EL DESARMADERO, de Horacio Verbitzky - 20/9/2020

Muchas hormigas pueden tapar un elefante. Es lo que pasa con los millones de compradores minoristas de 200 dólares mensuales y las primeras 15 sociedades de bolsa especialistas en contado con liqui.

Todos conocen a varios de esos pequeños ahorristas y nadie sabe nada de aquellas sociedades tan opacas como la sigla de la entidad que las reúne, BYMA. 

Por eso, una medida que ha tenido escasa repercusión mediática pero sí un gran efecto en el mercado, ha sido la contenida a partir del punto 5 de la Comunicación A 7106, que las gerencias de Exterior y Cambios y de Regulación Financiera del Banco Central firmaron el martes 15. 

Allí se dispone:

• la prohibición a los fondos de inversión del extranjero de vender en el país títulos valores adquiridos antes de esa fecha, con liquidación en moneda extranjera, y
• la prohibición de liquidar en pesos en el país, títulos valores adquiridos en el exterior o transacciones sobre ellos concertadas en el exterior.

Estas son operaciones de cambio encubiertas, que desde marzo agrandaron la brecha entre el tipo legal y el clandestino de cambio a sus máximos históricos, de lo que El Cohete informó el 3 de mayo y el 17 de mayo.

Cuando se realizan íntegramente en el país se denominan dólar MEP - Mercado Electrónico de Pagos.

Si contemplan la transferencia de fondos a una cuenta en el exterior se trata del dólar Cable o Contado Con Liquidación - CCL.

Sus grandes protagonistas son los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) nucleados en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), que surgió durante la presidencia de Maurizio Macrì de la fusión del Merval y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y cuyo presidente, Ernesto Allaria, encabeza la sociedad de bolsa Allaria Ledesma & Cia, creada en 1970.

El primer vicepresidente de BYMA fue Nicky Caputo, el Hermano - De - La - Vida.

Allaria con MM.

Las ALyC cobran comisiones por la compra - venta de títulos valores, del 1% para las operaciones MEP y del 2,5% para las operaciones de CCL.

Como van a porcentaje sobre los montos operados, sus ganancias aumentan con la devaluación del tipo de cambio financiero.

Se calcula que en lo que va del año, cobraron comisiones por más de 50.000 millones de pesos, sobre operaciones libres de riesgo. Estas comisiones funcionan como un impuesto de apropiación privada que pagan quienes desean dolarizar sus tenencias por esta vía.

Una de cada cuatro operaciones que pusieron en órbita la cotización del dólar fue realizada por Allaria, para sus clientes pero también para su propia sociedad.

Esa es la antena local de la financiarización, que integra al país a un dañino mecanismo global.

La brecha

El gobierno repite que la cotización ilegal no influye en los precios, porque la importación de maquinarias e insumos se cursa por el oficial, y acude al ejemplo del anterior gobierno, sorprendido cuando su primera devaluación encendió la mecha inflacionaria que nunca pudo apagar, porque creía que los precios ya estaban ajustados al dólar blue.

Pero no oculta que le inquieta la distancia entre ambas cotizaciones (que no son dos sino una docena, incluyendo legales e ilegales), porque genera expectativas y presiona por la temida devaluación, en una sociedad que al menos desde 1975 ha reducido a memes ridículos las frases pronunciadas con las mejores intenciones:

“el que apuesta al dólar pierde”, “les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo”, o “el que puso dólares, recibirá dólares”.

El crecimiento de la brecha construye la percepción de que el tipo de cambio oficial está “atrasado”, por lo cual se postergan las ventas y se anticipan las compras de divisas en el mercado oficial, se posterga la liquidación de exportaciones, se anticipa la de importaciones y se cancelan créditos comerciales o financieros, por anticipado.

Esto afecta las reservas internacionales y genera la sensación de inestabilidad que puede llevarse puesto a un gobierno.

Cuando Macrì estableció el control de cambios en agosto de 2019, los mercados MEP y CCL operaban un promedio diario de unos 60 millones de dólares.

A partir de allí, las operaciones pasaron a un promedio diario de 300 millones de dólares, cinco veces más.

Una serie de regulaciones establecidas por la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central en mayo y junio de este año redujeron ese volumen a unos 100 millones de dólares diarios promedio.

A partir de junio, esas operaciones se estabilizaron en unos 40 millones de dólares por día, la mitad para la cartera de las propias ALyC y sus principales accionistas, de acuerdo con este detalle:

Elaborado sobre datos de BYMA

Estos son los grandes operadores:

Un documento que se utilizó para fundamentar la prohibición estima que las demandas de dólares de las ALyC explican tanto la mitad de la demanda neta de divisas que se tramita a través de los mercados MEP y CCL cuanto el corrimiento del tipo de cambio, a pesar del proceso de desdolarización de empresas y de algunas personas humanas en el contexto de la pandemia.

Esas compras reflejan otro negocio de intermediación financiera de gran envergadura: el desarme de las tenencias de deuda pública denominada en moneda local que poseían los grandes fondos de inversión extranjeros (Templeton, PIMCO, BlackRock y Fidelity, entre otros) cuya bicicleta financiera quedó atascada en títulos de deuda pública en moneda local luego del reperfilamiento de la deuda que llevó adelante el agónico ministro Hernán Lacunza.

De esta forma, la economía argentina gastó dólares adquiridos en el mercado oficial para financiar el proceso de desarme de sus tenencias de títulos en pesos de los grandes fondos de inversión que, antes del FMI, financiaron al gobierno de Macrì.

El documento señala que los grandes acreedores externos que son tenedores de títulos de deuda pública en moneda local, son también los principales tenedores de títulos en dólares recientemente reestructurados.

Por este motivo, esas operaciones se emplearon como mecanismo de presión de los fondos del exterior en la negociación con las autoridades argentinas.

La prohibición de esas operaciones es la más drástica de las medidas dispuestas por el Banco Central con la aprobación presidencial, y fue resistida desde la Secretaría de Finanzas y la CNV, donde no faltan células dormidas de BYMA.

El perro de Perón

Durante una de las tantas entrevistas a las que se sometió para explicar las últimas medidas, el presidente del Banco Central dijo que era imposible prever la evolución del llamado dólar paralelo o blue, porque se trataba de un mercado delincuencial.

- Es como ir a comprar repuestos para el auto a un desarmadero - dijo Miguel Pesce.

Agregó que a ese mercado acuden tanto los considerados pequeños ahorristas como las organizaciones criminales que comercializan sustancias de consumo prohibido por las autoridades sanitarias o armas de guerra.

Lo taparon con una chorrera de títulos efectistas ante los cuales los 280 caracteres de un tuit parecen un tratado de filosofía, como si la autoridad monetaria equiparara con narcotraficantes a los cuatro millones de ciudadanos que compraban los 200 dólares mensuales que la normativa vigente hasta la semana anterior les permitía adquirir en un mercado de cambios que no es único ni libre pese su nombre, como el perro de Perón que se llamaba León.

No fue eso lo que Pesce dijo, pero ¿a quién le importa la diferencia, cuando es tan poderoso e insistente el artefacto mediático que la oscurece?

El tráfico de narcóticos es el arquetipo de la ilegalidad y connota un rechazo instantáneo, mientras la visita a un desarmadero en busca de una puerta o un cigüeñal gozan de la misma indulgencia social que la venta sin facturas en el comercio minorista, dos batallas culturales que sucesivos gobierno libran y pierden.

Un colega periodista acudió a un desarmadero en busca de reemplazo para una taza que le habían robado.

Lo hicieron esperar 10 minutos antes de responderle si tenían la pieza.

La encontraron, se la pusieron en la rueda, pagó y se marchó contento.

Al llegar a su casa advirtió que le faltaba la del otro lado.

Prodigios imaginativos

La analogía con el mercado paralelo es pertinente.

A cada regulación, sus operadores responden con prodigios imaginativos que permiten algún beneficio ilegal.

Con una enorme circulación de pesos en la sociedad por los distintos auxilios oficiales dispuestos a raíz de la pandemia, muchas personas compraban los 200 dólares mensuales permitidos para atesoramiento. y los guardaban en su cuenta bancaria, como reserva de valor, función esencial de la moneda que el peso perdió hace demasiado tiempo.

Otros, además, descubrieron el rulo, que consistía en pagarlos a 100 pesos cada uno en el mercado legal y venderlos a 130 en el clandestino: convertir 20.000 en 26.000.

