¿BALANZA O DRAFT-SURVEY..?, de Fernando Basso - 5/7/2020

El caso Vicentin es una ventana para observar las prácticas del comercio exterior a granel

El caso Vicentin es una ventana desde la cual podemos ver, comprender y quizá desterrar una de nuestras peores prácticas, propia de la actividad del comercio exterior de mercaderías “a granel”.

El mercado ilegal, nacional e internacional de granos, harinas y aceites se apoya no solamente en el diferencial de precios que logran esconder y desviar a las guaridas fiscales las compañías transnacionales que manejan el agronegocio, sino que necesariamente deben articular en igual medida el ocultamiento permanente de millones de kilos o litros de los registros de las operaciones aduaneras, para asegurar con ello que las aduanas no apliquen ninguno de los métodos prescriptos y aceptados como norma internacional (Articulo VII del GATT) para la reconstrucción de los valores y gravar los flujos comerciales que realizan ilegalmente.

¿Cómo es que las exportadoras logran “esconder” millones de toneladas de alguna mercadería?

Conociendo el funcionamiento del mecanismo administrativo oficial para la exportación y con un ejemplo simple, podremos darnos una idea de ello y a la vez, entender la reacción enloquecida de las empresas del sector ante cualquier posible y necesaria intervención estatal.

Para exportar cualquier mercadería, se debe solicitar ante la Aduana lo que se denomina “Permiso de Embarque”, declarando cuál será la mercadería se va a embarcar, el “barco” que hará el transporte internacional, el “destino final” de la venta comercial y consignando el “Puerto de descarga”.

Esa declaración se circunscribe a calcular una “magnitud teórica” (conforme al medio de transporte elegido por el exportador) y a un “valor FOB” que puede ser “definitivo” o sujeto a alguna modificación posterior, denominado “precio revisable”.

El permiso de embarque se “oficializa” ante la aduana que va a intervenir fiscalizando la operación, en base al resultado derivado de la cantidad (unidad, peso o volumen) efectivamente embarcada, que se denomina “Cumplido de embarque”.

Ello refleja la “cantidad real” que dará certeza respecto del “Valor en aduana” y/o la “base imponible” sobre la cual se calcularán los “derechos de exportación” y/o lo que “cobraría” por el concepto de “reembolsos”.

Así las cosas, la búsqueda de una certeza indubitable sobre esa magnitud debería ser uno de los objetivos centrales del entramado institucional estatal.

De su conocimiento fehaciente deriva el imperio de la igualdad ante la ley, la justa imposición arancelaria, la inequívoca exigencia sobre el monto de divisas que el exportador debe ingresar y liquidar en el Mercado Único Libre de Cambio por la operación comercial internacional y el adecuado ingreso a las arcas fiscales, nacional y provinciales, de los montos correspondientes por aranceles, impuestos y tasas, necesarios para solventar el normal funcionamiento de la totalidad de las responsabilidades asumidas por el entramado estatal institucional.

¡Pero no lo es..!

Para advertir sobre la necesidad de avanzar en un cambio de lógica sobre la fiscalización de las exportaciones del complejo agro exportador, haremos un simple ejercicio de imaginación (dado que no se cuenta con ninguna certeza con la cual poder trabajar) para ayudarnos a reflexionar sobre si es pertinente, o no, instaurar un completo e infranqueable sistema de control nacional de peso por balanzas, que opere conjuntamente y con independencia de lo que ocurra dentro de las terminales portuarias, para todas las operaciones de importación y exportación.

Dada la condición de granel con que se exporta, por ejemplo la soja, hay que aplicar lo que dice la resolución general RG-4138-E/2017, de factura macrista.

Antes del comienzo de la operatoria de carga, el exportador puede elegir el método para la obtención de las cantidades embarcadas, optando entre un “sistema de balanzas” o la opción del Draft-survey.

Este es un sistema de control de calados y sondaje de tanques que se aplica a los buques para determinar el peso de las cargas que transportan.

A diferencia de lo que ocurre con una balanza en tierra, que puede estar sujeta a constantes controles sobre su integridad, calibrado y operatividad, esa medición técnicamente posible y exacta, es algo bastante parecido a una demostración de fe combinada entre un capitán ultramarino y un guarda aduanero.

Obviamente, a cualquier balanza se la puede alterar ya que posee un software de diseño que puede comandarse lógicamente para alterar lo que ocurre entre lo que registren las celdas de pesaje y la “pantalla del veedor” o el “ticket impreso” que refleja esa magnitud, y en cualquier proporción.

No obstante, es cierto que con un Estado resuelto a que ello no ocurra se puede asegurar en buena medida la inviolabilidad del sistema de balanzas para nuestro comercio exterior, con un único software desarrollado para ello, disponiendo una “infraestructura periférica” por fuera del puerto que inhiba la posibilidad de elegir por el Draft-survey y lo deje como una instancia excepcional de último recurso.

¿Por qué?

Porque ese sistema depende de la combinación de tres variables de muy difícil fiscalización: la tolerancia, el rancho y el lastre.
La tolerancia vigente para el caso de la medición de los graneles sólidos es de un cuatro por ciento (4/00) y para los líquidos, seis por mil (6/000).

Por otro lado, el rancho.

Si bien allí se registran las magnitudes del combustible y aceites lubricantes que se encuentran en el barco, nada obsta para que en el momento de la realización efectiva del Draft-survey se pueda contabilizar una “cantidad mayor” a la real por la suma de ambos conceptos, con el propósito de que ese mayor peso encubra lo que indique la marca de la línea de flotación, y sea “descontado” para la determinación de la carga neta exportada.

Así, puede existir una relación directa entre un aumento figurado de combustible y “la pérdida de control” sobre toneladas de la carga.

Para nuestro ejemplo, el Bulk carrier más chico tiene la posibilidad de reasignar unas 1.500 toneladas, entre el agua potable, el combustible y los “barros” que se encuentran en la sentina.

Pero el elemento determinante de pérdida de control sobre los kilos del agronegocio que perdemos por año los argentinos, es el lastre.

Por una necesidad de navegación propia de este medio de transporte, los buques suben o bajan su línea de flotación con el ingreso o salida de agua del interior de su casco.

Con esta maniobra llamada achique o lastre, el capitán tendrá una capacidad de encubrir otras 6.000 a 9.000 toneladas de granos.

Podemos sospechar entonces que la suma de estos tres elementos combinados, puede ser una base de análisis para comprender dónde estaría el problema comercial y fiscal asociado a la comercialización internacional ilegal de las commodities.

Ante la ausencia de una balanza fiscal fiable, esa normativa se transforma en condición de posibilidad para la elusión (aprovecharse de una normativa imperfecta), la evasión y el contrabando, tres figuras que están así vinculadas y ocurren en la misma operación.

