lunes, 25 de marzo de 2024

SIGUEN LOS ÉXITOS, de Hracio Verbitzky - 17/3/2024


Diseño, Alejandro Ros. Animación, Silvia Canosa

Las discrepancias entre el gobierno de los Hermanos Milei y la Vicepresidenta Victoria Villarruel acaparan los titulares de medios y redes antisociales.
Por contraste, allí no se encontrarán referencias al duro encontronazo del Presidente gritón y su obsecuente ministro de Economía, Luis Caputo.
La nueva erupción entre Presidente y Vice se desató por la convocatoria de Villarruel a la sesión especial del Senado el jueves 14, aunque no contaba con los votos para impedir que el cuerpo rechazara el DNU 70/23.

El decreto y la ley Ómnibus son los dos pilares normativos sobre los que se asienta la administración libertaria.
Diputados ya había bochado la ley.
El Senado fulminó el decreto: solo 25 senadores lo defendieron contra 42 que se inclinaron por su derogación, y cuatro que pidieron autorización para abstenerse. Las abstenciones también contribuyen al rechazo del instrumento, aunque con más remilgos.
Hace dos semanas, el gobernador de Formosa Gildo Insfrán hizo una apuesta con un compañero: dijo que el decreto de Milei sería repudiado por 42 senadores. Precisión absoluta del viejo comunista revolucionario que hoy preside el Congreso Nacional Justicialista.

El choque Milei-Caputo

Cuatro temas lo explican:

  • La declaración de la calificadora de riesgo Standard & Poor's de "default selectivo" de la deuda en pesos, a raíz de la operación de canje lanzada por Caputo. Luego de la protesta del gobierno, la calificadora repuso la anterior nota argentina, porque el canje se realizó, pero el daño ya estaba hecho.
  • La insustentabilidad del superávit primario.
  • Según la Oficina de Presupuesto del Congreso en febrero volvió el déficit, que se incrementaría a partir de marzo, pese al incumplimiento de las obligaciones de transferencias de fondos a las provincias y los subsidios al transporte, entre otros. Según la OPC, "el resultado financiero fue deficitario (-$186.635 millones), aunque en el acumulado del primer bimestre del año se conservó el superávit ($1.020.296 millones)". Pero Caputo anunció que el superávit se mantuvo en febrero, y Milei lo acusa de haberlo engañado con los números. La suspicacia se agranda por el adelanto en una semana a lo previsto del resultado fiscal, en coincidencia con el voto negativo del Senado sobre el DNU.
  • La aceleración de precios de artículos de primera necesidad, que interrumpirá la línea de descenso de la inflación, de la que se vanaglorió Milei.
No es persuasivo el invento de Caputo de que las promociones 2x1 o x% de descuento en la segunda unidad impiden que el INDEC mida que los precios están bajando.
Esas ofertas ocurren desde hace años y son la regla en todos los países.
Además, se confunde nivel de precios con inflación, que son dos fenómenos distintos.
El anuncio de las facilidades cambiarias y fiscales para la importación de una vasta gama de productos, incluyendo alimentos, contradice los objetivos oficiales de eliminar el déficit y acumular reservas.
Además, su eficacia es dudosa: por un lado, pasará un buen tiempo hasta que los productos aparezcan en las góndolas; por otro, las experiencias de Martínez de Hoz y Cavallo indican que, dada la altísima concentración en la producción y la comercialización, es previsible que los actores principales acuerden mantener los niveles de precios bien altos.
El fenómeno nuevo respecto de las décadas de 1970 y 1990 es la aparición de las marcas propias de los supermercados, que implica alguna competencia con los productores habituales.
Esa es la ley de góndolas realmente existente.

El arribo de una nueva misión del Fondo Monetario (el chileno Rodrigo Valdez y el venezolano Luis Cubbedu, director y subdirector del área a cargo de Subamérica). Ambos se suman al mensaje ya transmitido por Kristalina Georgieva, Gita Gopinath, Janet Yellen y Julie Kosack: no habrá más fondos frescos para la Gran Deudora del Sur, por decirlo con la precisa definición de Domingo Faustino Sarmiento, El Prócer, cuya imagen en la casa de gobierno desplazó a la de Victoria Ocampo.
El FMI ha hecho conocer que le preocupa la reacción social ante la obstinación en enseñarle al burro a trabajar sin comer y la precariedad jurídica de decisiones que no están respaldadas por leyes, y que pueden ser revocadas en cualquier momento.

Milei había confirmado en una entrevista que podría dolarizar si el Fondo le prestara otros 15.000 millones.
Su desapego por la veracidad de lo que afirma (el 17.000% de inflación del que salvó al país, la vigencia de los vouchers educativos que no pasaron de un enunciado, la caída en el precio de los alquileres) cubre sus propias mentiras, pero se ofusca cuando otro lo hace confundir deseos con realidades.
Caputo es un maestro en ese ilusionismo.

Luego de la discusión, Milei estuvo a punto de aplicarle la misma terapia de la patada en el culo que ya experimentaron entre otros Emilio Ocampo, Carlos Rodríguez, Ramiro Marra, Carlos Kikuchi, Carolina Píparo, Guillermo Ferraro, Osvaldo Giordano u Omar Yasin.
El microcentro se cubrió con carteles del sindicato APOPS, que tenía buena información:


Incluso se insiste en que hubo un sondeo con el candidato a reemplazarlo: José Luis Espert, el Milei sin peluca, quien acaba de enmendar su catecismo de Cárcel o Bala para quienes se resistan a las políticas oficiales.
Ahora es Bala o Bala.
Es posible imaginar cómo sería su gestión: acaba de incitar a la evasión fiscal en la provincia de Buenos Aires, y Milei le dio su público respaldo.

Colgarla en la plaza

Abonado habitual de La Nación+, Espert pareció confirmar la ruptura entre Presidente y Vice y le atribuyó a ella una decisión política que reglamentariamente podría haber evitado.
Cuando Luis Bovaresio le preguntó si Villarruel quería desestabilizar al gobierno, contestó que no sabía, y ante una repregunta agregó que le producía dudas.

Suavizador como Mimosín, el ministro de Interior Guilllermo Francos descartó como ridículo que Villarruel conspirara para desestabilizar a Milei.
Sólo se equivocó al convocar a la sesión especial, dijo.
A esta operación de apaciguamiento se sumaron el inefable comentarista del Grupo Clarín en la televisión, Jonatan Goldfarb, quien dedicó su programa del jueves a explicar que el enemigo no es Villarruel sino el kirchnerismo, y el urticante vocero Manuel Adorni, que negó todo.
Fin.

A este empeñoso trío se le hace difícil explicar el comunicado presidencial que aludió con dureza a Villarruel.
Sin nombrarla, fustigó "la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta"; consideró "apresurado el tratamiento" del decreto 70/23.
Y hasta sembró pistas sobre su blanco al confiar en que se trataría de “victorias de corto plazo”.
Y fingen demencia cuando se les menciona la catarata de voceros oficiosos en las redes antisociales que invitaron a colgar a la Vicepresidenta, nada menos.
Los llaman trolls, aunque tienen sede conocida en la Casa Rosada y cuentas plenamente identificadas.
Peor aún, el propio Milei le dio un Me gusta.
También llamó a quienes votaron en contra "traidores a la Patria, delincuentes y casta contra el pueblo", al reproducir una publicación en las redes antisociales de uno de esos apenas disimulados colaboradores.
Ni siquiera se privó de publicar los nombres, las fotos y los teléfonos y correos electrónicos de esos senadores.
Esos avatares virtuales cumplen para el actual Presidente la función que Luis Barrionuevo representaba para Menem y, en algún momento, Hebe Bonafini para Kirchner.
La diferencia es que luego Milei estampa sus dedos de aprobación sobre aquello que quería pero no quería decir.

De todos modos, Milei procura no olvidar a su imaginario enemigo principal, la mítica casta, a la que ahora ha sumado al Grupo Clarín.
Es llamativo, porque tiene allí defensores absolutos, como Goldfarb, quien hasta muestra el teléfono para jactarse de que el Presidente está mirando su programa y le envía mensajes.
Ya lo ha entrevistado varias veces, siempre sin contradecirlo.