La nueva regulación, además del 30% por turismo o gastos en dólares con tarjeta incluye un adelanto del impuesto a las ganancias, que se podrá descontar en el momento de presentar la declaración jurada, o pedir su devolución aquellos que no estén inscriptos en ese impuesto.

Además, el tope de 200 dólares por persona incluye ahora tanto la compra de billetes como el pago de gastos con tarjeta o de servicios dolarizados.

De este modo, en el mejor de los casos habrá que disponer de 26.000 pesos, para hacer una diferencia de 1.000 ó 2.000 según sea la cotización ilegal de cada día y nadie podrá exceder de los 200 mensuales.

Si en los últimos meses este goteo consumió no menos de 800 millones de dólares por mes, con el nuevo esquema la sangría se reduciría a la mitad.

Serían unos 2.400 millones de aquí a marzo.

Esto en cuanto a las hormigas del mercado.

Para las tres decenas de elefantes, grandes empresas endeudadas en el exterior, el Banco Central no les venderá más del 40% de sus vencimientos en el mercado legal.

El resto deberán ponerlo de fondos propios o de nuevos créditos obtenidos en el exterior.

Hasta marzo, esos compromisos son de 3.300 millones de dólares, con lo cual punzarán las reservas en otros 1.300 millones.

La fijación del horizonte en marzo obedece a que a partir de allí comenzarían a ingresar los dólares por la venta de la cosecha gruesa, con la buena noticia de que el precio de la soja superó por primera vez en años los 380 dólares por tonelada.

Los medios de comunicación que expresan los intereses de esas empresas sostienen que el gobierno las forzará a defaultear, cuando en realidad sólo les está pidiendo que las refinancien a dos años. Encabeza la nómina YPF.

Algunas de las mayores empresas, como Telecom, del Grupo Clarín, ya lo han hecho.

Y están en ese trámite Celulosa, Aeropuertos 2000, IRSA, Cresud, Genneia y el Banco Hipotecario, entre otras.

Abrir o cerrar

En su columna de ayer, Alejandro Bercovich, se pregunta por qué el ministro de Economía Martín Guzmán declaró que se oponía a un endurecimiento del cepo, porque “queremos ir en la senda hacia la normalización, no hacia cerrar aún más, porque eso sería una medida para aguantar. Nosotros no venimos a aguantar, sino a tranquilizar la economía”.

El columnista afirma que en Olivos se preguntan si Guzmán buscó desmarcarse de una decisión antipática para la clase media aun cuando había prestado su acuerdo puertas adentro y si lo habrá hecho “por consejo de alguna de las otras patas de la coalición gobernante”.

Si así fuera, es difícil que haya sido Cristina, cuya práctica histórica parece más próxima a las medidas drásticas.

Durante su gobierno, por ejemplo, lo primero que se pisó fue la remisión de utilidades de empresas extranjeras a sus casas matrices, tal como hizo Perón medio siglo antes.

El presupuesto 2021, presentado el mismo día que las nuevas medidas cambiarias, señala el rumbo, hacia la recuperación de la producción, el empleo y el consumo, con un déficit del 4,5% del PIB, del cual más de la mitad se financiará en el mercado de capitales local en pesos, uno de los logros de Guzmán, junto con el pateo hacia delante de los pagos a los acreedores externos, de intereses que además se reducen en 37.000 millones de dólares.

Pero hasta llegar a ese punto hay que aguantar, porque si las reservas se agotan sobrevienen un vendaval y una inundación como a principios de siglo, con aumentos descontrolados de precios, proporcional aumento de la pobreza, agudización de la crisis social y consecuencias político - electorales.

La idea de una desindexación y desdolarización lentas de la economía, sobre modelos como los que siguieron Israel o Brasil, peca de un desconocimiento de la sociedad y de las urgencias políticas.

Ese sayo no le cabe a la Vicepresidenta.

El Banco Central dispone de bonos por unos 7.000 millones de dólares (provenientes de aquel desarme de posiciones de los grandes fondos) y del swap con China por 18.000 millones, con los que podría forzar a la baja la cotización ilegal, reduciendo la brecha. Pero Pesce resistirá todo lo que pueda esa intervención, porque teme que sea la señal de largada de una corrida incontenible que redunde en el efecto contrario al deseado.

¿Caracas o New Jersey?

La contribución extraordinaria sobre las grandes fortunas avanza en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, como se narra en otras notas de esta edición.

Las páginas y pantallas de la trifecta se han llenado de advertencias apocalípticas, que se resumen en la descripción de una ruta que conduce directo a Caracas, con empresas y personas que huyen de un país sin futuro.

Ocupados como estaban en auscultar los crujidos de la República asediada por los vándalos, no tuvieron tiempo de enterarse que el gobernador de New Jersey, el demócrata Philip D. Murphy, acordó con la legislatura aumentar casi un 2% los impuestos sobre ingresos superiores a un millón de dólares, y una simultánea rebaja de 500 dólares a las familias con ingresos inferiores a 150.000 dólares al año.

Igual que Carlos Heller, Murphy proviene del sector financiero, pero no de un banco cooperativo, sino de la banca de inversión Goldman Sachs.

“No albergamos rencores contra quienes han tenido éxito en la vida, pero en este momento sin precedentes, cuando tantas familias de clase media y otras han hecho tantos sacrificios, es hora de asegurar que los más ricos entre nosotros también los hagan”, declaró, según la edición del jueves 17 del New York Times.

La Conferencia Nacional de Legislaturas Provinciales registró que por lo menos otros ocho estados, entre ellos California, Massachusetts y Nueva York, han considerado propuestas para aumentar impuestos a los residentes de altos ingresos, tal como ocurrió durante la gran recesión de la década anterior: entre 2010 y 2012, diez estados aumentaron los impuestos para equilibrar presupuestos diezmados por la crisis económica.

New Jersey es el segundo estado más rico de Estados Unidos.

Se espera que el impuesto genere un ingreso de 390 millones de dólares en este año fiscal.

La mayor tasa sería pagada por 35.000 contribuyentes.

Los republicanos y algunos empresarios dicen que mayores impuestos producirán un éxodo de ciudadanos acomodados, disminuyendo los recursos necesarios para sostener servicios básicos como educación y salud.

Pero Murphy obtuvo opiniones positivas del 67% de la población encuestada.

¿Quién está fuera del mundo?

Cada mochuelo a su olivo

Ni las cacerolas, ni las banderas, ni los bocinazos de autos de alta gama, ni los editoriales furibundos en diarios, televisoras y redes antisociales lograron convencer a jueces y juezas de distintos fueros e instancias de que la República está en peligro y que deben acudir en su rescate.

Esa percepción distorsionada de la realidad chocó con los duros hechos y sosegó a los exaltados jueces Germán Castelli, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes volvieron cabizbajos a los tribunales para los cuales contaban con propuesta del Consejo de la Magistratura, decreto del Poder Ejecutivo y acuerdo del Senado, que es como la Constitución dice que se nombra a los jueces.

La pretensión de que ese requisito fuera sustituido por lo que sólo ellos y un reducido número de señores y señoras mayores consideran derechos adquiridos que requerían inmediata tutela, fue rechazada por las juezas de primera instancia Macarena Marra Giménez y María Alejandra Bioti, por las cámaras federales en lo Contencioso Administrativo y de Casación Penal y por la Corte Suprema de Justicia.

La inversión mediática del sentido no se sostiene por más gestos de indignación que se sumen: Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados a dedo por Macrì para confirmar diversos procesamientos contra Cristina dictados por los jueces Ercolini y Glock, y Castelli para condenarla en el caso del sargento chofer grafómano.

Actuaron como las comisiones especiales fulminadas por el artículo 18 de la Constitución.

Lo que el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado hicieron ahora no es más que remediar este atropello y proceder según el artículo 99 inciso 4 de la Constitución, que indica los poderes que deben concurrir para que la designación de un juez sea válida.

Además de los fallos históricos de 1930 y 1958 y de la lapidaria opinión de Hamilton recordados aquí hace dos semanas, tampoco los fallos posteriores a la reforma constitucional de 1994 son auspiciosos para los rebeldes del Estado Libre Asociado de Comodoro Py.