Hagamos un ejercicio para advertir sobre cómo es posible que las estadísticas oficiales nacionales, las cifras que recogen los otros países, uniones aduaneras o, inclusive, la OMC no tengan correlación y a la vez, dimensionar de alguna forma el desquicio económico que significa no controlar el peso y los volúmenes verdaderos de las exportaciones.

Tomemos los datos de la Bolsa de Cereales de Rosario e imaginemos que durante el año 2018 los 3.000 barcos que visitaron los puertos del norte de esa provincia fueron los Bulk carrier mas chicos, que vinieron a buscar soja, cargaron 35.000 toneladas en todos los fletes, y que los exportadores eligieron siempre el método de Draft-survey.

Así, unas 1.400 toneladas por barco se dejaron de fiscalizar.

Hagamos lo mismo para unificar a todos los buques y supongamos que mantienen la operatividad con la mitad del combustible en los tanques, por lo que se podrían cambiar otras 750 toneladas de combustible por carga si declaran tanque lleno y como dijimos antes, sabemos que con una capacidad de lastre de entre 6.000 y 9.000 litros podrían hacer lo mismo invocando otro error de tolerancia del 5%, con lo que esconden otras 300 toneladas de “cereal”.

Así, cada barco cargado que se mide por Draft-survey puede llevarse unas 2.400 toneladas de granos sin control, transformando aquel 4% de tolerancia en un 7 u 8%, haciendo desaparecer la carga de 240 barcos.

Solo con la tolerancia permitida, se nos escaparon de las manos unas 7.200.000 toneladas de soja.

Según el precio promedio para 2018, la soja “Rosario” registró 265 U$S / Ton, por lo que no habrían ingresado divisas por mil novecientos ocho millones de dólares (U$S 1.908.000.000).

Para aquel periodo, por el concepto de derechos de exportación, la Alianza Cambiemos impuso que se abonaran $ 4 por cada dólar exportado.

Así, por cada barco, solo se recaudaban $ 37.100.000.

Si el Tipo de Cambio promedio para ese año fue 38.85 $ / U$S, cada barco pago por el concepto de Derechos de Exportación U$S 955.000; o su equivalente “3600 toneladas de grano”, el diez por ciento (10%) del peso de la carga.

La pregunta: 

¿Cuál es el motivo de manejar el peso en una carga a granel? 

Ya tiene respuesta.

Al manejar el 10% del peso del buque se evitó el pago de los derechos de exportación, haciendo que todas las discusiones sobre las alícuotas fueran intrascendentes para los exportadores.

Luego de la asunción de Alberto Fernández, se reinstaló un ad valorem del 33% por Derechos de Exportación, pero las circunstancias antes descriptas todavía no se alteraron y aun sigue vigente la RG-4138-E/2017.

A precio de hoy, los importes que ingresarían al tesoro nacional rondan los U$S 3.719.100 por barco (U$S 322 “Soja BCR” x 35.000 Ton/barco x 33 / 100); o lo que es lo mismo, unas 11.550 Toneladas de grano, o el 32% del peso de la carga.

Parecería entonces que aumentar la alícuota a los derechos minimiza el impacto del error de medición propio del Draft-survey y efectivamente se recompone el ingreso a las arcas fiscales por derechos de exportación.

Pero si recordamos que la capacidad de esconder carga de un Bulk carrier es de 10.500 Ton (1.500 por el combustible y barros + 9.000 de lastre) y que no cambió el error del 4% (1.400 Ton) podemos concluir que manejando al extremo su resultado, puede seguir evitándose el impacto de los derechos de exportación puesto que aun es teóricamente posible asignar a la cuenta esos valores máximos para seguir escondiendo granos, aceites, harinas, etc.

Por fuera del impacto que provoca acercarse a la idea de que dejamos de recaudar durante el año 2018, según este ejercicio imaginario, U$S 2.862.000.000, recuerde el lector que, además, el exportador le descontó al productor el valor que eludió pagar y asignó ese monto a sus ganancias.

Si lo que aquí sostengo fuera cierto, mantener eternamente descompuestas o descalibradas las balanzas se transforma en un ejercicio económico y la razón para elegir únicamente al método de medición de calado.

Si bien la Aduana tiene apostada en cada una de esas terminales una dotación de “guardas” encargados de “pesar, contar y medir” los embarques, en la práctica solo realizan un control administrativo de recepción de partes, tickets de balanza o de lectura de los caudalímetros (para el caso de los aceites).

Por lo tanto, un exportador jamás puede tener a su merced un puerto y ejercer algún control sobre las magnitudes de sus propias exportaciones.

Dado que todavía todos ellos tienen contratos vigentes de uso y explotación de los puertos de muy difícil revocación, no hay razón ni impedimento alguno que aconseje no instaurar e instalar un sistema de balanzas “ante portuario”, provisto de un sólido complejo nacional con balanzas principales, alternativas y auxiliares, todas las cuales deben estar “en línea” con el Sistema MALVINA y sin que exista la posibilidad de eludirlas, el cual, como decimos coloquialmente, se paga solo.

Para 2020, por efecto de esta normativa, la inexistencia de un correcto sistema de balanzas, y pensando que solo exportamos porotos de soja, el tesoro dejará de recaudar U$S 900.000.000 y no ingresarán divisas por U$S 2.700.000.000.

¿Balanza o Draft-survey? Esa es la cuestión

INCONSISTENCIAS, de Horacio Rovelli - 5/7/2020

Las inconsistencias fiscal, monetaria y de comercio exterior tienen nombre y aire de familia

James Ensor, 1902

Existe en la Administración Nacional un nivel de inconsistencia fiscal y monetaria que no se puede extender en el tiempo por el incumplimiento de los pagos, por una parte y, una manifiesta lentitud en liquidar las exportaciones por otro lado, conformando una combinación perversa y en contra del pueblo argentino.

Por un lado, el déficit fiscal es de más del 1% del PIB por mes, para abril y para mayo y se puede inferir que también en junio, pese a que la recaudación tributaria descendió pero no tanto como en abril y mayo, dados los gastos ocasionados por la atención de Covid-19 y la asistencia de todo tipo a la población.

Por otra parte, el crédito a las empresas es de 6% del PIB, que sumado a los créditos personales de un 5% del PIB, araña el 11% del Producto.

El BCRA tiene que inmovilizar (pagando intereses) una suma que es incluso mayor a la Base Monetaria en LELIQs (Letras de Liquidez del BCRA) por $ 1.683.302 millones y pases pasivos (que los bancos le prestan al BCRA a menos de siete días) por otros $ 666.090 millones.

