidentes, Vicente Zazpe y
Juan Aramburu.
En abril
de 2012 la jueza federal de San Martín, Martina Forns, interrogó a Videla en
forma exhaustiva sobre su contenido.
Un
sistema, no excesos
El 10 de abril
de 1978, Emilio Fermín Mignone, cuya hija Mónica Candelaria había sido
secuestrada en mayo de 1976, redactó sin pausa tres densas carillas a un solo
espacio y las envió con un mensajero a la sede de la Conferencia Episcopal.
También
esa carta se conserva en el archivo secreto que el Episcopado guarda en su sede
de la calle Suipacha, en la carpeta titulada “Personas detenidas y desaparecidas, 1976-1983”.
Mignone
escribió que a dos años y medio del golpe, era indudable que la desaparición
forzada de personas constituía “un sistema y no excesos aislados”.
El
fundador del CELS describió ese sistema: el secuestro, el robo, la tortura y el
asesinato, “agravado con la negativa a entregar los cadáveres a los deudos, su
eliminación por medio de la cremación o arrojándolos al mar o a los ríos o su
sepultura anónima en fosas comunes”. Y se realizaba en nombre de “la
salvación de la ‘civilización cristiana’, la salvaguardia de la Iglesia
Católica”, colocando “como valor supremo la denominada ‘seguridad
colectiva’ sobre cualquier otro principio o valor, incluso los más sagrados”.
Añadió
que “sobre
la mentira nada perdurable puede fundarse”. Mignone insistió en la
necesidad de que el gobierno informara “cuál ha sido la suerte de cada
‘desaparecido’, la inmensa mayoría de los cuales, todos lo sabemos y también
los obispos, han sido arrestados por organismos de las Fuerzas Armadas o de
Seguridad.
Y esto, monseñor, es lo que le pedimos que ruegue, exija, obtenga del
Presidente de la República esta mañana”.
Al día
siguiente, Zazpe le informó a Mignone que la Comisión Ejecutiva le había
transmitido a Videla “todo lo que dice su carta”. Dijo
que habían sido “tremendamente sinceros y no recurrimos a un lenguaje aproximativo”
pero le advirtió, como si se tratara de una accesoria cuestión técnica, que
había una “divergencia con su carta” acerca de la publicidad o reserva de
esta entrevista.
“En esta ocasión volvió a recurrirse a la reserva.”
Primatesta
informó luego a la Asamblea Plenaria que los obispos le plantearon a Videla los
casos señalados en su carta por Mignone, de presos que en apariencia
recuperaban su libertad pero en realidad eran asesinados; que se interesaron
por sacerdotes desaparecidos, como Pablo Gazzarri, Carlos Bustos y Mauricio
Silva, y por otros detenidos de los que pidieron la libertad y/o el envío al
exterior.
Pero el
desarrollo completo de la reunión sólo está contenido en una minuta preparada
por la propia conducción episcopal para informar al Vaticano y que nunca fue
publicada antes de mi nota del 6 de mayo de 2012.
Primatesta,
Zazpe y Aramburu la redactaron en la sede de la Conferencia Episcopal al
terminar el almuerzo antes de que los detalles se desvanecieran en su memoria.
El
gobierno negaba que hubiera presos políticos porque todos los detenidos eran “delincuentes subversivos y económicos”,
incluso los sacerdotes arrestados.
Las
desapariciones de personas eran obra del terrorismo para desprestigiar al
gobierno, que compartía las inquietudes de los obispos.
Los tres
agradecieron a Videla por haber reconocido la existencia de excesos en la
represión pero dijeron que no conocían que se hubiera castigado a los
responsables, que era otra de las reflexiones de Mignone.
En un
clima que Aramburu describió como cordial, Primatesta lamentó que Videla no
pudiera tomar “todas las medidas que quisiera”, con lo cual lo exculpaba de
los hechos por los que le reclamaban.
En un
tono lastimero, Videla dijo que no era fácil admitir que los desaparecidos
estaban muertos, porque eso daría lugar a preguntas sobre dónde estaban y quién
los había matado.
Primatesta
hizo referencia a las últimas desapariciones producidas durante la Pascua, en
San Justo, “en un procedimiento muy similar al utilizado cuando secuestraron a las
dos religiosas francesas”.
