La relación de la casta empresaria con los genocidas en Zona Norte
Dálmine-Siderca (hoy Tenaris) cedía su hotel en Campana para los represores que perpetraban el aniquilamiento.
Imagen tomada de “Responsabilidad Empresarial”, de Jonathan Perel.
Durante el imperio de las picanas y el despliegue orgiástico de todos los modos inimaginables de hacer sufrir, alrededor de las mesas más o menos ovales de la oficinas de Inteligencia de ese infierno a cielo abierto que fue Campo de Mayo se sentaban los sujetos de Inteligencia que craneaban el holocausto (durante la dictadura la inteligencia del Ejército era, por reglamento, la responsable primaria del exterminio), silla de por medio con representantes de la Iglesia pero sobre todo con los empresarios de la Zona Norte, donde asoló la zona de Defensa 4.Los dueños de las empresas cuyo trabajadores estaban siendo destrozados en las mazmorras ardientes a pasitos de donde departían tomando café con los asesinos.
Vale la pena detenerse, leerlo despacio, porque fue brutalmente perturbador escuchar a Bernardo Caballero - uno de los 20 acusados por los crímenes horrendos en el centro clandestino El Campito - referirse en el debate a esa concurrencia habitué de los dueños de la fabricas de la región (1).
Iban a Campo de Mayo a “maquinar” con los exterminadores.
Lo reafirmó ante cada repregunta.
No cabe la polisemia.
De ese modo sellaron y avalaron el pacto de sangre.
Dicho sea no tan de paso, esos empresarios permanecen aún impunes.
El movimiento obrero en aquellos días exigía sus derechos constitucionales: el cumplimiento de los convenios colectivos. Luchaba por condiciones laborales que no los llevaran al hambre y a la enfermedad o la muerte, porque eran inhumanas.
En los Astilleros Astarsa, debido a esas condiciones, murió José María Alessio.
Los obreros navales formaron una Comisión Obrera de Higiene y Seguridad bajo la consigna “Queremos un astillero, no un matadero”.
En Mercedes Benz los obreros se enfermaban de saturnismo, tenían plomo en sangre; se intoxicaban con la comida en mal estado que les daba la empresa que refugió a Adolf Eichmann; debían trabajar bajo temperaturas superiores a los 40 grados y los alemanes se negaban a poner extractores.
Varios de esos trabajadores lo contaron en el juicio.
En la autopartista Del Carlo, “las condiciones de explotación eran muy duras, la gente sufría mucho, los empresarios imponían un extenuante ritmo de producción”, dijo Oscar Bonato.
Pero para la angurria de esos empresarios los reclamos eran un estorbo. La respuesta fue la tortura y la desaparición.
Héctor Ratto recordó que el 16 de febrero de 1976 hubo un lockout patronal que fue determinante para “darle luz verde” al golpe.
Desde la hora 0 de la usurpación del poder, los camiones del Ejército entraban a las fábricas y los llenaban de trabajadores para llevarlos a las mazmorras.
Eran arrancados de sus puestos de trabajo bajo la mirada atenta de los capataces y en muchos casos bajo la guía de esos jerarcas de las empresas, que armaban y entregaban a los exterminadores listas con nombres, domicilios y otras informaciones que se complementaban con las que iban almacenando - oh casualidad - los enclaves de la Inteligencia: la DIPBA, el Batallón 601, por nombrar sólo a dos.
La Inteligencia almacenaba la información que las empresas les facilitaban para producir los secuestros.
Ejemplos:
Laboratorios Squibb. Legajo DIPBA a la vista de los jueces.
Se lee: “Aparte de lo expresado que hacen llegar las autoridades de la firma Squibb a esta dirección, figura un anexo que dice…”
Y lo que dice son los nombres y demás datos de trabajadores que secuestraron y asesinaron.
Mercedes Benz.
La DIPBA tenía fotos de legajos laborales que solo la empresa pudo habilitar, y a su vez la empresa sabía que en la casa de un obrero secuestraron “libros marxistas”.
Intercambio de información que muestra el contubernio.
Ramón Ayala, ex trabajador allí, contó a los jueces que los militares subían a las oficinas de personal y bajaban con listas confeccionadas por los patrones.
Del Carlo.
Los ex trabajadores Oscar Bonato y Nilda Delgado fueron rotundos: “La empresa mandaba a secuestrar.
Entró el Ejército con camiones y militares armados y se llevaron a Mastedolfo y Apaza mientras los porteros de la fábrica les franqueaban la entrada”.
Cuando se llevaron al Negrito Avellaneda buscaban al “trabajador de Tensa”, su papá.
Más testimonios abrumadores.
El gerente de producción de Mercedes Benz entregó los datos de Diego Núñez mientras se llevaban secuestrado a Héctor Ratto.
En Dálmine Siderca (hoy Tenaris) el Ejército deambulaba a sus anchas por la fábrica interrogando y secuestrando obreros.
Había sujetos de Inteligencia a sueldo de la empresa “marcando” trabajadores que molestaban a los patrones.
En otro documento de la ex DIPBA se solicita la identificación de activistas sospechosos de promover medidas de fuerza u otro tipo de agitación sindical en la empresa.
Por su parte Dálmine cedía su hotel en Campana para que los militares se instalaran cómodos a perpetrar el aniquilamiento.
Y habilitaba recursos para reformar calabozos en la Comisaría, según declaró Julio Botchner.
Los genocidas a disposición de esos empresarios. Y estos devolviendo favores.
Y la justicia, sin investigar.
El que no se amansaba era tirado de un avión.
Los que sobrevivían debían ceder porque otra amenaza era perder el laburo.