Esas inmovilizaciones totalizan una suma de $ 2.349 billones (cuando la Base Monetaria al 26 de junio de 2020 fue de $ 2.171 billones).

Déficit fiscal e inmovilizaciones monetarias (pagas, el BCRA le abona a los bancos intereses por las mismas por encima de la inflación) que reflejan el grado de desequilibrio de las cuentas públicas internas que solo financió el BCRA, a costa de expandir el déficit cuasi fiscal.

El BCRA debería tomar cartas en el asunto y utilizar el exceso de liquidez del sistema financiero reorientándolo desde la especulación hacia la inversión y el trabajo.

Tener un mapa de qué sectores se quiere impulsar y obligar a las entidades financieras a prestar a ese sector y si no, que dejen de ser bancos: su función es canalizar el ahorro de parte de la población para financiar la producción, no para que especulen o le presten al BCRA para que este a su vez inmovilice esos fondos.

El crédito al sector privado es insignificante (11% del PIB) y lo poco que hay en su mayor parte va dirigido al mismo grupo económico, cuando se rompen día a día las cadenas de pago y se acumulan los cheques rechazados.

Hay cientos de actividades que no funcionan por falta de crédito, incluso sin necesidad de importar nada, como es el caso de la construcción, que además es fuerte demandante de mano de obra.

Paralelamente la liquidación de las exportaciones de productos agropecuarios y de manufacturas de origen agropecuario se retrasa todo lo que los exportadores pueden.

Habiendo sido la cosecha 2019/20 récord de 127 millones de toneladas de grano, según lo informado por las cámaras exportadoras de aceite y de cereales CIARA-CEC, la liquidación acumulada del primer semestre 2020 es de 9.307,2 millones de dólares, un 15,16% menor que en igual lapso del año pasado que fue de 10.718,6 millones, cuando en la cosecha 2018/19 hubo una fuerte sequía.

Las principales cuatro empresas exportadoras (COFCO, Cargill, ADM y Bunge Ceval) concentran el 48% de las ventas externas totales de Argentina, en tanto que las principales 10 (AGD, Vicentin, Glencore, LDC, ACA y Molinos Río de la Plata) representaron el 91% del total de negocios de exportación de granos y productos derivados de origen argentino.

Como se explicó aquí, entre los años 2016 y 2019, amparándose en la normativa del gobierno de Cambiemos, no liquidaron más de 19.000 millones de dólares.

Es claro y evidente que no liquidan esperando y propiciando una devaluación de nuestra moneda, lo cual explica la diferencia entre el valor del dólar oficial y todos los paralelos.

La devaluación haría volar por el aire el delicado equilibrio en que nos encontramos, subiría aún más el precio de los alimentos y demás insumos que requiere nuestro pueblo, empujando a fracciones cada vez mayores a la pobreza, a la indigencia y a la desesperación, a la par que se caería más el PIB por el menor consumo interno que no puede ser compensado porque las exportaciones no representan más del 25% del total de lo que se produce.

Y es peor, porque en lugar de que esos mayores ingresos incrementen las inversiones terminan engrosando la fuga de capitales.

Nuestro país ostenta un triste privilegio: su burguesía tiene más recursos afuera de la Argentina que adentro.

Esto esclarece por qué no les interesa tanto preservar el mercado interno, mientras coinciden grandes empresarios del agro y de la industria, banqueros y comerciantes en asegurar y expandir sus activos en el exterior.

Es más, desde el Rodrigazo y de menor a mayor, nuestra burguesía se somete al capital financiero internacional y a su moneda, el dólar, prefiriendo vender los activos en el país por saberse débil e incompetente para lidiar con el capital extranjero.

Lo refleja clara y terminantemente el caso Vicentin, sexto exportador de granos y manufacturas de origen agropecuario, que monta un escenario de fraude y fuga para rendirse sin luchar.

Igual podríamos decir de todos los hijos y nietos de esos industriales que supo tener este país del confín del mundo, que poseen más activos financieros que reales, más activos afuera de la Argentina que en el país, porque han preferido vender sus empresas a la competencia extranjera.

La paradoja cierra cuando se entiende que parte de esos activos líquidos la administra Larry Fink, Presidente de BlackRock, y otros fondos de cobertura como Franklin Templeton, que supo poner a su representante en la Argentina, Gustavo Cañonero, como Vicepresidente del BCRA cuando el ex jefe de la Mesa de Dinero del JP Morgan y el Deustche Bank, Luis Caputo, fue nombrado Presidente y continuó en funciones cuando Caputo renunció presionado por el FMI, hasta el 9 de diciembre de 2019.

Nuestra burguesía en general (puede haber excepciones) espera que el gobierno le pague lo más que pueda a los acreedores y no por actuar de buena fe, sino para no perder tanto como han perdido con el macrismo, que sus acciones valen la mitad o menos que en diciembre de 2015 y, por otra parte, como seguramente compraron títulos públicos y no pudieron salir de los mismos (y no por patriotas), están engrampados en esa doble Nelson que los hace menos ricos.

Lo peor es que creen que con esas pérdidas ya contribuyeron con el país (como si hubieran comprado títulos de deuda por amor a la patria), sin comprender que eran ellos los que querían que cese el gobierno de los Kirchner y propusieron reemplazarlo por un gobierno de CEOs.

Así les fue y así nos va.

Son ineptos y quieren que toda la sociedad argentina pague sus errores, cuando debería ser exactamente al revés, que sea el pueblo de este país el que les reclame por su egoísmo, su supina ignorancia y su falta de inteligencia.

La alternativa

El economista Aldo Ferrer se equivocaba cuando ponía la esperanza en la burguesía que tenemos, ya que nuestros empresarios actuales no son los que él había visto en 1968 o aquellos liderados por José Gelbard hasta octubre de 1974.

La dictadura militar y el modelo de valorización financiera de capital la diezmó y la que queda es una burguesía de rapiña, apátrida y tonta, a la que sólo le importa acumular dólares en el exterior aún a costa de que sus empresas valgan cada vez menos, como lo demostró la gestión de Cambiemos.

Por ejemplo las empresas del grupo Techint, cuyos directivos y funcionarios están entre las que fugaron dólares y, sin embargo, desde que se privatizó SOMISA en el gobierno de Carlos Menem y paso a llamarse Ternium Siderar, vende la chapa en el país un 30% más cara que cuando la exporta, encareciendo toda la industria argentina que utiliza ese insumo reduciendo las condiciones de competitividad respecto de sus pares extranjeros.

