EMILIO CUMPLE 100 AÑOS

Ayer hubiera cumplido 100 años Emilio Mignone, figura central del movimiento por los derechos humanos

Sin su aporte no se hubiera llegado a la nulidad de las leyes y decretos que intentaron dejar impunes los crímenes contra la humanidad cometidos en las décadas de 1970 y 1980, ni se hubiera extendido la militancia iniciada en aquellos años contra una dictadura bestial, a las violaciones a los derechos humanos que se cometen también en democracia, aunque no formen parte de un plan sistemático organizado desde un poder ilegítimo.

Mientras los organismos formados por familiares directos de las víctimas sufrían por la ausencia de formación política y militancia previa, Mignone había sido, mucho antes del secuestro de su hija Mónica, ministro de Educación en el gobierno peronista bonaerense del coronel Domingo Alfredo Mercante y luego subsecretario de Educación de la Nación en el gobierno del general Juan Onganía.

Formado en la Acción Católica, entendía las relaciones de poder.

Esa militancia lo llevó a participar en la fundación de la Unión Federal Demócrata Cristiana, uno de los partidos impulsados por la Iglesia Católica cuando enfrentó a la modernidad argentina personificada en el peronismo.

El otro fue el Partido Demócrata Cristiano, donde militó Augusto Conte, que uniría su destino al de Mignone, cuando también él padeciera el secuestro de su hijo, Augusto María.

Aquella UF creció en la preparación del golpe de septiembre de 1955, pero en noviembre de ese año se opuso al golpe dentro del golpe, que desplazó a un general por otro, ambos católicos pero uno nacionalista y el otro liberal.

Como Jaime de Nevares, Enrique Angelelli, Carlos Mugica y Rodolfo Walsh, Mignone no tardó en comprender que el derrocamiento de Perón por el que habían trabajado, abrió para las clases populares las puertas del infierno.

Cuando la dictadura, cuyos fusilamientos de 1956 repudió, dispuso por decreto derogar la Constitución Nacional sancionada en 1949 y convocó a una convención reformadora para reemplazarla, proscribiendo a la fuerza mayoritaria, el partido de Mignone obtuvo una banca pero se negó a asumirla, porque sólo reconocía la Constitución derogada por un acto de fuerza.

Su principal inspirador, Arturo Sampay, había sido quien acercó a Emilio al peronismo bonaerense.

Buena parte de los males sufridos por el país en los dos tercios de siglo transcurridos se hubieran evitado, de prevalecer el criterio de Mignone y el texto de Sampay.

Junto con él militó en la Unión Federal Mario Amadeo, el canciller de Lonardi que acompañó a Perón hasta la cañonera paraguaya que lo llevó al exilio.

A pesar de esa historia común, Emilio lo enfrentó dos décadas después, cuando Amadeo representó a la dictadura de Videla, Massera & Cía. en las Naciones Unidas, y fue el inspirador del decreto de 1979 que daba por muertos a los detenidos - desaparecidos.

Mignone y Conte, quienes ya habían creado el Centro de Documentación e Información sobre Derechos Humanos, que poco después se convertiría en el CELS, contaron en su boletín mimeografiado que el cardenal Agostino Casaroli, secretario de Estado del Vaticano, le había dicho al brigadier Arturo Lami Dozo, emisario de la Junta Militar, que el contenido de ese decreto era totalitario y opuesto a los derechos de la familia, pese a lo cual “el Episcopado argentino no le formuló ningún cuestionamiento”.

Su desempeño como experto en educación en organismos internacionales le dio también una visión realista del mundo tal cual era.

Nunca velaron su mirada anteojeras ideológicas, como lo atestiguan sus tempranos escritos sobre el diálogo entre cristianos y marxistas.

Por eso, ya el 12 de agosto de 1976 pudo escribir el documento más perspicaz de la época, con una capacidad de anticipación que sólo hoy puede valorarse. 

«No menos de 15.000 argentinos han sido muertos o están detenidos en lugares ocultos, encapuchados, encadenados por cuadros militares, en reparticiones militares, pero se niega su detención y se mantiene en la angustia más cruel a miles de familias» decía la carta que remitió al periodista Bernardo Neustadt y que éste nunca difundió.

«Esta situación nos llevará a una verdadera guerra civil y a la destrucción de las mismas Fuerzas Armadas», agregaba. 

«Estamos sometidos a la irresponsabilidad de oficiales de grado inferior, fanatizados, ávidos de venganza, que constituyen fuerzas irregulares que, cuando terminen - si lo consiguen - con la subversión crearán un problema a la autoridad militar porque intentarán copar el poder».

Hombre de la Iglesia Católica, lo llamaban El Pope o El Obispo, y fue durante muchos años persona de consulta de obispos y cardenales.

Varios de ellos lo desilusionaron cuando terminó de entender que ante la represión dictatorial que lo golpeó en lo más querido, sólo le ofrecían rezar.

Nunca dejó de escribirles, para pedir y compartir información y reclamar una palabra firme.

Una carta suya al presidente de la Iglesia de entonces, Raúl Primatesta, estuvo en el origen del único documento fuertemente crítico de la dictadura que el Episcopado difundió en los siete años del horror.

Su libro Iglesia y dictadura, de 1986, es una contribución fundamental para entender el rol de esa institución triunfalista en la tragedia argentina.

Allí escribió: 

“Esta siniestra complicidad explica algo que cuesta entender a los observadores católicos extranjeros: la sorprendente pasividad de un episcopado que contempla sin inmutarse cómo obispos, sacerdotes, religiosos y simples cristianos son asesinados, secuestrados, torturados, apresados, exiliados, calumniados (…).

En algunas ocasiones la luz verde fue dada por los mismos obispos.

El 23 de mayo de 1976 la infantería de Marina detuvo en el barrio del Bajo Flores al presbítero Orlando Yorio y lo mantuvo durante cinco meses en calidad de ‘desaparecido’.

Una semana antes de la detención, el arzobispo Aramburu le había retirado las licencias ministeriales, sin motivo ni explicación.

Por distintas expresiones escuchadas por Yorio en su cautividad, resulta claro que la Armada interpretó tal decisión y posiblemente algunas manifestaciones críticas de su provincial jesuita Jorge Bergoglio como una autorización para proceder contra él.

Sin duda los militares habían advertido a ambos acerca de su supuesta peligrosidad.

La magnitud y la ferocidad de esa persecución son sorprendentes, como se advertirá con la lectura del capítulo octavo.

La Iglesia argentina cuenta con centenares de auténticos mártires, que sufrieron y murieron por la fidelidad a los principios evangélicos, en medio de la indiferencia o la complicidad de sus obispos.

¡Qué dirá la historia de estos pastores que entregaron sus ovejas al enemigo sin defenderlas ni rescatarlas..!”

Luego de una misa en la catedral Bergoglio intentó acercarse a él para darle explicaciones, pero Emilio alzó la mano para detenerlo, según el relato que me transmitió el propio episcopal.

Se sentó en la silla apostólica cinco años después de la muerte de Emilio.

Varios libros y dos filmes posteriores intentaron presentar su conducta de entonces bajo una luz más favorable, admitiendo al menos el pecado de omisión.

Mignone y Augusto Conte aconsejaron a sus hijos que confiaran en las instituciones legales que los requerían.

Emilio no hubiera podido impedir el secuestro de Mónica, arrancada del domicilio familiar, pero muchas veces se reprochó no haber resistido que se la llevaran.

Conte le pidió a su hijo Augusto María que no desertara de la Armada, donde cumplía su Servicio Militar Obligatorio, como le habían aconsejado sus compañeros de la JP. 

“Fui un ingenuo. No creía que su vida corriera peligro”, me dijo en una entrevista que le hice durante la dictadura para una publicación internacional.

Ninguno de los dos podía imaginar la enormidad del Estado convertido en terrorista.

Su interminable peregrinaje por los despachos eclesiásticos y militares en los que tenían amigos y conocidos terminó por convencerlos.

