El problema quedará para quien venga después, ya que para 2020 sólo restará un aporte del FMI por 6.000 millones y no hay la menor certeza de que para entonces los mercados voluntarios reabran sus puertas a la Argentina.
Con el acuerdo anunciado por su Madame, el Fondo cumple con la obligación central de su rol realmente existente, que es proteger los intereses de los grandes inversores institucionales, tal como hizo en 2001 con el megacanje, el blindaje y los pagarés garantizados con la recaudación impositiva, que dieron tiempo y billetes para el eufemístico vuelo a la calidad, es decir la fuga del espacio nacional.
En cambio, el Estado Nacional incumple con su principal obligación, que es proteger la producción, el empleo, la salud, la educación, la cultura de los argentinos.
Macri al Fondo, Cristina al Poder
Como escribió antes de la firma de la enmienda el analista Kenneth Rapoza en la revista de negocios Forbes, “Macri puede ganarse el corazón y la mente de quienes trabajan para el FMI y tal vez de algunos pocos inversores que busquen garantías de corto plazo de que les pagarán, pero no del argentino promedio. Si la economía claudica, la Argentina enfrentará un fuerte giro a la izquierda.
Los tenedores de bonos están preocupados, como lo indica la caída del precio del bono a un siglo y el creciente riesgo de default, medido por los swaps contra el default”.
Como ninguna de las fracciones peronistas tiene simpatía por el FMI, dice, “no les preocuparán los tenedores de bonos en Nueva York, si tienen que elegir entre pagarles a ellos, a los empleados públicos o mantener las luces encendidas para la clase trabajadora”.
Uno de los gráficos que acompañan la nota se titula: “Tiempo de salir de la Argentina”.
En otro artículo, publicado el viernes 28, luego de una visita a Buenos Aires, Rapoza citó a Fernando Pertini, propietario de Millenia Investment Advisors. “Es difícil ser optimista en la Argentina en este momento. La nueva zona de no intervención del Banco Central es una invitación a los inversores más audaces a apostar en contra. Crecen las posibilidades de que Cristina vuelva al poder”.
Otro empresario, que maneja un fondo de inversión y tiene vínculos con el gobierno, describió tres escenarios posibles:
- Macri sigue el mismo camino y termina como De la Rúa, con quien también simpatizaban los inversores internacionales.
- Trata de encarcelar a Cristina por el caso de los cuadernos, en cuyo caso habría una catarata de protestas por lo que muchos ven como una persecución política.
- Un probable ataque especulativo contra la nueva banda, lleva el dólar a más de 50, lo cual derivaría en una completa dolarización.
El artículo se titula “Si el FMI fracasa, gana Cristina Kirchner”, pero en el párrafo final ni siquiera habla del fracaso del Fondo. Bastaría con que “no fuera un éxito rotundo” para que Cristina entrara a la Casa Rosada en enero de 2020.
El escándalo de los cuadernos
La hipótesis de la detención de Cristina o de su proscripción electoral formó parte de la columna de Marcelo Bonelli en Clarín el viernes 21. El columnista escribió que la Casa Rosada trabaja en un proyecto de ley para “encapsular el escándalo de los cuadernos” e identificó a los encargados: el Procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis; el ministro de transporte Guillermo Dietrich y el asesor presidencial Fabián Rodríguez Simón.
Sostuvo que el cuarteto trabaja en la idea de que los involucrados pierdan sus derechos, a continuar al frente de sus compañías los empresarios, a postularse para cargos públicos los políticos. Pero agregó que Jaime Durán Barba y Marcos Peña Braun se oponen a cualquier restricción electoral a Cristina, porque piensan que su candidatura dividiría al peronismo.
Rodríguez Simón fue abogado de Clarín e incluso en 2013 publicó un opúsculo defendiendo la posición del multimedios en el debate por la aplicación de la ley audiovisual, como elemento de presión sobre la Corte Suprema. Sin embargo, no estuvo contento con la publicación de Bonelli. Una de sus principales aliadas dentro de Cambiemos, la cívica libertadora Elisa Carrió, insiste cada vez que puede que la ex Presidente debe ir presa. En noviembre de 2016, Carrió y Rodríguez Simón grabaron un video casero en Uruguay, dedicado irónicamente a Daniel Angelici, Ricardo Lorenzetti y los hermanos Alfredo y Ariel Lijo, “que lo miran por TV”.