Inclaudicable

Más sutil, Villarruel difundió un video en el que califica de "inclaudicable" su "compromiso con la Argentina y con Javier Milei".
Están "espalda con espalda" a pesar de los intentos por dividirlos.
Pero reivindicó la separación de poderes y la independencia del Senado.
Lo remató afirmando que no se convertiría en CFK, porque "no hay gobierno sin institucionalidad".
Es dudoso que esa proclama haya tranquilizado a Milei, porque vaticina más derrotas.
Espert, en cambio, había dicho que lo que se debe hacer es tomar la decisión política y luego buscar el taparrabos jurídico.

Mientras el Senado terminaba el debate sobre el DNU, la policía brava de la Capital, que Patio Bullrich maneja como si fuera propia, reprimía a actores, actrices y público, que protestaban frente al cine Gaumont por el anuncio de su cierre y por el drástico recorte de fondos al Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
La disminución del gasto público de estas medidas empieza con 0, y le siguen varios ceros más antes de encontrar un número positivo.
Es obvio que este ataque al arte y la cultura es un acto simbólico, para marcar el desprecio hacia esas manifestaciones de la creatividad humana.
Algo similar ocurre con las universidades, a las que se ha congelado el presupuesto.
Un ejemplo que circuló en la semana, refiere que la Universidad de Villa María recibió una factura de electricidad de 20 millones de pesos en un mes, cuando su presupuesto anual es de 35.
Quienes manejan ese dato, creen que el estallido social comenzará en las universidades, a la chilena.

La actitud despectiva se sinceró en forma aún más cruel cuando la banquera cordobesa Diana Mondino, inexplicablemente a cargo de las relaciones exteriores, dijo que no tenía sentido contratar seguros para los jubilados que se endeudan con la ANSES, porque es seguro que se van a morir.
Mirtha Legrand, que a los 97 años no ha perdido la chispa ni la elegancia, la ubicó con una sonrisa:
- Yo píenso vivir muchos años más, si Dios quiere.

Mondino y su gobierno obtuvieron otro resonante éxito con la decisión de la empresa china Gezhouba de abandonar las obras de las represas Kirchner y Cepernic en Santa Cruz y despedir a todos los trabajadores.
Esto es consecuencia de la parálisis de las obras públicas, a las que el Estado Nacional no aporta la parte que le corresponde, y de las reiteradas agresiones oficiales a la potencia asiática.
El tonto desaire a los BRICS, las frases ofensivas de Milei contra los comunistas que gobiernan en Beijing, e incluso el coqueteo con representantes en la Argentina de Taiwan.

Para medir el disparate, basta cotejar los 4.700 millones de dólares de inversión de Gezhouba en las represas (ya integró cerca de 2.000), que constituyen la mayor inversión china en el mundo, contra los 300 pan dulces donados para Navidad por la isla de Formosa.
Por los convenios entre ambas naciones, la caída de esta obra podría implicar también el retiro chino del Belgrano Cargas y la exigencia de devolución del dinero usado por la Argentina del swap de monedas, todo lo cual implicaría un reclamo por 30.000 millones de dólares.
También están en juego las ventas de soja y carne argentina a China, que es el segundo socio comercial del país, casi a la par con Brasil, que también padeció la lengua filosa de Milei.

El jueves, mientras el Senado disecaba el DNU, cerca de mil trabajadores de la construcción se manifestaron frente a la Casa de Gobierno en Rio Gallegos y terminaron de definir el voto negativo de Natalia Gadano y José María Carambia, los dos senadores que responden al gobernador y sindicalista petrolero Claudio Vidal.
  • Al día siguiente, el diputado Sergio Acevedo, anunció en un reportaje con Sietecase que también estaba en contra del decreto.
  • El episodio ilustra sobre las consecuencias institucionales de la política económica.
  • Con 33 votos, el kirchnerismo fue la roca sobre la que se apoyaron los radicales
  • Martín Lousteau ("ser despreciable que casi nos llevó a la guerra civil", lo insultó Milei),
  • Pablo Blanco (quien reveló que lo llamó Nicky Caputo, quien a su vez había recibido un mensaje de Milei, para que apoyara el decreto que no afectó la situación impositiva de las maquilas fueguinas), y
  • la chubutense Edith Terenzi,
  • los santacruceños Gadano y Carambia.
  • los federales Carlos Espínola y Jorge Kueider
  • la rionegrina Mónica Silva, ex ministra de Educación de Weretilnek, y
  • la populista neuquina Lucila Crexell.
También son importantes las abstenciones, porque brindan pistas sobre lo que podrá ocurrir en Diputados, donde el kirchnerismo, pese a ser cómoda primera minoría, está a 30 votos de distancia del quórum.

Se abstuvieron:
  • La cordobesista Alejandra Vigo, esposa del ex gobernador Juan Schiaretti. Ya había seguido ese valiente camino cuando se discutió el aborto.
  • El radical Maximiliano Abad.
  • Los renovadores de la Concordia de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
Cuatro gobernadores radicales y los presidentes de sus dos bloques legislativos declararon que desean una Argentina y una UCR modernas, lo cual requiere de acuerdos y consensos para sacar al país del "estancamiento y la decadencia del kirchnerismo".
Si bien Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés, Carlos Sadir y Leandro Zdero no nombraron a Lousteau, es claro que a él le están respondiendo, ya que Milei reiteró que la condición para participar en el Pacto de Mayo es aprobar el DNU y la ley Ómnibus.
Con su usual sofisticación, Bullrich interpretó el voto de Lousteau porque "le tocaron la caja de las universidades".
Dentro de su blableterío de 200 palabras, también acusó a la oposición de negarle los instrumentos para combatir el crimen organizado.
Parece ignorar que la fallida ley Ómnibus no incluía la emergencia en seguridad.
Ahora pretende la sanción de una denominada ley antimafia, calcada de la ley RICO de Estados Unidos.
Es muy parecida a la figura argentina de la Asociación Ilícita, aplicada hace un siglo contra los sindicatos y hace medio contra las organizaciones político - militares.
Son normas de dudosa constitucionalidad concebidas para suplir la precaria inteligencia estatal y condenar sin pruebas.

Hacer bandera

La crisis de seguridad en Rosario excitó la veta exhibicionista del Presidente, de sus ministros Bullrich y Luis Petri y del gobernador santafesino Maximilano Pullaro.
En su discurso al parlamento detrás del Atril Elevantor, Milei afirmó que el operativo Bandera, con el despliegue de fuerzas federales en Rosario, permitió reducir en dos meses "casi un 60% el homicidio doloso en la vía pública".
También "creamos un sistema de gestión especial para presos de alto riesgo de nuestro sistema penitenciario. De ahora en más estarán controlados por un grupo de élite para evitar que sigan cometiendo delitos desde el encierro".


Gustavo Cochet, La Inundación, de 1933, intervenida por el artista Navaja.

Los cuatro asesinatos "de inocentes", cometidos en un par de días, recalentaron la disputa entre el gobernador Pullaro y la ministra Bullrich.
Pullaro los atribuyó a la jactancia del gobierno federal sobre la reducción de homicidios, una medida que no puede tomarse considerando apenas dos meses, pero que responde a la urgencia oficial por mostrar algún éxito.
La ministra, por su parte, señaló la publicación de la foto de los presos semidesnudos, con las manos atadas a la espalda y la cabeza gacha a lo Bukele.
Según el Grupo Clarín, hasta el ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, consideró esa foto como "un error muy grave; eso solo lo podés hacer cuando las bandas ya están neutralizadas y tenés el control total de la calle". Además, El Salvador tiene la tasa más alta de homicidios de América, la Argentina la más baja.
Esa foto no cumple otra función que humillar a los detenidos y simular dureza.

Pullaro fue ministro de Seguridad de la alianza socialista - radical durante cuatro años.
El gobernador peronista Omar Perotti ordenó investigarlo, y quien fuera su ministro de Seguridad, Marcelo Saín, arguye que cuando se puso a hacerlo, el gobernador lo dejó caer.
Por cierto, Saín omite las bravatas que emitió y la jactancia sobre procedimientos ilegales que forman parte de su comportamiento habitual y que lo han hecho terminar mal en cada cargo que ocupó, con portazos y denuncias contra quienes lo designaron.

