FUERZA AMIGA, de Gabriela Sosti - 20/2/2022

La relación de la casta empresaria con los genocidas en Zona Norte

Dálmine-Siderca (hoy Tenaris) cedía su hotel en Campana para los represores que perpetraban el aniquilamiento.

Imagen tomada de “Responsabilidad Empresarial”, de Jonathan Perel.

Durante el imperio de las picanas y el despliegue orgiástico de todos los modos inimaginables de hacer sufrir, alrededor de las mesas más o menos ovales de la oficinas de Inteligencia de ese infierno a cielo abierto que fue Campo de Mayo se sentaban los sujetos de Inteligencia que craneaban el holocausto (durante la dictadura la inteligencia del Ejército era, por reglamento, la responsable primaria del exterminio), silla de por medio con representantes de la Iglesia pero sobre todo con los empresarios de la Zona Norte, donde asoló la zona de Defensa 4.

Los dueños de las empresas cuyo trabajadores estaban siendo destrozados en las mazmorras ardientes a pasitos de donde departían tomando café con los asesinos.

Vale la pena detenerse, leerlo despacio, porque fue brutalmente perturbador escuchar a Bernardo Caballero - uno de los 20 acusados por los crímenes horrendos en el centro clandestino El Campito - referirse en el debate a esa concurrencia habitué de los dueños de la fabricas de la región (1).

Iban a Campo de Mayo a “maquinar” con los exterminadores.

Lo reafirmó ante cada repregunta.

No cabe la polisemia.

De ese modo sellaron y avalaron el pacto de sangre.

Dicho sea no tan de paso, esos empresarios permanecen aún impunes.

El movimiento obrero en aquellos días exigía sus derechos constitucionales: el cumplimiento de los convenios colectivos. Luchaba por condiciones laborales que no los llevaran al hambre y a la enfermedad o la muerte, porque eran inhumanas.

En los Astilleros Astarsa, debido a esas condiciones, murió José María Alessio.

Los obreros navales formaron una Comisión Obrera de Higiene y Seguridad bajo la consigna “Queremos un astillero, no un matadero”.

En Mercedes Benz los obreros se enfermaban de saturnismo, tenían plomo en sangre; se intoxicaban con la comida en mal estado que les daba la empresa que refugió a Adolf Eichmann; debían trabajar bajo temperaturas superiores a los 40 grados y los alemanes se negaban a poner extractores.

Varios de esos trabajadores lo contaron en el juicio.

En la autopartista Del Carlo, “las condiciones de explotación eran muy duras, la gente sufría mucho, los empresarios imponían un extenuante ritmo de producción”, dijo Oscar Bonato.

Pero para la angurria de esos empresarios los reclamos eran un estorbo. La respuesta fue la tortura y la desaparición.

Héctor Ratto recordó que el 16 de febrero de 1976 hubo un lockout patronal que fue determinante para “darle luz verde” al golpe.

Desde la hora 0 de la usurpación del poder, los camiones del Ejército entraban a las fábricas y los llenaban de trabajadores para llevarlos a las mazmorras.

Eran arrancados de sus puestos de trabajo bajo la mirada atenta de los capataces y en muchos casos bajo la guía de esos jerarcas de las empresas, que armaban y entregaban a los exterminadores listas con nombres, domicilios y otras informaciones que se complementaban con las que iban almacenando - oh casualidad - los enclaves de la Inteligencia: la DIPBA, el Batallón 601, por nombrar sólo a dos.

La Inteligencia almacenaba la información que las empresas les facilitaban para producir los secuestros.

Ejemplos:

Laboratorios Squibb. Legajo DIPBA a la vista de los jueces.

Se lee: “Aparte de lo expresado que hacen llegar las autoridades de la firma Squibb a esta dirección, figura un anexo que dice…”

Y lo que dice son los nombres y demás datos de trabajadores que secuestraron y asesinaron.

Mercedes Benz.

La DIPBA tenía fotos de legajos laborales que solo la empresa pudo habilitar, y a su vez la empresa sabía que en la casa de un obrero secuestraron “libros marxistas”.

Intercambio de información que muestra el contubernio.

Ramón Ayala, ex trabajador allí, contó a los jueces que los militares subían a las oficinas de personal y bajaban con listas confeccionadas por los patrones.

Del Carlo.

Los ex trabajadores Oscar Bonato y Nilda Delgado fueron rotundos: “La empresa mandaba a secuestrar.

Entró el Ejército con camiones y militares armados y se llevaron a Mastedolfo y Apaza mientras los porteros de la fábrica les franqueaban la entrada”.

Cuando se llevaron al Negrito Avellaneda buscaban al “trabajador de Tensa”, su papá.

Más testimonios abrumadores.

El gerente de producción de Mercedes Benz entregó los datos de Diego Núñez mientras se llevaban secuestrado a Héctor Ratto.

En Dálmine Siderca (hoy Tenaris) el Ejército deambulaba a sus anchas por la fábrica interrogando y secuestrando obreros.

Había sujetos de Inteligencia a sueldo de la empresa “marcando” trabajadores que molestaban a los patrones.

En otro documento de la ex DIPBA se solicita la identificación de activistas sospechosos de promover medidas de fuerza u otro tipo de agitación sindical en la empresa.

Por su parte Dálmine cedía su hotel en Campana para que los militares se instalaran cómodos a perpetrar el aniquilamiento.

Y habilitaba recursos para reformar calabozos en la Comisaría, según declaró Julio Botchner.

Los genocidas a disposición de esos empresarios. Y estos devolviendo favores.

Y la justicia, sin investigar.

El que no se amansaba era tirado de un avión.

Los que sobrevivían debían ceder porque otra amenaza era perder el laburo.

Así hicieron desaparecer de esta patria que supo enorgullecerse con el ascenso social y la dignidad de les trabajadores, todo un andamiaje de derechos que propiciaba un país un poquito menos injusto.

No es déjà vu

Ni la mesa oval, ni el encuentro confabulador entre empresarios y sujetos de Inteligencia.

Ni los pactos.

Ni la impunidad con la que se siguen moviendo hoy a puertas abiertas, a plena luz del día y con total desparpajo.

Ni los objetivos: domesticar a la clase obrera, terminar con los gremios que la defienden.

Recordemos: el 67 % de las personas masacradas y desaparecidas eran trabajadores.

En aquellos días algunos de esos patrones decían que la Argentina era inviable porque los obreros eran demasiados holgazanes y onerosos, exigían salarios excesivos y condiciones de trabajo exorbitantes, hacían mucha huelga.

Porque para la gula de esos patrones el problema siempre eran los trabajadores y los derechos de los que gozaban al menos desde el ‘45.

Ellos buscaban aumentar la productividad pero sobre todo sus ganancias, para apropiárselas sin distribuir más que mendrugos. Querían más guita, como siempre, como ahora, y para eso había que destruir ese andamiaje jurídico de protección y garantías laborales, sociales.

Antes como ahora.

Por eso no estamos teniendo un déjà vu cuando escuchamos a un ex ministro de Trabajo provincial queriendo terminar con los sindicatos, y a la casta empresarial exigiendo a gritos reformas laborales.

Encarnan un modelo de sociedad/ país que persiste en idénticos propósitos: transferir la mayor cantidad de recursos de la sociedad a unos pocos (ellos) y que la mayoría del pueblo se ajuste y pague sus fiestas.

Aumento de productividad en aquellos días significaba trabajar más horas por el mismo salario.

Más horas los motores encendidos, sin importar que dentro de esas máquinas quedaran atrapados los dedos de algún trabajador agotado.

Aumento de productividad era no gastar un peso en garantizar la salubridad e higiene, y la seguridad laboral.

La mayoría de los testigos de la megacausa mencionada, ex trabajadores de esas empresas, fueron lapidarios explicándoles a los jueces qué pasaba dentro de las fábricas en los ‘70.

Es imposible en esta breve opinión relevar la contundencia de todas las declaraciones, pero los juicios son públicos y es fundamental escuchar esos testimonios que permiten entender nuestra historia de devastación, y quiénes fueron todos sus responsables.

