YA NO TENGO 20 AÑOS, de Beya Luna.

"Ya no tengo 20 años, mi cuerpo no es tan perfecto, ni luzco tan radiante, tengo un par de arrugas y unas estrías que nunca escondo, tengo mis ojos cansados.

Poco a poco mi cuerpo ha ido cambiando, se ha ido acoplando al ritmo de mis años, ya no soy tan joven y tampoco pretendo serlo, estoy feliz con mi vida, con los años que tengo encima.

Cada cicatriz me recuerda que he vivido, que he luchado, cada arruga me hace sentirme orgullosa de la mujer que soy ahora.
No reniego de mis años, porque ahora no solo me veo bonita, sino que me siento más hermosa, más segura, más plena, más feliz, más interesante.

Ahora tengo la edad perfecta para hacer y deshacer lo que me dé la gana, ahora vivo, siento, disfruto, amo, gozo cada día como si no hubiera un después, ahora me amo tal y como soy.

No quiero aparentar la edad que no tengo, hoy quiero tener exactamente la edad que tengo, ni un año menos, ni un año más porque entonces no sería yo, hoy me siento dichosa y no me avergüenzo por decir que soy una mujer madura, pero sobre todo que soy una mujer que se ama antes que todo".

MACRI ABRE EL PARAGUAS, de Horacio Verbitzky - 29/9/19

La guarida fiscal porteña que el inminente ex Presidente quiere dejar para cubrirle las espaldas

Mientras el Presidente Maurizio Macrì prosigue su gira de despedida, con puestas en escena tan cuidadas que ni siquiera pretenden ser creíbles, el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta intenta organizar el repliegue del PRO sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está confiado en retener ante el desafiante Matías Lammens, presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Esto incluye contactos políticos con la pata peronista de PRO, pero también la concreción de viejos proyectos que protejan los negocios realizados durante los años de vacas amarillas y los que puedan realizar en el futuro, convirtiendo la Capital Federal en una guarida fiscal como Panamá. Al mismo tiempo, el gobierno trata de cerrar las causas abiertas en la Justicia Federal que comprometen en forma directa al jefe supremo de los restos del Estado, como la del Correo, pero choca con la sensibilidad de los jueces, que como las casitas del tiempo miden con precisión los cambios de temperatura y humedad, en este caso políticxs.

De la intensidad y la dirección de esos vientos dependerá que Macrì se incline por el Plan B, de probar suerte una vez más en las elecciones de Boca Juniors, el 8 de diciembre, o avance entre 12 y 18 letras del abecedario para radicarse en Roma, como él preferiría, o Madrid, que atrae a su señora esposa, doña Juliana Awada. El estatuto boquense admite la presentación de candidaturas hasta dos semanas antes de los comicios, es decir después de las elecciones presidenciales.

Esta es otra muestra del avasallante optimismo de Macrì. Un aspirante opositor, Víctor Santa María, visitó a los candidatos a la gobernación bonaerense, Axel Kicillof, y a la presidencia, Alberto Fernández, para fotografiarse con ellos, camiseta auriazul en mano, cosa que le sirve menos a ellos que a él. En las últimas elecciones del club, cuando se postuló para una vicepresidencia, ocupó un cómodo tercer puesto, con el 25% de los votos, pese a que entonces iba como aliado de José Beraldi. Esta incursión deportiva del sindicalista no contribuye a suavizar su relación con Lammens, quien está fastidiado por la incompetencia de la candidata a vice que escogió Santa María, a quien el cuervo siente como un lastre. Esta semana llegó a refutar públicamente su adhesión a una CONADEP para los periodistas, fuego amigo que ella misma tuvo que rectificar.

En el primer año

En el primer año del gobierno de Macrì al frente de la Ciudad Autónoma, cuando Horacio Rodríguez Larreta era su jefe de gabinete, la Coalición Cívica Libertadora de Elisa Carrió y el PRO aprobaron la ley 2875, que creó una Inspección General de Justicia paralela a la Inspección nacional, según un diseño del ex ministro duhaldista, ex diputado del PRO y luego nuevamente radical Jorge Reinaldo Vanidossi. Sancionada en octubre de 2008, la oposición porteña objetó la “incomprensible” creación de un organismo que generaría incertidumbre a un alto costo.

MM y HRL, la guarida en ciernes.

En febrero de 2009, la entonces Fiscal General ante la Cámara Comercial, Alejandra Gils Carbó, solicitó que se declarara la inconstitucionalidad de la ley, ya que al ceder la autonomía a la Ciudad, el Congreso reservó al Estado Nacional la jurisdicción sobre la IGJ mediante la ley 24.588 o “Ley Cafiero”, como consta en el Estatuto Organizativo de la Ciudad. Esto diferencia a la Capital de las provincias, que tienen sus propios organismos, donde se inscriben y son controladas (o no son controladas) empresas locales. Pero en la ciudad de Buenos Aires tienen su asiento grandes empresas de alcance nacional e incluso internacional, cuya regulación siempre correspondió a la Inspección General de Justicia. El juez nacional en lo comercial Máximo Astorga dictó una medida de no innovar que frenó la puesta en marcha de la IGJ paralela. La Procuración de la Ciudad intentó que fuera revocada y sacar la causa de la órbita de la justicia nacional, aduciendo que Gils Carbó carecía de legitimación para intervenir en este caso, que consideraba local. Ese es el origen de la animosidad de Macrì contra Gils Carbó, quien en 2012 fue designada Procuradora General de la Nación por CFK. En su segundo año de presidencia, Macrì consiguió la renuncia de Gils Carbó, amenazada con múltiples causas impulsadas por fiscales y jueces adictos al gobierno.

Sin privilegios

Designado por Néstor Kirchner en 2003, Ricardo Augusto Nissen reforzó el control de la IGJ sobre las sociedades offshore, como señaló Gils Carbó al presentar la medida cautelar contra la ley porteña. “Hasta entonces, un sector privilegiado de ciudadanos argentinos ocultaba sus ganancias y sus bienes de la acción del fisco, de los derechos del cónyuge, de los trabajadores y de los acreedores por cualquier otra causa, registrando sus propiedades a nombre de una sociedad extranjera offshore. El mismo sistema se utiliza para esconder el producido de actividades ilegales y delictivas provenientes de la corrupción pública y privada”, escribió.

Con el recurso al nuevo organismo porteño, los grandes evasores podrían eludir las reglamentaciones que dictó la Inspección General de Justicia nacional “en defensa de la equidad fiscal, la transparencia y los derechos de terceros”. La fiscal concluyó que el descontrol de las sociedades pantalla obstruye la planificación fiscal basada en la equidad, protege las actividades delictivas, descarga el peso tributario sobre la gente más pobre con impuestos al consumo y amenaza el tejido social y el Estado de Derecho.

