El marco general en que se dio la bancarrota de Vicentin
Kazimir Malévich, campesinos
En estos pocos meses, desde el default del grupo Vicentin, mucho se ha
escrito sobre el tamaño de su deuda, los vínculos con el gobierno de Cambiemos
(específicamente, el alineamiento de Sergio Nardelli al macrismo y su relación
con el ex Presidente Mauricio Macri) y sobre la irresponsable exposición
crediticia del Banco Nación en la gestión de Javier González Fraga, violando normas
de concentración de riesgo y comprometiendo su capacidad prestable para asistir
a un amigo de la política y financista electoral.
Hasta aquí, pareciera solo un caso aislado de sobre endeudamiento -
acompañado de serias sospechas de fuga - y posterior default, explicado por
decisiones y prácticas de personas concretas que, por un lado, comprometieron
los recursos del Estado y, por otro, dejaron un tendal de deudas a miles de
productores.
Pero lo que falta desarrollar es el marco o el escenario que permitió que
esto ocurriese: cómo funciona la operatoria del comercio de granos y
qué rol tuvo la administración financiera de los activos agrícolas en tiempos
macristas.
Por otro lado, se habla mucho de los acreedores damnificados pero, ¿a
nadie se le ocurrió preguntar cómo (y dónde) están las y los trabajadores de
Vicentin?
“Romper el mercado de granos”
Según el PRO, el objetivo del Estado con la intervención de la empresa
es romper el mercado de granos.
Todos conocen hasta el cansancio el razonamiento cliché: la aseveración
sugiere que el mercado es de perfecto funcionamiento y cualquier intervención
pareciera distorsiva, que viene a “romper”.
La realidad es más bien la contraria: funciona tan opacamente que
cualquier “testigo” (por caso, una empresa de mayoría accionaria estatal)
podría develarlo con sólo tener la posibilidad de echar una mirada.
Más que en la apropiación del valor de la empresa (que tiene patrimonio neto negativo), más que en el real “control” que el Estado pueda tener de las variables clave del agronegocio (que sería interesante pero limitado: no es un nuevo IAPI), lo que de verdad asusta a los dueños de Vicentin y a todos los accionistas sentados en la mesa chica del ecosistema agroexportador es el potencial descubrimiento de las maniobras verdaderamente creativas que se ponen en práctica para evadir al fisco y aumentar rentabilidad.
La operatoria del comercio de granos se da en un mercado agrícola que, lejos de la competencia perfecta y transparencia, está concentrado y tiene una intermediación opaca.
Si bien la oferta está atomizada en cientos de miles de productores, la
demanda se encuentra concentrada en menos de 10 compradores, con
oligopolización y extranjerización creciente en las últimas décadas.
Los datos a 2018 del ranking exportador del complejo cerealero - oleaginoso muestran que Vicentin está en el sexto lugar, con el 9% de las ventas al exterior.
En el primer puesto está Cargill (13%), seguido por COFCO (ex NIDERA) con
13%, Dreyfus (10%), Bunge (10%) y AGD (9%).
Si se observa sólo el subsegmento de aceites y subproductos, al año 2019,
en el procesamiento de soja y girasol Vicentin fue el primero con
7.425.533 toneladas exportadas, superando a AGD, Bunge, Cargill, Dreyfus y COFCO,
y concentrando el 20,3% de este mercado de exportación de aceite, en el cual el
98% se circunscribe a las primeras 10.
La integración vertical de los exportadores, desde la década de los ’90 hasta acá, fue generando una creciente pérdida relativa del poder de negociación de los productores en todas las etapas de la comercialización, quedando sólo al amparo - aunque parcial - del aglutinamiento que ofrecen las cooperativas, frecuentemente desplazadas, de la mano de una gran desaparición de acopiadores pequeños y medianos.
Particularmente el diferencial de poder de mercado en el agro se manifiesta
en el acaparamiento de las cosechas que hacen grandes exportadores de manera
directa, salteando la fase del acopio.
Cargill es exponente de este modelo: penetra con acopios propios en los
pueblos.