La minuta
redactada al concluir el almuerzo reconstruye la réplica textual de Videla ante
la solicitud: “El presidente respondió que aparentemente parecía que sería lo más
obvio decir que éstos ya están muertos, se trataría de pasar una línea
divisoria y éstos han desaparecido y no están.
Pero aunque eso parezca lo más claro sin embargo da pie a una serie de
preguntas sobre dónde están sepultados: ¿en una fosa común?
En ese caso, ¿quién los puso en esa fosa?
Una serie de preguntas que la autoridad del gobierno no puede responder
sinceramente por las consecuencias sobre personas”, es decir los secuestradores y
asesinos.
Emilio
Mignone
Primatesta
insistió en la necesidad de encontrar alguna solución, porque preveía que el
método de la desaparición de personas produciría a la larga “malos efectos”,
dada “la amargura que deja en muchas familias”. Videla asintió. También él lo
advertía, pero no encontraba la solución. Este diálogo de extraordinaria
franqueza muestra el conocimiento compartido sobre los hechos y la confianza
con que se analizaban tácticas de respuesta a las denuncias que ambas partes
sentían como una amenaza.
Las
actitudes de los eclesiásticos tenían sutiles matices. Zazpe preguntó: “¿Qué le
contestamos a la gente, porque en el fondo hay una verdad?”. Según el entonces
arzobispo de Santa Fe, Videla “lo admitió”. Aramburu explicó que “el problema
es qué contestar para que la gente no siga arguyendo”, cómo sacárselos de
encima. Los jefes del Ejército y de la Armada descargaban su responsabilidad,
cada uno en el otro, y la Iglesia les seguía el juego. Según Aramburu, cuando
Videla repitió que “no encontraba solución, una respuesta satisfactoria, le
sugerí que, por lo menos, dijeran que no estaban en condiciones de informar,
que dijeran que estaban desaparecidos, fuera de los nombres que han dado a
publicidad”. Primatesta explicó que “la Iglesia quiere comprender, cooperar,
que es consciente del estado caótico en que estaba el país” y que medía cada
palabra porque conocía muy bien “el daño que se le puede hacer al gobierno con
referencia al bien común si no se guarda la debida altura”. Tal como le dijo
Videla al primer periodista que lo entrevistó, el español Ricardo Angoso, de
Cambio 16, “mi relación con la Iglesia Católica fue excelente, muy cordial,
sincera y abierta”, porque “fue prudente”, no creó problemas ni siguió la
“tendencia izquierdista y tercermundista”. Condenaba “algunos excesos”, pero
“sin romper relaciones”. Con Primatesta, hasta “llegamos a ser amigos”. Sobre
el conflicto interno, que Videla llama guerra, “también tuvimos grandes
coincidencias”. Zazpe murió en 1984, Aramburu en 2004, Primatesta en 2006 y
Videla en 2013. Pero los documentos sobre ese diálogo entre amigos siguen hasta
hoy en el archivo secreto del Episcopado.
A raíz de
la confesión de Videla a Ricardo Angoso y a Ceferino Reato, la jueza federal de
San Martín, Martina Forns, a cargo de la investigación sobre los restos de
Mario Santucho, citó a declarar al ex dictador. Videla dijo que él había
decidido ocultar el destino de los restos para evitar homenajes pero que quien
sabía qué habían hecho con ellos era el entonces jefe de Campo de Mayo, general
Santiago Riveros. Videla respondió sin rodeos: dijo que los detenidos-desaparecidos
eran “condenados” y “ejecutados” y que ese método se había adoptado por
comodidad porque creían que “no provocaba el impacto de un fusilamiento
público”, que “la sociedad no iba a tolerar”. Agregó que “era difícil pensar
que tantas personas podían ser juzgadas y la Justicia estaba asustada por la
persecución que habían sufrido los jueces” del Camarón, el tribunal especial
que actuó entre 1971 y 1973 durante la penúltima dictadura. Cuando Forns lo
interrogó sobre las listas de personas detenidas-desaparecidas, Videla contestó
que eran incompletas y que no se publicaron, porque contenían errores e
inexactitudes y no hubo acuerdo entre las tres Fuerzas Armadas que compartían
el gobierno. Agregó que la información sobre el destino de cada persona es “una
obligación moral” pero que no es fácil cumplir con ella “por la forma tabicada
en que se procedía y en algunos casos no hay rastros de eso y no puede
publicarse a medias”. Como se ve, en su explicación ante Primatesta, Zazpe y
Aramburu, Videla fue mucho más sincero, porque hablaba entre amigos.