La ley porteña 2875 supeditó la operatividad del órgano local que creaba, no a una ley nacional que revocara lo dispuesto por la “Ley Cafiero”, sino a simples “convenios de coordinación de competencias” entre el Poder Ejecutivo de la Ciudad y el Estado Nacional. La regulación de sociedades extranjeras en la órbita federal unifica los controles sobre las sociedades offshore y evita que entes constituidos en guaridas fiscales sean utilizados en el país para eludir los regímenes nacionales en materia tributaria, laboral, familiar, de responsabilidad societaria o para encubrir la fuga de capitales y actividades ilícitas como el lavado de dinero. Según el propio gobierno de Maurizio Macrì, la Inspección porteña ofrecería trámites “sencillos y simplificados”, para que las sociedades opten por el sistema que les resulte “más ventajoso”.

Ya en 2004, Vanidossi había presentado un proyecto de ley de lisa y llana eliminación de la Inspección General de Justicia. Impulsaba así la “desregulación de las estructuras jurídico societarias” y la eliminación de controles administrativos, pensados para la detección de las llamadas sociedades pantalla. La ley 2875 va a contramano del mayor control que se propugna en el mundo y desconoce los avances de la IGJ nacional en el control de legalidad de la actividad societaria, en especial de las radicadas en el exterior, para evitar fraudes a la ciudadanía y al Estado. El ex director de la IGJ, Ricardo Nissen, advirtió que estos controles “sencillos” pueden implicar la vuelta a “lo peor de la (primera) década del neoliberalismo”, cuando la autoridad de control era un “mero buzón de documentos”, que facilitaba todo tipo de fraudes por medio de las offshore que proliferaron en los ’90.

Los clubes de fútbol

La ley 2875 ofrece otra curiosidad: la regulación de las asociaciones civiles sería operativa en cuanto se creara el registro porteño, sin necesidad de convenio alguno con la Nación. De este modo, la IGJ nacional perdería el control también sobre los clubes de fútbol, que son asociaciones civiles.

En 2003, la IGJ se opuso a la re-reelección de Macri como presidente de Boca porque violaba sus estatutos, y cuestionó que el club fuera accionista mayoritario en la sociedad anónima que comercializa el merchandising de Boca, porque este tipo de participaciones están vedadas por la legislación societaria. A solicitud del Procurador, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad se declaró competente para entender en la causa de las IGJ paralelas, desestimó sin el debido proceso previo la acción entablada por Gils Carbó e invitó a la justicia nacional a que declinara su competencia.

La Cámara Comercial no aceptó la invitación porque entendió que se trataba de interpretar normas federales y no locales, pero consideró que no se debía dirimir la contienda en ese fuero Comercial sino en el Contencioso Administrativo Federal. La Sala I de esa segunda cámara confirmó la medida cautelar que paralizó la creación del registro en 2009. La decisión fue celebrada por expertos en materia societaria, que se opusieron a ese “despropósito inconstitucional”. Todos coincidieron en que el funcionamiento de esta IGJ paralela llevaría a un estado de inseguridad jurídica, con un doble régimen regulatorio y disciplinario de posibles criterios dispares y la duda sobre cuál de los dos registros es el que otorga validez a las inscripciones. Vanidossi sostuvo que las sociedades podrían optar por inscribirse en uno u otro registro pero Nissen replicó que esta competencia entre organismos por captar administrados llevaría a la “mercantilización de la seguridad jurídica”, abriendo la posibilidad de que la puja se haga a través de “ofertas y liquidaciones estacionales” y controles más laxos.

De inmediato

En cuanto Macrì asumió la presidencia, la jueza subrogante en lo contencioso administrativo, Macarena Marra Giménez, eludió la medida cautelar concedida por su superior, la Sala I de la Cámara, lo cual es un despropósito, y cuestionó la legitimación de la fiscal de la Cámara de lo Comercial para presentarse en la causa.

Macarena Marra Giménez, rapidito.

Pero la apelación de Gabriela Boquín, quien sucedió a Gils Carbó como fiscal de la Cámara Comercial, aseguró su continuación hasta hoy, por el efecto suspensivo del recurso. Marra Giménez, que había sido secretaria de la Cámara, estaba concursando para ocupar en forma estable el juzgado, cosa que consiguió, mediante un decreto del agradecido heredero del Grupo Socma.

“El escándalo de la utilización de las sociedades offshore genera una urgencia en el GCBA para fijar criterios de registración y control de las sociedades que hoy son fiscalizadas e inscriptas por la IGJ —organismo bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación— que ya cuenta con normas rigurosas para las sociedades constituidas extranjeras y en especial en las que lo son en paraísos fiscales desde el año 2003”, escribió Boquín en pleno escándalo por la revelación de los Panamá Papers y el rol del estudio Mossack Fonseca en relación con el Presidente Macrì.

A pesar de que la medida cautelar congeló la cuestión, en marzo de 2016 el intendente porteño Horacio Rodríguez Larreta creó por el decreto 195 el Organismo del Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas, y designó como director al abogado Hernán Najenson, subsecretario de Justicia de la Ciudad Autónoma, quien comenzó la organización del nuevo ente y firmó un convenio marco de colaboración con la IGJ, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, por el cual se creó una comisión mixta para preparar el traspaso que la Justicia no convalidó. También analizó las escalas salariales, ya que los sueldos de la IGJ superan a los porteños. Aparte de avanzar en el organigrama del ente fantasma, Najenson formó una mesa de trabajo con otras once dependencias porteñas, incluyendo el Banco Ciudad y el Boletín Oficial, para “agilizar el proceso de creación de empresas en la Ciudad”, que es el claro objetivo buscado. Esto incluyó el nuevo proceso para la constitución de sociedades, con el fin de reducir los pasos y los tiempos de tramitación. Najenson es voluntario de la Fundación Boca Social, dirigida por María Ines Belloni, la esposa de Daniel Angelici, y hasta su muerte, por Enzo Pagani, al mismo tiempo titular del Consejo de la Magistratura porteño. Debido a la creación del organismo, Rodríguez Larreta y Najenson fueron denunciados por Ernesto Tricarico, del Centro de Estudios para la Transparencia (Ceptra). El fiscal Franco Picardi instó la acción contra Horacio Rodríguez Larreta por abuso y contra Najenson por usurpación de autoridad y contra ambos por violación a los deberes de funcionario público, ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien imputó a ambos y al jefe de gabinete Felipe Miguel.

Hernán Najenson, el hombre de Angelici en la IGJ trucha.

Macrì también intentó superar el obstáculo de la Ley Cafiero con un proyecto legislativo, presentado por su ministro de Justicia, Germán Garavano. Luego de que mejorara la relación de fuerzas del gobierno en la Cámara de Diputados a raíz de las elecciones de 2017, el proyecto llegó a tener dictamen de comisión, el 4 de septiembre de 2018, por una mayoría de Cambiemos. Pero no llegó a aprobarse en el recinto, debido a la agudización de la corrida cambiaria que puso en emergencia al gobierno nacional, y a la reiteración de informaciones acerca de sociedades offshore del Presidente y sus familiares.