En palabras de Augusto que también se aplican a Emilio, ambos habían sido hombres de dos mundos.

Dejaron de serlo forzados por las circunstancias y fueron los primeros en describir los mecanismos del terror como un Estado dentro del Estado, bajo el rótulo de «paralelismo global», en una presentación ante las Naciones Unidas.

Ambos fueron capaces de convertir esa ingenuidad que se reprochaban en un programa de acción, con el propósito de que algún día las instituciones merecieran la confianza que habían depositado en ellas, para cambiarlas y ponerlas a la altura de sus mentes limpias y sus corazones nobles.

Es una lección de la que debemos tomar nota quienes en aquellos años creímos posible iluminar esa noche oscura respondiendo al fuego con el fuego.

Tan temprano como en 1978 formaron el Centro de Estudios Legales y Sociales. Era necesaria mucha lucidez, aparte de una voluntad que también caracterizó a los demás organismos de derechos humanos, para entender que los abusos que entonces ocurrían debían documentarse con la mayor precisión, conectar el reclamo interno con la denuncia internacional, y pensar en una futura acción judicial que procurara el castigo de los responsables.

El rol de Emilio fue esencial en las visitas de las misiones internacionales que rompieron el aislamiento en que la dictadura había colocado a sus víctimas: Amnesty, en noviembre de 1976, la Asociación del Foro de Nueva York en 1978 y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979.

Mignone fue responsable al menos de un tercio de las causas iniciadas en aquellos años, entre ellas el precursor recurso a la Corte Suprema de Justicia en el caso “Smith”.

Concluida la dictadura, entendió como pocos la importancia del compromiso del Estado en investigaciones como las de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas y el juicio a las ex juntas militares, a las que otros retacearon apoyo por consideraciones políticas.

Recuerdo un diálogo con Eduardo Luis Duhalde durante una audiencia del juicio a las Juntas.

Esos papelitos ajados que la gente guardó durante años simbolizaban el valor que la dictadura le había negado a los procedimientos legales y se convertían en pruebas contundentes para condenar a los criminales.

Porque creían en la ley, Mignone y Conte la hicieron prevalecer.

Emilio replanteó la labor del CELS, de modo de proyectarlo al futuro y no sólo al estudio y la denuncia de las violaciones del pasado.

De ello dan cuenta los programas de estudio y denuncia de la violencia institucional y de seguridad ciudadana; de la exigibilidad legal de los derechos económicos, sociales y culturales; de justicia democrática y de derecho a la comunicación.

Ellos complementaron el programa y los servicios originarios, de memoria y lucha contra la impunidad del terrorismo de Estado, de documentación, de salud y de asistencia jurídica a las víctimas.

A partir de la experiencia atroz de la dictadura, planteó con claridad la inserción de la problemática de los derechos humanos dentro de la construcción democrática, sin por ello olvidar los orígenes.

En 1995, Mignone advirtió las posibilidades que abrieron las confesiones del capitán de la Armada Adolfo Scilingo, y con su presentación a la Cámara Federal fundamentando el derecho a la verdad y el duelo consiguió reabrir el capítulo de la revisión judicial.

Nunca aceptó que hubiera algún antagonismo entre la verdad y la justicia y en 1998, ya abierto el capítulo de la verdad, apoyó la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida.

Como lo escribió en un documento interno del CELS, «nuestra posición era y sigue siendo la de utilizar todos los espacios de acción razonables, dejando de lado las diferencias circunstanciales y tratando de favorecer la coordinación y la cooperación pluralista en todos los terrenos».

Esta ductilidad para elegir las mejores tácticas en cada momento sin renunciar nunca a la firmeza de sus principios es una lección central de Mignone.

En vida, padeció críticas e incomprensión, por defender opiniones que a veces contradecían el sentido común del momento y cuya justeza no era evidente en forma inmediata.

La serenidad con que las soportó, sin apartarse del sendero ni distraerse en querellas menores, es parte de su legado.

ANTES DEL 23 HAY QUE PASAR EL 22, de Horacio Verbitzky - 24/7/2022

Durante una reunión cumbre del FdT, una de las principales voces hizo una referencia a las elecciones de 2023.

Otra le respondió:

- No me hablen del 2023. Por ahora hay que pensar cómo vamos a pasar el 2022.

Nunca antes había quedado tan clara la duda acerca de la conclusión del mandato iniciado el 10 de diciembre de 2019.

Ya ocurrió dos veces, en las cuatro décadas transcurridas desde la finalización de la última dictadura.

En ambos casos, los eyectados antes de tiempo fueron dirigentes uceerreístas, y sus renuncias anticipadas precedidas por un fuerte endeudamiento con bancos y/u organismos internacionales de crédito, contraído por ellos o por sus predecesores, que no financiaron inversiones productivas en el país sino formación de activos en el exterior.

La principal diferencia es que el actual gobierno tiene como eje al peronismo que, con administraciones tan distintas como las de Menem y Cristina, resistió con éxito presiones similares.

El almuerzo de ayer en RPO se realizó en ese clima de preocupación.

Desde el Poder Ejecutivo se reitera que se cumplirán las metas pactadas con el FMI y hasta se dijo que quien quiera probar su fuerza, la probará.

Pero los primeros en saber que no es posible son quienes lo afirman.

Todas sus esperanzas estaban puestas en el encuentro que dentro de 48 horas tenía programado el Presidente Alberto Fernández con su colega de Estados Unidos, Joe Biden.

Pero debido al contagio con la Covid - 19, Biden pospuso esa cita, sin fecha aun.

La ilusión oficial era que Biden intercediera para que el FMI relajara sus exigencias.

No es fácil, porque desde el gobierno argentino permanece invariable el discurso de que se trata de un buen acuerdo y que el Fondo no está exigiendo un ajuste, lo cual torna más problemático incumplirlo.

Esto a su vez fortalece el reclamo de calificadoras de riesgo, bancos, fondos de inversión y publicaciones especializadas, de que el organismo internacional endurezca su posición hacia la Argentina, cosa que comparte el responsable del Fondo para Subamérica, Ilan Goldfajn.

En cambio fue relevada su segunda, que estaba a cargo de la Argentina, a quien Mr. MaGoo llamaba afectuosamente «la compañera Julie».

Pero tampoco es imposible que desde Washington se arroje esa soga, dado el riesgo de que la caída de un país mediano como la Argentina pueda detonar un encadenamiento global imparable.

Quien viajará de todos modos es Batakis, quien mañana tendrá su primer encuentro cara a cara con Georgieva, cuyo discurso es cada vez más parecido al de Jacques de Larosière, Michel Camdessus, Horst Köhler, Rodrigo Ratto, Dominique Strauss-Kahn y Christine Lagarde, sus predecesores desde que la Argentina fue gobernada por una Junta Militar.

Con quien difícilmente se vea es con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver - Carone, quien decidió agravar la penuria del gobierno argentino, reteniendo los 500 millones de dólares en préstamos ya aprobados, con los que Fernández contaba.

En septiembre debería autorizar otros 300 millones, pero ya anticipó que no lo hará, con el insolente calificativo de insolvente para la Argentina.

Los cuatro jinetes

Cuatro cuestiones asoman amenazantes en el horizonte inmediato:

• La corrida cambiaria, que procura forzar la devaluación del peso frente al dólar, cuando la brecha con la cotización ilegal pasa del 150% y el riesgo país llegó a los 3.000 puntos, más alto que el de la Ucrania en guerra. Allegados al presidente de la Copal y la UIA, Daniel Funes de Rioja, reclaman que el peso se deprecie 100% de un saque, nada menos.
• El índice de precios al consumidor, que podría aproximarse en un mes a la medición que en Estados Unidos y los principales países europeos se da en un año, difícilmente por debajo del 7%.
• El aumento de las tarifas de gas y electricidad, que comenzaría a regir en septiembre, cuando haya concluido el proceso de segmentación para suprimir los subsidios al decil más próspero de la sociedad. Aun cuando el aumento para los segmentos más desfavorecidos estuviera por debajo de la inflación, su impacto martillaría sobre una piel ya muy golpeada.
• La masificación de la protesta social, al estilo de las que han tenido directas consecuencias sobre la estabilidad de los gobiernos en otros países de la región, como Chile, Colombia y Perú. Un profesor universitario de Teoría del Estado, que fantasea con ser el Boric argentino, coquetea en público con esa idea y ha hablado de saqueos y de sangre. Un minúsculo grupo de alucinados, que cuenta con la protección de la policía porteña, amenaza con la horca y el fusilamiento a la Vicepresidenta CFK, su hijo y los gobernantes.