Ese grupo económico que con el apoyo del gobierno de Cambiemos armó una filial en Texas con una inversión de 2.000 millones de dólares y generó 1.500 puestos de trabajo en esa Nación, en plena pandemia despidió 1.450 trabajadores en la Argentina.

Con esa burguesía se torna necesario repensar el país y plantear a qué nos vamos a dedicar en los próximos años. 

Qué vamos a producir, con quién, de qué manera, para quién, que rol debe jugar el Estado, etc., preguntas que son un desafío para el actual gobierno y para todos sus habitantes.

En la Argentina las inconsistencias fiscal, monetaria y de comercio exterior tienen nombre y apellido y están relacionadas entre sí.

ROMPER EL ESPEJO, de Horacio Verbitzky - 5/7/2020

El apartamiento del juez Villena llega justo a tiempo para sanear una causa demasiado importante

Antes de ser apartado de la investigación por el espionaje ilegal, el juez Federico Villena ordenó un show mediático en la detención de dos docenas de imputados, entre ellos la asistente del ex Presidente Maurizio Macrì, Susana Martinengo.

El juez se encargó de que las señales de cable estuvieran al tanto de la hora y el lugar donde se produciría el espectáculo.

Martinengo bajó del vehículo policial esposada y encapuchada, mientras la señal Crónica TV acompañaba la escena con la melodía infantil de los programas de la modelo Susana Giménez.

Una farra.

En mi columna del programa Habrá consecuencias ironicé que la ministra Sabina Frederic había sido secuestrada y dije que con procedimientos similares a los que utilizaba el anterior gobierno y que cuestionamos como repugnantes, no se limpiaban los sótanos de la democracia.

La farra de las detenciones.

Los mismos medios que ignoraron todo el tiempo que les fue posible algunas de mis investigaciones de las últimas décadas, reprodujeron en detalle estas palabras menores: “Estoy muy preocupado por el regreso de Patricia Bullrich al Ministerio de Seguridad y la reaparición de los operativos humillantes en la detención de personas fotografiadas y filmadas en el momento de la detención, con policías disfrazados como si fueran una banda de peligrosos narcotraficantes no sé para mostrar qué.

Me preocupa mucho, nunca pensé que Bullrich pudiera volver al ministerio, cuando en otros lugares como en el ministerio de Defensa hay claramente un cambio político notable, como el regreso a la correcta separación entre seguridad y defensa.

Pero en Seguridad sigue Bullrich a cargo.

¿Cuál es la diferencia entre lo del juez Villena, que ejecutó la Policía Federal y que registraron los medios que simpatizan con el actual gobierno, y lo que hacía Patricia Bullrich?

¿Que en aquel caso nosotros teníamos una simpatía determinada y en este caso tenemos otra simpatía determinada con las personas involucradas?

¿Esa es la diferencia?

Es una vergüenza”.

El Presidente Alberto Fernández me escribió que compartía mi rechazo a ese procedimiento y precisó que su gobierno no avalaba esos métodos de Villena.

Frederic superó su enojo y me concedió una entrevista en la que explicó que se había enterado por los medios, porque Villena dio la orden a la policía pero no informó al gobierno. Dijo que eso era parte de la independencia de los poderes. Que una vez que se produjeron los primeros arrestos y en cuanto supo que faltaban muchos más, instruyó a la policía para que los detenidos recién descendieran de los vehículos dentro del edificio al que fueron conducidos, lejos del alcance de las cámaras.

- Es decir que era posible.

- Cuando lo supimos, sí.


Desadicción

Celebré que el gobierno hubiera pagado el rescate para que Frederic recuperara la libertad.

Si el primer momento evocó aquellos días siniestros, lo que siguió marcó la diferencia con la Encuadernadora Glock y su complicidad con el diario que en vez de investigar la veracidad de la alegada prueba se la entregó al fiscal Stornelli, y cuyos fotógrafos conocían con exactitud la hora y el domicilio donde se produciría cada detención.

Respecto de las máscaras antigás de la Primera Guerra Mundial que usaron los policías, hay un problema de desadicción.

Bullrich los acostumbró a todas esas cosas que les parecen maravillosas.

Requerirá paciencia y firmeza recuperarlos.

Pero también hubo otras reacciones que no hubiera imaginado.

Uno de los más antiguos portales abastecidos por fuentes serviciales tituló que “Verbitsky le marcó la cancha a Alberto” y se refirió a “las internas en el Frente de Todos entre el sector albertista del Grupo Callao, donde pertenece Frederic, y los que responden sólo a Cristina Fernández, como el Ministro de Seguridad provincial”.

Yo no había tomado nota de la actuación realizada sobre el puente La Noria por el Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, contra las fuerzas federales que controlaban el tránsito desde la provincia hacia la Capital, porque me aburren las volteretas circenses de ese cirujano que porque hizo unos cursos se cree militar, y sobreactúa para parecerlo.

Su única importancia reside en las molestias que causa.

La misma interpretación de mi nota como una señal kirchnerista se produjo a izquierda y derecha.

La formularon:

• un observador inteligente de la economía, con programa de radio, de cable y columna escrita, y
• una columnista de La Nación especializada en chismografía política de bajo vuelo y maquillaje espeso.

La propia atribución a CFK de cada tontería que hace Berni y de una intencionalidad política son insostenibles.

Ni Cristina ni Alberto han tenido tiempo para recibirlo.

Pero después del último episodio, debió escuchar el sosegate de un calificado representante de la Vicepresidenta.

Su afirmación de que Frederic estacionó 7.000 gendarmes en la provincia sin informar dónde están es insostenible.

No son sólo gendarmes, sino también prefectos y policías federales, y el Ministerio de Seguridad informó en detalle al gobernador Axel Kicillof en qué lugar está cada uno. También le envió un cronograma con las operaciones a realizar día por día en cada municipio y/o barrio.

Es Berni quien se ausenta de las reuniones de coordinación y presiona a los policías bonaerenses para que no acudan a las coordinaciones por municipio, bajo amenaza de sanción.

No conviene dar por este pito más de lo que vale.

Los medios que quieran crear su propia realidad tienen vía libre para hacerlo.

Ellos y su público son los principales perjudicados.

A la misma vertiente de la simplificación banalizadora pertenece la costumbre de algunos medios de calificar como macristas o ultramacristas a los animadores de televisión o columnistas de prensa escrita que en realidad expresan un ancestral e irreductible antiperonismo, combinado con un arrasador enamoramiento de sí mismos.

Son aquellos que inventaron y repiten que Cristina encabeza un ministerio de la venganza y la impunidad.

No sólo carecen de cualquier preocupación por buscar una prueba. También silencian las que se acumulan en contrario.