Así hicieron desaparecer de esta patria que supo enorgullecerse con el ascenso social y la dignidad de les trabajadores, todo un andamiaje de derechos que propiciaba un país un poquito menos injusto.
No es déjà vu
Ni la mesa oval, ni el encuentro confabulador entre empresarios y sujetos de Inteligencia.
Ni los pactos.
Ni la impunidad con la que se siguen moviendo hoy a puertas abiertas, a plena luz del día y con total desparpajo.
Ni los objetivos: domesticar a la clase obrera, terminar con los gremios que la defienden.
Recordemos: el 67 % de las personas masacradas y desaparecidas eran trabajadores.
En aquellos días algunos de esos patrones decían que la Argentina era inviable porque los obreros eran demasiados holgazanes y onerosos, exigían salarios excesivos y condiciones de trabajo exorbitantes, hacían mucha huelga.
Porque para la gula de esos patrones el problema siempre eran los trabajadores y los derechos de los que gozaban al menos desde el ‘45.
Ellos buscaban aumentar la productividad pero sobre todo sus ganancias, para apropiárselas sin distribuir más que mendrugos. Querían más guita, como siempre, como ahora, y para eso había que destruir ese andamiaje jurídico de protección y garantías laborales, sociales.
Antes como ahora.
Por eso no estamos teniendo un déjà vu cuando escuchamos a un ex ministro de Trabajo provincial queriendo terminar con los sindicatos, y a la casta empresarial exigiendo a gritos reformas laborales.
Encarnan un modelo de sociedad/ país que persiste en idénticos propósitos: transferir la mayor cantidad de recursos de la sociedad a unos pocos (ellos) y que la mayoría del pueblo se ajuste y pague sus fiestas.
Aumento de productividad en aquellos días significaba trabajar más horas por el mismo salario.
Más horas los motores encendidos, sin importar que dentro de esas máquinas quedaran atrapados los dedos de algún trabajador agotado.
Aumento de productividad era no gastar un peso en garantizar la salubridad e higiene, y la seguridad laboral.
La mayoría de los testigos de la megacausa mencionada, ex trabajadores de esas empresas, fueron lapidarios explicándoles a los jueces qué pasaba dentro de las fábricas en los ‘70.
Es imposible en esta breve opinión relevar la contundencia de todas las declaraciones, pero los juicios son públicos y es fundamental escuchar esos testimonios que permiten entender nuestra historia de devastación, y quiénes fueron todos sus responsables.
Allí se ilumina la opacidad de cierto relato y queda en evidencia la participación de la casta empresarial en ese destrozo.
Es un buen ejercicio ciudadano para evitar tantas recurrencias tóxicas.
La última dictadura llenó a la patria de muerte, pero también de desocupados, recesión, inflación.
Desnacionalizó la economía, tomó deuda ilegítima, dio rienda suelta a la especulación financiera.
Recordar eso nos autoriza a sostener que la recidiva macrista no fue un déjà vu.
Son los factores de poder de ayer y los de hoy, empresas más, empresas menos.
Las fábricas para el Ejército
Las Fuerzas Armadas fueron tallando a puño de picana una matriz económica a pedido de empresarios que querían ganancias fabulosas a cualquier costo, aunque fuera la pauperización o la salud de los productores de esas riquezas: sus trabajadores.
Una de las directivas de exterminio del Ejército, la 504/ 77, señala que las fábricas eran un ámbito clave para la lucha antisubversiva.
Y analizan el rol de la “fuerza empresarial amiga” (eso eran los empresarios para los asesinos en masa) como participante activa en el proceso de lucha activa contra los trabajadores.
Esto es textual de la directiva.
A partir del golpe, las empresas desconocieron las conquistas logradas en los años previos gracias a la lucha gremial, colectiva. Ese impulso los siguió y los sigue animando cada vez que intentan forzar la quita de derechos laborales.
Siguen pensando que son los trabajadores los que le cuestan al país, y no quienes se apropian de la renta nacional para fugarla o hipotecar el futuro del pueblo con una deuda que se fuman en pipa.
Hambre y muerte.
Destrucción del aparato productivo y anclaje de larvas que aún nos carcomen.
Hace 46 años la sangre de los torturados y asesinados alimentó arcas y privilegios de esa casta empresarial que andaba codo a codo con los dictadores visitando los alrededores de los centros clandestinos.
Durante el imperio de la recidiva neoliberal macrista circularon orondos por reuniones oficiales donde se soñaba con la policía secreta estatal alemana, pieza vital del genocidio nazi.
Y así como durante el último genocidio no tuvieron empacho en avalar y propiciar la metodología del flagelo, tampoco ahora se los vio golpeando la mesa, indignados ante la añoranza de una Gestapo y la proposición de inventar denuncias.
Esta vez la domesticación deseada no usó la electricidad.
Intentó armar causas buscando el escarnio social mediante comunicadores adictos y encarcelamientos de cuestionable legitimidad.
Una vez más - ayer como hoy - miembros de la casta empresarial vuelven a hacer su aporte esencial.
El affaire Gestapo macrista es el botoncito de muestra.
Y es apenas un registro del accionar de uno de los convidados a esa entente, integrada al parecer por funcionarios del Ejecutivo, miembros de la Justicia, y - obviamente - operadores del aparato de inteligencia estatal.
Eterno retorno de los modos de perseguir e intentar eliminar.
(*) Gabriela Sosti es auxiliar fiscal en los juicios de lesa humanidad.
(1) Causa 3005 y acumuladas, en trámite ante el Tribunal Oral Criminal 1 de San Martín.
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