En muchos casos, los fabricantes y distribuidores de los insumos son las mismas empresas exportadoras, que le facilitan al productor el “paquete tecnológico” de semillas y de agroquímicos, lo que deja al productor comprometido a vender la cosecha a estas empresas.
Esta es una manera de captación de renta central, donde las grandes
empresas exportadoras aparecen en el circuito comercial mediante la provisión
de insumos y esto les permite tener asegurado su mercado.
Pero, además, la liquidación de la cosecha se caracteriza por otra variable muy poco mencionada: la creciente dependencia de los productores de la administración financiera que se realiza sobre el retorno de la(s) cosecha(s) mientras “esperan” la liquidación, una lógica especulativa que creció con las altas tasas del modelo de valorización financiera del macrismo, y una lógica particularmente riesgosa por la inestabilidad macroeconómica que esas tasas siderales contenían.
Se ha expandido cada vez más el hecho de que el productor pacte un precio con el corredor de granos de manera anticipada a la exportación, con precio a fijar hasta un cierto lapso, porque es la forma de ahorrar en acopios o silobolsas, que cuestan más caros para la espera.
Una vez que se fija precio al productor, ya hay una liquidación emitida que
la empresa exportadora se compromete a pagar al corredor - que se queda con una
comisión - y al productor, a cambio del activo (la soja).
En los últimos años se puso de moda particularmente en la zona de Rosario, aunque con expansión en la zona núcleo, lo que llaman el “correacopio”.
Es una modalidad que prendió en muchos productores porque combina la
fijación del precio de la soja con instrumentos financieros que en tiempos
macristas ofrecían tasas jugosas.
La diferencia con el corredor normal es que el correacopio toma posiciones en el mercado, compra y vende mercadería, y el corredor tradicional sólo acerca a las partes (al productor con la exportación).
Ambos conviven y los segundos se despegan de los primeros.
Es común que los productores pongan 2 ó 3 cosechas adentro de este sistema
de administración de precio vía corredores, lo que compromete - en muchos casos
- la totalidad de su capital de trabajo.
“Un productor puede vender 100 toneladas de soja al correacopio con un contrato forward (es decir a fijar precio a futuro). Esta empresa se la vende al exportador a U$S 250 la tonelada y cobra por eso. Pero al no tener la urgencia de pagarle al chacarero, invierte ese monto en el mercado financiero, en varios instrumentos”, resume el diario rosarino La Capital.
Y continúa:
“Para los agentes más tradicionales, esa modalidad de negocios que
muchos califican de diversificada e innovadora, es ‘una estrategia mentirosa’,
al punto tal que la comparan con un "esquema Ponzi", un sistema
piramidal que está prohibido por la legislación económica en otros lugares del
mundo”.
Los casos de las corredoras granarias y bursátiles que quebraron por crisis financieras, Guardati Torti y BLD, convulsionaron muy fuertemente a toda la región.
Esta práctica es típica en la operatoria de Vicentin y a una escala
significativamente mayor, ofreciendo un plus a la tonelada de soja para atraer
productores, basado en el negocio financiero de la administración de la
plata de los productores.
Precisamente, en el caso de Vicentin, el 90% de la captación de cosecha es a través de corredores (a la inversa que Cargill), que quedaron hoy doblemente colgados: con la deuda de sus comisiones y con la plata de los activos de sus productores.
El productor que opera con Vicentin vía corredores había elegido la entrega
de la cosecha anticipada para “despejar” su campo para otra siembra y
para ahorrarse los costos de silobolsa.
Por estos días ya no lo eligen más.
¿Qué hizo Vicentin?
Vendió la soja en su poder sin pagar siquiera lo emitido, es decir, la soja
con precio ya fijado.
Vendían el activo, lo cobraban, pero no lo pagaban.
Más aún: Vicentin salía a captar productores para ganarle a sus
competidores, Cargill y Dreyfus, endulzando la fijación de precio del grano con
estos commodities financieros.
