lunes, 19 de julio de 2021

YO FUI GORILA, de Roberto "Tito" Cossa, 18/7/2021

De la cuna socialista y la gente bien al temor de volverse peronista después de 76 años


El 17 de octubre de 1945 yo tenía 10 años.
Me criaba en un hogar de clase media, bajo la influencia cultural del Partido Socialista.
En mi casa los referentes eran Sarmiento y Alfredo Palacios.
Tíos y tías maestros de escuela.

La llegada de Perón no cayó bien en mi familia: un milico arropado por la Iglesia.
Con Perón en el gobierno brotaron los pobres, empezaron a tener derechos, mejoraron sus salarios y empezaron a sentirse iguales a nosotros.
Un tío, obrero textil, que vivía La Matanza, pasó su luna de miel en el centro de Buenos Aires; iban todas las noche al teatro o al cine, y cenaban en Pippo.

En mi familia no había un solo rastro de discriminación.
La piba que llegó de Mendoza para colaborar con las tareas de la casa, años después le pidió a mi padre que saliera de padrino de su casamiento.
Pero una cosa son los pobres de a uno y otra cosa cuando hacían retumbar el asfalto con sus marchas interminables: desfilaban los militares, los obreros, los jóvenes, las enfermeras.
Toda una ornamentación insoportable.

¡Y los discursos de Perón y Evita..!
Agresivos, demagógicos, donde se exaltaban los sentimientos más primarios de los ignorantes.
Y mi tía Ema decía “ella es peor..”.

Mi padre, mecánico dental, mejoró mucho la economía de la familia. Pero el dato no importaba.
Muchos domingos íbamos a pasar el día con nuestros parientes en San Isidro, muy queridos; los hombres pintores de paredes y muy peronistas.
Generalmente, a la hora de la sobremesa, cuando el vino había aportado lo suyo, salía el tema político.
Los parientes nos enrostraban todos los avances sociales, las leyes que favorecían a los obreros.
“Son las leyes socialistas” respondía mi padre.

Mi primo Arnold me mandó una carta en la que se hacía pasar por peronista, con horrores de ortografía y sintaxis.
Nos decían que los obreros cantaban “alpargatas sí, libros no” Creíamos que Perón era un chorro, un homosexual y un pedófilo.

Si algo caracterizaba a mi familia antes de la llegada del peronismo, era el rechazo a la Iglesia católica.
Nuestro peor enemigo.
Sin embargo estuvimos con curas cuando esa Iglesia enfrentó a Perón.

En el colegio me enseñaban a leer y escribir, pero mi verdadero educador era el cine de Hollywod, mínimo tres películas por semana. Un mundo maravilloso, un pueblo feliz donde los jóvenes tenían auto y no había gente pobre.

“En Norteamérica los negros se lavan su propio auto”, decía mi primo Lito.

Con el cine norteamericano llego el jazz y, con el jazz, el desprecio por el tango y por todo lo que sonaba a cultura popular.
Los peronistas, orgullosos, sentían que vivían en un gran país, el mismo país que a nosotros nos daba vergüenza.

Celebré la caída del régimen pero tuve el primer llamado de atención cuando un vecino que volvía de la celebración en las calles comentó: “todos éramos gente bien”.
Al fin y al cabo yo era socialista.

Me llevó poco tiempo entender algunas cosas y les decía a los peronistas: “yo critico a Perón no por lo que hizo sino por lo que no hizo”.

En fin… pasaron los años.
En 1973 voté por Cámpora y después por Perón.
El general confirmó mis desconfianzas iniciales.
Hasta la llegada de Néstor y Cristina.
Por primera vez me sentí que había un gobierno que me representaba.
Y cuando escucho a los gorilas de este tiempo cada vez más apoyo al actual gobierno.

(Pausa)

Cheee…. ¿no me estaré haciendo peronista después de 76 años?

LA CONEXIÓN ARGENTA, de Jorge Elbaum - 18/7/2021

Pertrechos represivos, articulación con servicios de inteligencia y apoyo logístico para el golpe de 2019


Mauricio Macri. ¿Quién carga las armas?

Detrás de los pertrechos represivos, de las cajas de municiones no declaradas y de las granadas de gas lacrimógeno que llegaron de contrabando al aeropuerto de El Alto, empieza a desenredarse una sórdida madeja colmada de conspiraciones, operaciones de prensa y financiamiento ilegal de la que participaron el Departamento de Estado de Estados Unidos junto a los gobiernos de la Argentina, Brasil y Ecuador.

El último miércoles, el comandante de la Policía boliviana Jhonny Aguilera corroboró la existencia de granadas lacrimógenas, dispositivos de gas pimienta, y un día después detalló la cantidad: 29.600 balas antitumulto 12/70 enviadas por el gobierno de Mauricio Macri.
En la conferencia de prensa brindada el mismo día del hallazgo inicial agregó que los pertrechos represivos no estaban acompañados por documentación sobre su proveniencia.
Desde ese mismo día se desarrollan las investigaciones respecto al traslado del material para reprimir a partir de su llegada al aeropuerto de El Alto la madrugada del 13 de noviembre de 2019.

Los gendarmes del Grupo Alacrán regresaron en junio de 2020 a la Argentina.
El 15 de julio de 2020 el responsable de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería Nacional, Carlos Miguel Recalde, justificó el faltante de pertrechos en que se habían empleado en “ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro”.
Sin embargo, el jueves último el comandante de la Policía Boliviana lo desmintió, al tiempo que diversos periodistas acreditados en Bolivia empezaban a percatarse de los recónditos vínculos que articularon al macrismo con los golpistas y la embajada de Estados Unidos en La Paz.

Informes de inteligencia filtrados en enero de 2020 dan cuenta del rol protagónico asumido por la Agencia Federal de Inteligencia argentina (AFI) en dos períodos diferenciados: la etapa correspondiente a la gestación del golpe y la que se inicia a mediados de noviembre para impedir el triunfo del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones de octubre de 2020.

Según los documentos filtrados, que están siendo corroborados por las autoridades bolivianas desde la asunción de Luis Arce, la embajada de Estados Unidos en La Paz encomendó a los agentes orgánicos de la AFI José Sánchez y Raúl Estévez la tarea de distribución de recursos durante la etapa previa al golpe.
Mientras Sánchez y Estévez coordinaban con los funcionarios de la embajada contaban con la anuencia de Gustavo Arribas, el director de la AFI durante el gobierno macrista.

Sánchez además fue el encargado de recopilar información sobre los dirigentes más relevantes del MAS y de todos los diplomáticos cubanos, venezolanos y nicaragüenses residentes en Bolivia. Se le solicitó también la recopilación de material de inteligencia que pudiera vincular a los funcionarios del gobierno boliviano con el narcotráfico y con todo tipo de negocios privados, ajenos a la función pública, con el objeto de estigmatizarlos en forma mediática.