En Chile y Colombia la rebelión masiva (no este foquismo de élite) puso patas para arriba sistemas de partidos y de coaliciones muy consolidados, en las economías de la región más apegadas a la ortodoxia monetarista.

Es difícil predecir si Pedro Castillo se sumará pronto a los cinco Presidentes previos del Perú que o no terminaron sus mandatos o fueron procesados por corrupción: Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Alan García (quien se suicidó cuando fueron a detenerlo).

Y no ocurre sólo en el vecindario americano; también en Europa, con la rebelión de los chalecos amarillos, o en Asia, donde una multitud tomó por asalto la residencia del Presidente de Sri Lanka.

Pero aquí las políticas y la retórica del neoliberalismo fueron desbancadas hace dos años y medio en las urnas, por más que ahora crezca la decepción.

La realimentación

La coincidencia temporal de la corrida contra el peso, el crecimiento enloquecido de los precios y el aumento de las tarifas no es casual, y se realimentan recíprocamente:

• La brecha cambiaria presiona por una devaluación, que no es necesaria según el tipo de cambio multilateral. Sólo acrecentaría las ganancias de los exportadores y se transmitiría de inmediato a los precios, reproduciendo el mismo esquema en un escalón más alto.
• Aunque el comercio internacional se cursa por el Mercado Único y Libre de Cambios (sic), muchos precios al consumidor tienden a ajustarse por alguno de los varios paralelos, el CCL, el MEP o el PLD (Por las dudas).
• El avance de la inflación refuerza el clima de vísperas devaluatorias, la idea sin anclaje en datos duros, de que esto así no aguanta mucho más. Las medidas anunciadas a cuentagotas por el gobierno y no siempre implementadas, no pasan de tímidos intentos, de resultado incierto.
• El aumento tarifario también incrementará costos de producción y por lo tanto precios al consumidor.
• Esto a su vez provoca movilizaciones de protesta, originadas en necesidades reales de quienes no logran sacar la cabeza de abajo del agua, pero también en la lógica de las organizaciones sociales que temen la reducción de los subsidios y la auditoría estatal de su ejecutoria.

La cuenta del gas

La reducción de los subsidios exigida por el Fondo Monetario Internacional es, en verdad, un reclamo de aumento de tarifas en beneficio de las empresas prestadoras.

Tiene como contraparte la necesidad de divisas para importar el gas de uso industrial, consumo domiciliario o producción de electricidad.

En 2021 ascendió a 3.253 millones de dólares.
Con el incremento de los precios, a enero de 2022, la cuenta anual más que se duplicaría, hasta los 6.747 millones de dólares.

En marzo, una vez iniciada la guerra en Eurasia la proyección anual llegaba a la suma exorbitante de 15.128 millones de dólares.
Debido a la caída posterior del precio, en el escenario actual se prevé una factura por importación de energía de 8.707 millones de dólares en todo el año.

El gobierno no los tiene, lo cual lo pondría ante opciones tremendas: reducir el abastecimiento domiciliario o el suministro a las industrias.

La nueva situación derivada de la guerra entre dos de los grandes productores ha ocasionado cambios políticos, económicos y sociales en otras latitudes, pero aún no aquí.

Emmanuel Macron cumplió su promesa de renacionalizar Électricité de France y anunció reducción nocturna del alumbrado público.

Alemania, que discontinuó su sector nuclear, prevé una caída de la producción por falta de energía, y el FMI redujo su pronóstico de crecimiento para la economía del país, de 2,1% a 1,2% este año, y de 2,7% a 0,8% el próximo, mientras la Comisión Europea propuso una reducción voluntaria de 15% en el consumo de gas, desde el 1° de agosto hasta el 31 de marzo, es decir lo que resta del verano, todo el otoño y el invierno.

En la Argentina, en cambio, el gobierno señala que a partir de septiembre disminuirá la necesidad de importaciones de gas, por el aumento de la temperatura e insiste en que la economía sigue creciendo a velocidad de crucero, cosa que Alberto explicó ante gobernadores en primera persona del singular. 

«Le puse el pecho a una deuda de 100.000 millones de dólares; a ninguno de los problemas escapé; superé esa deuda, tuve que discutir con el Fondo Monetario Internacional y superé los problemas que el Fondo Monetario Internacional me generó.

Todo eso lo tuve que hacer en medio de una pandemia», dijo.

Subsidios y planes

Los subsidios a la energía están ligados en forma inextricable a los planes sociales.

Así lo reveló en junio de 2003 quien entonces se encargaba de la Argentina en el Fondo Monetario Internacional, el economista indio Anoop Singh.

Durante una reunión del entonces director gerente del FMI, Horst Köhler, con diez representantes de la sociedad civil, entre quienes estaba el autor de esta nota, Singh reveló que la implementación del Plan Jefes y Jefas de Hogares, con crédito de organismos internacionales, había sido una sugerencia suya al senador Eduardo Duhalde, quien durante unos meses estuvo en forma provisoria a cargo del Poder Ejecutivo.

Singh asoció en forma explícita ese plan con las tarifas de la energía.

Dijo que “se trata de un sector crucial para el crecimiento, no podemos congelarlo y tratar a las empresas como el chico que se portó mal y lo dejamos encerrado en una pieza.

Los pobres están protegidos por el plan Jefes y Jefas, con un ingreso que les permite pagar los servicios y no frenar el desenvolvimiento de las empresas.

Yo personalmente le propuse ese programa al matrimonio Duhalde.

Había espacio para aumentar las tarifas y al mismo tiempo proteger a los pobres.

Queremos pensar en el futuro, en un marco regulatorio que dé seguridad a las empresas y les permita reestructurar sus deudas (…)

Quiero que miren al futuro.

Se puede proteger a los pobres y al mismo tiempo permitir que las empresas inviertan.

No hay que politizar este tema”.

Peter Sellers y Tachuela: esta comedia ya la vimos.

Köhler agregó que uno de los prestadores del servicio de gas les dijo que “no pueden invertir para dar más energía.

Si la economía crece los servicios van a colapsar porque no están invirtiendo.

Si permitimos que una empresa no tenga ingresos, cortamos su propia expansión.

Si las tarifas se congelan las empresas no invierten y estaríamos subsidiando a los ricos”.

En la misma nota, el ministro de Economía Roberto Lavagna anunció que la Argentina no pediría fondos frescos al Fondo Monetario.

“Sólo queremos reestructurar los vencimientos”.

Reestructurar, no refinanciar, como haría dos décadas después Mr.MaGoo.

El jefe de gabinete era Alberto Fernández.

Esta transcripción sirve para evaluar cuánto ha cambiado realmente el FMI, desde Köhler hasta Kristalina Georgieva.

Néstor Kirchner y el entonces director del FMI, Horst Köhler.

Cómo frenar la corrida

A tres semanas de asumir como Ministra de Economía, la gestión de Silvina Batakis parece prematuramente desgastada.

Debutar en la pantalla del Grupo Clarín, donde le arrancaron compromisos inconvenientes, fue un error.

Lo mismo vale para la formulación de anuncios aislados, de medidas que tardan en implementarse, al modo de apurados parches discursivos, de efectividad improbable para frenar la corrida.

“Lo fundamental es que te crean que no vas a devaluar”, dice un ex ministro curtido en esas lides.