En su descargo, Perotti afirma que cuando el gobierno nacional estaba preparando el decreto que asignó a la provincia de Buenos Aires 1,18% de la coparticipación que recibía la Capital Federal, Perotti solicitó que un 0,3% de ese monto fuera para su provincia.
"De otro modo, perdemos las elecciones en Santa Fe. La situación de seguridad es calamitosa", dijo.

Volvió complacido a su provincia, porque el Doctor Fernández asintió al pedido. Asintió verbalmente, con el método de decirle a cada uno lo que quería escuchar, pero nunca lo llevó a la práctica. Santa Fe sólo tenía 200 patrulleros; la provincia de Buenos Aires le envió 80 de refuerzo.

En las elecciones primarias de Juntos por el Cambio, compitieron por la gobernación dos radicales: Pullaro y la senadora Carolina Losada, quien contó con el apoyo explícito de Bullrich.
Losada rompió todos los moldes, al acusar de relación con los narcos al correligionario Pullaro, quien se había pronunciado por Horacio Rodríguez Larreta. Cuando las encuestas indicaban paridad entre ambos candidatos provinciales, Losada llegó a comunicar que, si Pullaro triunfaba en la interna, ella no lo acompañaría en la campaña general.
En julio de 2023 Pullaro batió a Losada por 32,55% a 21,56% y en septiembre aplastó al peronista deportivo Marcelo Lewandowsky, por 58% a 30%.
Sólo la aversión al peronismo permitió que Bullrich y Losada olvidaran sus reyertas con Pullaro.
Hasta ahora no han reaparecido con la misma virulencia, porque ambos comparten el mismo enfoque efectista para enfrentar la situación.

Pullaro es uno de los dos gobernadores que se pronunciaron en forma explícita en favor de la presencia en las calles de Rosario de tropas del Ejército.
El otro fue el cordobés Martín Llaryora.
Ese es el anhelo de Bullrich y de Petri, que aman disfrazarse de militares para parecer duros y eficaces.
El envío de gendarmes y policías a Rosario fue propio de una película cómica: los patrulleros salieron de Rosario y volvieron a entrar para la foto.
Bullrich dijo que había 1.500 gendarmes en Rosario y que llegaban otros 450, pero por lo que se vio, sólo se sumó un centenar.
Provenían de Corrientes y no conocían la ciudad que deberán patrullar.
Esos operativos de saturación requerirían un número mucho mayor de efectivos, pero además son ineficaces si no hay una inteligencia criminal que identifique a los financistas, constructores, inmobiliarias, casas de cambio, agencias de turismo, abogados y contadores que reciclan en el circuito legal los fondos mal habidos en el comercio de estupefacientes.
También es imprescindible ofrecer alojamientos dignos a los miles de rosarinos constreñidos entre las pinzas del avance de la soja sobre la ciudad, y las torres de lujo en la costanera.
Pero estas son soluciones de fondo, que llevan tiempo y recursos, lo mismo que la creación de empleo digno que pague sueldos razonables, para que los jóvenes tengan una salida de trabajo legal.

Sumar militares sólo agregará confusión.
El discurso justificatorio es que ya han pasado más de cuatro décadas desde la finalización de la dictadura y que las Fuerzas Armadas actuales están por completo integradas a la democracia.
Carlos Alberto Presti es el primer jefe del Estado Mayor del Ejército que ingresó al Colegio Militar como cadete bajo el gobierno electo del Presidente Raúl Alfonsín. Pero también es cierto que su padre, Roque Carlos Presti, fue uno de los principales represores en la provincia de Buenos Aires.
Procesado por Crímenes de Lesa Humanidad, recuperó la libertad por la ley de obediencia debida y murió impune en 1993 antes de la reapertura de los juicios.
Su hermano Daniel firmó como secretario de los jueces Jorge Urso y Guillermo Montenegro los arrestos domiciliarios para los militares procesados y se denunciaron sus presiones a la jueza María Cristina Nazar, para que exonerara a la policía porteña por las muertes causadas durante el desalojo del Parque Indoamericano, en 2011.

Desde que asumió el gobierno, Bullrich y Petri vienen anunciando reformas a la ley de seguridad interior, para permitir que las Fuerzas Armadas intervengan con unidades de combate y no solo con elementos logísticos.
Para eso es preciso que el Congreso declare el estado de sitio y designe un comandante militar al que se subordinarían todas las fuerzas.
Tal empleo subsidiario de las Fuerzas Armadas se considerará “excepcional” y no incidirá en la “doctrina, organización, equipamiento y capacitación de las Fuerzas Armadas”.

A falta de ley, Petri firmo el jueves 14 de marzo la resolución 266, sobre las Reglas de Empeñamiento en las operaciones de Apoyo al Sistema de Seguridad Interior en Rosario.
Su finalidad es "orientar las acciones del personal militar" en Rosario.
Pero cuando uno quiere conocer cuáles son esas reglas, se encuentra con que están contenidas en un anexo de carácter confidencial.
Más democrático y republicano no se consigue.
Funcionarios de gestiones anteriores recuerdan que el reclamo constante de los militares era no poner un pie en la calle sin su armamento.

La corrupción institucional es un componente básico a tener en cuenta.
Ex jefes de policía de Santa Fe y Córdoba han sido condenados por delitos vinculados con el narcotráfico.
Un ex jefe de la policía bonaerense fue detenido por enriquecimiento ilícito y finalmente absuelto gracias a un tecnicismo.
Nada de esto es posible sin protección judicial y política.

El juez y el fantasma

En 2014 se conocieron planillas que indicaban que el juez Juan Carlos Vienna, designado por Hermes Binner, viajó dos veces a Estados Unidos al mismo tiempo que Luis Alberto Paz, el padre de Martín “El Fantasma” Paz, un narco asesinado en una esquina de Rosario por la banda de Los Monos, que investigaba precisamente Vienna.
El magistrado confirmó ambos viajes: había asistido a dos combates del Chino Marcos Maidana, cosa que también puede haber hecho Paz, “ya que es entrenador de boxeadores y manager. Pero no lo vi jamás en el aeropuerto ni en el avión ni en el hotel ni en el estadio”.
Esta declaración espontánea de Vienna, nueva presentación de la añeja doctrina de las coincidencias permanentes, llegó hasta la Suprema Corte provincial, que se limitó a pedirle un descargo por escrito, pero no abrió un sumario administrativo ni dispuso que algún magistrado provincial determinara los asientos que Paz y Vienna ocuparon en los vuelos y los hoteles en los que se alojaron.
La polémica cobró otra intensidad cuando el diario La Capital publicó una foto en la que se los ve juntos en el estadio.

El gobierno permaneció inmutable cuando Paz Rodríguez Niell enumeró la media docena de narcos defendidos por el actual ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y sus tres hermanos.
Como la caridad, también la limpieza bien entendida empieza por casa.


A la izquierda, el juez Vienna, a la derecha el padre del Fantasma.

Incluso los últimos cuatro homicidios argumentan contra el involucramiento castrense.
Todos fueron cometidos con armas cortas y, como mensaje, con balas policiales.
Nada que ver con la imagen de organizaciones complejas, con poderoso armamento, como los brasileños Comando Vermelho o Primer Comando de la Capital.
Además, la decisión oficial de eliminar el aumento de las remuneraciones castrenses que el gobierno anterior había dispuesto para equipararlas con las policiales, ayuda a imaginar qué ocurriría si esas Fuerzas Armadas mal pagas y resentidas, quedaran a tiro del cañonazo de un millón de dólares que quienes comercian drogas ilegales pueden disparar, tal como ya ocurrió en México, Colombia, Ecuador y Perú.

sábado, 16 de marzo de 2024

FINGIR DEMENCIA, de Marcelo Ciaramella - 10/3/2024

¿Reaccionaremos a tiempo antes de que todo sea irreversible?