Dichos informes eran confeccionados para los funcionarios de Washington, según pudieron constatar los investigadores de la Dirección de Inteligencia del Estado Plurinacional (DIDEP) dependiente del ministro de gobierno Carlos Del Carpio, una vez que el MAS ganó en primera vuelta en 2020.
Los referentes de Sánchez, en La Paz y en Santa Cruz de la Sierra, hasta julio de 2019, fueron los funcionarios Rolf Olson y Annette Dorothy Blakeslee, ambos oficiales de inteligencia con despachos en la sede diplomática ubicada en la Avenida Arce 2780 de La Paz.

Blakeslee se instaló en Bolivia luego de una estancia en Managua - como funcionaria de la Agencia del Desarrollo Internacional de Estados Unidos, USAID - donde fue acusada de financiar a opositores del Frente Sandinista, hoy en el gobierno.

Los estrechos contactos entre las agencias de inteligencia estadounidenses y el macrismo explican la mudanza de las oficinas de la AFI de Washington hacia Miami - capital mundial de la ultraderecha latinoamericana -, donde los agentes podían confraternizar con los máximos referentes antichavistas y anticastristas, cultores del injerencismo más desbocado.

En Miami funciona además la Unidad de Corrupción Internacional (UCI), dependiente del FBI, la unidad que planificó la persecución contra Lula Da Silva que devino en su proscripción y su encarcelamiento.
Miami es también la sede del SOUTHCOM, uno de los nueve comandos en que se divide la fuerza militar estadounidense, que comprende un área de influencia que va desde Guatemala hasta Tierra del Fuego.

Una de las tareas encomendadas por los agentes de Washington a José Sánchez, avaladas por su superiores, consistió en distribuir financiamiento a periodistas relevantes de los diarios Página Siete y El Deber.

Además se constituyó en un verdadero correveidile de quienes instalaron el clima destituyente y la existencia de un fraude.
Entre los interlocutores de Sánchez figuraban - tal cual se lo comunicaba puntillosamente a Arribas - Waldo Albarracín, presidente de la Confederación Democrática Nacional (CONADE), Jorge Tuto Quiroga, ex presidente de Bolivia, y Luis Fernando Camacho, dirigente de los Comités Cívicos de Santa Cruz y actual gobernador electo de ese departamento.
Según los informes confidenciales con que cuenta la DIDEP, Sánchez participaba quincenalmente de encuentros con diferentes diplomáticos de Brasil y Ecuador, a quienes les facilitaba la información previamente detallada por Olson y Blakeslee.


Grupo de Lima y servicios


Deseo y bandera de los seguidores de Luis Fernando Camacho.

Las tareas desarrolladas por Sánchez en La Paz y en Santa Cruz de la Sierra fueron diseñadas y consensuadas en abril de 2019, en el primer encuentro de la Red de Inteligencia sobre Crimen Organizado y Terrorismo (RISCOT), impulsada por la agencias de inteligencia de Washington, enaltecida por Arribas y reunida en Brasil.

Según un informe difundido por participantes en ambas reuniones - la segunda se desarrolló en Chile en octubre de 2019 - la RISCOT debatió aspectos técnicos en sus encuentros públicos, pero llegó a importantes acuerdos políticos por fuera de las sesiones plenarias.
El objetivo explícito de las reuniones consistió en intercambiar información respecto a las amenazas y los riesgos a nivel regional, bajo la tradicional agenda impuesta por el Departamento de Estado: la corrupción y el terrorismo como paraguas conceptual para perseguir cualquier proyecto emancipatorio basado en la soberanía nacional de los países de América Latina y el Caribe.
En ambos encuentros - el de abril y el de octubre - se alcanzaron acuerdos para promover la derrota del MAS, debilitar al chavismo y acosar al kirchnerismo.

José Sánchez debía concluir su estancia en La Paz el 2 de diciembre de 2019, pero fue trasladado a la provincia de Tucumán en octubre de ese año debido a la filtración de información referida a su persona en septiembre, que fue publicada en febrero de 2020.

Frente a los informes provenientes de la DIDEP, la actual Interventora de la AFI, la fiscal Cristina Caamaño, ordenó una “investigación interna con el objeto de determinar si personal del organismo desplegado en ese país realizó algún tipo de actividad que pudiese haber aportado a la consumación del Golpe de Estado” contra el entonces Presidente Evo Morales.
La pesquisa se orienta, específicamente, a determinar quiénes requirieron tareas de espionaje ajenas a las regulaciones estipuladas por las leyes vigentes en la Argentina.

El 25 de julio de 2019, el embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez García - actual ministro de Trabajo del carcelero Gerardo Morales -, participó de una cena en la residencia del encargado de Negocios de Estados Unidos en Bolivia, Bruce Williamson, que se realizó en honor a la visita del subsecretario adjunto para el Hemisferio Occidental, Kevin O’Reilly.
Cinco días después, el 30 de julio a las 17:12, Álvarez García remite un cable a la Cancillería - entonces bajo la tutela de Jorge Faurie - en el que relataba los pedidos de los funcionarios estadounidenses para que la Argentina advirtiera y repudiara el fraude que se avecinaba.

Una situación similar quedó detallada en el cable enviado por el cónsul argentino en Santa Cruz de la Sierra, Roberto Dupuy, quien participó de una reunión convocada por Camacho, quien a su vez advirtió del golpe en ciernes y solicitó asilo potencial para el caso de que fracasara.

El encuentro entre Dupuy y el dirigente de la Unión Cruceña se llevó a cabo el 4 de noviembre de 2019, seis días antes de que se efectivizara el golpe.
Del mismo participó también el cónsul español Agustín Uña Rodríguez.
Cuando Camacho mostró su perfil católico ultramontano y se empezó a divulgar su discurso racista, Dupuy intentó desmarcarse de esa conspiración a pesar de que en Santa Cruz se lo identificaba como un colaborador de quien ahora se desempeña como gobernador cruceño.

Ni el diplomático jujeño, ni el cónsul, ni el canciller argentino, ni el entonces Presidente Macri denunciaron esa confabulación armada por la embajada de Estados Unidos meses antes de las elecciones. Todo lo contrario: se sumaron a la demanda de Williamson y fueron los primeros en denostar a Evo Morales y poner en juego su vida al negarle el asilo en la Embajada.

El gobierno cambiemita, a pesar de haber perdido las elecciones el 27 de octubre de 2019, no dudó en reconocer a la golpista Jeanine Áñez, hoy detenida en el penal de Miraflores, acusada de haber alterado el orden constitucional y de promover las masacres de Senkata, Sacaba y el Pedregal, con más de 35 muertos.

Los intentos por eludir la responsabilidad por el contrabando de municiones y aparatología represiva llevaron al actual funcionario jujeño a sobreactuar su inocencia, sugiriendo que el propio Macri rechazó todo tipo de asistencia a Evo Morales cuando solicitó un salvoconducto para asilarlo o garantizar su exilio.

- ¿Quién le dijo que no? -, le preguntó un periodista del portal Jujuy al Día el 11 de julio a Normando Álvarez García

- No sé quién habrá sido, me dijeron que habrá tenido peso para [poder] decidir.

El 18 de noviembre de 2019, una semana después de haber asumido la presidencia de facto, Jeanine Áñez firmó el decreto en el que se eximía de toda responsabilidad penal a policías y militares en sus potenciales intervenciones represivas.
Esa licencia para matar fue aprovechada por las fuerzas represivas para ejecutar las matanzas de Senkata, Sacaba y el Pedregal.

