BORRADOR DE DONDE MUEREN LAS PALABRAS

 

 

Donde mueren las palabras

En 1978, el Episcopado católico sabía y encubrió.

 

POR Horacio Verbitsky

 

marzo 24, 2026

 

 

Aramburu y Primatesta. Los amigos de Videla

 

 

El dictador Jorge Videla le confesó a la cúpula de la Iglesia Católica argentina en 1978 que los detenidos - desaparecidos habían sido asesinados.

Los prelados informaron al Vaticano y se ofrecieron para asistir a la Junta Militar en el manejo del tema, pero resolvieron no pronunciarse en público.

 

En el bicentenario del 25 de mayo de 1810, el arzobispo de Mercedes - Luján, transmitió a la entonces presidenta CFK, una solicitud de indulto firmada por Videla, Benito Bignone y un centenar de los principales represores de la dictadura.

Revelé ambos episodios en el diario porteño Página/12, pero no hubo medios ni organizaciones que siguieran el tema.

 

Durante semanas, las mayores celebraciones populares de la historia argentina tuvieron lugar por el Bicentenario.

El Episcopado Católico realizó dos ceremonias litúrgicas.

Una en la catedral porteña, donde se leyó un texto sobre la reconciliación, y otra en la Basílica de Luján, a cargo del arzobispo Agustín Radrizzani.

Al concluir la liturgia, el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, que me había llevado en su automóvil, me guió por los laberintos internos de la Basílica, hasta el camarín de Radrizzani.

 

Luego de un diálogo cordial, durante el cual se descargó de los atuendos litúrgicos, el obispo le entregó a Oliveri un papelito con una cruz manuscrita, a guisa de certificación de autenticidad, y junto con ella varias hojas mecanografiadas y con las firmas ológrafas de los ex dictadores Videla y Bignone, del general Santiago Omar Riveros, el comisario Miguel Etchecolatz y el sacerdote Christian von Wernich, el ex jefe del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército Carlos Tepedino y su especialista civil en organizaciones religiosas Julio Cirino, varios miembros del grupo de tareas de la ESMA, los procesados por la masacre de Margarita Belén y un centenar de ex militares, marinos, policías, penitenciarios y agentes civiles de Inteligencia detenidos.

Como la jerarquía eclesiástica obvió el protocolo y entregó la solicitud al Ministerio en forma extraoficial, sin una nota introductoria, el gobierno decidió no contestar.

 

El Episcopado Católico siempre repitió que el sacramento de la reconciliación o la penitencia requiere algunas condiciones ineludibles: el reconocimiento de los yerros, su detestación y la búsqueda de posibles caminos de reparación.

Pero la carta que entregó Radrizzani no cumple con ninguna de esas condiciones.

Los represores rechazan la justicia y no tienen la humildad de pedir perdón, por crímenes que no reconocen ni se arrepienten.

Sólo ofrecen olvidar el mal que les habrían hecho a ellos y no vengarse.

 

EL indulto que gestionó el Episcopado

 

Preguntas sin respuesta

 

En el almuerzo con los tres obispos, Videla dijo que le gustaría brindar la información que le solicitaban, pero que en cuanto se comunicara que los detenidos - desaparecidos habían sido asesinados comenzarían las preguntas acerca de quién mató a cada uno, cuándo, dónde y en qué circunstancias y qué destino se dio a sus restos.

La respuesta a esas preguntas sigue pendiente 34 años después. Hace dos semanas se identificaron los restos de 12 personas sepultadas en Loma del Torito, terrenos de la guarnición del Cuerpo de Ejército III, en La Calera, Córdoba.

Pero no fue debido a información suministrada por quienes les quitaron la vida, sino a partir de testimonios de víctimas sobrevivientes, de algún militar resentido porque le negaron el ascenso y por equipos multidisciplinarios que utilizaron métodos e instrumental científico.

Con el Equipo Argentino de Antropología Forense colaboró el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba.

 

Videla habló con la mayor franqueza, como se hace entre amigos: dijo que “el gobierno no puede responder sinceramente, por las consecuencias sobre personas”, un eufemismo para referirse a quienes se encargaron de que los restos de las víctimas desaparecieran por el agua, la tierra o el fuego.