El dólar turista y las versiones sobre una rebaja temporal de las retenciones, para propiciar la liquidación de los 14.000 a 20.000 millones de dólares pendientes van en el sentido exactamente contrario.

Son las primicias de una devaluación.

La paradoja es que el grano almacenado en silobolsas se desvalorizó, por la caída de su precio internacional, pero esto refuerza la presión devaluatoria, que compensaría esa merma.

Lo que podría modificar el cuadro es que esto que ya ocurrió con la soja se extendiera al trigo, cosa posible a partir del acuerdo negociado por las Naciones Unidas y Turquía entre Rusia y Ucrania, para que Putin permita la salida por el Mar Negro de los 22 millones de toneladas de trigo y otros granos ucranianos.

Larry Fink, el todopoderoso CEO de BlackRock, alertó que era más peligrosa la falta de trigo que la de petróleo.

El acuerdo es una buena noticia para el gobierno, porque presionará a la baja el precio de los cereales.

Un economista que simpatiza con la Jefa Material de la Nación (es su chascarrillo) opina que “si aguantamos un poco, los simpáticos y queribles chacareros argentinos van a hacer fila para vender”.

Del dicho al hecho

Los trascendidos sobre el encuentro con intendentes en Pila, donde el Presidente fue acompañado por la infaltable sonriente aspirante a la utopía vicepresidencial Victoria Tolosa Paz, indican que Alberto Fernández se quejó de quienes “voltearon” a Mr. MaGoo y ahora apoyan a Batakis, «que plantea prácticamente lo mismo» (lo cual parece una conclusión apresurada).

También dijo que él no se proponía liderar el FdT porque eso implicaría romper con Cristina, a lo que no está dispuesto.

Esta nueva vuelta de rosca sobre un tema que lo obsesiona, sugiere que no termina de comprender la diferencia entre el liderazgo, que no es un atributo que se transmita como el bastón y la banda, y ejecutar una política.

El fuerte tono de su mensaje del viernes ante los científicos en el Museo del Bicentenario, donde alzó la voz para decir que “no me van a torcer el brazo», sugiere que conserva una alta valoración por el efecto de la palabra, en especial la propia.

El 11 de julio, en su primera conferencia de prensa, Batakis dijo que se modificaría la ley de Administración Financiera para establecer un sistema de «cuenta única» que le permitiría al Estado nacional un ahorro anual de 600.000 millones de pesos.

Diez días después, El Cohete consultó a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia si ya estaba listo el proyecto.

La respuesta fue que el expediente nunca había llegado al despacho de Vilma Ibarra y que la consulta debía formularse a Economía.

Un pedido de contacto aún aguarda contestación de Batakis.

El problema principal no es ella, sino el contexto.

Forzado por la renuncia de Mr. MaGoo (entre paréntesis, esos son los primeros fonemas de su nombre y apellido), el Presidente se limitó al reemplazo del desertor.

Un reclamo que sale de la Casa Rosada y se repite en cada nota de la trifecta mediática, es que la Vicepresidenta manifieste un apoyo explícito a Batakis, porque con su silencio no basta.

Este menosprecio de la contribución de Cristina a una mayor tranquilidad es otra forma de no asumir la responsabilidad por las decisiones que el Poder Ejecutivo adoptó, sin atender a las sugerencias de CFK.

Ella, pero no sólo ella, prefería una reestructuración más amplia del gabinete para darle mayor envergadura política.

La concepción del Presidente sobre la autoridad no lo permitió, del mismo modo que esmeriló las aristas más filosas del actual jefe de gabinete Juan Manzur, cuya hiperactividad temprana no tardó en empantanarse.

Sergio Tomás Massa aspiraba a reemplazarlo y a concentrar bajo su mando todo el equipo económico, sin excluir Banco Central y AFIP.

Pero Alberto prefirió entregarle el Ministerio de Producción a Daniel Scioli, lo cual para Massa implica no sólo un problema político, sino también doméstico.

Cristina tampoco se entusiasmó con la excesiva concentración de poder en torno del hombre que en la campaña electoral de 2015 prometió que la metería presa.

No obstante, la incorporación al gabinete del presidente de la Cámara de Diputados sigue siendo una posibilidad abierta, pero no en reemplazo de Manzur, sino como superministro de Economía.

Esto incluiría la fusión de ese Ministerio con los de Producción, Transporte y Turismo, lo cual de paso daría una señal desburocratizadora.

Desde allí su tarea principal sería renegociar el acuerdo con el FMI, cosa que nadie más de este gobierno podría cumplir.

“Porque él es de ellos”, según sentencia alguien que aún impulsa esa alternativa.

Pronóstico reservado. por Azul Blaseotto.

La movida incluiría el redimensionamiento de Batakis a Secretaria de Hacienda, la promoción de Jorge Capitanich a la jefatura de gabinete, el regreso de Manzur a Tucumán y el de Scioli a la embajada en Brasil.

Basta enumerar las piezas que deberían cambiar de sitio para recordar que posible no es sinónimo de probable.

Alberto y Cristina en el país de las fake news

La trifecta mediática instaló que ante la escalada de la crisis el gobierno proponía una tregua o un acuerdo con la oposición.

Sin perder un minuto, la coalición Cambiante dijo que no habría ningún acuerdo con el gobierno y que para dialogar está el Congreso, donde se han juramentado en no aprobar ningún proyecto oficial.

Esto se pondrá a prueba en una o dos semanas, cuando Juliana Di Tullio termine de elaborar el proyecto de ley de Eliminación de la Indigencia, para el cual está sosteniendo una serie de reuniones en el Senado.

En forma persistente, la tergiversación mediática identifica esta iniciativa con la propuesta del ex presidente de la FUA, el economista argentino - israelí Itai Hagman, del pequeño frente Patria Grande, respaldado por el docente universitario y precandidato presidencial Juan Grabois, de salario básico universal.

No solo no tienen nada que ver, sino que son antagónicas.

Grabois buscó reunirse con la Vicepresidenta, que lo derivó a Di Tullio.

“No se trata de un plan sino del diseño de una política”, explica Di Tullio, quien también se reunió con el ministro de Desarrollo Social, Juan Horacio Zabaleta, quien acordó con las universidades nacionales la auditoría de los planes Potenciar Trabajo.

Los que no estén encuadrados en cooperativas serían dados de baja.

La indigencia alcanza en la actualidad a 1,8 millones de pibes y pibas y a 2,8 millones de adultos y adultas, con fuerte incidencia del grupo etario de 18 a 23 años.

Esto incluye a una cantidad aún no cuantificada de recipientes de la Asignación Universal por Hijo, que de todos modos son indigentes y necesitan un refuerzo de ingreso para salir de esa situación.

Buena parte de ellos están en hogares monomaternales.

Una novedad en la que está trabajando Di Tullio es que la coordinación de esta política estará a cargo de la ANSES.

“No hay que reproducir pobreza, como ocurría con los planes noventosos” (del tipo del Jefes y Jefas diseñado por el FMI).

La idea es que esta política tenga inicio y fin, que incluya prestaciones supervisadas por el Estado que tiendan a la inserción laboral y estudiantil de aquellos comprendidos, lo que requerirá convenios con colegios, universidades y fábricas.

En cuanto al costo, el millón trescientos mil planes Potenciar Trabajo insumen el 0,4% del PIB, y los 4,5 millones de AUH, 0,35%, sumas manejables que retornan al Estado por medio del consumo.

El mayor barullo se armó en torno de una frase de Axel Kicillof en una reunión con intendentes de la oposición.

Fue presentada en diarios, portales y señales de noticias como un pedido de ayuda a la oposición ante las dificultades que enfrenta el gobierno.

El gobernador difundió el tramo así distorsionado, en el que pidió humildad a quienes «sin pandemia ni guerra rompieron todo, (…) respeto a un pueblo que sufrió sus políticas, conciencia y responsabilidad cuando se ponen a hablar desde la tele, y coherencia cuando vienen a decir que van a hacer exactamente lo contrario de lo que hicieron cuando tuvieron la oportunidad».