Otra maniobra para obtener más rendimientos con la plata de los productores es la postergación de la carga en los puertos, sobrecargando los cupos, lo que permite a las grandes exportadoras quedarse por más tiempo con el dinero de los productores en un contexto de altas tasas.
En 2018 hubo quejas de estas maniobras denunciadas por el Centro de
Corredores de Cereales de Rosario, la Sociedad Gremial de Acopiadores y la
mismísima Sociedad Rural de Rosario.
En este marco, la devaluación del dólar el 12 de agosto a $ 60 (que generó una brecha con la venta del activo a $ 40 que se realizó antes) y el reperfilamiento de deuda en pesos de Hernán Lacunza, fueron el combo explosivo para complicar el repago a los productores.
Se combinó dramáticamente un modelo de negocios típico de la etapa
económica - apalancado en tasa elevada vía instrumentos financieros rendidores
como Letes y Lecaps, que luego fueron reperfilados - con un desmanejo
empresarial de Vicentin, que estafó a miles de productores.
A la ya existente asimetría de poder en el agro, donde los productores tienen menos poder relativo de negociación tanto en la esfera de la producción como de la comercialización, se suma la reaparición de la valorización financiera que introdujo la obtención de una renta financiera como un elemento común en la transacción de los activos agrícolas.
Vicentin hizo de este tipo de funcionamiento su bandera.
“La soja no está más y la plata tampoco”, resume un muy conocido corredor de granos rosarino.
La fuerte sospecha de fuga pareciera ser la única explicación
racional a este resultado, y para nada descabellada en este caso, considerando
que la empresa Vicentin ya aparecía en el año 2001 en el puesto 36 en
el listado de fuga de capitales, con demanda para atesoramiento por U$S
131.118.755.
Después del “stress financiero” del 5 de diciembre, Vicentín dejó de pagar a todos sus acreedores, pero guardó dinero para algo importante: abonar en tiempo y forma a los transportistas que contrató para realizar durante varias noches hasta el 10 de diciembre la carga de cereales en el puerto de San Lorenzo que aún restaba embarcar.
Corredores de cereales tradicionales, estafados por Vicentin, relatan que
muy llamativamente la empresa se había puesto exigente con los plazos de
entrega de mercadería luego de las elecciones de octubre de 2019: pedía que no
haya demoras.
“Entregué cosechas enteras de trigo a Vicentin hasta el mismo 4 de
diciembre. Hasta hoy nunca lo cobré”, se indigna un corredor rosarino.
Por otro lado, el respaldo con el que contó Vicentin de parte de una de las principales instituciones financieras de la región es absolutamente relevante para que nunca se encendieran las alarmas sobre esta situación.
Se trata del ex titular de la Bolsa de Comercio de Rosario, Alberto Padoán
(2015-2019), accionista individual de Vicentin, cuyos hijos son además
integrantes del directorio de la empresa.
Soja paraguaya
En 2016 el macrismo eliminó las trabas para la importación temporaria de
soja a través de la Resolución de AFIP 3868, régimen que Echegaray había
prohibido en 2009.
Una de las investigaciones en marcha reside en indagar qué ocurre con los
precios de transferencia de la soja que proviene de Paraguay, vía importación
temporal.
La hipótesis es que la soja proveniente de Vicentin Paraguay está documentada a valores más altos de manera intencionada, porque su valor se descuenta en la reexportación del subproducto.
Es que al ser importada temporalmente para su reexportación, no está
gravada con derechos de exportación (que solamente se aplican en la destinación
definitiva para consumo).
También permite reducir la base imponible sobre la que se aplica el
Impuesto a las Ganancias por el descuento de los insumos de aceites y harinas.
A través de la triangulación, Vicentin neutralizaría la base imponible.
Al respecto, la UIF ha denunciado que “resulta llamativo el hecho de que Vicentin SAIC haya asumido semejante volumen de deuda mientras que las grandes operaciones de exportación, el grupo las canalizara mediante las firmas Renova S.A. o Vicentin Paraguay S.A.”.
