domingo, 13 de febrero de 2022

¿QUÉ ES EL KIRCHNERISMO..?, de Horacio Verbitzky - 6/2/2022


El viernes 28 de enero la Argentina pagó 721,5 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, a los que hay que adicionar otros 368,4 millones de intereses que se oblaron el martes 1° de febrero. Al día siguiente del primer pago, el diario del multimedios Octubre, que conduce Víctor Santa María, publicó una nota según la cual el actual Presidente aprovechó la experiencia de Néstor Kirchner en 2003 para buscar la solución a la deuda que le dejó Maurizio Macrì.


La diputada Victoria Tolosa Paz publicó una tapa de Clarín de aquel momento.
De inmediato la diputada camporista Paula Penacca le respondió que no usara a Néstor Kirchner.


Quien terminó de complicar las cosas fue el consultor Emmanuel Álvarez Agis, al pretender que el acuerdo que firmó Kirchner fue peor que el actual y que le sorprendía gratamente lo que logró Martín Guzmán, sin reformas estructurales y con impulso a la obra pública.

Alejado de la política para dedicarse a la consultoría, Álvarez Agis no explica cómo puede comparar un acuerdo firmado hace 19 años, cuyo texto es tan conocido como sus consecuencias, con la indefinición actual, donde sólo hay comunicados del Ministerio de Economía y del FMI, para colmo contradictorios, sobre un acuerdo que aún se sigue negociando.
En aquel momento Néstor Kirchner decidió no pagar un vencimiento de 2900 millones de dólares con el Fondo para presionar por un acuerdo que se demoraba y que se firmó a la semana siguiente.

Esta vez también, Alberto Fernández había decidido no pagar salvo que se celebrara el acuerdo, que desde hace meses su gobierno dice que ya está listo, y depositar el dinero del vencimiento en un fideicomiso, para que no pudiera declararse al país en mora, pero no lo hizo público y terminó conformándose con el intercambio de comunicados que declaran la voluntad de seguir negociando.

Cotejando ambas situaciones, Kirchner podía pagar o no hacerlo, sin consecuencias graves, porque la economía estaba en tren de recuperación y las cuentas públicas eran sólidas.
Fernández debió resolver al filo de una corrida cambiaria porque aguardó hasta último momento y llegó sin reservas al día D.

Aún así, el tanque del Banco Central sigue por debajo de los niveles de subsistencia y en este verano hay que cruzar un desierto hasta que comience a liquidarse la cosecha gruesa, en abril.
Lo que se discutía entonces no eran puntos de déficit sino de superávit, que Kirchner no quería aumentar, de 3% a 4,5% porque decía que necesitaba esos fondos para la obra pública.
No había cepo, dólar paralelo, inflación ni brecha cambiaria.
Un miembro del equipo económico de entonces sostiene que no es posible la comparación.
“Hoy no hay ningún resultado, sobre una negociación que hace mucho debería haberse cerrado”, dice.

El columnista del Cohete Horacio Rovelli, ex Director Nacional de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y profesor de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA), enumera en esta misma edición las consecuencias de aquella política en una respuesta directa al consultor AA.

Este debate sobre una negociación y otra continuó con una carrera para redefinir el kirchnerismo, ese apelativo que según Néstor Kirchner se inventó “para bajarnos el precio. Somos peronistas”.
Como de costumbre, picó en punta el eviterismo.
Su co - conductor, Fernando Navarro, quien también se encarga de las relaciones parlamentarias en la jefatura de gabinete, dijo que “el kirchnerismo es más que Cristina y Máximo”.
Agregó que él y el Presidente Alberto Fernández también eran kirchneristas.
Algo parecido declaró el diputado santafesino Germán Martínez, a quien Alberto encomendó ocupar el cargo que dejó Máximo.
“Soy kirchnerista y peronista, sin contradicciones”, dijo.

Parece que ha dejado de ser mala palabra, siempre que se remita a Néstor, no a Máximo ni a Cristina, como precisó con la sutileza paquidérmica que lo caracteriza el Chino proveniente del duhaldismo de Lomas de Zamora.
Sus intenciones son ostensibles, pero sin querer señala un camino interesante: muchas personas que no están encuadradas en ninguna de las organizaciones del kirchnerismo, valoran a Cristina por encima de cualquier otra persona.
Los propios eviteros lo padecen cada vez que salen a la calle: tienen que morderse la lengua para no decir lo que piensan, porque sus bases adoran a CFK.
Organizar esos sentimientos populares es un desafío militante al que hasta ahora no se dio la respuesta adecuada.

In extremis

Sin el pago de enero se habría producido un golpe de mercado y el gobierno no hubiera tenido otro recurso que decretar un feriado bancario, es el razonamiento del Presidente Alberto Fernández. Quienes cuestionan la estrategia y los resultados obtenidos, como Máximo Kirchner, no niegan que entrar en mora con el FMI tendría un alto costo económico, social y político.
Pero señalan que se llegó a esa encrucijada por malas decisiones previas, que se remontan al anuncio del entonces Presidente electo Fernández de que el dólar a 60 pesos estaba en un buen nivel, en cuanto ganó las PASO de 2019.
Ese no era momento para convalidar la política de Maurizio Macrì sino para denunciarla y producir un corte abrupto con ella, afirman.

Entre esa fecha y la elección presidencial, el Frente de Todos perdió votos equivalentes a ocho bancas en la Cámara de Diputados.
A eso alude la renuncia de Kirchner a la presidencia del bloque de diputados del oficialismo, cuando agrega que nunca dejó de transmitirle a Alberto “mi visión para no llegar a este resultado”. Entramos en el espectral territorio de lo que hubo de haber habido.

También podría decirse que no le quedaba otro camino a Kirchner, como consecuencia de decisiones anteriores.
Su renuncia a la presidencia del bloque sorprendió a funcionarios y militantes que se enteraron por las redes sociales y los medios.
El malestar que expresan es por la falta de cualquier anuncio o discusión previos.
Pero hubo advertencias públicas, como su discurso del 8 de julio de 2021 en la Cámara de Diputados, donde asoció la modificación a la ley de vacunas con la situación de la deuda externa: 
“Cuando no escuchamos la propia experiencia como pueblo, terminamos siendo juguetes de las circunstancias. Yo no quiero un país que sea juguete de las circunstancias. (…)
Si un laboratorio nos obligó a cambiar todo el andamiaje, ¿cómo vamos a compatibilizar el desarrollo argentino y la inversión que necesitan diferentes sectores de nuestra industria..? (…)
¿Cómo vamos a hacer para exportar más, para producir más, qué vamos a hacer con el Fondo Monetario Internacional..?"

Esas preguntas iban dirigidas a la oposición, responsable del endeudamiento y defensora de un acuerdo a cualquier precio con Pfizer (hace menos de un año Patricia Bullrich propuso entregarles las islas Malvinas a cambio de sus vacunas).
En el oficialismo los únicos sordos fueron los que no quisieron oírlo.

Juego de roles

Pero la superposición de roles que asumió Kirchner preanunciaba su incompatibilidad.
El primogénito de la única pareja presidencial de la historia argenta era, al mismo tiempo
  • Guardián del legado de su padre.
  • Vocero de su madre.
  • Jefe de una organización de cuadros.
  • Presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, y
  • Presidente del Partido Justicialista del mayor distrito del país, la acromegálica provincia de Buenos Aires.
Estaba escrito que en algún momento algunos de esos cables se iban a cruzar y a producir un cortocircuito.
Sólo el tiempo dirá de qué manera el joven Kirchner, que ya tiene 44 años, conciliará esos roles, o a cuál otro de ellos deberá renunciar.