Al eludir las explicaciones, la Junta Militar puso bajo sospecha a la totalidad de los cuadros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, algo que recién comenzó a disiparse con la reapertura de los juicios, en los que con las garantías del debido proceso se establecen las responsabilidades que la Junta ocultó.

 

Hasta esta semana se han pronunciado 1231 condenas y 250 absoluciones.

En total quedan 504 detenidos, de los cuales 425 cumplen su condena en prisión domiciliaria, 18 en el Servicio Penitenciario Federal y 61 en la U34 de Campo de Mayo.

Ese 84,3% que vive en su casa, sin instrumentos de sujeción, con permisos regulares de salida para ir al médico, hacer las compras, visitar a un pariente o pasear al perro, muestra que en democracia nadie está condenado de antemano, que puede ejercer su derecho a defensa y que recibe mejor trato que los procesados o condenados por un robo o un homicidio sin tinte político.

 

 

Es hora de pasear

 

En el documento secreto sobre este diálogo, que encontré en la carpeta que ocupaba el sitio 24 - II del Archivo de la Conferencia Episcopal, la afirmación de Videla sobre la protección a quienes cumplieron sus órdenes criminales está agregada a mano por el cardenal Raúl Primatesta, que presidía la Conferencia Episcopal y que fue acompañado en la reunión por sus dos vicepresidentes, Vicente Zazpe y Juan Aramburu.

En abril de 2012 la jueza federal de San Martín, Martina Forns, interrogó a Videla en forma exhaustiva sobre su contenido.

 

Un sistema, no excesos

 

El 10 de abril de 1978, Emilio Fermín Mignone, cuya hija Mónica Candelaria había sido secuestrada en mayo de 1976, redactó sin pausa tres densas carillas a un solo espacio y las envió con un mensajero a la sede de la Conferencia Episcopal.

También esa carta se conserva en el archivo secreto que el Episcopado guarda en su sede de la calle Suipacha, en la carpeta titulada “Personas detenidas y desaparecidas, 1976-1983”.

 

Mignone escribió que a dos años y medio del golpe, era indudable que la desaparición forzada de personas constituía “un sistema y no excesos aislados”.

 

El fundador del CELS describió ese sistema: el secuestro, el robo, la tortura y el asesinato, “agravado con la negativa a entregar los cadáveres a los deudos, su eliminación por medio de la cremación o arrojándolos al mar o a los ríos o su sepultura anónima en fosas comunes”. Y se realizaba en nombre de “la salvación de la ‘civilización cristiana’, la salvaguardia de la Iglesia Católica”, colocando “como valor supremo la denominada ‘seguridad colectiva’ sobre cualquier otro principio o valor, incluso los más sagrados”.

 

Añadió que “sobre la mentira nada perdurable puede fundarse”. Mignone insistió en la necesidad de que el gobierno informara “cuál ha sido la suerte de cada ‘desaparecido’, la inmensa mayoría de los cuales, todos lo sabemos y también los obispos, han sido arrestados por organismos de las Fuerzas Armadas o de Seguridad.

Y esto, monseñor, es lo que le pedimos que ruegue, exija, obtenga del Presidente de la República esta mañana”.

 

Al día siguiente, Zazpe le informó a Mignone que la Comisión Ejecutiva le había transmitido a Videla “todo lo que dice su carta”. Dijo que habían sido “tremendamente sinceros y no recurrimos a un lenguaje aproximativo” pero le advirtió, como si se tratara de una accesoria cuestión técnica, que había una “divergencia con su carta” acerca de la publicidad o reserva de esta entrevista.

“En esta ocasión volvió a recurrirse a la reserva.”

 

Primatesta informó luego a la Asamblea Plenaria que los obispos le plantearon a Videla los casos señalados en su carta por Mignone, de presos que en apariencia recuperaban su libertad pero en realidad eran asesinados; que se interesaron por sacerdotes desaparecidos, como Pablo Gazzarri, Carlos Bustos y Mauricio Silva, y por otros detenidos de los que pidieron la libertad y/o el envío al exterior.

Pero el desarrollo completo de la reunión sólo está contenido en una minuta preparada por la propia conducción episcopal para informar al Vaticano y que nunca fue publicada antes de mi nota del 6 de mayo de 2012.

 

Primatesta, Zazpe y Aramburu la redactaron en la sede de la Conferencia Episcopal al terminar el almuerzo antes de que los detalles se desvanecieran en su memoria.