Cuando los tribunales suspendieron por la pandemia los debates que involucran a la Vicepresidenta por la obra pública en Santa Cruz o por sus hoteles, lo presentaron como un paso en la búsqueda de la impunidad.

La verdad es que nadie tiene más interés que CFK en que avancen esas causas, como lo ha reclamado en presentaciones judiciales, porque la prueba en su contra es más que endeble y no soporta el juicio oral.

Actuar en espejo con el Grupo Clarín, para el que todo lo que le disgusta se escribe con K, sólo contribuye a empobrecer el debate político.

Tampoco tiene sentido anunciar detenciones de periodistas o de dirigentes políticos, posibilidad que no surge de las causas judiciales, o enormes asociaciones ilícitas, esa figura que sirve para detener sin pruebas.

Que los agentes de la AFI filmaran y editaran videos para su difusión en programas periodísticos es una constatación valiosa sobre la promiscuidad de algunos comunicadores con el poder, y está muy bien que eso se conozca para que no queden dudas acerca de quién es quién, pero no encuadra en ningún tipo del Código Penal.

El sustantivo forro no se menciona ni una vez en sus 306 artículos.

Hay muchas asquerosidades que no son delitos.

Aunque la defensa corporativa cubra a todos por igual, no es lo mismo esto que el rol de Daniel Pedro Santoro en la banda del agente norteamericano Marcelo Sebastián D’Alessio, que no era una fuente sino un amigo personal, para el que espiaba a sus compañeros de trabajo y con quien participaba en la extorsión a empresarios.

Daniel Pedro Santoro y Marcelo Sebastian D’Alessio.

Cambio y fuera

La decisión de la Cámara Federal de La Plata de desplazar al juez Villena, recusado por los espías Jorge Sáez, Facundo Melo y Leandro Araque, está bien fundada.

La investigación que desarrolló en Dolores el juez Alejo Ramos Padilla es el modelo que se proponen seguir de ahora en adelante el juez federal Juan Pablo Augé y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, en la causa que perdió Villena por las “circunstancias objetivas que permiten tener por razonablemente fundado el temor de parcialidad invocado por las partes recusantes”.

Como escribió el camarista Roberto Lemos Arias, el propio Villena decidió excusarse en el expediente paralelo que ya tenía el otro juzgado de Lomas, “por sostener que se encontraba en una situación de violencia moral por haber intervenido y adoptado medidas de prueba en la causa”.

Mucho más que medidas de prueba.

Nadie debería sorprenderse si su rol en la causa pasara de juez a imputado.

Lo primero que deben hacer Augé y los fiscales es solucionar los problemas logísticos que implican el traslado “de la totalidad de las actuaciones, la documentación y los efectos secuestrados”, además de la escasez de recursos con que cuentan para manejarlos.

Villena había conseguido una dotación de 25 funcionarios para trabajar en este expediente, en el que confeccionó legajos independientes para cada una de las víctimas del espionaje.

Ya unificaron ambas causas, que sólo se dividieron por la excusación de Villena en una de ellas, y comenzaron a decidir la situación procesal de cada una de las personas que ya fueron indagadas.

Primero pasaron a prisión domiciliaria a todas las mujeres, cosa que se extendió en la madrugada del sábado también a los varones, salvo Alan Ruiz, que sigue detenido y los tres aún no indagados, que quedaron en libertad por ahora.

Una vez que se establezca cada situación procesal, se dispondrán sobreseimientos, faltas de mérito y prisiones preventivas, según el caso.

Pero una vez adquirida y asegurada la prueba todos aguardarán en libertad el día del juicio, como corresponde.

Este sería también el caso de una de las autoridades máximas de la AFI entre 2015 y 2019, cuyo llamado a indagatoria sería la primera novedad de la semana que se inicia.

Sólo sigue prófugo Martín Terra, el ex de la actual del vicejefe porteño Diego Santilli.

Terra no era solo amigo de Gustavo Arribas. También fue su socio en HAZ Sports Agency, la empresa trasnacional traficante de hombres jóvenes ligeros de ropas.

La deriva punitivista de estos últimos años se hace evidente en los foros de lectores, donde la única actitud deseable parecería ser enviar a alguien a la cárcel, punto en el cual no hay dos posiciones.

Lo único que cambia es la selectividad de la población que en la opinión de cada uno debería ser castigada.

No sólo las fuerzas de seguridad requieren una cuidadosa reeducación.

La intención del Pocero de la Patagonia de arrastrar la causa hasta el agujero negro de Comodoro Py tiene mínimas posibilidades de prosperar.

La Cámara Platense ya se pronunció por el otro juzgado de Lomas.

La Cámara Federal de la Capital reclamó a Villena que le enviara al juez porteño Sebastián Ramos el tramo correspondiente a la intimidación al ex funcionario del Ministerio de Defensa, José Luis Vila, en la avenida Callao, pero dejó el resto donde estaba.

Es difícil imaginar qué razonamiento podría modificar ese criterio, ahora que el apellido del magistrado del mismo fuero y jurisdicción que quedó a cargo empieza con A y no con V.

Tampoco se advierten puntos oscuros que pudieran justificar nulidades, en un expediente en el que el juez apartado no llegó a adoptar resoluciones de mérito, lo que quedará a cargo del magistrado independiente e imparcial a cuya actuación tiene derecho todo imputado.

El apartamiento llegó a tiempo.

El encarrilamiento de la investigación dentro de parámetros razonables del derecho penal liberal implica romper el espejo: no se trata de perseguir a los perseguidores de ayer con sus mismos métodos, sino de respetar sus derechos de modo que sea ostensible cuán distintos son.

Que el Doctor Glock descanse en paz.

Mercado y Estado

El domingo pasado contamos aquí que mientras el gobierno medita el camino a seguir, tres dirigentes de la primera línea del oficialismo accedieron a un encuentro solicitado por cinco capitostes del empresariado, en el que se abordaron con franqueza las perspectivas de la relación entre el peronismo en el gobierno y el patronato.

De un lado se sentaron:

• Un ministro del Poder Ejecutivo,
• Una autoridad política del Frente de Todxs y
• Una representación institucional del Congreso de la Nación.

Del otro, formaron:

• El líder de una de las más antiguas cámaras patronales, que observa con más interés que nadie lo que sucede con Vicentin y no porque le preocupe el interés nacional;
• Un banquero representativo de buena parte de sus colegas locales, que ha sido convencido oficialista con todos los gobiernos que se sucedieron desde 1983;
• Uno de los grandes petroleros con intereses en Vaca Muerta;
• Un gran constructor que pasó una semana detenido en la Encuadernadora del Doctor Glock, hasta que confesó haber pagado para que el Estado le cancelara deudas por obras realizadas, y
• Un inversor en emprendimientos energéticos, de intrincada relación con el ex Presidente Maurizio Macrì y sus negocios.