Y agrega:
“En el caso de Vicentin Paraguay S.A., la firma - según fuentes
periodísticas - manejaría el 15% de la exportación sojera de Paraguay
beneficiándose de las exenciones impositivas que allí existen pero no tendría
allí ni activos ni fábricas, y casi no tendría oficinas.
A su vez, siendo la Argentina el principal comprador de soja paraguaya, esa
producción ingresaría (o reingresaría) al país para ser procesada en molinos
argentinos.
Aquí es donde toma intervención la firma Renova S.A. - que resulta ser la
principal productora de biodiesel del país, pero también una gran productora de
harinas y aceites de soja - en la cual el grupo Vicentin se encuentra asociado
con la firma Glencore.
Renova siguiendo aquellas investigaciones periodísticas, habría remitido al
exterior parte de sus dividendos, dejando a Vicentin SAIC con las pérdidas y
fugando las ganancias”.
En el gráfico se observa el gran aumento de la importación de soja de Paraguay por parte de Vicentin SAIC, a partir de 2016 y hasta 2019.
Los datos previos de 2008 y 2009 vislumbran que la práctica de la
importación temporal era previa y había sido interrumpida por la resolución de
AFIP, que abrió un periodo de nula importación (2010-2015).
La tendencia de las importaciones totales de soja es la misma y la
protagonizan el mismo puñado de firmas aceiteras con molienda local: AGD,
Bunge, Cargill, LDC, Nidera, Oleaginosa Moreno y Vicentin.
La restitución de la figura de importación temporal no es una decisión
aislada del macrismo, sino que se enmarca en una serie de desregulaciones del
mercado de granos que ocurrieron al compás de la desregulación del Mercado
Único y Libre de Cambios.
En diciembre de 2015 se canceló el uso de los ROE (Registro de Operaciones de Exportación) como barrera a las exportaciones de productos agrícolas, el llamado “cepo a los embarques de granos”, en una resolución firmada conjuntamente por Alfonso Prat Gay, Francisco Cabrera y Ricardo Buryaile.
En diciembre de 2015 se canceló el uso de los ROE (Registro de Operaciones de Exportación) como barrera a las exportaciones de productos agrícolas, el llamado “cepo a los embarques de granos”, en una resolución firmada conjuntamente por Alfonso Prat Gay, Francisco Cabrera y Ricardo Buryaile.
Con esta normativa, los precios internos del maíz y el trigo se acomodaron
a los internacionales.
Y dio la posibilidad a muchos exportadores, mediante la “DJVE - 45”
de prorrogar la tributación por 45 días.
De tal manera los mismos subieron generando inflación en el precio de
alimentos como panificados, harinas y aceites.
En la misma fecha se publicó el ya conocido Decreto 1343/16 de reducción progresiva de las retenciones.
En 2016 se promulgó el decreto 820 que modificó la Ley 26.737, y desde ese año flexibilizó la venta de tierras rurales con el objetivo de «favorecer la inversión extranjera”.
Cambió la legislación al considerar como titular extranjero a quien posea
más del 51% del capital social de una persona jurídica (antes era a partir del
25%).
En 2017 se sancionó el Decreto 893/2017 que eliminó la obligación de liquidar en el mercado de cambios las divisas provenientes de exportaciones de bienes, servicios y materias primas.
La disposición eliminó el artículo 1° del decreto 2581/64, por el que “el
contravalor en divisas de la exportación de productos nacionales debe
ingresarse al país y negociarse en el mercado único de cambio dentro de los
plazos establecidos”.
Ese mismo año, el Decreto 444 estableció un nuevo sistema de cuota Hilton.
El Gobierno le puso fin a la anterior Unidad de Coordinación y Evaluación
de Subsidios al Consumo Interno (Ucesci) que controlaba el comercio exterior y
distribuía subsidios.
El organismo tomaba parte también del reparto de la cuota Hilton. Esto dio
pie al aumento en el precio interno de la carne.
En 2017 se eliminó la Secretaria de Agricultura Familiar del entonces Ministerio de Agroindustria, lo que fue un golpe a los agricultores familiares junto con la eliminación del RENATEA y la reimplantación del RENATRE anterior.