Dada la imposibilidad de conseguir la sanción legislativa, el gobierno renueva en sus días finales la presión sobre los jueces. En la sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal la jueza Clara Do Pico se inclina por mantener la cautelar y su colega Rodolfo Facio por levantarla. Debía desempatar la recién designada camarista Liliana Heiland, pero se excusó. En su lugar fue elegido José Luis López Castiñeira, integrante de la sala II, que firmará como subrogante en la sala I.

Rodolfo Facio, primer voto seguro.

López Castiñeira es el magistrado que dispuso que el diario La Nación no fuera considerado en mora ni pudiera ser embargado por su gigantesca deuda con la AFIP, ya que de lo contrario estaría en riesgo de quiebra, con afectación de la libertad de prensa (sic).

Querida exposa

En 2010, López Castiñeira fue sometido a un procedimiento de juicio político en el Consejo de la Magistratura, acusado por su exposa, la empresaria Verónica Kolodesky, de haber amañado junto con el auditor general Francisco Javier Fernández el concurso en el que fue designado. Uno de los jurados era Sergio Fernández, hermano del auditor de la escudería Stiuso.

Verónica Kolodesky, divorcios litigiosos.

Kolodesky presentó la denuncia ante el Consejo de la Magistratura, cuyo entonces presidente, Luis María Cabral, formuló la denuncia penal, que recayó en el doctor Glock. El juez la remitió al fiscal Gerardo Di Massi, quien sostuvo que no podía impulsar la acción penal pública porque Kolodesky tomó conocimiento de lo que denunciaba mientras estuvo casada con López Castiñeira. El artículo 178 del Código Procesal Penal de la Nación afirma que “nadie podrá denunciar a su cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano, a menos que el delito aparezca ejecutado en perjuicio del denunciante o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que lo liga con el denunciado”. Su derogación es pedida por las asociaciones de familiares de genocidas. Con la misma razón, López Castiñeira pidió la nulidad de las actuaciones y Glock archivó las actuaciones.

Tanto el fiscal Di Massi como la comisión de acusación y disciplina del Consejo, entendieron que no había delito en lo denunciado. López Castiñeira es profesor en la universidad del conurbano de José C.Paz, donde será interesante ver cómo explica a sus alumnos su decisión, si como afirma con certeza el gobierno, votará por permitir la conversión de la Ciudad de Buenos Aires en una guarida fiscal.

López Castiñeira (foto Nicolás Stulberg).

Uno de los gremios judiciales, presidido por Julio Piumato, paró el jueves 26, denunciando el traspaso. «La necesidad de refugiarse en esta jurisdicción no es solo parte de la estrategia de salida de funcionarios actuales de la administración nacional, luego del resultado de las elecciones del mes de agosto, en las cuales casi el 70% de la ciudadanía expresó su voluntad de manera contundente. Esta medida apunta, además, a trasladar el conocimiento de ciertas cuestiones vinculadas a la registración y control sobre sociedades offshore facilitando su uso de manera discrecional, y a la causa del Correo Argentino S.A., bajo la órbita de la Ciudad», escribieron los dirigentes Julio Piumato y Ana Laura Cichilitti.

«Los judiciales le decimos no al traspaso, que viene a configurar otra embestida contra la Justicia, pretendiendo digitar desde un gobierno local la vida de las empresas y con ello otorgar impunidad a los amigos de turno», agregaron.

El viernes por la tarde, López Castiñeira, Facio y Do Pico estuvieron reunidos fuera del horario de tribunales discutiendo el tema y se prevé que el martes firmarían la resolución. Si, tal como se teme, fuera favorable al relajamiento de los controles para que las cajas chinas de las offshore en que son especialistas los Macrì conviertan a la Ciudad Autónoma en un refugio de todos los tramposos del mundo, comenzando por los propios, la medida podrá ser apelada tanto por la fiscal general comercial Boquín como por el fiscal general contencioso administrativo Rodrigo Cuesta, el mismo que dictaminó que el gobierno estaba obligado a entregar toda la información sobre el crédito del FMI por 57.000 millones de dólares.

La sombra de la quiebra

La causa que más inquieta al inminente ex mandatario es la del Correo, por varias razones:
Según el cálculo que hizo a principios de siglo el entonces alfonsinista Gerardo Morales, quien denunció a su ahora aliado por el vaciamiento del Correo, la defraudación al Estado superaría los 500 millones de dólares.
La quiebra del Correo, demorada durante 18 inverosímiles años, podría arrastrar también las de Sideco y SOCMA, las naves insignia de la Famiglia Macrì, que tuvieron activa participación en el vaciamiento.
En ningún caso fue más evidente que en este que Macrì atendía de los dos lados del mostrador y que por defender los intereses particulares sacrificó al Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, para sustituirlo por su abogado personal, Bernardo Saravia Frías.
Dejó todas las huellas del conflicto de intereses marcadas, cuando dijo desde el atril presidencial que ordenaría volver a fojas cero, interfiriendo en forma explícita con el accionar judicial.

Por lo pronto, Garavano volvió a mostrar su intolerancia con quienes contradicen los deseos oficiales al acusar a Boquín de guiarse por intereses políticos, lo que mereció el repudio de la asociación de fiscales que preside el encuadernador alterno Carlos Rívolo. La Corte Suprema rechazó la solicitud del Procurador de Macrì, Saravia Frías, de más tiempo para analizar la propuesta del Correo de Macrì, y ordenó a la Cámara Comercial que resuelva de una vez. Macrì quiere pagar una parte mínima de lo que debe, siempre y cuando el Estado le reconozca los reclamos que el Correo hizo para intentar una conciliación de deudas, que la Corte Suprema ya declaró inadmisible. Este es un síntoma de la adaptabilidad de las instituciones a los nuevos tiempos. Otro tanto se aprecia en la provincia de Buenos Aires y en Jujuy.

La Asociación de Magistrados de La Plata comunicó al Senado Bonaerense su preocupación por el intento del Hada Buena de “teñir la investidura de futuros magistrados judiciales” sin la debida prudencia ante el proceso electoral. En Jujuy, con pocas horas de diferencia, el gobernador Gerardo Morales cosechó fuertes declaraciones de repudio del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos y de Control Externo y del Consejo Federal de Política Criminal y el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina.

Le recriminan la promoción de juicio político y pedido de destitución contra la presidenta del Tribunal de Cuentas, Nora Millone Juncos, y los vocales René Barrionuevo y Mariana Leonor Bernal, y contra el fiscal ante el superior Tribunal de Justicia jujeño, Alejandro Ficoseco. La acusación contra el tribunal de cuentas es por no haber auditado los fondos federales recibidos por Milagro Sala. Durante una durísima reunión de apenas media hora, los Fiscales Generales de La Pampa, San Juan y Tucumán denunciaron incluso “el indisimulado copamiento de la Corte de Justicia, con el aumento del número de integrantes y posterior designación, por ejemplo, de dos diputados electos por el oficialismo”.