El arco político y mediático le atribuyó a la Vicepresidenta la posición tomada por el hijo, con distintos matices según la perspicacia y los modales de cada uno: desde la presunción vía análisis de que no es posible imaginar esa actitud sin acuerdo de ella hasta la interpelación machista en la señal de cable Soez+, donde le exigieron que diera la cara.
Un marginal resentido como Cantinflas llegó a decir que Cristina debería pedir disculpas y renunciar.

La idea de que el hijo hablaba por la madre estaba tan asentada que cuando Alberto reveló en una aparición pública destinada a poner paños fríos que Cristina tampoco estaba de acuerdo, uno de sus interlocutores entendió que no se refería a la renuncia de Máximo sino al entendimiento con el Fondo.
El Presidente tuvo que repetir lo que había dicho para que le quedara claro.

Algunos citaron la nota del domingo pasado en El Cohete, que contradice esa idea de Máximo como un dócil sícristino y anticipó lo que ocurriría.
Alberto Fernández escuchó a Máximo decir: “Yo no estuve de acuerdo con tu candidatura, así como no apruebo ahora esta negociación. Por eso, creo que te va a ir mejor con ella, que es la jefa de ese espacio político”.

El principal reproche se centró en el maltrato hacia Cristina. 
“No es necesario estar de acuerdo con ella y se puede disentir, aunque tenés que prepararte porque anota todo, estudia cada cosa y te discute hasta las comas. Pero lo que no se puede es faltarle el respeto”, opina Kirchner.
Pocas cosas irritan tanto a Alberto como que le digan que está allí porque Cristina lo eligió.

Otra nota del Cohete sobre las candidaturas bonaerenses contó que ante Alberto, Cristina, Sergio Massa, Axel Kicillof, Wado de Pedro y Gabriel Katopodis, Máximo propuso que Santiago Cafiero encabezara la lista de diputados, secundado por Luana Volnovich, Carlos Bianco y Malena Galmarini y que en tal caso él le cedería su cargo a Cafiero porque “yo no nací presidente de bloque”.
Nadie dijo nada, pero a través de notas en Clarín se instaló que el Presidente quería que encabezara la lista Victoria Tolosa.
Son señales muy concretas por ambas partes, que pocos supieron interpretar.

Otra frase de circunstancias dice que la decisión de no pagar debería haberse adoptado 4.500 millones de dólares antes, que es lo que el gobierno le fue pagando al Fondo en 2020 y 2021.
Como en los tangos de Homero Manzi, sólo queda atormentarse pensando en los actos o las omisiones que sucedieron en un pasado que no vuelve.

El asesor de seguridad de Estados Unidos para Subamérica, Juan González, llamó a su amigo argentino, Sergio Tomás Massa, quien lo tranquilizó:

- No hay ningún problema. Todo sigue bien.

Ni alguien tan listo como Massa advirtió la posibilidad de obtener alguna mejora en el trato, a partir del temor al fracaso.

En abril de 2021, González cenó en la casa del matrimonio Galmarini - Massa en Tigre.
El presidente de la Cámara de Diputados invitó también a Kirchner, quien prefirió no asistir.
Massa tampoco parece haber entendido la actitud de su colega.
“Por encima de nuestras peleas o diferencias lo que tenemos que pensar es que está un país en juego", dijo.
Ni Alberto ni Máximo privilegian cuestiones internas, difieren sobre políticas fundamentales.


Ilustración de Azul Blaseotto

Ni Chacho ni Cobos

Dentro de los dislates que siguieron al desconcierto, figuran las comparaciones con la renuncia del licenciado Carlos Álvarez a la vicepresidencia en 2000 y el desempate de Julio Cobos en el Senado en 2008.
Parecen debidas a la necesidad de llenar espacio con divagaciones cuando se carece de información y/ o a la pasión por la anécdota de la que hay que desmalezar los terrenos de la política y los medios para entender algo.

Álvarez dejó la vicepresidencia, con la especulación de regresar como jefe de gabinete, en tándem con la Segunda Aparición de Domingo Cavallo en Economía, propuesta que Fernando De la Rúa rechazó.
Es decir que no tenía ninguna diferencia política o económica profunda.
Tanto que el ejecutor de la ley Banelco de precarización laboral que detonó el escándalo fue el hombre de mayor confianza de Álvarez en el Frepaso, Alberto Flamarique.

Cobos votó dos veces en contra de su propio gobierno.
En la primera, frustró la aplicación de retenciones móviles al comercio exterior de granos.
En la segunda obligó a vetar la ley que establecía la jubilación del 82% móvil, cuando era ostensible que no había recursos para pagarla.
El movimiento lo mareaba.
Ahora opinó que la renuncia de Máximo lesionaba la autoridad presidencial (sic).

Al contrario que Álvarez y Cobos, Kirchner se aparta para no obstaculizar una decisión con la que disiente y que no podría defender en la Cámara de Diputados ante propios ni ajenos.
También ha dicho que no piensa activar para que el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envíe, naufrague en el Congreso.
En democracias más antiguas, estas actitudes son la norma.

Los plazos son exiguos.
Hasta ahora sólo se conoce la voluntad de las partes de llegar a un acuerdo, es decir que todo sigue igual, salvo el nivel de reservas del Banco Central, que están al rojo.

Hay varias fechas clave:

  • El 9 de febrero regresará Alberto del extenuante viaje por Rusia, China y Barbados. Repuesto del jet lag, estará en pleno funcionamiento el lunes 14. El martes 15 prestará testimonio en la causa armada contra Cristina por las obras viales de Santa Cruz.
  • El 1° de marzo, abrirá las sesiones ordinarias del Congreso y toda la expectativa se centrará en el prometido plan plurianual.
  • El 21 y 22 de marzo vencen dos pagos con el Fondo, por 967,9 y 1.867,8 millones de dólares, y la Argentina no tendrá para esa fecha tales 2.835,8 millones de dólares.
  • El 27 de marzo se celebrarán las elecciones de autoridades distritales en el justicialismo bonaerense.
Serán siete semanas de alto voltaje.

Frío como el hielo

Máximo niega que también contemple dejar la presidencia del justicialismo bonaerense y acude al recuerdo de lo que Néstor y Cristina hicieron durante el menemismo.
A diferencia de quienes crearon el Frepaso, los pingüinos continuaron dentro del PJ, pese a sus explícitos desacuerdos.
Según Cristina, sostener las convicciones tuvo un costo.
Lo dijo en octubre pasado, al inaugurar la Zona Franca de Río Gallegos.
Allí recordó que su creación había sido firmada por el gobernador Néstor Kirchner en 1994.
Pero en 1996 cuando los Presidentes Menem y Eduardo Frei II firmaron el acuerdo por la traza fronteriza, Cristina organizó la resistencia en el Senado.
Incluso exhibió un témpano traído de Santa Cruz.
A raíz de eso fue separada del bloque justicialista.

Renunció a su banca para encabezar la lista de candidatos a la Cámara de Diputados en 1997, y cuando el tratado que ambos gobiernos renegociaron llegó al recinto, votó en contra, en diciembre de 1998, alegando que cercenaba una parte del territorio argentino. “Nos revocaron la Zona Franca como castigo por no votar y encabezar una gesta nacional”.
Agregó “que defender el patrimonio de los argentinos no es gratis y que cada cosa que los argentinos y argentinas obtengan debe ser muchas veces a través no solo del esfuerzo, sino de la lucha”.

Las palabras y las cosas

Las palabras de Alberto ante Vladimir Putin en Moscú cayeron perpendiculares entre quienes defienden un alineamiento incondicional con Washington.
Allí el Presidente dijo que “tendríamos que ver la manera en que la Argentina se convierta en la puerta de entrada para que Rusia ingrese a América Latina de un modo más decidido”.