Esa fue la única ayuda que les reclamó.

NUEVAS HISTORIAS VIEJAS, de Horacio Verbitzky - 17/7/2022

Diseño, Alejandro Ros; animación: Silvia Canosa

Kristalina Georgieva le dijo a Silvina Batakis que el FMI necesita que la Argentina tenga éxito con el plan que firmó el ex ministro Mr. MaGoo.

Pero las acciones que dentro del país emprenden los sectores económicos y políticos en sintonía con el Fondo Monetario, apuntan en la dirección contraria: la Sociedad Rural realizó un lockout de comercialización y la dirigencia Cambiante proclama que le negará el agua y la sal al Presidente Alberto Fernández y vaticina su renuncia.

La Argentina vive así nuevas historias viejas.

En su libro de 1958 Los vendepatria, Juan D. Perón escribió que el “gran consorcio capitalista internacional Bunge & Born ha explotado el campo argentino durante cincuenta años, pagando precios irrisorios y ha sacado enormes beneficios con la comercialización del trabajo y la producción ajena”.

“Cuando comercializaba Bunge & Born, el trigo se pagaba a los agricultores argentinos seis pesos por quintal; desde que lo tomó a su cargo el gobierno, los chacareros cobraron sesenta pesos por la misma cosa”.

“Bunge & Born, que es un consorcio capitalista internacional, no está interesado sino en sus propias ganancias y (…) nos hace pagar poco por lo que vendemos y mucho por lo que compramos por su intermedio, desde que son importadores y exportadores”.

“Como Bunge & Born se compra y se vende a sí mismo, por medio de maniobras dolosas de su propia documentación y mediante la simulación de precios, viola la ley de cambios y radica en el exterior la mitad de las divisas producto de sus operaciones”.

“La dictadura [de 1955] ha vuelto a dar a Bunge & Born su antigua preponderancia, probablemente por imposición foránea y la consecuencia no se ha hecho esperar: una tremenda inflación se ha desatado en el país”.

En 1989, Menem entregó el manejo de la economía a Bunge & Born, y su secretario de Cultura, Julio Bárbaro, llegó a describir al que Perón llamó gran consorcio capitalista internacional como si fuera un “empresariado nacional productivo”, enfrentado con “las empresas extranjeras y la visión colonial de las relaciones carnales” (sic).

La restauración oligárquica

En 1977, Rodolfo Walsh escribió en su Carta Abierta a la Junta Militar que “un aumento del 722% en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la Sociedad Rural expuesto por su presidente, Celedonio Pereda: 

"Llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos”.

También dijo que “la política económica de esa Junta, dictada por el Fondo Monetario Internacional (…), sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales”.

Sigue siendo el mejor retrato del conflicto raigal entre las clases dominantes y los intereses populares.

Pero casi medio siglo de entropía después, el gobierno que encabeza el presidente del Partido Justicialista ya no insiste en que los alimentos sean baratos, sino que al menos orbiten debajo de la estratósfera dónde sólo es posible divisarlos con ayuda del telescopio James Webb.

En octubre de 1975 la Sociedad Rural presidida por Pereda lanzó un denominado “paro agrario nacional” que se extendió durante una quincena y que produjo desabastecimiento de alimentos.

Pereda también fundó la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE), precursora de la actual AEA, que en febrero de 1976 realizó un lockout nacional contra “la disgregación y el caos” y la influencia desmedida del sindicalismo, que conduce al marxismo.

Tales medidas propiciaron el golpe del 24 de marzo de 1976.

El segundo de Pereda en la Rural, Jorge Zorreguieta, asumió como subsecretario de Agricultura.

Estas historias viejas se actualizaron la semana pasada, cuando la Sociedad Rural y su Mesa de Enlace dispusieron un lockout de comercialización de cereales y carnes, con una fundamentación extravagante: el faltante de gasoil (que en casi todo el país ya estaba resuelto y que, entre otras razones motivó la eyección del CEO de YPF, Sergio Affronti) y las retenciones (que Batakis anunció que no se incrementarían).

Elbio Laucirica, vicepresidente de Coninagro, explicitó el trasfondo, al mencionar entre sus motivaciones la “demanda por justicia, corrupción, mejorar la educación, la salud, la seguridad”.

Es decir, cuestiones políticas.

Walsh y Martínez de Hoz, el mejor retrato de un conflicto raigal.

El huevo del caos y la gallina de la devaluación

El propósito real es forzar una devaluación que incremente las ganancias de los exportadores y, si fuera imprescindible para lograrlo, la caída del gobierno antes del plazo constitucional, tal como ocurrió en 1989 y 2001.

En ambos casos al caos político sucedió la devaluación descontrolada y gigantescas transferencias de ingresos.

Entonces, como ahora, la Argentina tenía el acceso cerrado al crédito en dólares, luego de un atropellado proceso de fuga a cargo de grupos económicos locales y empresas transnacionales, financiado por préstamos del FMI.

Más allá de líneas internas, la oposición Cambiante tiene una coincidencia básica: Luis Juez anunció durante la campaña electoral que la oposición rechazaría todo proyecto del oficialismo para “no dejarlos gobernar”.

Maurizio Macrì planteó el 30 de mayo, en un almuerzo con la dirigencia Procaz que “con los gobiernos de Alberto Fernández y Axel Kicillof no tenemos nada que negociar”.

En su aversión a lo que llama populismo, Macrì retrocedió primero a 1945 y luego a 1916, repudiando a Perón e Yrigoyen.

Rodríguez Larreta postuló el 29 de junio desde Israel la necesidad de un acuerdo amplio para bajar la inflación, que incluya a todos menos al kirchnerismo.

Patricia Bullrich dijo el 5 de julio que la posición de Juntos por el Cambio debe ser no aprobarles ninguna ley, bloquear todo lo que se pueda: «No tenemos que darles ninguna herramienta».

Elisa Carrió vaticinó el 14 de julio la renuncia “en estos días” de Alberto Fernández. “Se está cayendo un gobierno entero y el propio peronismo”.

¿Bajar el déficit suprimiendo impuestos..?

El nexo entre los casos señalados por Perón y por Walsh es el actual vicepresidente de la Sociedad Rural, y flamante presidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP), Marcos Jorge Celedonio Pereda Born, hijo de aquel Celedonio Pereda de 1977 y sobrino de Jorge y Juan Born.

Su madre fue Matilde Born Frías, fallecida en 2011.

El sector es capaz de exigir la reducción del déficit fiscal y al mismo tiempo la eliminación de las retenciones a la comercialización de la soja, que proveen uno de los mayores ingresos al fisco, con efecto redistributivo.

Clama que el ajuste debe hacerlo la política, una consigna efectista que no toma en cuenta las magnitudes involucradas.

En el mismo sentido va un proyecto de ley presentado por 19 diputados de la oposición cambiante (entre otros, Laura Rodríguez Machado, Martín Tetaz, Rogelio Frigerio nieto, Fernando Iglesias) y sus adhesivos de ultraderecha (Javier Milei y Victoria Villarruel), que derogaría el impuesto a los bienes personales, tan progresivo como las retenciones.

No puede llamar entonces la atención que Pereda Born haya sido el principal aportante a la campaña de María Eugenia Vidal en 2019, con más de 5,6 millones de pesos, entre donaciones personales y de sus empresas.

Llegó a la vicepresidencia de la Sociedad Rural en una lista encabezada por Nicolás Pino y que contó con el apoyo del ex ministro de Macrì, Luis Miguel Etchevehere, también ex presidente de la Rural.

Nicolás Pino y Marcos Pereda Born.

Junto con ellos, el principal impulsor del lockout fue Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales (CRA) y ex diputado Cambiante.

En 2009, Chemes arengó que, “como en la guerra, hay que ir matando a los de la primera fila. Hay que barrer a la mayoría, a la mugre. (…)

Hay que cortarles la mano a los Kirchner”.