Reproductor de video
Rodríguez Simón y Angelici son dos operadores judiciales de Macrì y la competencia entre ellos es abierta, sin excluir la promoción de causas penales recíprocas, por interpósitas personas.
Rodríguez Simón ideó la designación en comisión, por decreto presidencial, como jueces de la Corte Suprema de su íntimo amigo Carlos Fernando Rosenkrantz (de toda la vida, como hermanos, dice) y de Horacio Rosatti. Ahora volcó todas sus influencias para conseguir que a partir del lunes 1°, Rosenkrantz ocupe el lugar de Lorenzetti en la presidencia de la Corte Suprema.
Esto implica lidiar con las estructuras y las alianzas que el ex Presidente tejió durante sus 11 años en el cargo. Entre ellas, el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (Dicom).
El Poder Ejecutivo dispuso por decreto llevar la pinchadura de los teléfonos de la Procuración General, en tiempos de Alejandra Gils Carbó, a la Corte Suprema. La Corte designó como director al camarista federal Martín Irurzun, uno de los hombres de mayor confianza de Lorenzetti. La información dijo que había sido por sorteo, pero La Nación y Perfil tenían el nombre del titular desde antes del presunto ejercicio del azar, cuya realización no consta en el expediente del traspaso. Irurzun tiene otra función decisiva, como integrante de la sala de la Cámara Federal que actúa como alzada del doctor Glock en la causa del escaneo de los cuadernos. Bonadío procesó a Cristina en ese expediente, pero supeditó a la confirmación del procesamiento por la Cámara, la solicitud de desafuero al Senado, que le permitiría detenerla. Irurzun, además es el autor de una doctrina que quedará para su estudio en las facultades de derecho como ejemplo del extravío de la Justicia en estos tiempos. Según esa doctrina, ex funcionarios como Amado Boudou tendrían un “poder residual” (no sujeto a prueba en cada caso) que les permitiría obstaculizar la investigación si permanecieran en libertad, cosa que no se aplica a los arrepentidos.
La última semana, la Cámara dispuso la libertad del empresario Sergio Taselli, porque recién en 2016 se mudó al edificio en que la fotocopia de los cuadernos le atribuye haber entregado bolsos con dinero en 2013. Lo mismo había ocurrido con el empresario Jorge Rodríguez.
Esto pone en cuestión todo el andamiaje montado por los sargentos Centeno y Bacigalupo, el periodista Diego Cabot, el fiscal Stornelli y el juez Glock y ratifica que el juicio oral será para alquilar balcones.
Sólo Irurzun y Rodríguez Simón podrían contar cuál de estos temas formó parte de la animada conversación que sostuvieron durante la última semana, en el bar Biblos, de Libertad y Santa Fe. Rodríguez Simón admitió ante uno de los líderes del Frente para la Victoria que fue su compañero de estudios, que está trabajando para que los procesamientos de los constructores no frenen las obras por el régimen de Participación Público Privada, pero se ocupó de desmentir que albergara intenciones proscriptivas.
En esta historia sobran las paradojas.
Uno de los compromisos asumidos con el Fondo es la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, que desde la reelección de Cristina debe promover, “en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. En cambio, intentará regresar a la finalidad establecida durante el gobierno de Carlos Menem y Domingo Cavallo: “Preservar el valor de la moneda”. Es decir, aquello que Macrì no supo hacer en tres años de gobierno.
La probabilidad de que esta reforma sea aprobada por el Congreso es baja. Una cosa es que el gobierno sea indiferente al desarrollo y la equidad, otra que lo consigne en las leyes. En teoría, de este modo el Banco Central volvería a ser independiente, un mito del que el prohombre del endeudamiento previo a Cambiemos, Daniel Marx, aconsejó olvidarse en situaciones apuradas como la actual.
La independencia es sólo un escudo contra el populismo.