El 23 de mayo de 2007, en el caso Rosza, Carlos Alberto, y el 21 de abril de 2015 en Aparicio, Ana Beatriz, la Corte reiteró que no hay forma de eludir la prescripción del artículo 99, inciso 4 de la Constitución.

Mientras se discutía la Constitución de Estados Unidos, Hamilton escribió en El Federalista que el acuerdo del Senado para los jueces “sería un excelente freno para el espíritu de favoritismo del Presidente y tendería grandemente a evitar el nombramiento de personajes ineptos”.

La República Autónoma del Cuarto Piso transcribió que “el acuerdo del Senado constituye un excelente freno sobre el posible favoritismo presidencial, pero también entraña el propósito de obtener las designaciones mejor logradas.

El Senado - enseña Estrada - presta o no su acuerdo, según reconozca en la persona propuesta las cualidades y méritos requeridos”.

La estrategia de victimización consta en uno de los mensajes que Macrì intercambió con su secretario Darío Nieto y fue tratada hace dos meses en un encuentro con el ex presidente en su quinta Los Abrojos, convocada por su ex ministro de Justicia, Germán Garavano.

Asistieron los consejeros de la magistratura por la oposición Juan Manuel Culotta, Pablo Tonelli, Ricardo Recondo y Juan Pablo Más Vélez.

En forma remota se conectaron las consejeras Silvia Giacoppo y Marina Sánchez Herrero.

Si había algo para discutir, Castelli, Bruglia y Bertuzzi desperdiciaron la ocasión, al negarse a hacerlo ante la Comisión de Acuerdos del Senado que los citó.

¿Habrá entendido el gran valedor de todas las operaciones contra CFK, que se agotó el margen para esas jugadas y que, si tuvieran éxito, no sería él su beneficiario?

MADERA DE DERIVA, de Jorge Drexler

Estoy hecho de madera de deriva:
voy a merced de la resaca y del río.
Vengo, voy y vengo,
soy todo aquéllo que no puedo llamar mío.
Vengo, voy y vengo,
soy todo aquello que no puedo llamar mío

Tengo las aristas tan pulidas,
me voy tatuando de agua y de viento.
Vengo, voy y vengo,
soy mucho menos lo que se que lo que siento.
Vengo, voy y vengo,
soy mucho menos lo que se que lo que siento.

Y un día derivé hacia tu orilla,
quedé varado en un recodo de tu arena.
Te hiciste con mis sueños y mis pesadillas,
con mis luces malas y mis noches buenas
No sé qué es eso que llaman destino,
acaso apenas una veta en la madera.

Yo solo se que hice un alto en el camino,
y hoy me quedaría por siempre a tu vera.
Yo solo se que hice un alto en el camino,
y hoy me quedaría por siempre a tu vera.

AQUÉL HERMOSO RAYO DE LUZ, de Arturo Pérez Reverte - 31/8/2020

He vuelto a encontrar por casualidad, yendo en busca de otra cosa, una antigua grabación en blanco y negro de TVE en la que Marisol, hoy Pepa Flores, la Marisol de los años 60, cantaba Corazón contento junto a Palito Ortega.

Ya la había descubierto hace tres o cuatro años, de pasada, pero esta vez he vuelto a verla despacio, fijándome bien en los detalles.

Disfrutándola.

Porque ésa es la palabra exacta: disfrutándola.

Y les recomiendo que, si tienen ocasión, la busquen y le echen un vistazo.

Grabada en uno de aquellos programas de los sábados por la noche que presentaban Joaquín Prat y Laura Valenzuela, y que veía toda España porque en la tele no había otra cosa que ver, Marisol aparece en el vídeo en todo su esplendor de joven simpática y bella, cantando de maravilla, moviéndose por el plató con unas tablas, una gracia y un desparpajo formidables.

Era, no cabe la menor duda, una gran artista, tocada por esa gracia que los dioses sólo conceden, y con cuentagotas, a algunos mortales (y mortalas, que diría alguno de los bobos de ambos sexos que hoy adornan la política).

Era Marisol una persona extraordinaria, cantante, actriz, con todos los ingredientes para ser el gran icono femenino de la España de la segunda mitad del siglo XX: la joven, la mujer, que podía haber representado, como ninguna otra, el espíritu de aquel país que de forma tan admirable pasó del franquismo a la democracia.

Aquella España de la Transición, joven, inteligente, vigorosa, llena de esperanza en su futuro.

Su historia fue en origen, detrás de la pantalla y los escenarios, tan triste como la España de la que provenía. Indiscutible estrella infantil que arrasó en 1960 con Un rayo de luz - todos los niños de mi generación nos enamoramos de ella -, protagonizó películas que fueron éxitos de taquilla y alcanzó una fama hoy imposible de imaginar, aunque por debajo de eso había una historia de explotación infantil, productores sin escrúpulos, abusos, intereses miserables que ella misma tardaría en revelar.

Tras un matrimonio infeliz con el hijo de su productor, se unió al bailarín Antonio Gades, radical de izquierdas que la introdujo en el activismo político.

Militante comunista atacada por unos y alabada por otros, grabó canciones, rodó películas - mi favorita es Los días del pasado, de Mario Camus -, encarnó a Mariana Pineda en una serie histórica que fue un éxito de audiencia, y su carácter de icono de la Transición se consagró en 1976, cuando posó desnuda en fotografías publicadas en Interviú.

Sin embargo, cansada de muchas cosas, al separarse de Gades renunció tanto a la política como a su carrera artística.

Supo desaparecer como una auténtica señora, y desde entonces vive discretamente en Málaga con su pareja desde hace treinta años, respetada y querida por los vecinos, negándose a toda aparición pública, hasta el punto de que fueron sus hijas quienes recogieron el Goya de Honor que le concedieron el año pasado.

Hace seis meses cumplió 72 años de vida y 35 de silencio; y como dijo una de sus hijas, es feliz, es buena gente y sólo aspira a que la dejen en paz.

Miro ahora ese vídeo en el que de forma tan deliciosa canta Corazón contento y no puedo evitar pensar que, incluso en su mudo retiro, y a pesar de ella misma, Pepa Flores, Marisol, sigue siendo el icono indiscutible de una España y una época.

Y eso se pone más de manifiesto en tiempos como los actuales.

Ella encarnó, y en mi opinión lo sigue haciendo, aquella sociedad salida de las sombras que caminaba hacia la luz: desenvuelta, simpática, atractiva, admirada por un mundo que asistía boquiabierto al milagro de un país y unos ciudadanos capaces de reinventarse a sí mismos devolviendo el orgullo a la palabra español.

Marisol era, en cierto modo, el ejemplo de cómo el pasado podía transformarse en futuro, alegría, cultura y esperanza.

Representaba lo mejor de nosotros entonces: la juventud y la fe.

Y además, era guapísima.

Por eso, que desde hace tres décadas y media Pepa Flores sea invisible, que esté alejada de nosotros y no nos haga sonreír, bailar, escuchar, aplaudir, recordar o pensar, dice mucho, y dice mal, del lugar que hoy habitamos.

Incluso en contra de su voluntad, Marisol sigue siendo el símbolo de esta España que, como ella misma, pudo serlo todo y no fue.

La una porque no quiso, y la otra porque no supo.

La musa rubia de ese tiempo desvanecido nos suscita la melancolía de una Transición también extraviada, hoy en manos de mercachifles sin memoria, de oportunistas incompetentes, de reyezuelos de taifas sin escrúpulos y de quienes nunca vivieron ni leyeron, y por eso no pueden comprender el difícil y peligroso camino que nos condujo de Un rayo de luz a Mariana Pineda.

EL LAWFARE, EL ACHICAMIENTO DE LA DEMOCRACIO Y EL FACTOR MILITAR, de Oscar Laborde, PRESIDENTE DEL PARLASUR - 14/9/2020

Estados Unidos no iba a permitir, sin ofrecer combate, que se constituyera una región que priorizara los intereses de sus integrantes, en lugar de obedecer los mandatos del imperio.

Empezó a trabajar en eso inmediatamente después que le dijéramos No al Alca en noviembre de 2005.

Tratarían de evitar la generación de un polo en un mundo multipolar.

Se estaba logrando.

Nuestra América trabajando articuladamente empezó a ser una referencia internacional, y un potencial dolor de cabeza para quienes, por décadas, dispusieron de ella como su patio trasero.