El también ex ministro de Agricultura de Macrì y ex vicepresidente de CRA, Ricardo Buryaile, le dijo a Jorge Fontevecchia el jueves 14 que "el enfrentamiento co el campo es ideológico, el kirchnerismo necesita alguien a quien derrotar".

En 2008, cuando se discutía la Resolución 125 de retenciones móviles redactada por Martín Lousteau, Buryaile dijo que si el Congreso la ratificaba debería ser disuelto.

Luego alegó que había sido sacado de contexto.

«Quise decir que si el Congreso actúa como una escribanía del gobierno, lo mejor sería cerrarlo», creyó aclarar.

Hoy como hace tres cuartos de siglo, la democracia sigue siendo el gobierno de los democráticos.

El lazo al cuello

En marzo de este año, cuando envió al Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario, Mr. MaGoo argumentó que si no se aprobaba, los títulos oficiales se hundirían y el riesgo país volaría.

Para cumplir con las metas de la segunda revisión del FMI, el ex ministro suspendió todos los pagos de la administración pública, obtuvo préstamos por 500 millones de dólares de los bancos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, y le pidió un anticipo de 1.500 millones de dólares por retenciones sobre ventas futuras a la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA).

“Dejás a la familia sin comer durante cinco días y después mostrás que tu heladera no está vacía, pero se están muriendo todos de hambre”, compara un ex alto funcionario del Ministerio de Economía.

A pesar de esto, se han producido todas las catástrofes con que amenazaban si no había acuerdo con el Fondo: la brecha cambiaria supera el 130%, con el dólar paralelo por encima de los 300 pesos, los bonos argentinos cotizan por debajo del 20% y el riesgo país no baja de 2.700 puntos.

La renuncia que bajo el pretexto de un discurso de Cristina Mr. MaGoo tuiteó en la tarde del viernes 1° de julio estaba lista con días de antelación, desde que el INDEC confirmara que la inflación volvía a empinarse luego de dos meses de suave declive.

La forma en que sorprendió al Presidente, sin darle tiempo a elegir quién lo sucedería y organizar la transición, agravó las cosas.

Miguel Pesce, Daniel Scioli y Augusto Costa, comisionado para la tarea por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, se enfrentaron al fantasma del desabastecimiento en sucesivas reuniones con importadores, productores, comercializadores y formadores de precios, con quienes negociaron acceso al mercado oficial de cambios por provisión normal a las góndolas.

Una isla offshore dentro del país

Pesce también consiguió la remoción en la Comisión Nacional de Valores de Adrián Cosentino.

Cuando fue ministro de Economía, Axel le abrió la puerta de salida del gabinete de Cristina, Alfonso de Prat Gay lo conchabó como asesor cuando gobernó Macrì, y Guillermo Nielsen lo reinsertó en el gobierno de Alberto.

Mr. MaGoo se oponía a cualquier avance del presidente del Banco Central sobre las operaciones del sector financiero no bancario.

Lo controlan tres o cuatro grandes casas de bolsa, el tesoro de dos o tres bancos y quince grandes tenedores de pesos que pujan por mandar el dólar a la estratósfera, jugando al Contado con Liqui, al dólar bolsa, al dólar cable.

Pesce ya ha tenido varios encuentros con el sucesor de Cosentino, Sebastián Negri, hijo de un militante del FURN en La Plata, donde también revistaron Cristina y Néstor Kirchner.

Junto con Cosentino, derrapó Mónica Erpen, la yegua de Troya de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), que fue la persona de confianza de Cosentino en la CNV.

Cuando la designaron, el diario de negocios El Cronista ironizó que era como poner a Marcelo Tinelli de árbitro en un partido de San Lorenzo.

Si los reguladores de bancos y acciones solicitaban la información detallada sobre quiénes realizan esas operaciones, BYMA suministraba los nombres de los agentes de bolsa pero no identificaba a los clientes que son los beneficiarios finales de las operaciones.

Cosentino y Erpen, out; Negri, in.

El CCL siguió subiendo pese a estos cambios, y los voceros del mercado lo atribuyeron a la salida de Cosentino, que «los comprendía» (sic).

Para que el avance de Pesce sobre esta inadmisible isla offshore dentro del sistema financiero argentino surta efecto, la novedad debería sentirse también en la línea, donde continúan: Matías Isasa, el socio eterno de Cosentino;
Martín Breilinger, otro egresado de la Universidad Nacional de La Plata a quien Mr. MaGoo designó como director.

Fue el responsable de la autorización a la Caja de Valores (CVSA) como emisora de Cedears de ETFs ( fondos de fondos).

Este certificado es un instrumento local que sirve para fugar, ya que representa participación de acciones extranjeras o ETFs que cotizan en mercados del exterior. 

Sus efectos para este momento de presión devaluatoria e inflación galopante, no son muy recomendables.

Permitir que la Caja de Valores actúe como emisora es incompatible con sus funciones primarias.

Hasta los macristas lo descartaron mientras que el directorio presidido por Cosentino, lo dispuso hace un año, sin que se hiciera público, porque salió como resolución interna y no fue publicada en la web de la CNV.

Rodolfo Iribarren sigue como Coordinador General.

Este personaje histórico de la línea, maneja todas las áreas operativas, sobre todo la Gerencia de Mercados y mantiene en lugares clave a su gente.

Es el sobrino de José Anunciado Cirillo, uno de los vicepresidentes de Boca Juniors durante la gestión de Macrì y su agente cuando Sevel salió a la Bolsa. 

Poseía tres acciones del Merval, y una era de Macrì.

En 2017 vendió otra por casi tres millones de dólares.

Cirillo estaba enemistado con Ernesto Allaria, el entonces presidente del Merval y después de la fusión con la Bolsa, también de BYMA.

La solución que encontraron Macrì y Cirillo fue la designación de Nicky Caputo como vice del Merval, para celebrar las paces.

Crisis de deuda con estanflación

Nadie supone que se alcanzarán las metas de la próxima revisión del FMI.

Las declaraciones en torno del cumplimiento del acuerdo y de la importancia del equilibrio fiscal, son fintas para comenzar el diálogo en los mejores términos posibles.

Pero la única esperanza del gobierno es que en la entrevista del martes 26 con Joe Biden, la indulgencia del Presidente estadounidense permita renegociar los términos comprometidos con Georgieva o al menos conseguir un waiver por el desvío en la próxima revisión.

Por eso Batakis formará parte de la comitiva de Alberto Fernández.

No es imposible que lo consigan, porque la situación mundial se agrava cada día y la caída de un país mediano como la Argentina puede iniciar un dominó incontrolable.

La propia Georgieva escribió esta semana en el blog del Fondo que la inflación global supera lo esperado y se expande más allá de los precios de los alimentos y la energía, lo cual ha forzado a los mayores bancos centrales a anunciar un mayor ajuste, necesario pero que afectará la recuperación.

A fines de este mes, el FMI proyectará una caída adicional en el crecimiento previsto, no sólo este año, sino también el próximo, “con creciente riesgo de recesión”.

Georgieva agregó que “una mayor perturbación en el suministro de gas natural a Europa, puede hundir a muchas economías en la recesión y desatar una crisis energética global”.

Y en un artículo publicado en el diario británico The Guardian, el super gurú Nouriel Roubini describió la próxima crisis:

En la década de 1970, hubo estanflación, pero los niveles de endeudamiento eran bajos.
Después de 2008, hubo crisis de deuda pero baja inflación, o incluso deflación, por la contracción del crédito que paralizó la demanda.
Hoy enfrentamos shocks de oferta con niveles mucho más altos de deuda. Esto implica que nos dirigimos hacia una combinación de la estanflación del tipo de los ’70 y de la crisis de deuda de 2008, es decir “una crisis de deuda estanflacionaria”.

Lo peor aún no llegó, pero el 3 de julio el Washington Post informó que la inflación y los altos precios de combustibles y alimentos han triplicado la lista de espera en los refugios donde es posible pasar la noche.

El informe fue acompañado con la fotografía de una familia alojada en su auto.