El gobierno negaba que hubiera presos políticos porque todos los detenidos eran “delincuentes subversivos y económicos”, incluso los sacerdotes arrestados.

Las desapariciones de personas eran obra del terrorismo para desprestigiar al gobierno, que compartía las inquietudes de los obispos.

 

Los tres agradecieron a Videla por haber reconocido la existencia de excesos en la represión pero dijeron que no conocían que se hubiera castigado a los responsables, que era otra de las reflexiones de Mignone.

En un clima que Aramburu describió como cordial, Primatesta lamentó que Videla no pudiera tomar “todas las medidas que quisiera”, con lo cual lo exculpaba de los hechos por los que le reclamaban.

En un tono lastimero, Videla dijo que no era fácil admitir que los desaparecidos estaban muertos, porque eso daría lugar a preguntas sobre dónde estaban y quién los había matado.

 

Primatesta hizo referencia a las últimas desapariciones producidas durante la Pascua, en San Justo, “en un procedimiento muy similar al utilizado cuando secuestraron a las dos religiosas francesas”.

La minuta redactada al concluir el almuerzo reconstruye la réplica textual de Videla ante la solicitud: “El presidente respondió que aparentemente parecía que sería lo más obvio decir que éstos ya están muertos, se trataría de pasar una línea divisoria y éstos han desaparecido y no están.

Pero aunque eso parezca lo más claro sin embargo da pie a una serie de preguntas sobre dónde están sepultados: ¿en una fosa común?

En ese caso, ¿quién los puso en esa fosa?

Una serie de preguntas que la autoridad del gobierno no puede responder sinceramente por las consecuencias sobre personas”, es decir los secuestradores y asesinos.

 

 

Emilio Mignone

 

Primatesta insistió en la necesidad de encontrar alguna solución, porque preveía que el método de la desaparición de personas produciría a la larga “malos efectos”, dada “la amargura que deja en muchas familias”. Videla asintió. También él lo advertía, pero no encontraba la solución. Este diálogo de extraordinaria franqueza muestra el conocimiento compartido sobre los hechos y la confianza con que se analizaban tácticas de respuesta a las denuncias que ambas partes sentían como una amenaza.

Las actitudes de los eclesiásticos tenían sutiles matices. Zazpe preguntó: “¿Qué le contestamos a la gente, porque en el fondo hay una verdad?”. Según el entonces arzobispo de Santa Fe, Videla “lo admitió”. Aramburu explicó que “el problema es qué contestar para que la gente no siga arguyendo”, cómo sacárselos de encima. Los jefes del Ejército y de la Armada descargaban su responsabilidad, cada uno en el otro, y la Iglesia les seguía el juego. Según Aramburu, cuando Videla repitió que “no encontraba solución, una respuesta satisfactoria, le sugerí que, por lo menos, dijeran que no estaban en condiciones de informar, que dijeran que estaban desaparecidos, fuera de los nombres que han dado a publicidad”. Primatesta explicó que “la Iglesia quiere comprender, cooperar, que es consciente del estado caótico en que estaba el país” y que medía cada palabra porque conocía muy bien “el daño que se le puede hacer al gobierno con referencia al bien común si no se guarda la debida altura”. Tal como le dijo Videla al primer periodista que lo entrevistó, el español Ricardo Angoso, de Cambio 16, “mi relación con la Iglesia Católica fue excelente, muy cordial, sincera y abierta”, porque “fue prudente”, no creó problemas ni siguió la “tendencia izquierdista y tercermundista”. Condenaba “algunos excesos”, pero “sin romper relaciones”. Con Primatesta, hasta “llegamos a ser amigos”. Sobre el conflicto interno, que Videla llama guerra, “también tuvimos grandes coincidencias”. Zazpe murió en 1984, Aramburu en 2004, Primatesta en 2006 y Videla en 2013. Pero los documentos sobre ese diálogo entre amigos siguen hasta hoy en el archivo secreto del Episcopado.