Agregó que “desde mediados de la década de 1990, la Argentina ha enfocado su mirada en Estados Unidos y depende mucho la economía argentina de la deuda que tiene con el Fondo Monetario y la influencia que Estados Unidos tiene en el Fondo.
Durante la primera etapa de nuestros gobiernos, entre 2003 y 2015, tratamos de salir de ese corset que la Argentina tenía con los Estados Unidos y ahí pudimos avanzar con el primer acuerdo estratégico que firmamos con Rusia.
En 2015 llegó un gobierno que otra vez volcó su mirada hacia los Estados Unidos y nos generó la deuda pesadísima que hoy tenemos.
Yo estoy empecinado en que la Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia tan grande que tiene con el Fondo y con los Estados Unidos.
Y tiene que abrirse camino hacia otros lados.
Y ahí es donde me parece que Rusia tiene un lugar muy importante.
Quiero que tenga la certeza de que yo veo una gran oportunidad para que podamos avanzar”.

Esto alborotó a la trifecta mediática.

Infoemba dijo que con esas palabras, Fernández “puso en jaque su acercamiento geopolítico a Joseph Biden y el entendimiento que cerró con el Fondo Monetario” y “quemó el guion diplomático que había estudiado en su viaje de Buenos Aires a Moscú”.

Según Clarín, esas declaraciones fueron un cimbronazo en Estados Unidos y el FMI.
El Departamento de Estado y el Tesoro le habían pedido a Kristalina Georgieva que encontrara “una solución al acuerdo”.
Así surgió lo que llamaron “stand - by temporario” y que en realidad es “un préstamo puente avalado por Estados Unidos para que Alberto pueda terminar su mandato”.
También dice que hay cláusulas secretas sobre la estrategia cambiaria.

Para La Nación, ese diálogo entre ambos Presidentes se transmitió por error a la sala de periodistas, hasta que una funcionaria rusa apagó de mala manera el televisor.

Consultada para esta nota, la Portavoz Gabriela Cerruti dijo que la necesidad de profundizar otras relaciones que no sean con Estados Unidos eran el eje del encuentro tal como había sido planificado, y su difusión no sólo la hicieron los rusos sino también la presidencia argentina.

Las cláusulas secretas

Respecto de las cláusulas secretas, esto coincide con lo sucedido durante el gobierno de Raúl Alfonsín, tal como lo cuenta un miembro de su equipo económico, Juan Carlos Torre, en el libro Diario de una temporada en el quinto piso.
Allí se afirma que además del Memorando de Entendimiento se firmaron dos compromisos secretos: uno sobre la devaluación del peso y el otro sobre los ajustes de salarios.
Alfonsín dijo entonces que su gobierno consiguió que el FMI aceptara sus instrumentos, que no figuran en el repertorio del organismo, dado que el gobierno ha negociado “a partir de sus propias convicciones”.

Las dudas sobre los acuerdos secretos que puedan existir ahora se incentivaron a partir de un diálogo de Guzmán, el 8 de enero en Chapadmalal, con el gobernador bonaerense.
El ministro le dijo a Axel Kicillof que el Fondo imponía cinco condiciones:

  • Reducción de subsidios a la energía eléctrica.
  • Política de metas de inflación del Banco Central.
  • Actualizar la valuación de los inmuebles en todo el país.
  • Combate a la informalidad laboral.
  • Reducción de los gastos de capital.
Pero poco antes del anuncio oficial del presunto acuerdo, Guzmán dijo que había conseguido que el Fondo desistiera de esas exigencias.
A partir de allí se instaló la suspicacia sobre las palabras del ministro, lo cual se sumó a la opacidad sobre el marco jurídico de la negociación.

Las pautas que van trascendiendo ya sea en comunicados oficiales de Gita Gopinath o en declaraciones informales de Kristalina Georgieva, más editoriales de diarios financieros de la city de Londres, o el análisis de los compromisos que según Guzmán asumió la Argentina, sugieren que aquellos cinco puntos no desaparecieron, sino que como un tiburón se sumergieron para navegar sin ser vistos, práctica habitual del FMI, que nunca practicó la transparencia.

Ni fácil ni extenso

Ya se trate de un “stand - by transitorio” o de un préstamo puente, como afirmó Clarín en la columna empresarial del viernes, no se trata del Programa de Facilidades Extendidas del que siempre hablaron Guzmán y su alter ego Sergio Chodos (hijo del padrino de Maurizio Macrì, el empresario de la construcción Gregorio Chodos, un peronista que operaba para Enrique Nosiglia).

Guzmán se declara mortificado por la desconfianza de Cristina, hacia quien sobreactúa admiración.
Afirma que la tuvo al tanto de cada paso, con los documentos correspondientes a cada punto, de modo que dada su inteligencia no puede creer que se declare sorprendida por la refinanciación del préstamo que el ministro anunció ante los gobernadores el 5 de enero.
El FMI no reestructura deudas, las refinancia, se encarga de decir en público Chodos, pero su palabra no llega muy lejos.
Es decir, lo que el Fondo ofrece son los nuevos préstamos que Alberto rechazó hace dos años y los comparó con un intento de curarse la borrachera tomando vino.
Deuda nueva, con intereses nuevos.
Y el Facilidades Extendidas recién se iniciaría dentro de tres años, con lo cual la deuda recién se cancelaría en 2036.
Hasta entonces, cada tres meses, el Fondo fisgonearía cada detalle de la política económica de un país nominalmente soberano.

Mejor que decir

Que un comunicado del staff técnico reconozca que la inflación es un fenómeno multicausal no significa gran cosa, si la política monetaria procura una contracción brutal y la meta de déficit fiscal cero se adelantó para 2025.
El propio Guzmán advirtió ante los gobernadores que si ese reclamo del Fondo se impusiera (la Argentina proponía alcanzar ese número redondo en 2027) equivaldría a “un ajuste real que con alta probabilidad detendría la recuperación que estamos viviendo. 
La diferencia entre el FMI y la Argentina es entre tener un programa que ayude a darle continuidad a la recuperación versus exponer a la Argentina a la necesidad de la buena suerte para continuar recuperándose”.

Quien cree sin dudas ni murmuraciones en la buena suerte es Carlos Maslatón, el broker que acompaña al neofascista Javier Milei.
Según el cripto financista que en la década de 1980 dirigió la agrupación universitaria de la UCeDe de la familia Alsogaray, con el aumento de los precios de la soja, el trigo y los hidrocarburos, que continuará por no menos de cuatro años según sus cálculos, la Argentina sobrecumplirá las metas que fije el FMI y hasta podrá cancelar la deuda por anticipado, como hizo Kirchner.


Maslatón (izquierda, de anteojos) y Milei: los creyentes.

Dos de las cinco exigencias del Fondo no son contrarias a los intereses populares.
Si el gobierno esta vez pudiera cumplir la promesa que viene haciendo desde hace una década, de segmentar las tarifas para que los aumentos eléctricos sólo recaigan en quienes pueden pagarlos, lograría unir lo útil a lo agradable.

El ENRE entregó en enero la propuesta, que se inicia en el AMBA, donde distribuyen la energía Edenor y Edesur, que concentra el 40% de los usuarios residenciales del país.
La primera etapa abarcaría los barrios más pudientes de la Ciudad Autónoma, la Zona Norte del Gran Buenos Aires y todas las urbanizaciones cerradas del AMBA.
Esto comprendería a casi medio millón de usuarios, con un ahorro fiscal superior a 20.000 millones de pesos anuales a los que debe sumarse el incremento de la recaudación por el IVA, hasta llegar a 25.000 millones.
La propuesta contempla una instancia de reclamo “ágil y sencilla” para quienes dentro de esa población no puedan afrontar el aumento y estén en condiciones de demostrarlo.




