LA PIEDRA DE LA LOCURA, de Horacio Verbitzky - 23/8/2026

El Bosco: Extracción de la piedra de la Locura (1475-1480).

Intervenido por Navaja, animado por Silvia Canosa

La idea no es nueva.
Desde que Javier Milei asumió la presidencia, ronda la sospecha de que sus facultades intelectuales no están alineadas como corresponde.
Pero a medida que se aproxima el último año de su mandato de cuatro, esas conjeturas se parecen cada vez más a convicciones y se pronuncian en voz más alta y en ámbitos más significativos, como contamos la semana pasada.
Como un mal de época, esto ocurre también en Estados Unidos con el Presidente Donald Trump.
En 2011 el director escocés David Mackenzie dirigió la película Perfect Sense, en la que la humanidad va perdiendo uno por uno los sentidos del olfato, el gusto, el oído y la vista, y cada pérdida va precedida por una crisis física o emocional colectiva.
Pero luego la humanidad se adapta y sigue viviendo con el resto de los sentidos.
El último que se pierde es la vista, de modo que la película (y se supone la vida en el planeta) transcurre en la más completa oscuridad. 

Sólo subsiste el tacto.

Todo parece indicar que ni en Estados Unidos ni en la Argentina el proceso de adaptación a una modificación tan insoportable llegará a ese punto.
Antes, las respectivas sociedades extraerán la piedra de la locura del cráneo de sus gobernantes.
Ese es el tema y el título del cuadro que El Bosco pintó entre 1475 y 1480 en los Países Bajos, aunque hoy se exhibe en el Museo del Prado de Madrid.
Es el que Navaja intervino y Silvia Canosa animó e ilustra la portada de esta edición de El Cohete a la Luna.

En ambos países, ambas sociedades lo están intentando. 

Aquí comenzaron con la gigantesca movilización de 60 cuadras, en una cola que comenzaba frente al ataúd del Indio Solari en Villa Domínico y terminaba en la Ciudad de Buenos Aires.
Continuó con una operación parecida a la de El Bosco, con la extracción de los dos títulos fundamentales del proyecto de ley de los Hermanos Milei que hubieran consagrado la extranjerización de tierras y las condiciones para el manejo de aquellas consumidas por el fuego.
Y hubo un rebrote nacionalista en torno de las islas Malvinas.
La diputada Agustina Propato se negó a ocultar una remera con el perfil de las islas, como exigió la embajadora británica, con el apoyo de varios legisladores argentos.
El torpe castigo impuesto a la AFA por la FIFA contribuye a mantener esa tensión.

En Estados Unidos el primer aviso fue la elección como intendente de Manhattan de Zohran Mamdani, un socialista democrático que es el primer alcalde musulmán de la Gran Manzana, y prosiguió con una sucesión de derrotas de los precandidatos preferidos por Trump en las primarias republicanas, tanto en estados gobernados por los republicanos cuanto por los demócratas.
Los socialistas han comenzado a mencionar una posible candidatura presidencial para suceder a Trump de la legisladora más joven de la historia, Alexandria Ocasio - Cortez, de 35 años.
Esta ex camarera de origen portorriqueño sería la heredera perfecta de Bernie Sanders.
Esto ha hecho crecer el temor de que Trump falsee los resultados en la elección de noviembre, tal como intentó en 2020.

Allí sólo faltan tres meses para la próxima cita a las urnas, pero en la Argentina eso recién ocurrirá avanzado el año próximo.
La fecha exacta dependerá de la eliminación o el mantenimiento de las PASO.
Suprimirlas, o al menos suspenderlas por la próxima contienda, es el objetivo principal al que dedica todos sus esfuerzos la Zarina en la mesa política que comparte con libertarios y PROcaces.
Sin embargo, aquí también es ostensible que la campaña ha comenzado, y con ella las especulaciones sobre una hipotética remoción del Presidente, por aplicación de la Doctrina El Bosco.

Milei no cesa de acumular contratiempos.

El más reciente fue la detención en Bolivia de su operador Fernando Cerimedo, en prisión preventiva por al menos seis meses, por el intento de feminicidio de su pareja, la abogada Nadia Beller, baleada por dos sicarios disfrazados de repartidores de comida, en una dirección a la que fue enviada por Cerimedo a buscar documentos probatorios de un presunto abuso sexual de Evo Morales contra una chiquita de 13 años.

Una acusación similar se lanzó contra Evo en 2020, por estupro agravado y trata/ tráfico de personas, del que había nacido una criatura, pero la fiscalía no sostuvo la denuncia porque no halló pruebas.
Cerimedo forma parte de una red de ultraderecha.
Se jacta de haber participado en las acciones para conseguir las victorias de los partidos extremistas en la Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Honduras y estar trabajando en el mismo sentido contra Lula en Brasil y Claudia Sheinbaum en México. 

Sheinbaum lo reveló en una de sus mañaneras de esta semana, con una sonrisa irónica.

Nadia Beller ha concedido entrevistas desde el hospital donde fue internada en Santa Cruz de la Sierra.
Entre otras cosas, contó que estaba embarazada de Cerimedo, quien es asesor del Presidente boliviano Rodrigo Paz.
También dijo que Cerimedo le contó que la hermana de Milei estaba involucrada en casos de corrupción.
Pero también le mostró un cajón repleto de dinero que, dijo, debía entregarle a la Zarina, con lo cual él sería parte de lo que denunciaba.

Según Beller, Cerimedo y su pareja estable, Natalia Basil, fueron quienes filtraron los audios de Diego Spagnuolo, sobre el 3% de Andis para la Guantanamera. 

Basil renunció a la dirección de Apoyos y Asignaciones Económicas de la Agencia Nacional de Discapacidad en noviembre de 2024, cuatro meses después de que se grabaran esos audios (en julio de 2024) y diez meses antes de que se difundieran (en agosto de 2025).
Esto parece avalar que Milei no tiene contacto con Cerimedo desde hace más de un año, como afirma el entorno presidencial.
El creador de La Derecha Diario se desplazó a Bolivia para trabajar con Rodrigo Paz.
Otro aspecto llamativo de esta turbia historia es que las dos fotos que se difundieron de Beller, una en la cama del hospital, y otra bien pintada y vestida, son muy distintas.
La nariz de la segunda parece de otra persona, posterior a una cirugía, una secuencia imposible.

Nadia después del atentado.

Nadia y Cerimedo.

En el celular del detenido se encontró la grabación de un diálogo en el que Cerimedo dice: "O la eliminamos ya o estamos jodidos. ¿Conoces a alguien que pueda hacer el trabajo?”

Ella le había anticipado que iba a hacer público todo lo que sabía sobre los negocios de Cerimedo con los Hermanos Milei, porque él la había golpeado pese a saber que estaba encinta.
Luego de un ataque de llanto, en el que reclamaba ver a sus hijos, la declaración indagatoria de Cerimedo se postergó para el viernes 21.
Al comienzo de una audiencia de siete horas, el juez Wilson Espada rechazó todas las nulidades articuladas por la defensa de Cerimedo, y terminó por aceptar la solicitud de la fiscalía: 180 días hábiles de prisión preventiva en la cárcel de alta seguridad de Palmasola.

Cherchez la femme

El gobierno argentino se lanzó a una apasionada defensa de Cerimedo, implicando a Nadia Beller en un autoatentado, pese a que los médicos bolivianos certificaron la extracción de varios proyectiles de su cuerpo y lesiones en el tórax, el brazo derecho, el cuello y el hombro izquierdo.
También le colocaron una placa metálica y clavos para iniciar la reconstrucción del hombro destruido.
La decisión de Beller de incriminar a la Zarina en el cobro de coimas y de involucrar a Cerimedo en esas revelaciones, ¿es la represalia de la mujer por los golpes que le propinó Cerimedo y su intento de abandonarla para dirigirse a Buenos Aires, donde tenía otra pareja femenina?