 

A raíz de la confesión de Videla a Ricardo Angoso y a Ceferino Reato, la jueza federal de San Martín, Martina Forns, a cargo de la investigación sobre los restos de Mario Santucho, citó a declarar al ex dictador. Videla dijo que él había decidido ocultar el destino de los restos para evitar homenajes pero que quien sabía qué habían hecho con ellos era el entonces jefe de Campo de Mayo, general Santiago Riveros. Videla respondió sin rodeos: dijo que los detenidos-desaparecidos eran “condenados” y “ejecutados” y que ese método se había adoptado por comodidad porque creían que “no provocaba el impacto de un fusilamiento público”, que “la sociedad no iba a tolerar”. Agregó que “era difícil pensar que tantas personas podían ser juzgadas y la Justicia estaba asustada por la persecución que habían sufrido los jueces” del Camarón, el tribunal especial que actuó entre 1971 y 1973 durante la penúltima dictadura. Cuando Forns lo interrogó sobre las listas de personas detenidas-desaparecidas, Videla contestó que eran incompletas y que no se publicaron, porque contenían errores e inexactitudes y no hubo acuerdo entre las tres Fuerzas Armadas que compartían el gobierno. Agregó que la información sobre el destino de cada persona es “una obligación moral” pero que no es fácil cumplir con ella “por la forma tabicada en que se procedía y en algunos casos no hay rastros de eso y no puede publicarse a medias”. Como se ve, en su explicación ante Primatesta, Zazpe y Aramburu, Videla fue mucho más sincero, porque hablaba entre amigos.

Luego de la publicación, la jueza Forns solicitó la entrega del documento a la Conferencia Episcopal. Sin dilación, recibió una copia. De este modo, la máxima conducción católica de la Argentina corroboró en un expediente judicial que tanto la Iglesia argentina como la Santa Sede, para la que se confeccionó esa minuta, estaban al tanto del asesinato de las personas cuya desaparición era denunciada por sus familiares y por los organismos defensores de los derechos humanos.

Junto a esta nota se puede ver el facsímil que obtuve en forma subrepticia, con la complicidad de personal laico y religioso de la sede de la calle Suipacha que el propio Videla donó a la Conferencia Episcopal antes de dejar el poder, en 1981. Arriba a la derecha del documento se observa el número con que está archivado, lo cual da una idea de la magnitud de ese archivo cuya misma existencia la Iglesia negó, en una nota que en el año 2000 me dirigió su presidente, cardenal Estanislao Karlic. El mismo documento, pero sin ese número que el Espiscopado suprimió, fue el remitido a la jueza Forns. Arriba a la izquierda se lee “Es Copia Fiel” y abajo a la derecha consta el sello de la Conferencia Episcopal Argentina. En ambos ejemplares de ese documento secreto se observa que la afirmación de Videla sobre la protección a quienes cumplieron sus órdenes criminales está completada a mano por Primatesta.

Videla le dijo a Ricardo Angoso que “mi relación con la Iglesia Católica fue excelente, muy cordial, sincera y abierta”, porque “fue prudente”, no creó problemas ni siguió la “tendencia izquierdista y tercermundista” de otros Episcopados. Condenaba “algunos excesos”, pero “sin romper relaciones”. Con Primatesta, hasta “llegamos a ser amigos”. Se nota.

 

Videla: mi amigo Primatesta

 

 

Buenos Oficios

Videla también habló con una revista de Córdoba sobre la complicidad de la Iglesia Católica con la dictadura militar. Pio Laghi, Primatesta y otros obispos de la Conferencia Episcopal no sólo asesoraron a la Junta sobre cómo manejar la cuestión de los detenidos-desaparecidos. También le ofrecieron sus “buenos oficios” para informar a algunas familias del asesinato de sus hijos garantizando que no lo hicieran público. Se comprende por qué hasta hoy la Iglesia no excomulgó a Videla.