Luego de
la publicación, la jueza Forns solicitó la entrega del documento a la
Conferencia Episcopal. Sin dilación, recibió una copia. De este modo, la máxima
conducción católica de la Argentina corroboró en un expediente judicial que
tanto la Iglesia argentina como la Santa Sede, para la que se confeccionó esa
minuta, estaban al tanto del asesinato de las personas cuya desaparición era
denunciada por sus familiares y por los organismos defensores de los derechos
humanos.
Junto a
esta nota se puede ver el facsímil que obtuve en forma subrepticia, con la
complicidad de personal laico y religioso de la sede de la calle Suipacha que
el propio Videla donó a la Conferencia Episcopal antes de dejar el poder, en
1981. Arriba a la derecha del documento se observa el número con que está
archivado, lo cual da una idea de la magnitud de ese archivo cuya misma
existencia la Iglesia negó, en una nota que en el año 2000 me dirigió su
presidente, cardenal Estanislao Karlic. El mismo documento, pero sin ese número
que el Espiscopado suprimió, fue el remitido a la jueza Forns. Arriba a la
izquierda se lee “Es Copia Fiel” y abajo a la derecha consta el sello de la
Conferencia Episcopal Argentina. En ambos ejemplares de ese documento secreto
se observa que la afirmación de Videla sobre la protección a quienes cumplieron
sus órdenes criminales está completada a mano por Primatesta.
Videla le
dijo a Ricardo Angoso que “mi relación con la Iglesia Católica fue excelente,
muy cordial, sincera y abierta”, porque “fue prudente”, no creó problemas ni
siguió la “tendencia izquierdista y tercermundista” de otros Episcopados.
Condenaba “algunos excesos”, pero “sin romper relaciones”. Con Primatesta,
hasta “llegamos a ser amigos”. Se nota.
Videla: mi amigo Primatesta
Buenos
Oficios
Videla
también habló con una revista de Córdoba sobre la complicidad de la Iglesia
Católica con la dictadura militar. Pio Laghi, Primatesta y otros obispos de la
Conferencia Episcopal no sólo asesoraron a la Junta sobre cómo manejar la
cuestión de los detenidos-desaparecidos. También le ofrecieron sus “buenos
oficios” para informar a algunas familias del asesinato de sus hijos
garantizando que no lo hicieran público. Se comprende por qué hasta hoy la
Iglesia no excomulgó a Videla.
La
entrevista con la revista cordobesa El Sur, que edita en Río Cuarto Hernán Vaca
Narvaja, fue realizado en tres partes por el periodista Adolfo Ruiz, en la
cárcel de alta seguridad de Bouwer, donde el ex jefe de la Junta Militar estuvo
detenido entre el 26 de junio y el 23 de diciembre de 2010, mientras se
extendieron las audiencias del juicio por los crímenes de lesa humanidad
cometidos en la cárcel de Córdoba conocida como UP1. Videla fue condenado en
ese proceso a prisión perpetua por los asesinatos de 31 prisioneros dentro de la
cárcel o mediante fraguados intentos de rescate en ocasión de traslados.
Justificó el plan que aplicó la Junta Militar por los “decretos de
aniquilación” firmados por el ex presidente interino Italo Luder, que
constituyeron “una licencia para matar concedida por un gobierno democrático”.
Cuando el periodista le inquirió si esa licencia incluía las torturas, el robo
de bebés y el saqueo de los bienes de las víctimas, dijo que esas “bajezas
humanas” se debieron al gran “poder y libertad de acción otorgados al
Ejército”, situación en la cual “es inevitable que muchos utilicen esas
libertades en beneficio propio”. Agregó que con los juicios él y sus camaradas
pagan el costo de “no haber blanqueado” los métodos dispuestos entonces. Videla
sostiene que “hacia el final de mi mandato, entre el ’80 y el ’81, se llegó a
evaluar la posibilidad de publicar la lista, blanquear los desaparecidos”.