Otro mensaje recibido por Cerimedo dice: "Hermano, en este momento le dispararon...".
A diferencia de las actuaciones de la Justicia argentina en casos equivalentes, los jueces y fiscales de Santa Cruz de la Sierra actuaron con rapidez en la investigación y la recolección de pruebas, accedieron al contenido de los teléfonos de los protagonistas e impidieron la fuga de Cerimedo cuando ya había embarcado rumbo a Buenos Aires, donde fue ostensible la protección con que contaba.
Aunque lo extrajeron de la máquina que ya carreteaba, Cerimedo dejó una carta manuscrita en la que niega haber intentado fugarse de Bolivia.
La diputada maquilladora Lilia Lemoine posteó que "los sicarios estudiaron en la academia para copitos Montiel".

De este modo comenzó la operación para desdeñar lo sucedido, tal como hicieron hace cuatro años cuando no salió la bala percutida por Sabag Montiel a centímetros del rostro de CFK.
Milei reposteó los textos de Lilia Lemoine, aunque no tiene forma de negar su relación estrecha con Cerimedo, de quien se afirma que se desprendió del paquete accionario de La Derecha Diario.
La continuidad o no de Milei en un segundo mandato fue el tema principal en los corrillos del encuentro de la Sociedad de las Américas, que presidió la adiestradora de presidentes Susan Segal. 

Milei no la reconoció y siguió de largo sin saludarla.

Susan Segal. Condenados al éxito.

En otra nota de esta edición, Lucka Glezer te ofrece todos los detalles de lo que se trató y qué posición sostuvo cada asistente.
Ni siquiera se privaron de decir que estaban "hartos" de Milei. 

Ya sin Corona a la q­ue rendir cuentas, o detrás de la cual escudar sus negocios, José Luis Manzano va en camino de convertirse en uno de los empresarios más poderosos del país.
El Presidente contribuyó con una nueva ronda de destratos a los industriales metalúrgicos, que están entre los más castigados por las políticas de su gobierno y que no piensan en nada con más insistencia que en su reemplazo dentro de un año.
Luego de mencionar a Paolo Rocca y a Javier Madanes Quintanilla, espetó: "Los prebendarios hijos de puta tienen que quebrar".

En una deriva errática, pasó de la economía al descenso de la natalidad, que atribuyó a una de sus obsesiones.
"La Argentina paga muy cara la locura de los pañuelitos verdes", dijo.

Quien le respondió fue Kirchner, durante una extensa entrevista con Facundo Pedrini, que es uno de los directivos de Crónica Televisión, un periodista joven que pregunta bien en medios audiovisuales, aunque no siempre tiene la información correcta sobre cada tema.
Kirchner respondió: "El aborto fue sancionado en 2020 y la tasa de natalidad viene decreciendo desde 2015.
O sea, el Presidente está diciendo algo que es mentira para tratar de dividir más, pivotar sobre esa cosa celeste - verde que fue muy maniquea".

En el lenguaje de Milei, Cerimedo estaría haciendo pagar cara a la Argentina la locura de las balas celestes con las que intentó eliminar a su pareja embarazada.
La participación de Susan Segal en un foro en el que se discute con tanta franqueza el futuro de Milei se explica por el disgusto de una parte significativa del poder económico estadounidense con el Presidente Donald Trump.
El Council of Americas, fundado en 1963 por el banquero David Rockefeller, nieto del CEO de la Standard Oil, y la Sociedad de las Américas, creada dos años después, defienden los intereses de las grandes empresas estadounidenses en Centro y Sub América y no necesariamente las políticas coyunturales de un determinado gobernante de su país.

Trump es el primer mandatario que intentó, y sigue intentando, llevarse por delante el sistema de controles fijado por la Constitución.
Su actitud imperial no es del agrado de los emperadores tradicionales que, de todos modos, agradecen la rebaja de impuestos, habitual entre los republicanos.
Además, el poder de Trump coincide con el crecimiento de una nueva élite tecnocrática, del mismo estilo del Presidente, como Elon Musk, Peter Thiel, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Tim Cook, Sundar Pichai y Sam Altman.

Además de la reforma electoral, Milei está empeñado en reemplazar la ley de sociedades 19.550, de 1972.
Es uno de los proyectos que Sturzenegger había elaborado para Patio Bullrich en 2023.
Ingresó al Senado el 1° de junio de 2026 y permanece en la Comisión de Legislación General, que ha convocado a especialistas de distintas tendencias.
La mayor discusión giró en torno a las denominadas sociedades automatizadas, manejadas por algoritmos, sin socios humanos.
Ante el caudal de críticas, el gobierno se muestra dispuesto a corregir ese punto.
De sancionarse, se incrementaría la autonomía de los socios y el estatuto prevalecería sobre la ley, cuyas normas pasarían a ser supletorias.
Es un esquema vigente en Estados Unidos, que la jueza Loretta Preska aplicó en el caso por la expropiación de YPF, pero que la Cámara de Apelaciones de Wall Street revirtió, porque la jueza tomó en cuenta el estatuto de Repsol-YPF y no la ley argentina de expropiación.

Paralelo al proyecto de ley de sociedades, el gobierno también intenta que el Congreso sancione el de patentes, que es uno de los rubros en los que la industria argentina compite con las de Estados Unidos y Europa: la de medicamentos.
La Cámara que las agrupa (CILFA) objetó el título II del proyecto transcripto por El Coloso, al paladar del Big Pharma.
Por lo que se escuchó en el Council of Americas, los laboratorios locales, que importan los principios activos de la India entre otros países, y con ellos producen aquí los medicamentos, consiguieron que ese modus operandi no sea afectado por la nueva ley.

Eduardo Basualdo.

Por su parte la ex Presidenta CFK está trabajando en varios borradores con los que confrontará al gobierno de los Hermanos Milei en los próximos meses.
Por un lado, se propone institucionalizar a los grupos económicos dentro de la ley de sociedades.
El pionero en esa materia fue el economista e historiador Eduardo Basualdo, que trabajó el tema junto con Daniel Azpiazu, Miguel Khavisse y Pablo Manzanelli, entre otros.
Fallecido en 2024 a los 79 años, también avanzó con borradores de un proyecto de ley, que es el material sobre el que está trabajando Cristina.
Es el intelectual orgánico que mayores aportes hizo en el último medio siglo para entender los desafíos que enfrenta el pueblo argentino.
Creó y dirigió el área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

La idea es modernizar la legislación.

Alemania sancionó una ley similar en 1975, que fue seguida por Portugal, Italia, Suiza, España, Noruega, Francia, Brasil, México, Colombia y Chile, entre otros.
La institucionalización de los grupos económicos debería disminuir los elevados niveles de elusión, evasión y fuga de dólares al exterior y reorientar el excedente a la inversión productiva para el desarrollo.
Desde el golpe de 1976 hasta el año pasado se fugaron 436.000 millones de dólares. Esto equivale a un PBI y medio. 

En proporción al tamaño de las respectivas economías, esto es el triple que en Brasil.

Esta ley aminoraría la restricción externa de la economía bimonetaria que caracteriza al país, agravada por el crecimiento exponencial del endeudamiento externo, desde el macrismo en adelante.
Esto podría lograrse sin crear nuevos impuestos ni incrementar los existentes.
Así se interrumpiría el círculo vicioso de evasión, fuga, crisis y endeudamiento.
Si el proyecto de Sturzenegger reduciría los controles y la regulación estatal, el de Basualdo incrementaría la fiscalización y delimitaría la actividad de las sociedades offshore constituidas en guaridas fiscales.

Los grupos son inexistentes para la ley, pero fundamentales en el funcionamiento de la economía.
Su incorporación en la ley general de sociedades permitiría regular las maniobras de evasión y elusión fiscal, las triangulaciones de comercio exterior entre empresas vinculadas, la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones, con la consecuente manipulación de precios de transferencia.
Los sistemas de control y justicia adquirían así nuevos instrumentos, para reforzar la capacidad fiscal y equilibrar las cuentas públicas.
Así se alivianaría la carga sobre las pymes, la clase media y el conjunto de los trabajadores.