La entrevista con la revista cordobesa El Sur, que edita en Río Cuarto Hernán Vaca Narvaja, fue realizado en tres partes por el periodista Adolfo Ruiz, en la cárcel de alta seguridad de Bouwer, donde el ex jefe de la Junta Militar estuvo detenido entre el 26 de junio y el 23 de diciembre de 2010, mientras se extendieron las audiencias del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la cárcel de Córdoba conocida como UP1. Videla fue condenado en ese proceso a prisión perpetua por los asesinatos de 31 prisioneros dentro de la cárcel o mediante fraguados intentos de rescate en ocasión de traslados. Justificó el plan que aplicó la Junta Militar por los “decretos de aniquilación” firmados por el ex presidente interino Italo Luder, que constituyeron “una licencia para matar concedida por un gobierno democrático”. Cuando el periodista le inquirió si esa licencia incluía las torturas, el robo de bebés y el saqueo de los bienes de las víctimas, dijo que esas “bajezas humanas” se debieron al gran “poder y libertad de acción otorgados al Ejército”, situación en la cual “es inevitable que muchos utilicen esas libertades en beneficio propio”. Agregó que con los juicios él y sus camaradas pagan el costo de “no haber blanqueado” los métodos dispuestos entonces. Videla sostiene que “hacia el final de mi mandato, entre el ’80 y el ’81, se llegó a evaluar la posibilidad de publicar la lista, blanquear los desaparecidos”. Explica que “no era tan fácil, porque además íbamos a estar expuestos a la contra pregunta. Si a una madre le decíamos que su hijo estaba en la lista, nadie le impediría que preguntara ¿dónde está enterrado, para llevarle una flor? ¿quiénes lo mataron? ¿por qué? ¿cómo lo mataron? No había respuestas para cada una de esas preguntas, y creímos que era embochinchar más esa realidad, y que sólo lograríamos afectar la credibilidad. Entonces en ese momento no se quiso correr ese riesgo”. El razonamiento es idéntico al que Videla suministró a la Comisión Ejecutiva del Episcopado. Pero la fecha es muy anterior a la que menciona el dictador. El almuerzo de Videla con la Comisión Ejecutiva del Episcopado tuvo lugar el 10 de abril de 1978, no tres años después. En el reportaje con El Sur, Videla describe un grado de complicidad de la Iglesia Católica con los crímenes de su gobierno superior a lo que se conocía y con un carácter institucional que comprende tanto al Episcopado local como a la sede central en Roma. No se trata sólo de callar lo que sabían para no “hacer daño al gobierno”, como dijo Primatesta aquel día de 1978.

 

Las condiciones de Videla para la entrevista con Sur

 

 

El dictador le dijo al periodista: "La desaparición de personas fue una cosa lamentable en esta guerra. Hasta el día de hoy la seguimos discutiendo. En mi vida lo he hablado con muchas personas. Con Primatesta, muchas veces. Con la Conferencia Episcopal Argentina, no a pleno, sino con algunos obispos. Con ellos hemos tenido muchas charlas. Con el nuncio apostólico Pío Laghi. Se lo planteó como una situación muy dolorosa y nos asesoraron sobre la forma de manejarla. En algunos casos, la Iglesia ofreció sus buenos oficios, y frente a familiares que se tenía la certeza de que no harían un uso político de la información, se les dijo que no busquen más a su hijo porque estaba muerto". La Iglesia, añade, comprendió que la repregunta es un derecho de todas las familias tienen y asumió los riesgos.

Hasta la expresión impersonal escogida por Videla (“se lo planteó”, “se les dijo”) trasluce la identidad entre Iglesia y Dictadura.

El rol de Laghi

La minuta para el Vaticano también muestra el conocimiento de la Iglesia sobre el secuestro de las religiosas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Sin embargo, cuando la superiora de las monjas en la Argentina, Evelyn Lamartine, y la religiosa Montserrat Bertrán recurrieron a Laghi, el nuncio las miró “como si fuéramos bichos asquerosos, y nos dijo: ‘Nosotros no sabemos nada, por algo habrá sido’. Montse se arrodilló y le rogó que hiciera algo. El se la sacó de encima, instintivamente, describe Evelyn, que entonces pensó: ‘Dios no se olvida de lo que dijiste’”.