Allí se ilumina la opacidad de cierto relato y queda en evidencia la participación de la casta empresarial en ese destrozo.

Es un buen ejercicio ciudadano para evitar tantas recurrencias tóxicas.

La última dictadura llenó a la patria de muerte, pero también de desocupados, recesión, inflación.

Desnacionalizó la economía, tomó deuda ilegítima, dio rienda suelta a la especulación financiera.

Recordar eso nos autoriza a sostener que la recidiva macrista no fue un déjà vu.

Son los factores de poder de ayer y los de hoy, empresas más, empresas menos.

Las fábricas para el Ejército

Las Fuerzas Armadas fueron tallando a puño de picana una matriz económica a pedido de empresarios que querían ganancias fabulosas a cualquier costo, aunque fuera la pauperización o la salud de los productores de esas riquezas: sus trabajadores.

Una de las directivas de exterminio del Ejército, la 504/ 77, señala que las fábricas eran un ámbito clave para la lucha antisubversiva.

Y analizan el rol de la “fuerza empresarial amiga” (eso eran los empresarios para los asesinos en masa) como participante activa en el proceso de lucha activa contra los trabajadores.

Esto es textual de la directiva.

A partir del golpe, las empresas desconocieron las conquistas logradas en los años previos gracias a la lucha gremial, colectiva. Ese impulso los siguió y los sigue animando cada vez que intentan forzar la quita de derechos laborales.

Siguen pensando que son los trabajadores los que le cuestan al país, y no quienes se apropian de la renta nacional para fugarla o hipotecar el futuro del pueblo con una deuda que se fuman en pipa.

Hambre y muerte.

Destrucción del aparato productivo y anclaje de larvas que aún nos carcomen.

Hace 46 años la sangre de los torturados y asesinados alimentó arcas y privilegios de esa casta empresarial que andaba codo a codo con los dictadores visitando los alrededores de los centros clandestinos.

Durante el imperio de la recidiva neoliberal macrista circularon orondos por reuniones oficiales donde se soñaba con la policía secreta estatal alemana, pieza vital del genocidio nazi.

Y así como durante el último genocidio no tuvieron empacho en avalar y propiciar la metodología del flagelo, tampoco ahora se los vio golpeando la mesa, indignados ante la añoranza de una Gestapo y la proposición de inventar denuncias.

Esta vez la domesticación deseada no usó la electricidad.

Intentó armar causas buscando el escarnio social mediante comunicadores adictos y encarcelamientos de cuestionable legitimidad.

Una vez más - ayer como hoy - miembros de la casta empresarial vuelven a hacer su aporte esencial.

El affaire Gestapo macrista es el botoncito de muestra.

Y es apenas un registro del accionar de uno de los convidados a esa entente, integrada al parecer por funcionarios del Ejecutivo, miembros de la Justicia, y - obviamente - operadores del aparato de inteligencia estatal.

Eterno retorno de los modos de perseguir e intentar eliminar.

(*) Gabriela Sosti es auxiliar fiscal en los juicios de lesa humanidad.

(1) Causa 3005 y acumuladas, en trámite ante el Tribunal Oral Criminal 1 de San Martín.

SARASA DE LA PELIGROSA, de Graciana Peñafort - 20/2/2022

Así como es ilícito el armado de causas judiciales, lo mismo sucede con la realización de escuchas ilegales

El 10 de febrero de 2019, Joaquin Morales Solá escribió: 

"La Justicia determinó que la operación contra Stornelli salió de la cárcel donde están los ex funcionarios.

Algunos presos kirchneristas son los autores intelectuales de la campaña mediática contra Stornelli".

Así el editorialista comenzaba la difusión de la campaña de defensa del hoy procesado y sumariado fiscal Carlos Stornelli, que fue descubierto en una relación conspicua con señores que se dedicaban a la inteligencia ilegal, entre ellos Marcelo D’Alessio, con quien el fiscal Stornelli planeó plantarle cocaína al ex marido de su actual mujer.

Si, así como leen.

A lo que refería Morales Sola con "la Justicia determinó" era a una serie de trascripciones de escuchas que de modo “anónimo” en el caso de Stornelli y no tan anónimo en el caso de Elisa Carrió, les fueron remitidas a ambos y que ellos presentaron en Tribunales como prueba del presunto complot.

Las escuchas provenían del penal de Ezeiza, donde se alojaban muchos empresarios y ex funcionarios del kirchnerismo que entonces estaban en prisión preventiva.

Porque hay que decirlo con todas las letras: el macrismo y su mesa judicial no solo determinaron prisiones preventivas en completa violación al Código Procesal Penal - prisiones preventivas que por cierto firmaban los jueces, hay que decirlo - sino que a tal situación le añadían el berretín de acumular los detenidos en pabellones especiales del penal de Ezeiza donde podían escuchar sus charlas privadas, mediante un sofisticado sistema de interceptación de llamadas telefónicas - incluso las que los detenidos tenían con sus abogados - , sino además con un sistema de cámaras y micrófonos instalados en los pabellones para tales fines.

Respecto a dichas escuchas y sus transcripciones, lo único que determinó la Justicia es que las mismas son ilegales.

La fiscal Cecilia Incardona, en un extraordinario trabajo de investigación, señaló que "por medio del Área de Asuntos Jurídicos de AFI procedieron a la escucha ilegal de conversaciones telefónicas mantenidas por las personas privadas de la libertad, alojadas en el IRIC que correlativamente incluyeron a sus abogados, familiares, allegados y organizaciones políticas y sociales con las que ellos se vinculaban.

Para ello, se valieron del acceso al producido de intervenciones telefónicas de los teléfonos públicos de los pabellones del penal de Ezeiza, al que tenían acceso por una intervención en causas judiciales vinculadas a otro objeto procesal completamente ajeno a las personas que escucharon y a las que además por expresa orden judicial no debían escuchar".

"Asimismo - continúa -, mediante información distorsionada, desde la Dirección de Jurídicos a la que previamente se le había insertado potestad y personal para realizar escuchas que nunca había tenido, se instó y logró la ampliación de las intervenciones a más teléfonos públicos de otros pabellones, lo que multiplicó la escucha ilegal a quienes se encontraban en ellos.

Al menos parte de la información así obtenida tuvo una efectiva utilización, al ser filtrada y tomar estado público".

Y añade la fiscal en directa relación a los que Morales Solá llama "la Justicia determinó": las trascripciones que presentaron Carrió y Stornelli en Tribunales "son la muestra cabal de que desde el área de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia se practicaba la escucha telefónica ilegal de conversaciones de las personas alojadas en los pabellones IRIC antes mencionados, y que parte de las transcripciones de esas escuchas fueron filtradas a terceras personas, todo ello con finalidades que se encontraban manifiestamente por fuera del objeto procesal de la causa en la que las escuchas habían sido dispuestas y que a esta altura, vale recordar, se vinculaba con que una persona detenida en el penal, sin relación con estos temas, podría haber estado intentando hacerse de explosivos".

Cuando estalló el escandalo D’Alessio y se difundió su vinculación con Stornelli, el juez Claudio Bonadío requirió esas escuchas y la oficina de escuchas - que depende de la Corte Suprema - se las proporcionó.

Curioso detalle es que la propia orden del juez que había ordenado las escuchas señala que el organismo autorizado era la Dirección de Contrainteligencia.

Pero resulta que no las tenía.

Así que fue la DAJUDECO de la Corte Suprema quien se las proporcionó a Bonadío… en el marco de la causa Cuadernos, en la que curiosamente Carlos Stornelli - quien buscaba esas transcripciones de escuchas para su propia defensa - era fiscal. Cosas vederes…

Hoy sabemos que era la Dirección de Jurídicos de la AFI de Mauricio Macri quien hacia las transcripciones y no la Dirección de Contrainteligencia, que era la oficina autorizada.

También sabemos que en la Dirección de Jurídicos de la AFI escuchaban y transcribían todo y no solo que contaba con autorización judicial.

