LOS ÚLTIMOS TESTIGOS, de Arturo Pérez Reverte - 27/7/2020

Me telefonea un amigo, conversamos y dice que hace una semana murió su madre.

No era, me cuenta, ni muy mayor ni demasiado joven, en esa edad en la que la vida nos sitúa ya en la franja de lo posible y lo probable.

Charlamos un rato sobre eso, y al colgar el teléfono me quedo pensando en que hace sólo unos días otro querido amigo, al que conozco desde que íbamos juntos al colegio, me habló de lo mismo: también la suya acababa de morir; en este caso, felizmente centenaria.

Recuerdo ahora las conversaciones y pienso en la mía, que tiene 96 años y hace tiempo se apaga como un pajarito cansado, lenta y dulcemente.

Vive lejos de mí, en otra ciudad, muy bien atendida por mis hermanas.

Tuvo una infancia perturbada por viajes turbulentos y por la guerra, pero después encontró el amor, la paz y la felicidad, y creo que ha tenido una vida afortunada, envidiable.

Morirá pronto, supongo, de muerte natural: esa bella expresión que hemos desterrado del vocabulario, ‘muerte natural’, porque la estupidez creciente en que vivimos se empeña ahora en negar toda naturalidad a un hecho tan lógico, sencillo e inevitable como es la muerte.

Fui a visitar hace poco a mi madre y comprobé que la vida es generosa con ella hasta el final.

Se extingue despacio y sin dolor, y la memoria también se le adormece entre las brumas del último ensueño.

No reconoció al sexagenario de barba cana que sentado a su lado le apretaba una mano.

Lo miraba con atención y sonreía dulcemente al escuchar sus palabras.

A veces, un nombre, un lugar, una referencia, la palabra ‘mamá’, le hacían abrir un poco más los ojos y asentir, como si un filo de mi pasado penetrase en los restos de su memoria.

Es duro para un hijo que su madre no lo reconozca, y de eso hablé con mi amigo de la infancia al telefonearnos el otro día.

Cuando los padres olvidan o mueren, con ellos se borra parte de nosotros; incluso situaciones, escenas, momentos que tal vez desconocemos.

Un padre, y sobre todo, una madre, poseen recuerdos que sólo ellos tienen, como un álbum de imágenes que guardan en el disco duro que les borrará la muerte: nosotros en la cuna, nuestras primeras palabras, pasos, miedos y pesadillas; nuestras primeras ilusiones o decepciones.

Ellos fueron testigos únicos de aspectos de nuestra vida que tal vez nunca nos contaron.

Los conservan en su recuerdo, el único lugar posible; y al morir se los llevan, perdiéndose en la nada.

Con su muerte empezamos a morir nosotros; a desaparecer lentamente del mundo por el que anduvimos, como una vieja foto que pierda los contornos.

A ser más lo que somos y un día no seremos, y a ser menos lo que antaño fuimos.

No solemos darnos cuenta.

Sin embargo, a cada momento, alrededor, en nuestra propia familia, desaparecen testigos de nuestro mundo, el propio; y también de los mundos que no llegamos a conocer, pero de los que ellos fueron testigos.

Medio siglo, un siglo de vida se esfuma llevándose con ellos el siglo anterior, el recuerdo de los padres y los abuelos que, a fin de cuentas, también es nuestro patrimonio y nuestra memoria.

Dejarlos marchar sin extraerles la información es como vaciar un desván sin estudiar los objetos, no siempre viejos e inútiles, que en él se amontonan.

Y no se trata de un gesto sentimental o romántico, sino de algo práctico; incluso necesario.

Permitir que los últimos testigos se apaguen en silencio, dejarlos enmudecer para siempre sin sacarles antes todo el material posible para que sus recuerdos sobre el mundo en general, y sobre nosotros mismos en particular, se salven y permanezcan de algún modo es dejar morir también lo que nos explica, lo que nos narra.

Lo que nos hizo y hasta aquí nos trajo.

Y especialmente en tiempos confusos como éstos, resulta más peligroso que nunca resignarse a esa clase de orfandad.

Permitir que un ser querido se vaya sin legarnos el tesoro de su memoria es ser doblemente huérfanos.

Perderlo a él con una buena parte de nosotros mismos.

Quedarnos más desorientados y más solos.

Inténtenlo, porque vale la pena. O eso creo.

Ahora que aún es posible, siéntense junto a ellos y háganlos hablar, si pueden.

Tengan la inteligencia, la astucia si es preciso, de que el nieto, el adolescente, la jovencita a quienes nada parece importar, se interesen por esa memoria familiar que pronto va a desvanecerse como humo en la brisa.

Porque un día, tengo certeza de eso, ellos se alegrarán de haber escuchado.

De conocer de dónde vienen y quiénes los hicieron posibles.

De saber que los testigos de su memoria no pasaron sin dejar huella por este lugar extraño, triste, bello, peligroso, fascinante, al que llamamos vida.

¿ESTÁ MAL MATAR A UNA PERSONA?, de Graciana Peñafort - 26/7/2020

Y deben ser la ley y sus encargados de aplicarlas los que deben decidir, no los sets de televisión

¿Está mal matar a una persona?

El Estado Argentino considera que sí y la conducta de “matar a otro” está sancionada con una pena de prisión o reclusión de 8 a 25 años en nuestro Código Penal.

Con una serie de atenuantes o agravantes, según el caso.

Pero lo que está fuera de discusión hoy es que matar a otro es una conducta considerada como disvaliosa en nuestra sociedad.

Con lo cual, la primera respuesta es, sin lugar a dudas: sí, esta mal matar a una persona.

El viejo proyecto de Tejedor para un Código Penal argentino llegaba al extremo de sancionar el suicidio e inclusive su tentativa.

Quien se quitaba a sí mismo la vida o lo intentaba sufría la anulación de su testamento y la pérdida de algunos otros derechos civiles.

Quien lograba su objetivo, esto es, quitarse la vida, deberá luego saber que su cuerpo sería sometido a una serie de prácticas degradantes tales como ser exhibido.

Sanción que terminaba afectando a su entorno, y ya que el suicida no estaría allí, más que de cuerpo presente en el mejor de los casos, que en cualquier hipótesis no dejaba de ser siempre el peor de los casos.