La derecha, dirigida por el imperio, en nuestra región adoptó el lawfare en los últimos años como el mecanismo predilecto para derrotar gobiernos populares y denostar a sus dirigentes, con el objetivo de suplantarlos en el gobierno, encarcelarlos o desprestigiarlos cruelmente.

En esta guerra hacen uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario.

Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares), de forma tal que sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba.

Para esto se necesita una Justicia cómplice, medios de comunicación que trabajen en absoluta concordancia para despedazar a las expresiones populares y políticos cómplices.

Obtuvieron muchos logros con ese método de guerra judicial.

Sin embargo, no les alcanzó para instalar una tendencia conservadora irreversible en la región.

Han destituido a presidentes: Dilma, Lugo y Zelaya (a los dos últimos además los proscribieron).

Llevaron a prisión injustamente a Lula, Jorge Glas y Amado Boudou. Incluso dieron un golpe de Estado en Bolivia.

¿Por qué?

Si no difaman y encarcelan a algunos líderes populares, no les podrían ganar en elecciones limpias y democráticas.

Y pese a todo, no pueden afirmar el modelo neoliberal.

Y como el lawfare no alcanza para acallar a los opositores y la voz del pueblo, achican más la democracia, y surge el autoritarismo, indicios de fascismo y el factor militar.

Las FF AA vuelven a tener un protagonismo que hace años no tenían, protagonismo ejercido en contra de los intereses populares y a favor de los grupos concentrados de la economía.

Y aparecen las fuerzas de seguridad, policías, Gerdarmería, Prefectura, que no tienen tanto límite constitucional para actuar en cuestiones internas, poseen más flexibilidad y una "capilaridad" en el territorio muy conveniente para moverse con más libertad y menos restricciones.

Lenín Moreno y los militares pueden usar hasta armas letales, y contarán con el patrocinio del Estado para su defensa en casos de actuaciones contra manifestantes.

En Argentina la Bonaerense acaba de protagonizar un hecho gravísimo rodeando con personal armado las residencias del gobernador y la del presidente por una reivindicación salarial.

Los EE UU tuvieron en los últimos años una dedicación esmerada y una gran discreción para conectar, preparar, influir, formar para una política afín a sus intereses a militares y fuerzas de seguridad.

Habrá que seguir con mucha atención la utilización del factor militar, porque hay una decisión de apelar a él ante la situación de que el lawfare ya no basta, por si solo, para detener los reclamos, la resistencia y la voluntad del movimiento popular de organizarse política y electoralmente para llegar al gobierno.

LOCOMÍA, de Horacio Verbitzky - 13/9/2020

El sábado 5, el Gobierno Nacional informó al de la Provincia de Buenos Aires que se estaba difundiendo por redes sociales la retención de tareas por parte de efectivos de la Policía Provincial para el lunes 7.

A primera hora de ese día, la Gobernación agradeció e informó que todo estaba tranquilo.

Desde la Nación aclararon que la hora fijada para el reclamo era recién al mediodía.

El ministro de Seguridad Sergio Berni dijo que estaba en eso.

Una de las advertencias enviadas por la Nación a La Plata

Simultáneamente, en la quinta de Olivos se supo de reclamos similares en Misiones, La Rioja y El Chaco.

En los tres casos, el Presidente Alberto Fernández le indicó al Ministro del Interior Wado de Pedro que actuara de inmediato, girando los fondos necesarios para mejorar los salarios policiales.

No era muy complicado, ya que entre esas tres provincias tienen 2,5 millones de habitantes, siete veces menos que Buenos Aires.

También los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti, y de Córdoba, Juan Schiaretti, firmaron aumentos para sus policías, mientras la solución se dilataba en Buenos Aires.

Fue aportada por el Presidente, al anunciar el miércoles que la Nación enviaría los fondos necesarios a La Plata.

Esto permitió al gobernador Axel Kicillof comunicar el jueves que cumpliría el viejo anhelo de la fuerza provincial, de equipararse con la Policía Federal, que es la institución federal de seguridad mejor paga, con lo cual desescaló el conflicto.

Pero antes pasaron cuatro días de tensión creciente e innecesario desgaste político.

La CGT, el Partido Justicialista, la CTA, la Corriente Federal de Trabajadores, entidades de pequeñas empresas, diversos movimientos sociales repudiaron la intimidación sobre la residencia presidencial.

Hasta el bloque de diputados porteños de la UCR y el presidente del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, se pronunciaron contra este acto de prepotencia inadmisible.

Ni una palabra emitieron las cámaras patronales, lo cual puede considerarse un progreso ya que esta vez al menos no alentaron la sedición, como en 1976 y 1987.

Algunos pequeños grupos militantes marcharon sobre Olivos, nada hubiera sido mejor para completar la provocación que una refriega a las puertas de la sede gubernativa.

El teorema de Baglini explica casi todo.

Pero el Presidente pidió que no lo hicieran y un alto jefe de la Policía Federal habló con el jefe bonaerense de Vicente López, de modo que a la hora de llegada de los autoconvocados, el piquete policial se había reducido a unos pocos efectivos.

Otros entusiastas sugerían en las redes sociales convocar a la Gendarmería para sacarlos de allí, pero del lado de adentro del muro de ladrillo nadie tuvo esa fantasía.

No todo fue locura en esas horas exasperadas.

Hugo Yasky dijo luego en una entrevista con El Destape Radio, que si algo semejante volvía a producirse y hubiera algún riesgo real para la democracia, cientos de miles de trabajadores saldrían a las calles a defender a su gobierno.

Muchas cosas quedan por esclarecer:

• Si se trató apenas de una reivindicación salarial o enmascaró un proyecto de desestabilización institucional;
• Si guarda alguna relación con el flash psicótico que dijo haber padecido el ex senador Eduardo Duhalde cuando se vio rodeado por animales sueltos;
• Si fue un movimiento único o la coincidencia en el tiempo y el espacio de varios grupos de distinta conformación y objetivos;
• Si estaban coordinados entre ellos o sólo hubo un aprovechamiento recíproco;
• Si corresponde aplicar sanciones y en tal caso cuáles, a quienes y por qué vía;
• Si se subestimaron indicios de que algo grande se estaba preparando y de quién es la responsabilidad;
• Si el combustible mediático que propagó el incendio preanuncia un endurecimiento en la operación de acoso y derribo de un gobierno que replicó a presiones anteriores con la regulación de las tecnologías de la información y la comunicación;
• Si la pacificación policial con recursos recuperados de la Capital no tornará más complejas las relaciones políticas entre oficialismo y oposición.

Los 14 puntos

Todo eso deberá ser pasado en limpio, para afinar una lectura correcta de lo sucedido en la jornada más vertiginosa del año ’20.

Lo que no admite interpretaciones divergentes es que el petitorio entregado por los policías alborotadores al gobernador Axel Kicillof constituye una base razonable para un diálogo institucional que afiance una reforma policial imprescindible.

En su contenido no hay nada incompatible con el sistema democrático y eso también fue visible en el tono firme pero calmo del gobernador.

El primer punto descartaba sanciones “para el personal que concurra a alguna de las convocatorias pacíficas realizadas”.

Pero, ¿puede considerase pacífica la convergencia de patrulleros y su personal armado sobre la residencia presidencial de Olivos, con armas a la vista y sirenas al aire?

Si la respuesta fuera negativa, ¿sería razonable disciplinar al personal de baja jerarquía que predominó en esa instancia, al locomía de la bandera y no a los mandos que recién aparecieron cuando llegó la hora de levantar la concentración en otros puntos del Conurbano?

Los puntos 2 a 6 contenían reclamos salariales: aumentos diferenciados para los distintos escalafones, mejora en el pago por hora de compensación de recargo de servicio y del servicio de policía adicional, e incremento de la asignación por compra y mantenimiento del uniforme y equipo de trabajo.

Los aumentos dispuestos por el gobierno provincial en algunos casos están por debajo de lo reclamado y en otros por encima, como respecto de los uniformes: pedían 3.800 y Axel anunció 5.000 pesos por mes.

La equiparación con las remuneraciones de la Policía Federal satisface una apetencia histórica de los bonaerenses.

Tanto que, luego del anuncio, hubo temor de que los patanegra terminaran por encima de los federicos, igualados en el básico pero con el adicional por uniforme para desequilibrar.

Esto a su vez podría encender una cadena de exigencias de las demás fuerzas federales.