La autoridad política dijo que el gobierno necesita empresas privadas fuertes, que contribuyan al crecimiento y a la creación de empleo, pero que los hombres de negocios necesitan de un Estado fuerte que fije y haga cumplir reglas del juego.

Uno de los asistentes del otro bando expresó entre cuatro paredes la preocupación que el macrismo vocifera en público acerca del respeto oficial por la propiedad privada.

- Si tuviéramos vocación por avanzar sobre la propiedad privada hubiéramos planteado la expropiación de Cargill, no de Vicentin, que es un agujero negro de deudas y estafas - fue la respuesta.

Sería excesivo decir que hubo grandes coincidencias o que se llegó a acuerdos de algún tipo.

Pero la apertura de canales de diálogo es en sí significativa.

El viernes, dos columnistas económicos llenaron los casilleros vacíos:

• El ministro es Wado de Pedro.
• La autoridad política es Máximo Kirchner.
• La representación institucional es Sergio Massa.
• El líder patronal es Miguel Acevedo, presidente de la UIA y directivo de Aceitera General Deheza, que aspira a quedarse con Vicentin y tiene una fuerza de tareas abocada al tema desde hace tres años.
• El banquero que practica el polioficialismo es Jorge Brito;
• El petrolero es Marcos Bulgheroni.
• El constructor es Hugo Dragonetti, de Panedile.
• El inversor en emprendimientos energéticos es Marcelo Mindlin.

Según Marcelo Bonelli, de Clarín, la tenida fue en casa de Marcos Bulgheroni.

Para Alejandro Bercovich, de Bae Negocios, chez Jorge Brito (luego lo repitieron otros medios).

Uno de los dos tiene el dato equivocado.

Durante la comida, cuando los hombres de negocios pintaban con el peor color a Gustavo Nardelli y al mismo tiempo se declaraban inquietos por el avance sobre la propiedad privada, Kirchner los sorprendió con un argumento de difícil refutación.

“Estamos cerca de cerrar la negociación con los acreedores externos para salir del default que dejó Macrì de la deuda que él mismo contrajo, con la aprobación de muchos de ustedes.

Eso lo va a pagar el pueblo argentino pero la plusvalía será para ustedes, porque en cuanto firmemos, el valor de mercado de sus empresas va a aumentar muchísimo.

¿Les parece que con nosotros la propiedad privada corre peligro?”.

El argumento se extendió a la contribución extraordinaria a las grandes fortunas, que Kirchner, Carlos Heller y Hugo Yasky presentarán en cuanto termine la nueva fase de la cuarentena en el AMBA.

La asignación específica de su producido que se proponen los autores (barrios populares, créditos blandos a Pymes y explotación y explotación de gas), requiere una mayoría absoluta de 129 votos en la Cámara de Diputados.

No es imposible que la oposición contribuya a lograrla: de ese modo sería más fácil controlar su ejecución que si los 3.000 millones de dólares que se espera obtener de 11.000 contribuyentes con patrimonios superiores a 200 millones de pesos fueran a rentas generales.

Por lo pronto, la oposición ya aceptó sesionar en forma mixta, presencial - remota, para tratar el proyecto de moratoria impositiva y la reasignación de partidas por el jefe de gabinete.

Cuando más dura era la negativa a sesionar en esas condiciones, el FdT ofertó que todos los diputados opositores estuvieran en sus bancas, y los oficialistas desde sus casas u oficinas por televisión.

De a poquito, los cambiemitas se van haciendo cargo de sus obligaciones.

Uno de los asistentes a aquel ágape, Marcelo Mindlin, se comunicó con el autor de esta nota para anunciar que está preparando una solicitada cuestionando el criterio del Banco Central para calcular la formación de activos externos, que lo tiene en el primer puesto de la lista de empresas, con 1.600 millones de dólares, repartidos entre Pampa Energía, Petrobrás, Transportadora de Gas del Sur y Edenor.

Ante una consulta para esta nota, el último integrante de la lista de personas físicas, Jorge Rendo, del Grupo Clarín, dijo que presentó el pedido de informes al Banco Central que había anticipado al Cohete, ya que niega los datos del listado oficial.

“Después de más de 20 días me contestaron con un tecnicismo, así que esta semana me volví a presentar. Espero que, ahora, me respondan lo pedido”.

Rendo sostiene que no compró los cuatro millones de dólares que registró la autoridad monetaria, sino que vendió en el exterior bonos argentinos adquiridos mucho antes.

Una operación de este tipo entre las adquisiciones de dólares para atesoramiento sería tan extraña como el registro de un Fiat 500 importado por Cristiano Rattazzi en la lista de bebés nacidas en la maternidad de Claudio Belocopitt.

Crazy thinking

Dos profesores del University College de Londres (UCL), la tercera universidad más antigua de Inglaterra y siempre ranqueada entre las cinco mejores del mundo, celebran que la ayuda estatal para el salvamento de empresas haya dejado de ser tabú y se encamine a formar parte del sentido común.

Para Mariana Mazzucato y Antonio Andreoni, la suposición de larga data de que el gobierno es una carga para la economía de mercado ha sido desmentida.

Redescubrir el papel tradicional del Estado como «inversor de primer recurso», en lugar de solo como prestamista de último recurso, se ha convertido en una condición previa para una formulación de políticas efectiva en la era post Covid-19.

Los paquetes de estímulo y rescate, de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón suman casi cinco billones de dólares (trillions). Pero el dinero no es suficiente, dicen.

Los gobiernos también deben diseñar, implementar y aplicar la condicionalidad a los receptores, de modo que el sector privado opere de una manera que sea más propicia para un crecimiento inclusivo y sostenible.

Entre las condiciones deseables mencionan:

• negar esa ayuda a empresas domiciliadas en guaridas fiscales, como hicieron Dinamarca y Francia,
• aumento del salario mínimo,
• representación de los trabajadores en la dirección y
• una moratoria temporal de distribución de dividendos y recompras de acciones de las propias empresas, tal como exige el Banco de Inglaterra.

Es el mismo camino que ha elegido el gobierno argentino.

Para los profesores de la UCL, lejos de ser dirigista, la imposición de tales condiciones ayuda a canalizar los recursos financieros estratégicamente, al garantizar que se reinviertan de manera productiva en lugar de ser capturados por intereses estrechos o especulativos.