El proyecto de ley de presupuesto que el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne defendió en la Cámara de Diputados el 20 de septiembre contempla para 2019 un valor promedio del dólar de 40,10 pesos, que al concluir la gestión de Macrì llegaría a 42. Pero 42 es el número del cierre del viernes 28. El acuerdo firmado en Washington apenas cinco días después del anuncio de Dujovne prevé una banda de flotación de 34 hasta 44 pesos, con ajustes mensuales de 3%, lo que daría 48 pesos a diciembre, no de 2019 sino de 2018.
Para complicar más aún las cosas, el nuevo presidente del Banco Central, Guido Sandleris, designado a sugerencia del FMI, dijo a un grupo de sorprendidos banqueros que el gobierno no tenía ningún compromiso de impedir que el dólar pasara la raya de los 44.
No sólo no tiene compromiso, también carece de los instrumentos para hacerlo si se lo propusiera, ya que el Fondo sólo lo autorizó a vender 150 millones de dólares de las reservas por día, una suma irrisoria frente a los grandes operadores del mercado. Sus predecesores apostaron de a 500 millones por día, que no les bastaron para frenar las corridas. Tanto el inverosímil límite inferior de 34 pesos como la autorización de los 150 millones es pura cosmética para disimular que el FMI pretende que el precio lo fijen la oferta y la demanda, cualesquiera sean las consecuencias sobre la economía real, es decir los seres humanos.
La tasa del 3% mensual por la que se ajustará la banda superior (la inferior es un chiste que ni hace reír) da 42 y monedas anual, es decir la inflación reconocida por el gobierno para 2018, indicio contundente de que no hay perspectivas de un nuevo atraso cambiario como el que se corrigió a los empujones a partir de abril.
Los últimos datos del INDEC, que por contraste con la vandalización previa puede manipular las cifras sin graves consecuencias, miden a qué distancia está el gobierno de su meta publicitaria de Pobreza Cero.
¿Qué haría pensar que cumplirá con las de Déficit Cero o Emisión Monetaria Cero?
Y el propio Macrì admitió que lo peor está por venir, que esos porcentajes seguirán creciendo en lo que falta del año y los comienzos del próximo.
En la era de la información es imposible eludir el cotejo de las jactancias de hoy con los resultados de mañana. Macrì ya sabe que dentro de quince meses, la pobreza y la indigencia serán más elevadas que cuando el Presidente Pinedo le entregó el bastón que simboliza su autoridad.
Esa es la unidad de medida por la que pidió ser juzgado al dejar el gobierno.
En estos días tuvo un anticipo sonoro de ese veredicto cuando, de regreso de Nueva York, abordó un helicóptero oficial para buscar a su hija en el colegio. Algo similar le ocurrió a María Eugenia Vidal durante una visita a Quilmes, un distrito gobernado por PRO, del que huyó en su auto sin responder la interpelación de los vecinos.
La sustentabilidad financiera es dudosa pese al respaldo del Fondo, cuyo timbre es el único que el gobierno puede apretar sin encontrarse con indiferencia u hostilidad.
Con la sustentabilidad social no hay dudas.
Paros y piquetes, la alegría de Macri.
El repudio se ha generalizado, la comida pasó a ser el problema principal para cada vez más gente y la movilización en las calles es constante.
El gobierno se consuela proyectando al conjunto de la sociedad la evaluación de su núcleo duro: cuanto más paros y piquetes hagan, mejor para Macri porque la gente está harta, como escribió Luis En qué te han convertido Majul.
Para alegría de ambos, habrá muchas buenas noticias de ese tipo de aquí a fin de año: actos por el 8 y el 17 de octubre, fechas sagradas de la peronidad; concentraciones feministas; una procesión multisectorial a Luján en cuya organización trabajan Julián Domínguez, el más discreto de los operadores papales, y el Frente Sindical por el Movimiento Nacional que integran las dos CTA; sindicatos afiliados a la CGT (de la Corriente Federal), grandes gremios como SMATA, ATE, CTERA y Camioneros, los movimientos sociales y de la economía popular y numerosas agrupaciones políticas; una concentración frente al Congreso cuando la Cámara de Diputados discuta el presupuesto, acaso un nuevo paro general, más todo lo que un diciembre caliente pueda traer.