El que fracasaba en su intento de quitarse la vida no la pasaba mejor, ya que el proyecto de ley ordenaba confinarlo en un lugar seguro y vigilado por un plazo que podía ir de uno a tres años.

Doy este ejemplo histórico para señalar que el derecho a la vida ha tenido siempre un respeto por parte de la ley que inclusive ha llegado a colisionar con otros derechos como el de la libertad y la autodeterminación, la de pegarse un tiro, por ejemplo.

Tenemos así lo que los abogados llamamos la acción típica, esto es la conducta descripta por el código penal, en el caso “matar a otro”.

Después de esa primera respuesta, esto es que está mal matar a una persona, cabe analizar si la ejecución de la conducta disvaliosa “matar a una persona” hará pasible de sanción a quien la ejecute.

Es decir, si la conducta además de típica es antijurídica, es decir si vulnera el régimen legal o bien posee una causa de justificación.

Pero además de típica y jurídica, la conducta para ser sancionada, debe ser culpable, esto es que quien la haya realizado haya actuado voluntariamente, comprendiendo su accionar.

La culpabilidad es sin duda uno de los mas apasionantes temas del Derecho Penal.

Yo creo que me voy a morir leyendo sobre culpabilidad y voy a seguir teniendo dudas en cada ocasión.

Pero yendo a lo que estamos hablando, señalo que nuestra legislación penal encuentra que la ley penal considera que hay motivos por los cuales el matar a otro puede no ser castigado.

Dicho de otra forma, el homicidio sigue siendo una conducta disvaliosa, pero quien mató a otro puede no ser sancionado por esa muerte.

Los motivos por los que quien matara a otro no puede ser sancionado son las llamadas “causas de exclusión de la culpabilidad”, es decir, todas aquellas relacionadas con la incapacidad o aptitud del sujeto para ser culpable.

El ejemplo clásico es el de quien no pudo comprender la criminalidad de su acto, esto es quien no pudo comprender que estaba realizando una conducta disvaliosa.

El caso del enfermo mental que mata a otro es el mejor ejemplo.

La conducta disvaliosa “matar a otro” se verifica, pero la persona que la ejecuta no puede ser considerada culpable. Porque la conducta, ademas de típica - esto es antijurídica, contraria a la ley - debe ser culpable.

También están las llamadas “causas que excluyen la acción”, es decir que el sujeto actúo la conducta descripta pero por causas externas no controlaba su conducta.

El ejemplo típico de este tipo de causal es quien comente un homicidio en estado de ebriedad o bajo fuerza física irresistible o coaccionado de sufrir un mal grave e inminente.

Y por ultimo están las causas que los abogados llamamos “causas de justificación”, que son aquellas en la que quien actúa una conducta prohibida sabe lo que hace y lo comprende perfectamente, el hecho es típico y culpable, pero la ley penal autoriza de alguna forma la vulneración de un bien jurídico protegido eximiéndolo de castigo.

Y es acá donde entra la “la legítima defensa propia o de un tercero,” “el estado de necesidad” “o el cumplimiento de un deber”, entre otros.

Cuando se exceda estos límites el artículo 35 del Código Penal establece que quien se excediese de los límites impuestos por la ley, por la autoridad o por la necesidad, será castigado con la pena fijada para el delito por culpa o imprudencia.

Quiero hablar de esto porque estos días pasó algo terrible. Un jubilado llamado Jorge Ríos mató a un ladrón que junto con sus cómplices ingresó a su domicilio para robarle.

El jubilado de 70 años fue sorprendido por los ladrones mientras dormía, fue golpeado con brutalidad y amenazado con un destornillador mientras le exigían que entregara el dinero.

En algún momento del hecho, el jubilado sacó una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros.

Si bien las primeras versiones daban cuenta de un hecho típico de legitima defensa, la posterior aparición de un video de la cámara de seguridad de la cuadra dan cuenta de que el ladrón que murió, Franco Moreyra (26), salió vivo de la casa del jubilado, aunque herido.

Luego se ve al jubilado acercarse al ladrón caído en la vía pública, aún vivo, y apoyarle el arma.

No se ve la centella de un disparo, aunque las versiones dan cuenta que ello se debe a la mala calidad de la imagen.

Al lado del cuerpo del ladrón se encontraron los casquillos del arma, lo que daría cuenta que el arma se disparó allí y no que las heridas mortales se provocaron por disparos dentro de la casa del jubilado.

Tampoco hay sangre en la casa del jubilado, lo cual señalaría que las heridas que le provocaron la muerte -heridas que importan una pérdida de sangre significativa - fueron realizadas fuera del domicilio.

Un testigo que apareció recientemente da cuenta que escuchó los disparos cuando el ladrón ya estaba tendido, pero vivo en la vereda y con el jubilado inclinado y apoyándole el arma.

El video de la secuencia es realmente impresionante.

Escuché el testimonio de jubilado, que llorando decía: 

“No nací para matar”. Y le creí. Absolutamente.

También vi el testimonio desgarrado de la compañera del ladrón y me resultó conmovedor.

Pero más allá de lo conmovedora que sea la situación, sigue estando mal matar.

La sociedad se vio debatiendo los marcos de la ley.

Creo que nadie quiere que el jubilado vaya a prisión, más en una sociedad asolada por la inseguridad.

Pero tampoco hay muchos que quieran legitimar la justicia por mano propia.

Siempre están esos pocos que quieren que rija la ley del talión, olvidando que su aplicación taxativa implicaría que el jubilado podría exigirle dinero al ladrón, pero no matarlo. Olvidan que, si vale el ojo por ojo, al final nos quedamos todos ciegos. Y no creo que nadie quiera ser ciego.

Lo que podemos decir es que el jubilado - a la vista está - cometió una acción típica de “matar a otro” siendo “culpable”, ya que tenia noción de lo que estaba haciendo.

No puedo yo definir si está incurso en las causales de justificación. Porque soy abogada y no jueza.

Y no voy a opinar sobre la culpabilidad o inocencia del jubilado, porque sería irresponsable de mi parte.

Días en los que todos devinimos en jueces de un señor que mató a otro, sin tener competencia ni jurisdicción, es decir sin tener posibilidad de juzgar.

La mera opinión no puede constituirse en un juicio sobre la responsabilidad de nadie. Lección de humildad que tenemos que aprender todos, aunque nos duela.