Cuando la persecución se ejerce sobre caucásicxs con título universitario, la impunidad tropieza con la resistencia corporativa. El comunicado de los fiscales consigna que Morales les comunicó su apoyo al juicio político de Ficoseco y les advirtió que no se entrometieran los de afuera. “Nos vamos de Jujuy aún más escandalizados que cuando llegamos y seguros de nacionalizar el tema”. Es decir de promover la intervención federal a la provincia.

El macrismo se retira con estrépito.

EL ÚLTIMO TOUR, de Horacio Verbitzky - 22/9/19

Macrì inicia su gira de despedida, que puede incluir escalas en los tribunales

El Presidente Maurizio Macrì anticipó el jueves en Jujuy cómo será su último tour, de 30 presentaciones en 30 lugares del país durante octubre, con las que se irá despidiendo de la presidencia que asumió en diciembre de 2015 y concluirá antes de que finalice este año.
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, colmó de elogios a Macrì en su visita para inaugurar un nuevo aeropuerto, como corresponde a quien depende de las transfusiones monetarias del gobierno nacional, ya que gobierna una de las provincias que menos recursos propios dispone para financiar su presupuesto.
Aun así, en el encuentro de Cumelén en enero se negó a unificar los comicios provinciales con los nacionales.

El 9 de junio, el carcelero de Milagro Sala consiguió su reelección, pero apenas obtuvo el 43,7% de los votos, 15% menos que en 2015.
Si hubiera aguardado hasta el 11 de agosto, sólo la irrelevancia del candidato justicialista, que hizo campaña disfrazado de Moisés en el Monte Sinaí, hubiera podido impedir que dejara la gobernación por la puerta trasera.

Julio Ferreyra en el Monte Sinaí.

Quienes aceptaron la exigencia presidencial fueron los dos gobernadores del PRO: el Hada Buena, que perdió en agosto por 18 puntos con Axel Kicillof, y su jefe político, Horacio Rodríguez Larreta, que prevaleció en la Ciudad Autónoma pero no tiene asegurada una victoria en la primera vuelta del 27 de octubre.

Como si viviera en otro mundo, Macrì dijo en Jujuy que en el proceso electoral “estamos definiendo con qué valores queremos vivir y convivir los argentinos, con honestidad y transparencia, que son valores innegociables».

Horas antes, el empresario mendocino Daniel Vila había decidido ser entrevistado en el programa de animales que se emite en el canal de televisión América, del que es accionista.
Ante una pregunta del relator deportivo que durante el cuatrienio macrista despachó en esa mesa la carne podrida de los servicios de inteligencia del Estado, acusó de extorsión a Macrì, en términos similares a los que padecieron sus homólogos Cristóbal López, Fabián de Sousa y Víctor Santa María: o se allanaban a los deseos presidenciales o irían a la cárcel.

Honestamente, una transparente operación mafiosa.

El despojo

López y De Sousa fueron despojados de sus empresas (el Grupo Indalo y Oil Combustibles) y privados de su libertad, una vez que se negaron a poner sus medios al servicio del encarcelamiento de la ex Presidente CFK, como les exigió en persona Macrì, en entrevistas realizadas en la casa de su padre y en sedes gubernativas.

Ya se ha demostrado en juicio y con peritajes oficiales la falsedad de las acusaciones inventadas por el gobierno de Macrì en contra de ambos:

• La deuda con la AFIP no era de 8.000 millones de pesos, sino de 2.600, y al momento de la intervención sólo restaban pagar 600. Recién se interrumpieron los pagos cuando el gobierno forzó la quiebra de las empresas y la detención de sus accionistas.
• Oil nunca percibió el Impuesto a los Combustibles Líquidos, porque vendía a las estaciones de servicio y no a los automovilistas, por lo cual no es cierto que retenía en forma indebida ese dinero, para adquirir con él los medios que Macrì apetecía.
• La AFIP había concedido planes similares a centenares de empresas, pero presentaba el caso de Oil como si fuera una excepción en favor de un socio político.

El tribunal que juzga a López y De Sousa dispuso excarcelarlos, aunque siguen encuadernados por el doctor Glock (uno de los intocables a quien Santa María me prohibió nombrar).

Víctor y Vila

Si Santa María no siguió el mismo destino que los accionistas de C5N y Radio 10 fue porque Horacio Rodríguez Larreta lo salvó, en atención a su cargo como presidente del PJ, con el que acuerda todos los negocios inmobiliarios.

Antes, Víctor aceptó la presión oficial para censurar mis artículos, pretensión que no acepté.

En el caso de Vila, asociado con el también mendocino y lobbysta de intereses nacionales e internacionales José Luis Manzano, se verifica el choque entre la práctica mafiosa del Presidente (que en varios artículos ha descrito en El Cohete el académico calabrés Rocco Carbone), y un típico representante de la burguesía argenta, que sólo hace negocios con plata ajena, dentro de lo posible estatal.

Vila dijo en la mesa de los animales que tenía en su teléfono mensajes del Presidente certificados ante escribano, en los que Macrì le reclamaba que su empresa Supercanal – Arlink le devolviera al Estado parte del espectro radioeléctrico que había ganado en una subasta para la tecnología 4G de telefonía celular, porque “lo tenía comprometido con Clarín”.

Vila agregó que luego de un tira y afloje con Macrì, aceptó prometer por escrito que desistiría de medidas cautelares que le había concedido la Cámara Federal de Mendoza, y Macrì accedió a guardar ese papel hasta que Vila vendiera su empresa.

Según el empresario, el Presidente no cumplió su parte del trato y presentó ese documento “antes de tiempo, pero los abogados de la empresa tenían su reaseguro y evitaron que ese espectro volviera al estado. ¿Qué hizo ahí el Presidente? Lo mandó al ministro Aguad a meterme una denuncia penal. Cuando le devolví el espectro me mando un WhatsApp diciéndome que ya le había dado instrucciones al procurador para que dejara sin efecto la denuncia penal”. Estas son facultades que ninguna ley concede al Poder Ejecutivo.

Según Vila, en relación con los medios los macristas parecen inofensivos, «pero llevan el facón debajo del poncho y en el momento menos pensado te lo clavan».

Clarín responde

En una nota de respuesta en su edición del viernes 20, Clarín sostuvo que Vila no depositó los 506 millones de dólares ofrecidos en la subasta, por lo que el gobierno de Cristina Kirchner anuló la adjudicación y entregó ese espectro a la empresa estatal Arsat, a través de la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital.

Sin embargo, el grupo Vila - Manzano seguía sin devolver esas frecuencias de telefonía celular, en virtud de la medida cautelar de la Cámara mendocina.

En declaraciones a Clarín, el ministro de modernización Andrés Ibarra dijo que como Vila no pagó esas frecuencias, “nuestro gobierno las recuperó y forman parte del futuro proceso licitatorio, para empresas nacionales y regionales, que está en vías de instrumentación”.

En vías de instrumentación es una frase de típica imprecisión macrista.

Alguna vez, quizás, quizás, quizás.