Desde que asumió Milei cerraron más de 30.000 pymes.

Un dato que siempre asombra es que la Argentina está entre los cinco países que tienen la mayor cantidad de dólares en guaridas fiscales del mundo.
Como lo que se fuga no es el consumo de los propietarios de las mayores empresas, sino la inversión, esto limita la capacidad de desarrollo productivo y genera las tensiones cambiarias que disparan la inflación.
Investigaciones globales, como los Pandora Papers, muestran que nueve de las diez familias más ricas del país figuran en esos documentos con sociedades y fideicomisos offshore.
Un dato que requerirá amplia difusión para salir al paso de las previsibles campañas de desinformación, como ya ocurrió con el impuesto extraordinario a las grandes fortunas que presentó el diputado Máximo Kirchner, sólo afectará al 3% de las empresas argentinas. 

Son las que más ganan y menos pagan.

LA TRIPA FÉTIDA DEL FASCISMO, por Sandra Russo, Página 12, 22 de agosto de 2026

Nada podría sintetizar mejor la locura criminal que traen los tecnofachos que el episodio Cerimedo.
Ninguno de los Chucky que promueven y hacen ganar en la región de modo sucio puede gobernar sin la ayuda de algún Cerimedo en la oficina de al lado.
Están desplegando justo ahora su pseudogramsciana “batalla cultural”.

El escándalo también hace trizas esa idea de un Gramsci que nunca estuvo a su alcance: no concibió a los intelectuales orgánicos como matones ni corruptos hasta la médula ni estafadores.
El fascismo no puede argumentar ni crear porque su lenguaje es falso, es un pobre rejunte de falacias, números falsos, operaciones de cancelación y gente de mierda.

El caso Cerimedo trae también la problemática de género como telón de fondo. Esa con la que la ultraderecha se está metiendo para eliminar todas las conquistas y devolvernos al centro del hogar, porque los varones y mujeres - patriarcado 2.0 full full - que la encarnan necesitan infancias a su disposición.
El detalle es que sus políticas de hambre en todos los países que cayeron en su red impiden que haya varones proveedores.

Una vez más, además de crueldad con las mujeres, locura y perversión.
Como en Chile, donde Kast quiere que las mujeres violadas sean obligadas a escuchar los latidos de feto antes de abortar.
Que se lo cuenten a Cerimedo.

Van por la derogación de las leyes de interrupción voluntaria del embarazo, la educación sexual integral, y la baja de la figura de femicidio en todos los países donde meten la bota, que ahora se llama algoritmo.
Tomo este eje aunque podría tomar cualquier otro, en los que están funcionando como una motosierra institucional y vital.
Lo tomo por el síntoma Cerimedo.

Es el principal operador de la ultraderecha en la región desde que comenzó el proyecto de la internacional fascista.
El que fundó junto a su mujer - que él llama “su mentora” - La Derecha diario en plena pandemia, cuando Milei hacía sketches idiotas en televisión.
El que responde al norte, al que Cristina decía que había que mirar si le pasaba algo.
Trabaja en todas partes, como en Honduras, intentando crear una realidad paralela de noticias falsas para abortar - eso sí les cabe - cualquier intento de gobierno popular en el patio de atrás.

Organizó miles de cuentas falsas que llamaron a los bolsonaristas a intentar el golpe de enero de 2023.
Ahora mismo se encontraron en su casa boliviana gran cantidad de boots a favor de Milei.

Y de pronto, azarosamente, porque Nadia Beller sobrevivió por milímetros y el húmero fracturado le protegió el pulmón, la verdad de su propia naturaleza criminal está expuesta.
Y no solo la suya: expone la tripa fétida del fascismo, que contiene lo peor de la condición humana.
Cerimedo es una de las herramientas indispensables para construir lo que estos pervertidos llaman “gobernabilidad”.

¿Cómo se defiende?
“Un autoatentado”. Como dijeron de Cristina.

Se repiten. Están gastados.
Repitiendo gansada tras gansada, porque ahora del otro lado no los escucha una masa alienada de pelotudos, sino un pueblo desesperado que está podrido de que este tipo tenga en mente hacer otro recital.
La gente se muere y él piensa en él.

Cerimedo, el tipo que hace ganar elecciones a los presidentes “celestes”, manda a matar a su pareja embarazada.
No más palabras, ¿no?

El rey ya estaba desnudo, no sólo por sus debilidades evidentes y su inferioridad ética y estética.
Milei es como todos los demás engendros.
Pero el episodio Cerimedo, en esta etapa que comenzó con su propia detención y siguió con las explosivas declaraciones de su víctima frustrada, lo que deja ver no es la desnudez de la ultraderecha global, sino su tripa: y está podrida.

Milei es el que vimos con los ojos estallados.
Nada le cierra y ofende con su ensimismamiento, burlándose de los millones de personas que no llegan a fin de mes.
Todo se le cae.
Thiel se le borró de la cumbre.
Lo resiente que exista gente de carne y hueso.
Gente que es del mal, porque quieren que haya un Estado que regule, que ampare, que se ponga del lado suyo y no del de su verdugo.
Que exijamos vivir y pensar y comer nos hace “malditos”.

Milei está chocando de frente contra la verdad, porque nunca hubo posverdad. Hubo manipulación y encubrimiento.
Eso es Cerimedo además de un femicida, o mejor dicho de un feminicida, porque nada menos que el Jefe de la Policía boliviana fue su cómplice.

La verdad sigue viva y presente en los estómagos y el desánimo de la buena gente que ya no tiene ganas de vivir.
Y está viva y arde en la ira que sentimos.

Es el momento de aullar.

LOS LÍMITES DEL DERECHO PENAL FRENTE AL LENGUAJE, por Dr. José Manuel Ubeira - 29/4/2026

I Los límites del Derecho Penal frente al lenguaje.

Hay discusiones que parecen jurídicas, pero en verdad revelan un problema mucho más vasto. 

Se presentan bajo la forma de una pregunta técnica, de una disputa de competencia, de un conflicto de interpretación o de una controversia sobre el alcance de una norma. 

Sin embargo, cuando se las examina con detenimiento, dejan al descubierto una inquietud más honda: el modo en que una sociedad convive con sus palabras, con sus agravios, con sus temores, con sus enemistades y con sus límites.

El problema del lenguaje pertenece a esa especie de cuestiones. 

A primera vista, podría creerse que se trata apenas de un asunto de libertad de expresión o, en todo caso, de la clásica tensión entre discurso ofensivo y tutela jurídica. 

Pero no es sólo eso. 

En su fondo late una pregunta más exigente: qué puede hacer el derecho frente a la palabra cuando la palabra deja educar moralmente a una comunidad. 

Su función es más modesta, pero también más severa: intervenir allí donde la conducta ha alcanzado un umbral tal de lesión o peligro que la sociedad considera legítimo responder con la forma más intensa de coerción estatal. 

Justamente por eso, cuando se pretende llevarlo hacia el terreno del lenguaje, aparece una alarma legítima. 

Porque si el derecho penal empieza a castigar demasiado pronto, deja de sancionar hechos para comenzar a vigilar ideas. 

Y si se abstiene por completo, puede desconocer que las palabras, aun antes de convertirse en actos penalmente típicos, participan en la fabricación del clima moral y político de una época.

Este libro se sitúa en esa zona de tensión. 

No pretende clausurar el debate, sino abrirlo con más profundidad. 

No busca ofrecer una fórmula simple allí donde la realidad es compleja. 

Busca, más bien, delimitar. Pensar. Advertir. 

Mostrar que el lenguaje puede ser una antesala de la lesión, sin por ello convertir al derecho penal en censor del pensamiento. 

Mostrar que la democracia necesita defender la libertad, pero también comprender que ciertas formas del decir degradan los presupuestos mismos de la convivencia.

Hablar del lenguaje no es hablar de algo accesorio. 

Es hablar del tejido invisible con el que las sociedades nombran a sus miembros, ordenan sus ansias de ser mera comunicación y empiezan a operar como fuerza de degradación, de exclusión, de hostilidad o de preparación de daños mayores.