Tampoco es objetable la revaluación fiscal de los inmuebles en todo el país.
De allí a que sea posible media un buen trecho.
Lo mismo vale para el control de la evasión fiscal, que es un mal endémico.
La revaluación depende de los gobernadores, que no son entusiastas del conflicto con los poderes locales.
El cordobés Juan Schiaretti, quien teme ser desbordado por Cambiemos, acaba de pedir la eliminación completa de las retenciones agrícolas.

El parate en seco a la emisión monetaria y al déficit fiscal, la devaluación del peso y el simultáneo aumento de las tasas de interés contradicen en forma concreta los buenos propósitos enunciados.
En esas condiciones no son necesarias nuevas leyes con el pomposo nombre de reformas, para adecuar la situación de trabajadores y jubilados a los deseos del Fondo.
La precariedad laboral es un excelente pretexto, y ya Roberto Lavagna expuso la propuesta de segmentar la mano de obra, de modo de reducir la protección a quienes consigan empleo de ahora en adelante, una vieja ilusión de Techint.

Ya es un clásico la oposición entre el Word, que distrae a los críticos y a las víctimas, y el Excel con el que se comunican los que están en la pomada.
Como dijo alguien hace muchos años, mejor que decir es hacer.

CÓMO HACER PARA QUE MORALES NO PAREZCA RADICAL...??, de Horacio Verbitzky (NOTA DEL AÑO 2017...!!)

La corrupción jujeña en torno de la presidente del Tribunal Superior

TITINA

El Superior Tribunal, eje de la degradación institucional jujeña.
El rol de los yernos de su presidente, Titina Falcone, quien complotó con Gerardo Morales para engañar a la CIDH: uno ordenó la detención arbitraria de Milagro Sala; otro ganó 4000 por ciento con la compraventa de tierras al Estado en nombre de Freddy Morales; otro trabaja con el fiscal que justificó todo ante la ONU y su “hijo del corazón” fue arrebatado en el parto a su madre adolescente y anotado como propio.
Un escándalo que no cesa.

La trama de la corrupción jujeña se teje en el hogar de la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Clara de Langhe de Falcone, cuyo juicio político fue solicitado a la Legislatura Provincial por incumplimiento de sus deberes al coordinar con el gobernador Gerardo Morales el engaño a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que consienta la prisión preventiva de Milagro Sala.

La jueza, a quien en su ciudad, San Pedro de Jujuy, todos llaman Titina, tiene cuatro hijos con el odontólogo Hugo Rodolfo Falcone: Cecilia Inés, María Paula, María Alicia y Esteban Fernando Falcone, que hoy tienen entre 50 y 42 años e historias interesantes, ligadas con el contador Morales, su familia y sus negocios:

Cecilia Inés Falcone se casó con el socio en el estudio jurídico de su madre en San Pedro, Gastón Mercau, con quien tuvo tres varones. Cuando Titina se volcó a la actividad política en el radicalismo jujeño, Mercau fue designado defensor y en 2013 juez de control.
Cecilia Inés tiene su propia actividad política, como coordinadora de Jujuy Solidario, un instrumento creado por Gerardo Morales como parte de su campaña para llegar a la gobernación.
Una de las fotos la muestran con Morales durante un acto proselitista.
Sus estudios muestran un perfil ideológico bien definido: hizo la secundaria en el Liceo Naval Militar Francisco de Gurruchaga y cursó derecho en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, inspirada por el sacerdote integrista Anibal Fosberry, y en la Universidad Católica de Salta.
Según su autodefinición, Jujuy Solidario propone pasar:
  • del clientelismo a la solidaridad;
  • de la intolerancia al respeto;
  • del sometimiento a la dignidad;
  • de la desigualdad a la equidad;
  • de la impunidad a la justicia;
  • de la violencia a la paz;
  • de la dependencia a la libertad;
  • del miedo paralizante a la acción transformadora.
Su matrimonio se disolvió, Mercau formó pareja con una empleada de los tribunales de San Pedro y se mudó a San Salvador pero su relación con su suegra no se deterioró.
En enero de 2016 Titina lo designó juez ad hoc para cumplir la decisión del gobernador Gerardo Morales de detener a Milagro Sala, en forma arbitraria según la calificación del órgano especializado de las Naciones Unidas, que reclamó su liberación inmediata.
Es lo que Morales llama pasar de la violencia a la paz.

Maria Paula Falcone tuvo tres hijas con el contador Luis Miguel Jiménez, el comisionista que compró a la provincia de Jujuy en 700.000 pesos un terreno en Alto Comedero de 150 hectáreas, en representación de una docena de legisladores encabezados por el Hermano Freddy Morales, que pocos meses después lo revendieron a la misma provincia por 30 millones de pesos, con un beneficio del 4.000 por ciento.

María Alicia Falcone, divorciada y con tres hijas, trabajó como procuradora en la Fiscalía de Estado de Salta, donde vive.
Concursó para ser jueza y desde 2015 es Secretaria del Tribunal Oral Federal 1 de Salta.
Lo preside Santiago Díaz, uno de los jueces que condenaron a Milagro Sala sobre la única base de un testigo pagado por el gobernador Morales y también lo integra Mario Marcelo Juárez Almaraz, hermano mellizo de quien presidió aquel tribunal jujeño que firmó la sentencia pasando por alto que ni Milagro ni nadie de la organización barrial Túpac Amaru estuvieron en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas cuando otras personas rompieron siete vidrios y bañaron de huevos en octubre de 2009 al entonces senador Gerardo Morales.

Esteban Fernando Falcone, el único varón de la familia, fue arrebatado a su madre adolescente, a quien le dijeron que murió en el parto, y anotado como propio por Clara De Langhe y su esposo, el odontólogo Hugo Rodolfo Falcone.
Cuando la madre lo supo y reclamó, la jueza compró su silencio con cuatro cargos en los tribunales provinciales de San Pedro.

El juicio político

Milagro Sala y el diputado del Frente Unidos y Organizados Juan Manuel Esquivel pidieron a la Legislatura el juicio político de Titina Falcone por faltar a los deberes de su cargo, causal de remoción según el artículo 203 de la Constitución Provincial.
La denuncia se basa en los mails enviados desde el estudio del ex juez, ex ministro y ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra el lunes 9 de enero de 2017 a la jueza y al fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda (ambos dirigentes de la UCR local).

Utilizando la casilla federicowagner@estudiogillavedra.com.ar el apoderado del gobernador Morales planteó a Falcone y Miranda coordinar la presentación de testigos contra Milagro Sala durante la visita que la CIDH realizará al país en mayo, “tal como hablamos en diciembre”.

El abogado patrocinante de Milagro, Luis Paz, sostiene que la participación de la Presidenta del Superior Tribunal en conversaciones dirigidas a justificar la detención “supone su desentendimiento del deber de imparcialidad que debe regir toda actuación de un magistrado”.
Esa operación también “muestra un grave desconocimiento de la división de poderes” ya que un apoderado del titular del Poder Ejecutivo instruye por mail a la Presidente del Superior Tribunal de Justicia sobre “la vía a seguir en una tarea que por naturaleza le corresponde al Poder Judicial”.
Falcone “mantiene diálogos con el gobernador Morales para planificar decisiones en las que no debería inmiscuirse persona alguna ajena a la estructura del Poder Judicial”.

El juicio político está regulado en el último capítulo de la Constitución Provincial de 1986.
La Legislatura se divide en dos salas: Acusadora y Juzgadora.
La sala Acusadora debe designar una Comisión Investigadora de cinco miembros, que dispondrá de 30 días, prorrogables por otros diez.
Una vez emitido su dictamen, lo elevará a la sala Acusadora, que tendrá otros 20 días para decidir por dos tercios si corresponde o no el juzgamiento.
Si la votación fuere negativa, ordenará el archivo de las actuaciones.
En caso afirmativo, tres de sus miembros sustentarán la acusación ante la Juzgadora, que tendrá 30 días para pronunciarse, también por los dos tercios de sus miembros para concretar la destitución. Los procedimientos serán públicos.