Aun sin ese desfasaje, la probabilidad de reclamos en cascada de otros servidores estatales es previsible: ¿por qué las otras profesiones esenciales deberían contentarse con menos?

Esto supone un riesgo y una oportunidad.

Todos esas reivindicaciones son justas, la cuestión es cómo financiarlas.

Lo sabe el gobierno y también la AEA, que se miran de reojo.

Los puntos 7 a 14 del petitorio son un buen punto de partida para el análisis de cómo crear una policía distinta:

• Derecho a la vivienda digna. Planes de vivienda para el personal policial.
• No obligatoriedad de la obra social IOMA.
• Democratización de las fuerzas.
• Derecho a la sindicalización.
• Móviles en condiciones para realizar nuestro servicio.
• Capacitación y re-entrenamiento permanente.
• Asistencia psicológica.
• Basta de represalias (sumarios, arrestos, desafectaciones y traslados como medidas de disciplinamiento).

Parte de esa agenda ya formaba parte del plan anunciado el viernes anterior por los gobiernos nacional y provincial, con una inversión de 38.000 millones de pesos, lo cual debería facilitar los acuerdos.

El pliego de reclamos

En el video que podés ver aquí, un vocero policial lee el pliego de reclamos.

Pero no se grabó ahora sino en 1988, cuando el jefe de gabinete federal Santiago Cafiero tenía 9 añitos, su abuelo Antonio era el gobernador y Luis Brunatti su ministro de Gobierno.

Entonces no eran 14 puntos sino 11, pero giraban en torno de las mismas reivindicaciones salariales, profesionales y de bienestar del personal.

Igual que ahora se mezclaba personal de uniforme y de civil, acompañado por sus esposas.

https://youtu.be/v28U1J0SKlQ

Ese fue el año en que el Presidente Raúl Alfonsín negoció que la provincia de Buenos Aires cediera puntos de coparticipación a la Liga de gobernadores peronistas, que amenazaban con los fantasmas de Estanislao López, Pancho Ramírez y Facundo Quiroga atando sus caballos en la Plaza Mayor.

En esta edición, el equipo de tributaristas de la Universidad Nacional de General San Martín describe en detalle ese proceso, cuyas consecuencias se sienten hasta ahora, y cada día con más fuerza.

Tiene toda la razón Axel cuando señala que se trata de un problema estructural, agravado en los últimos cuatro años por un gobierno que relegó los ingresos de la tropa policial por detrás de los de otros empleados estatales, lo cual no es decir poco.

El investigador de la Universidad Nacional de La Plata Santiago Galar estudió todas las protestas policiales ocurridas en la provincia de Buenos Aires entre 2008 y 2017.

Estas son algunos de sus hallazgos, publicados en el Anuario de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa:
“Los actores aparecen atravesados por una doble pertenencia, en tanto miembros de una sociedad democrática que otorga derechos a sus ciudadanos y en tanto miembros de una institución jerárquica que dispone desigualdades.

Esta doble filiación habilita tensiones en los actores que se expresan a la hora de plantear demandas en el espacio público”.

“Los / as policías, en este sentido, enfrentan un importante grado de precariedad: jornada laboral completa indefinida, sobrecarga horaria compulsiva, riesgo de vida, ausencia de días de descanso, regímenes disciplinarios poco claros, horarios rotativos, falta de contención y exposición a altos niveles de stress”.

“Se generaliza la tendencia a concebir a la acción policial como un servicio o estado, antes que un trabajo que impone una desproporcionada carga horaria y una evidente precariedad laboral”.

“Si bien es destacable la participación de agentes en actividad, es usual que los reclamos sean encabezados por familiares de los / as agentes, en particular por sus esposas.

Incluso las protestas de 2013, aquellas que más visiblemente involucraron a uniformados / as, comenzaron con familiares impidiendo la salida de móviles de la dependencia de La Plata”.

“En la concentración de 2009, la convocatoria incluyó cadenas de mails y mensajes de texto de celulares.

Por su parte, los más recientes reclamos que relevamos, derivaciones del incendio en la comisaría de Pergamino, fueron convocados por Facebook, Twitter y audios de WhatsApp”

“Destacamos el carácter anónimo de estas convocatorias en circulación como un elemento común asociado a la prohibición de protestar en la vía pública que recae sobre los/as agentes”.

“Emerge recurrentemente en los discursos la idea del cansancio, el hartazgo o la falta de respuestas, como justificaciones al reclamo público”.

“El carácter horizontal de las redes tendidas para la convocatoria, el ‘cansancio’ como motor de la acción colectiva y la ‘espontaneidad’ del reclamo, según nuestra interpretación, constituyen elementos que plantean diferenciaciones con la acción ‘política’, caracterizada por vastos sectores sociales como ‘corrupta’ e ‘interesada’”

“Los / as agentes policiales se reconocen como miembros de una sociedad que se entiende democrática, en la cual se consolidó paulatinamente un discurso que apela a la ampliación del acceso a derechos”.

“El cruce entre condiciones laborales particularmente adversas y la imposibilidad de reclamar por fuera de la línea de autoridad de la institución.

Los reclamos poseen disparadores concretos pero son rápidamente dotados de significados más amplios, asentados particularmente en la necesidad de mejorar las condiciones en las cuales los / as policías realizan su trabajo”.

Desde el helicóptero

Este es el trasfondo estructural de lo sucedido.

En ese contexto, el ministro de Seguridad no vio venir la erupción, a pesar del aviso recibido del gobierno nacional, porque su corazón y su mente están puestos en la carrera política personal para la que su cargo es el trampolín.

La semana pasada publicamos alguno de los spots con los que intenta construir el personaje de Superberni, que da vergüenza ajena.

Además está pintando paredones de la tercera sección electoral postulándose como presidente del Partido Justicialista.

Él mismo ha dicho que no ha decidido si del Provincial o del Nacional.

Pero no lo consultó con ninguno de sus dirigentes, ni siquiera aquellos con una letra K en su apellido, que no aman el paracaidismo.

Berni es cirujano, pero desearía ser militar.

Como su adscripción al cuerpo profesional del Ejército terminó hace tres lustros, juega al milico con la policía.

En 2015, cuando Agustín Rossi asumió por primera vez como Ministro de Defensa, Berni le pidió que lo ascendiera a general. Rossi, que todavía usaba la barba epónima, le mandó preguntar si sabía de dónde colgaba Caperucita su cestita.

Desde el helicóptero es difícil enterarse lo que ocurre en las comisarías.

Y si cuando toca tierra le grita a la tropa que no hay lugar para los tibios como si fueran reclutas de un Ejército antiguo, no del que existe en el presente, que tiende a la idea del ciudadano soldado, se comprende el porqué de su sorpresa ante lo que se desencadenó.

https://youtu.be/CUh20CVFst4

Cuando todo hubo concluido, volvió a jactarse en la televisión: 

“Claro que sabíamos que iba a pasar esto, lo veníamos calculando hace dos o tres meses” (sic).

Labia no le falta.

Las empresas afectadas por el decreto regulador que erizó a la Asociación Empresaria (AEA), viralizaron con fruición el malestar policial en las pantallas de sus televisoras.

Berni también se negó a conversar con quienes acampaban cerca de sus oficinas, porque dijo que estaban cometiendo un delito.

Pero en tal caso, ¿por qué fueron a intentar ese diálogo los subsecretarios de Participación Ciudadana, Pablo Fernández, y de Formación y Desarrollo Profesional, Javier Alonso?

El bajo nivel de esa representación salvó la formalidad de que no se negocia con sediciosos pero no contribuyó a avanzar en un entendimiento.

Del otro lado, la inorganicidad del tumulto tampoco ayudó.

Cuando Alberto Fernández invitó a tres representantes a ingresar a la residencia para conversar con él, nadie se animó.

Un retirado dijo una guarangada, pero los policías en actividad no es que desairaran al presidente, temían ser identificados y castigados. En este momento se apreció la perversidad de un sistema por el cual la representación recae en marginales y corruptos.

No había jefes, porque es inconcebible el reconocimiento de un caudillismo policial, al estilo del que ejerció Aldo Rico ante Alfonsín en aquella Semana Santa.

Pero delegados tampoco, por el persistente rechazo a la creación de un sindicato, como los que existen en los países desarrollados y que permiten canalizar reclamos laborales sin afectar la prestación del servicio.