La responsabilidad penal es algo bastante más complejo que la simplificación del doñarrosismo imperante, que supo definir simplona y torpemente una blonda conductora de TV cuando dijo: “El que mata tiene que morir”, condenando así a muerte a por ejemplo a todos los policías y soldados del mundo.

Incluso a los verdugos que matan con permiso estatal, en los países en los que existe la pena de muerte, también serían condenados por la conductora de TV.

Sé que no quiso decir eso la blonda, por simplona que sea. Pongo este ejemplo para señalar con eficiencia por qué el juicio que no es juicio sino opinión solo genera una serie de impensables consecuencias, no deseadas en absoluto por quien emite esa opinión.

Menos simplón y mucho más preocupante fue lo que dijo Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Antes de nada, quiero señalar que Sergio Berni es una persona extremadamente inteligente y formada.

Es un hombre de acción y se desplaza ejerciendo la autoridad en una de las aéreas más sensibles de cualquier gobierno, esto es la seguridad ciudadana.

Pero no es ni juez ni abogado de una de las partes.

Y le voy a criticar lo mismo que le critiqué a Patricia Bullrich en su momento.

La tarea de los ministros de Seguridad no es opinar sobre tal o cual caso.

La primera tarea es que tal o cual caso no suceda.

Si sucede, es que algo del dispositivo de seguridad creado para evitar la inseguridad fracasó.

Y si fracasó, lo primero es analizar el por qué y cómo evitar futuros fracasos.

La otra tarea es dar información fehaciente.

A ningún responsable de seguridad se le exige que juzgue, sino que le dé a la sociedad la información que necesita para conocer qué pasó y por qué.

Para entender.

No debió Sergio Berni opinar sobre la culpabilidad del jubilado o sobre su inocencia o sobre si es defendible o no.

Como no debió opinar Bullrich sobre Chocobar.

Porque no es esa su misión ni su tarea en la sociedad.

No son jueces.

Son personas que se supone saben cómo combatir y más importante aún, prevenir el delito.

Sobre esto último, respecto a combatir y prevenir el delito, no me cabe duda que Sergio Berni sabe un montón de eso.

No podría asegurar lo mismo sobre Bullrich, a quien considero poco menos que una charlatana ineficiente con protección mediática y un discurso absurdo y demagógico de violencia y autoritarismo, que para algunos suena como el paraíso, pero que en los hechos no hace sino desencadenar infiernos impensados.

Bien sabemos - y conocemos - los argentinos las consecuencias de esos discursos, que siempre son trágicas.

Me preocupó mucho que estemos atravesados como sociedad por hechos de creciente violencia institucional, incluyendo muertos y personas desaparecidas a manos de fuerzas de seguridad.

Quienes deben protegernos de quienes infringen son los infractores que nos agreden como sociedad cuando matan o desaparecen a hombres y mujeres.

Si quienes deben cuidarnos también infringen la ley, imagino con espanto qué pasaría si se habilitara que cada ciudadano ejerciese la justicia por mano propia.

Si todos pueden portar un arma y usarla según su sana razón y criterio, entonces ya no necesitaríamos ni jueces ni responsables de seguridad.

Ni leyes.

Como sociedad necesitamos jueces, responsables de seguridad y leyes para que vivir en sociedad no se vuelva imposible.

Para que no nos matemos entre nosotros.

Para que no sea siempre inevitable el triunfo del más fuerte, que como diría Scalabrini, no necesita leyes que lo protejan porque ya las tiene: su propia fuerza.

¿Y saben qué? Todos somos fuertes respecto a algunos y somos débiles respecto a otros.

El hecho es que todos necesitamos protección, porque nunca sabemos de qué lado de la relación de fuerzas vamos a estar en cada momento de nuestra vida.

Los jueces, los responsables de seguridad y las leyes son el espacio de esa protección para todos, sin distinción.

Los debates deben ser dados con responsabilidad y no con opiniones ligeras.

Hace unos días se puso en evidencia el bajo nivel de discusión sin información que suelen exhibir estos debates.

El diputado socialista Jorge Rivas opinó que “puede haber causales agravantes o atenuantes” en el caso de Jorge Ríos, el jubilado que asesinó a uno de sus agresores, pero que “nada justifica que un hombre mate a otro que se encuentra indefenso: éticamente es inadmisible”.

“Como sociedad civilizada, debemos ser contundentes en rechazar la institucionalización de la venganza por mano propia”.

Un usuario de redes sociales le contesto “es muy fácil opinar cuando no te pasa”.

Jorge Rivas esta cuadripléjico como consecuencia de un asalto que sufrió en el año 2007.

Así no podemos debatir, mucho menos ejercer la justicia de modo privado. Simplemente estamos atravesados por prejuicios y sesgos que condicionan nuestro juicio.

Imaginemos si eso implicara poder de decisión sobre la vida de los demás.

Para evitar nuestros errores es que están, entre otros, los jueces, los responsables de seguridad y las leyes.

Para concluir quiero decir que hago mías las palabras de Jorge Rivas: “Nada justifica que un hombre mate a otro”.

Y deben ser la ley y sus encargados de aplicarlas los que deben decidir.

No los sets de televisión y los mensajes incendiarios de quienes son poseídos por el animo de juez sin serlo.

Y tampoco quiero terminar esta nota sin repudiar la violencia institucional y reclamar a los gritos, porque queremos saber :¿dónde está Facundo?

Como queríamos saber dónde estaba Santiago y dónde están y qué paso con todas y cada una de las víctimas de violencia institucional.

YA LLEGÓ, de Juan Carlos tealdi - 26/7/2020

El colapso ha dejado de ser una posibilidad y está entre nosotros

El 12 de julio, en la nota “Si llegara el colapso” de El Cohete, decíamos que ante la amenaza de ese evento angustiante el gobierno debía informar a la población que “junto al esfuerzo por ‘salvar vidas’ se habrá de ‘cuidar a todos’ garantizando el derecho a la salud con todos los recursos disponibles y sin dejar a la población desamparada”.

Tres meses antes, en "El derecho a un respirador", nos preguntábamos qué criterios seguir en la asignación de respiradores escasos si llegara ese momento.

Las autoridades sanitarias, con su esfuerzo en la contención de la pandemia, no querían hablar entonces de ese tema.

Pero el colapso ya llegó.