El 5 de diciembre, en la Cumbre del Mercosur, Mauricio Macri declaraba: “valoro la respuesta y la responsabilidad que ha asumido la senadora Áñez como presidenta a cargo de Bolivia (…)
No tengamos dudas que el camino adoptado por el Congreso de Bolivia es el que reestablecerá la paz democrática respetando la voluntad de los bolivianos”.

La Fiscalía General del Estado a cargo de Juan Lanchipa imputó el último 1º de julio a Jeanine Áñez como responsable de los delitos de terrorismo, sedición, conspiración y genocidio.
La acusación se encuentra en manos del Tribunal Supremo de Justicia.
Áñez cumple prisión preventiva y es investigada por la compra a sobreprecio de gases lacrimógenos empleados para reprimir las protestas populares.


Cóndores y águilas



Balas argentinas para la represión.

Las causas del hostigamiento al gobierno boliviano de Evo Morales, ejecutadas por Macri en connivencia con otros integrantes de la derecha latinoamericana, son la respuesta inequívoca de Washington a dos disposiciones formalizadas por el gobierno masista:
  • las nacionalizaciones de los hidrocarburos, decididas el 1º de mayo de 2006 a través del Decreto Supremo 28.701, recordado como Héroes del Chaco, y
  • la decisión irrestricta de controlar, de forma soberana, la explotación del litio. En 2018 la empresa Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) firmó un acuerdo de inversión con el consorcio de empresas chinas Xinjiang Tbea Group y Boacheng. En esa licitación quedaron relegadas las corporaciones estadounidenses, que inmediatamente insistieron en Washington con obstaculizar o truncar la continuidad del MAS, una gestión que - desde su perspectiva - les impide el normal acceso a recursos naturales que consideran como exclusivos de su competencia.
En julio de 2020, pocos meses antes de la elección en la que nuevamente triunfó el MAS - a pesar incluso de la proscripción de la que fue víctima Evo Morales -, el empresario multimillonario Elon Musk, CEO de TESLA, escribió en su cuenta de Twitter una respuesta a quienes lo acusaban de influir en las actividades golpistas impulsadas por Washington.
Fastidiado por tener que negociar con un país latinoamericano para acceder al litio, imprescindible para elaborar las baterías de los automóviles impulsados de forma eléctrica, se sinceró: 
“¡Daremos un golpe a quien nos dé la gana!”.

Un periodista boliviano que proveyó información para esta nota bajo condición de anonimato opinó que las operaciones injerencistas y golpistas comandadas por el Departamento de Estado no debieran nominarse con el nombre de la majestuosa ave, el cóndor, referencia ancestral de la libertad de los pueblos andinos: 
“Debemos referirlos como lo que son: el águila imperial”.

OPERACIÓN BOLIVIA, de Alejandra Dandan - 18/7/2021

El capítulo argentino del golpe al Presidente Evo Morales


Ilustración: Azul Blaseotto

El gobierno nacional empieza a dar por probado, en la faz administrativa, que el envío de municiones a Bolivia del 12 de noviembre de 2019 tuvo un circuito legal y otro ilegal.

Según esos datos, el vuelo de la Fuerza Aérea con once gendarmes destinados a custodiar la embajada argentina en La Paz pretendió enmascarar, en realidad, el envío de por lo menos 70.000 balas anti-tumultos (AT) 12/70 para la represión.
Hasta ahí.

Las balas luego habrían sido distribuidas de manera irregular a las Fuerzas Armadas y a la Policía de Bolivia, dato que completa el círculo y que surge de las últimas revelaciones en ese país.
Esa es la línea que el viernes comenzó a investigar formalmente la Justicia federal sobre la base de una denuncia del gobierno.
El fiscal Claudio Navas Rial imputó por contrabando agravado a Mauricio Macri, en su doble condición de Presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

“Todo es consistente con la operatoria de aprovechar el viaje del grupo Alacrán de Gendarmería para embarcar en el mismo vuelo las municiones que tenían como destino la represión”, afirma la ministra de Seguridad Sabina Frederic a El Cohete a la Luna.

Frederic sostiene que, desde el punto de vista administrativo, la investigación está prácticamente cerrada.
Queda entender dónde y cómo fue la descarga del Hércules en Bolivia y la distribución de armamentos.
Y tal como lo dijo en distintas entrevistas, asegura que el grupo Alacrán no tuvo contacto directo con el cargamento desviado: viajó en el avión, tuvo contacto visual, puede declarar como testigo, pero nunca usó esas balas.

“El grupo Alacrán estaba integrado por once personas.
Llegaron al aeropuerto de El Alto y desde ahí viajaron en una combi hasta la embajada argentina - explica -.
Allí se repartieron en dos grupos.
Unos se quedaron en la embajada y otros fueron a la residencia del embajador, Normando Álvarez García, y se dedicaron a hacer la custodia a diplomáticos.
En ocasiones se desplazaron, pero no tiraron ni un solo tiro ni de goma ni de plomo”.
Por eso, agrega, todo va encajando: lo que ahora falta es terminar de confirmar el destino de las municiones.


Frederic

En los últimos días comenzó a circular mayor información sobre lo que sucedió cuando el avión pisó suelo boliviano.
El diputado Leopoldo Moreau, presidente de la Comisión Bicameral de control de organismos de Inteligencia del Congreso, trabaja en esa reconstrucción.
«Ya está claro qué pasó con las municiones», dice a El Cohete. 

También habla del doble circuito, legal e ilegal, del vuelo que se usó para camuflar el desvío de balas de goma.
Y finalmente dice que cuando el avión aterrizó, permaneció en la pista siempre con el motor en marcha.

En el aeropuerto estaba el agregado de la Gendarmería en la embajada de Bolivia, Adolfo Héctor Caliba.
Estuvo para la recepción del avión.
En ese contexto, el grupo Alacrán partió en una combi.
Luego, se hizo el reparto de municiones y el avión partió nuevamente a la Argentina cargado con familiares de diplomáticos y familiares de militares.

¿Quién distribuyó los proyectiles?
¿Fue él? ¿Sólo él?
¿Y sólo en el aeropuerto?

El viernes pasado, el ministerio de Seguridad desplazó al gendarme Caliba, de manera preventiva.
Era una de las personas que estaba en el aeropuerto esa noche. Pero aparentemente no fue la única persona de la embajada. 
Hay quienes sitúan en la pista también al agregado naval, quien un día después firmó la recepción de la carta de agradecimiento del jefe de la Fuerza Aérea de Bolivia.
Ese punto aún es un tema pendiente, y de cierta fricción con el ministerio de Defensa: varios funcionarios esperan algún movimiento de Agustín Rossi que todavía no llega.


La denuncia

Los datos que permitieron entender cómo llegó el armamento a Bolivia surgieron de una investigación administrativa realizada por diversas agencias del Estado a partir del hallazgo de la carta del jefe de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, a la embajada argentina, enviada un día después de aquel vuelo y encontrada en la embajada argentina en Bolivia.
Los datos nutrieron la denuncia presentada el lunes pasado en la Justicia de manera conjunta por Frederic, el ministro de Justicia Martín Soria y la directora de la Agencia Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont.