Lo sabemos porque la AFI en esta nueva gestión se presentó ante el juez que investiga la causa de espionaje ilegal, donde se expresó que "a través del entonces Servicio Jurídico de la AGENCIA se requerían intervenciones telefónicas ante los magistrados a cargo de distintas investigaciones; luego, diligenciaban la autorización judicial pertinente ante la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación (DAJUDECO), para finalmente recibir el material a través de un sistema de contenido de audios y transcripciones que funcionaba en un servidor ubicado en el Organismo".

"Dicho sistema implicaba una conexión de enlace tipo punto a punto que conectaba la DAJUDECO con la Agencia Federal de Inteligencia.

A través de ese enlace, los audios eran enviados directamente al Organismo desde donde el Servicio Jurídico, en principio, procedía a la transcripción de las comunicaciones recibidas y luego se las derivaba al área que se encargaba de su análisis".

"En definitiva, la información obtenida mediante la interceptación telefónica impulsada por la AFI y efectivizada por la DAJUDECO era recibida prácticamente en tiempo real, toda vez que las ‘escuchas’ eran transferidas a más tardar al día siguiente de realizadas en un formato de archivo ‘zip’".

Y también Cristina Caamaño le hizo saber a juez Martínez Di Giorgi que “así se han podido contabilizar aproximadamente 105.000 escuchas guardadas, cuyo impulso, procesamiento y análisis realizaron diversos agentes durante la gestión anterior del organismo de acuerdo con el entramado que se viene describiendo en diversos procesos penales en curso".

A esto debe sumarse que el propio juez Martínez Di Giorgi ya había señalado en esa causa el hallazgo de más de 240 transcripciones de las conversaciones de abogados con sus defendidos.

Cuento esto porque el tema de estas escuchas ilegales lo venimos peleando con Alejandro Rúa desde el año 2019.

Apenas aparecieron las primeras, las que contaba Joaquín Morales Solá en febrero, denunciamos su existencia y pedimos su destrucción.

En aquella oportunidad contamos con el apoyo del Colegio Publico de Abogados de Capital Federal.

Van casi tres años de pelea pidiendo lo mismo, que se busque a los culpables de haber realizado esas transcripciones ilegales de escuchas no autorizadas por ningún juez y que las mismas sean destruidas. Y que se implementen garantías de no reiteración.

Hasta la fecha, el reclamo no ha sido escuchado por el Poder Judicial argentino.

Frente a esta sordera, Alejandro Rúa ha reiterado al Relator de Independencia de Magistrados y Abogados de Naciones Unidas que es necesario que intervenga, a los fines que el organismo reclame "la destrucción de los registros amparados por la confidencialidad de las consultas entre los abogados y sus defendidos, de conformidad con los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados adoptados por las Naciones Unidas y en amparo de los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales y locales que fueran ya reseñados; y de todas aquellos otros que se hayan obtenido sin legitimidad a propósito de las actividades de espionaje ilegal desplegada por las autoridades nacionales en las unidades carcelarias".

Y también que "se promueva y respalde la investigación de forma eficaz, rápida, completa e imparcial", para "la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad" y "la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones", entre otros aspectos de la «reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido» que se debe a las víctimas, de conformidad con los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario".

Las siguientes garantías de no repetición y según los términos de esos mismos Principios y Directrices de la ONU, contribuirán a la prevención, en orden al:

• "ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre las fuerzas… de seguridad”, penitenciaras y de los servicios de la inteligencia;

• “la garantía de que todos los procedimientos civiles se ajustan a las normas internacionales relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad”;

• “el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial”;

• “la protección de los profesionales del derecho… así como de los defensores de los derechos humanos”;

• “la educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas… de seguridad”, penitenciarias y de inteligencia; 

• “la promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacionales, por los funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información…” y los servicios de la inteligencia.

Quiero señalar algo que me parece importante.

Mientras nosotros discutimos, siguen circulando escuchas ilegales que hizo el macrismo.

Y ese revoleo de escuchas se tiene que acabar.

Por una sencilla razón: que existan escuchas ilegales viola los derechos humanos de todos.

Que exista espionaje ilegal lo prohíbe la ley.

Y si no se hace algo al respecto, puede venir otro gobierno y hacer lo mismo.

Violar la ley.

Y violar tus derechos, o los míos y los de cualquiera.

El estado de derecho no admite ciertas prácticas.

Así como acaban de llamar a indagatoria a los que formaron parte de la reunión que conocemos como "la Gestapo de Vidal", porque el armado de causas judiciales es una actividad ilícita, lo mismo sucede con la realización de escuchas ilegales.

Investigar a los responsables de haber llevado adelante esa actividad ilícita, sancionarlos, tomar las medidas preventivas para que no suceda más y finalmente hacer lo que corresponde: destruir toda escucha ilegal.

El resto es sarasa pero una muy peligrosa, porque pone en riesgo los derechos de todos.

LA DILACIÓN INFINITA, de Juan Manuel Mannarino - 20/2/2022

La fiscala Boquín pidió una vez más la quiebra del Correo Argentino

Macri agota sus influencias en la Justicia para no pagar la deuda millonaria que intentó condonar como Presidente.

Un escrito de 140 páginas que se sintió como una pesada bolsa de cemento cayendo sobre las lujosas oficinas de los Macri.

Mientras la familia permanecía tranquila porque la causa del Correo Argentino no avanzaba en los peldaños amigos de Comodoro Py, la fiscala Gabriela Boquín volvió a agitar el avispero.

Y con pruebas de una nueva matriz fraudulenta pidió a la Cámara Comercial que decrete una vez más la quiebra de la empresa, dilatada desde el año pasado.

- Es uno de los mayores actos de corrupción contra el Estado de los últimos tiempos.

No sólo los Macri deben un dinero equivalente a construir varias escuelas, sino que para defenderse usaron artilugios apócrifos y engañosos.

Lo cual lo convierte en un escándalo abismal - resumió una alta fuente de la investigación.

En rigor, son casi veinte maniobras del grupo Macri que en el escrito se denuncian como falsas, urdidas para evitar el pago de su abultada malversación.

Nada nuevo bajo el sol: las mentiras de la empresa son una constante para evadir los veinte años sin pagar su millonaria deuda con el Estado, calculada en más de 70.000 millones de pesos sin tener en cuenta intereses y actualización a tasas del presente.

En rigor de verdad, se trata de una película vista repetidamente en pasillos judiciales.

En julio del año pasado Boquín había declarado la quiebra que después ratificó la jueza Marta Cirulli.

La empresa apeló, la jueza se echó para atrás y a partir de allí la familia efectuó forum shopping para conseguir jueces afines.

El principal artífice de las maniobras fue Mauricio Macri, que lo hizo público en diferentes tuis y hasta en una carta.

En su nuevo escrito, Boquín responsabiliza al grupo de crear un relato basado en “inexactitudes y engaños” que “difunde a la opinión pública” y “contamina el expediente afectando la búsqueda de la verdad real y poniéndose en una situación de víctima no siendo tal”.

Alrededor de un proceso comercial específicamente concursal, en la mirada de la fiscalía los Macri no han actuado de buena fe al distorsionar el expediente e incluir actores políticos ajenos a la investigación.

Entre los principales puntos de las maniobras fraudulentas, Boquín precisa que:

• El Correo manipuló el concurso de acreedores.

Una de las maniobras consistió en presentar una mayoría trucha para mostrar que tenía aval a su oferta de pago.

En ese sentido, violó el principio de igualdad ante la ley por el uso de avales falsos de acreedores para conseguir la aprobación de su oferta.

A lo largo del extenso proceso la empresa evidenció una conducta que no se sujetó a la normativa del “remedio concursal al que eligió acudir”.

Ocultó información respecto de su verdadera situación patrimonial y realizó actos prohibidos o sin autorización judicial, todo ello en perjuicio evidente de los acreedores, con total indiferencia por las normas concursales y eludiendo el control de la jurisdicción.

• El Grupo Macri tergiversó las condiciones.