EXPERIMENTOS SOBRE SERES VIVOS, de Horacio Verbitzky - 10/3/2024

Los dilemas que los hermanos Milei no consiguen superar


Primero fue Kristalina Georgieva, después Gita Gopinath.
Las siguió Janet Yellen.
A la directora y subdirectora del Fondo Monetario Internacional y a la ministra de Economía de Estados Unidos, se sumó la vocera del FMI, Julie Kozack.
Las cuatro dijeron sustancialmente lo mismo: que deben reforzarse las partidas para el sistema previsional y la asistencia social, para que el costo del ajuste no recaiga sobre los más vulnerables.
Lo que ven en juego es la sustentabilidad del programa económico.
Les gusta, pero temen sus consecuencias, sociales y políticas.
Los experimentos sobre seres vivos que realiza el gobierno de los Hermanos Milei comprometen el éxito del programa económico.
Se trata de personas, no de hormigas.
El decreto por el que el presidente aumentó su sueldo y el de sus ministros casi un 50% no lo ayuda.
Que quien lo haya puesto en evidencia fuera Cristina Fernández de Kirchner, tampoco.

Esa preocupación comprende incluso al ministro de Economía, Luis Caputo, y a su más famoso predecesor y modelo, Domingo Cavallo.
Caputo reunió a los principales fabricantes de artículos de consumo masivo (veinte empresas explican el 75% de las góndolas de alimentos, bebidas y productos de higiene y limpieza) para transmitirles la molestia oficial por la escalada de los precios.
El Poder Ejecutivo derogó la obligación de las empresas de brindar toda la información que se les requiera, pero no abandonó su práctica, claro que como cordial invitación a un grupo de amigos.
Y Cavallo explicó su racionalidad: liberadas de todo control, las empresas aprovecharon para "pegar un saque exagerado a los precios".
Consistió en ajustarlos al valor del dólar paralelo y no del oficial.
Para Cavallo, si el gobierno quiere que la economía funcione sin intervención estatal, debe pedirles a las empresas que colaboren, para bajar la inflación sin una recesión tan profunda.
No, pero sí.

Uno de los sucesores de Cavallo en Economía, que fue asesor de Milei al comenzar su gobierno, lo fulminó con una dureza sin precedentes.
Fundador del CEMA, Carlos Rodríguez escribió en las redes antisociales que el superávit fiscal se logró licuando la jubilación.
En febrero, él cobró lo mismo que en diciembre.
Y agregó:


En la misma dirección, el Poder Ejecutivo decidió no homologar ninguna paritaria que conceda aumentos superiores al 15%, que es la inflación que prevé para este mes.
La primera negociación que intenta acostar en ese lecho de Procusto es la de Camioneros, que firmó con sus patronales por 25% en marzo y 25% en abril.
El credo de la desregulación se detiene ante los salarios de los trabajadores, tal como ocurrió en 1976 con Martínez de Hoz.
El paro del transporte de cargas parece inevitable, sólo falta conocer su fecha y modalidad.

Otro ex funcionario del gobierno de los Hermanos Milei, Osvaldo Giordano (quien es presentado como un héroe cívico porque descubrió que el costo de los seguros se incrementaba en un 40% por la contratación de gestores), evaluó que el nivel de caída de los haberes de los jubilados es dramático.
Dijo que están peor que en 2002 y que es urgente sancionar una nueva fórmula de actualización, que a su juicio debería ser mensual.
Una de las dificultades políticas que enfrenta el programa económico oficial es que pretende actualizar las jubilaciones a partir de abril, y compensar sólo con un 10% la pérdida de diciembre y del primer trimestre.
Se opone hasta María Eugenia Vidal, que presentó un proyecto más razonable.
Lo mismo hicieron el peronista trans Miguel Pichetto y los lilitos.

La prédica libertaria en contra de los impuestos, que serían un delito, entra en colisión con las necesidades del gobierno al que fueron los primeros sorprendidos en llegar.
Hasta la Fundación Mediterránea, que reúne al poder económico cordobés, que fue el impulso y sostén de Cavallo y que el año pasado se pronunció por Patio Bullrich, sostiene que el gobierno de los Hermanos Milei debería complementar motosierra y licuadora con "otras posibilidades".
Entre ellas, "aumentar los recursos, preferentemente con impuestos poco distorsivos, o si es con impuestos muy distorsivos (PAIS), que sean realmente transitorios”.
Como del dicho al hecho hay mucho trecho, el gobernador Martín Llaryora, más mediterráneo que Serrat, le hizo saber al gobierno nacional que se opone a las retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios.

Los dos escenarios

El viernes, las preocupaciones social y política de las finanzas internacionales se escenificaron en el centro de la Capital y en las principales ciudades del país.
La excepción fue Rosario, porque las organizadoras consideraron que no estaban dadas las condiciones mínimas de seguridad.

El paro feminista que se realiza cada año en el Día Internacional de la Mujer, tuvo una imponente masividad este 8 de marzo, que decoró con una interminable serpiente verde y morada la avenida de Mayo y colmó las cercanías del Congreso como ni siquiera la CGT lo había hecho el 24 de enero.
Mientras, en la Casa Rosada, dos ministros trataron de convencer a 20 gobernadores y 4 vices, de apoyar en el Congreso las leyes que ya rechazaron.

El jefe de gabinete Nicolás Posse y el ministro del Interior, Guillermo Francos, entretuvieron durante cuatro horas a los jefes provinciales que el presidente Javier Milei amenazó con mear, pero no parecen haberlos convencido de asumir como una reivindicación propia la exigencia del Fondo Monetario de reimplantar el impuesto a 800.000 trabajadores de altos ingresos, que eliminó el gobierno anterior.
Francos incluso formuló, siempre de muy buen modo, una dura amenaza: si no se aprueba la nueva ley, la ANSES debería descontarles a cerca de un millón de trabajadores el impuesto que no pagaron en el último trimestre de 2023, ya que no se cobró por una orden del ministerio de Economía a la AFIP.
El descuento superaría el medio millón de pesos por trabajador.

Ante los reclamos de los visitantes de devolución de las partidas suprimidas por el gobierno, los ministros respondieron que debían consultarlo con Milei, quien durante una reunión con empresarios en Expoagro también habría amenazado con cerrar el Congreso.

Los mandatarios salieron complacidos por el buen trato del policía bueno Francos, pero temerosos del próximo desplante del policía malo Milei.
La ley ómnibus se redujo a 190 artículos, pero incluye las declaraciones de emergencia, la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, la privatización de 15 empresas del Estado, las reformas laboral y previsional que urge el FMI, una nueva ley hidrocarburífera y el régimen de privilegio para grandes inversores en minería y petróleo.
Incluso Francos, durante la conferencia de prensa que compartió con los complacientes gobernadores de Tucumán y Entre Ríos, dijo que ni el fondo de incentivo docente ni el de compensación del transporte serían devueltos a las provincias.
Suaviter in forma, fortiter in re.
Con la idea del Pacto de Mayo y las reuniones preparatorias, el gobierno gana tiempo para demorar el rechazo legislativo del DNU 70/2023, que le permite todas sus medidas salvajes.

El aporte del gobierno al Día Internacional de la Mujer consistió en cambiar el nombre del Salón de las Mujeres en la Casa Rosada.
Por decisión de Karina Milei desde ahora será el Salón de los Próceres, y entre ellos se filtró el expresidente Carlos Menem.

El vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que la denominación anterior era discriminatoria contra los hombres (sic).
Un par de días antes, el presidente había llamado asesinos a quienes llevan el pañuelo verde y asesinato agravado por el vínculo al aborto.
La provocación se completa con el anuncio de que se descontaría el día a las empleadas públicas que no asistieran al trabajo y la decisión de Victoria Villarruel y Martín Menem de prescindir de la iluminación del frente del Congreso con luz violeta, en adhesión a la fecha.
Cualquier cosa menos que una casualidad.
Incluso en Córdoba, donde Milei se impuso en las elecciones presidenciales por amplio margen, el paro feminista congregó a una multitud, estimada en 60.000 personas.

El gobierno atiza estas decisiones de tipo cultural, que no pueden dejar de producir reacciones indignadas, a sabiendas de que detraen del debate público los mazazos con que aturde a trabajadores y jubilados.
Incluso la reversión de la ley que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo fue propuesta por una legisladora oficialista.
Pero otra especificó que no contaban con los votos para imponerla y difirió esa posibilidad para 2026, luego de las elecciones de medio término, en las que el gobierno de los Hermanos Milei se ilusiona con mejorar su caudal legislativo.