En 1995, bajo la conmoción de las revelaciones del ex capitán Adolfo Scilingo sobre el asesinato de prisioneros arrojados al mar, la esposa del secuestrado periodista Julián Delgado, María Ignacia Cercós, contó que el Comandante en Jefe de la Armada Armando Lambruschini consultó con Laghi acerca del destino de 40 detenidos-desaparecidos en la ESMA, que su antecesor, Emilio Massera, le había entregado al retirarse. Lambruschini no quería matarlos pero temía que si los dejaba en libertad contaran lo padecido en la ESMA, tal como ocurrió, y le preguntó a Laghi qué hacer. Según Cercós, el conocimiento de Laghi sobre lo que sucedía en aquel campo de concentración llegaba hasta la nómina de los prisioneros que aún quedaban con vida. Ante el pedido de María Ignacia, Laghi consultó esa lista y “me dijo que Julián no estaba entre ellos. Quiere decir que tenía pleno acceso a la información”. En aquel momento, Massera defendió a Laghi de tales “noticias calumniosas” Sus amigos Alcides Jorge Pedro Casaretto, Carlos Galán, Domingo Castagna, Emilio Bianchi di Carcano y Oscar Justo Laguna (quien al morir estaba procesado por la justicia federal de San Nicolás, por haber mentido en su testimonio sobre el asesinato de su colega Carlos Horacio Ponce de León), sostuvieron que declaraciones como la de María Ignacia Cercós podrían “reinstalar entre nosotros no ya la violencia de las armas sino la de la venganza”. La esposa de Julián Delgado dijo entonces que durante años estuvo agradecida a Laghi por sus gestiones. “Pero ahora sé que no puedo perdonarle su silencio cómplice. Me siento un monstruo por haber escuchado esas cosas sin reaccionar.” El propio jefe máximo de aquella Junta Militar, sin el menor asomo de crítica, confirma tres décadas después el asesoramiento de Laghi sobre el secreto más horrendo y peor guardado de la dictadura. Un año después de recibir el informe del Episcopado, Laghi le dio la comunión a Videla.

 

La Eucaristía

Recuerdos coincidentes tienen muchos sacerdotes que en aquellos años frecuentaron a Laghi. Uno de ellos, Hugo Collosa, de Rafaela, le narró al periodista Carlos del Frade que Laghi visitó esa ciudad santafesina luego de la muerte de su obispo, Antonio Alfredo Brasca, incendiado por un cáncer en 1976. La enfermedad se adelantó a las Fuerzas Armadas, que lo tenían en su lista corta de aversiones. Brasca se había manifestado en apoyo del movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo junto con los obispos Enrique Angelelli, Ponce de León y Alberto Devoto. Laghi almorzó en un comedor para chicos de la ciudad y allí, a varios sacerdotes, "nos contó de los vuelos de la muerte, de los secuestros, las desapariciones y las torturas. Es decir que ellos ya sabían lo que estaba pasando con lujo de detalles desde mucho antes que 1978. Y hablaba con fundamento de lo que hacía cada una de las tres armas", contó Collosa. "Después lo mandaron a Cassaretto que hizo una pastoral totalmente distinta a la de Brasca y bien cercana a los sectores dominantes de la ciudad”. La primera entrevista de Videla con el periodista cordobés se interrumpió cuando lo trasladaron al Hospital Militar para tratarse de una incipiente bronquitis. Formaba parte de la comitiva que buscó a Videla “un hombre canoso que venía, cáliz y alba en mano, a darle la Eucaristía”. Es decir que pese a las sucesivas condenas por los más graves delitos, la Iglesia Católica no consideró necesario excomulgarlo, pena eclesiástica que impide la recepción de los sacramentos y se aplica a los pecados graves. El no considerar como tales los delitos de Videla certifica la prolongación en el tiempo de la complicidad eclesiástica con ellos.

 

 

 

 

El Episcopado confirma la autenticidad del documento

 

El siempre más episcopal

 

La actual Comisión Permanente del Episcopado Católico intenta convertirse en la antítesis de  sus predecesores, en relación a las políticas que se impusieron entonces por el terror, pero también a las del actual gobierno. Este 10 de marzo, el triunvirato gobernante emitió un documento que resume esa intención: "Nunca más a la violencia de la dictadura y siempre más a una democracia justa", se titula. Lo preside el abogado por la UBA Marcelo Daniel Colombo, arzobispo de Mendoza, quien fue ordenado cura en la diócesis de Quilmes en 1988, cuando persistía la impronta de su primer obispo, Jorge Novak. Por eso, su praxis fue próxima a la del grupo de sacerdotes católicos en opción por los pobres. Eso se nota en este documento.

En 1981, aquel Episcopado advirtió que la dictadura sólo tenía pasado, que ese pasado era sangriento  y que su exposición detallada  salpicaría sus cómplices sotanas. Rescatar a los militares de la dictadura requería repudiar sus actos para preservarse. El documento que firmó entonces, Iglesia y Comunidad Nacional es el equivalente al mensaje de la Navidad de 1944 en el que el papa Pío XII hizo las paces con la democracia como única forma de organización social aceptable, luego de un siglo se alianza con cuanto totalitarismo alcanzó el poder en Europa. Desde entonces la jerarquía argentina habla en forma reiterada de, justicia, reconciliación y perdón. Pero no llegó al cuestionamiento a quienes llama "nuestros hermanos mayores".