Según el reglamento de la Legislatura, el juicio político debería tratarse en la primera sesión ordinaria, el 1º de abril.
Pero para impedir que la denuncia siga pendiente durante 45 días más el gobierno del contador Gerardo Morales analiza la posibilidad de una sesión extraordinaria para archivarla la semana próxima.

El reglamento de la Legislatura incluyó en su artículo 257 una limitación que no figura en el texto constitucional.
Dice que una vez que el acusado responda a los cargos, la Sala Acusadora decidirá “en sesión secreta si ha de abrirse la causa a prueba, no debiendo hacerlo sino cuando fuera necesario o lo solicitare el acusado”.
Es decir que la denuncia puede desecharse en secreto, sin que el pueblo sepa de qué se trata.

Pero aun hay una argucia previa a la que puede recurrir la mayoría oficialista, ya que las comisiones Acusadora, Investigadora y Juzgadora nunca fueron constituidas, por lo cual la mayoría radical podría alegar su propio incumplimiento de la Constitución para proteger a la correligionaria en comisión en el Poder Judicial, aduciendo que no tiene jueces designados antes de los hechos.
Los primeros sondeos con la oposición no fueron alentadores. Cuando el operador radical de Morales en la Legislatura Alberto Bernis lo planteó, el diputado fellnerista Javier Hinojo respondió que en ese caso el Frente para la Victoria impulsaría otros pedidos de juicio político, contra el titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, contra el fiscal de control Gustavo Araya y contra el juez Isidoro Cruz.

El yerno contable

María Paula, odontóloga como su padre, de 48 años, sigue casada con el contador Luis Miguel Jiménez, a quien su suegra designó director de administración del área contable del bloque de diputados radicales de Jujuy, del que ella fue vicepresidente en los últimos años del siglo pasado.
Jiménez firmaba los recibos de sueldos del personal.
El 29 de mayo de 1997 también firmó un boleto de compraventa por el cual varios miembros de la familia Bustamante Pérez “venden, ceden y transfieren al comprador una fracción rural de trescientas cincuenta hectáreas (350 Hs) parte del lote rural Nº 48-I1 con padrón A-53849, ubicada en distrito Los Alisos del departamento Dr. Manuel Belgrano”.
Esas tierras habían sido hipotecadas en garantía de un crédito que no pudieron pagar.
Cuando se les decretó la quiebra, debían ir al banco de Jujuy residual, donde el luego vicegobernador y senador Guillermo Jenefes se encargaba de los clavos.
En cambio, por aquel boleto de compraventa pasaron al yerno Jiménez, que es mencionado en la operación como “comisionista”. Es decir que no actuaba por su cuenta sino en nombre de uno o varios clientes hasta entonces no identificados.
La operación recién se perfeccionó el 15 de febrero de 2011, mediante el pago de 727.540 pesos.
Entonces se develó que los verdaderos compradores eran una docena de ex legisladores que reclamaban salarios adeudados a la provincia, ocho de ellos radicales, varios testigos en el juicio contra Milagro Sala, funcionarios del gobierno nacional de Maurizio Macrì, del provincial de Gerardo Morales o jueces: Freddy Morales, Miguel Ángel Giubergia, Facundo René Giubergia (a través de su esposa Teresa Sadir), Carlos Alberto Toconas, Hugo Daniel Zamar, Raul Alberto García Goyena, Mario Ramón Puig y René Jesús El Jadue.

Pocos meses después revendieron al estado provincial esas 150 hectáreas, por 30 millones de pesos.

Morales recompensó al contador Jiménez por el negocio ruinoso de vender en 700 mil lo que valía 30 millones.
En cuanto asumió la gobernación lo designó secretario de egresos públicos, el funcionario que autoriza las erogaciones de la provincia.
El encanto de Jiménez es la discreción y el perfil bajo.
El 2 de mayo de 2016 fue reemplazado por el Licenciado en Administración de Empresas Pablo Andrés Giacchino.
Pero Jiménez no quedó desamparado.
La jueza Titina se lo llevó consigo como perito en la Contaduría del Poder Judicial de Jujuy.
Desde la publicación del escándalo de las tierras en esta página, el gobierno provincial ya convocó a tres cumbres junto con sus asesores legales porteños para analizar la conducta a seguir.
Se consideraron tres hipótesis:

1. Pedir derecho de réplica;
2. Ofrecer una pauta publicitaria al diario;
3. Presentar una demanda civil contra el autor de la nota.

La conclusión fue que ante la imposibilidad de explicar lo inexplicable convenía atarse al mástil para aguantar el chubasco en silencio.
La discusión viró hacia las propias filas, con críticas al fiscal anticorrupción Joaquín Millón Quintana, cuyas contraproducentes actitudes agresivas se atribuyen a razones substanciales.
Como toda la familia cerca del presupuesto público, María Paula fue nombrada directora del hospital Ingeniero Carlos Snopek, de Alto Comedero.
María Paula con el comisionista Jiménez, que compró y vendió las tierras para Freddy Morales con 4000 por ciento de ganancia.

Desmiente, que algo quedará

Al asumir la gobernación, Morales envió a la Legislatura un proyecto de ley de ampliación de 5 a 9 de los jueces del Superior Tribunal.
Si a Menem le llevó un año lograrlo, apenas una semana después Morales ya tenía su mayoría automática, incluyendo dos de los diputados radicales que un día crearon los cargos y al siguiente juraron desempeñarlos con lealtad y patriotismo.

Titina Falcone, que integraba el tribunal desde 2010, fue elegida por sus correligionarios para presidirlo.
Como tal, durante la feria judicial de enero designó a Gastón Mercau para encargarse de las nuevas causas contra Milagro Sala para impedir que quedara en libertad, una vez que cesó su prisión preventiva por el acampe realizado en la plaza Belgrano.
Mercau fue quien ordenó la detención de la india protestona por fraude, extorsión y asociación ilícita, la figura comodín a la que se recurre cuando no es fácil probar delitos específicos.

Cuando el parentesco del juez con la presidente del Superior Tribunal se publicó en esta página, Langhe de Falcone lo desmintió indignada.
Dijo que Mercau no era su yerno.
Efectivamente, Cecilia Inés se había separado de Mercau y emparejado con Marcos Tula Molina, quien también consiguió empleo en la gran familia judicial jujeña: fue designado por el Fiscal general de Acusación, Sergio Lello Sánchez, como Coordinador del Organismo de Investigación, aunque carece de la idoneidad profesional para ese cargo.
La propia resolución 313/2016 admite que el tercer yerno es Ingeniero electricista.

En realidad ya estaba trabajando allí desde antes de la designación. Así lo demuestra la orden firmada el 28 de septiembre en Tucumán por la jueza Silvia Lescano de Francesco, quien dispuso embargar el 35 por ciento de todos los ingresos de Molina en la oficina de Lello Sánchez, para hacer frente al pago de alimentos en su divorcio vincular de Hilda Teresita Zurro.
Lello es el Fiscal General que respondió al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria que, de estar en libertad, Milagro Sala podría intimidar a los testigos y entorpecer la investigación, como si no hubieran secuestrado ya toda los documentos necesarios y Morales no tuviera el control absoluto de las fuerzas de seguridad para garantizar la seguridad de cualquier testigo.
El miércoles pasado, Cecilia Inés Falcone renunció a su empleo en el ministerio de Desarrollo Social de Jujuy, donde era Coordinadora de Gestión, argumentando razones personales, y el jueves se despidió de su equipo de trabajo.
En cambio, continúa como planta permanente del Senado de la Nación, con categoría A-3, Legajo 21412, asignada a la vicepresidencia 1ª, que ejerce el senador radical Juan Carlos Marino. 