El protocolo policial que prohíbe ocupar la calle, quedó en pausa.
Sólo es posible forzar a los manifestantes a subir a la vereda cuando su número es manejable por las fuerzas de seguridad, como en los cacerolazos frente al Congreso, donde hubo más escarabajos que gente.

Quien lo había formulado con exactitud al comenzar la presidencia de Maurizio Macrì fue el entonces jefe de gobierno de la Capital, Horacio Rodríguez Larreta. Hasta hoy, mantiene una tensa relación con la ministra de Seguridad de entonces y de ahora, Patio Bullrich, quien lo venció en las primarias cambiemosas, con la ayuda de Macrì.
En las redes antisociales, ambos hechos fueron unidos con una foto de la imponente manifestación, con un escueto título:


La mujer de las doscientas palabras sigue aferrada a su agenda disciplinaria, y el ex alcalde no descarta alejarse del PRO, si Macrì lo subordina a Milei.

Una mala noticia para Bullrich y el gobierno fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia que condenó al gobierno de la provincia de Buenos Aires a indemnizar a las personas muertas por las balas policiales, cuando quienes habían asaltado el Banco Nación de Ramallo huían con ellos como rehenes.
La decisión llega un cuarto de siglo después de los hechos, lo cual es escandaloso, pero también afecta a las reformas que propone Bullrich para consagrar la presunción de legítima defensa iures et de iure (es decir sin admitir prueba en contrario) cada vez que un efectivo de las fuerzas de seguridad acciona su arma.
O sea, la doctrina Chocobar.

El FMI y el narcoterrorismo

No es el único contratiempo para la ministra.
Su colaborador en el Ministerio de Defensa, Luis Petri, no consiguió que las Fuerzas Armadas aceptaran enviar tropas a Rosario, donde Bullrich anunció la conformación de un comando conjunto de fuerzas federales y provinciales, porque la legislación vigente no lo permite en cuestiones de seguridad interior, por más que los gobiernos nacional y provincial hayan recurrido a la muletilla del narcoterrorismo, que sólo existe en sus fantasías.

“Si no hay medidas sociales, pronto la gente va a salir a la calle”, habría informado Gopinath en Washington al regresar de Buenos Aires.
Habló del apoyo popular a Milei, pero dijo que si la situación no mejora, la supresión del déficit sería "un sueño y no una realidad”.
Ya lo es, dado que se basa en la licuación de salarios y jubilaciones; en la poda por decreto de transferencias no automáticas a las provincias y de fondos creados por ley, como el de incentivo docente; en la falta de pago a empresas como las que aseguran que haya luz en las casas y trenes en las vías, y en la no contabilización de los seguros de cambio contraídos por quienes canjearon sus créditos con el Banco Central por papeles del Tesoro.
Aun así, el superávit alardeado en enero, no se repitió en febrero.

El FMI no apoya la dolarización, entre otras cosas porque se niega a incrementar su exposición al riesgo argentino con el nuevo préstamo que le solicitó Caputo. Además de la ayuda social, el organismo reclama reponer el impuesto a los altos salarios, mantener o aumentar las retenciones que el gobierno promete suprimir, y devaluar nuevamente el peso.
El gobierno se resiste, porque teme un nuevo brote inflacionario, pero hasta ahora el Índice de Precios al Consumidor marcha más aprisa que el mercado de cambios y hoy el fenómeno argentino es la inflación en dólares.
Tal como consta en los documentos del staff técnico desde la negociación con Mr. Magoo, el FMI exige que nuevas leyes modifiquen la legislación del trabajo, la percepción de impuestos y el régimen jubilatorio.
Es lo que con pretendida elegancia llaman reformas estructurales.
La caída de la ley ómnibus y la reticencia de los gobernadores a firmar el contrato de adhesión que les pusieron sobre la mesa en la Casa Rosada, coloca esos objetivos en el horizonte.

Los seis gobernadores patagónicos reunidos en Chubut antes de la cita en Balcarce 50 comunicaron que sus 30 diputados y 18 senadores votarán de manera unificada los proyectos de ley del Poder Ejecutivo que afecten sus intereses. Además eligieron a Nachito como presidente de las Provincias Unidas del Sur y declararon en forma explícita su oposición al gravamen sobre los trabajadores de altos ingresos, que en la Patagonia son muchos.
Las comisiones política y económica que deberían dar seguimiento al encuentro con los gobernadores no tienen fecha de reunión, ni jurisdicción sobre las redes antisociales del presidente.

Quienes pensaban que no era el propio Milei quien se expresaba, comenzaron a dudar luego de escuchar sus propias palabras en la inauguración del ciclo lectivo en la escuela confesional a la que asistieron tanto él como su hermana.
Según el presidente:
  • la educación pública es un "mecanismo de lavado de cerebro".
  • la gente se desmaya sólo de oir hablar de comunistas o zurdos.
  • "el aborto es un asesinato agravado por el vínculo", y
  • quienes lo defienden son "asesinos de los pañuelos verdes".
  • "la letra con sangre entra";
  • "el burro tiene éxito por insistidor, no por lo otro... ¿Se entendió, no?".
Cuando estudiaba en esa escuela, su padre estaba siempre listo para "agarrarme por los pelos y dejarme una zapatería en el traste y mi mamá a bajarme los dientes, a sopapos, para que estudiara".

Seguro que no

Patio Bullrich no sólo dice disparates cada vez que habla.
También sabe hacerlo por escrito.
La semana pasada denunció ante el juez Julián Ercolini a su predecesor en la cartera de Seguridad, por haber solicitado la intermediación de una empresa vinculada con Héctor Martínez Sosa de Cantero para la gestión de los seguros del ministerio.
Según su denuncia, el contador Aníbal Fernández lo hizo en septiembre de 2020, pocos días después de asumir el cargo.
Es verdad que ese mes la encargada de "transparencia institucional" del ministerio, Ana Haydée Flamarique, autorizó a Nación Seguros a designar a una empresa vinculada con Martínez Sosa de Cantero como "productor asesor del Ministerio de Seguridad" para todos los contratos habidos y por haber.
Pero todavía faltaba un año para que el contador Fernández reemplazara en Seguridad a Sabina Frederic.
Bullrich no lo sabe.

De todos modos, el episodio arroja luz sobre el comportamiento del contador Fernández.
En 2022 el Cohete recibió parte de la información sobre esas contrataciones.
La transmitió un competidor de Martínez Sosa, de estrecha relación con ambos Fernández (Aníbal y Alberto) y con participación en un multimedios estrepitoso, que acaba de incorporar como comentarista a Guillermo 0,8% Moreno.
Según el competidor de Martínez Sosa de Cantero, cuando reclamó, el ministro de Seguridad le respondió que siguió una directiva presidencial.
La fuente prometió pruebas documentales, que nunca aportó.

Consultado entonces por El Cohete, el contador Fernández lo negó: "Estoy legalmente obligado a contratar todos los seguros del ministerio con el Nación, por lo que no hace falta un intermediario. Alberto nunca me indicó nada al respecto. Yo no haría nada ilegal".
El Contador Fernández asumió en septiembre de 2021, no de 2020.
El Doctor Fernández firmó el decreto sobre seguros el 2 de diciembre de 2021.
A raíz de la investigación iniciada en la ANSES por el fugaz interventor Osvaldo Giordano, El Cohete volvió a comunicarse con el contador Fernández.
El ex ministro suministró esta vez una versión diferente: "No es un tema que sea de análisis diario por parte del ministro. Quien decide el productor es el Banco Nación".
El documento firmado por Ana Haydée Flamarique indica exactamente lo contrario: el Ministerio decide y se lo comunica a Nación Seguros.