Este documento sin las pretensiones teológicas habituales, cita un par de veces al anterior Papa Francisco y una al actual, León XIV. No pretende que ese club de gerontes celibatarios sea la luz que ilumine y oriente a la sociedad.

En mayo de 2000, en una entrevista con la directora de Página/12, Nora Veiras, el jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, reveló que el arzobispo porteño Bergoglio le transmitió la consigna de "memoria completa". Un cuarto de siglo después, conscientes de que ese contrabando no pasó la aduana histórica, sus sucesores acuden a una consigna más sutil: una memoría íntegra y luminosa.

Pero no obstante el documento toma posiciones claras y estimables:

el terrorismo de Estado fue una tragedia

la memoria exige una autocrítica, de la sociedad y de la Iglesia

No se puede dar vuelta la página. Nunca se avanza sin una memoria íntegra y luminosa.

Hay que mantener viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a las generaciones venideras el horror de lo que sucedió que despierta y preserva de esta manera el recuerdo de las víctimas.

Mutilar la historia abre la puerta a la posibilidad de repetir los mismos errores. Hacer memoria, en cambio, nos permite comprometernos con los desafíos del presente y orientarnos hacia un futuro mejor. Que esta memoria sea íntegra y luminosa en cuanto sea posible es algo que estamos llamados a intentar, una y otra vez, porque “la verdad nos hará libres” (Jn 8, 31-32).

La libertad para una Nación nunca se construye por la vía de la violencia y la violación de los derechos humanos de otros hermanos y hermanas. La memoria del terrorismo de Estado ha de conducirnos hacia una vida democrática más justa.

Construir la amistad social no solo exige el acercamiento entre grupos que tomaron posiciones diferentes en algún período histórico difícil, sino también un renovado encuentro con los sectores más empobrecidos y vulnerables de la sociedad.

El desarrollo humano integral es, hoy, el nuevo nombre de los derechos humanos. Un desarrollo que abarque a todos porque mientras una parte importante de nuestro pueblo sufre la miseria, ¿cómo podemos ser felices?

Una democracia justa no puede ser indiferente a las necesidades básicas de la canasta familiar y al deterioro creciente del trabajo digno.

Cuando las instituciones democráticas favorecen la creación de trabajo digno para los adultos y aseguran una educación de calidad para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, están llevando adelante, en definitiva, la mejor política de seguridad.

Vivimos una época con una tendencia creciente al autoritarismo; un tiempo en que los populismos de distinto signo explotan la angustia de los ciudadanos, pero no representan el remedio de una vida buena. Un tiempo en que va predominando una ideología de la supervivencia del más fuerte sobre el más débil, cuando la fortaleza de la democracia debería manifestarse en el cuidado a los más frágiles.

Es imprescindible recuperar el diálogo al servicio de una verdadera amistad social. Un país crece cuando sus diversas riquezas culturales dialogan de manera constructiva: la cultura popular, la universitaria, la juvenil, la artística, la tecnológica, la cultura económica, la cultura de la familia y de los medios de comunicación. Se trata de un diálogo que sabe respetar, no excluye a nadie y que, por ser cultural, no puede dejar de ser político y social.

¡Del insulto de cada día al que piensa distinto, líbranos, Señor! Debemos renunciar a todo tipo de violencia, sabiendo que su espiral comienza con el discurso y escala hacia la acción. No podemos naturalizar la violencia en las redes sociales, en nuestros barrios, en el Congreso de la Nación.

Es clave una presencia inteligente y eficiente del Estado que vele por la dignidad de las personas, la igualdad de todos los ciudadanos y garantice su participación plena en la vida de la comunidad. La Constitución Nacional es la ley suprema, si en todo el territorio del país se garantizaran los derechos y se cumplieran las obligaciones que esta manda, todos viviríamos con mayor dignidad.

En la carta magna está la base de todo proyecto de Nación que se precie de tal. Un proyecto estratégico de desarrollo, que abra un horizonte de mayor dignidad, paz social, trabajo y prosperidad, privilegiando a las puntas de la vida: los ancianos y los niños, daría lugar a la esperanza activa y la no violencia que tanto necesitamos.