La investigación judicial consideró que no sería razonable suponer que los acreedores que prestaron su conformidad en aquel momento aceptaran la propuesta “mejorada” por créditos devengados hace dos décadas, cuya cancelación se produciría en aproximadamente 31 años, pues a los 11 años que comprendía la nueva propuesta habría que sumarle los 20 años ya transcurridos.

Boquín detalla en su presentación las operaciones de vaciamiento de la firma y el acuerdo irregular con el Meinl Bank, acusado de lavado. Revela que el Correo hizo un acuerdo en paralelo al concurso con la entidad bancaria, que fue deliberadamente ocultado: el banco pesificó la deuda del Correo, que estaba en dólares.

Era su acreedor privado más grande: el Meinl Bank tenía el 38% del pasivo.

Pero fue investigado por lavado y decretada su quiebra en marzo de 2020.

Su conformidad ya no sirve.

• El Estado no había sido “acreedor hostil”

como postularon los Macri por no aceptar su última oferta y la investigación detalló las múltiples audiencias de conciliación donde asistieron representantes oficiales en el transcurso de todo este proceso, conocido como el más extenso concurso de acreedores de la historia de la Justicia comercial argentina.

• El Correo hizo maniobras insólitas para lograr su “propio vaciamiento en perjuicio de los acreedores y en beneficio de sus controlantes dentro del Grupo”.

Por citar tan sólo un ejemplo, compró en 2007 a SOCMA, su controlante, acciones de la empresa uruguaya Neficor - ligada al negocio automotriz - por 2,1 millones de dólares, sin permiso judicial.

• Hasta 2012 la empresa pagó 8 millones de pesos de anticipos a los directores, pese a que no tenían derecho a ninguna retribución porque los ejercicios arrojaron pérdidas.

Violó, de esa forma, la ley de sociedades.

Además, pagó honorarios por asesoramiento legal a estudios jurídicos integrados por miembros de su propio directorio.

Los perjudicados por esta matriz fraudulenta son los acreedores. Entre ellos la AFIP y el Banco Nación.

En total, el Estado es el acreedor mayoritario, con el 33% de las deudas.

La Procuración del Tesoro, en representación del Estado como acreedor, ya solicitó la extensión de la quiebra, que recaería prontamente sobre los Macri ya que el Correo tiene como empresa controlante a SOCMA, la principal firma del grupo.

El ex Presidente no figura porque se desprendió de sus acciones, aunque su influencia es notoria.

Las había cedido a sus hijos - Agustina, Gimena y Francisco - y luego estos a Gianfranco Macri, que tiene el 40%; un 20% es de Mariano Macri, otro 20% de Florencia Macri y el 20% restante de los hijos de Sandra Macri, quien falleció.

Es por eso que sistemáticamente la empresa se encarga de sabotear el expediente, ya que la quiebra deberá afrontarla SOCMA por entero.

En los papeles, en efecto, la empresa de los Macri está concursada desde hace dos décadas, tiempo desde el cual esquiva afrontar sus pasivos.

Todo había comenzado a fines del menemismo.

El grupo manejó el Correo desde su privatización en 1997 - lo administró a través de su empresa Sideco Argentina - y se presentó en convocatoria de acreedores en 2001, hasta que en 2003 fue estatizado por falta de pago del canon.

Ese año el juez en lo comercial Eduardo Favier Dubois decretó la quiebra del Correo Argentino S.A. y la novela continúa hasta hoy.

La familia empresarial quiso imponer desde siempre lo que a esta altura es su marca de estilo: reducir la tasa de interés de su deuda y salir airosa.

Pero el Estado rechazó varias propuestas de pago.

La última oferta que había hecho el Correo a sus acreedores era de 1.000 millones de pesos en un pago.

Según los cálculos de la fiscalía, dicho valor constituye tan sólo una sexta parte de la deuda real.

A partir de allí, en efecto, comenzó a engrosarse el expediente que en 2016 llegó al despacho de Boquín, cuyo foco fue profundizar la pesquisa sobre el Grupo.

Curiosamente al año siguiente y por primera vez el Estado aceptó el acuerdo.

Es decir: fue el propio gobierno de Mauricio Macri el que acordó con el Grupo Macri la cancelación de la deuda a 15 años con una quita que en ese momento ascendía - según cálculos de la Dirección de Administración Financiera (DAFI) del Ministerio Público Fiscal - a 70.000 millones de pesos, lo que significaba ni más ni menos que una quita del 98,87% en perjuicio del Estado.

En aquella época Boquín denunció la maniobra como “abusiva”, en una lucha solitaria ante la Cámara en lo Comercial.

Logró frenar el bochornoso acuerdo y presionó para que se investigara al holding familiar en directa violación de la Ley de Ética Pública.

Hoy existen dos causas, una penal y otra civil.

En su nuevo dictamen, la funcionaria recordó que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) le dio la razón en dos peritajes, que establecieron que por lo menos 92% de lo adeudado se evaporaba.

Desde la fiscalía, el detrás de escena de la quiebra del Correo se resume de la siguiente manera: 

“El concurso de acreedores se presentó en 2001.

Normalmente dura un año y medio pero en el caso del Grupo Macri ya lleva más de 20 años, algo insólito.

Desde que llegó a la Cámara en 2010, el expediente durmió nueve años.

Apenas asumió Macri como Presidente se hizo un primer acuerdo. La deuda quedó congelada del 2001 al 2017, para pagarla luego a 15 años.

Paralelamente, el Grupo Macri le inició juicios al Estado por la rescisión del contrato del Correo. Es ahí donde se inicia la investigación.

Se comprueba el vaciamiento del Correo a través de Sideco y SOCMA.

Luego Sideco desaparece misteriosamente.

Y aparece un banco privado, el Meinl Bank, apoyando las propuestas espurias del Correo y pesificando la deuda en dólares, otra cosa insólita.

Hace poco se logró la intervención total del Correo, y la ratificación de la Cámara y de la Corte para seguir con la investigación por corrupción y vaciamiento, pero aún así, con todo eso, los obstáculos siguen de manera insólita”.

El Cohete a la Luna accedió al expediente y comprobó que el vaciamiento del Correo Argentino está francamente probado: lo que resta dilucidar es dónde se fue el dinero y cuál fue la responsabilidad de los administradores.

Para los jueces, sin embargo, parece ser más importante dar tiempo y lugar a las trabas que pone la defensa de los Macri que al enorme material probatorio plasmado en la causa.

Boquín avizora un nuevo ataque en su contra.

Una de las principales batallas del macrismo en los últimos tiempos se ha concentrado en el descrédito personal hacia su persona. Apenas habla con la prensa, Macri aprovecha la ocasión y arremete contra ella.

A la funcionaria la ha acusado, entre otras cosas, de “militante”, de “animosidad”, “parcialidad” y de poner “un número fantasioso de 70.000 millones de pesos que contaminó todo y fue un caos”.

Lo que ha logrado el ex Presidente es una presión mediática que frenó la pesquisa, la cual lleva cinco años de trabajo.

Cada vez que la fiscala busca un soplo de aire para avanzar por la causa del Correo Argentino, los caminos parecen cerrársele como un oscuro día de justicia.

A su sólida investigación sobre el vaciamiento encabezado por la familia Macri sobreviene un estado de alerta, de un estoicismo a prueba de balas.

El poder colosal con el que se enfrenta muestra sus garras en un lobby infinito.

Dilaciones, sumarios en su contra, recusaciones y artilugios de todo tipo y nivel, que hace un año incluyeron una última jugada sin camuflaje alguno: la de pretender que la Corte porteña interviniera en el expediente judicial.

Esa discusión está en la Corte Suprema de la Nación.

Sin embargo, la solidez de su investigación judicial resulta por ahora un duro blindaje para los embates.

No es cualquier personaje: es la fiscala general que pretende que Macri pague su millonaria deuda y, a la vez, investiga sus maniobras de vaciamiento y corrupción desde que en 2017 denunció un acuerdo “ruinoso” y “abusivo” de Socma con el gobierno de Cambiemos para licuar el pasivo de la firma.

Como Macri no pudo condonar su propia deuda empresarial cuando era Presidente, queriendo ser juez y parte, intenta ahora agotar sus influencias en los pasillos de la Justicia.