El peronismo te da sorpresas

Sin mucha alharaca, las distintas líneas internas del peronismo se sacaron de encima al Doctor Fernández, quien ya pidió licencia como presidente del Partido Justicialista, y dejará el cargo en el Congreso partidario que sesionará dentro de dos semanas.
En cambio, Máximo Kirchner continuará al frente del partido bonaerense.
El Consejo Nacional del Partido Justicialista decidió formular una amplia convocatoria a "sectores gremiales, feministas, juventudes, productivos, sociales y todos aquellos y aquellas que se sienten parte del movimiento nacional y popular, a los fines de tratar su reorganización".

Otra sorpresa fue la presentación de CFK en la causa Vialidad, por la que fue condenada y proscripta.
La expresidenta elevó a la Cámara de Casación un Dictamen Experto Legal que solicitó el año pasado a Rodolfo Carlos Barra.
Antes de ser designado Procurador del Tesoro, antes aún de la elección de Milei, Barra dictaminó en favor de Cristina.
Según el resumen realizado por Inteligencia Artificial:


Barra, dice Cristina, "es tal vez el mayor experto en materia de Derecho Administrativo del país y, además, ha participado y participa de espacios políticos de los que siempre he sido opositora.
Es público y notorio que nuestras ideas y nuestra militancia política son diametralmente opuestas, pero los textos de la Constitución y de las leyes dictadas en su consecuencia, en esto sí coincidimos, deberían ser iguales para todos.
He aquí uno de los principales problemas del país y tal vez explica mejor que nada la inédita situación que hoy vive nuestra Patria".

DE PUÑO Y LETRA, de Mario Trejo

Me doy por vencido.
La religión, la mafia,
la política y el fútbol,
el ejército y la moda,
mueven más gente que yo.

Son millones o pocos,
pero totalmente decididos
al todo por el todo.
Yo sólo tengo que ver
con las pequeñas multitudes
de un cine de trasnoche,
con la soledad de los jugadores
que ofician una partida de ajedrez,
con la tibieza de algunas mujeres.

Leo,
vuelvo a ver una vieja película,
hago noche en Coltrane,
y estiro el brazo y acaricio a mi bella
que fuma y ahora me convida.

jueves, 7 de marzo de 2024

EL CLUB DE LA PELEA, de Horacio Verbitzky - 3/3/2024


Diseño, Alejandro Ros. Animación, SIlvia Canosa.

Parado sobre un banquito para parecer más alto tras su atril, el Presidente Javier Milei disparó rayos y centellas contra los políticos que lo escuchaban en temeroso silencio.
Repitió su inverosímil discurso sobre una Arcadia que nunca existió, destruida por un siglo de políticas populistas y déficit fiscal.
Esta caricatura lastima por igual a radicales y peronistas, pero también a los gobiernos militares que a partir de 1930 interrumpieron no menos de seis veces la alternancia electoral.
Sin embargo, sólo cargó las tintas sobre el kirchnerismo, señaló a Cristina como responsable del peor gobierno de la historia, a Roberto Baradel como un secuestrador que toma a los estudiantes como rehenes y a Sergio Massa, Pablo Moyano, Juan Grabois y Máximo Kirchner como los “jinetes del fracaso”.
Del resto sólo identificó entre los réprobos al ex gobernador de Jujuy Gerardo Morales, y el único elogio en 70 minutos de lectura dificultosa lo dedicó a su ministra Patio Bullrich.

Pero detrás de estos fuegos de artificio abrió la instancia de negociación que le reclamaba la oposición más complaciente y a la que se había negado hasta ahora, con la consecuencia del rechazo de la primera ley que envió al Congreso, algo que nunca había ocurrido con un gobierno recién instalado.

Además, la Vicepresidenta Victoria Villarruel ya le había comunicado que no tenía forma de impedir que el Senado rechazara el decreto 70/23, y avanzaban los contactos para que lo mismo ocurriera en la Cámara de Diputados.
Ese decreto que deroga o modifica un centenar de leyes es la base de todas las podas de derechos y de recursos que hasta ahora ha realizado el gobierno de los Hermanos Milei.

Asesorado por su ministro del Interior, Guillermo Francos, un veterano de la rosca política que Milei dice despreciar, pisó el freno antes de estrellarse, pero lo disimuló con una retórica violenta.
Ya le había dicho al Financial Times que podría prescindir del Congreso para “salvar la economía”, mediante decretos del Poder Ejecutivo y resoluciones administrativas.
Pero no ignoraba que su debilidad en ambas cámaras legislativas, aún atenuada por la alianza en ciernes con el macrismo procaz, lo pone a tiro de juicio político, algo que fue propuesto en un editorial de prensa de una de las empresas que dependen como pocas de las transfusiones estatales.

Luego de execrar la herencia recibida (tal como hicieron antes que él Raúl Alfonsín, Carlos Saúl Menem, Fernando De la Rúa, Néstor Kirchner, Maurizio Macrì y Alberto Fernández) y de definir al Estado como una organización criminal “diseñada para que en cada permiso, en cada regulación, en cada trámite y en cada operación haya una coima para el político de turno”, propuso a los gobernadores y dirigentes políticos un “nuevo contrato social”, que denominó “Pacto de Mayo” y que se firmaría en Córdoba dentro de poco más de dos meses.
Luego de confesar que no tenia demasiadas esperanzas de que la denostada casta aceptara esa invitación a substituir la confrontación por el acuerdo, expuso su pliego de condiciones.
Todos los gobernadores deberían firmar “un preacuerdo y sancionar tanto la ley Bases como un paquete de alivio fiscal para las provincias”.
Toma y daca.

Una vez cumplida esa “muestra de buena voluntad”, comenzarían a trabajar en un documento común basado en diez principios:
  • inviolabilidad de la propiedad privada;
  • equilibrio fiscal;
  • gasto público reducido al 25% del PIB;
  • reforma tributaria que reduzca la presión impositiva;
  • rediscutir la coparticipación Federal;
  • compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales;
  • reforma laboral;
  • reforma previsional que vuelva a implantar la jubilación privada;
  • reforma política estructural y
  • apertura de comercio internacional para que la Argentina vuelva a ser un protagonista del mercado global.
Varios observadores señalaron el parecido de este programa con el Consenso de Washington, que aquí aplicaron Menem y Domingo Cavallo.
No es el único aire de familia.
El 8 de marzo de 2001, De La Rúa anunció la convocatoria a "conformar un acuerdo de unidad nacional.
Mi misión como Presidente es crear una alternativa política que lleve al país al horizonte que se merece y conjure el riesgo actual....
También he decidido solicitar al Congreso de la Nación las facultades especiales que el artículo 76 de la Constitución permite delegar en el Poder Ejecutivo en situación de emergencia, como la que hoy vivimos...
Esta es la gran oportunidad de transformar a la Argentina en un país moderno, capaz de dar verdaderas respuestas a las necesidades del pueblo.
Hemos avanzado en sincerar los verdaderos problemas argentinos y se acabaron las fantasías.
El problema está sobre la mesa. La verdad es conocida por todos.
Ahora es el momento de la dirigencia política de demostrar que sabe poner la responsabilidad y solidaridad que el país necesita para solucionar nuestros problemas y aprovechar nuestras oportunidades".

De la Rúa pidió al Congreso una ley de intangibilidad de los depósitos.
Milei penalizaría la emisión monetaria, y la consideraría "delito de lesa humanidad de manera tal que sea imprescriptible", un disparate sin tasa ni medida.

Así se iniciaría “una nueva época de gloria”, en la que durante un siglo la Argentina volvería a ser “un faro de luz para Occidente”.
Son las cosas que proclamaba Emilio Massera en sus delirios dictatoriales.

Luego de enumerar las medidas más efectistas que tiene en carpeta y que denominó anticasta (reducción del número de asesores legislativos, eliminación de jubilaciones de privilegio para Presidente y Vice, proscripción electoral de las personas condenadas en segunda instancia por corrupción, descuento del día a los trabajadores estatales que adhieran a un paro, eliminación del financiamiento estatal a los partidos políticos que deberán subsistir con donaciones), Milei mencionó dos medidas de fondo:
  • los sindicatos de trabajadores deberán designar a sus autoridades en elecciones supervisadas por la Justicia electoral, sus mandatos serán de cuatro años con una sola reelección posible; y
  • los convenios colectivos de trabajo perderán precedencia respecto de los que se negocien en una empresa o grupo de empresas.
La primera disposición fue intentada por Patio Bullrich, cuando fue ministra de Trabajo de Fernando De la Rúa, pero no prosperó.
La segunda fue parcialmente implementada por la dictadura del general Juan Onganía, con el reconocimiento a los sindicatos de empresa, como los famosos SITRAC y SITRAM, que alimentaron la hoguera del Cordobazo.