Explica que “no era tan fácil, porque además íbamos a estar expuestos a la
contra pregunta. Si a una madre le decíamos que su hijo estaba en la lista,
nadie le impediría que preguntara ¿dónde está enterrado, para llevarle una
flor? ¿quiénes lo mataron? ¿por qué? ¿cómo lo mataron? No había respuestas para
cada una de esas preguntas, y creímos que era embochinchar más esa realidad, y
que sólo lograríamos afectar la credibilidad. Entonces en ese momento no se
quiso correr ese riesgo”. El razonamiento es idéntico al que Videla suministró
a la Comisión Ejecutiva del Episcopado. Pero la fecha es muy anterior a la que
menciona el dictador. El almuerzo de Videla con la Comisión Ejecutiva del
Episcopado tuvo lugar el 10 de abril de 1978, no tres años después. En el
reportaje con El Sur, Videla describe un grado de complicidad de la Iglesia
Católica con los crímenes de su gobierno superior a lo que se conocía y con un
carácter institucional que comprende tanto al Episcopado local como a la sede
central en Roma. No se trata sólo de callar lo que sabían para no “hacer daño
al gobierno”, como dijo Primatesta aquel día de 1978.
Las condiciones de Videla para la entrevista con
Sur
El
dictador le dijo al periodista: "La desaparición de personas fue una cosa
lamentable en esta guerra. Hasta el día de hoy la seguimos discutiendo. En mi
vida lo he hablado con muchas personas. Con Primatesta, muchas veces. Con la
Conferencia Episcopal Argentina, no a pleno, sino con algunos obispos. Con ellos
hemos tenido muchas charlas. Con el nuncio apostólico Pío Laghi. Se lo planteó
como una situación muy dolorosa y nos asesoraron sobre la forma de manejarla.
En algunos casos, la Iglesia ofreció sus buenos oficios, y frente a familiares
que se tenía la certeza de que no harían un uso político de la información, se
les dijo que no busquen más a su hijo porque estaba muerto". La Iglesia,
añade, comprendió que la repregunta es un derecho de todas las familias tienen
y asumió los riesgos.
Hasta la
expresión impersonal escogida por Videla (“se lo planteó”, “se les dijo”)
trasluce la identidad entre Iglesia y Dictadura.
El rol de
Laghi
La minuta
para el Vaticano también muestra el conocimiento de la Iglesia sobre el
secuestro de las religiosas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Sin embargo,
cuando la superiora de las monjas en la Argentina, Evelyn Lamartine, y la
religiosa Montserrat Bertrán recurrieron a Laghi, el nuncio las miró “como si
fuéramos bichos asquerosos, y nos dijo: ‘Nosotros no sabemos nada, por algo
habrá sido’. Montse se arrodilló y le rogó que hiciera algo. El se la sacó de
encima, instintivamente, describe Evelyn, que entonces pensó: ‘Dios no se
olvida de lo que dijiste’”.
En 1995,
bajo la conmoción de las revelaciones del ex capitán Adolfo Scilingo sobre el
asesinato de prisioneros arrojados al mar, la esposa del secuestrado periodista
Julián Delgado, María Ignacia Cercós, contó que el Comandante en Jefe de la
Armada Armando Lambruschini consultó con Laghi acerca del destino de 40
detenidos-desaparecidos en la ESMA, que su antecesor, Emilio Massera, le había
entregado al retirarse. Lambruschini no quería matarlos pero temía que si los
dejaba en libertad contaran lo padecido en la ESMA, tal como ocurrió, y le
preguntó a Laghi qué hacer. Según Cercós, el conocimiento de Laghi sobre lo que
sucedía en aquel campo de concentración llegaba hasta la nómina de los
prisioneros que aún quedaban con vida. Ante el pedido de María Ignacia, Laghi
consultó esa lista y “me dijo que Julián no estaba entre ellos. Quiere decir
que tenía pleno acceso a la información”. En aquel momento, Massera defendió a
Laghi de tales “noticias calumniosas” Sus amigos Alcides Jorge Pedro Casaretto,
Carlos Galán, Domingo Castagna, Emilio Bianchi di Carcano y Oscar Justo Laguna
(quien al morir estaba procesado por la justicia federal de San Nicolás, por
haber mentido en su testimonio sobre el asesinato de su colega Carlos Horacio
Ponce de León), sostuvieron que declaraciones como la de María Ignacia Cercós
podrían “reinstalar entre nosotros no ya la violencia de las armas sino la de
la venganza”. La esposa de Julián Delgado dijo entonces que durante años estuvo
agradecida a Laghi por sus gestiones. “Pero ahora sé que no puedo perdonarle su
silencio cómplice. Me siento un monstruo por haber escuchado esas cosas sin
reaccionar.” El propio jefe máximo de aquella Junta Militar, sin el menor asomo
de crítica, confirma tres décadas después el asesoramiento de Laghi sobre el
secreto más horrendo y peor guardado de la dictadura. Un año después de recibir
el informe del Episcopado, Laghi le dio la comunión a Videla.