La quiebra está en manos de la Sala B de la Cámara Comercial, cuyo tribunal tiene una nueva integrante desde el año pasado, Guadalupe Vásquez, a quien los Macri ya intentaron desplazar aunque sin éxito.

La Sala B, compuesta por María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, fue funcional a la familia: el expediente ha estado durmiendo en los cajones por más de una década.

Allí, entonces, cuentan con apoyo.

En las últimas líneas de su escrito de 140 páginas, Boquín dejó en claro que no se rendirá: de no prosperar el nuevo trámite, irá por vía extraordinaria federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Hasta que los Macri paguen lo que tengan que pagar.

Y LA AFI PIDIÓ LAS ESCUCHAS, de Alejandra Dandan - 20/2/2022

La AFI pidió tres veces acceso directo a las escuchas que la Dajudeco le negó

Arte: Guadalupe Marin Burgin

El sistema con 105.000 archivos de audio y texto presentado esta semana en Tribunales por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, es un verdadero reservorio de voces que el ex director del organismo, Gustavo Arribas, almacenó en un armario metálico de la central de inteligencia del Estado durante un período que va, por lo menos, de 2017 a 2019.

Al parecer fue la última escala de un intento fallido sobre el que trabajó de manera personal apenas pisó el edificio de la ex SIDE.

Para entonces, la interceptación de escuchas había pasado a la Dajudeco, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Pero la AFI aún pagaba dos insumos centrales: tóner y CDs, con un presupuesto anual millonario.

Con ese antecedente, Arribas llamó un día a la Dajudeco para pedir que las interceptaciones vuelvan bajo su órbita:

- Lo que yo siento - dijo - es que pago la música, pero no bailo.

No fue el primer pedido.

Había enviado antes a otros dos mensajeros.

Uno de ellos pidió lo mismo, una conexión directa a las interceptaciones de comunicaciones, y luego dijo que si la Dajudeco no cumplía, iban a sacarles los insumos y todo el servicio iba a quedar paralizado.

La Dajudeco no cedió.

Les dijo que estaba prohibido por ley, pero además que el pedido era escandaloso.

El episodio fue conocido por un puñado de integrantes del Poder Judicial.

Uno ellos lo confirmó de la siguiente manera: 

“Como decía mi abuelita, ante el defecto de pedir, está la virtud de no dar. Se pudo haber solicitado, pero la virtud fue que jamás se accedió”.

Hummm.....

Un pasito para acá, y otro para arriba.

Arribas esa vez se quedó con las ganas, pero no paró.

La AFI intervino, como poco, en 46 causas judiciales como auxiliar de la Justicia e impulsó 20 pre - causas, según los datos que logró reunir la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso.

Esa inserción permitió acceso a las escuchas en causas en las cuales también aparece la intervención de la AFI desde el comienzo: “De pronto la agenda judicial se empezó a teñir de hipótesis terroristas que habilitaban la intervención de la Agencia: el Instituto Patria empieza con una amenaza de bomba destinada a la ex Presidenta.

Segovia, que habilitó el espionaje a la cárcel de Ezeiza, comienza con una hipótesis de terrorismo por una carta - bomba.

Aparecieron la RAM, los anarquistas, el G - 20, una bomba a un funcionario del Ministerio de Defensa que luego resultó que se la habían puesto los Súper Mario Bros de la AFI, y todo mientras un juzgado extendía escuchas en Ezeiza a partir de un dato falso que introdujo la apropia Agencia, según admitieron esos agentes en la Bicameral”, dice el defensor Alejandro Rúa, querellante en la causa de espionaje como víctima de las escuchas de Lomas de Zamora, en un rulo que también empieza a pensar, en un audio qué resultó de todo eso.

Comienzo de la causa Segovia o ponele terrorismo a todo.

Una pecera llena de voces

Cada una de esas intervenciones y datos fragmentados pegaron un salto la semana pasada, cuando Caamaño dijo que además cada escucha se guardó y almacenó.

Informó de todo esto al juez Marcelo Martínez de Giorgi.

Lo visitó el jueves y le dijo que a comienzos de su gestión halló un sistema informático llamado SIDEA (Sistema de Administración), con registros de audio y de texto, producto de interceptaciones telefónicas que debieron haberse destruido o entregado a los jueces de origen, pero que se preservaron y almacenaron.

El material contiene una pequeña cantidad de archivos que coinciden con las transcripciones de diálogos entre detenidos y sus defensores interceptadas del pabellón del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Pero hay archivos de todo tipo.

Caamaño habló por primera vez de todo esto en el juzgado de Lomas durante la investigación del espionaje en la cárcel de Ezeiza.

Pero como el dato no generó pedidos, la semana pasada se lo repitió al juez que ahora tiene el expediente.

También un protocolo localizado en los últimos meses, llamado “Protocolo para la tramitación de interceptación de telecomunicaciones”, tiene firma de Arribas y detalla el rol de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la AFI encabezada por Sebastián De Stéfano.

El Cohete a la Luna habló con la interventora sobre el hallazgo, sobre el que dijo: “Guardaron todo”.

Reveló que la AFI armó un call center donde trabajaban “un montón de personas”.

Y luego, abrió una polémica sobre el envío remoto de archivos con la Dajudeco, a la que le adjudica parte de responsabilidad.

Por eso dijo que “la Corte devolvió las escuchas a la AFI”.

Eso, sin embargo, es parte de una discusión más amplia.

La Dajudeco enviaba a la AFI el mismo contenido de los CDs con envíos autorizados por un juez.

El envío remoto, además, empezó a usarse para reemplazar el sistema de CDs, con cadena de custodia discutida históricamente.

La AFI tampoco era la única con este sistema de transferencia, que también usan las fuerzas de seguridad con mecanismos protocolizados vía convenios celebrados a la luz del día y firmados tanto por el gobierno anterior como por este.

Caamaño y su amuleto sagrado con el pañuelo de Madres.

- ¿Qué le dijo al juez..?

- Hice una presentación que no es una nueva denuncia - dice Caamaño -.

Presenté un escrito para que el juez tenga presente lo que ya habíamos informado en Lomas de Zamora.

Allí dijimos que habíamos encontrado el sistema SIDEA, que tiene 105.000 archivos de voz.

Lomas no requirió nada, la causa pasó a Comodoro Py y me pareció oportuno que el juez lo sepa porque conozco el paño: es un expediente voluminoso y, a veces, hay que chocarte de frente para darte cuenta de que existe un material.

Hoy el archivo está resguardado, a la espera de que pida información. No podemos mirarlo.

Sólo pusimos palabras, como Segovia, uno de los escuchados, y aparecieron escuchas.

También, el nombre de Fabián De Sousa.

Pero no sabemos qué más puede haber.

- ¿Cómo explica el sistema SIDEA..? ¿Dónde está alojado..?

- Está alojado en una computadora dentro de un rack, que es un lugar donde se guardan discos rígidos.

Desde allí se lo podía conectar a otras computadoras de la Agencia.

Cuando llegamos nos dimos cuenta de que se comunicaba directamente con la Dajudeco y, para decirlo claro, lo desenchufamos.

El sistema tiene audios y transcripciones.

Al ingresar un nombre, aparece un diálogo de cualquier tipo, una persona con su esposa, por ejemplo.

Y eso es lo ilegal.

Quiero que se entienda que el motor de búsqueda no arroja como resultado una carpeta con nombre y debajo todos los diálogos.

No aparece así.

El buscador permite acceder a diálogos de cualquier tipo, íntimos, familiares, un saludo de pareja, una situación con un niño en la escuela.

Diálogos que debieron haber sido destruidos y no fueron destruidos.

Por eso, podría haber servido para cualquier cosa: extorsionar, un acto de bullying en una escuela.

Son escuchas ilegales en las que violaron el derecho a la defensa cuando se quedaban con escuchas de un detenido hablando con su defensor; vulneraron el derecho a la intimidad cuando guardaban una discusión de pareja.

Hay un montón de cosas que no tenían que ver con la investigación penal y debían ser destruidas.