Los funcionarios denunciaron el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia del 12 de noviembre de 2019 perpetrado por el gobierno nacional, encabezado por el ex Presidente Mauricio Macri, con participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo.
Indicaron que el objetivo fue poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder, encabezada por Jeanine Áñez. 
“El hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declaradas en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero”.

Con la base de esa información, el viernes al mediodía, antes del comienzo de la feria judicial, el fiscal Navas Rial pidió formalmente el comienzo de la pesquisa con la imputación a Macri, a los entonces ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad, al jefe de Gendarmería, Gerardo Otero y, entre otros, al entonces embajador argentino en Bolivia, el ahora condecorado jujeño Normando Álvarez García.


Gerardo Morales condecoró a Alvarez García con la Medalla Orden del General Manuel Belgrano.


¿Cómo se hizo el envío?

De acuerdo a la reconstrucción del gobierno, el envío comenzó con una serie de trámites administrativos de Gendarmería ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), que regula el tránsito de armas.
Hubo tres notas en total. Una el día 11 de noviembre y otras dos, el día 12.

Todos los trámites los hizo la misma persona: el director de Logística de Gendarmería, Rubén Carlos Yavorski, por orden directa de su superior, el entonces director nacional de la fuerza, Gerardo José Otero: el jefe de Gendarmería de contacto directo con Patricia Bullrich.
No sólo un gendarme sino, además, un cuadro político que ató su destino al de ella.

Así, el día 11 de noviembre, Yavorski envió la primera nota a la ANMaC para sacar del país, de manera transitoria, equipos de la Agrupación Fuerzas Especiales Alacrán, un grupo de élite que tenía como destino “la seguridad y protección del señor embajador argentino, su residencia, las instalaciones diplomáticas (en Bolivia), como así también el personal que se encuentre dentro de la misma”.

El director del ANMaC, Eugenio Cozzi, autorizó la salida.

Incluía: 10 pistolas semiautomáticas, 2 escopetas de repetición, 5 carabinas automáticas, 2 ametralladoras, 2 fusiles de repetición, 12 chalecos antibalas, 12 cascos balísticos, 2 escudos balísticos, 2 visores nocturnos y 8.820 municiones de distintos calibres, entre ellas, 3.600 calibre AT (anti-tumultos) 12/70.
Ese dictamen no es el centro de la discusión, porque el material volvió, pero la denuncia reprocha al organismo no exigir razones fundadas para cantidades que superaban el cupo de más de 1.000 municiones permitidas reglamentariamente.


Nota 1.

Un día después, el 12 de noviembre, Yavorski presentó otras dos notas.

Ésta:

Nota 2: 70.000 AT.

Y ésta:


Nota 3.

Hoy son el eje de la investigación.
Las notas ampliaban el pedido anterior y, por lo tanto, remitían al mismo objetivo: la custodia para la embajada.
En una, pidió autorización para sacar 70.000 cartuchos AT 12-70, marca Fabricaciones Militares, y 100 spray de gas pimienta.
Y en la otra, 661 granadas de mano de gas hostigamiento.

ANMaC autorizó la primera parcialmente: 70.000 municiones, otra vez salteando el cupo de 1.000.
No aprobó el spray porque no lo requería y tampoco aprobó las granadas - aparentemente el director del organismo se negó -, pero de todas maneras las granadas fueron embarcadas a Bolivia.

Todo este segundo material: granadas, spray y municiones AT 12-70 son parte del material que el jefe de la Fuerza Aérea Boliviana le agradeció a la Argentina.
Por eso, esas dos notas, agregadas un día después, son importantes.
Y pueden demostrar la preparación del desvío.

Finalmente, el vuelo con el cargamento despegó esa noche, 12 de noviembre, a las 23:40 desde el aeropuerto de El Palomar a bordo de un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea con destino a La Paz.
Viajaban los once gendarmes.
La Aduana aprobó la salida, pero no registró las granadas.
Como se dijo, habrían salido igual: según la denuncia, “en la autorización de salida se hace referencia a 177 bultos, lo que incluiría las 581 granadas”.

Tres días después, el 15 de noviembre, apareció en escena la ministra Patricia Bullrich.
Ese día 15, en dos horas - a la noche, entre las 20:05 y las 22:27 - firmó todos los formularios de salida en comisión de los once gendarmes que ya estaban en Bolivia.
Según la denuncia, firmó todo sin el correspondiente dictamen interno de Gendarmería ni del Ministerio, ni a partir de un pedido escrito de Cancillería.
En ese sentido, los funcionarios sostuvieron que existió “un interés directo y activo en la maniobra de desvío del armamento, que fue transportado por el personal que ella, personal y velozmente, se encargó de autorizar a salir del país”.


El sable grabado. El jefe de la fuerza, Gerardo Otero, le agradeció a la ministra saliente el apoyo a la Gendarmería. La espada lleva inscripta una frase suya dicha durante la investigación de Santiago Maldonado.

El último dato es de varios meses después.
El 15 de julio de 2020, el jefe de Operaciones de Gendarmería, Carlos Miguel Recalde, hizo un arqueo de entrada y salida de municiones con un trámite para el que no consultó ni avisó a sus superiores.
Allí registró que para “mantener y acrecentar las capacidades (en Bolivia), se realizaron ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro con el armamento que fuera llevado en la comisión. En dichas instrucciones se emplearon la cantidad de 70.000 cartuchos de calibre 12/70 MM”.
Hoy Recalde está en disponibilidad e imputado en la causa.
Y se cree que es posible que haya recibido una orden o un llamado de alguien para eliminar los rastros de las balas que nunca volvieron al país.
Las balas fantasmas.

¿Es posible que se hayan usado en ese entrenamiento?
De esto se habló toda la semana. 
No. El Ministerio lo descarta.

Primero, porque Alacrán es un grupo de élite que no hizo entrenamientos ni debía hacerlos.
Segundo, porque las tres escopetas que llevaban tenían una vida útil de hasta 16.000 tiros, y no 70.000.
En paralelo, el número de 70.000 coincide con los hallazgos en Bolivia que empiezan a indicar un reparto de 40.000 municiones a las Fuerzas Armadas y 30.000 a la Policía.
Los elementos que sostienen esto son dos: por un lado, la carta del jefe de la Fuerza Aérea Boliviana que agradece de manera explícita el envío de 40.000 municiones AT 12/70.
Y por otro, el hallazgo de la Policía de Bolivia de esta semana de 30.000 municiones argentinas en un depósito, dato confirmado por el comandante general de la fuerza, Jhonny Aguilera.
Si 30 y 40 da 70, el destino de las municiones argentinas tendrían una primera respuesta.

La pregunta pendiente es: ¿se entregaron otros equipos y armas?
En su carta, Terceros Lara agradece también spray y granadas.
El material salió.
¿Es posible que se hayan entregado..?
Las granadas que salieron sin autorización de la ANMaC ni de la Aduana, en realidad, tienen registro de vuelta al país con un trámite de re - importación, aunque no está clara la cantidad.