Y como en la estrategia de fortalecimiento de la estructura material no se planificó a la vez la funcionalidad del sistema en la disponibilidad, criterios y coordinación de sus recursos humanos para reducir el impacto del caos propio de ese desorden sanitario, el costo es y será mayor en confusión, angustia y sufrimiento.

No es casual que esto suceda.

El sistema de salud tiene una historia de al menos 65 años de destrucción de la idea de integración material y funcional en su enfoque de la salud pública.

Hoy mismo se escuchan algunas voces de alerta ante la posibilidad de integrar los tres subsectores para responder a la atención de todas las personas en igualdad de condiciones.

Hay temor de que ante el colapso, para cumplir con la obligación del Estado de garantizar el derecho al más alto nivel de salud física y mental a toda persona, el sector público derive pacientes hacia los servicios privados o de obras sociales.

Pero se descuenta que estos puedan derivarle al primero.

El cuello de botella

Un día de esta semana, en un centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires con la guardia saturada, dos médicos discutieron enérgicamente.

Uno de ellos consideraba que una paciente de 80 años, con deterioro cognitivo, no debía ingresar a terapia intensiva dada la sobrecarga que tenían.

El otro, un médico de guardia, le preguntaba si quería que la matara.

Otro día, la terapia intensiva del Hospital Penna seguía saturada, como desde dos semanas antes, pero ahora todos los pacientes padecían Covid.

En la guardia había otros 6 pacientes que estaban recibiendo asistencia respiratoria mecánica (ARM).

Al pedir al SAME una derivación a otro hospital, desde la coordinación les informaron que todos los hospitales estaban igual.

En el Hospital Santojanni, como en otros hospitales, se fueron ampliando los sectores de atención de pacientes críticos.

Siempre en esta semana, la terapia intensiva tradicional, ahora UTI-1, de 12 camas, estaba toda ocupada con pacientes Covid.

La UTI-2, también de 12 camas, estaba toda ocupada con pacientes Covid. La UTI-3, antes unidad Coronaria, de 8 camas, toda ocupada con pacientes no-Covid.

El Shock Room original, de 8 camas, destinado a estabilizar pacientes críticos no-Covid antes de su derivación a terapia intensiva, y el Shock Room Covid, de 3 camas, estaban completamente ocupados.

En su informe reservado a socios de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, el martes 21/7, 41 centros de salud informaban sobre su situación: 12 de ellos eran públicos y 29 privados.

En total disponían de 829 camas de internación (285 públicas y 544 privadas).

De esas 829 camas, 435 estaban ocupadas por pacientes Covid (191 públicas y 244 privadas), 299 por pacientes Covid con ARM en terapia intensiva (133 públicos y 166 privados), 272 camas ocupadas por pacientes no-Covid 53 públicas y 219 privadas), y quedaban libres 122 camas (41 públicas y 81 privadas).

El porcentaje de camas libres era de 14.72% (14.39% de las públicas y 14.89% de las privadas).

Sin embargo, y aunque los gráficos de días anteriores repetían con pequeñas diferencias esos porcentajes, el vicejefe de gobierno Diego Santilli declaraba que la Ciudad disponía de 400 camas de terapia intensiva y que sólo estaban ocupadas 275.

Lo que arrojaba un más que oportuno 68,75%, para no llegar al 70% considerado preludio del colapso.

Los datos de la SATI lo contradecían, pero esta sociedad no era transparente, al no permitir el libre acceso público a los mismos.

Tampoco lo hacía el Ministerio de Salud.

Con lo que el manejo de la información evidenciaba una mentalidad política paternalista y restrictiva sobre el derecho a la información.

Es posible que el gobierno de la ciudad no quiera mostrar la real debilidad de su sistema de salud por las políticas en salud pública que han llevado durante años a reducir y ajustar los servicios, los profesionales y los trabajadores de salud.

Y que eso explique el ocultamiento de los datos.

Problemas de realismo, predicciones y veracidad comunicativa.

Estructura y funcionamiento de un sistema justo

Un sistema de salud eficiente y justo no consiste simplemente en sus recursos materiales, sino también en el de los recursos humanos, y con ello del funcionamiento - la fisiología - del sistema.

Fue acertado el fortalecer una estructura debilitada hasta el raquitismo por las políticas neoliberales.

Pero sobre esa realidad mejorada hasta lo posible, era necesario mejorar la función del sistema, el flujo entre espacios y actores, el fortalecimiento del recurso humano no sólo en su número, sino en la relación entre ellos, desde la guardia hasta los cuidados paliativos.

Debería haberse prevenido y cambiado el funcionamiento del sistema con un ejercicio de la autoridad sanitaria en ordenarlo.

Los Ministerios de Salud deberían haber tenido, y todavía hoy la pueden tener si reaccionan, un papel rector, guía, ordenador para que el caos de un colapso material imposible de evitar, no resulte a la vez una catástrofe de desorganización que lo agrave.

La revista francesa Charlie Hebdo hizo una síntesis brutal de las lecciones de la pandemia en tan sólo tres puntos.

El tercero dice que “las personas peor pagadas de un país son las más esenciales para su funcionamiento”.

¿Qué hacer?

Lo primero que debería haberse hecho y debe hacerse todavía es un Plan de cuidados críticos que nos organice frente al caos del colapso sanitario.

Y ese plan debe ser común, compartido en todos los niveles del sistema, desde los Ministerios de Salud, los hospitales y sanatorios y las guardias, unidades de terapia intensiva, salas de internación general, hospitales de campaña o centros de derivación, y el sistema de ambulancias y transportes.

Ese plan debe protocolizar procedimientos imparciales para la asignación de cuidados críticos para lo cual sus contenidos y criterios deben ser transparentes y de acceso público.

La situación desordenada ante la falta de recursos, muchas veces nos hace perder de vista las obligaciones básicas.

Por eso debemos promover en todos los establecimientos y con alcance a todo profesional y trabajador de salud, la obligación de respeto del derecho a la salud entendido como el nivel más alto posible de salud física y mental, sin discriminación alguna por ninguna condición.

El respeto igualitario en la atención nos exige brindar igual tratamiento a una misma necesidad médica, y cuidar el bienestar de los pacientes durante toda su internación.

En el Hospital de Clínicas también se trabaja con ocupación completa de las camas de terapia intensiva. Por eso hemos trabajado para constituir un Equipo de Triage en cuidados críticos que se ocupará de clasificar a los pacientes graves según su necesidad y posibilidades de recuperación.