Mirá, por ejemplo, a qué se dedica el sindicato policial en España.

Sólo Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda lo entendieron así cuando el tema llegó a la Corte Suprema, si bien marcaron que la agremiación no podría incluir el derecho de huelga, pero Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Carlos Fernando Rosenkrantz refrendaron esa idea de la autoridad que consiste en negar los hechos.

Como los sindicatos policiales no están permitidos, se organizan en forma clandestina, con predominio de retirados y exonerados.

Un columnista del Cohete reflexiona sobre lo que muestra el conflicto.

“Por un lado, hay una ficción de la política y la sociedad respecto de la Bonaerense.

Se le dan armas, territorio, tropa y autoridad a un comisario sin formación terciaria que gana 1.500 dólares.

¿No es obvio que, salvo que haya una autoridad de mando casi carismática, se va a financiar solo?

La clase media alta prefiere otra ficción: pagar la Seguridad Privada, que no es otra cosa que uno de los negocios semi - legales de la misma Bonaerense.

Hace mucho vi un estudio sobre el sueldo promedio de la Seguridad Privada: era inferior a la hora del personal doméstico.

Por otro lado, se acentúa la proletarización de la tropa (como antes de los maestros, con características diferentes; y de a poco el personal de salud).

En el Conurbano el suboficial de policía, el ladrón y el docente viven en el mismo barrio. Son la misma clase social.

Una sociedad que reparte así no es meritocrática: es suicida”.

Los voceros oficiosos no tienen nada para perder y tienden a elevar el conflicto a los extremos. Esto incluye a retirados de distintas épocas, algunos de ellos exonerados por faltas graves o delitos, que intentan conservar influencia sobre la fuerza y que a menudo son la polea de transmisión de las peores prácticas institucionales, además de militantes embozados o abiertos del PRO. En este caso también incidieron varios miles de sumariados por la Auditoría de Asuntos Internos.

La Auditoría es un órgano de control con funcionamiento independiente, sin superiores en la estructura institucional, que molesta a la alianza corrupta entre policías, jueces y fiscales, como se contó aquí.

En los últimos años se practicaron severos controles patrimoniales e incluso toxicológicos.

Un número de los 30.000 sumariados están suspendidos en sus funciones pero con goce de sueldo, en una especie de limbo mientras no termine el procedimiento por el cual sean sancionados o absueltos.

Sería asombroso que muchos no se montaran en la ola reivindicativa de los más jóvenes, pugnando por la anulación de sus sumarios.

Esto no es fácil, aunque Berni se lo proponga.

La Auditoría investiga tanto faltas menores (abandonos de servicio, pérdida de un arma, faltas a los superiores) cuanto graves, como vejámenes o torturas en los calabozos.

En cada caso se debe instruir un sumario, con una serie de pasos reglados en la ley 13204/04 y el decreto reglamentario 1050/06, ambos de la gestión de Felipe Solá, que fue el menos peor de los gobernadores del último cuarto de siglo, de modo que intervienen instructores, secretarios, auditores sumariales, abogados defensores, la secretaría legal y técnica y la defensoría oficial del ministerio, con apelación al ministro y eventual revisión judicial, lo cual minimiza los márgenes de discrecionalidad.

Tal como hizo cuando fue secretario de Seguridad de la Nación, Berni paralizó esos procedimientos, con la errónea idea de que daban una mala imagen de la policía, reincorporó a unos 400 funcionarios separados de la actividad y no actualizó el registro de exonerados, de modo que no hay forma de conocer la situación de cada efectivo.

Una pregunta que se reiteró en estos días es por qué los policías no protestaron durante el gobierno del Hada Buena, con cuya gestión los salarios policiales perdieron nada menos que un 30% contra la inflación.

En realidad, sí lo hicieron, en 2017, cuando el jefe era Pablo Bressi, y en 2018, con Fabián Perroni.

Pero Asuntos Internos en algunos casos, y el ex ministro Cristian Ritondo en otros, se anticiparon a buscar la solución antes de que la rebeldía se propagara de una unidad a otra.

Sin sindicato, con Asuntos Internos desactivada y con el aumento que se esperaba en marzo y se postergó, sólo Berni ignoraba lo que podría suceder, seguro de que, donde él está, reina el orden

Precisiones

El viernes dije en Habrá consecuencias que Berni no era el candidato de Axel, pero que lo designó una vez que un especialista en seguridad rechazara el cargo.

Me retracto: no hubo ofrecimiento del gobernador, sino sondeo de su jefe de gabinete, Carlos Bianco, y el candidato dijo que no estaba disponible.

Es muy distinto, ¿no?

Quien sí tiene candidatos para reemplazar a Berni es el Grupo Clarín.

El viernes mencionó cuatro:

• La politóloga Cecilia Rodríguez, jefa de gabinete del ministerio de Seguridad de la Nación, del que fue titular entre 2013 y 2015, con Berni como conflictivo secretario.
• El abogado Martín Arias Duval, subsecretario de Seguridad en las dos gestiones de Carlos Arslanián en la provincia de Buenos Aires, y Director de Migraciones durante las dos presidencias de Cristina.
• El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.
• El sindicalista del seguro e intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo.

Cecilia Rodríguez es una pieza fundamental en el equipo del Ministerio de Seguridad Federal, que conduce Sabina Frederic.

Arias Duval declinó un ofrecimiento del Presidente Fernández para conducir una fuerza de seguridad federal, porque cree haber cumplido ya con su deber de servicio y prefiere dedicarse al estudio jurídico que comparte con Arslanián.

Además de encabezar uno de los principales municipios de la provincia, donde ha hecho un trabajo encomiable, el ingeniero Ferraresi acompaña como vicepresidente a Cristina en el Instituto Patria.

Es improbable que cualquiera de ellos esté en disponibilidad para mudarse a La Plata.

Descalzo, quien lleva 25 años al frente del municipio de Ituzaingó, no tiene reelección y cuenta con la simpatía de otros intendentes.

Fuera del registro de Clarín, porque no lo sabe o porque pretende cuidarlo, también se anota el ex ministro entre 2013 y 2015, Alejandro Granados.

Barón del señorío de Ezeiza y propietario del asador El Mangrullo, construido sobre terrenos fiscales intrusados, tiene como asesor al ex jefe de la bonaerense durante seis años, Hugo Matzkin, quien, a su vez, mantiene diálogo con el subjefe actual, Jorge Oscar Figini, ex superintendente de Institutos de Formación Policial y el representante en la cúpula de la Mejor Maldita Policía del Mundo.

Pero no hay indicios de que el gobernador piense en modificar su gabinete.

Kicillof está agradecido por la guardia de la infantería bonaerense que el ministro dispuso sobre su residencia, cuando medio centenar de manifestantes sin uniforme amenazaban con tomarla en la noche del lunes, madrugada del martes, y es comprensible que tiemble de sólo pensar qué podría haber ocurrido con un ministro ungido en la calle Tacuarí.

Pero la iniciativa de ese despliegue también partió del gobierno nacional, cuando Berni pedía la presencia de fuerzas federales, uno de los tantos desastres que las actitudes sensatas del otro lado de la frontera evitaron.

Los federales se acercaron en forma discreta, como previsión, pero no se hicieron ver y bastó con la presencia de la infantería negra. Máximo Kirchner le aconsejó al gobernador que no sacara a su familia de la residencia, que en ese caso sí podría haber sido invadida.

A diferencia de casos anteriores, que abundan y de los que no se salvó ningún gobierno, esta vez participó un alto número de jóvenes con escasa inserción en la estructura institucional, reclutados en los barrios para las policías locales que creó Daniel Scioli, sin escalafón ni posibilidad de ascenso, en un limbo organizativo que no modificaron ni Ritondo ni Berni.

El actual ministro los colocó junto con los comandos de patrulla en las nuevas Estaciones de Policiía, en medio de un tironeo con los intendentes

Pero no modificó el horizonte profesional de Los pitufos, como se los bautizó por los uniformes celestes con que los vistió en 2018 otro personaje de ficción, el Hada Buena.

Hasta una cumbia algo irónica cosecharon, antes de que Ritondo les cambiara los uniformes por otros, azul policía.

Otro a la Corte

En su mensaje del miércoles, Fernández dijo que el fondo de financiamiento para la provincia de Buenos Aires se formaría con el dinero de más que Macrì transfirió en 2016 a la Ciudad de Buenos Aires para pagar el traspaso de la dirección de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal.