Milei anticipó su insistencia con la ley Ómnibus en las redes antisociales, pero en hebreo.
"Palabra de Conan", ironizó el biblista Eduardo de la Serna.


De la Serna explicó que el gobierno de los Hermanos Milei intenta comparar las tablas de la ley que Yahvé le entregó a Moisés y que el pueblo rechazó porque prefirió adorar al becerro de oro, con la ley Ómnibus que el Congreso rechazó, y que ahora intenta reintroducir, fragmentada en distintos proyectos.
De la Serna se pregunta si Milei insinúa "que el proyecto que él presenta al pueblo proviene directamente de la mano de Dios".
En tal caso, le pide que se digne informar cómo y cuándo ocurrió el encargo.
Y culmina con una frase del mismo libro bíblico del Éxodo: "No tomarás el nombre de Dios en vano”.

Del Cordobazo al cordobesismo

A propósito de la propuesta presidencial, esta semana se cumplió medio siglo del navarrazo o botonazo, el alzamiento policial contra el gobernador Ricardo Obregón Cano y el vice Atilio López, que según el periodista Juan Cruz Taborda Varela marca la frontera entre el Cordobazo y el Cordobesismo.
Al salir del Congreso, Milei dialogó con un grupo de periodistas, que le preguntaron por qué Córdoba. 
“Porque Conan es cordobés”, respondió con absoluta seriedad.

En cambio, el gobernador Martín Llaryora declaró que muchas de las reformas que plantea el gobierno de los Hermanos Milei fueron realizadas hace mucho en su provincia.
Pero una historiadora fulminó la idea de Milei: “Convocó a un Pacto de Mayo en la provincia desde la que el virrey organizó la contra - revolución”.
¿Lo sabría?

En cuanto terminó el mensaje, Maurizio Macrì inició la serie de adhesiones, a la que se sumó la decena de gobernadores de Juntos por el Cambio, complacidos por la invitación.
Es ostensible que hubo un acuerdo previo, que además explica por qué rehusaron un encuentro de todos los gobernadores que había propuesto el bonaerense Axel Kicillof.
Desde el documento de los gobernadores de “Las provincias unidas del Sur”, advirtiendo que está en riesgo la existencia misma de la República Argentina y endilgándole al gobierno “una acción criminal que persigue hacer sufrir a sus habitantes” y es “disolutoria del sistema federal”, pasó apenas una semana, pero el clima político es otro.
Contra lo imaginable, el más eufórico fue el gobernador de Entre Ríos.


Mi querida María

Dentro de las denuncias que enumeró para descalificar a sus oponentes, se destacó la dirigida al ex Presidente Alberto Fernández, por la intermediación de Héctor Martínez Sosa en los seguros contratados por distintas dependencias estatales.
Martínez Sosa es la pareja de María Cantero, la secretaria del doctor Fernández desde el siglo pasado.

Bronceada hasta en invierno, pintada como una ventana, con stilettos de taco altísimo, Cantero maneja un auto deportivo, con el que fue regañada por dejarse fotografiar.
La foto desapareció oportunamente de la web y hoy es imposible encontrar cualquier imagen de la secretaria.
A dos años de asumir la presidencia, el Doctor Fernández firmó el decreto 823/21 por el cual el sector público nacional sólo podría contratar con Nación Seguros.
A pesar de tener el cliente cautivo, Nación Seguros contrató como gestor al broker Martínez Sosa, con comisiones que la Justicia deberá especificar, que irían del 17 al 40% de cada póliza.


Héctor Martínez Sosa.

A raíz de una investigación del fugaz interventor de ANSES, Osvaldo Giordano, el Doctor Fernández deslindó su responsabilidad:

Yo no pedí por nadie. Si mi secretaria lo hizo, se extralimitó.

Esta vez su querida Fabiola no tuvo nada que ver.
En otro golpe bajo, añadió que Martínez Sosa no era un Lázaro Báez.
El Doctor Fernández desde 2008 tiene una deuda de 20.000 dólares con Martínez Sosa, aunque en sus declaraciones juradas la ubica en 100.000 pesos, que desde hace quince años no se actualizan por la inflación.
Como publicó El Cohete en 2020, el esposo de María Cantero es una de las cien personas que encabezan la lista de quienes compraron dólares al precio oficial durante el gobierno de su deudor y los sacaron del país.
En el listado del Banco Central, figura con 4,5 millones de dólares.
"No soy un corrupto y he hecho de mi vida un culto a la honestidad", dijo el Doctor Fernández, quien se ilusionaba con que dada su colaboración a él no lo iban a tocar.
Dime de qué alardeas.

Morderse la lengua

Tal como anticipó El Cohete, Milei deberá morderse la lengua, luego de jactarse por la presunta aprobación del Papa Francisco a sus políticas.
Como era previsible para cualquiera que conociera el récord de la Iglesia Católica, desde la Encíclica De Rerum Novarum, que León XIII emitió en 1891, la justicia social y el rol del Estado como equilibrador de las relaciones asimétricas entre el capital y el trabajo son principios que el Trono de Pedro no puede ignorar sin riesgo de su propia existencia.
Sobre todo desde el colapso del bloque comunista europeo que dejó el terreno libre a las pulsiones más feroces del capitalismo liberal.

El Papa Francisco lo dejó en claro en el videomensaje que envío a dos íncubos del mandatario minarquista, los jueces Roberto Andrés Gallardo y Raúl Zaffaroni.
Gallardo preside el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), y Zaffaroni el Instituto para la investigación y promoción de los Derechos Sociales Fray Bartolomé de las Casas.
“El Estado, hoy más importante que nunca, está llamado a ejercer ese papel central de redistribución y justicia social”, les dijo en el mensaje que les envió justo antes de que Milei pontificara en la Asamblea Legislativa y en plena disputa con gobernadores de todo el arco político, entre ellos el procaz chubutense Ignacio Torres, y el bonaerense Kicillof.
Torres consiguió ya dos fallos favorables del juez federal de Rawson, Hugo Sastre, contra los recortes de fondos a Chubut.
Y Kicillof instruyó al fiscal de Estado para que reclame ante la Corte Suprema la inconstitucionalidad de la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal.

Bergoglio señaló la "intensa injusticia" de que "millones de niños comen diariamente sólo los desechos de aquellos que sí consumen”.

Uno de los ejes del conflicto de Milei con los gobernadores es el corte de la asistencia alimentaria del Estado nacional a los comedores que funcionan en todo el país y que han servido como amortiguadores de las respuestas violentas a la crisis social.
El gobierno de los Hermanos Milei también redujo a la insignificancia el Fondo de Integración Socio Urbano (FISU), para inversión en barrios populares.
El jefe de los católicos coincide con Milei en que “los derechos sociales no son gratuitos”, pero a diferencia del Presidente cree que se requieren "decisiones políticas adecuadas, racionales y equitativas”, para destinar a su satisfacción parte de “la riqueza que está disponible".

El Papa entiende que los tribunales pueden poner límites a la ofensiva del capital. “Las normas, queridos jueces, ya han sido dictadas. Rigen.
El problema es su vigencia efectiva, su concreción. Allí empieza vuestro rol.
El Dios Mercado y la Diosa Ganancia, son falsas deidades que nos conducen a la deshumanización y a la destrucción del planeta".

En llamativa coincidencia con el último documento de Cristina, Bergoglio afirma que "no alcanza con la legitimidad de origen" del poder, que "su ejercicio debe también ser legítimo".
El Papa pregunta: "¿Qué justificación puede tener el poder si se aleja de la construcción de sociedades justas y dignas?".