Así se brindarán los recursos a quienes tengan mejores chances de superar la gravedad de su estado.

Cuando ese nivel de atención, el más alto posible, esté saturado, se atenderá a los pacientes en el nivel más alto inmediatamente inferior.

Y así sucesivamente en las salas generales, el control de síntomas, las derivaciones posibles y todos los recursos disponibles.

Esto es urgente.

Por eso el Ministerio de Salud debe promover la creación de estos equipos conformados por profesionales especializados, en todos los establecimientos de salud.

Y junto a los mismos debe constituirse una Unidad de Apelación para aquellas decisiones que muestren discrepancias con el equipo tratante.

En este aspecto, los comités de ética de los hospitales tienen una importante función que cumplir.

En todos los niveles del sistema debe brindarse además un trato digno con la información completa y adecuada al paciente y su entorno, y con especial atención a la situación del moribundo por Covid-19 y su familia.

Deben darse a conocer las restricciones de visita, de informes, de contactos y toda información relevante.

Y se deben respetar los derechos de los pacientes, sus deseos previos, sus directivas anticipadas, y las órdenes de no reanimación.

Y es imprescindible una estrategia de comunicación pública que muestre la realidad de los hechos para la asunción responsable por parte de los afectados de su proceso de adaptación ante la situación traumática en la que debe desempeñarse.


Para la pospandemia

No es que todos los sistemas de salud se derrumbaron en el mundo por la simple causa natural del virus, aunque este los haya llevado a su límite.

Lo que pasó es que todos los sistemas de salud planificados sobre una visión de la salud que demolió a la estrategia de atención primaria y al lugar de la salud pública en la vida comunitaria, han mostrado su fracaso estructural y funcional para hacer frente a una pandemia con el menor costo social posible y del modo más justo.

Si el gobierno anterior dejó planteadas como necesidades imperiosas la reforma económica y judicial, la pandemia ha puesto en evidencia otra herencia de muchos gobiernos destructores de la salud pública que es la desarticulación del sistema de salud y el imperativo ético y político de una reforma radical del mismo.

Todo político sabe que es una de las disputas mayores.

Pero este gobierno debería intentarlo.

HÁGASE LA LUZ, de Horacio Vernitzky - 26/7/2020

A primera vista, podría ser otro error no forzado.

La ostensible coordinación entre varios intendentes del sur del Conurbano bonaerense, que bajo el hashtag #LaLuzEsUnDerecho, denuncian la falta de inversiones de Edesur y los habituales cortes de luz en los barrios más vulnerados, suscitó una fuerte reacción de sectores patronales, congregados en el grupo de WhatsApp Nuestra Voz, organizado en 2019 por Maurizio Macrì y Marcos Peña Braun cuando aún creían que era posible la reelección presidencial.

Gabriel Martino, Cristiano Rattazzi, Martín Cabrales, Martín Migoya, respondieron con los hashtags #NoEstatizarEdesur y #JuntosLevantamosLaArgentina.

Reclamaron respeto a los contratos y la propiedad privada y convocaron a banderazos como los producidos en defensa de los vaciadores de la cerealera santafesina Vicentin.


Necesaria pero no suficiente

La historia del peronismo abunda en desproporcionados precios políticos que debió pagar, por las palabras antes que por los actos de sus conductores.

Los discursos de Perón y de Evita sobre la oligarquía terrateniente eran incendiarios, lo mismo que las amenazas presidenciales a los opositores con consignas tremendas como el 5 x 1.

Pero más allá de las expropiaciones a los Bemberg, los Pereyra Iraola y los Gainza, las muy razonables políticas de su gobierno hacia el sector se parecieron más a las del laborismo británico y el New Deal estadounidense que a la reforma agraria de Fidel Castro o los fascios de Mussolini.

La claridad para identificar a quienes obstaculizan el desarrollo nacional y la justicia social es necesaria pero no suficiente para lograrlos.

Los casos de Vicentin y Edesur son muy diferentes.

Salvo los conocedores del negocio cerealero, fuera del norte santafesino nadie conocía la existencia de Vicentin ni su importancia.

Sólo en forma muy lenta han ido surgiendo los detalles de la estafa perpetrada por sus principales accionistas, de las familias Nardelli y Padoan, contra la propiedad privada de los trabajadores que perdieron sus empleos, los chacareros que no cobraron los granos que les proveyeron y los bancos que financiaron su operatoria.

La inhibición de bienes de los ex presidente y vice del Banco Nación, Javier González Fraga y Lucas Llach, solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita como paso previo a su procesamiento, que será compartido con los directivos de Vicentin, precisa un cuadro de enorme gravedad contra el interés general, pero su comprensión requiere tiempo y conocimientos.

Es probable que ese tiempo permita el conocimiento de la intervención personal del ex Presidente Maurizio Macrì, a través de su secretario Darío Nieto, para que González Fraga incumpliera todas las relaciones técnicas a las que el Banco Nación estaba obligado y siguiera arrojando centenares de millones de dólares al barril sin fondo de una empresa que ya había dejado de pagar sus compromisos.

Aún así, no es evidente en qué afecta a cada ciudadano la situación de ese holding y las distintas alternativas para su futuro.

Todo lo contrario

Con Edesur pasa lo contrario.

Aunque no conozcan en detalle la relación de sus accionistas italianos con Macrì, ni la participación en su propiedad del primer exiliado, Nicky Caputo, ni de la empresa Yacylec, de la propia familia Macrì, los casi 2,5 millones de personas que de acuerdo con el esquema privatizador de hace tres décadas no pueden elegir otro proveedor de electricidad, son víctimas cotidianas del pésimo servicio y las descomunales tarifas que Edesur les cobra por prestarlo.

En la privatización de los ’90 se preveía una segmentación que impidiera que generadores, transportistas y distribuidores se integraran en una misma empresa.

Pero ese atractivo esquema teórico cedió paso en forma gradual y constante a la concentración e integración vertical en grandes empresas.

Quienes señalaron con suspicacia política la participación de los Eskenazi en YPF - Repsol, no mostraron la menor curiosidad en saber cómo llegaron Caputo y los Macrì a ser socios de la italiana ENEL en Edesur.

ENEL participa en todas las etapas del proceso energético: generación, transporte, comercialización y distribución.