La pata argentina

Mientras tanto comienzan a multiplicarse preguntas sobre la colaboración argentina ya no después, sino en los preparativos del golpe.

Hay pistas sobre la intervención activa en la recolección de información previa al golpe de parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a las que se refiere una nota de Jorge Elbaum en esta edición.
Y una denuncia de la Túpac Amaru tramitada ahora en el juzgado federal de Sebastián Ramos, que exige explicaciones sobre un viaje de Gerardo Morales a Santa Cruz de la Sierra y la recepción inmediatamente después de una comitiva del Departamento de Estado de Estados Unidos que incluyó a Ivanka Trump.

El viaje y la recepción de la hija del entonces Presidente norteamericano fueron en septiembre de 2019.
Era el momento de los incendios de Chiquitanía donde en medio del ulular de las redes sociales y el agite del lema de la insubordinación civil, emergió la figura pública de Luis Camacho.


La delegación estadounidense integrada por el subsecretario de Estado, John Sullivan; el jefe interino de la Corporación Privada de Inversiones en el Extranjero (OPIC), David Bohigian; la subsecretaria interina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung y el administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Mark Green.
El embajador Edward Prado, el canciller Faurie, Ivanka Trump, Gerardo Morales y su nueva esposa, Tulia Snopek.

Alejandro “Coco” Garfagnini es el coordinador de la Túpac.
Y presentó la denuncia para que se investigue por un lado los vuelos de ayuda humanitaria que salieron entre agosto y noviembre de 2019 desde el aeropuerto de El Palomar a Santa Cruz de la Sierra.
Y pide una investigación específica sobre el viaje de Morales.
En la denuncia incluyó al entonces embajador Álvarez García y al ministro de Seguridad de Jujuy, Ekel Meyer, que acompañó a Morales durante el viaje a Bolivia.
Garfagnini pidió una revisión sobre "lo que sucedió la noche del 4 de septiembre de 2019 y la madrugada del 5 de septiembre de 2019, con motivo de la visita de Ivanka Trump a la provincia de Jujuy y el arribo de un avión militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos e importantes funcionarios” de ese país.

El 4 de septiembre, Morales volvía de Santa Cruz de la Sierra en un avión de la Fuerza Aérea.
Había estado en Bolivia una hora y media.
Y regresaba con los brigadistas que él había enviado.
Esa noche recibió en Jujuy a la delegación de Estados Unidos. Garfagnini dice que “no existen registros oficiales de los bienes trasladados en cada viaje” ni tampoco “detalle del personal militar, armamento y equipamiento arribado al suelo argentino para asegurar la custodia”.
Y añade: “el episodio debe ser investigado judicialmente para comprender la magnitud de la participación de Morales en el apoyo logístico a la planificación y ejecución del golpe de Estado en Bolivia”.

El tema es seguido también por Oscar Laborde, presidente del Parlasur, y uno de los convencidos de que existen indicios suficientes para pensar que la Argentina no sólo colaboró después del golpe, sino también con los preparativos.

- ¿Cuáles son los indicios..?

- Uno de los indicios es la presencia de dos delegados de la AFI en el lugar, cosa que no tiene ningún país.
Allí estuvieron Luis Varela y fue designado José Sánchez, que colaboró con información sobre lo que sucedía con los principales dirigentes políticos de Bolivia”, explica.
Menciona sus conversaciones con el Presidente Luis Alberto Arce, según las cuales, dice, el consulado en Santa Cruz tenía reuniones - porque ellos enviaron gente a esos encuentros - que supuestamente sirvieron para preparar una transición ante la inevitable caída de Evo Morales.
También la actividad de la embajada argentina, que no se condecía con la tarea de una representación diplomática: tenían contactos con los agregados comerciales de Estados Unidos, vínculos con los representantes de Brasil en una situación inevitable donde se precipitaba la caída de Evo Morales.
Agrega la dimensión del armamento enviado, “muy difícil de recolectar si no es que estuvieron preparados”.
Y también menciona el viaje de Ivanka Trump.

Ivanka Trump llegó a la Argentina en medio de una gira que incluyó horas antes un encuentro con el representante de Juan Guaidó en Colombia y después el paso a Paraguay.
Estuvo sólo un día en el país, y únicamente en Jujuy.
Usó un avión militar en el que viajaban las primeras líneas del Departamento de Estado, formalmente, para apoyar la acción de una ONG llamada Pro - Mujer, creada en los años ’90 en Bolivia y que en ese 2019 empezaba a contar con financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, la USAID, el brazo de agitación política del Departamento de Estado en la región.
Ivanka se sacó fotos.
Estuvo en un negocio con el emprendimiento de una mujer.
Morales negó siempre cualquier vínculo de ese viaje con el golpe.
Pero a la luz de los últimos episodios en la Argentina, ¿es posible pensar que el vuelo con la hija de Trump pudo haber sido también el pretexto legal para enmascarar una gira con intenciones golpistas?

LARRETA ECHA LASTRE, de Horacio Verbitzky - 18/7/2021

Horacio Rodríguez Larreta logró echar el lastre de Maurizio Macrì y de Patricia Bullrich justo a tiempo para que la campaña electoral no fuera teñida por:
  • el contrabando de armas hacia Bolivia y el apoyo a las masacres de la dictadura en Sacaba y Senkata,
  • las manipulaciones judiciales para involucrar a CFK en la muerte del fiscal general Natalio A. Nisman,
  • el desmoronamiento de esos castillos de naipes,
  • el espionaje al propio Rodríguez Larreta y a Florencia Macrì (la hermana menor de Maurizio),
  • la quiebra del Correo Argentino,
  • las nuevas denuncias contra Macrì y su ministro Guillermo Dietrich por la venta a precio vil en la Ciudad Autónoma de inmuebles valuados en más de 100 millones de dólares, con todas las implicancias de cada caso.
Obsesivo por el equilibrio interno, asoció las denuncias contra Macrì con el comienzo de la campaña electoral.
Lo dijo para cumplir, pero no redundará, porque es pura ganancia para él.
Tal vez exageran aquellos acólitos del alcalde porteño que le atribuyen conocimiento previo de lo que estaba por ocurrir, pero, si no lo sabía, su sentido de la oportunidad es aún más llamativo.

De este modo, afianza su liderazgo sobre un espacio que concibe como base de sustentación de su apuesta presidencial, para la que viene preparándose desde que dejó la adolescencia, y que comenzó dentro del peronismo como funcionario de Eduardo Duhalde y de Sergio Tomás Massa.


Castillos de naipes

El viernes, ante el Tribunal Oral Federal N°8, Cristina Fernández de Kirchner tiró abajo con un fuerte soplido la endeble construcción erigida por la DAIA, por el ex fiscal Natalio A. Nisman y por los jueces Claudio Bonadío, Julián Ercolini, Martín Irurzun, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, para incriminarla a ella y a sus colaboradores Héctor Timerman, Andrés Larroque y Juan Martín Mena como encubridores del atentado.
Esta acusación aberrante ni siquiera se sostiene entre las instituciones propietarias del edificio de la calle Pasteur demolido por el atentado del 18 de julio de 1994.
El juez Rodolfo Canicoba Corral y el ex director de Interpol, Ronald K. Noble, refutaron las afirmaciones de Nisman: el gobierno nunca pidió que se levantaran las alertas rojas.