Agregó Ibarra que en abril de 2017 el Ministerio de Comunicaciones presentó la denuncia penal a la que hizo referencia Vila, para que se investigue la adjudicación de las frecuencias a Arlink, pero que “esa denuncia no estuvo dirigida a ninguna persona en particular y que pocos días después, tras una audiencia de conciliación, Supercanal propuso un acuerdo por el cual devolvía el espectro, desistiendo de la medida cautelar”.

Se suponía que Ibarra estaba desmintiendo a Vila.

Pero si se lee con atención, no hizo más que confirmarlo: hubo una conciliación y Vila desistió de la cautelar.

Tal vez por eso la nota desapareció poco después del portal de Clarín.

Vila también dijo que además de “meterse con la libertad”, lo que hizo Macrì “también es inmiscuirse en el Poder Judicial, cosa que está prohibida, porque esta es una república con división de poderes».

Un pequeño detalle

La nota de Clarín omite que la asignación a la empresa del Estado ARSAT de las frecuencias reclamadas por Arlink se hizo para que las utilizara con fines públicos específicos, priorizando aplicaciones de Protección Pública y Operaciones de Socorro y Defensa, y a las zonas de mayor vulnerabilidad del país, en proyectos propios o en asociación con Municipalidades, Cooperativas y Sociedades del Estado o con participación estatal.
Esa asignación de frecuencias sólo podría modificarse por decisión de “dos tercios de los miembros del Honorable Congreso de la Nación”.
Es decir que de otro modo no podrían ser asignadas a empresas privadas, como Clarín o América.

A pocos días de asumir en 2015, Macrì modificó por el decreto 267/15 la Ley Audiovisual.
De ese plumazo eliminó las cláusulas antimonopólicas que molestaban a Clarín y derogó la prohibición de que una misma empresa pudiera prestar servicios de comunicación audiovisual y servicios públicos, como la telefonía.
Recién entonces Clarín blanqueó la compra de Telecom y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) la aceptó.

En la audiencia sostenida en abril de 2016 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la que participé en representación del CELS, el gobierno prometió impulsar en menos de seis meses una ley más moderna.
Macrì se va sin haber cumplido tampoco esta promesa.
Pero su omisión permitió a Clarín sumar hechos consumados que ahora son derechos adquiridos, como reconoció Alberto Fernández en diálogo con el lobbysta de la calle Tacuarí, Jorge Rendo.

En la nota mencionada, Clarín alega que “nunca necesitó esas frecuencias de telefonía celular”.
La realidad es la contraria, desde que el gobierno aprobó que Clarín adquiriera la empresa de telefonía celular Nextel, que no tenía frecuencias aptas para dar 4G.
Las que Cristina recuperó para ARSAT eran el objetivo de Clarín. Por eso Macrì exigió a Vila que desistiera de la cautelar, bajo amenazas a su familia y a su libertad.

Vila firmó lo que le exigían, pero sin intención de cumplir y se guardó un Plan B.
El presidente del ENACOM, Miguel de Godoy, no vio con simpatía la denuncia penal por defraudación con que Macrì amenazó a Vila, y debió presentarla el propio ministro Oscar Aguad.
De Godoy, que se relaciona en la masonería local con diplomáticos, hombres de negocios, funcionarios judiciales y agentes de inteligencia de diversos países, fue reemplazado en el cargo por la condescendiente ex diputada radical Silvana Giudici, una clarinada estridente entre tanto burócrata formalista.
Ante la denuncia de Aguad, en septiembre de 2017, Vila desistió de la cautelar ante la Cámara mendocina, que se lo comunicó al juzgado federal 8, de Marcelo Martínez de Giorgi.




Como no tenía la menor posibilidad de que 2/3 de los miembros del Congreso aprobaran la transferencia de las frecuencias de bien público de ARSAT a los negocios de Clarín, Macrì firmó en enero de este año el decreto de necesidad y urgencia N° 58/2019, por el que las frecuencias de ARSAT pasaron a ser administradas por el ENACOM, que “otorgará participación a prestadores de Servicios de TIC de carácter regional o local, públicos o privados” en no menos del 20% de “las frecuencias indicadas en el Anexo II”.
Las frecuencias del Anexo II son las que Vila intenta retener sin pagar por ellas.
El decreto está en vigencia por el inconstitucional método de la sanción ficta: es decir, mientras no lo deroguen las dos cámaras del Congreso, y aún así no afectaría los “derechos adquiridos” durante su vigencia.
Resta por ver si Macrì ya ha dado algún paso para trasferirlas a Clarín.

Sobreactuaciones

Si Macrì y Miguel Pichetto tuvieran alguna chance de descontar los 15 puntos que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner les sacaron en las primarias, Vila no hubiera denunciado la extorsión a la que el Presidente lo sometió.

Por si no bastara con la denuncia, que de inmediato fue judicializada por el Pocero de la Patagonia, Guillermo Marijuan, Vila también dijo que “no hay miembros de La Cámpora procesados ni sospechados de corrupción, son chicos talentosos, inteligentes. Nos vendieron que Máximo Kirchner era un chico que se drogaba y que jugaba la PlayStation. Si lo conocieran al Máximo real no tiene nada que ver con el Máximo que nos vendieron. Es un chico criterioso, inteligente, estudioso, preparado, que sabe de economía».

Conceptos idénticos se han leído en esta columna, sólo que el mendocino llega cuatro años tarde, y como parte de la pasión empresarial por acudir en auxilio de la victoria, patear al caído e impulsar su agenda de siempre: Vila terminó su palinodia reclamando la reforma laboral que actualice los antiguos contratos de trabajo.
¿Cuál será su desilusionada reacción cuando advierta que el “Máximo real” no la consentirá?

En esta misma edición, Héctor Recalde enumera algunos derechos que los trabajadores aún deben recuperar.
Marijuan era el candidato a ocupar la Procuración General de la Nación, cuando Sergio Massa aspiraba a la Presidencia en las elecciones de 2015 y prometía alejar a la Procuradora Alejandra Gils Carbó, cosa que luego hizo Macrì.
El canal abierto y la señal de noticias por cable de Vila han sido el principal apoyo mediático de Massa durante años.
Los elogios a La Cámpora son una sobreactuación de Vila, del mismo estilo que su asistencia a la primera presentación de Sinceramente, en mayo de este año, antes de que Cristina cediera su lugar en la fórmula presidencial para que Alberto Fernández sumara a Massa, entre otros, a la coalición.
El que también sobreactuó con locuacidad eufórica fue el propio Massa, durante el viaje a Córdoba para la misa en el primer aniversario de la muerte de José De la Sota.

- ¿Viste que yo también canté Vamos a Volver? - le dijo a Wado de Pedro, quien bajó la mirada hacia su teléfono y contestó con un sonido gutural.

Massa con De Pedro.

El ex intendente de Tigre no se arredró.

- Hasta nombré a la Jefa - insistió el aspirante a manejar las cuestiones energéticas durante el gobierno de Alberto y Cristina Fernández, apetencia que comparte con Guillermo Nielsen y Miguel Galuccio.