Cambia el personal gubernativo, pero se mantiene la misma chapucería. En diciembre de 2017 el presupuesto que contemplaba para este año una inflación del 10% se votó el 27 de diciembre bien entrada la noche; el 28 por la mañana, el jefe de gabinete anunció en conferencia de prensa (el Día de los Inocentes, nada menos) que esa estimación crecía hasta el 15%, es decir tres veces menos de lo que hoy prevé el mismo gobierno.
Al asumir, la propaganda oficial difundió una foto de Macrì y la vicepresidente Gabriela Michetti con los jefes de bloques y los ministros de lo que Macrì llamaba el mejor equipo en 50 años.
De los 24 retratados sonrientes, 14 se perdieron entre la vegetación, sólo quedan 10.
El dólar no se quedará quieto, y es una fantasía que para reducir la inflación bastará con el control de los agregados monetarios (una teoría ortodoxa que ha caído en desuso en el mundo).
El fenómeno que llegó para quedarse es la estanflación, que combina la caída del producto con el incremento de precios, lo peor de cada mundo. Y la clave, como el primer día, es que la Argentina no genera dólares genuinos con sus exportaciones, ni siquiera con la fortísima devaluación, y la opción de obtenerlos por vía del endeudamiento está agotada.
Mientras todos los rubros presupuestados disminuyen (salvo la asistencia urgente a la base de la pirámide social en riesgo de inanición) el pago de intereses de la deuda crece casi 50%, supera el gasto combinado de salud y educación, mientras el total de la deuda pública ya ronda el 90% del Producto Interno Bruto. Sobre los recortes en las Universidades y las Fuerzas Armadas podés leer en esta edición los trabajos de Jorge Aliaga y Sergio Eissa.
La primera vez que comparé el pago de intereses con la inversión en salud y educación, el sitio oficialista Chequeado, dirigido por la pareja del intendente macrista de Pilar, Nicolás Ducoté, dijo que era verdadero pero que lo mismo había ocurrido en cuatro de los doce años del ciclo kirchnerista.
La diferencia, que omitió, fue que aquellos gobiernos pagaron deuda contraída por las administraciones neoliberales previas y dejaron la relación deuda/ producto más baja de la historia argentina, mientras el actual aprovechó esa situación privilegiada para endeudar el país en magnitudes escalofriantes, que recibirá quien lo suceda.
Los ingresos de ese sitio provienen de grandes bancos (Galicia, Hipotecario, HSBC y Supervielle), empresas transnacionales (Coca Cola, Barrick, Chandon, Danone, DirecTV, Google, Gas Natural, LATAM, Metrogas, Pan American Energy, Nidera, Petrobras, Quilmes, Shell, Syngenta), el mayor ingenio del país (Ledesma) y los grupos económicos encuadernados Techint, Mindlin y Roggio.
DDHH vs FMI
Este avance sobre derechos sociales para economizar monedas que se destinan al pago de deudas gigantescas, fue el tema sobre el que debió responder el jueves y el viernes el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, ante el Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).
El diálogo se produjo durante la evaluación que realiza el Comité sobre el cumplimiento de la Argentina con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene rango constitucional.
El CELS, en conjunto con 55 organizaciones, había enviado al Comité seis informes temáticos que dan cuenta del deterioro de las condiciones sociales y laborales y su impacto en los derechos.
El Comité señaló que las decisiones de política económica y financiera no pueden desconocer las obligaciones internacionales del Estado en materia de protección de esos derechos. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional debería haber tenido en cuenta esos compromisos y, en ningún caso, las medidas que se deriven de ese pacto pueden implicar el recorte de políticas que garantizan derechos sociales.
Los miembros del Comité se refirieron específicamente a los recortes en los programas de seguridad social - como la baja de las pensiones por discapacidad - el desempleo - en particular el de las mujeres jóvenes -, la degradación del Ministerio de Trabajo y la persecución a la actividad sindical. También llamaron la atención sobre la represión de las protestas y los desalojos violentos.
En materia de salud, consideraron una oportunidad perdida que el Senado mantuviera la clandestinidad del aborto y preguntaron al Estado por la barreras formales e informales para acceder a los abortos no punibles desde 1921, la objeción de conciencia y el acceso a medicinas esenciales. También se expresaron preocupados por la falta de aplicación de la Ley de Salud Mental y de alternativas a la manicomialización.