Tanto el ministro del Interior Wado de Pedro como su predecesor Rogelio Frigerio, dijeron que Macrì había transferido a la Ciudad más fondos que los correspondientes.

Frigerio lo atribuyó a un error por el apuro de hacer demasiadas cosas en los primeros días de gobierno.

Lo rectificó ahora Alberto.

De Pedro dijo que los recursos transferidos por Macrì a la Ciudad duplicaron el costo de la incorporación policial.

https://youtu.be/KBJy-k5sTC8

Horacio Rodríguez Larreta dirá ante la Corte Suprema de Justicia que ese decreto es inconstitucional.

Entonces también lo habría sido aquel de Macrì, le replicó De Pedro, cuya aparición como vocero en un breve spot oficial tiende a cubrir la función que en otros gobiernos cumplieron Carlos Corach y Aníbal Fernández, de ordenar la agenda y ahorrarle al Presidente el desgaste de ser cada día su propio vocero.

También se hizo oír el diputado Kirchner: 

“Engordaron a la ciudad más rica del país en detrimento del resto y nadie habló de la constitucionalidad del decreto, era tan grosero que después la bajaron un poquito.

Ahora, cuando el Presidente Alberto Fernández quiere redistribuir es inconstitucional”.

Horas antes, Alberto había anunciado inversiones por más de 30.000 millones de pesos en Buenos Aires y otras cuatro provincias: Tucumán, Tierra del Fuego, Chubut y Santa Fe, con un mensaje federal sobre la redistribución de los recursos que abundan en la CABA, “para aquellos que los están necesitando” en el resto del país.

Todos los gobernadores justicialistas habían respaldado lo decidido, con la solitaria excepción del cordobés Juan Schiaretti quien, de todos modos, repudió el despliegue armado sobre la residencia presidencial.

De Pedro retomó lo que ya había dicho el Presidente respecto del diálogo con Rodríguez Larreta sobre esa transferencia.

Desde comienzos de año analizaron con el jefe de gobierno de la Ciudad el monto que tenía que devolver.

El Poder Ejecutivo los recibiría.

La única novedad actual es que no irán al Tesoro Nacional sino al bonaerense.

Tanto el alcalde porteño como el presidente dijeron que el diálogo no se rompería entre ambas administraciones.

Medir en puntos de coparticipación los recursos que dejarán de girarse a la Capital Federal es una ficción narrativa, porque esos fondos tuvieron el único justificativo de acompañar la transferencia policial.

Es previsible que la Corte tome el caso, pero no que lo resuelva en favor de la Ciudad.

En abril del año pasado, sólo Elena Highton dijo que la Ciudad de Buenos Aires tiene un status distinto al de las provincias y que, por lo tanto, no tiene el derecho de acceder a la competencia originaria, que la Constitución solo le reconoce a las provincias.

Los Constituyentes de 1994 no concibieron a la Ciudad como una provincia ni a su autonomía con el mismo alcance que la de aquellas, agregó.

En cambio, el cupo masculino del tribunal (Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti) dibujó una provincialización de la Ciudad que no está en el texto de la Constitución.

Que la coparticipación debe disponerse por ley es una obviedad. Pero la Constitución de Olivos ordenó que esa ley se sancionara en 1996 y eso aún no ha ocurrido, ni ocurrirá jamás, ya que se trata de una ley convenio y basta que una provincia no la apruebe para que resulte inválida.

Como explicó aquí en enero Enrique Hidalgo, la ley de 1988 sobre la coparticipación sólo dice que la Nación debe entregarle a la Ciudad no menos de lo que le transfirió en 1987.

Mientras ese recaudo se cumpla, no hay demasiado que discutir.

La pregunta es cuánto tardará un tribunal tan supremo que hasta sus propios plazos fija, en calcular el valor presente de lo transferido hace 33 años.

Si esto tiene algún componente jurídico, es sólo nominal.

CORTITO Y AL PIE, de Santiago Varela - 8/9/2020

Un conocido mío, el gordo Ramón, me dijo un día:
"Cada uno es dueño de tirarse del piso que quiera,
si quiero tirarme del piso 18, me tiro.
Es mi libertad, tengo derechos, nadie debe impedirlo,
me respalda la constitución."

Y efectivamente, se subió al piso 18, me miró, me saludó,
y se tiró.
El problema fue que cayó arriba de una pareja, gente linda,
y los hizo pelota a los dos.

El Gordo tenía derecho a tirarse y que lo tuvieran que levantar con pala ancha de la vereda.
Pero ¿Tenía derecho a matar a una pareja seguramente de enamorados?
Y aunque no estuvieran enamorados, es la misma cosa.
Terminaron los tres igual, a la altura de las baldosas.

A veces, lo que hace uno influye en los demás. Yo diría casi siempre.
Si el Gordo en lugar de elegir tirarse, seguro que para salir en los diarios, hubiese elegido tomarse un litro de lavandina, se hubiera suicidado igual, no hubiera jodido a nadie, y la parejita hoy estaría buscando un bebé.

Algo parecido pasa con los anticuarentena, quieren comer asado y tomar mate todos juntos, porque si no lo hacen sienten que están prisioneros en una mazmorra, lejos del ser nacional, que dice que el asado y el mate son parte de nuestra identidad.
Está bien, que lo hagan, pero el problema es que después no se quedan todos juntos a vivir al lado de la parrilla.

No.
Una vez que están bien contagiados cada uno se va a contagiar a un lado distinto: a la casa, la familia, el trabajo, el colectivo.

Esa es la diferencia: que existen otros. 

Otros que ellos no ven ni escuchan, porque no les interesan.
Y como no les interesan, los aplastan como hizo el Gordo Ramón.

Así son los que se burlan de la pandemia boicoteando la cuarentena. Eso hace que la gente se contagie y que falten camas, respiradores, enfermeras, chatas, todo.
El desinterés por el otro es manifiesto y aterrador.
No importa lo que digan, lo que griten, las pancartas que lleven, (todas muy prolijas) las notas que den.
Lo que importa es lo que hacen y los resultados de lo que hacen.

Un ejemplo es Jujuy.
Jujuy no tenía casi casos, Morales creía que el bicho le tenía miedo.
Estaba radiante, el neoliberalismo ahuyentaba al virus.
Era Gardel, Le Pera y los cuatro guitarristas.
Ofreció la provincia para que se jugara el campeonato de futbol y si hubiese podido, las Olimpíadas.
Para certificarlo abrió todo, la gente, confiada, salía y se abrazaban de puro contenta.
Hoy Morales está desesperado, la provincia está que arde.
Hoy pide que le manden camas, respiradores, médicos y si no hay médicos, que manden odontólogos o podólogos o cualquiera que use guardapolvo blanco.

El fondo de la cuestión es que la pandemia se politizó.
La derecha quiere demostrar que el virus es un bichito inofensivo y que el gobierno se aprovecha para encerrarnos en casa.
Pero si se contagian muchos y mueren muchos cambian el argumento y dirán que la culpa es del gobierno que no supo administrar el problema, no de los que se convocaban en las calles, no de los que se juntaban a festejar el cumpleaños de la nona.
Pase lo que pase el gobierno es responsable, promotor y culpable.

No tienen otro pensamiento más que el electoral.

Tal vez sea un problema de neuronas, poca cantidad, mala calidad,
desgaste. 

No sé, pero esto es lo que pasa.

Sobre todo en el Congreso donde la Gata Flora los ilumina y los guía

porque si hacen una reunión presencial gritan y si la hacen no  presencial lloran.

Se viene una época dura, pero no solamente por el virus, la deuda,
la desocupación, sino por estos tipos que quieren tanto a su país
que siempre piensan que cuanto peor, mejor.
Menos mal que de este lado hay otra gente, otro tipo de gente.

Gente que, por ahora, estamos juntos y deberemos seguir así.

Chau

JUJUY, LA MASACRE ANUNCIADA, de Mariana Mamani - 6/9/2020

Colapso sanitario en los pagos de Gerardo Morales

Otto Dix

Las cifras de muertes por Covid-19 no dan consuelo.

El sistema sanitario está desbordado y los administradores de la provincia no atinan a pegar el volantazo hacia una estrategia seria para frenar los contagios.

Jujuy es, junto con Río Negro y Mendoza, una de las tres provincias con su sistema sanitario colapsado.