Tampoco así consiguió un gesto más expresivo de parte de De Pedro, quien quedó a cargo de la coordinación de la recompuesta relación con el gobernador Juan Schiaretti, en contacto con su operador, el Zurdo Jorge Montoya.

La fórmula de Capusotto se despide

También hay indicios de que los sensores meteorológicos de la República Autónoma del Cuarto Piso han registrado los vientos políticos que soplan desde que Alberto y Cristina arrasaron al Presidente y su vice en las primarias de agosto. La principal disputa entre consultoras y encuestadores desde entonces es determinar en cuántos puntos aumentará la distancia entre ambas fórmulas.
Sólo los desahuciados, como Elisa Carrió y los propios Juan Domingo Perdón y Micky Vainilla, simulan creer que el Frente de Todes podría quedar por debajo del 45% fijado por la Constitución como línea de llegada electoral y forzarlo a una segunda vuelta, en la que lo vencerían.

En cambio, tanto El Hada Buena como su jefe político parten de la base de que la elección presidencial está perdida y sólo se concentran en sus objetivos particulares: Horacio Rodríguez Larreta en pasar del 50%, de modo de ser reelecto sin segunda vuelta; la gobernadora bonaerense en retener algunas intendencias (Mar del Plata, La Plata, Lanús y Tres de Febrero las principales) y fortalecer los bloques legislativos, de modo de consolidarse como jefa de la oposición al gobernador Axel Kicillof.
Por eso, la gobernadora le dio el esquinazo a Macrì durante la visita a Mar del Plata, en la que no quiso mostrarse junto al apestado.
Tanto Vidal como HRL consideran a Macrì el causante único de la derrota y procuran tender puentes con los inminentes gobiernos nacional y provincial. Ahora abominan de las actitudes confrontativas con que Cambiemos polarizó la política argentina.
La principal burrada del intendente de la Capital, como quiere ser considerado, fue su frase célebre, sobre la lucha de las especies: “Un dinosaurio contra un homo sapiens, se lo comía. Contra dos, también. Contra 20, si iban de a uno, también se los comía el dinosaurio. Para cuando los 20 se organizaron, mataron al dinosaurio. Por eso hoy el ser humano es quien maneja al mundo”.
¿Qué importa cuántos millones de años separan la extinción de los dinosaurios de la aparición de vida humana en el planeta?
Vidal, en cambio, demonizó a Roberto Baradel y al kirchnerismo en su insensata confrontación con los docentes de su provincia, que polarizó entre El Hada Buena y el Ogro Malo.
Que hoy asuma que ese fue el peor error de su gobernación no le ayuda a comprender que tampoco corresponde a las normas de una disputa política democrática haber aducido que si ganaba Kicillof gobernaría La Cámpora, al mismo tiempo que otras fuentes de la misma coalición identificaban a los camporistas con el narcotráfico y la adicción.
Tanto Vidal cuanto Rodríguez Larreta planifican un futuro sin Macrì y tienden puentes con el próximo gobierno (contra lo que tiende a pintar la prensa comercial, el acercamiento comenzó por el círculo íntimo de Cristina, mientras se multiplican los mensajeros que ofrecen contacto con Alberto, desde el clarinesco Rendo hasta el hipersensible hijo de la mamá de Víctor Santa María).
Alberto no tendrá inconveniente en reunirse con él, dentro de lo posible después de las elecciones, pero sin esos pegajosos intermediarios.

Rodríguez Larreta consolidó su relación con Martín Lousteau (que quiere decir Enrique Nosiglia), que atesora para el momento en que haya que redefinir la relación de la UCR con lo que quede del PRO.
El alcalde porteño entiende que tampoco le será difícil conciliar posiciones con el nuevo gobierno, en una suerte de neo bipartidismo peroniano.
Cuenta para ello con Cristian Ritondo, Diego Santilli, Emilio Monzó, Rogelio Frigerio (si no es electo director del BID). Cree que si esa entente que también es generacional, no salva la grieta y restituye formas cordiales de convivencia, más temprano que tarde también la Argentina tendrá su Bolsonaro, una denominación genérica que comprende a los Trump, Duterte, Orban, Le Pen y Salvini del orbe.
Es lo que uno de sus colaboradores llama “el Weimar global”, aludiendo a la caída del gobierno socialdemócrata alemán que hace nueve décadas cedió paso al hitlerismo.
Ninguno de ellos parece registrar que si eso no ha ocurrido en la Argentina se debe a la resiliencia del sindicalismo peronista, de los movimientos sociales y de la izquierda, con una capacidad de movilización única en la región, como acaba de recordar Hugo Yasky en el Congreso Provincial dela CTA de Santa Fe.
Lo repetirá ante Fernández, en el Congreso Nacional de la organización, que sesionará dentro de dos semanas.

LA JUSTICIA SE ESPABILA, de Horacio Verbitzky - 15/9/19

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo ordenó al PEN informar sobre el acuerdo con el FMI

Apenas cuatro días después de que El Cohete a la Luna informara que el acuerdo stand - by por el que el Fondo Monetario Internacional prestó 57.100 millones de dólares al gobierno argentino del Presidente Maurizio Macrì estaba flojo de papeles, la sala III de la Cámara Federal de Apelaciones en los Contencioso Administrativo ordenó que el Poder Ejecutivo y el Banco Central suministraran toda la información necesaria para que los ciudadanos pudieran controlar la regularidad del procedimiento.

Y que lo hicieran en los términos solicitados por los autores de un recurso de amparo y de un reclamo de acceso a la información pública.

Quienes los presentaron fueron Pedro Biscay, ex director del Banco Central, designado por Alejandro Vanoli y despedido por Federico Sturzenegger a raíz de los memorándums que le envió advirtiéndole sobre el peligro para la economía argentina de la bola de nieve de Letras que se iban acumulando a velocidad vertiginosa.

A lo largo de la tramitación del amparo, el Ministerio de Hacienda reconoció que el expediente administrativo se había iniciado nueve días después de concedido el préstamo cuya necesidad debía fundamentar, en cumplimiento de las leyes de procedimiento administrativo y de administración financiera, que exigen que los actos de gobierno sean debidamente fundados por dictámenes técnicos.

El domingo 8, en el programa por streaming El Destape Web fui invitado a exponer sobre este caso, del que había escrito en la edición de ese mismo día de El Cohete. Inmediatamente antes hubo una entrevista a la mamá de un nene de 13 años, que expuso sobre la infernal burocracia del Instituto de Obra Médica Asistencial de la provincia de Buenos Aires (IOMA) para obtener un remedio oncológico. Mostró las distintas planillas que debía firmar, las varias sedes a las que le reclamaban que asistiera, y concluyó narrando que el medicamento Vincristina llegó cinco días después de la muerte del pibe, quien no pudo tomarlo en el momento que correspondía según el tratamiento prescripto por el médico.