Privatizada en la década de 1990, el Estado italiano sigue siendo su principal accionista.

Como Edesur es una empresa amiga, los directivos del trío de desinformadores mediáticos que componen Infobae, La Nación y el Grupo Clarín no se dan por enterados de las movilizaciones constantes de los vecinos del Conurbano sur por los extensos cortes del servicio.

Los intendentes, en cambio, no pueden ignorarlas y en un punto se vieron forzados a elegir de qué lado colocarse. Como dependen del voto popular y están en la primera línea de fuego, escogieron acompañar a los vecinos en sus reclamos y ver de qué modo podían aportar a la solución.

No es simple, por varias razones:

• Es un tema de competencia nacional y provincial.
• Los cambios normativos han sido constantes.
• Las decisiones del gobierno anterior, con el traspaso de las distribuidoras eléctricas a la provincia y a la Ciudad de Buenos Aires, y la creación de nuevos entes reguladores que no se han constituido, crearon un galimatías en el cual hasta es azaroso determinar quién es quién y cuáles son sus derechos y obligaciones.

En cambio, el terceto Hadad - Magnetto - Saguier no ha mezquinado adjetivos para descalificar las exigencias de inversión y buen servicio formuladas a Edesur.

Siguen en esto la definición que El Hombre de Clarín formuló hace ya diez años en una inusual entrevista concedida a la revista de negocios británica Financial Times, el 20 de septiembre de 2010.

Allí Magnetto dijo que el kirchnerismo ingresaba en una fase confiscatoria que compromete el derecho de propiedad.

El pueblo se defiende

A raíz del mega apagón de hace trece meses, se hicieron públicas las negociaciones secretas que el gobierno saliente realizó con las distribuidoras, a espaldas del Ente Regulador, por el que el Estado reconoce una deuda con Edenor y Edesur de entre 40 y 100.000 millones de pesos por el congelamiento previo de tarifas.

“En función de los reclamos recibidos por usuarios de diferentes municipios, las multas aplicadas a Edesur S.A. y las obras que esta empresa no llevó a cabo, esta Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires considera que la empresa no se encuentra en condiciones de prestar el servicio del cual es concesionaria; por lo que se solicita a la autoridad concedente y de contralor la rescisión de la concesión”, escribió el Defensor Guido Lorenzino, en una comunicación dirigida al interventor del ente regulador nacional (ENRE), Federico Basualdo Richards.

Como anexo, incluyó los reclamos de distintos municipios.

Los que mayor repercusión mediática tuvieron fueron los de Lomas de Zamora (por el alto perfil de su intendente, Martín Insaurralde) y Quilmes (porque su intendenta Mayra Mendoza, que integra la conducción de La Cámpora, en los primeros 120 días de gobierno fue objeto de 140 notas en la señal de cable del Grupo Clarín, y ninguna elogiosa).

Pero otros, como Florencio Varela, enumeran en lo que va de este mes 1400 gestiones de vecinos por falta de suministro eléctrico en 86 barrios, sólo por el call center.

Esto es 40% más que el año pasado.

Además computa en las mismas tres semanas, 21 cortes de vías principales, que impidieron la circulación del transporte público, y que obligaron a enviar cuadrillas municipales a limpiar la zona, donde los vecinos encendieron neumáticos para visibilizar su reclamo.

Las interrupciones del servicio eléctrico también dejan a los barrios afectados sin agua.

Estas afectaciones a la propiedad privada de los vecinos no inquietan a la oposición política ni a las representaciones patronales, que tampoco se interesan en la letra de los contratos, que fijan niveles de inversión y calidad cuyo incumplimiento hace padecer a millones de usuarios de un servicio esencial.

“Se encuentran agotadas las instancias de diálogo”, afirma Lorenzino, ya que pese a las acciones judiciales y las multas, Edesur “no cumple con la prestación adecuada”. Esto se debe a “la falta de inversiones”.

Un largo capítulo de la presentación desarrolla el derecho humano a la electricidad, consagrado en tratados internacionales de jerarquía constitucional.

El Defensor cita una publicación del CELS: haber privatizado el servicio no releva al Estado de su obligación de garantizarlo para toda la sociedad.

Entre marzo y julio de este año la cantidad de quejas recibidas por el mal servicio de Edesur creció un 70%.

La Defensoría cita un informe del ENRE según el cual la frecuencia media de cortes por usuario en un semestre es de 4,1 veces y la duración de corte de 17 horas.

“Estos valores resultan intolerables, especialmente luego de los desproporcionados e irrazonables aumentos tarifarios verificados en los últimos cuatro años (…) toda vez que las obras se encuentran sin realizarse”.

Por su parte, el ENRE recomendó al Ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas declarar nula la Revisión Tarifaria Integral (RTI) realizada por el gobierno de Macrì, cuyas tarifas resultantes “no fueron ni justas, ni razonables, ni transparentes, tanto desde el punto de vista de los ingresos reconocidos a las distribuidoras, como del proceso de aplicación de las mismas”.

La deuda total condonada a Edesur y Edenor, señala, fue de 13.570 millones de pesos, mientras que se les refinanciaron $ 18.450 millones.

Entre 2015 y 2019 el aumento de las facturas fue en promedio de 3.200% para usuarios residenciales, 1.934% para comercios, 2.325% para pequeñas industrias y 1.872% para grandes industrias en términos nominales.

Además, «los planes de Inversión incluidos en la RTI son meramente orientativos y no tienen carácter obligatorio».

Por lo tanto, esa “RTI carece de validez jurídica”, concluye.

No parece que el objetivo oficial sea rescindir la concesión, sino prepararse para la nueva Revisión Tarifaria Integral que debería realizarse este año, colocando en un platillo de la balanza aquello que la empresa percibe de los usuarios y en el otro la calidad del servicio que presta.

Hasta ahora, el desequilibrio ha sido escandaloso ya que, como dice el ENRE, “se priorizó mantener indemnes a las empresas frente a la inflación, aun cuando en el mismo momento los salarios de los usuarios (y de los trabajadores de las distribuidoras) caían en términos reales”.

El informe de Basualdo Richards, la presentación de la Defensoría y los reclamos de los intendentes ya surtieron algunos efectos: aumentó la cantidad de cuadrillas volcadas a la calle para reparar desperfectos y condujo a los directivos de ENEL hasta el despacho presidencial.