Durante los años que lleva en ese empleo, que goza de estabilidad, cobró en el Senado pero siguió viviendo en Jujuy.
Las categorías del personal del Congreso están reguladas en el estatuto y escalafón sancionado por la ley 24.600 de 1995. A-3 es la tercera categoría más alta sobre 14.
La remuneración mensual que le corresponde es de 41.953,38 pesos al mes, más adicionales y bonificaciones por antigüedad, por título secundario, universitario o de estudios superiores, por certificados de cursos de tres meses en organismos gubernamentales o internacionales o de capacitación técnica.
Las prohibiciones comprenden realizar otras tareas en horarios de trabajo y es incompatible el desempeño de un cargo en el Senado “con otro cargo público en el orden nacional, provincial o municipal”. Pero “la ley es como el cuchillo, no ofende a quien lo maneja”.

El hijo del corazón

Esteban Fernando Falcone, DNI 24.217.035, nació en el sanatorio San Pedro, de San Pedro de Jujuy, el 25 de octubre de 1975, en un parto atendido por el médico Otto Carlos Stenberg.
El sanatorio quebró hace dos décadas y el médico murió.
La partida de nacimiento consigna que sus padres son Hugo Rodolfo Falcone y Clara Aurora De Langhe.
Cuando ella se refiere a Esteban como “el hijo de mi corazón” buena parte de los 70.000 sampedreños saben a qué se refiere: el chico es hijo natural de G.G., quien entonces era una adolescente.
Le dijeron que el bebé había muerto en el parto y lo inscribieron como hijo de Falcone y De Langhe.
Desde que Gerardo Morales fue designado viceministro de Desarrollo Social, se instaló en Buenos Aires.
Ahora trabaja en la Coordinación de ejecución y reajustes de ANSES, en el séptimo piso de la sede de Paseo Colón 327.
En 2012, G.G. supo del engaño y asesorada por un abogado grabó un video narrando la historia.
Con la filmación se presentó ante Titina, que ya integraba el Superior Tribunal.
El desenlace fue el ingreso de la madre biológica a un cargo de maestranza en los tribunales de San Pedro.
Un colaborador voluntario que a mi pedido preguntó por G.G. en los tribunales de San Pedro recibió una instantánea respuesta: “¿La madre del hijo de Titina..?”.
Y el relato de una discusión de pueblo chico.

- Vos sos la amante del fiscal X.
- Y vos vendiste a tu hijo por cuatro cargos.

Cuatro, porque además de G.G. también consiguieron empleo en los tribunales su actual pareja, H.F.; su segunda hija, M.F., y M.A.G., pareja de la otra hija de G.G., M.B.G.
Las fotografías de esta página muestran la fisonomía tan distinta de las tres hijas de Falcone y Titina y del “hijo del corazón”, quien en cambio se parece a su media hermana M.F.
La alteración o supresión de la identidad y la retención y ocultación de un menor de diez años (artículos 139 y 146 del Código Penal) tienen penas de reclusión o prisión de hasta 15 años.
Nada indica que en el caso de Titina y su hijo del corazón estos delitos puedan considerarse de lesa humanidad.
Pero eso tampoco significa que estén prescriptos.
Durante años se extendió una discusión jurídica al respecto.
La prescripción no podía contarse desde el momento en que se cometió el delito, ya que la víctima no estaba en condiciones de denunciarlo.
Se estimaba que el plazo comenzaba a correr cuando el chico cumplía 18 años, pero luego la Corte Suprema de Justicia zanjó el debate aduciendo que recién pueden contarse los 15 años de la prescripción cuando la víctima, sea niño o adulto, conoce la verdadera identidad que le fue substituida.
Las fuentes sampedreñas afirman que en el caso de Esteban Fernando Falcone recién ocurrió hace unos cuatro o cinco años.
Eso debería establecerse en el juicio penal que puede aguardarles a De Langhe y su esposo, si algún funcionario se atreve a denunciar el delito en los tribunales regidos por Titina y el contador Morales.
En cualquier caso el episodio no califica a la jueza para el desempeño del cargo que detenta desde hace siete años y desde el que conspira para mantener la privación ilegítima de la libertad de alguien que tiene muchos hijos del corazón, pero que no los inscribió como propios.

Agradezco a las colegas Alejandra Dandan y Cynthia García su generosa colaboración con datos y contactos para esta nota. También a las personas que contribuyeron con la condición del anonimato, para no exponerse a represalias en el pantano institucional jujeño, donde el Estado de Derecho ha sido suprimido, como primicia de una avanzada totalitaria a escala nacional.

lunes, 7 de febrero de 2022

EL MÓDULO AFIP DE LA GESTAPO, de Jorge Elbaum - 30/1/2022

La auditoría interna de la AFIP describe el financiamiento de los letrados que perseguían a CFK


Dos de los perseguidos por los contratados de la AFIP: Cristina Kirchner y Héctor Timerman.

La última semana se conoció el resultado de la auditoría interna realizada por la AFIP para evaluar la contratación externa de los abogados Tomás Farini Duggan y Juan José Ávila a partir del año 2017.

En julio del año pasado, El Cohete a la Luna adelantó que ambos habían sido contratados por su titular Alberto Abad y perpetuados por Leandro Cuccioli, su sucesor, con el objetivo de solventar la persecución jurídica contra Cristina Fernández de Kirchner, Héctor Timerman y otros dirigentes y militantes populares.
Gracias a esta financiación, lograron una dedicación full time a la causa del Memorándum, con la que buscaban destruir la imagen de la ex Presidenta y la de sus ex funcionarios, acusándolos entre otros crímenes de traición a la Patria.

Su labor consistió en lograr la reapertura de la denuncia realizada por Natalio Alberto Nisman y en solicitar la detención de los acusados por el fiscal.
El primer objetivo fue alcanzado en coincidencia con la obtención del primer contrato anual, sin que quedara ninguna evidencia de las tareas realizadas para la AFIP, la entidad contratante.
Su faena, favorecida por los aportes brindados por el erario público, les permitió obtener - entre otros logros - la suspensión del tratamiento oncológico a Héctor Timmerman, situación que le produjo la muerte.