La
Eucaristía
Recuerdos
coincidentes tienen muchos sacerdotes que en aquellos años frecuentaron a
Laghi. Uno de ellos, Hugo Collosa, de Rafaela, le narró al periodista Carlos
del Frade que Laghi visitó esa ciudad santafesina luego de la muerte de su
obispo, Antonio Alfredo Brasca, incendiado por un cáncer en 1976. La enfermedad
se adelantó a las Fuerzas Armadas, que lo tenían en su lista corta de
aversiones. Brasca se había manifestado en apoyo del movimiento de Sacerdotes
por el Tercer Mundo junto con los obispos Enrique Angelelli, Ponce de León y
Alberto Devoto. Laghi almorzó en un comedor para chicos de la ciudad y allí, a
varios sacerdotes, "nos contó de los vuelos de la muerte, de los
secuestros, las desapariciones y las torturas. Es decir que ellos ya sabían lo
que estaba pasando con lujo de detalles desde mucho antes que 1978. Y hablaba
con fundamento de lo que hacía cada una de las tres armas", contó Collosa.
"Después lo mandaron a Cassaretto que hizo una pastoral totalmente
distinta a la de Brasca y bien cercana a los sectores dominantes de la ciudad”.
La primera entrevista de Videla con el periodista cordobés se interrumpió
cuando lo trasladaron al Hospital Militar para tratarse de una incipiente
bronquitis. Formaba parte de la comitiva que buscó a Videla “un hombre canoso
que venía, cáliz y alba en mano, a darle la Eucaristía”. Es decir que pese a
las sucesivas condenas por los más graves delitos, la Iglesia Católica no consideró
necesario excomulgarlo, pena eclesiástica que impide la recepción de los
sacramentos y se aplica a los pecados graves. El no considerar como tales los
delitos de Videla certifica la prolongación en el tiempo de la complicidad
eclesiástica con ellos.
El Episcopado confirma la autenticidad del
documento
El
siempre más episcopal
La actual
Comisión Permanente del Episcopado Católico intenta convertirse en la antítesis
de sus predecesores, en relación a las políticas que se impusieron
entonces por el terror, pero también a las del actual gobierno. Este 10 de
marzo, el triunvirato gobernante emitió un documento que resume esa intención:
"Nunca más a la violencia de la dictadura y siempre más a
una democracia justa", se titula. Lo preside el abogado por la UBA Marcelo
Daniel Colombo, arzobispo de Mendoza, quien fue ordenado cura en la diócesis de
Quilmes en 1988, cuando persistía la impronta de su primer obispo, Jorge Novak.
Por eso, su praxis fue próxima a la del grupo de sacerdotes católicos en opción
por los pobres. Eso se nota en este documento.
En 1981,
aquel Episcopado advirtió que la dictadura sólo tenía pasado, que ese pasado
era sangriento y que su exposición detallada salpicaría sus
cómplices sotanas. Rescatar a los militares de la dictadura requería repudiar
sus actos para preservarse. El documento que firmó entonces, Iglesia y
Comunidad Nacional es el equivalente al mensaje de la Navidad de 1944
en el que el papa Pío XII hizo las paces con la democracia como única forma de
organización social aceptable, luego de un siglo se alianza con cuanto
totalitarismo alcanzó el poder en Europa. Desde entonces la
jerarquía argentina habla en forma reiterada de, justicia, reconciliación y
perdón. Pero no llegó al cuestionamiento a quienes llama "nuestros
hermanos mayores".
Este
documento sin las pretensiones teológicas habituales, cita un par de veces al
anterior Papa Francisco y una al actual, León XIV. No pretende que ese club de
gerontes celibatarios sea la luz que ilumine y oriente a la sociedad.