Todos en el estudio estábamos llorando cuando me tocó contrastar ese laberinto con el hyperloop de alta velocidad que recorrió la solicitud de 57.100 millones de dólares.

Esa cifra es el mayor empréstito de la Argentina en sus dos siglos de existencia; el mayor préstamo concedido por el Fondo Monetario desde su creación por los acuerdos de Bretton Woods de 1944; la mayor deuda tomada por cualquier país del mundo en el mismo lapso; y equivale al 60% de la totalidad de la cartera prestable del FMI.

Es más rápido y exige menos requisitos endeudarse por el 10% del producto interno bruto de un año que conseguir la dosis de una droga oncológica que puede prolongar la vida de una criatura.
Biscay fue el único director del Banco Central que permaneció en funciones una vez que concluyó el gobierno de CFK y renunció el presidente del Banco, Alejandro Vanoli. Durante un año y medio envió diversas comunicaciones formales al presidente del directorio, como era su obligación, advirtiendo que la política en curso era insustentable.

En julio de 2017 fue cesanteado por cuestionar la política de su presidente, Federico Sturzenegger (que el propio gobierno abandonaría cinco meses más tarde) y la emisión descontrolada de Letras del Banco Central (LEBACs), para esterilizar los pesos que se adquirían con los dólares prestados por los mercados voluntarios de crédito.

En febrero de 2018, esos mercados cerraron sus puertas en las narices del gobierno argentino, que entonces debió recurrir al FMI.

Sturzenegger fue reemplazado por Luis Caputo, El Primo Toto.

Las sucesivas comunicaciones internas de Biscay pueden leerse en las ediciones anteriores de El cohete a la Luna, e hicieron un primer amago de cumplirse en mayo de 2018.

El 15 de mayo vencían letras por 30.000 millones de dólares y ante la imposibilidad de afrontar el pago y el temor a que no se renovaran, el gobierno acudió al Fondo Monetario Internacional.

Jueces y jueces

Cuando se anunció que los enviados volvían con el crédito otorgado, menos de un mes más tarde de que Macrì anunciara la apertura de negociaciones con el Fondo, Biscay, su ex compañero en el Banco también cesanteado Eduardo Codianni y el presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, Eduardo Manuel Murúa, trabajaron en un recurso de amparo con los abogados Augusto Martinelli, Andrés Bernal y Francisco Verbic, que se presentó en el juzgado federal en lo contencioso administrativo del juez Esteban Furnari.

Esteban Furnari es el juez que en 2009 anuló la decisión oficial de suspender la fusión de Cablevisión y Multicanal, del Grupo Clarín.

En 2016 intervino Oil Combustibles, del Grupo Indalo, lo cual impidió que la empresa cuyos principales accionistas son Cristóbal López y Fabián De Sousa pudieran pagar el plan de refinanciación de deudas acordado con la DGI, lo cual la condujo a la quiebra.

De Sousa denunció que ese fue el cumplimiento de una amenaza que les formuló en persona el Presidente Maurizio Macrì si no colocaban sus medios de comunicación al servicio del gobierno.

Esta semana, la jueza federal María Eugenia Capuchetti, designada por Macrì, los sobreseyó en otra causa iniciada contra ellos por el diligente juez Julián Ercolini, quien les atribuía una venta simulada del Grupo Indalo.

Ante el Tribunal Oral Federal 3, De Sousa está exponiendo sobre el intento del gobierno por apoderarse de sus medios (la señal de cable C5N, la Radio 10, los principales), que debían ponerse al servicio del proyecto de encarcelar a la ex Presidente CFK.

El encono de Macrì y la centralidad de este proyecto se verificaron en la suerte de los camaristas que dejaron en libertad a López y De Sousa: Jorge Ballestero fue jubilado de emergencia, Eduardo Farah trasladado a otro tribunal y Eduardo Freiler expectorado en juicio político.

La sala M del tribunal, conformada por Leopoldo Bruglia y Cacho Bertuzzi, trasladados a dedo sin el trámite legal y constitucional requerido, volvió a encarcelarlos.

Sobreseídos en una causa, es muy probable que sean absueltos o que sea declarada nula la otra: un peritaje de la Corte Suprema de Justicia refutó que debieran 8.000 millones de pesos, por impuestos percibidos y no ingresados, con los cuales habrían comprado nuevas empresas.

Sólo habían refinanciado 2.200 millones de pesos, de los cuales al asumir Macrì ya habían pagado 1.600.

Si no pudieron saldar el resto fue porque los detuvieron e intervinieron sus empresas.

El fiscal Guillermo Marijuan y la jueza María Servini investigan la denuncia de Fabián de Sousa anticipada en El Cohete.

Cuesta arriba

Ante la apelación de Biscay, Murúa y Codianni, el fiscal ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta, dictaminó que el Poder Ejecutivo, “mediante una respuesta vaga y evasiva, se ha negado a entregar […] información pública básica sobre los empréstitos contraídos con el FMI durante el año 2018”.

Además destacó que tampoco se le informó respecto de la existencia de cláusulas de prórroga de jurisdicción, las características financieras de los acuerdos, de la normativa o actos que habilitaban la suscripción de la Carta de Intención, y tampoco se le proveyó copia de lo solicitado “con relación a los señalados pdf que el Ministerio de Hacienda públicó en su página web” (fs, 7/7 vta.)”.

Para el fiscal, el Ministerio de Hacienda omitió entregar la información requerida en “soporte digital, como expresamente se solicitó en sede administrativa. Y tampoco acompañó esos documentos en tal soporte a este expediente judicial” (fs. 147).

Agregó que “[n]o es lo mismo contar con fotocopias de los documentos en pdf impresos desde el sistema […] que con el expediente completo en formato digital. Esto último permite controlar la autenticidad, fechas de producción, inalterabilidad y otras características del documento que no pueden verificarse en una fotocopia de papel” (fs, 147 vta., énfasis del original).

Al avalar esto, Furnari “violó los principios más fundamentales establecidos por nuestra Corte Suprema de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” (fs 148).

Para la Corte Suprema, la información solicitada de carácter público, “no pertenece al Estado sino que es del pueblo de la Nación Argentina” y que “de poco serviría el establecimiento de políticas de transparencia y garantías en materia de información pública si luego se dificulta el acceso a ella mediante la implementación de trabas de índole meramente formal”.

Después de mucho resistirse, el Ministerio de Hacienda entregó dos expedientes administrativos, de los que surge que:
El primer expediente administrativo fue iniciado por ese Ministerio el 21 de junio de 2018; esto es, una semana después de la demanda del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y nueve días después de la firma de la Carta de Intención para solicitar el crédito, el 12 de junio.
No hay constancia de que existiera un dictamen jurídico previo a la firma de la Carta de Intención.
Tampoco consta el dictamen del Banco Central sobre cómo impactaría el crédito que se pretendía tomar en la balanza de pagos (requisito exigido por el artículo 61 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156).
Ningún acto administrativo expone la decisión de tomar el crédito,
El Presidente Maurizio Macrì no firmó decreto alguno al respecto.
En el expediente tampoco hay Resolución alguna del Directorio del Banco Central ni del Ministerio de Hacienda.
Por último, ni siquiera hay constancia de que se haya suscripto acuerdo alguno: sólo está la Carta de Intención y sus memorandos adjuntos. Esa Carta de Intención dice que tales memorandos son “hitos que deben usarse para el diseño del acuerdo stand-by”.