Mencionan varios ejemplos:

• Las aerolíneas estadounidenses recibieron préstamos y garantías por 46.000 millones de dólares, siempre que mantengan al 90% de sus trabajadores, reduzcan el pago a ejecutivos y eviten la tercerización o la deslocalización.
• Austria ha condicionado los rescates de la industria aérea a la reducción de emisiones de dióxido de carbono.
• Francia otorgó préstamos a la industria automotriz por 8.000 millones de euros siempre que produzca un millón de autos de energía limpia desde ahora hasta 2025.
• Renault debe mantener abiertas dos plantas francesas clave y contribuir a un Proyecto francoalemán para la producción de baterías eléctricas.

Algunos gobiernos, como los de Alemania y Francia, están adquiriendo o aumentando (respectivamente) la participación accionaria del Estado en las líneas aéreas, citando la necesidad de salvaguardar la infraestructura estratégica nacional.

Los autores también mencionan ejemplos negativos:

• El gobierno italiano otorgó un préstamo garantizado de 6.300 millones de euros, sin condiciones exigibles, a la subsidiaria de FCA, nacida en 2014 de la fusión de Fiat y Chrysler, que tiene su domicilio en los Países Bajos y su sede financiera en Londres.
• En el Reino Unido, EasyJet pudo acceder a £ 600 millones del Banco de Inglaterra, a pesar de haber pagado £ 174 millones en dividendos un mes antes.

Para Mazzucato y Andreoni, lejos de ser un paso hacia el control estatal de la economía, los rescates condicionales han demostrado ser una herramienta efectiva para dirigir las fuerzas productivas en interés de objetivos estratégicos ampliamente compartidos.

Pueden alinear el comportamiento corporativo con las necesidades de la sociedad, asegurando un crecimiento sostenible y una mejor relación entre trabajadores y empresas.

Si la crisis no se va a desperdiciar, esto debe ser parte del legado posterior a Covid-19, concluyen.

Es lo que la prensa comercial argentina llama ideas locas.

LO JUSTO Y EL DERECHO, de Graciana Peñafort - 28/6/2020

Esa oscura entidad que llamamos servicios de inteligencia suele moverse al margen de la ley

Egresé de la Universidad Nacional de Córdoba. Es la universidad más antigua del país, la fundaron los jesuitas en 1613.

Soy de las últimas generaciones de abogados egresados de esa facultad que pudo cursar en la “Facultad Vieja”, el edificio original que queda entre el Colegio Monserrat y la Iglesia de la Compañía de Jesús.

Los escalones de mármol desgastados por generaciones de estudiantes y profesores a lo largo de casi 400 años se sentían curvados, hundidos en el centro.

Y durante los años que cursé, nunca dejó de emocionarme el detalle de esos escalones. Estaba circulando por donde había circulado la historia antes que yo.

Fue en la Facultad “vieja” que tuve mi primera clase como estudiante de la Facu de Córdoba.

Era Derecho Político y aún recuerdo que la maravillosa profesora que tuve, María Teresa Piñero, comenzó diciendo “Hace pocos días fue 24 de marzo, y fue otro aniversario triste del golpe militar del ’76. Muertes, torturas, desapariciones y un estado de terror y barbarie que los argentinos no tenemos que olvidar. Y que ustedes, futuros abogados, tampoco tienen que olvidar. Porque eso que pasó no tiene que pasar nunca más”.

Y yo supe que dejar San Juan había valido la pena y el dolor del desarraigo. Porque pocas veces en mi vida sentí con tanta certeza que estaba en el lugar donde quería estar.

Creo que fue esa materia la que hizo que me enamorara del derecho público para siempre.

Fue en esa ciudad y en esa facultad donde un amigo egresado del Monserrat me dijo una frase maravillosa: “Como enseñaban los jesuitas, en el pecado está la penitencia”.


Ego no te absolvo

Hace unos días veía C5N y vi el informe sobre la vinculación de un periodista con los servicios de inteligencia.

Ese periodista vulneró hace unos años, aduciendo el “interés público”, la intimidad de las personas, pasando escuchas telefónicas hechas en el marco de una causa judicial.

De las escuchas que mostró, no se infería delito alguno de las personas que hablaban.

Su transmisión sólo revelaba los diálogos de Cristina Fernández con Oscar Parrilli en la época en que Cristina había dejado de ser Presidenta.

Diálogos telefónicos como cualquiera de los que podemos tener con nuestros amigos y colaboradores.

Donde cuestionamos a personas que, por la coyuntura puntual, pueden fastidiarnos; donde decimos cosas que no diríamos en público.

En esas charlas no había ningún interés público comprometido. Sólo la finalidad de exponer a personas publicas en su faz privada, en expresiones que pueden ser de interés apenas para quienes gozan del voyeurismo.Más compleja resultó la transmisión de las escuchas hechas a los internos de un penal, que hizo este mismo periodista años después.

Primero, porque el juez que había ordenado esas escuchas también había ordenado destruirlas.

Y el camino sinuoso por el cual habían llegado al poder del periodista estaba plagado de irregularidades judiciales.

El juez ordenó su destrucción, luego se las pidió otro juez en el marco de una causa que tenía como imputado a ese juez y también a un fiscal.

El juez imputado, al recibir la noticia de la destrucción de las escuchas por parte del juez que las había ordenado, pidió a la Oficina de Escuchas, la DAJUDECO, que le hiciera otra copia desde el back-up que tiene con todas las escuchas del país.

No consta que el juez que había ordenado las escuchas diese su autorización a que la DAJUDECO hiciese una copia y se la diese al juez imputado.

Que claro, no era otro que Bonadio.

Quien autorizó la entrega en violación a los reglamentos también es juez, el doctor Martin Irurzun, presidente de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Py y Director ejecutivo de la DAJUDECO.

Peor aún: Bonadio le remitió copia de esas escuchas al Consejo de la Magistratura, a requerimiento del macrismo.

Y cuarenta y ocho horas después las escuchas eran trasmitidas en el programa de Luis Majul, el periodista del que estoy hablando.

En una de las escuchas está Roberto Barata en diálogo con quien era su abogado de aquel entonces, Juan Pablo Alonso.

Ni el periodismo ni el Poder Judicial hicieron mucho respecto a lo sucedido y sólo Alejandro Rúa reclamó institucionalmente, al Colegio de Abogados y al Poder Judicial, que dichas escuchas fuesen destruidas.

 

Ante esa presentación, el Colegio Público elevó una nota a la Corte Suprema denunciando los hechos y solicitando del Alto Tribunal «se extremen las medidas para poner fin de forma definitiva a tal irregularidad, violatoria de derechos constitucionales y convencionales”.

Eso generó una reacción de la propia Corte Suprema, de quien depende hoy la Oficina de Escuchas.