En mayo
de 2000, en una entrevista con la directora de Página/12, Nora Veiras, el jefe
del Ejército, Ricardo Brinzoni, reveló que el arzobispo porteño Bergoglio le
transmitió la consigna de "memoria completa". Un cuarto de siglo
después, conscientes de que ese contrabando no pasó la aduana histórica, sus
sucesores acuden a una consigna más sutil: una memoría íntegra y luminosa.
Pero no
obstante el documento toma posiciones claras y estimables:
el
terrorismo de Estado fue una tragedia
la
memoria exige una autocrítica, de la sociedad y de la Iglesia
No se
puede dar vuelta la página. Nunca se avanza sin una memoria íntegra y luminosa.
Hay que
mantener viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a las
generaciones venideras el horror de lo que sucedió que despierta y preserva de
esta manera el recuerdo de las víctimas.
Mutilar
la historia abre la puerta a la posibilidad de repetir los mismos errores.
Hacer memoria, en cambio, nos permite comprometernos con los desafíos del
presente y orientarnos hacia un futuro mejor. Que esta memoria sea íntegra y
luminosa en cuanto sea posible es algo que estamos llamados a intentar, una y
otra vez, porque “la verdad nos hará libres” (Jn 8, 31-32).
La
libertad para una Nación nunca se construye por la vía de la violencia y la
violación de los derechos humanos de otros hermanos y hermanas. La memoria del
terrorismo de Estado ha de conducirnos hacia una vida democrática más justa.
Construir
la amistad social no solo exige el acercamiento entre grupos que tomaron
posiciones diferentes en algún período histórico difícil, sino también un
renovado encuentro con los sectores más empobrecidos y vulnerables de la
sociedad.
El
desarrollo humano integral es, hoy, el nuevo nombre de los derechos humanos. Un
desarrollo que abarque a todos porque mientras una parte importante de nuestro
pueblo sufre la miseria, ¿cómo podemos ser felices?
Una
democracia justa no puede ser indiferente a las necesidades básicas de la
canasta familiar y al deterioro creciente del trabajo digno.
Cuando
las instituciones democráticas favorecen la creación de trabajo digno para los
adultos y aseguran una educación de calidad para niñas, niños, adolescentes y
jóvenes, están llevando adelante, en definitiva, la mejor política de
seguridad.
Vivimos
una época con una tendencia creciente al autoritarismo; un tiempo en que los
populismos de distinto signo explotan la angustia de los ciudadanos, pero no
representan el remedio de una vida buena. Un tiempo en que va predominando una
ideología de la supervivencia del más fuerte sobre el más débil, cuando la
fortaleza de la democracia debería manifestarse en el cuidado a los más
frágiles.
Es
imprescindible recuperar el diálogo al servicio de una verdadera amistad
social. Un país crece cuando sus diversas riquezas culturales dialogan de
manera constructiva: la cultura popular, la universitaria, la juvenil, la artística,
la tecnológica, la cultura económica, la cultura de la familia y de los medios
de comunicación. Se trata de un diálogo que sabe respetar, no excluye a nadie y
que, por ser cultural, no puede dejar de ser político y social.
¡Del
insulto de cada día al que piensa distinto, líbranos, Señor! Debemos renunciar
a todo tipo de violencia, sabiendo que su espiral comienza con el discurso y
escala hacia la acción. No podemos naturalizar la violencia en las redes
sociales, en nuestros barrios, en el Congreso de la Nación.
Es clave
una presencia inteligente y eficiente del Estado que vele por la dignidad de
las personas, la igualdad de todos los ciudadanos y garantice su participación
plena en la vida de la comunidad. La Constitución Nacional es la ley suprema,
si en todo el territorio del país se garantizaran los derechos y se cumplieran
las obligaciones que esta manda, todos viviríamos con mayor dignidad.
En la
carta magna está la base de todo proyecto de Nación que se precie de tal. Un
proyecto estratégico de desarrollo, que abra un horizonte de mayor dignidad,
paz social, trabajo y prosperidad, privilegiando a las puntas de la vida: los
ancianos y los niños, daría lugar a la esperanza activa y la no violencia que
tanto necesitamos.
Entradas