Un concepto distinto de casa rodante.

Foto Washington Post.

En la Argentina, la inflación de junio creció hasta el 5,3% mensual, con una variación interanual del 64%.

Para este mes se teme que ronde el 7%, con una inquietante aproximación al 100% anual.

Por segundo mes consecutivo, alimentos y bebidas no alcohólicas estuvieron por debajo del índice general, con un 4,6%.

En los rubros con mayores incrementos, el Estado tiene instrumentos de intervención que no se utilizaron a fondo: las prepagas y los medicamentos requieren autorización oficial; el precio de los servicios domiciliarios lo decide el Estado (y de ahí la dura batalla de Mr. MaGoo con los Federicos); en combustibles, YPF tiene capacidad de regulación del mercado; y el resto es beneficiado por programas con costo fiscal como el Previaje o el Ahora 12, que permitirían exigir contraprestaciones.

El IPC al que Mr.MaGoo se anticipó.

Todos repiten que el salario debe ganarle a la inflación, pero el truco de los magos no está en las palabras que pronuncian.

A los 19,5 puntos que el salario de los trabajadores privados registrados perdió durante el macrismo, se suma una caída adicional de 4,4 puntos desde que terminó esa plaga.

Y el cuadro es peor entre los precarizados y aquellos que trabajan en el Estado.

Los voceros formales y oficiosos del gobierno destacan que, a diferencia de Europa, aquí la economía crece, y exhiben el 10,3% del año pasado.

Sin embargo, el crecimiento interanual se ha detenido y respecto del mes pasado en muchos rubros marchado en sentido contrario, de modo que no sería sabio ignorar el vaticinio de Roubini.

¿Alguien se animaría a descartar que ahora se obtenga el perdón del Fondo, pero que el acuerdo se dé por caído al mismo tiempo que comienza la campaña electoral de 2023, que según Georgieva podría ser un año aún peor que este?

Salvo el revalúo inmobiliario, los anuncios de Batakis fueron guiños a los mercados.

El clivaje entre el valor venal de un inmueble y su valuación fiscal (sobre la que se paga el tributo) es un antiquísimo problema estructural.

En pocos lados supera el 30% del precio de mercado, de modo que hay un buen margen para incrementar la recaudación, por la doble vía del impuesto inmobiliario, que es provincial, y a los bienes personales, que es federal.

Como la nueva valuación recién regiría el año próximo, la mejora de los ingresos fiscales no sería inmediata, pero el fastidio de los contribuyentes, de la ya hostil clase media, y el de algunos gobernadores que necesitan de esos votos, sí.

Planes sin plan

Algunos movimientos sociales llegaron la semana pasada a la Plaza de Mayo, exigiendo la sanción del denominado Salario Básico Universal, y dentro de un mes exacto, el 17 de agosto, marcharán la CGT y la CTA en protesta por la inflación.

José Luis Lingeri, Andrés Rodríguez y Gerardo Martínez (para muchos la conducción real de la CGT) se lo anticiparon a Cristina cuando la visitaron en el Senado.

También se cuidaron de informarle al Presidente Alberto Fernández que no sería en contra de su gobierno.

El primero en anunciarla fue Pablo Moyano, pero con otro discurso, porque acusó a Batakis de continuadora de Mr. MaGoo, lo cual parece prematuro.

Hugo Yasky notificó que la CTA llegará a la marcha del 17 de agosto «con movilizaciones en todo el país, para que se convierta en el inicio de la recuperación de la calle de los sectores populares.

Esperamos la convocatoria de la ministra de Economía pero no de brazos cruzados, mientras quienes quieren a un gobierno de ricos para los ricos están convirtiendo en un calvario el día a día a la gente».

El debate sobre los planes se desencadenó a partir del discurso de Cristina en Avellaneda.

Los 200.000 con que terminó su presidencia se han septuplicado, con consecuencias sociales difíciles de manejar.

La universalidad de la AUH, hasta los 18 años, y de la jubilación, a partir de los 60/65, explican por qué Cristina conserva un núcleo duro de adhesión superior al de cualquier otra figura política.

Pero universalizar la cobertura entre ambos extremos plantea problemas más complejos que su financiamiento.

Por ejemplo, una madre con tres hijos cobra casi 40.000 pesos mensuales.

Si en la familia hay además dos planes Potenciar, el ingreso se equipara con el salario de un trabajador metalúrgico.

El Estado no tiene forma de saberlo, porque la bancarización de las transferencias es individual.

Sólo la ANSES podría reconstruir la historia del grupo familiar.

En Vaca Muerta los trabajadores de la construcción no quieren ser registrados, para seguir cobrando los planes como si no tuvieran empleo.

Un día antes de la movilización en reclamo por el salario básico universal, el Presidente recibió a un grupo de dirigentes de organizaciones sociales.

El motivo fue interesarse por la denuncia de los allanamientos a merenderos y comedores de distintas organizaciones en Jujuy, como respuesta de Gerardo Morales a la visita presidencial a Milagro Sala.

También estuvo el diputado del FdT y directivo de la CCC, Juan Alderete, cuya organización recibió varios allanamientos en el Gran Buenos Aires, en los que se secuestraron 50.000 dólares y 7 millones de pesos.

Como canta Violeta Parra, «¿qué dirá el Santo Padre, que vive en Roma, que le están degollando ya sus palomas..?»

Cuando la reunión concluía, Alberto Fernández hizo una referencia laudatoria a la denominada “Economía Popular”.

El coordinador del Frente Milagro Sala por la Dignidad y el Trabajo, Alejandro Coco Garfagnini, le dijo que no estaba de acuerdo.

Que existía una sola economía, a la que debían integrarse todos los trabajadores, y le recordó una propuesta que él mismo le había formulado hace dos años: un plan para la construcción de un millón de viviendas, organizando a los trabajadores en cooperativas, como hizo Néstor Kirchner al comenzar su gobierno, y organizaciones como la Túpac Amaru.

- Ferraresi está haciendo un muy buen trabajo -, repuso Fernández.

- Pero tiene poco presupuesto y trabaja con empresas constructoras, no con cooperativas -, dijo Garfagnini.

El Presidente dijo que lo analizaría con Ferraresi.

Ni salario ni universal

La desinformación mediática instaló que lo que llama “el kirchnerismo duro” presiona al Presidente por el Salario Básico Universal, y que Cristina encomendó a Juliana Di Tullio que elaborara un proyecto.

Nada más alejado de la realidad.

El esquema de salario básico universal fue presentado por el ex presidente de la Federación Universitaria (FUA), Itaí Hagman, un economista que integra la pequeña Patria Grande, el grupo del mediático docente universitario Juan Grabois, por el que llegó a la Cámara de Diputados.

Confundir esa estudiantina con el kirchnerismo no es ingenuo.

Di Tullio está manteniendo reuniones con distintas personas y organizaciones para elaborar un proyecto alternativo.

“Salario no, porque eso presupone un empleo.

Universal tampoco, porque sería una dilapidación de recursos, que se pagarían a quienes no lo necesitan”, dijo Di Tullio ante una consulta para esta nota.

Lo que se procura es definir un ingreso complementario, para las familias de cuatro miembros que no perciban ingresos equivalentes a 44.500 pesos mensuales.

Ese es el valor de la Canasta Básica Alimentaria, que define la línea de indigencia.

El 19 de diciembre de 2020, Grabois anunció en Infoemba que estaba contemplando una candidatura presidencial.

“Lo estoy pensando cada vez más. Si me quejo tanto capaz que…”, dijo en una entrevista con el periodista cambiante Ricardo Carpena.

Una candidatura ahí.

Ahora La Política Online sostiene que “sueña con ser el Boric argentino”, como “emergente de un nuevo frente de izquierda”.

Por lo pronto, en la marcha que compartió con el Polo Obrero, comenzó a practicar el saludo con el puño cerrado, tal como lo hacía Eduardo Belliboni.

Ya sea Boric o Zelig, soñar no cuesta nada.