El derecho penal, por su estructura, no fue concebido para administrar el universo entero de los significados sociales. 

No nació para ordenar sensibilidades, corregir brutalidades verbales ni diferencias y administrar sus conflictos. 

Es hablar de la sustancia simbólica de la vida común. 

Y cuando esa sustancia se corroe, el derecho suele llegar tarde. 

Por eso, quizá, la mayor utilidad de esta reflexión no consista en señalar cuándo castigar, sino en comprender cuándo advertir.

II La palabra y su sombra

Durante mucho tiempo, las palabras fueron pensadas como instrumentos secundarios de la acción. 

Algo así como prólogo, acompañamiento o justificación de lo verdaderamente importante: el hecho. 

Bajo esa mirada, el lenguaje parecía pertenecer al ámbito de lo etéreo, de lo no consumado, de lo reversible. 

Un espacio de circulación simbólica donde podían nacer las ideas, la crítica, la ofensa o la provocación, pero donde todavía no se había ingresado en el territorio duro de la lesión.

Sin embargo, la historia desmiente esa simplificación. 

Las sociedades no se organizan solamente por la fuerza de los hechos, sino también por la persistencia de los nombres. 

Todo orden político está sostenido por un lenguaje: el que describe, el que clasifica, el que legitima, el que excluye. 

Se gobierna con normas, pero también con relatos. 

Se reprime con armas, pero antes se construyen discursos que vuelven tolerable la represión. 

Se discrimina con decisiones, pero previamente se degrada con palabras. 

Se naturaliza el daño mucho antes de producirlo.

La palabra, entonces, tiene sombra. 

A veces ilumina, permite deliberar, persuadir, disentir, construir.

Otras veces envilece, reduce, simplifica, caricaturiza, enemista. 

Una comunidad democrática necesita el lenguaje para vivir, pero también puede ser dañada por él. 

Ésa es su paradoja. 

La democracia no existe sin libertad de expresión, pero la libertad de expresión no elimina por sí sola el problema de los usos destructivos del lenguaje.

Hay expresiones que hieren sin ser delito. 

Hay discursos que corroen sin encuadrar todavía en un tipo penal. 

Hay climas verbales que empobrecen la vida pública sin que pueda trazarse, en cada caso, una relación causal inmediata con un acto lesivo determinado. 

Allí se encuentra la dificultad central. 

Porque el derecho, acostumbrado a trabajar con categorías precisas, se enfrenta a una materia escurridiza, ambigua y dependiente del contexto.

La palabra no es una bala. Pero tampoco es aire. 

Tiene densidad social. Tiene dirección política. Tiene memoria. 

Y, sobre todo, tiene capacidad para alterar el modo en que una sociedad imagina al otro. En esa capacidad reside su potencia más inquietante.

III El derecho penal y su tardanza necesaria

Decir que el derecho penal llega tarde no es formular una crítica. 

Es, en realidad, reconocer su naturaleza. 

El derecho penal debe llegar tarde. 

Debe hacerlo cuando otras herramientas ya no alcanzan, cuando el conflicto ha atravesado cierto umbral, cuando el daño se ha consumado o cuando el peligro ha adquirido una exteriorización suficiente y verificable. 

Su intervención tardía constituye una garantía contra el abuso. 

Si el poder punitivo pudiera adelantarse demasiado, si le fuera permitido irrumpir en el terreno de la mera sospecha o de la incomodidad ideológica, el resultado sería devastador para la libertad.

Por eso el lenguaje incomoda al derecho penal. 

Porque el lenguaje habita, por definición, una zona anterior al daño consumado. 

Se mueve en el terreno de la insinuación, de la amenaza eventual, de la construcción simbólica, de la predisposición colectiva. 

Y el derecho penal, cuando es fiel a su lógica, desconfía de ese terreno. 

Necesita más. 

Necesita precisión, exteriorización, adecuación típica, prueba, contexto, dolo, lesividad. 

No puede actuar sólo porque una expresión parece peligrosa o moralmente repudiable.

Esa limitación no debe ser vista como impotencia, sino como sabiduría institucional. 

Los sistemas penales que se arrogan la facultad de castigar palabras de contorno impreciso terminan por ocupar un lugar que no les corresponde. 

Se convierten en administradores de ortodoxias, en guardianes de sensibilidades oficiales, en censores con vocabulario jurídico. 

Y cuando eso ocurre, la libertad deja de ser una garantía para convertirse en una concesión condicionada.

La tardanza del derecho penal preserva, además, otro valor esencial: el conflicto político legítimo. 

Una democracia vigorosa no es aquella en la que desaparece el desacuerdo, sino aquella en la que el desacuerdo puede desplegarse sin que toda fricción sea traducida a clave criminal. 

El derecho penal no debe transformarse en un modo de gestionar la crispación social. 

No puede ser el árbitro general de los excesos del debate público. 

Su intervención debe quedar reservada para los casos en que la palabra ya ha traspasado el límite de la opinión, de la crítica o incluso de la injuria moralmente repudiable, y se ha transformado en amenaza concreta, hostigamiento definido, persecución específica o incitación suficientemente determinada.

Esa modestia institucional del derecho penal es, en definitiva, una forma de humildad democrática. 

Allí donde el poder podría sentirse tentado de controlar el lenguaje, el garantismo recuerda que no todo lo malo es punible, ni todo lo dañino puede ser corregido con castigo.

IV. El peligro de castigar demasiado

Cuando una sociedad se siente herida por sus palabras, la pulsión de castigar se vuelve comprensible. 

Resulta natural pensar que, si ciertos discursos degradan la convivencia, el Estado debería intervenir con energía para erradicarlos. 

Sin embargo, ése es justamente el punto en el que conviene detenerse. 

Porque el paso que va de la preocupación legítima al punitivismo expansivo suele ser breve, y sus consecuencias, graves.

El gran riesgo consiste en que el derecho penal abandone la sanción de conductas y avance sobre el control de contenidos. 

Allí deja de preguntarse qué hizo alguien para empezar a indagar qué quiso decir, qué idea sostuvo, qué visión del mundo expresó, qué sensibilidad hirió. 

En ese desplazamiento, el objeto del castigo cambia de naturaleza. 

Ya no se castiga una lesión concreta o una incitación inequívoca, sino una forma de pensamiento considerada intolerable.

La historia política moderna ofrece demasiados ejemplos de ese desvío. 

En nombre del orden, de la moral, de la unidad nacional, de la defensa de las instituciones o de la paz pública, innumerables regímenes persiguieron opiniones. 

Lo hicieron con vocabularios cambiantes, pero con una lógica constante: presentar el control del lenguaje como una necesidad colectiva. 

Lo que empezaba como tutela del bien común terminaba casi siempre como herramienta de silenciamiento.

El derecho penal debe resistir esa tentación. 

No por romanticismo liberal, sino por razón republicana. 

El poder de castigar es demasiado grave para ser usado como corrector general del discurso social. 

Allí donde la tipicidad se vuelve vaga, donde la valoración depende en exceso de impresiones morales o de climas políticos, la arbitrariedad encuentra terreno fértil.

Y la arbitrariedad, en materia penal, nunca es un accidente menor: es una fisura en el corazón mismo del Estado de derecho.

Esto no significa aceptar con indiferencia la brutalización del lenguaje. 

Significa, precisamente, distinguir.

Hay una enorme diferencia entre condenar ética, cultural o políticamente una expresión, y considerarla apta para justificar una pena. 

Confundir ambos planos debilita el orden jurídico. 

La democracia necesita reprobar mucho más de lo que castiga. Su salud depende, en buena medida, de que esa diferencia siga viva.

V El peligro de no castigar nunca

Pero del otro lado acecha un error distinto, no menos empobrecedor: creer que las palabras carecen de relevancia material y que, por lo tanto, cualquier preocupación jurídica por sus efectos constituye una exageración. 

Esa mirada reduce el lenguaje a puro humo. 