En un encuentro sostenido en Olivos en la tarde del viernes, del que también participó Basualdo Richards, prometieron una enmienda que debería manifestarse en las inversiones que hasta ahora han eludido.

Se comprometieron a acelerar 25 obras que dijeron tener en marcha, para cumplir con sus compromisos.

«Háganlo, porque no podemos dejar a la gente en cuarentena y sin electricidad», respondió el Presidente.

El mayor problema, señalaron, es la cantidad de gente de los barrios populares colgados de la luz, debido a las obras que las intendencias no pudieron realizar porque el gobierno macrista las dejó sin recursos.

En cambio, no plantearon ningún reclamo tarifario, cosa que deberá demostrarse en la pendiente revisión integral.

El jueves, además, el Senado anuló el Decreto de Necesidad y Urgencia 1053 firmado por Macrì en noviembre de 2018 que comprometió una transferencia de unos 400 millones de dólares a las distribuidoras de gas.

El fundamento fueron las pérdidas que les habría causado la devaluación de ese año.

El entonces Secretario de Energía, Javier Iguacel, resolvió cargar ese monto a las facturas de los consumidores, pero Macrì lo desautorizó por el previsible efecto electoral que tendría ese nuevo tarifazo.

La resolución fue desplazada por el DNU: los 393 millones de dólares serían pagados por el Estado Nacional en 30 cuotas.

Pero Macrì recién obló la primera un año después: el 6 de diciembre de 2019, a cuatro días de dejar la presidencia.

De ese modo se propuso dar principio de ejecución al compromiso para obligar al gobierno electo.

Con lo que el Estado deje de pagar a las compañías, podrá subsidiar las tarifas para los consumidores residenciales, de acuerdo con la propuesta del Enargas.

Son ostensiblemente dos gobiernos muy distintos.

La independencia judicial

La frase de Magnetto al Financial Times (lo crean ellos mismos o no) es el eje sobre el que a partir de la muerte de Néstor Kirchner el gran patronato ha organizado su relación con todo lo que tenga que ver con Cristina Fernández, incluyendo a su candidato presidencial Alberto Fernández, lo advierta él o no.

Eso explica las fake news y el periodismo de guerra, según la definición de uno de los principales columnistas del Grupo Clarín.

La realidad pasa a segundo plano y no debe permitirse que arruine una buena nota.

Sólo así puede entenderse la absoluta inversión de sentido practicada en torno de los manejos del Poder Judicial.

El presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, denunció “el avasallamiento sobre el Poder Judicial para vulnerar su independencia”, que atribuyó a la suma de diversas iniciativas:

• la reforma judicial, que el Poder Ejecutivo enviará mañana al Congreso,
• la solicitud formulada al Consejo de la Magistratura para que revea el traslado de una decena de jueces dispuesto por el anterior gobierno,
• la investigación por una comisión del Congreso creada por el macrismo sobre el desempeño del procurador interino Eduardo Casal,
• la creación de un consejo asesor que analizaría el funcionamiento de la Corte Suprema y
• la eventual ampliación del número de sus integrantes.

Se trataría de una búsqueda de impunidad (por más que el texto que mañana entrará al Congreso asegure que ninguna causa abierta al momento de su promulgación pasará a otro juez) y de venganza contra algunos jueces que adoptaron medidas contrarias a CFK.

Todo lo contrario

En verdad, ocurrió todo lo contrario.

Uno de los casos más estridentes fue el de los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah.

Macrì le pidió a Cristóbal López que colocara la señal de cable C5N y la radio Diez al servicio del proyecto de encarcelar a Cristina.

Como López y su socio Fabián De Sousa se negaron, ambos fueron detenidos en diciembre de 2017 por el juez Julián Ercolini, y se forzó la quiebra del Grupo Económico, mediante decisiones ilegales de la AFIP, entonces a cargo de Alberto Abad.

Pero Ballestero y Farah revocaron esa decisión en marzo de 2018 y los dejaron en libertad.

Enfurecido, Macrì le dijo a un publicista adicto que la liberación de López y De Sousa “lo enloqueció” y que esos jueces “se animaron pensando que no iba a haber reacción, pero la hubo”.

A una animadora que sonreía embobada, le dijo que “esto no es lo que habíamos acordado”.

Escaldados por la destitución en juicio político de su colega Eduardo Freiler, Farah aceptó pedir su pase a otro tribunal y Ballestero renunció para jubilarse.

En lugar de ellos asumieron Leopoldo Bruglia y Cacho Bertuzzi, que no concursaron para la Cámara Federal ni tuvieron acuerdo del Senado, precisamente con el compromiso de favorecer las operaciones contra Cristina.

En abril de 2018 y siguiendo un procedimiento abreviado, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (Gustavo Hornos y Eduardo Riggi) revocó las libertades de ambos empresarios.

Esto precipitó la quiebra de Oil Combustibles, la cesación de pagos de las principales empresas del Grupo Indalo y la liquidación de sus activos a precio vil.

La semana que se inicia mañana, la Cámara de Diputados tratará el proyecto de moratoria impositiva para asistir a todo tipo de empresas afectadas por la pandemia y la cuarentena. Un grupo empresarial y la ex diputada Elisa Carrió pidieron que se excluyera del beneficio al Grupo Indalo, para no “consagrar la impunidad”.

Los medios comerciales repitieron lo que vienen publicando desde hace cinco años: que Indalo debía 8.000 millones de pesos a la AFIP por impuesto a la transferencia de combustible (ITC) cobrado y no depositado y que utilizó para comprar medios y otras empresas.

Pasaron por alto el peritaje realizado aún durante el gobierno de Macrì por especialistas de la Corte Suprema de Justicia, la Procuración General y la AFIP, según cuyos resultados Oil nunca debió más de 2.000 millones, de los cuales pagó 1.600 en un plan de cuotas como tantos otros, concedido por la AFIP debido a que entre 2013 y 2015 sus balances arrojaron pérdidas, y sólo debía 600 millones.

Por el ITC llevaba pagados más de 7.000 millones.

Durante una de las audiencias del juicio oral, un periodista de La Nación admitió bajo juramento que había informado erróneamente que OIL vendía el combustible al público y era agente de retención del ITC y que no conocía el peritaje que refutó sus afirmaciones sobre el monto y las condiciones de la deuda.