En materia económica, el Comité especificó que, además de los programas de protección social dirigidos a la población más vulnerable, el Estado debe garantizar los derechos de la población de ingresos medios.
También mencionó con inquietud la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, luego de la modificación por decreto de la ley audiovisual.
El Estado respondió sin precisiones, con frases hechas como “en este gobierno pensamos en positivo” e intentó justificar el ajuste y el acuerdo con el FMI como la manera “más barata de corregir el déficit”.
Las observaciones finales del Comité se publicarán en las primeras semanas de octubre.
Una estrella fugaz que deja estela.
El paso de Luis Caputo por el Banco Central fue fugaz, pero sus consecuencias no se extinguirán por mucho tiempo. Durante esos tres meses la economía argentina padeció en la montaña rusa de la timba financiera, con vertiginosas caídas y penosos ascensos, sólo para volver a precipitarse. El país perdió 15.000 millones de dólares de sus reservas, que fueron utilizados para la formación de activos en el exterior, y la tasa de interés trepó hasta un impresionante 60%, aniquilador del crédito para la producción.
Sin embargo, el peso se devaluó casi 70%.
La simultaneidad de los tres fenómenos es la prueba de la mala praxis.
Ante una corrida es posible apelar a la tasa de interés para que la disponibilidad de pesos no alimente la pira cambiaria, o a las reservas, para poner en caja a los operadores privados (como hizo Domingo Cavallo en las vísperas del plan de convertibilidad o Néstor Kirchner después del alzamiento de la Sociedad Rural de 2008). Caputo hizo las dos cosas y no logró el objetivo. Lo mismo le había ocurrido a su antecesor Federico Sturzenegger.
Desde el punto de vista de la responsabilidad (que puede tener una dimensión penal, porque en el ínterin acrecentó su fortuna personal, entrando y saliendo en el momento indicado del subibaja dólar/tasa), Caputo puede decir que el Fondo Monetario Internacional le ató las manos porque no le permitió utilizar todas las reservas que quería para domar la divisa. Pero él fue quien recomendó al presidente Maurizio Macrì recurrir al FMI, luego de que sus contactos en las mesas de dinero de Nueva York le hicieran saber en el remoto mes de febrero de este año que los mercados voluntarios de crédito se habían cerrado para la Argentina de Cambiemos, porque no estaba asegurado el repago de la deuda demencial que el gobierno tomó desde diciembre de 2015.
También pesan en su cuenta los 103 segundos en Facebook en los que Macrì anunció que había acordado con el FMI la ampliación del acuerdo de stand-by, lo que motivó una respuesta furibunda de la Madame del Fondo, quien puntualizó que la negociación aún no había comenzado y que luego de la recomendación del equipo técnico aún faltaría su consideración por el directorio.
Y como no hay dos sin tres, de Caputo fue también la idea de anticipar que el FMI agregaría otros 20.000 millones de dólares a los 50.000 iniciales (de los cuales sólo adelantó 15.000, porque en este toma y daca el prestamista se comporta como un secuestrador).
Ante ese anuncio el dólar volvió a rondar los 38 pesos.
Pero cuando el anuncio oficial consignó que apenas se agregarían 7.100 millones a la suma teórica inicial, saltó hasta los 42.
Es lo que la flamante incorporación como asesor del gobierno, Guillermo Calvo, denomina minicorridas, que deterioran la credibilidad del Banco Central. La aún no anunciada presencia de Calvo en el gobierno, apenas dos semanas después de comentar con interés la propuesta del asesor económico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Larry Kudlow, de dolarizar la economía argenta, es un indicio a tener en cuenta sobre las dudas que el propio gobierno alberga sobre las medidas anunciadas en Washington y en Buenos Aires. Dudas comprensibles, porque la sucesión de pronósticos fallidos es descorazonadora, por más que en público el Presidente reitere sus consignas de autoayuda, con un optimismo bobalicón que cada vez más se le vuelve en contra.
Más allá del rol de cada funcionario, asoma la responsabilidad del Presidente que los designó y los sostuvo mientras pudo. Es difícil encontrar perfiles más opuestos que los del académico Sturzenegger y el especulador en mesas de dinero Caputo.