Lo supone incapaz de producir mundo, incapaz de predisponer conductas, incapaz de erosionar vínculos sociales. 

Se trata de una ingenuidad cómoda, pero profundamente falsa.

Las palabras no son neutras. No porque siempre causen daño, sino porque siempre participan de relaciones de poder. 

Nombrar es ordenar. Definir es jerarquizar. Repetir es sedimentar. 

El lenguaje no cae sobre una superficie vacía; se inscribe en historias, desigualdades, memorias, miedos y estructuras de reconocimiento. 

Cuando ciertas expresiones se reiteran desde lugares de autoridad o se amplifican sobre sectores ya vulnerables, sus efectos no son meramente emocionales. 

Afectan la posición pública de las personas. 

Las vuelven sospechosas, despreciables, inferiores o descartables.

Allí aparecen los llamados discursos de odio, categoría difícil, a veces mal usada, pero imposible de ignorar. 

Su problema no reside solo en la violencia verbal que exhiben, sino en el modo en que construyen un marco de degradación del otro. 

No se limitan a disentir: buscan despojar de dignidad. 

No se conforman con cuestionar conductas: atacan la legitimidad misma de la existencia pública del adversario o del diferente. 

Operan como un trabajo lento de deshumanización.

Ahora bien, que el lenguaje pueda hacer esto no significa que toda palabra hostil sea punible. 

Significa algo más sutil e inquietante: que una sociedad puede deteriorarse profundamente aun antes de que el derecho penal tenga algo claro que decir. 

Los grandes procesos de envilecimiento político no comienzan, por regla, con los hechos extremos. 

Comienzan con la habituación. Con la pérdida del sobresalto. 

Con la aceptación resignada de que determinadas formas de nombrar al otro ya no escandalizan.

Por eso, negar toda potencia dañosa al lenguaje equivale a dejar ciego al derecho y sorda a la política. 

Es olvidar que los hechos más graves suelen tener un prólogo verbal. 

No un prólogo determinista, no una línea mecánica e inevitable, pero sí una preparación cultural. 

La violencia, antes de instalarse en los cuerpos, suele buscar alojamiento en las palabras.

VI Democracia, conflicto y límites

Ninguna democracia madura puede construirse sobre la ilusión de un habla pura. El conflicto forma parte de la vida política. 

La crítica severa, la ironía, la denuncia vehemente, la palabra incómoda e incluso el tono agrio son componentes inevitables de una sociedad libre. 

Pretender una conversación pública completamente higienizada sería desconocer la naturaleza misma del pluralismo. 

Allí donde existen intereses, memorias, proyectos y visiones del mundo en disputa, también existe fricción verbal.

Sin embargo, una cosa es el conflicto y otra la demolición del lenguaje común. 

El desacuerdo democrático presupone todavía un reconocimiento mutuo: el adversario puede ser combatido, pero no anulado como interlocutor humano. Cuando ese presupuesto se pierde, el conflicto deja de ser político y empieza a deslizarse hacia otra cosa. 

Hacia la enemistad absoluta, hacia la descalificación ontológica, hacia la exclusión del otro del campo de los iguales.

La democracia necesita, entonces, una ética del límite. 

No una ética impuesta penalmente en todos los casos, sino una conciencia colectiva de que no toda libertad se honra del mismo modo. 

Hay palabras que, aun cuando no merezcan castigo, degradan el espacio público. 

Hay estilos de argumentación que, aunque formalmente tolerables, empobrecen la deliberación común. 

Hay modos de nombrar que preparan la fractura.

El derecho penal puede custodiar algunos umbrales extremos. 

Puede intervenir cuando la palabra se transforma en amenaza, incitación concreta, persecución o violencia jurídicamente delimitable.

Pero los límites más importantes de una democracia no se sostienen sólo con jueces y códigos. 

Se sostienen, sobre todo, con cultura política, con memoria histórica, con responsabilidad institucional y con una ciudadanía capaz de advertir el deterioro antes de que deba ser judicializado.

Ésa es, quizá, la verdad más incómoda de este problema: el derecho puede hacer poco si la sociedad ha decidido acostumbrarse a su propio envilecimiento verbal. 

Ninguna condena repara por sí sola un ecosistema discursivo degradado. 

Ninguna sentencia restituye automáticamente la dignidad del lenguaje común. 

Lo que está en juego no es sólo la licitud de ciertas expresiones, sino la calidad de la vida democrática que esas expresiones vuelven posible o imposible.

VII Lo que el derecho no puede hacer

Toda reflexión seria sobre el lenguaje y el castigo debe reconocer, tarde o temprano, una evidencia: el derecho penal no puede asumir la tarea de reorganizar simbólicamente a una sociedad. 

No puede educar por sí mismo. 

No puede producir empatía. 

No puede sanar fracturas culturales profundas. 

No puede reconstruir el valor de la palabra responsable. 

Y cuando pretende hacerlo, suele fracasar o producir efectos peores.

El castigo puede inhibir conductas puntuales. 

Puede sancionar determinados excesos. 

Puede trazar fronteras jurídicas claras en casos límite. 

Pero no puede reemplazar a la política, ni a la educación, ni a la cultura, ni al trabajo institucional que exige una convivencia democrática robusta. 

Querer que el derecho penal haga todo eso equivale a pedirle que se transforme en una tecnología moral total. 

Y una democracia que deposita semejante expectativa en el castigo ya ha empezado, de algún modo, a desertar de otras responsabilidades.

Lo que el derecho no puede hacer, entonces, debe ser asumido por otros ámbitos. 

La escuela, en su sentido más amplio, tiene la obligación de formar sensibilidad democrática. 

Los medios tienen la responsabilidad de no convertir el agravio en mercancía permanente. 

Los dirigentes deben medir el peso político de la palabra pública. 

Las instituciones deben ofrecer marcos de debate que no premien sistemáticamente la humillación del adversario. 

Y cada ciudadano debe interrogar el modo en que participa del habla común.

Este señalamiento no es ingenuo. No supone que basten buenos modales o exhortaciones morales para resolver conflictos estructurales. 

Supone algo más concreto: que el lenguaje público no se corrige únicamente con represión. 

Se corrige, sobre todo, con prácticas. Con ejemplos. Con contradiscurso. Con memoria. Con cultura del límite. 

Con una pedagogía cívica que recuerde que la libertad de decir no equivale a la nobleza de lo dicho, pero tampoco habilita al Estado a convertirse en tutor 

de conciencias.

En esa tensión vive la madurez republicana. 

Saber que el derecho penal es necesario, pero insuficiente. 

Saber que hay palabras inadmisibles en términos éticos sin que por eso toda inadmisibilidad se vuelva punible. 

Saber, en suma, que la defensa de la dignidad democrática empieza mucho antes de los tribunales.

VIII Advertir antes de que sea tarde

Tal vez el mayor valor de una reflexión como ésta no consista en proponer nuevos castigos, sino en rescatar la importancia de la advertencia. 

Advertir significa leer los signos tempranos del deterioro. 

Hay que reconocer que el lenguaje, cuando se embrutece de manera persistente, no sólo refleja una crisis de la convivencia: también la profundiza. 

Advertir es no esperar al hecho extremo para empezar a pensar. 

Es no delegar por completo en el aparato judicial la custodia del lazo social.

La advertencia, en este sentido, tiene una dimensión profundamente política. 

No equivale a censurar, sino a hacerse cargo. 

A comprender que una comunidad democrática no se destruye únicamente cuando caen sus instituciones formales, sino también cuando se vacía el lenguaje que las sostenía. 

Cuando el otro deja de ser adversario y pasa a ser amenaza constitutiva. 

Cuando el insulto deja de ser excepción y se vuelve idioma. 

Cuando la humillación se transforma en espectáculo ordinario.

Los procesos de degradación histórica rara vez se anuncian con grandilocuencia. Suelen instalarse de manera gradual. 

Una palabra que antes resultaba intolerable deja de escandalizar. 

Una descalificación que parecía excesiva comienza a parecer normal. 

Una metáfora degradante se repite hasta perder su filo. 