Habitualmente los jueces piden esa destrucción.

Sin embargo, acá se guardaba todo y eso es lo que encontramos.

- ¿De qué período son..?

- Son del 2017 a 2019, tal vez antes.

El primer registro del sistema SIDEA - no la primera escucha - es una fecha pragmática: 17 de octubre de 2017.

Hubo una resolución posterior de Gustavo Arribas y por lo que entiendo ordenó que todos los registros debían tener respaldo de un oficio judicial.

Pero si bien es cierto que pedían oficio judicial de resguardo, hubo causas que empezaron directamente con pedido de la AFI.

- Localizaron diálogos de Ezeiza como los de la Operación Puf. ¿Es así..?

- Exactamente. Y voy a decir algo más.

Hubo un oficio firmado por el doctor (Claudio) Bonadío que se dirige al juez Federico Villena. Lo resumo.

Bonadío dijo: “Mandame las escuchas telefónicas y transcripciones realizadas sobre el Complejo Federal 1 de Ezeiza” y le dio un listado con nombres donde figura, por ejemplo, Roberto Baratta (NdR: de acuerdo a la orden judicial, las escuchas debían hacerse sólo sobre el reo y Rey de la Efedrina, Mario Segovia, no sobre otros detenidos).

Y, ¿qué respondió Villena..?

Lo resumo: 

"Señor juez, no tengo esas escuchas”. Porque Villena estaba escuchando sólo a Segovia. Y le llegaban escuchas de Segovia, no las escuchas a los políticos.

Y le dijo: “Pídaselas a la Dirección de Contrainteligencia de la AFI, quedando autorizado el señor juez oficiante a requerirlo”.

Agregó: “Ellos se lo van a entregar”.

Primero, ¿cómo sabía Villena que la AFI tenía esto..?

Esas escuchas debían estar en la Dajudeco, que se queda con un backup por si se pierde o vuelve a ser requerido el audio en un juicio oral. Pero el juez le dijo que se lo pidiera a la Dirección de Contrainteligencia.

- ¿Dando por entendido que la AFI tenía un backup..?

- No sólo tenía el backup: tenían el CD que se retira habitualmente y también tenía un punto a punto donde quedaba todo almacenado, el SIDEA.

Es decir, la AFI tenía un backup, lo mismo que la Dajudeco 

(NdR: Aquella vez, Bonadío siguió el camino sugerido por Villena. Pidió a la AFI el material, pero la AFI le dijo que no tenía los archivos y finalmente obtuvo una regrabación.

Si, tal como afirma la interventora, había un backup de todo en el SIDEA, eso significa que la AFI también le mintió a Bonadío, posiblemente porque tampoco podía haber revelado que poseía un archivo ilegal y paralelo).

Bonadío y el pedido de las escuchas de Puf.

Call Center

- ¿Pudo reconstruir cómo funcionó todo eso..?

- Cuando apareció, sólo informé en Lomas de Zamora. No averigüé mucho más.

Ahora encontramos una resolución de Arribas que es un protocolo que señala cómo tramitar las escuchas.

El protocolo indicaba que si los agentes tenían una sospecha sobre un material debían dirigirse a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Agencia para que Jurídicos tramite la escucha ante un juez. El protocolo también decía que tenían acceso al SIDEA.

En ese sentido, me parece que da cuenta de que, de alguna manera, se convirtieron en jueces que decidían cuándo algo era sospechoso, aunque obviamente pedían autorización judicial.

Y el protocolo también me parece importante porque blanqueó el punto a punto.

- ¿Sobre el funcionamiento, supo algo más..?

- Acá había un call center con un montón de gente que no está más, pero eran los que escuchaban. Después, se analizaba y transcribía el material.

Es un mecanismo más o menos automático con una máquina que transcribe y luego una persona escucha el audio y corrige.

Nosotros levantamos todas esas cosas, ya no somos auxiliares de la Justicia y nadie puede pedir algo así, pero tenían un montón de gente escuchando prácticamente online.

Uno de los documentos de las escuchas en Ezeiza, incorporado a la causa de Bonadío.

Punto a punto

- Usted denunció el punto a punto con la Dajudeco. Hay una discusión. La Dajudeco transmitía de manera remota el mismo contenido de los CDs, con orden judicial y para reemplazar los discos de manera paulatina, según dicen. ¿A eso usted le dice punto a punto..? ¿Por qué está mal..?

- Sí, a eso. Pero voy a decir algo.

Cuando tuve a cargo la Oficina de Observaciones Judiciales (Ojota), los CDs ya me parecían una locura.

Yo proyecté un punto a punto que no desarrollé porque sólo estuve nueve meses.

No lo terminamos, pero lo comenté con mi sucesor.

Mi propuesta era distinta: la conexión tenía que hacerse directamente con el juez que había pedido la escucha.

Le llegaba el audio directo por un lado y por otro, una clave.

El punto a punto era con el juez.

Me parecía que daba más seguridad porque es la persona que la pidió.

En este caso, entregarle el punto a punto a la AFI es devolverle las escuchas.

En 2015, la Presidenta Cristina Fernández cambió la ley y le sacó las escuchas a la AFI y la Corte se las devolvió.

¿Queda claro que es como un gatopardismo?

- Para mí, no es lo mismo porque había un juez en el medio, pero entiendo el razonamiento. Usted dice que la transferencia debe hacerse a un juez.

- Exactamente.

La AFI tenía un punto a punto y a mí me parece ilegal.

Más cuando la AFI también podía decidir a quién podía escuchar porque iba a ver a su juez amigo y pedía autorización.

- Usted fue interventora de la Ojota. ¿Cómo era la relación con la ex SIDE..? ¿El aporte, por ejemplo de tóner y CDs..?

- Eso se hacía porque el traspaso fue el 3 de julio de 2015.

El Ministerio Público Fiscal no tenía presupuesto para las escuchas, la ex SIDE sí porque había sido incluido en el presupuesto.

Todos los meses, Oscar Parrilli me mandaba un camión blindado con el dinero.

Hay que recordar que cuando yo llegué a la AFI, la gente cobraba de esa manera, en sobre con nombre supuesto, un pagador y se pagaba en efectivo.

Y así, él nos daba el dinero para los insumos.

- Hasta ese momento, ¿la ex SIDE podía acceder discrecionalmente a las escuchas..?

- Antes de Parrilli no había punto a punto, era CDs o casete. Nunca hubo un punto a punto.

Cuando yo asumí, puse a una persona a constatar que cada escucha tuviera oficio judicial.

Nunca hubo un punto a punto porque la orden presidencial era que le sacaran las escuchas a la AFI.

Las llaves a la Corte

- Macri hizo dos cosas apenas asumió: devolvió el carácter de fondos reservados a los de la AFI y pasó la oficina de escuchas del Ministerio Público Fiscal a la Corte. Usted entregó las llaves a Ricardo Lorenzetti..?

- El convenio.

El decreto por el cual Macri le sacó las escuchas a la Procuración General de la Nación y se lo entregó a la Corte se publicó en el Boletín Oficial un jueves 24 de diciembre. Era día de asueto.

Yo me había ido afuera. Venía el 25, pegado a un fin de semana.

Me levanté a la mañana y uno de mis hijos, muy “obse”, que lee el Boletín Oficial, me dijo: “Te sacaron las escuchas”.

Hablé por teléfono. Dije que el lunes regresaba a Buenos Aires.

En el interín, la Corte hizo una acordada y dijo que no iban a aceptar las escuchas hasta el 15 de febrero: venía Año Nuevo y mes de feria, ¿quién se iba a hacer cargo de las escuchas..?

- Por eso siempre se dijo que se dispuso todo con decreto de necesidad y urgencia, pero no había ni necesidad ni urgencia.

- Quedamos en el 15 de febrero. Era lunes.

Asumía Raúl Zaffaroni en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Yo tenía pensado viajar, pero viajó Alejandra Gils Carbó y me delegó ver a Lorenzetti con un convenio donde le entregaba todo lo que había recibido.

Se lo entregaba a él: equipamientos, racks.