En 2018 se redujo el rango de Ministerio a Secretaria.
¿Y las y los trabajadores de Vicentin?
El viernes 29 de noviembre del 2019, en el salón del colegio Santa Rosa de
la localidad de San Lorenzo en Santa Fe, se celebró la fiesta de fin de año de
Vicentin, con todo su personal y trabajadores/as invitados.
Durante los festejos, Vicentin proyectó un video donde mostraba su
fenomenal crecimiento en poco tiempo.
“Parecíamos los campeones del mundo”, resume un delegado
aceitero que estuvo en el evento.
Exactamente 6 días después, en un comunicado dirigido a sus clientes, la
empresa reconoció que inició “un proceso de reestructuración de pagos a
partir de una situación de stress financiero”.
Los trabajadores de Vicentin en las localidades de San Lorenzo y Ricardone - que ascienden a más de 1.000 bajo relación directa y otros 2.000 son tercerizados y contratados temporalmente - cuentan a través de sus delegados que la noticia fue doblemente chocante (“nos fuimos a la B”), porque “si estaba planificado, lo disimularon muy bien”.
San Lorenzo está muy lejos del foco de conflicto al que apuntan las cámaras de televisión, en la localidad de Avellaneda al norte provincial.
Las y los trabajadores de Vicentin están a 475 kilómetros de la sede
administrativa de la empresa, en las 3 plantas ubicadas en las localidades de
San Lorenzo y Ricardone, bajo la egida del Sindicato Aceitero de San Lorenzo
que conduce Pablo Reguera.
La coordinación sindical en esta parte de la provincia, que es el cordón industrial que va desde Puerto General San Martin en dirección sur hasta Rosario, es altísima: papeleros, químicos, petroquímicos, municipales de Festram, trabajadores/as de peaje y -algunos años atrás - metalúrgicos de Villa, supieron conformar núcleos duros de resistencia a los despidos y a las bajas salariales durante el macrismo.
Parte de estas alianzas se recrean hoy en el MOS (Movimiento Sindical Rosarino) y en la Corriente Federal de los Trabajadores de Rosario.
Hay base firme ahí, en el territorio específicamente fabril donde opera
Vicentin, para apoyar una eventual expropiación.
Hoy las plantas de la empresa están paralizadas y los que garantizan que los
activos se preserven son los propios trabajadores.
La planta más grande que se ubica cerca de Ricardone, muele girasol y soja y está parada desde septiembre de 2019.
Se trataba de la típica parada de mantenimiento (que tiene toda industria
de proceso continuo, como la aceitera o la siderúrgica) para recibir luego la
semilla de girasol.
Pero nunca más volvió a arrancar.
Las otras dos plantas están en San Lorenzo, contra el río Paraná, y continuaron trabajando hasta el “stress financiero” cuando también se frenaron.
Una de ellas volvió a entrar en actividad hace poco, trabajando a
façon (moliendo para terceros), pero con débil actividad.
A pesar de haber sido invitados a una fiesta fastuosa, las y los
trabajadores de Vicentin no cobraron la gratificación de fin de año.
Cada día 15 del mes se preguntan si habrá cobro salarial, los llevaron a
sucesivas reuniones “pantalla” que sostienen los gerentes de Recursos
Humanos de la empresa ante los delegados para “patear el conflicto”, y
vieron cómo mes a mes fue mermando la cantidad de tercerizados y contratistas.
La inactividad actual de la empresa afecta a todo el entramado productivo: a los trabajadores, a los productores (en su acreencia y en la propia disponibilidad de recursos para seguir produciendo), a los corredores tradicionales damnificados, a los accionistas pequeños y al Estado Nacional por su enorme deuda con tres bancos públicos.
Vicentin alega haber vendido una parte de Renova para la cancelación de
deudas, pero eso no ocurrió.
La concreción de una expropiación estatal no sólo sería una decisión estratégica en un sector poco transparente y concentrado y con un modelo de negocios financiarizado: sería la única solución para evitar la pérdida de activos, sostener puestos de trabajo y repagar deudas.
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