Esta disparidad es otro indicador de las inconsistencias del equipo oficial. Luego del costoso interregno Caputo, es el turno de otro académico al frente del Banco Central, Guido Sandleris, quien llega con los sellos de calidad del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, de quien era asesor, y del FMI, ante el que fue uno de los negociadores argentinos.
Esto implica reacomodamientos internos, que no parecen haber terminado. Las placas tectónicas se pusieron en movimiento el primer fin de semana de septiembre, cuando la acción coordinada de María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta estuvo a punto de arrojar a la nada a Dujovne, en cuyo reemplazo anotaban a Carlos Melconián. El triste final de Caputo y el fortalecimiento de Dujovne es el primer remezón, pero es difícil creer que sea el último, porque el gobierno es un magma ardiente que dista de enfriarse. Peña Braun, que en diciembre maniató a Sturzenegger al modificar las pautas recién anunciadas, ahora debe convivir con Dujovne.
El joven maravilla del macrismo ha debido curtirse.
La realidad se lleva mal con sus anuncios, y la reducción drástica del gabinete sucedió pocos días después de que asegurara que no había ningún fracaso económico ni se analizaba un cambio en el elenco ministerial.
La sombra bonaerense.
De hecho, la ofensiva de Vidal y Rodríguez Larreta no sólo expresó la preocupación de ambos por la situación económica, ya que desde el territorio perciben sus tremendos efectos, sino también la impresión cada día más firme de que Macri no tiene futuro electoral y que la única chance de eludir el agotamiento del proyecto común reside en el lanzamiento de la candidatura de la gobernadora bonaerense a la presidencia.
El problema de esa combinación es que no tendrían un buen candidato en la provincia, un handicap decisivo.
Salvo que ella quedara allí y el alcalde porteño fuera por el premio mayor, algo más difícil, dado que no es muy conocido fuera de la Capital.
Esto a su vez resuena dentro del gobierno, donde Emilio Monzó y el nieto de Rogelio Frigerio postulan el acercamiento con sectores del Peornismo racional, que podrían acompañar la movida bonaerense.
Si Macri dejara el cargo antes de tiempo, Monzó podría ocuparlo por su lugar en la línea de sucesión presidencial, de modo de organizar las próximas elecciones y robustecer el acercamiento con el opoficialismo peronista.
En público, todos siguen repitiendo que no hay otro candidato que Macri, quien no tuvo empacho en anunciar su postulación en inglés desde Nueva York, donde impetró piedad al sistema financiero global.
Frigerio llegó a decir sin enrojecer que el Presidente era un piloto de tormentas y, junto con Monzó, trata de colectar los votos para que el Presupuesto 2019 sea aprobado por el Congreso.
Hace unas semanas, creían estar holgados. Ahora piensan que tienen los votos muy justos y están dispuestos a reescribir varios artículos, siempre que no pongan en peligro el acuerdo con el FMI, lo cual es improbable, dado que tanto la oposición política como el board del Fondo, se juegan los respectivos futuros en algo que se parece a un juego de suma cero, donde lo que uno gana el otro lo pierde.
Macri intenta simular que todo está muy bien, dice que no piensa abandonar y realiza actividades de campaña, como la visita a la pizzería de dos empleados de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que fingen sorpresa. Cuando los neopizzeros recibieron críticas en las redes sociales, Macri escribió que la solución es que la sociedad aísle a esas personas envilecidas, una terminología que la ex embajadora en Londres, Alicia Castro, identificó como parte de la biblia del nazismo, el libro Mi Lucha, de Hitler.
Con una foto, de Miguel Pichetto, Sergio Massa, Juan Schiareti y Juan Urtubey, el PAK se presentó en sociedad del jueves 27, con un mensaje directo: ni Macri, que es un fracaso, ni Cristina, que es el pasado.
Decirlo es fácil. Lo que queda por verse es cómo los afecta la discusión legislativa del presupuesto. Si cumplen sus compromisos con el gobierno, sus chances electorales se reducen. Las relaciones entre ellos tampoco son las mejores, como lo indica el video en el que Urtubey califica a Massa.
Especialista en defaults.
Con Guido Sandleris regresa el radicalismo al Banco Central.
El nuevo gerente general que lleva consigo, Nicolás Gadano, era uno de los hombres de mayor confianza de Federico Sturzenegger, quien lo protegió pese a la inquina personal de Macri, originada durante su gestión en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuando Gadano se opuso a refinanciar deudas de empresas de la familia presidencial.