El Bolsonaro de la Puna, como algunos llaman al gobernador Gerardo Morales, se reincorporó al comité operativo de emergencias (COE).

Se lo notó golpeado políticamente por las consecuencias de su administración de la pandemia aunque no dudó en transmitir su experiencia epidemiológica al Presidente Alberto Fernández en su primer viaje a Buenos Aires.

No por buena, sino por mala.

El sacrificio diario de los trabajadores de la salud, a pesar del hostigamiento del Estado provincial, es increíble.

Trabajan inmersos en la precariedad.

En los últimos días toda la cadena del sistema sanitario colapsó y los intensivistas deben decidir quién merece un respirador.

Las cifras colocan a Jujuy como la tercera provincia con mayor número de infectados (al borde de los 10.000) en relación con su población.

Ya superó los 270 fallecidos, el promedio de contagios diarios es de más de 300 personas y la tasa de letalidad de 2,86 por ciento.

La administración calamitosa de la pandemia en la provincia, donde no hay controles de la circulación y la gente se relajó, implicó la transferencia de la responsabilidad social a la población.

Las redes sociales se convirtieron en obituarios, colmadas de mensajes de despedida a compañeros, amigos y familiares.

Otros reclaman camas intensivas.

Muchos desmienten y cuestionan a Morales y su equipo por hacer proselitismo con una crisis epidemiológica.

Las camas críticas están cubiertas: según el COE son 120, aunque sólo la mitad tiene atención porque faltan terapistas.

“Las próximas semanas serán una masacre”, anticipa una enfermera del hospital San Roque ante un panorama desolador, que se completa con el agotamiento de los trabajadores de primera línea. 

Cinco médicos y dos enfermeros han fallecido.

Hay otros cinco médicos con respirador, quince en terapia y más de doscientos médicos y enfermeros que transitan la enfermedad aislados.

“Nos recuperamos en siete días y según el memorándum debemos volver a trabajar. Se reinfectaron enfermeros en el departamento de Santa Bárbara. Si nos dieran equipos de protección personal de calidad, eso no sucedería”, relata un médico.

Los trabajadores de la salud de Jujuy son los peor pagos del país.

Como agravante, quienes debieron ser aislados recibieron descuentos, según denunció el sindicato de empleados públicos APUAP.

También se anoticiaron de que recibirán un bono de 5.000 del gobierno provincial (sumado al que entrega el Estado nacional) para todo el personal sanitario.

Además se aumentará un 400 por ciento el adicional de emergencia sanitaria habilitado años atrás por la gripe A, junto con aumentos específicos para profesionales de guardias e intensivistas. 

“Gasto de mi bolsillo un barbijo N95 que cuesta 1700 pesos. Al mes necesito sólo 10.000 pesos para cuidarme con protección de calidad”, explica un médico.

Luego desmiente al ministro de salud Gustavo Bouhid, quien anuncio que se entregaron 4.500 barbijos KN95, y agrega que “no tienen certificación de ANMAT”.

Multa y azote a los médicos

A pesar de la emergencia y la desprotección, los trabajadores de la salud le pusieron freno al ninguneo del gobierno provincial.

El decreto de Morales que pretendía imponerles multas de hasta un millón de pesos, detener e inhabilitar a los que no cumplieran con las disposiciones del Ministerio de Salud, es una muestra más de una administración que funciona a fuerza de aprietes y medidas disciplinarias.

El gobernador intentó justificarlo diciendo que 150 médicos habían pedido licencia para no atender pacientes de Covid-19 y que sólo tres fueron sancionados.

El amplio rechazo social y los cuestionamientos de instituciones que denunciaron la inconstitucionalidad de la medida lo forzaron a derogarlo.

“Era para silenciarnos, para que no podamos manifestarnos, para que no reclamemos cada vez que nos mueven”, reflexiona una enfermera en referencia a los permanentes traslados sin causa del Hospital de Campaña al Hospital Pablo Soria y desde el último al San Roque.

En su quinto ruidazo de la semana en defensa de la salud pública no hubo sólo reclamos salariales.

“Necesitamos el test seriado que no se está cumpliendo. Hay que exigirlo, más allá de la persecución laboral que viene por detrás”, agrega.

También denuncian que quienes dan positivo y son aislados no tienen el seguimiento que merecen.

Una enfermera de Perico, tras el peregrinaje de sus familiares para conseguir una cama de terapia intensiva, perdió la vida mientras la trasladaban a la capital provincial.

Administrar la miseria

San Pedro y San Salvador son las ciudades con más contagios pero la circulación no se restringió.

Si en Libertador y en Perico se habría aplanado la curva de contagios, el fuego parece haberse trasladado a San Pedro, donde el personal médico y de enfermería está saturado.

En plena crisis sanitaria renunció el director del hospital Paterson, lo reemplazó una odontóloga y no hay infectólogos, pese al Covid y al dengue en puerta.

La localidad tiene seis camas de terapia intensiva para una población de 60.000 habitantes.

En ese escenario, los médicos presentaron un informe de la situación epidemiológica y propuestas para frenar los contagios y ampliar atención. 

“Los domingos mueren más personas: cinco el último, ocho el anterior. Los números no cierran con los oficiales. Es triste porque es la salud de nuestras familias”, afirma el doctor Carlos Espeche.

Agrega que los asesora un prestigioso infectólogo y que el consejo es focalizar en los centros de contagios, aislar por barrios y hacer más testeos.

“Tenemos que administrar la miseria, para que no se derrumbe el sistema sanitario”, advierte.

La emergencia incluye también a los cementerios, que en Libertador y en Perico están colapsados.

Los intensivistas atraviesan una situación especialmente dura.

En noviembre del año pasado el 35 por ciento sufría el síndrome de burnout o “del trabajador quemado”, por el estrés derivado del trabajo, y varios habían renunciado.

Hoy estiman que el 50 por ciento atraviesa esa situación por exceso de trabajo y presiones de todo tipo.

En la provincia hay 54 intensivistas y para cumplir con las guardias que planteo Morales se necesitarían otros 50.

“No se incorporaron intensivistas. Los que se suman de los equipos de Nación son entre tres y seis, sólo por unas semanas. Llegamos a una situación en la que tenemos que elegir a quién ponerle y a quién no ponerle un respirador. No damos abasto, el sistema está saturado”, afirma el doctor Miguel Salva, especialista en terapia intensiva y representante de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva en Jujuy.

En la última semana, con seis meses de demora y en pleno colapso sanitario, Morales convocó a representantes de obras sociales y gremios para hacerlos partícipes del trabajo de detección, atención y seguimiento de personas con Covid-19.

Además anunció que se incorporan cerca de 200 médicos al sistema de telemedicina, que cuenta con más de 300 profesionales de diferentes provincias para atender los casos de más de 5.000 jujeños.

EXAR y Ledesma

La asociación de abogados de derechos humanos del nordeste Andhes denunció ante el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU la precaria situación sanitaria que se vive en Jujuy.

La organización envió información sobre abusos y violaciones de derechos humanos y también expresó su profunda preocupación ante la situación que atraviesan trabajadores de las empresas Minera EXAR S.A. y Ledesma S.A.A.I. a raíz de los contagios masivos de Covid-19.

Andhes advierte que faltó una implementación efectiva de protocolos de bioseguridad en las empresas y un control eficaz por parte del gobierno jujeño.

Ledesma, líder en contagios.

“Destacamos como grave la falta de aplicación de protocolos de salud, higiene y seguridad por parte de ambas empresas, lo cual generó una acelerada propagación del virus. Gran parte de los trabajadores (sobre todo relacionados a la empresa minera EXAR) son miembros de comunidades indígenas, agravando la situación ya que el sistema de salud en la localidad de Susques y otras de la Puna jujeña es sumamente precario” indicaron Malka Manestar, coordinadora institucional de Andhes en Jujuy, y Fernanda Marchese, directora ejecutiva de la organización.

Según denunció el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL), el ingenio Ledesma S.A.A.I. es la empresa con más muertes obreras en el país por Covid - 19.

Por eso reclamaron que se pare “hasta que se controle la situación”.

Agregaron que la empresa no brinda información suficiente al sindicato porque no realiza testeos a su personal y que se niega a otorgar licencias al personal de más de 60 años, argumentando que todos los trabajadores y las trabajadoras son esenciales.