El deterioro se vuelve costumbre. 

Y cuando la costumbre se consolida, el derecho penal, aun si llega, encuentra una sociedad ya anestesiada.

Por eso importa tanto pensar antes. Nombrar antes. Resistir antes. 

No para encerrar la vida pública en una moralina frágil, sino para preservar aquello sin lo cual no hay democracia que resista: la posibilidad de disentir sin destruir, de confrontar sin aniquilar, de hablar sin degradar sistemáticamente al otro.

Quizá allí se encuentre la tarea más difícil. 

No en castigar, sino en sostener un idioma común lo suficientemente libre para admitir el conflicto y lo suficientemente digno para no convertir ese conflicto en una maquinaria de deshumanización. 

El derecho penal puede custodiar el borde último. 

Pero el centro debe ser defendido por la propia sociedad.

Y ese centro no es otro que la conciencia de que las palabras importan. 

Importan porque anteceden. Porque modelan. Porque predisponen. 

Porque revelan el tipo de comunidad que somos capaces de construir o de arruinar. Importan porque, antes de que los hechos lleguen, ya han empezado a trabajar en silencio sobre el mundo.

IX Cierre

El problema del lenguaje frente al derecho penal no admite salidas simples. 

Toda simplificación, en esta materia, es peligrosa. 

Si se absolutiza la libertad de expresión hasta volverla indiferente a cualquier daño, se banaliza el poder corrosivo del discurso. 

Si se absolutiza la tutela penal del lenguaje, se abre la puerta a la censura y a la persecución de ideas. 

Entre ambos extremos se extiende una zona exigente, incómoda, pero indispensable: la del pensamiento democrático.

Pensar democráticamente esta cuestión exige aceptar simultáneamente dos verdades. 

La primera: el derecho penal debe tener límites estrictos y no puede convertirse en herramienta general de regulación del habla social. 

La segunda: el lenguaje no es inocuo y sus efectos pueden ser política y socialmente devastadores aun antes de que exista delito. 

Sostener juntas estas dos verdades es más difícil que abrazar uno de los extremos. 

Pero sólo esa dificultad merece el nombre de reflexión seria.

En definitiva, el desafío no consiste únicamente en decidir cuándo castigar, sino en comprender cómo convivimos. 

Qué toleramos. Qué dejamos pasar. Qué naturalizamos. Qué rechazamos. 

Qué memoria conservamos para advertir los primeros síntomas de la degradación. 

Y qué responsabilidad estamos dispuestos a asumir, colectivamente, para que el derecho no deba intervenir cuando ya es demasiado tarde.

Porque, al final, el problema no es sólo jurídico. 

Es una pregunta sobre la democracia misma. 

Sobre su lenguaje, sus límites y su porvenir.

Bibliografía de referencia

Butler, Judith. Lenguaje, poder e identidad. Madrid, Síntesis.
Ferrajoli, Luigi. Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Madrid, Trotta.
Foucault, Michel. Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Buenos Aires, Siglo XXI.
Habermas, Jürgen. Facticidad y validez. Madrid, Trotta.
Nino, Carlos Santiago. Fundamentos de derecho constitucional. Buenos Aires, Astrea.
Ricoeur, Paul. Sí mismo como otro. Madrid, Siglo XXI.
Waldron, Jeremy. The Harm in Hate Speech. Cambridge, Harvard University Press.
Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro. Derecho penal. Parte general. Buenos Aires, Ediar.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, informes sobre libertad de expresión y discurso discriminatorio.

EL PRESIDENTE PIRRO, de Horacio Verbitzky - 9/8/2026

Una vez por año, Milei fracasa en el intento de extranjerizar la tierra

Goya, Preso encadenado (1816). 

Intervenido por Navaja, animado por Silvia Canosa

Desde Ecuador, hacia donde voló para que Victoria Villarruel no pudiera desempatar la votación en caso de empate en el Senado, el Presidente Javier Milei se enteró de que su fuerza de tareas libertaria había conseguido aprobar la ley con el pomposo título de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. 

Su proyecto reunió 37 votos en el Senado, contra 33 por la negativa. 

Para llegar a ese resultado debió rebanarle varios capítulos, antes y después del dictamen firmado el 20 de mayo. 

Quedó tan poco, que tal vez ni siquiera tenga sentido asaltar los muros de la Cámara de Diputados.

Primero se cayó el título referido a los barrios populares. 

El Registro Nacional de Barrios Populares fue creado en 2018 por la ley 27.453, sancionada con un apoyo muy amplio de oficialismo y oposición, gracias a la bendición del Papa Bergoglio, tramitada por sus gestores locales.

Ya a punto del ingreso al recinto del Senado para comenzar la sesión, también debieron amputarle el título sobre extranjerización de tierras rurales, lo cual provocó una respuesta insultante del senador entrerriano Joaquín Benegas Lynch  - hermano de Bertie, con quien lo confundieron varios medios -, ofendido porque Juliana Di Tullio había pedido que se le impidiera votar por el conflicto de intereses que supondría su empresa, especializada en la venta de tierras a extranjeros. 

La sesión comenzó con una cuestión de privilegio, en la que Benegas Lynch describió su actividad como la búsqueda de inversión privada para desarrollar al país, y la comparó con la de un médico que opina sobre salud. 

Pero como buen escorpión libertario, no se privó de calificar a los aliados con los que el gobierno estaba negociando de "tibios ignorantes del medio". 

Esto terminó de volcar el voto adverso del senador de Santa Cruz, José María Carambia, quien llegó a exigir un pedido de disculpas.

Viva la Patria

La extensa sesión, desde mediodía hasta la madrugada, siguió volcando decisiones. 

Primero gobernadores peronistas como Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz, el populista neuquino Rolando Figueroa y el misionero Hugo Passalacqua, declararon que no podían apoyar esa ley, y a medida que avanzaba el debate distintos senadores lo corroboraban. 

Un aspecto llamativo era que ninguno de los representantes del oficialismo argumentaba sobre las virtudes de la ley. 

Se concentraban en cambio en la denigración de los opositores. 

Descolló en esa tarea sucia Ezequiel Atauche, quien englobó todas sus aversiones en "el riesgo kuka". 

Señaló sectores del recinto trazando un arco con la mano y dijo: "Primero llegaban hasta allí. Luego se limitaron hasta aquí. Y después de la próxima elección no pasarán de allí porque son una especie en extinción". 

Wado de Pedro intentó encuadrar la sesión dentro de una idea general sobre los efectos estructurales de largo plazo del gobierno libertario. 

Reseñó cómo el Poder Ejecutivo consigue que los gobernadores den el apoyo de sus legisladores y dijo que la última concesión ha sido delegar en las provincias funciones exclusivas del gobierno nacional, lo cual implica un retroceso de dos siglos, hasta las Provincias Unidas del Río de la Plata, poniendo en entredicho la existencia misma de la Nación Argentina. 

Terminó su alocución con un estentóreo Viva la Patria.

Sólo Patio Bullrich predicó los beneficios de la ley, pero lo hizo sin demasiado apego por la realidad y en un tono por momentos balbuceante y siempre provocador. 

Su sonrisa irónica cuando ya era indudable el fracaso oficial, cayó perpendicular en la Casa Rosada, donde la Zarina y los primos Menem mascullaban rencor, porque ella los condujo al recinto asegurando que tenía los votos asegurados. 

Quedó la duda de si estaba elaborando un engaño a conciencia o no entendía de qué hablaba cuando se llevó las manos a las sienes y preguntó para qué alguien que quería construir un proyecto inmobiliario quemaría un bosque. 

Dijo que sería más caro. (!) 

Los argumentos de libertarios y aliados giraron en torno a la conveniencia individual de una persona afectada: el propietario de un departamento al que no le pagan el alquiler; el titular de un campo incendiado que no puede utilizarlo para un proyecto inmobiliario durante décadas; el dueño de un bien declarado de utilidad pública con fines de expropiación. 