UN ZANJÓN EN PARQUE SAAVEDRA, de Joatan Baldiviezo y María Eva Koutsovitis - 3/7/2022

Otro ejemplo de marketing urbanístico del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta

El lunes pasado comenzó la audiencia pública para tratar el proyecto presentado como “Regeneración del Arroyo Medrano”

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) nos tiene acostumbrados a la magnificación de sus intervenciones urbanas, a las que denomina con nombres exagerados para dar apariencia de avances estructurales en la prestación de los servicios públicos o de verdadera preocupación por las emergencias existentes en territorio porteño.

En esta dirección, en los últimos años hemos conocido - por ejemplo - al Metrobus, que no es una nueva modalidad de transporte, sino simplemente una medida de tránsito que consiste en un carril exclusivo para colectivos, cuyas paradas nos salen muy caras.

Los actuales paradores que se están construyendo para la Etapa II del Metrobus del Bajo le costarán a la ciudadanía porteña alrededor de 100 millones de pesos cada uno.

También aparecieron los “Parques Lineales”.

El más conocido es el que se pretende construir en la avenida Honorio Pueyrredón.

La Justicia determinó que no era un parque, sino una calle de convivencia y que, además, se estaba construyendo violando varias leyes.

Actualmente la obra se encuentra judicialmente suspendida, con dos sentencias en contra.

Esta semana comenzó, con irregularidades, la audiencia pública convocada por la Comuna 6.

Respecto a la “calle compartida” de avenida Del Libertador, el GCBA terminó reconociendo en una causa judicial que sólo es una ciclovía más.

A las “calles verdes”, el GCBA las categoriza como “Corredores Biológicos”.

En el caso de la “calle verde” de la calle Castro, en la Comuna 5, son tres cuadras donde sólo se expande la vereda con algunas zonas de agregado de césped.

Tenemos “Parques Públicos” que no son espacios verdes públicos, sino terrazas verdes que no cumplen con la función ambiental de permitir la filtración del agua de lluvia directamente hacia las napas.

Así, el GCBA le llama parque al techo del Centro de Exposiciones y Convenciones construido al lado de la Facultad de Derecho.

Recientemente, también bautizaron como “Parque en altura Gigena” al techo de un nuevo shopping que se construirá en medio del Parque Tres de Febrero.

Ni regenerado ni arroyo

La Ciudad de Buenos Aires se encuentra en emergencia ambiental y climática.

Es una de las ciudades del mundo con menos superficie verde pública por habitante.

Enfrenta dos amenazas de origen natural: las inundaciones y las olas de calor, y tan solo en las últimas tres décadas, la temperatura máxima anual aumentó casi 1 centígrado.

En este marco, el GCBA está impulsando el proyecto denominado “Regeneración del Arroyo Medrano en el Parque Saavedra”.

Ese nombre hace pensar que el GCBA ha decidido sanear y descontaminar las aguas del Arroyo Medrano y desentubarlo.

Nada más alejado de eso, porque lo que propone el proyecto no tiene nada que ver con esas obras.

Por el contrario, consiste en ejecutar un zanjón que atravesará al Parque Saavedra con pendiente nula y que será alimentado con agua de la napa y no del Arroyo Medrano.

Es decir, tampoco será un arroyo porque el agua estará estancada y no fluirá (como en un arroyo).

El agua no circulará de manera permanente, sólo tendrá un sistema de desborde cuando se supere un determinado tirante líquido.

Tampoco se regenerará el agua de las napas que ingrese al zanjón, que contiene aceites, fenol, arsénico, coliformes totales, escherichia coli, plomo y cobre, entre otras sustancias contaminantes.

Por este motivo, el propio estudio de impacto ambiental del proyecto establece que las aguas del zanjón sólo podrán contemplarse sin ninguna posibilidad de tomar contacto.

En conclusión, el proyecto de “Regeneración del Arroyo Medrano” será un zanjón, cuyas aguas no circularán, y que no se vinculará hidráulicamente al arroyo entubado.

Además, presentará elevados niveles de contaminación.

La distancia entre lo que el GCBA vende del proyecto y lo que realmente será, es abismal.

Tampoco este proyecto constituye la implementación de una solución de drenaje sostenible (SUDS) basada en la naturaleza para mitigar las inundaciones, como recalcan constantemente los funcionarios del gobierno.

Pasaron casi 10 años de la tragedia del 2 de abril del 2013, cuando en la ciudad fallecieron 8 personas por las inundaciones.

Sin embargo, al día de hoy, no se cuenta con un Plan de Contingencia discutido y consensuado con la ciudadanía.

Este proyecto será financiado con préstamos internacionales que no son necesarios para elaborar un Plan de Contingencia y democratizar los sistemas de alerta mediante los cuales el conjunto de la ciudadanía pueda tener acceso a información vital.

Son políticas que las asambleas de inundados reclaman que sean implementadas por el GCBA.

El GCBA no cuenta con ninguna política integral clara en materia de Reducción del Riesgo de Inundaciones: en los últimos años ha modificado la normativa urbanística para permitir la sobre - explotación constructiva en zonas inundables, la cementación de los pulmones de manzana para ser transformados en estacionamientos de autos subterráneos, la pérdida equivalente a 75 Plazas de Mayo de superficies verdes públicas (sólo en la última década), la privatización y cementación de la Costanera y sus humedales, etc.

El lunes pasado comenzó la audiencia pública para tratar este proyecto.

Como a estas alturas es insostenible continuar presentándolo como de “Regeneración del Arroyo Medrano”, los funcionarios cambiaron la estrategia y resaltan que el proyecto consiste en construir un nuevo reservorio en la cuenca del Medrano, enmarcado en la Gestión del Riesgo de Inundaciones.

Partiendo de la necesidad de que se construyan reservorios en la cuenca, el estudio de impacto ambiental no realiza ningún análisis de alternativas para construir dichos reservorios y la prioridad de construcción de los mismos.

Los reservorios tienen una mayor eficacia si se construyen en la cuenca alta y no en la baja, como en este caso.

Las instancias de participación para decidir el lugar de los nuevos reservorios también fueron nulas.

En la audiencia, uno de los principales reclamos de los habitantes del barrio es la modificación de la pendiente de un gran sector del parque que impedirá la continuación de los actuales usos sociales.

Estamos en presencia de un proyecto que va mutando con la única justificación de la pretensión del jefe de gobierno de querer mostrar gestión al resto del país a través de renders, con motivo de su carrera presidencial.

Este estudio tampoco incorpora la documentación técnica mínima para poder realizar una evaluación certera: no incorpora memoria técnica, parámetros de diseño, descripción del modelo hidrológico e hidráulico, condiciones de calibración, condiciones de borde, etc.

Abordar la problemática de las inundaciones en Saavedra debería contemplar: democratizar el funcionamiento del Comité de Cuenca del Arroyo Medrano, recuperar superficies absorbentes, incorporar sistemas distribuidos de retención de aguas de lluvias en edificaciones, ampliar la capacidad de retención de los reservorios del Parque Sarmiento, comenzar inmediatamente con la remediación sanitaria y ambiental de las aguas de las napas y del entubado del arroyo Medrano, analizar alternativas para que el Parque Saavedra se inunde antes que las viviendas, por ejemplo.

Hace 15 años que la ciudad aprobó su Plan Hidráulico y hace 13 años su Plan Urbano Ambiental.

Ambos deberían ser actualizados con participación de la ciudadanía.

Un último dato relevante.

El Parque Saavedra está bajo la jurisdicción de la Comuna 13.

Su Junta Comunal, integrada por siete comuneros/ as, en su mayoría oficialistas, votó rechazar este proyecto.

El Poder Ejecutivo avanza como si este rechazo fatal para el proyecto no hubiera sucedido.

El cambio de paradigma a la hora de abordar la problemática de las inundaciones urbanas tiene que ver con terminar con el autoritarismo de la técnica y de los intereses electorales, para poner en valor la democracia participativa ambiental.