En su Acordada 17/2019 expresó, sin dar nombres: “La interceptación de las comunicaciones entre un imputado y su abogado defensor constituye una grave violación a la garantía constitucional de defensa en juicio. Sin la garantía de la defensa en juicio, toda la población ve comprometida la vigencia del estado constitucional de derecho”.

Rúa hizo además la denuncia ante el Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas, Diego García Sayán.

El 1 de noviembre de 2019 el Relator envió un pedido de informes a la Argentina, y en el último punto de su pedido de informes requirió: “Finalmente, sírvanse proporcionar información sobre las medidas adoptadas para asegurar que los abogados puedan desempeñar sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas”.

El gobierno de Macri optó por contestar impugnando al Relator.

Dicha respuesta fue luego retirada de Naciones Unidas por el recién asumido Presidente, Alberto Fernández.


Servicios prestados

En la causa de espionaje en la que se presentó el Colegio de Abogados, recordando aquella presentación de Alejandro Rúa, se investiga lo que parece haber sido un plan sistemático de espionaje ilegal llevado adelante por funcionarios de Macri.

Hay quienes señalan al propio Macri como aquel que ordenaba la realización del espionaje ilegal y al mismo tiempo era destinatario de la información ilegalmente obtenida.

En el marco de esa causa aparecieron una serie de chats entre los funcionarios que hacían espionaje ilegal, en los que se verifican conversaciones que dan cuenta que ellos realizaban tareas para que sus resultados fuesen emitidos en el programa de Majul.

Hubo una serie de pegatinas de afiches donde se vinculaba a Majul con la actividad que realizaba el primo de su mujer, el aun hoy Procurador de la Provincia de Buenos Aires Julio Conte Grand.

Recuerdo haber visto el programa donde Majul pasó el video que daba cuenta de que los afiches los había colocado una persona con chaleco del gremio de Camioneros.

En base a esas imágenes, decía que la pegatina había sido organizada por los dirigentes de Camioneros, con quienes tenía una conflictiva relación.

Pero el acceso a las imágenes de videocámaras de seguridad está, según la ley de la ciudad, sólo permitido “a aquellos funcionarios que el Poder Ejecutivo individualmente determine, por razón de su función específica. Se prohíbe la cesión o copia de las imágenes salvo en los supuestos previstos en la presente ley. Cualquier persona que por razón del ejercicio de sus funciones tenga acceso a las grabaciones deberá observar la debida reserva, confidencialidad y sigilo en relación con las mismas, siéndole de aplicación, en caso contrario, lo dispuesto en la legislación penal” (Art. 10. Ley 2602. CABA).

Pero la historia de esas imágenes parece haber sido distinta.

Según se desprende de los chats, fueron los espías quienes buscaron y le dieron las imágenes a Majul. No los solidarios vecinos, como dijo en su programa.

Pero lo que me pareció más grave aún: los espías cuentan que era el entonces ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Martin Ocampo, quien le editaba las imágenes de las cámaras de seguridad.

¡Que pertenecen al Sistema de Monitoreo Urbano de CABA… cuya autoridad de Aplicación es… el Ministerio de Seguridad y Justicia!

Y ahí señores, ya entramos en el terreno de lo delictivo.

En el pecado esta la penitencia. En atención a que hay un funcionario público involucrado, el tema es de interés público.

En atención a que los chats fueron obtenidos en el marco de una causa judicial, tampoco podrían los afectados señalar que se inmiscuyen en su vida privada y que están alcanzados por protección constitucional alguna.

Quiero señalar que no me gusta ni comparto el periodismo que usa o se basa en la colaboración de servicios de inteligencia.

Porque no me gustan ni un poquito los servicios de inteligencia.

Me resulta absurdo e inexplicable que sea el propio Estado el que admita a estos servicios de inteligencia dentro de su estructura, porque esa oscura entidad que llamamos servicios de inteligencia se mueve al margen de la ley.

El Estado alojando en su seno la contradicción flagrante de su razón de ser.

Las desapariciones de La Tablada, el Atentado a la AMIA y más recientemente la muerte de Nisman demuestran que los servicios de inteligencia no aportan nada a la sociedad.

Desde el regreso de la democracia podrían haber revalidado su función, pero solo agregaron opacidad. Encubrieron. Hicieron cosas horribles. Murió gente.

Pero a muchos parece enamorarlos aun la romántica imagen del espía de sobretodo oscuro y sombrero en medio de la noche con niebla.

A mí me divierten en las novelas, pero no en la realidad.

Son imágenes de un mundo que ya dejó de existir.

Lo único que existe todavía de ese mundo es la enorme concentración de riqueza en manos de unos pocos, dispuestos hacer casi cualquier cosa para sostener ese modelo tan injusto de distribución. Y la enorme desigualdad.

Los servicios de inteligencia solo sirven a mantener ese mundo desigual, aun cuando ya no sean señores de sobretodos y sombrero sino mas bien señores con sobrepesos o jovencitos con acné frente a una computadora. Porque hoy el poder, además del dinero, lo da la información. Y a buscar esa información se dedican los nuevos espías.

Yo deseo que las causas donde se está investigando el plan sistemático de espionaje que llevó adelante Macri avance y ponga luz en ese mundo oscuro y corrupto de los servicios de inteligencia. Y me permito dudar de que avance, si las causas terminan en los brazos de Comodoro Py.

Porque durante los cuatro años de macrismo, ellos, los “servicios”, circulaban por esos pasillos con desparpajo.

Y porque buena parte de la información producida por el espionaje ilegal era utilizada por muchos jueces y fiscales de ese edificio.

Deseo con las tripas que la investigación sobre el espionaje ilegal avance poniendo verdad y luz sobre lo que pasó.

Que la investigación no se base en testigos pagos, en arrepentidos a la fuerza o en prisiones preventivas basadas en doctrinas arbitrarias y por completo ilegales.

Cambiar todo para que no cambie nada sería deplorable.

Por eso hay que dar la pelea, para que todas las investigaciones se hagan en el pleno respeto del Estado de Derecho.

Creo que la investigación bien hecha sobre el espionaje ilegal puede ser el mayor aporte a la democracia y al Estado de Derecho que hoy puede hacer el Poder Judicial.

Quiero, con furia y dolor, que todo lo que pasó no pase nunca más. Porque fue horrible.

Y yo no estudié abogacía para tolerar mansamente que pasen esas cosas horribles.

Y porque quiero volver a Córdoba, abrazar a mis amigos de la Facu, subir esos escalones gastados de nuevo y emocionarme otra vez y, si puedo, decirle a mi profesora de Derecho Político que no me olvidé de sus clases.

Y que lo Justo y el Derecho no me son categorías olvidadas.

Tampoco el valor de la Democracia y el Estado de Derecho.