La denuncia inicial de la inactividad laboral de los contratados por la AFIP y la irregularidad de sus contratos fue revelada por la Asociación Civil Bajo la Lupa, conducida por Margarita Stolbizer.
Entre junio de 2017 y 2020 atesoraron alrededor de 7 millones de pesos, que fueron abonados como honorarios profesionales.
La auditoría interna de la AFIP, que se convertirá a la brevedad en un sumario, constató las siguientes infracciones, anomalía e ilícitos:
  • Los contratos fueron invisibilizados para que los auditores internos no pudiesen detectarlos. Las disposiciones internas de la AFIP establecen que “la solicitud de la adquisición deberá estar justificada, debiendo quedar establecido el objetivo perseguido. Se deberán incorporar a las actuaciones por las que se impulsen las contrataciones, los informes necesarios provenientes de las áreas destinadas al bien o servicio”. Ninguno de estos prerrequisitos aparece en el expediente de la contratación de ambos.
  • Ávila y Farini Duggan fueron contratados sin fundamentación técnica ni jurídica previa, tal cual lo disponen los manuales de procedimiento internos. No se respetó la publicidad exigida para la contratación de ese tipo de consultorías, motivo por el cual se efectivizaron los contratos con una “celeridad excesiva”, orientada a impedir “los controles previstos en la normativa vigente”.
  • Para justificar su conchabo, se adujo que existía una escasez de personal especializado en el área de derecho penal, y una correspondiente cantidad de trámites pendientes. Sin embargo, según la auditoría, al momento de efectivizarse los contratos no existía un número de causas atrasadas que justificara dicha incorporación.
  • No se solicitó, en el área respectiva, un requerimiento explícito de las capacidades ofrecidas por Ávila y Farini Duggan, ni se fundamentó la pertinencia de su contrato.
  • La selección fue arbitraria: no se estipularon los perfiles requeridos del personal a ser contratado, ni se llevó a cabo una selección previa sobre la base de ofertantes varios.
  • No se establecieron parámetros de evaluación final: al no especificarse la cantidad de causas o expedientes en los que tenían que actuar, se logró que ambos permanecieran como ñoquis, sin que se les cuestionase la inactividad, pudiendo dedicar el financiamiento a la causa del Memorándum.
  • No se realizó el necesario relevamiento de precios para estipular el costo de un asesoramiento similar, en términos de valores de mercado. Se fijó el valor del contrato de forma arbitraria, para beneficiar a ambos letrados.
  • La ejecución contractual fue absolutamente irregular: se eludieron - y encubrieron - las evidentes incompatibilidades que tenían ambos letrados, además de los conflictos de interés que exhibían. Ambos litigaban al mismo tiempo contra el Estado desde el estudio jurídico que compartían, situación que los colocaba, a priori, en ambos lados del mostrador.
  • Ambos concentraban una triple Incompatibilidad funcional. Farini Duggan se hallaba contratado por la Provincia de Buenos Aires cuando la AFIP le otorgó la locación de servicio. Eso implicaba, además, una evidente incompatibilidad horaria. La reglamentación interna de la AFIP prohíbe otorgar remuneraciones en más de una jurisdicción, sea nacional o provincial, situación en la que estaba constreñido Farini Duggan. Tampoco faculta para contratar a quienes gozan de un haber jubilatorio, situación por la que se hallaba inhabilitado Ávila. Para embolsar los 96.000 pesos por mes falsearon su declaración jurada. Omitieron sus contrataciones en la Provincia de Buenos Aires, silenciaron el hecho de ser litigantes contra el Estado y ocultaron el haber jubilatorio, para no dejar constancia de esas incompatibilidades.
  • Se vulneró la normativa que indica la prohibición de contratar dos consultores socios de un mismo estudio. Dicha regla se establece para evitar que dos abogados realicen una única tarea con dos contratos paralelos. La transgresión de esa disposición “imposibilita cotejar la diferenciación entre los trabajos de uno y otro profesional que se desempeñan en el mismo estudio jurídico”. En la declaración jurada presentada por Farini Duggan se asegura que no formaba parte de ningún estudio jurídico. Por su parte, en su curriculum vitae, se informa lo contrario: que era socio del estudio compartido con Ávila.
  • Según el artículo 59 de la disposición interna de la AFIP 297/03 sólo se pueden prorrogar los contratos por una única vez. Sin embargo, ambos fueron prorrogados en dos oportunidades, sumando casi tres años de honorarios.
  • Por último, pero no menos importante: el aporte de ambos letrados a la solución de los litigios penales - motivo aparente por el que fueron contratados - fue categóricamente nulo. Las contribuciones archivadas muestran que se comportaron, durante el tiempo que duró el vínculo con la AFIP, como ñoquis letrados.
Operación memorándum


Juan José Ávila y Tomás Farini Duggan cobraron 200.000 dólares del erario público para perseguir opositores.

La AMIA había renunciado a ser querellante y sus autoridades desistieron de acompañar a la DAIA y a la querella impulsada por Luis Czyzewski y Mario Averbuch, padres de dos víctimas del atentado.
Además, las tres organizaciones de los familiares de las víctimas - la Asociación Memoria Activa, la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) y el colectivo 18 de Julio - no se plegaron a la persecución contra CFK.
El 16 de julio de 2017, el titular de la AMIA, Ariel Eichbaum, había afirmado que su entidad no avalaría el proyecto del juicio en ausencia motorizado por el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, y por los dos familiares representados por Ávila y Farini Duggan.

Ese posicionamiento de la AMIA fue cuestionado abiertamente por Czyzewski, quien lo acusó de favorecer al kirchnerismo.
Como respuesta, dos dirigentes del Bloque Unido Religioso (BUR) - fracción que gobierna la AMIA - confesaron que los letrados de Czyzewski y Averbuch estaban siendo financiados por el macrismo para llevar adelante la querella.

Además, los dirigentes de la mutual recordaron que Czyzewski fue despedido de esa institución en el marco de un conflicto institucional. Esa cesantía devino en un largo conflicto jurídico - laboral que se extendió durante un lustro.
La imputación de los dirigentes de la AMIA se sumaba a lo consignado por la Asociación Civil Bajo la Lupa.
Según los integrantes de la mutual, la decisión de Czyzewski y Averbuch de darle continuidad a la querella fue el resultado de una gestión realizada por el diputado Waldo Wolf, quien les garantizó que no deberían desembolsar un peso para litigar la causa denunciada por Nisman.

Desde la perspectiva del macrismo, la presencia de esos dos únicos familiares habilitaba una mayor legitimidad ante los jueces y le sumaba volumen a una acusación que incluía a un actor institucional, la DAIA.
Además, en 2018 el escándalo producido por la denuncia de Esmeralda Mitre respecto al titular de la DAIA - a quien acusó públicamente de acoso sexual - había desprestigiado a la institución y dejaba a los familiares, representados por los letrados de la AFIP, como los querellantes más genuinos.

Según las fuentes consultadas de la AFIP, que exigieron confidencialidad, el responsable de impulsar los contratos de Ávila y Farini Duggan fue, en forma directa, Fabian Pepín Rodríguez Simón.

El prófugo más afamado del mejor equipo de los últimos cincuenta años se desempeñó durante el cuatrienio macrista como director de YPF.
Paralelamente, en forma oficiosa, fungía como uno de los jefes más encumbrados de las operaciones judiciales ilícitas.
Los funcionarios de la Agencia consultados señalaron que Pepín acordó con Alberto Abad la designación de Farini Duggan a partir del 9 de junio de 2017, y de Ávila con fecha de inicio el 19 de agosto de ese mismo año.

Contratos de persecución

En el contrato se especifica que ambos nombramientos tenían el objeto de “reforzar el plantel de abogados con especialidad en materia penal general, dado el incremento del número de causas”. En el mismo mes que fue nombrado Farini Duggan, el juez Ariel Lijo le entregó la causa del memorándum a Claudio Bonadío, quien de inmediato impulsó las detenciones preventivas solicitadas por Ávila y Farini Duggan.
A la actual Vicepresidenta no lograron detenerla, porque fue electa como senadora a fines de ese mismo año, sin que la Cámara Baja otorgara el desafuero.

El haber conseguido las prisiones preventivas motivó la congratulación de Pepín Rodríguez Simón, quien le solicitó a Leandro Cuccioli la renovación de los contratos.
Cobraron hasta 2020, cuando fueron detectados en los pliegues organizacionales por los funcionarios de la gestión de Mercedes Marcó del Pont, quien de inmediato ordenó concluir el vínculo contractual con ambos.
Hasta que fueron despedidos habían embolsado 3,5 millones de pesos cada uno, un monto equivalente - en total - a unos 200.000 dólares, abonados a costa de recursos públicos.

La derecha argentina decidió, en la última década, apropiarse de la palabra República.
Según sus epígonos, sus acciones y sus prácticas están encaminadas a honrar la institucionalidad y a respetar la división de poderes.
Sin embargo, la violación de todas las normas en pos de la persecución de opositores deja en evidencia que los valores presumidos son solo una pátina destinada a brindar un disfraz, para ser reproducido insistentemente por las propaladoras de la lógica neoliberal.