Fui a la Corte, creo que a las 15, me recibió él con un secretario. Todo estuvo muy bien.

Firmamos la entrega.

Y delante mío, Lorenzetti le dijo a su secretario: “Hacé uno igual para (Martín) Irurzun”.

Después me fui.

- Aquella designación de Irurzun quedó bajo sospecha. Aparecía como candidato para el puesto desde antes y luego ganó el sorteo. ¿Qué sensación le quedó a usted cuando escuchó el nombre..?

- Internamente me pregunté: “¿Pero cómo, ya se hizo el sorteo?”

El viernes, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak citó a indagatoria al ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas y a los demás ex funcionarios, empresarios y ex directivos de la AFI que participaron de la reunión llevada a cabo el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia (BaPro), en la cual coordinaron acciones para encarcelar a Juan Pablo “Pata” Medina. La reunión había sido grabada.

Cristina Caamaño localizó ese video y en diciembre lo entregó a la Justicia.

Ahora habla de ese video hallado por un trabajador cuando revisaba aparatos para descartar o reutilizar. 

"En uno apareció el video. La persona que lo encontró no tenía idea, era un trabajador, lo pusieron a mirar discos, pero le avisó al director y su jefe.

Me dijeron que había un video y parecía grave. Y esa persona me lo trajo”. 

¿Hay más videos..? 

"Estamos revisando”, responde.

También habla de la nueva Ley de Inteligencia, que podría entrar al Congreso este año. 

“Supongo que este año va a ser presentado al Congreso, es lo que hablé con el Presidente hace unos días.

Es una propuesta más moderna, con más controles, para evitar abusos que se hicieron durante el macrismo.

Y tiene algunos cambios respecto al primer proyecto porque introdujimos la experiencia de estos dos años”.

Habla todavía de la Dajudeco, considera que debería volver al Ministerio Público Fiscal.

Y que la AFI debe consolidar el trabajo de inteligencia estratégica.

“No sé por cuánto tiempo más me voy a quedar”, dice al final. 

“No sé si serán años o hasta julio, no sé, ni me saca el sueño.

Lo único que me gustaría es que queden las bases para que nunca más haya espionaje ilegal y establecer los mecanismos para profesionalizar a la AFI”.

LAS PREGUNTAS ELEMENTALES, de Ricardo Aroskind - 20/2/2022

No podemos seguir viviendo como si estuviéramos al final de la Segunda Guerra

Goya, Dos viejos comiendo sopa

Si tomamos un poco de distancia en relación a las novedades políticas y económicas cotidianas, podemos observar un fenómeno sorprendente: en la Argentina nos encontramos discutiendo cuestiones demasiado elementales.

Por ejemplo, si toda la población tiene derecho a comer o no.

O por ejemplo: si el Estado Nacional tiene que ejercer la soberanía sobre su propio territorio, o no.

O también, si las leyes son obligatorias o de cumplimiento voluntario.

Discusiones que están absolutamente resueltas en los países que funcionan, sin ningún tipo de distinción ideológica, pero que por factores internos y externos que nos empujaron hacia un retroceso profundo ideológico y cultural, se han vuelto a replantear en nuestro país.
Vayamos a esas preguntas.

La gente tiene que comer: ¿sí o no..?

No es un secreto que uno de los puntos más débiles del actual gobierno es su dificultad para controlar la inflación.

En particular los precios de los alimentos y medicamentos han sufrido alzas muy por arriba de lo justificable, erosionando la buscada mejora de los ingresos de las mayorías.

Según el Observatorio para el Desarrollo Provincial, los gastos familiares en la canasta básica alimentaria, hace 5 años, equivalían al 26% del ingreso de los trabajadores registrados.

Hoy esos mismos gastos equivalen al 33% del ingreso, y continúan subiendo.

Hace un quinquenio, la canasta alimentaria era el 80% del salario mínimo.

Hoy, esa canasta supera el 100%.

Los alimentos, increíblemente, se van comiendo el poder adquisitivo de la población, espectáculo que parece no generar reacciones significativas ni por parte de las organizaciones que agrupan a los propios afectados, ni por las instituciones que representan al mundo de las empresas vinculadas al mercado interno, también perjudicadas por esta transferencia de ingresos regresiva.

El gobierno del Frente de Todos llevó su pasividad frente a este tema demasiado lejos, y no pudo evitar repercusiones en las recientes elecciones.

Ahora parece estar comprendiendo la relevancia de esta cuestión, a pesar de que toda mención al equilibrio social, irrite a las corporaciones empresarias y a su representación electoral, Juntos por el Cambio.

Más allá del discurso y la ideología neoliberal que todo lo impregna, si el mercado no es capaz de generar competencia, ni de beneficiar a los consumidores, debe ser el Estado el que genere las condiciones para que ello ocurra.

Funciona una rara economía “de mercado” sin mercado competitivo y sin preocupación por los consumidores (siguen arrastrando los pies con el etiquetado frontal).

En Argentina son las propias corporaciones los principales obstáculos para que el país se parezca a los admirados países centrales, con su abundante y accesible oferta de bienes y servicios. Para ellas, el negocio es otro.

Dejemos para otra ocasión el debate sobre las causas en nuestro país de las groseras fallas del mercado, que no cumple con su promesa de bienestar y prosperidad.

El problema político hoy es la tendencia distributiva regresiva que impulsan las representaciones empresariales, y que debe ser confrontado con mayor decisión.

En estos días se ha comenzado a hablar sobre la posibilidad de poner en marcha una Empresa Nacional de Alimentos.

Aún desconocemos las características y el alcance del proyecto, pero entendemos fundamental la diversificación de la oferta, y la ampliación de las posibilidades para que los bienes necesarios le lleguen a todo el mundo.

El enojo ideológico de ciertas cámaras empresariales frente a esta nueva iniciativa refleja el rechazo de sectores rentísticos a que se les impida continuar con la manipulación de los precios y las rentabilidades.

Las leyes, ¿deben ser obligatorias o voluntarias..?

En una reciente entrevista por televisión realizada por Gustavo Sylvestre, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, interrogado por el no cumplimiento de la Ley de Góndolas, le señaló al periodista: “Son 4 ó 5 supermercados y actúan según su antojo”.

Pongamos las cosas en su contexto: no nos estamos refiriendo a ninguna transformación estructural en la provisión de alimentos y otros productos básicos, a ninguna nacionalización ni expropiación, que podría encontrar una esperable resistencia en poderes económicos concentrados.

Estamos observando la aplicación de una disposición legal para que haya algo más de competencia en las grandes cadenas de comercialización.

Que los consumidores no estén tan a merced de las grandes corporaciones.

Que más empresas puedan acercarse con ofertas al consumidor.

Se trata de una Ley sancionada por el Poder Legislativo, que no se cumple.

Se menciona por la televisión sin ningún tipo de comentario adicional que no se cumple.

Las cadenas de supermercados “actúan según su antojo”.

¿Cómo pensar en que se puede limitar el comportamiento dañino de los monopolios - en línea con las ideas del más puro liberalismo económico, el de Adam Smith - si no se logra aplicar siquiera la Ley de Góndolas a 4 ó 5 cadenas de supermercados..?

¿Por qué se admite tal grado de incapacidad para hacer cumplir la Ley, cuando todo el sistema político está habitado por abogados, que se supone que entienden la importancia de que exista un ordenamiento jurídico real, y no de mentirita..?

Si lo pensamos bien, lo mismo ha ocurrido con el episodio de Lago Escondido.
Hace años que un empresario privado, ciudadano de otro país, ha decidido privar a los ciudadanos argentinos del acceso a una parte del territorio nacional, por la fuerza.

Este hecho insólito ha desnudado el estado de postración en que se encuentran todas las instituciones de la provincia donde se viene perpetrando este reemplazo del estado por actores privados con capacidad de contratar milicias irregulares.

Y de alguna forma nos interpela a todos, en cuanto al grado extremo en que se ha debilitado la autoridad del Estado Nacional para hacer cumplir las leyes.

¿Por qué los narcotraficantes no podrían hacer lo mismo..?