En el acto conmemorativo del mismo viernes, el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, se pronunció en contra del juicio en ausencia, que promovía la DAIA.
Incluso el ex secretario de derechos humanos de Macrì, Claudio Avruj, que se postula para presidir la DAIA, sostiene que, en caso de imponerse, desistirá de la querella contra Cristina.
EIchbaum y el resto de la directiva de AMIA fueron recibidos durante la semana por el Presidente Alberto Fernández, con quien desean mantener la mejor relación, dados los planes sociales que su gobierno canaliza a través de esa organización, mucho más representativa que la cáscara vacía que es la DAIA.

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, activo partícipe en las supercherías de Nisman orientadas desde Estados Unidos, dijo que le dolía que la audiencia en la que Cristina pidió la nulidad de lo actuado por los jueces entregados a Macrì se hiciera el mismo día que el acto de recordación del atentado.
Uno de los actos, porque el de Memoria Activa, que es la organización más numerosa de familiares, convocó para hoy, que es el día real del aniversario, no el 16.


Las citas del Cohete

Desde su despacho del Senado, Cristina reseñó la intervención en la causa de Hornos y Borinsky, quienes resucitaron la denuncia de Nisman, y la línea de tiempo en que sus visitas a Macrì en Olivos y la Casa Rosada antecedían a cada decisión de fondo en el expediente con el que se la acosó.
La Vicepresidenta citó la nota en la que El Cohete reveló el asesoramiento de Borinsky a la DAIA para obtener la reapertura de una causa fenecida, en la que el juez Daniel Rafecas, los jueces de apelación Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, y los de Casación Gustavo Hornos, Ana Figueroa y Luis María Cabral, habían enviado al archivo la denuncia de Nisman por ausencia de delito, y el conflicto interno que eso produjo en la DAIA.


Los partidos de Macrì y Borinsky. Alejandro Ros, animación Silvia Canosa

En poco más de una hora, Cristina diseccionó el disparate judicial, institucional y político de esta causa, que sirvió como “teatro de operaciones de la política interna e internacional”.
Recordó su participación en la Comisión Bicameral de Seguimiento de la causa por el atentado, su Informe en disidencia, en 2001, cuando advirtió que se estaba haciendo un juicio para no conocer la verdad, y su testimonio en la causa del TOF 3, que en 2003 declaró nulo lo actuado y denunció al ex juez Juan Galeano por encubrimiento.

Al referirse al pago de 400.000 dólares a Carlos Telleldín para que imputara a policías de la provincia de Buenos Aires, mencionó la disputa de Carlos Menem con su ex compañero de fórmula Eduardo Duhalde, quien había dicho que la policía bonaerense era la mejor del mundo.
Todavía en un tono formal evocó:
  • el decreto de diciembre de 2015 por el que Macrì designó a dos jueces en comisión en la Corte Suprema,
  • las amenazas mafiosas a las hijas de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó hasta obtener su renuncia y,
  • la entrevista que le hicimos al presidente en El Cohete radio el 28 de marzo, en la que Alberto Fernández contó (minuto 1.02.30) que “fui a ver a Ercolini, que había sido mi alumno y le dije lo que me parecía. Que no había delito.
        Y Ercolini se agarró la cabeza y me dijo: 
        ‘Sí, pero es lo que debo hacer, tengo que procesarla”.

https://www.youtube.com/watch?v=9WO9hYdr3FY&ab_channel=AlbertoFern%C3%A1ndez

Jueces de atracción

En todas las causas abiertas contra Cristina, aportaron información o fueron querellantes la Oficina Anticorrupción, la UIF, la AFI, la AFIP, donde para cumplir esa tarea fueron designados Laura Alonso, que no cumplía con el requisito de ser abogada, que se suprimió por decreto; el ex asesor del FMI, Mariano Federici; la asesora del HSBC, denunciado por lavado de dinero, María Eugenia Talerico; la sobrina de Macrì, María Pía Monkes Calcaterra; el amigo presidencial Gustavo Arribas y su segunda Silvia Majdalani, ambos procesados ahora por espionaje.

Agregó que en la AFIP se crearon “células para perseguir a mi familia, y se realizaron 30.000 ingresos en las bases de datos sobre mis hijos”.

En una reunión de directorio del Banco Central, Federico Sturzenegger mostró una foto de Florencia Kirchner y discutieron qué hacer contra ella, como denunció uno de los asistentes.
Tampoco olvidó la Doctrina Irurzun, sobre el presunto poder residual de los ex funcionarios kirchneristas que hizo volar la presunción de inocencia y permitió enviarlos a la cárcel en cuanto eran procesados.

En el Consejo de la Magistratura se apropiaron de una silla de la oposición y se la otorgaron al oficialismo, pusieron jueces a dedo, como Leopoldo Bruglia y Cacho Bertuzzi, naturalizaron la mesa judicial, donde Macrì, Marcos Peña Braun, José Torello, Germán Garavano, Pablo Clusellas y Fabián Rodríguez Simón “decidían a quien perseguir”, como consignó el Informe del relator de Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados, Diego García Sayan.

Cristina ironizó sobre la novedosa figura del “juez de atracción”, por la cual todos los sorteos que la afectaban recaían en Ercolini y el Doctor Glock en la primera instancia, y en Hornos y Borinsky en Casación.
Ellos llevaron adelante las causas de dólar futuro, que se declaró nula cuando quedó claro que los que compraron ”no eran mis amigos sino los de Macrì”; Vialidad, en la que Ercolini se declaró incompetente y la remitió a Santa Cruz, donde se dictó el sobreseimiento, pese a lo cual luego la reabrió en Comodoro Py; las causas mellizas Hotesur - Los Sauces, la de los Cuadernos, “que va a ser un compendio de nulidades”; la denominada ruta del dinero K, donde “no hay nadie de la familia involucrado”; y la falsa denuncia contra Cristina y el juez Sebastián Casanello, por encuentros en Olivos que nunca se produjeron, y en la que terminaron procesados los testigos infieles.

Debido al fallo en el que sostuvo que el Memorándum no constituía delito, el juez de primera instancia fue agraviado en una solicitada de 2017 titulada “Rafecas debe ser removido”, que firmaron entre otros Luis Miguel Etchevehere, Waldo Wolff y Elisa Carrió.

No pudo contener la sonrisa al señalar que la heroína radical es una de las que ahora reclama la designación de Rafecas como Procurador.

Cuando Hornos y Borinsky se declararon competentes pese a que ya estaban excusados porque participaron en instancias previas y decidieron resucitar la causa archivada, Macrì los felicito por ser tan valientes.

Si el Secretario privado de Macrì, Darío Nieto, omitió en la respuesta a un pedido de informes las dos docenas de ingresos de Hornos y Borinsky a la Casa Rosada y la RPO, es porque sabía que esas visitas eran ilegales, mientras los jueces tramitaban las causas que más interesaban al Presidente, aunque no fuera formalmente parte en los expedientes.
Cuando los abogados le pidieron que realizara una prueba sobre esa información, el propio Hornos lo negó. 
“Esto hace a mi derecho de defensa. Nunca vi una ilicitud semejante, jueces mintiendo sobre sus propios actos en las causas en las que entienden”, agregó para fundar el temor de parcialidad por el que pide que todo lo actuado se anule.