Según CFK, "la legitimidad de ejercicio en la gestión de gobierno sólo podrá ser lograda a partir de mejorar la calidad de vida de los argentinos".
Como si no fuera suficiente, Francisco pidió a los jueces "firmeza y decisión frente a los modelos deshumanizantes y violentos.
La paz es una construcción diaria", ya que son "el último recurso disponible en el Estado para remediar las vulneraciones de derechos y preservar el equilibrio institucional y social”.

Los prelados católicos no son los únicos que comprenden lo delicado de la situación social.
Desesperado por obtener un nuevo endeudamiento con el FMI, el ministro Luis Caputo se reunió el jueves en San Pablo con la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos.
Antes de recibirlo, Janet Yellen declaró que "éste ha sido y seguirá siendo un difícil período de transición económica para los argentinos; proteger a los más vulnerables durante esta transición será un reto, pero es de vital importancia".
Como Kristalina Georgieva y Gita Gopinath, Yellen no ocultó su preocupación por la sustentabilidad social y política del plan.
Quiso decir que no habrá dólares frescos hasta que no culmine esa transición.
La sonrisa de Caputo sugiere que no la vio.


Janet Yellen y Luis Caputo. No tanta risa.

Un informe de Mariana González distribuido por el Centro de Investigación y Formación de la CTA (CIFRA) sostiene que, desde noviembre de 2023 hasta enero de este año, el salario real promedio registrado perdió el 21,3% de su capacidad de compra.
En términos de alimentos y bebidas, la pérdida en los dos primeros meses de Milei fue mayor: del 23,8% .
Tomando en cuenta el deterioro previo, el salario real de enero de 2024 es poco menos de la mitad del de noviembre de 2015, último mes de la presidencia de CFK.
Las categorías de trabajo no registrado sufrieron pérdidas aún mayores, pero no hay registros disponibles para cuantificarlas.

El decreto de la discordia

El mensaje eclesiástico a los jueces es cualquier cosa menos casual.
Al acercarse el tercer mes del gobierno de los Hermanos Milei, el Congreso aún no se ha reunido para tratar su primer decreto de necesidad y urgencia.
En cambio, tribunales en distintos lugares del país han dictado medidas cautelares que impiden la aplicación de algunos artículos de ese decreto y también de otros posteriores, como el que anuló la creación de cinco nuevas universidades.
Ya sea por apelación de esas decisiones o en ejercicio de la jurisdicción originaria de la Corte Suprema, es previsible que el tema termine en la República Autónoma del Cuarto Piso.
Ya lo han pedido el gobernador riojano Ricardo Quintela y hasta el Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, quien reclama que se realice un per saltum, es decir que la Corte se saltee las instancias intermedias y revoque la cautelar del juez patagónico, que tiene su historia: Hugo Sastre fue quien en 2008 ordenó la detención de los oficiales de la Armada implicados en los fusilamientos en la base de Trelew durante la dictadura del general Alejandro Lanusse.
Al año siguiente también procesó por espionaje ilegal a los jefes navales en democracia.

La derogación del DNU 70, de diciembre de 2023, inhabilitaría las medidas posteriores que el gobierno ha tomado invocándolo, como la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID), el Fondo Compensador del Transporte y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI).
El FONID integra los salarios docentes, el FOFOFI los policiales y refuerza programas como el Sistema Alimentario Escolar o el Plan Mesa.
La misma base tiene la eliminación del plan Potenciar Trabajo y la reducción a la mitad del tope salarial que habilita a cobrar asignaciones familiares a los trabajadores en relación de dependencia.

Las constantes agresiones del Presidente a las distintas fuerzas políticas y al Congreso fueron sumando voluntades de muy distinto origen para su posible derogación, una perspectiva que explica el giro en la actitud presidencial.
El gobierno tuvo más éxito en reducir las publicitadas diferencias entre Kicillof y Máximo Kirchner.
Un proyecto de ley elaborado en conjunto, reponiendo los fondos eliminados, una declaración del Partido Justicialista en defensa del gobernador, un encuentro reservado, otro público, la continuidad de Kirchner al frente del justicialismo provincial, mientras se apura el apartamiento del Doctor Fernández del partido nacional, son suficiente demostración del poder unificador de los Hermanos Milei.

De todos modos, el estilo extravagante del Presidente tendrá menos incidencia en el cuadro político e institucional que los efectos económicos y sociales de sus decisiones.
Los 150.000 puestos de trabajo perdidos entre los albañiles por la paralización de la obra pública, los despidos causados por la recesión y los cierres de empresas tienen más peso que sus insultos, ya sea directos o mediante las redes antisociales.

Procaces y radicales

Bullrich ya anunció que en pocos días dejará la presidencia del PRO, y a partir del 19 de marzo se abrirá el proceso electoral que culminará con el regreso a la conducción de Maurizio Macrì.
Mientras Bullrich se conforma con acomodarse a la nueva situación, suministrando músculo represivo a las políticas de los Hermanos Milei, en violación a las leyes y a las convenciones internacionales con rango constitucional, Macrì aún se ilusiona con desempeñar un rol menos insignificante.
Se sirvió de ella para acabar con Horacio Rodríguez Larreta y de Milei para recortarle las alas a la ministra de las doscientas palabras.
Pero ahora no tiene a quien recurrir para poner en caja a Milei, que se lo llevó por delante.
El radicalismo sigue fragmentado y sin una conducción que represente a todas sus líneas internas.
Una exhibición patética de su quiebre la brindó su ex presidente y ex precandidato a la vicepresidencia, en una serie de entrevistas radiales y televisivas, sobre un episodio de la picaresca provincial, que el contador Gerardo Morales elevó a cuestión de Estado.

El 26 de diciembre apareció en las redes antisociales este post hermético para quien no sea un especialista en la materia.


Su autor, el profesor universitario Nahuel Morandini, sin militancia partidaria, y el serigrafista Humberto Roque Villegas, que lo reprodujo, fueron acusados por el fiscal Hugo Walter Rondón de “lesiones psicológicas agravadas en contexto de violencia de género en concurso real con el delito de tornar incierta la identidad de una menor de 10 años”, delitos por los cuales podrían ser condenados a ocho años de prisión (los mismos que hace pocos días cumplió privada de su libertad Milagro Sala).
Y el juez Pablo Pullén Llermanos, uno de los que procesó a Milagro, ordenó que los detuvieran.
También les secuestraron los teléfonos, y sus comunicaciones privadas por WhatsApp fueron utilizadas para incriminarlos.

Cuando iban a cumplirse dos meses de la detención preventiva, en condiciones humillantes, en celdas de castigo, sin luz ni cubiertos para comer, el diario La Nación informó con amplitud sobre el caso.
La periodista Paz Rodríguez Niell reprodujo partes del asombroso dictamen de Rondón, pese a que se había prohibido su difusión.
Según este extraordinario personaje, la esposa de Morales sufrió un “serio estrés”, ya que “se perturbó el estado civil de una persona totalmente inocente, generándole un daño que es prácticamente imposible resarcir. La virginidad existencial de una menor de dos años no se puede reparar”.
Ni Morales, ni Snopek ni la niña fueron mencionados en el tuit que originó la causa.

Morales presentó un informe psicológico sobre su esposa.
Snopek mostraba “falta de energía psíquica y disminución de su voluntad”, con un “estado emocional displacentero de tensión, tristeza y angustia” y denotaba “una disminución en cuanto a su capacidad para concentrarse”, sumado a “un mecanismo defensivo de aislamiento”.

Bastó la publicación en la prensa nacional, para que ambos detenidos fueran puestos en libertad.
El contador Morales comenzó entonces una recorrida por los medios nacionales. Su presentación más hilarante fue con Luis Bovaresio.

El ex gobernador rechazó la posibilidad de un análisis de ADN, que confirmaría o disiparía las dudas sobre la paternidad de su hija, que con su actitud nacionalizó. 

Milei lo expuso ante la Asamblea Legislativa como paradigma de una casta privilegiada que vive como si fueran monarcas y que "que llega a absurdos obscenos de impunidad como por ejemplo el que vivimos esta semana cuando nos enteramos de que un ex gobernador metió tras las rejas sin debido proceso a un ciudadano por 50 días, meramente por el crimen de hablar mal de la corona en un chat privado.
Ofende el silencio de aquellos que se dicen republicanos".

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