Desde la Ley de Góndolas hasta el caso del Lago Escondido, pasando por numerosas situaciones de anomia social, el Estado no funciona.

Colapsó la autoridad pública, junto con el Poder Judicial.

Da la impresión de que nos encontramos frente a una camada de dirigentes políticos que se han acostumbrado a la impotencia pública y a la docilidad frente a los poderosos, e incluso frente a los no tan poderosos.

Cosa que agrava el empoderamiento de quienes ya acumularon demasiado poder.

¿Cómo pensar en este contexto la recuperación del control nacional sobre el Río Paraná, sobre los puertos privados que pueblan sus orillas, sobre la circulación descontrolada de enorme cantidad bienes exportables por esa vía..?

¿Cómo pensar en recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas, si no se puede garantizar el ingreso de los ciudadanos argentinos a un lago situado en jurisdicción nacional, y bloqueado por un millonario extranjero que “actúa a su antojo”..?

Cristina Fernández de Kirchner mencionó hace ya bastante que había “funcionarios” que no funcionan en este gobierno.

Pero nos parece que hoy la situación es mucho más preocupante: hay una tendencia a que todo el Estado no funcione, al menos en sus tareas indelegables de preservar la paz social y la soberanía nacional.

El Estado parece disolverse frente a los intereses empresariales o extranjeros.

Hemos llegado casi a un punto cero de autoridad estatal, que debe ser superado.

No es gobernable un país de 45 millones de personas en estas condiciones de postración estatal.

Diversificar las relaciones exteriores

Estados Unidos, como fuente principal de los flujos financieros que generan la dependencia argentina, le realiza a nuestro país un reclamo de imposible cumplimiento: que les paguemos los compromisos a sus fondos de inversión, pero cortando a su vez los vínculos con los países con los que se pueden obtener dólares genuinos por exportaciones o inversiones genuinas (no financieras) que aceleren el desarrollo de exportaciones diversificadas.

La propuesta que proviene de la Unión Europea no nos da una salida, sino que agrava el problema: quiere un tratado de libre comercio en el que ellos nos puedan vender de todo tanto en bienes como en servicios, pero que nosotros restrinjamos nuestras exportaciones competitivas de bienes agropecuarios a lo que ellos determinen.

Hace rato que lo que el mundo atlántico le propone a la Argentina es inconsistente con un país que pueda funcionar razonablemente bien.

Esta semana se agregó otro dato en la misma dirección.

El Tesoro de los Estados Unidos rechazó la propuesta de un conjunto de legisladores demócratas para que ese país vuelque su peso político en el FMI para que se revisen los sobrecargos en materia de intereses que se le aplican a la Argentina.

Esos sobrecargos representan aproximadamente 1.000 millones de dólares anuales adicionales y pretenden cobrarlos por el abultadísimo crédito que fue concedido por el organismo, violando sus propios reglamentos internos, por presión del Presidente Trump.

Que la administración Biden tome esa actitud dañina, muestra la escasa importancia que Estados Unidos le otorga a estabilidad de nuestro país.

Frente a una posibilidad concreta de aliviar en alguna medida el cuadro de endeudamiento argentino, la respuesta oficial norteamericana es: NO.

Recordemos que a la Argentina le correspondía recibir, como máximo, cerca de 20.000 millones de dólares, y fue el propio Fondo el que otorgó le 57.000 millones, insistimos, por presión norteamericana.

Ahora, una nueva gestión, teóricamente más amigable con el mundo, continúa y convalida la trampa organizada por el tándem Trump - Lagarde - Macri, rechazando un mínimo alivio que no pondría en cuestión los ya pesados compromisos de largo plazo que tenemos con ese organismo.

También trascendió en esta semana que el Fondo pretendería poner un “techo” bajo (2 - 2,5% anual) al crecimiento argentino mientras se cumpla el acuerdo de facilidades extendidas, por 10 años.

Ese bajo crecimiento, puesto como meta, refleja la disputa entre ese organismo, los fondos privados acreedores y las fuerzas productivas argentinas por los dólares que van a entrar en ese período.

Cuanto más crezca nuestro mercado interno, más tenderemos naturalmente a importar.

Por supuesto que una inteligente política sustitutiva de importaciones podría alivianar mucho este problema, ya que ahorraría dólares generando crecimiento interno.

Pero la sustitución de importaciones choca con la visión de la división internacional del trabajo promovida desde los países centrales, y aceptada por la elite económica argentina.

Por eso no aparece en el gran debate nacional ese valioso instrumental, complementando las necesarias políticas exportadoras.

Diversificar las fuentes crediticias y financieras

En la comprensión creciente que vamos teniendo sobre el mega - préstamo de Trump a Macri vía FMI, se va estableciendo que parte de los fondos prestados y rápidamente evaporados fueron para facilitar la salida de los fondos privados de inversión, básicamente norteamericanos, que habían venido a ganar plata muy fácil con el esquema financiero que armaron los economistas macristas.

Están los datos en el Banco Central.

Al estallar el esquema prematuramente, y para no tener que asumir gigantescas pérdidas financieras, se les permitió retirar sus fondos de la Argentina - ese sí que fue un operativo “platita” - gracias a la liquidez que envió apresuradamente el FMI.

Pero no solo eso: en el documento de “autocrítica” publicado recientemente, el propio Fondo deja clarísimo que no hizo nada para que la Argentina reestructurara sus compromisos externos (dejara de pagarlos transitoriamente y los escalonara en el tiempo) y que controlara los flujos cambiarios (no venderle dólares a cualquier por cualquier razón).

La explicación de todo este comportamiento irregular del FMI es clara: la prioridad era que pudieran salir de la Argentina, recuperando en buena parte sus dólares, los fondos de inversión privados, que tanta influencia tienen sobre todo el sistema político norteamericano y sobre el propio FMI.

El FMI le realizó el cuantioso préstamo al macrismo para reducir notablemente las pérdidas de los “inversores” norteamericanos que vinieron a timbear a la Argentina.

Vale la pena tener claridad sobre este punto, porque el problema no terminó.

Hoy tenemos en nuestro país todavía a dos fondos de inversión muy grandes, Templeton y Pimco, que mantienen tenencias de bonos locales por el equivalente a 3.500 millones de dólares y que son una verdadera pesadilla para el gobierno nacional, dada las escasas reservas que tiene el Banco Central.

Estos fondos ejercen presión sobre el dólar CCL para ir saliendo del mercado argentino, lo que mantiene al dólar paralelo muy alto, también en su versión MEP y al muy voluble dólar blue.

Lamentablemente nuestra sociedad no tiene noción sobre cómo entre muy pocos actores - locales y extranjeros - están en condiciones de jugar con la estabilidad cambiaria de la Argentina y con el propio sustento de los argentinos.

Diversificar es la palabra

No podemos seguir dependiendo de las exportaciones de un solo sector, porque eso hace vulnerable a cualquier gobierno a las pretensiones retrógradas de quienes traen las divisas.

Tampoco podemos seguir recibiendo financiación exclusivamente de los que han transformado el crédito en un lazo financiero para dominarnos y mantenernos en el subdesarrollo.

Ni tampoco podemos depender de un puñado de monopolios u oligopolios de producción y comercialización para alimentar a 45 millones de habitantes.

Es obligatorio ampliar las opciones disponibles para nuestro país en todos los terrenos, y dejar de estar encajonados en un subdesarrollo que a esta altura de los acontecimientos, tiene un claro componente de intencionalidad política.

Se nos exigen políticas para que nos subdesarrollemos.

Dejamos para el final un dato estratégico contundente, para mostrar en qué medida el control ideológico de la derecha local sobre las ideas predominantes nos hace vivir en un mundo del pasado: según datos del World Economic Forum, actualizados con índices del año 2021, hoy la República Popular China produce un valor agregado industrial que equivale a la suma del valor agregado industrial de Estados Unidos, Japón y Alemania juntos.

Abrumador.

No podemos seguir viviendo, en ningún sentido, como si estuviéramos al final de la Segunda Guerra Mundial.