La guerra buitre

En el tramo más político y al mismo tiempo emocional de su presentación, Cristina se preguntó si todas estas violaciones de derechos elementales, fueron sólo para perseguir a los opositores, con vistas a una elección.
Su respuesta fue negativa. 
“Los buitres nos declararon la guerra hasta que cobraron.
No se trataba solo de ganar la elección.
Habíamos obtenido un gran triunfo en Naciones Unidas, con Héctor Timerman y Axel Kicillof, una legislación global de la ONU sobre deuda soberana, que le ha servido al actual gobierno en la negociación con los acreedores privados.
Ahora se requiere conseguir el 66% de aceptaciones para una propuesta, que obliga al resto”.

Al explicar que la campaña giraba en torno del Memorándum y del atentado a la AMIA, mostró el aviso publicado por la Task Force Argentina en los principales diarios del mundo que la muestra junto con el entonces Presidente iraní Ahmadinejad, como si hubiera firmado un pacto con el diablo.


El Pacto con el Diablo que los buitres le cargaron a Cristina.

“Me quisieron doblar la mano para que pagara cualquier cosa y me negué. No lo hice.
Me la banqué y no me doblaron el brazo para condenar a la Argentina a un endeudamiento fenomenal.
Y estábamos creciendo, como dijo Todesca”.

Mostró entonces un gráfico con los datos oficiales del INDEC sobre la deuda pública, como porcentaje del producto, su disminución durante el gobierno de Kirchner y el rebote con Macrì.
Una vez que el gobierno de Macrì le pagó más al 7% de quienes no habían aceptado negociar que al 93% de los acreedores de buena fe, los capitales prometidos vinieron.
Pero no para la inversión productiva sino a la timba financiera.


“Todas estas causas están armadas para denostarnos a nosotros y someter al pueblo.
Solo quiero dejar un país mejor para mis hijos y mis nietos.
No puede ser que crean lo que sale en los diarios y en la televisión.
Esto fue un montaje para ganar las elecciones y acusar a quienes gobernamos para que la gente pudiera vivir mejor".

También fue muy emotiva la intervención de Graciana Peñafort, quien leyó un texto escrito por Héctor Timerman cuando ya sabía que estaba por morir, dada la prohibición judicial de continuar en Estados Unidos su tratamiento contra el cáncer.
Y El Cuervo Larroque agregó a las palabras de Cristina, que en su persona se intentó estigmatizar a la militancia juvenil que la acompañó.

Horas antes, la fiscal Alejandra Mangano había impulsado la acción contra Borinsky y pedido al juez Marcelo Martínez de Giorgi una serie de medidas de prueba sobre sus visitas a Olivos.
Mangano es la esposa del operador de la Dajudeco, Juan Rodríguez Ponte, quien la semana pasada firmó un segundo informe sobre el Correo Argentino, que confirma la imputación de la fiscal Gabriela Boquín: la propuesta de acuerdo del Correo de Macrì, que el Presidente Macrì aceptó era ruinosa para el Estado: implicaba una quita de más del 90% de lo adeudado.

Quien lleva la causa con notable parsimonia es Ariel Lijo, quien impulsó la designación en la Dajudeco de Rodríguez Ponte, que era el secretario de su juzgado.
Escribe sobre el caso en esta edición el juez Juan Manuel Soria Acuña.
El último escándalo es el levantamiento de la quiebra por la misma jueza que la decretó hace pocos días, la muy flexible Marta Cirulli.

Al mismo tiempo, el Tribunal Oral Federal N°1 sobreseyó a los ex ministros Aníbal Fernández y Daniel Gollán y a los demás acusados por los presuntos sobreprecios que la contadora Graciela Ocaña imaginó en el Plan Qunita y que los peritajes realizados desmintieron.


A los tiros

La denuncia del gobierno de la República Plurinacional de Bolivia por el envío de armas letales y municiones antimotín, que Macrì y Bullrich decidieron en noviembre de 2019 para la represión a la protesta social contra el golpe que desalojó del gobierno al Presidente Evo Morales, dio lugar a otra causa contra ambos, el entonces ministro de Defensa Oscar Aguad, varios jefes de la Gendarmería y el ex embajador en La Paz, Normando Álvarez García, quien recibió la nota de agradecimiento del militar golpista Jorge Terceros Lara.
La impulsó el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial y quedó a cargo del juez Javier López Biscayart.
El tema se desarrolla en otras dos notas de esta edición, de Alejandra Dandan y Jorge Elbaum.

También se cayó la medida cautelar que la Comisión Interamericana de Derechos humanos había dictado en favor de un centenar de mujeres embarazadas que presuntamente se escondían en el monte formoseño, para que el gobierno de Gildo Insfrán no las forzara a parir por cesárea y les quitara sus hijos.
La denuncia del dirigente wichi Félix Díaz y el ex secretario de derechos humanos del Hada Buena en Buenos Aires, Santiago Cantón, reprodujo una nota de la televisora del Grupo Clarín, que entrevistó a varias de esas mujeres que escondían su rostro para no ser reconocidas.
La CIDH dijo que había sido imposible verificar la denuncia, mientras el gobierno provincial denunciaba que las testimoniantes habían recibido un pago del Grupo Clarín y que la grabación se hizo muy lejos del paraje declarado, El Potrillo, como se informa en otra parte de esta edición.


Involución y prospectiva

Mientras Bullrich involuciona desde su peronismo adolescente hacia el gorilismo senil, Rodríguez Larreta impulsa en la provincia de Buenos Aires al heredo - peronista de negocios Diego Santilli, lo cual muestra una inteligencia estratégica de la que sus adversarios internos carecen.
Jaime Durán Barba demostró que sin una pata peronista es posible ascender al gobierno, pero Macrì probó que eso alcanza para dar unos pocos pasos tambaleantes antes de desplomarse.
De paso, preserva al Hada Buena, a quien Macrì intentaba forzar a una nueva derrota en la provincia de Buenos Aires, que hubiera sido terminal para sus aspiraciones futuras.
El borrado de su consigna “Orgullosamente bonaerense” la inscribe en la tradición inesperada de Casildo Herreras, el hombre de Noé.

En la Ciudad Autónoma, es posible permitir que Vidal enfrente en una interna a Ricardo López Murphy, porque el Bulldog no ahuyenta a la mitad del electorado con que cuenta Rodríguez Larreta, quienquiera que sea el candidato.

El domingo próximo se sabrá si Rodríguez Larreta atenderá la súplica de Macrì de incluir en su lista a un par de bufones de su obediencia.
En cambio, en la provincia, puso prudente distancia con José Luis Espert, que correrá su propia aventura.
Incluso consiguió el cambio de nombre de su alianza, a la que Macrì se resistía porque lo entiende como otro gesto contra el recuerdo de su gestión.
Ahora se llamará Juntos, ya no se sabe para qué, más que hacer fuerza en las urnas.