Esa es la propiedad privada que intentaba blindar la ley, sin reparar en el drama de quienes debido al incremento de los alquileres y la caída de los salarios deben elegir entre alimentarse y pagar los servicios esenciales o cumplir con el dueño que les alquila; al incluir el lucro cesante de un bien declarado de utilidad pública, dificulta que en el futuro se revierta su expropiación; no se toma en cuenta el cambio climático que propicia los incendios forestales y simplifica el trabajo de los pirómanos. 

En la fila de San Cayetano, una mujer con su hijita contaba que le llegó la orden de desalojo porque no pudo pagar el alquiler y que no sabía dónde ir en esa noche gélida.

El gobernador riojano Ricardo Quintela había advertido que el peronismo estaba dispuesto a expropiar todo lo que ahora se privatizara. 

Pero es ostensible que no hay unanimidad en ese campo. 

Desde la gobernación bonaerense dejaron saber que ese no era el plan de su mandatario, que aspira a la presidencia y se desespera por descontaminar la K de su apellido. 

Después de la medianoche, Bartolomé Abdala cedió la presidencia a las Carolinas, la radical santafesina Losada y la peronista jujeña Moisés, y comenzó a recorrer las bancas cuchicheando con varios de sus ocupantes. 

Quería verificar si contaba con los votos necesarios para la aprobación en particular de lo que quedó de la ley luego de la ablación de la extranjerización de tierras. 

Comprobó que la ley del manejo de fuego resistiría el embate de los negociantes como Benegas Lynch. 

Su autor fue, durante el gobierno anterior, el diputado Máximo Kirchner, y uno de los principales operadores para sostenerla, Sergio Tomás Massa, a quien acudió Juliana Di Tullio para que activara sus fuerzas. 

Un documento de un centenar de organizaciones de la sociedad civil circuló con cuestionamientos técnicos y políticos a la ley y a los RIGIS. 

Y se sucedieron los pronunciamientos de personalidades e ídolos populares, con gran penetración entre los más jóvenes, como el futbolista Licha Martínez, los cantautores Fito Páez y Juana Molina, las directoras Dolores Fonzi y Lucrecia Martel y los artistas juveniles Emilia Mernes, Lali Espósito, Tini Stoessel, Nicki Nicole, Milo J, Trueno, Dillom, Ca7riel, La Faraona y María Becerra. 

El pronunciamiento de Tini Stoessel abatió al oficialismo, porque tiene 22 millones de seguidores en las redes antisociales y llega a sectores que no suelen movilizarse por temas políticos y sociales. 

En una historia de Instagram escribió: "La patria no se vende". 

Además invitó: "Nos vemos el 6/8 en el Congreso. Defendamos nuestra soberanía". 

Haber impulsado el tratamiento de esta ley a una semana del partido de fútbol con Inglaterra y del trapo "Las Malvinas son Argentinas" es una de las exhibiciones de impericia más destellantes del oficialismo.

El extravagante canciller Pablo Quirno explicó que una empresa extranjera podría comprar una provincia entera y que eso sería bueno para el país, cosa que motivó una serie de aclaraciones del gobierno.

Y el Ministro de Economía Luis Caputo fustigó a "los tarados que hablan de la industria", mientras desde el Círculo Rojo se dejaba trascender que luego de su viaje de inspección de tres días, Kristalina Georgieva lamentó que la complacencia social con el programa económico no estuviera a la altura del entusiasmo con que Milei y Caputo se la habían presentado. 

El año pasado, el jefe de asesores del Presidente, Demián Reidel, dijo ante un grupo de empresarios extranjeros durante el LatAm Forum que la Argentina tiene "grandes extensiones de tierra con acceso a energía y agua, climas fríos, que es la cereza del postre para el enfriamiento de los sistemas de Inteligencia Artificial; y además, estamos en un área sin conflictos armados, sin tsunamis, sin terremotos. No hay muchos lugares en la Tierra con esas cualidades. El único problema es que está llena de argentinos". 

En mayo de este año fue imputado por presunta malversación de fondos durante su presidencia de Nucleoeléctrica. 

No volvió a ocupar cargos en el gobierno de Milei, quien lo presentó públicamente como "un genio". 

Tampoco se sabe si sigue reescribiendo junto con el Presidente una historia de la economía, con la que anticiparon que podrían ganar el Premio Nobel.

Este es el tercer fracaso del intento por ofrecer al extranjero todos los bienes de la Argentina, incluyendo sus recursos naturales. 

El primero fue a poco de asumir, con el decreto ómnibus 70/23. 

Su artículo 154 contenía la ley de extranjerización de tierras. 

El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo en ese momento del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº 4 de La Plata, dictó una medida cautelar, a solicitud del CECIM, que es el Centro de ex Combatientes de Malvinas de La Plata. 

La disputa por las Malvinas y la soberanía territorial sobre el resto del país están ligados en forma indisoluble. 

Kreplak consideró verosímil el derecho invocado y vio peligro en la demora, porque la derogación de la Ley 26.737 podría afectar bienes constitucionalmente protegidos, como la soberanía sobre las tierras rurales, y si el artículo del DNU seguía vigente mientras se resolvía el fondo de la cuestión, podrían venderse tierras a extranjeros, que sería difícil o imposible revertir luego.

La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que el Congreso sancionó en junio de 2024, reincluyó la extranjerización de tierras, pero igual que ahora la resistencia de distintas fuerzas políticas y sociales obligaron al Poder Ejecutivo a retirar esos puntos para conseguir la aprobación del resto.

No es descartable que haya una cuarta tentativa, aunque en este momento no es imaginable, porque su rechazo coincide con un desplome llamativo de opiniones favorables a Milei y a su gobierno. 

Por primera vez llegan a ser superadas 7 a 3 por las desfavorables. 

Pero la mayor novedad es que como nunca antes también son mayoritarias las opiniones negativas sobre el futuro, tanto cuando se pregunta por cómo imagina el entrevistado su propia situación dentro de un año, cuanto si la consulta es sobre el estado general de la economía del país. 

El trasfondo que emerge con mucha fuerza es la exaltación de valores colectivos que tienen que ver con la patria y la identidad nacional. 

Esto fue desencadenado por la increíble torpeza del gobierno en cuanto a la participación del combinado y de la hinchada nacional (que fue de las más numerosas) en el torneo de fútbol de Norteamérica. 

La prohibición de exhibir carteles o banderas "con el mapita de las islas Malvinas" que comunicó la Ministra de Inseguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, generó una reacción paradojal. 

Luego de la dramática victoria sobre Inglaterra, con dos goles agónicos concebidos por Messi y concretados por Enzo y Lautaro, los jugadores argentinos exhibieron en su festejo la bandera pintada en una sábana por un par de hinchas con la escueta consigna "Las Malvinas son Argentinas". 

Ver a Messi saltando y cantando, antes de explicar que su pensamiento estaba en los compatriotas que la pasan mal y no llegan a fin de mes, fue tan asombroso como conmovedor, e hizo posible que se definieran personalidades como Tini, un producto de la Factoría Disney, a quien nadie hubiera asociado ni con la política ni con el nacionalismo.

Aún está por verse hasta dónde penetrará este tsunami y qué dejará cuando las aguas de esta pasión se retiren. 

Esto no es por completo sorprendente. 

En octubre - noviembre de 2025 se realizó una encuesta (AMLAT Radar) en 10 países latinoamericanos sobre la mirada de la opinión pública de la región sobre Europa y América Latina. 

Entre las varias preguntas se incluyó una sobre las prioridades de la política exterior según cada país. 

"Defender la soberanía" estuvo en el primer lugar entre los y las argentinas.

A la mañana siguiente a la sesión del Senado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó que la inflación de julio fue del 2,9%. 

Esta semana el INDEC divulgará el número nacional. 

Pero el porteño ya deja saber que reaparece el serrucho, con un nuevo empinamiento del índice, cuando Milei creía que esa ya era una batalla ganada.

Candidatura natural

Una vez más, las fuerzas federales de inseguridad, más la policía porteña, atacaron a los manifestantes que habían colmado la plaza del Congreso, reclamando el rechazo del proyecto oficial, pese a que no hubo otra cosa que el intento de un pequeño grupo de desplazar una valla. 