El espionaje y la configuración de grupos de tareas - encargados de la persecución de dirigentes políticos, sindicales y sociales -, solo son practicables si están patrocinados y avalados por operaciones judiciales y de prensa.
Su objetivo final no es otro que impedir la emergencia y/o consolidación de un proyecto nacional y popular, capaz de democratizar el poder y garantizar una distribución equitativa de los bienes materiales y simbólicos.
Desconocer esta intencionalidad explícita puede confundir o desconcertar a quienes terminan siendo sus víctimas.

ABRIÓ LA BOCA, de El Cohete a la Luna - 30/1/2022

La declaración de Conte Grand en la Bicameral que disparó nueva cita para Villegas


No es cierto que Marcelo Villegas esté en pánico ni enfrentado con sus compañeros porque le reprochan tanto silencio.
Al menos así dicen en el entorno de María Eugenia Vidal. 
“Eso no es así, es lo que dice (el diario) La Nación.
Vaya a saberse, operando para quién - y agregan -: fuego amigo.”

La Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso citó a Villegas para el miércoles 3 de febrero.
Ya había sido citado una vez, pero no fue porque dijo que estaba siendo investigado en la causa penal.
La declaración de Julio Conte Grand en la Bicameral del jueves pasado le dio a la Bicameral un nuevo motivo para llamarlo: cuando le preguntaron y repreguntaron por la reunión del Bapro, terminó diciendo que quien tenía que responder era Villegas.
En tanto, hubo revuelo de última hora por una nota bastante amañada de Daniel Santoro en el diario Clarín.

Escribió sobre Hernán Cassasa, un comisario y contador de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
La Comisión Bicameral le tomó declaración a partir de una presentación del ex jefe de gabinete de Daniel Scioli, Alberto Pérez. Pérez se presentó como damnificado por los espías y pidió una investigación sobre su causa. Ofreció este testigo.

La Comisión lo llamó, lo que dijo Cassasa se difundió en distintos medios, pero Santoro lo presentó como testigo estrella de Leopoldo Moreau y totalmente trucho.
Cassasa no es testigo estrella y lo que dijo fue tan poco importante y flojo para el oficialismo que los diputados buscaron una y otra vez en la audiencia ver si aportaba algún dato.

Lo mismo dijo ayer Cristian Ritondo en una entrevista en la que terminó desmintiendo al propio Santoro: “No lo presentó el oficialismo”, dijo en el programa Dato sobre Dato de Milenium. Ritondo integra la Bicameral, y es diputado jefe del bloque de Cambiemos.

En la misma entrevista, Ritondo agregó: 
"A Cassasa lo presentó el delincuente de Alberto Pérez.
Lo presentó y la medida que tomó la Comisión, estuvo bien. (Pérez) es una persona que se siente afectada por los servicios de inteligencia y hay un comisario que sabe lo que pasó.
La Comisión dijo que venga a declarar.
Y eso, la verdad que no está mal, está bien”.

También dijo que el testigo era un trucho, incluso para el mismo oficialismo, que “la verdad, cuando respondió preguntas, (el oficialismo) lo descartó porque se dio cuenta de las barbaridades que dijo este señor, que nos odiaba a nosotros, que era militante peronista”.

Conte Grand y Villegas

Apenas llegó, el Procurador vio videos.
Le mostraron el del Banco Provincia en la parte en la que se habló del acuerdo con el sistema de Justicia para denunciar a Juan Pablo Medina, incluida la Procuración.
Su presencia representó para los integrantes de la Bicameral una victoria política.
Conte Grand se había negado a asistir en una primera llamada, pero ahora lo hizo. No podía negarse.

El llamado tuvo acuerdo de los catorce integrantes del organismo, incluido el PRO, producto de un consenso motorizado por el bloque oficialista y la presidencia de Leopoldo Moreau.
Algunos dicen que se presentó porque era lo que más le convenía: desobedecer la cita de un organismo del Congreso podía transformarse en otra mancha para el juicio político.

Hábil declarante, al comienzo tomó un mal camino.
Sobre el video, primero dijo que eran reuniones con empresarios de las que había todo el tiempo.
Luego corrigió y habló de mafia sindical.
Los diputados le dijeron que ahí no estaban hablando de la mafia sindical, sino de la otra mafia y así terminó diciendo que Villegas era el que debía hacerse cargo y explicar.
Eso dio pie a la cita de esta semana.

Hubo preguntas sobre la foto del almuerzo con Mauricio Macri.
También sobre una entrevista con Carlos Pagni en la que habló de la UOCRA Bahía Blanca y una entrevista con Marcelo Bonelli en la que dijo que Hugo Moyano debía estar preso.

Sobre la foto con Macri, los diputados le dijeron que no objetaban amistad sino que el Procurador de la Provincia se siente con un procesado por un cargo muy grave como el espionaje ilegal.
Fue una de las pocas cosas que reconoció, dijo que había sido un error y que no debió haberlo hecho.

Sobre Bahía Blanca, explicó que el fiscal tenía un problema porque los empresarios no se presentaban a declarar y no podía avanzar en la causa.
Los diputados le preguntaron si en ese caso, en vez de apuntar contra el gremio como lo hizo, no era más lógico iniciar un sumario al fiscal por no avanzar con la causa.

Sobre Moyano, no pudo decir nada.
El dato más saliente de la declaración surgió, sin embargo, de un equívoco: reconoció sin que nadie pregunte que estuvo dos o tres veces en la Agencia Federal de Inteligencia, AFI.
La Bicameral ni siquiera tenía ese dato y tampoco existen registros de sus visitas.
Lo dijo cuando le preguntaron por su teléfono encriptado.
Dijo que fue a buscarlo a la AFI y se lo dieron en una reunión.
Le preguntaron cuántas veces estuvo. Y dijo, dos o tres veces.
Hoy se sabe que uno de los libros de visitas de la AFI desapareció cuando Gustavo Arribas dejó La Casa, era el libro que correspondía a su piso y por el que hay un sumario.
Tal vez su nombre estaba ahí. Tal vez no lo registraron.
Cada avance de una causa, cada revisión, vuelve a mostrar más nombres en esas entradas y La Casa bombeando el corazón paralelo de la Rosada.

La Bicameral y la causa judicial van a ritmos distintos.
El juez federal Ernesto Kreplak está reconstruyendo la línea de tiempo que parte desde el 15 de junio de 2017 con el encuentro en el Bapro y sigue con el expediente administrativo que recogió las cartas de los empresarios y luego entró al expediente judicial.

Una pregunta pendiente es quién ordenó la colocación de las cámaras: ¿fue la gobernación..?
¿Lo hizo para asegurarse el testimonio de los empresarios que en otras ocasiones arreglaban con el gremio, tal como dice Villegas en el video..? ¿Fue la AFI en secreto..?

Esta semana declaró en La Plata la empleada del Banco que cargó la reserva de la sala en la agenda del sistema.
La reserva se había hecho primero por dos días y luego se extendió.
Ella era la persona que reservaba o liberaba de acuerdo a los pedidos.
Le llegaban por correo electrónico, y esos correos hoy son parte de la investigación.
Casi al final de la declaración, le preguntaron por qué puso la palabra «Gobernación» en uno de los correos de esos días.

- ¿Puede interpretarse como una indicación específica respecto del origen de la orden..? -, preguntó César Albarracín, abogado del Pata Medina.

- Suelo ser muy precisa en este tipo de cuestiones - dijo ella -, y sobre todo en un caso así, en el que tuve que suspender reuniones a dos gerencias.
Así que seguramente, si en mi mail indiqué que desde la secretaria de presidencia del banco me habían dicho que el pedido venía de Gobernación, es eso lo que me comunicaron cuando me llamaron por teléfono para pedirme la disponibilidad del salón.

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