Parole, parole, parole

Además de Santilli tributan a esa alianza Micky Vainilla y su grupo de peronistas republicanos, que eluden el abrazo del oso de Florencio Randazzo, cuya capacidad de seducción apenas le alcanzó para atraer a la inexperta vicepresidenta de la UIA, Carolina Castro. Lo suyo son los estampados y soldaduras de autopartes, no las boletas electorales, las urnas y los cuartos oscuros.


El primo inteligente del ex Presidente, Más Jorge que Macrì según su publicidad, también declinó su candidatura, luego de una serie de reuniones con el persuasivo Rodríguez Larreta.
El intendente de Vicente López y presidente del PRO objetaba que el candidato bonaerense fuera otro porteño.
Pero más pudo el temor a la lista radical de Facundo Manes, y a los desprendimientos de Peronia que se le acercan, como Emilio Monzó y Joaquín de la Torre, quienes compensan la aproximación de Margarita Stolbizer, la Carrió descafeinada.

El temor de Jorge Macrì es que la interna profundice divisiones en los municipios, que lleven a perder el control del senado provincial, para lo cual sólo median tres bancas. Manes, a su vez, no volverá a escribirle al Presidente de Estados Unidos para que el FMI apriete el yugo sobre la Argentina, como hizo en su primera aparición política, en 2002.

Manes no es el único mediático de este turno: Carolina Losada en Santa Fe, Cinthia Fernández en la provincia de Buenos Aires, Pampito García Moritán y Sandra Pitta en la CABA, abultan el rubro.

Sin despeinarse, Larreta consiguió eludir del otro lado de la General Paz el lazo de la Carrió verdadera.


Manes, Cinthia Fernández, Pampito, Pitta: la hora de los mediáticos

Qué ternura

Las explicaciones de quienes renunciaron a una derrota segura son enternecedoras:
“Yo me ofrecí como prenda de unidad. Pero mi sacrificio sería inútil”. Elisa Carrió.

"No compito en la provincia porque quiero que otros crezcan". El Hada Buena, con el almíbar de siempre en su rostro remodelado.

“Yo ganaba. Pero si gano una elección contra mi propio jefe de gobierno, el kirchnerismo le entra por todos lados”. Patricia Bullrich.

Macrì debe conformarse con la perspectiva de reposera libre en los lugares más agradables del mundo.
Su delegada deberá entretenerse con el caramelo de madera del armado de listas lejos de las dos Buenos Aires, lidiando con realidades locales tan ásperas como ella, que dejan poco lugar para conciliaciones, sobre todo ahora que la UCR cree que ha llegado la hora de la reivindicación que el macrismo le escamoteó.

Al mismo tiempo que decretar verdes las uvas electorales de 2021, lanzó su candidatura presidencial para 2023.
Bella fuga hacia adelante.
¿Quién puede predecir si dentro de dos años estará libre o dominada?, por decirlo con una metáfora de altri tempi.

Por supuesto, el gobierno de Alberto y Cristina Fernández hará todo lo que esté a su alcance para que Bolivia, la Mesa Judicial, el Correo ocupen el mayor espacio posible en el prime time televisivo, pero en tal terreno no pueden igualar la fortaleza de sus rivales, quienes tienen la capacidad de borrar algunos temas y tergiversar otros.
Esa es la única competencia que enfrenta a La Nación y Clarín.
Pero una vez desmontados Macrì y Bullrich de la carrera electoral, esto tendrá un impacto relativo.
Incluso puede ser paradojal y mejorar la ponderación de Rodríguez Larreta quien, en contraste con ellos, parece un estadista.
Es dudosa la efectividad del pase de magia “Larreta es Macrì”.


Acto fallido

La oposición celebró la marca de 100.000 personas muertas por la pandemia, que atribuyó al deficiente manejo del gobierno.
El radical cordobés Mario Negri ni siquiera después de decirlo se dio cuenta de su acto fallido: 
“Me pregunto, como ciudadano, qué pude haber hecho para evitar que se salvaran más vidas”, proclamó durante la visita del jefe de gabinete a la Cámara de Diputados.

https://www.youtube.com/watch?v=xChilpFF-HM&ab_channel=HonorableC%C3%A1maradeDiputadosdelaNaci%C3%B3n

No es un fenómeno exclusivo de la Argentina.
Según el diario estadounidense The Washington Post, los republicanos hacen campaña en contra del programa del Presidente demócrata Joe Biden de ir casa por casa ofreciendo la vacuna, por más que el ex Presidente Donald Trump haya variado de posición.
La paradoja es que mientras Trump se jacta de haber apoyado el desarrollo de las vacunas, sus fieles afirman que matan gente y que la cifra de 600.000 muertos es una enorme mentira, porque no llegarían a 20.000.

En Tennessee fue despedida la responsable estatal de inmunizaciones, Michelle Fiscus, y se suspendió la vacunación de adolescentes, no solo contra Covid - 19, sino también contra todas las enfermedades infecciosas.
Y los medios conservadores amplifican los temores a la inoculación, que “va en contra de la naturaleza”.

En una encuesta reciente, 29% de los entrevistados por el diario y la cadena ABC News se manifestaron contra la vacuna.
En la última semana los casos se duplicaron y las muertes crecieron casi un tercio.
El encuestador republicano Frank Luntz deplora que no se tomen las decisiones sobre la base de la evidencia o la estadística, sino según líneas políticas, porque “hay gente que morirá”.

Las escuelas son también allí un campo de batalla.
El gobernador de Arizona, Doug Ducey, recriminó a dos consejos escolares que impusieron una cuarentena de diez días a los alumnos no vacunados que estuvieron en contacto con algún infectado, alegando que, según la ley estatal, las escuelas no podían requerir la vacunación.


De ambos lados

Las últimas encuestas que manejan los políticos cordobeses vaticinan que el PRO y sus aliados se acercarían al 50%, lo cual es una merma significativa respecto del 70 y del 60% obtenidos en las dos últimas elecciones presidenciales, pero suficiente para una cómoda victoria en una elección legislativa.
El problema está en la disputa por las candidaturas, con el radicalismo empeñado en desconocer la de Luis Juez, a quien no dejan de ver como un negro peronista.

En segundo lugar, en torno del 30%, el cordobesismo de Juan Schiaretti, que llevaría como candidatas al Senado a su esposa, Alejandra Vigo, y a la Cámara de Diputados a Natalia De la Sota. Schiaretti no acepta ningún acuerdo con el Frente de Todos, donde Carlos Caserio no pasaría del 10%.

En Córdoba se da uno de los episodios más pintorescos de esta elección: el partido de Domingo Cavallo, que ya no se llama Acción por la República, sino Liberal Republicano, se inscribió en dos alianzas opuestas:
  • Juntos por el Cambio con el PRO, la UCR, el Frente Cívico de Juez y la Coalición Cívica Libertadora, y
  • también con el PJ, el GEN Stolbizer, la Democracia Cristiana y vecinalistas varios.
La Justicia electoral deberá dirimir cuál inscripción es válida.

Cómo Córdoba no hay.

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