El saldo fue de una docena de detenidos y un herido grave, una fotógrafa con conmoción cerebral por un impacto en el cráneo.

Foto: Luis Angeletti.

Entre quienes aparecieron en la plaza, por un breve lapso, estuvo el jefe del movimiento futurista, creado para disputar con la ex Presidenta CFK la conducción del peronismo, Axel Kicillof. 

Su decisión de dar la espalda al encuentro en homenaje al asesinado obispo Enrique Angelelli, al cumplirse medio siglo del simulado accidente que le costó la vida en La Rioja, ha causado incomodidad en sus propias filas. 

Kicillof supone que el trasvasamiento de las adhesiones a Cristina en su favor será automático, cuando se trate de ofrecer una alternativa a la reelección del Presidente Javier Milei. 

Sin embargo, todos los sondeos realizados hasta ahora indican que ambos serían competitivos si todas esas voluntades se reunieran tras uno de ellos, ya que sus electorados se solapan con exactitud. 

Eso no quiere decir que si se presentaran por separado, esos votos se repartirían en forma equitativa. 

Lo más probable es que Axel o Cristina absorberían el núcleo duro y que la otra candidatura se desinflaría, como ya ha ocurrido en elecciones anteriores.

Kicillof con Berenice. Romper las bolas.

La gran ventaja del economista es que la ex Presidenta ha sido proscripta por una decisión judicial. 

Kicillof era la figura preferida de Cristina para ocupar su lugar. 

Pero eso es lo que hace tan difícil comprender por qué lleva más de un año dedicado a confrontar con ella, en términos cada vez más ásperos. 

Ya sea decidiendo el momento de las elecciones provinciales sin atender la opinión de ella, declarándose neutral en la elección por la presidencia del PJ nacional, no interesándose por su salud cuando fue operada de urgencia, sin visitarla en el departamento donde cumple su condena; mandándola a callar a través de su delegado para la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, cuando el gobernador toma una decisión, u ordenándole que "se deje de hinchar las bolas", como dijo la oportuna legisladora porteña del futurismo Berenice Iañez.

La cita riojana convocada por el gobernador Ricardo Quintela dio una idea precisa sobre la percepción que anima al futurismo. 

Un grupo de partidarios de Kicillof, cuya máxima representación allí fue la jefa de asesores del gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, entonó la letanía kicillofiana contra la mala onda de la ex mandataria hacia el candidato natural. 

Alguien hizo una pregunta:

- ¿Por qué es el candidato natural?

La respuesta fue inmediata:

- Estatizó las AFJP, Aerolíneas Argentinas e YPF.

El silencio más incómodo siguió a la réplica:

- Las AFJP fue Boudou...

La precisión es necesaria para que relatos fantasiosos no ocupen el lugar de la realidad: Aerolíneas Argentinas y el régimen previsional fueron recuperados en 2008 e YPF en 2012.
Kicillof sólo tuvo participación en el último caso, cuando el ministro de Economía era Hernán Lorenzino.
En Aerolíneas y las AFJP el ministro era Carlos Fernández.

Pero en los tres casos, esas estatizaciones tuvieron lugar durante la segunda presidencia de CFK, que es su principal responsable.
Fue significativo el rol de Amado Boudou, como director de la ANSES, que intervino en el financiamiento y la gestión de las empresas con participación estatal. 

Él fue quien expuso la iniciativa de terminar con la privatización del sistema previsional, primero ante Sergio Massa, que era su jefe directo, luego ante la Presidenta y por último convenció al ex Presidente Néstor Kirchner de la conveniencia de la operación. 

A raíz de ello, Cristina lo designó Ministro de Economía en julio de 2009.En 2012, Kicillof era vicepresidente de YPF, mientras Boudou era Vicepresidente de la Nación.

Luego hubo otra pregunta respecto de su desempeño como gobernador de la provincia de Buenos Aires, que sus partidarios encomiaban.

- ¿Y cómo lo saben?

El grupo se dispersó en distintas direcciones. 

Nadie quería hablar.

Escudo y red

Más allá de las subjetividades, hay informaciones objetivas que no se pueden soslayar. 

El miércoles 5 se conocieron los datos oficiales sobre la evolución de los salarios docentes en la provincia de Buenos Aires: están en los niveles más bajos del siglo desde que asumió Kicillof, en diciembre de 2019. 

En 2024, Buenos Aires se ubicaba en el puesto 13 entre todas las provincias argentinas, apenas 14 puntos por debajo de las provincias con mayores salarios docentes relativos. 

En los dos años siguientes cayó al puesto 21, sólo por delante de Misiones, Mendoza y Chubut. 

Y en marzo de 2026, Buenos Aires estaba 38 puntos porcentuales por debajo de Neuquén, la provincia con mejor sueldo relativo a su costo de vida.

Un informe del portal Chequeado sostiene que en marzo de 2026 un docente de primaria de la provincia de Buenos Aires con 10 años de antigüedad cobró 891.493 pesos, es decir una caída del 22,7% real (considerando el efecto de la inflación) con respecto al cuarto trimestre de 2019. 

La caída comenzó con la devaluación dispuesta al asumir por el Presidente Javier Milei y la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). 

Varios gobernadores compensaron ese recorte con partidas provinciales, pero "Kicillof no cubrió con recursos propios este componente salarial", dice Chequeado. 

Es decir, los datos contradicen el discurso del escudo y la red que el gobernador atribuye a sus políticas.

Chequeado precisa que esos datos surgen del análisis del salario de bolsillo de un docente de grado con jornada simple (que implica un promedio de 4 horas de clases) y 10 años de antigüedad, reportados en el Informe Indicativo del Salario Docente que elabora la Secretaría de Educación de la Nación. 

Esto es lo que efectivamente percibe luego de los descuentos previsionales y otros. Me hubiera gustado hacerle algunas preguntas al gobernador sobre estos datos, pero Kicillof es intemperante con quienes no se limitan a reproducir las consignas que elabora su oficina de propaganda, y se niega a hablar con El Cohete. 

No insulta a los periodistas como Milei, pero les deja saber el fastidio que le provocan sus preguntas, no sus opiniones. 

Así como no se animó a cruzarse con el diputado Kirchner en La Rioja, también se cuida de analizar su gestión con periodistas que no estén bajo la sugestión de su pauta publicitaria.

Durante casi todo el primer mandato de Kicillof, el poder adquisitivo del salario docente se ubicó 25% real por encima del registrado a fines de 2019. 

El Presidente era el Doctor Fernández. 

La Vicepresidenta CFK gestionaba en la Casa Rosada las transferencias hacia La Plata, para los docentes pero también para las fuerzas policiales, que se amotinaron en septiembre de 2020. 

Llegaron a manifestarse frente a la residencia del gobernador, quien se dispuso a abandonarla junto con su familia. 

A través del Ministro de Seguridad, Sergio Berni, Cristina le indicó que, de hacerlo, sellaría el fin de su gobierno, que aún no había cumplido un año. 

Ella se abocó a conseguir los fondos nacionales con los que Kicillof pudo anunciar un Plan Integral de Seguridad, con un fuerte aumento salarial, incremento de la compensación por uniforme, mejoras en horas extras, incorporación de móviles y equipamiento. 

Fue en detrimento de la coparticipación transferida a la Ciudad de Buenos Aires, con un gobierno PROcaz.

Los sueldos docentes bonaerenses cayeron 22,7% en lo que va de la gestión de Kicillof y se ubicaron en los niveles más bajos desde 2004, según los registros oficiales.

El profesor e investigador de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Cristian Caracoche, indicó que mientras varios gobernadores decidieron compensar el recorte del FONID mediante partidas provinciales, la administración de Axel Kicillof, afectada por la reducción de transferencias de origen nacional, no cubrió con recursos propios este componente salarial, "lo que implicó un nuevo retroceso en términos relativos para el ya golpeado salario docente”.