La filiación keynesiana de Sandleris no le servirá de mucho en una gestión que comienza bajo el signo de la ortodoxia monetaria más estricta.
Guido Sandleris, en su primera conferencia de prensa.
Formado en la cátedra de Roberto Frenkel, Sandleris fue jefe de asesores de la Secretaría de Finanzas del ministerio de Economía durante la gestión de José Luis Machinea, al comenzar el gobierno de la Primera Alianza, que culminó dos años después con el mayor default soberano de la historia. Pasó en forma fugaz por el gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal, hasta que recaló junto a su amigo Dujovne en Hacienda. En la Academia, Sandleris se especializó en el estudio de los defaults soberanos.
“¿Por qué tanto afán por evitar el default? ¿Cuáles son sus costos para un gobierno soberano?”, se preguntó en uno de esos papers, titulado “Los costos de los defaults soberanos”.
La curiosidad de Sandleris no se dirigió a las razones por las que los gobiernos incurren en default, sino todo lo contrario: ¿Por qué les repagan a los acreedores externos, si los gobiernos nacionales no quiebran y los acreedores no tienen derecho a embargar activos como una Embajada o las reservas del Banco Central?
En busca de la respuesta repasó las principales hipótesis de la literatura académica:
- exclusión de los mercados de crédito
- peores condiciones de acceso al mercado en el futuro
- sanciones comerciales o de otro tipo
- expectativas adversas acerca del tipo de gobierno o la situación económica
- incapacidad de discriminar (los mismos bonos tienen tenedores domésticos y extranjeros), con lo cual “un default afecta a agentes domésticos que sí entran en función de bienestar del gobierno.
La evidencia empírica que Sandleris revisó acerca de cada hipótesis, indicó que los gobiernos que defaultean vuelven a acceder a los mercados de crédito internacionales apenas cuatro años después; en cerca de 400 eventos de default soberanos de las últimas décadas, no hubo un solo caso de represalias comerciales y si el volumen del comercio internacional después del default decayó, esto le parece atribuible a las expectativas adversas sobre el gobierno. Aunque tampoco encontró estudios empíricos que analicen sistemáticamente los costos de defaults asociados con la incapacidad de discriminar entre tenedores domésticos y externos, escribió que “la evidencia anecdótica (Argentina 2001 por ejemplo) indica que estos parecen ser altos. Esto sucede especialmente cuando los tenedores domésticos de los bonos públicos son bancos, ya que, en ese caso, un default soberano puede desencadenar una crisis bancaria”.
A propósito, cuando se reveló que Dujovne tenía el grueso de su patrimonio en el exterior (cosa que también ocurre con la mitad de los activos de Sandleris), el ministro explicó que el 80% estaba “invertido en activos argentinos, como bonos de la Nación, de provincias y de empresas”. Claramente esta no fue una preocupación del anterior gobierno durante las tensas negociaciones posteriores al default de 2001.
Pero Sandleris también afirma que “los costos de un default soberano en más de una ocasión han hecho caer gobiernos”, razón por la cual “no es infrecuente observar que los gobiernos hacen default demasiado tarde”, lo cual lo vuelve “mucho más costoso”.
El análisis de costos y beneficios para la sociedad puede llevar a que sea conveniente el default. Sin embargo, el gobierno sabe que en tal caso deberá abandonar el poder. “Si mantenerse en el poder es un componente importante de su función objetiva, el gobierno intentará postergar el default apostando a la llegada de un shock positivo que lo salve (betting for resurrection, apostando por la resurrección) aún cuando sea conveniente no postergarlo para la sociedad. Al postergar el default y ante dificultades para renovar la deuda que va venciendo, el gobierno presionará a agentes domésticos (bancos) para que compren deuda pública. Finalmente, cuando el shock positivo no ocurre el costo de hacer default se ha vuelto mucho mayor, pero el default ya es inevitable”.
Es recomendable tener a mano estas definiciones y cotejarlas con los hechos que se sucederán de ahora en más.
Es recomendable tener a mano estas definiciones y cotejarlas con los hechos que se sucederán de ahora en más.
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