Todo trucho, pero la afectación a la independencia judicial sería reparar estos atropellos sin precedentes en democracia.

Empresarios, sindicalistas y seguridad

Alberto Fernández tuvo la última semana una agenda donde, además de la pandemia y la cuarentena, hubo lugar para los planes de recuperación productiva y los actores involucrados.

Por un lado, recibió en Olivos al Secretario de la CTA, Hugo Yasky, ante quien se disculpó por haberlo omitido en el encuentro del 9 de julio con el Grupo Empresarial de los 6 y la CGT.

Yasky le dijo que comprendía la necesidad de mantener la relación con esas patronales, pero que existían otros sectores que no podían ni debían soslayarse.

Fernández asintió y le pidió al secretario general de la CGT, Héctor Daer, que en cualquier encuentro futuro él se encargue de traer a Yasky.

Ambos secretarios generales habían analizado la creación de una mesa de enlace entre ambas centrales, que actuara como factor de unidad, así no fuera formal.

Daer llevó esa propuesta a su mesa chica (Héctor Rodríguez, Gerardo Martínez, Antonio Caló, Carlos Acuña, Armando Cavalieri, José Lingieri), quienes objetaron que esa comisión diluiría el peso de la CGT, es decir de ellos mismos.

En cambio, arrastraron a Daer al encuentro virtual con la Asociación Empresaria (AEA), con participación destacada de Magnetto y de Paolo Rocca.

Según explicó Daer, de haberse negado él, los otros hubieran realizado la reunión por su cuenta, aislándolo.

El diálogo AEA-CGT.

Si esto ya era grave, el comunicado conjunto fue escandaloso.

La CGT suscribe sin una sola crítica el pliego de condiciones del poder económico transnacionalizado que, de aplicarse, recaería a hombros de los trabajadores:

• Papel clave de las empresas privadas y sus cadenas de valor en la salida de la crisis.
• Políticas específicas para promover el empleo registrado.
• Movilizar la capacidad productiva y las exportaciones de bienes y servicios.
• Resultado positivo en las negociaciones con los acreedores externos.
• Reducir la presión tributaria sobre el sector formal de la economía.
• Al mismo tiempo, equilibrar las cuentas fiscales.

La difusión del comunicado encendió la furia presidencial, que se descargó sobre Daer durante una comunicación telefónica:

- Te sentás con Rocca y Magnetto para apretarme a mi en la negociación de la deuda - le dijo.

¿Qué buscás, enojar a Cristina?

Daer pasó la mañana siguiente recorriendo programas radiales para decir que lo que quiso decir fue acordar en los términos de la propuesta oficial.

Igual de grave es la reducción de la presión tributaria solicitada, de modo que el equilibrio de las cuentas fiscales recaiga sobre los trabajadores y los jubilados.

El proyecto de contribución extraordinaria a las grandes fortunas de los diputados Kirchner, Yasky y Carlos Heller se tratará en comisiones en cuanto se aprueben la moratoria y la ampliación de facultades de la jefatura de gabinete.

Esto será en no más de un par de semanas, si el virus no obstruye la posibilidad de sesionar.

La publicación de la revista Forbes sobre las mayores fortunas del país les vino como anillo al dedo: los 50 primeros poseen 46.000 millones de dólares, más que el total de las reservas del Banco Central.

Entre ellos hay cinco de los interlocutores de la CGT.

El viernes, Alberto participó en una reunión virtual acordada entre Daer y Yasky.

El anuncio de la cuarta etapa de los ATP se realizó durante un encuentro multisectorial con ambas centrales y sectores de pequeñas y medianas empresas formales e informales, tanto industriales como agropecuarias, de comercio y servicios, que generan el grueso del empleo, fortalecen el mercado interno y financian al Estado con los impuestos al consumo que no evaden en guaridas fiscales.

El ministro Kulfas los caracterizó como el «corazón productivo de la Argentina y el gran motor de la recuperación».

Lo reiteró el Presidente.

«La Argentina que viene nos necesita a todos, pero ustedes son nuestros principales aliados», dijo Fernández, quien además opuso el capitalismo de la financiarización al de la producción.

También reveló que había analizado con Yasky y Daer la institucionalización de esa mesa multisectorial con los trabajadores unidos y las pequeñas y medianas empresas, a la que se sumarían movimientos sociales.

La generosidad de las palabras de los empresarios que hablaron durante el encuentro, contrasta con los secos planteos de las grandes patronales.

Mañana, además, Fernández asistirá por Zoom a un plenario de Secretarios Generales de la CTA.

No puede dudarse de la sinceridad de su autocrítica por la exclusión del 9 de julio.

Sobre la deuda externa, el Presidente consiguió dos respaldos significativos para la oferta que, como reiteró ante los empresarios estadounidenses en el Consejo de las Américas, es la última que plantea su gobierno.

La directora del Consejo, Susan Segal, consideró justa y razonable la oferta y dijo que era el momento de aceptarla por parte de los acreedores.

Esto provocó un tembladeral entre los bonistas.

Hans Humes, presidente de Greylock Capital y uno de los organizadores de Argentina Creditor Committee, dijo que Blackrock les había dicho a los otros bonistas que tenía línea abierta con Fernández, quien mejoraría la propuesta, ya sea con mayores pagos o con enmiendas legales que renunciaran a las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) que permiten formar mayorías que obliguen al resto, como en las quiebras comerciales.

Las palabras de Alberto ante el Consejo pusieron en evidencia que nada de eso era cierto.

La propuesta económica es inamovible y las CAC se mantendrán, salvo que la comunidad internacional las modifique para todos los países, ocurrencia entre improbable e imposible.

El diálogo con el Consejo de las Américas.

También el Grupo de las 6 cámaras patronales pidió un esfuerzo final a los acreedores para aceptar la propuesta de pago de buena fe del Estado Nacional, compatible con las posibilidades de crecimiento.

En una semana movida, el Presidente se hizo tiempo para recibir al gobernador y al ministro de Seguridad bonaerenses, Axel Kicillof y Sergio Berni, para coordinar políticas, luego del encuentro del cirujano Berni con la ministra federal Sabina Federic.

El resultado de estas reuniones será el relanzamiento del programa Cinturón Sur, que Nilda Garré puso en práctica con buenos resultados durante su gestión en seguridad, y que luego se fue diluyendo.

Nadie discute su necesidad en la post pandemia.