El Banco Central no entregó los dictámenes del artículo 61 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156 ni los expedientes donde deberían haberse emitido (tanto para el crédito de U$S 50.000.000.000 como para el posterior de U$S 7.100.000.000). En su lugar, se limitó a sostener que evaluó el impacto macroeconómico del crédito en conjunto con el Ministerio de Hacienda y con el propio Fondo Monetario Internacional, lo cual se aparta por completo de la legalidad vigente.

Esta información formó parte del artículo principal del Cohete el domingo pasado http://elcohetealaluna.com/flojo-de-papeles/.

El jueves 12, la Cámara de Apelaciones aceptó todos los planteos de los amparistas y las posiciones del fiscal general y obligó al Estado a entregarles la información en la forma solicitada.

Firmaron la resolución los camaristas Jorge Esteban Argento, Carlos Manuel Grecco y Sergio Gustavo Fernández, el hermano de Francisco Javier y Claudio, el trío más temido que circula entre los sótanos de la inteligencia y los pasillos de tribunales.

Como juez de primera instancia primero y como camarista después, Argento ha sido claro en sus pronunciamientos respecto de los crímenes de la dictadura (condenó al ex almirante Massera a indemnizar a la diezmada familia Tarnopolsky) y los motines carapintada (rechazó amparos en contra de las sanciones que les impusieron).

También investigó la formación con diputruchos de la mayoría que en 1990 votó la ampliación de la Corte Suprema de Justicia; convalidó las facultades del Congreso para regular la composición del Consejo de la Magistratura; aceptó el reclamo de la editorial Perfil por el retiro de la publicidad oficial.

Junto con Grecco revocó la medida de Furnari en favor de la fusión de los cables del Grupo Clarín, y también desampararon a La Nación en su batalla contra el Estado para no pagar impuestos.

El fallo unánime

El jueves 12, por unanimidad, los camaristas volvieron a revocar una decisión de Furnari, esta vez en el amparo por el acceso a la información pública.

Con cita de precedentes de la Corte Suprema de Justicia, la Cámara sostuvo que el “fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan”. 

Agrega que la obligación de suministrarla fue predicada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos “toda vez que la información pertenece a las personas, la información no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno. Este tiene la información solo en cuanto representante de los individuos. El Estado y las instituciones públicas están comprometidos a respetar y garantizar el acceso a la información a todas las personas”. 

También señaló el Alto Tribunal interamericano que “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible” y el sistema de excepciones debe ser restringido.

El artículo 1º de la ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública sostiene que su objeto es “promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública …” y se funda en los principios de presunción de publicidad, transparencia y máxima divulgación, informalismo, máximo acceso, disociación, no discriminación, máxima apertura, gratuidad, control por el órgano competente, responsabilidad, alcance limitado de las excepciones, in dubio pro petitor (es decir, en caso de duda a favor del peticionario), facilitación y buena fe.

Por todo ello, ordenó que el Poder Ejecutivo brinde información “clara, precisa, completa y detallada” sobre los empréstitos contraídos con el FMI.

El reclamo del amparo se refiere a:
Texto completo del contrato firmado o a ser firmado entre las partes, términos de referencia, todos sus anexos y cualquier documentación conexa o complementaria ambos empréstitos “credit stand-by” contraídos o a contraerse con el FMI;
Condiciones establecidas en el marco de dichos empréstitos. Entre ellas, informe si se han suscripto cláusulas con prórroga de jurisdicción hacia tribunales extranjeros arbitrales, administrativos /o judiciales para resolver controversias derivadas del empréstito;
Informes, dictámenes y/o cualquier otro documento donde las reparticiones públicas con competencia en la materia se hayan expedido con carácter previo a la toma de tales empréstitos, sobre el impacto y distribución presupuestaria prevista para afrontar las condiciones dispuestas por los créditos en cuestión;
Detalle de las características financieras de ambos acuerdos. Entre ellas, como mínimo, las siguientes: montos acordados, modalidad y plazo de desembolso de fondos, costos financieros (tasa de interés, cargos y otras comisiones), aforos y toda otra característica financiera que pueda incidir en la carga de los compromisos a ser atendidos;
Expediente/s administrativo/s donde se desarrollaron los procedimientos previos a la toma de las decisiones administrativas pertinentes para contraer el empréstito en cuestión. Al respecto, específicamente que informe números de expedientes y entrega de copia completa de su contenido (en especial, dictámenes, informes técnicos y documentos, donde conste la intervención de los organismos de asesoramiento y control nacionales, así como todo acto administrativo dictado en el contexto del mismo);
Respecto del documento fechado el 12/06/2018 que el Ministerio de Hacienda ha publicado en la página web, el cual correspondería a la carta de intención dirigida por Sturzenneger y Dujovne a la señora Lagarde y su anexo Memorándum de Políticas Económicas y Financieras, correspondiente al primero de los empréstitos (simples pdfs carentes de sellos oficiales, membrete, fechas auténticas o referencia a expediente alguno), se entregue copia de los documentos originales y de todos los informes o dictámenes técnicos que se produjeron con carácter previo a definir el contenido y alcance de dichos documentos;
Respecto de esa carta de intención dirigida por Sturzenneger y Dujovne a la señora Lagarde y su anexo Memorándum de Políticas Económicas Financieras correspondiente al primero de los empréstitos, informe y entregue copia de la normativa pertinente que habilitaba su suscripción por parte de dichos funcionarios, o bien del acto o actos administrativos que así lo hubiesen autorizado (v. fs. 2/3 vta.).

También dispuso que el Estado cumpla con su obligación de entregar la información “en formatos digitales abiertos, salvo casos excepcionales en que fuera de imposible cumplimiento o significara un esfuerzo estatal desmedido”. A su vez, en el decreto reglamentario Nº 206/2017, se prevé que “en caso que los sujetos obligados posean una versión electrónica de la información solicitada, deberán enviarla al particular sin costo alguno o ponerla a su disposición, comunicándole a este los datos que le permitan acceder a la misma. De no existir versión electrónica, podrán reproducir la información solicitada en copias simples, medios magnéticos, ópticos, sonoros, visuales, holográficos y otros medios”.

En lo relativo a las “cláusulas de prórroga de jurisdicción, a los actos administrativos previos y a los acuerdos aprobados por el Fondo Monetario Internacional, en caso de darse una respuesta afirmativa sobre su existencia, también se proceda a facilitar el acceso a ellas - según lo ordenado en el Considerando anterior - y a la entrega digital, en caso de hallarse en este formato”.

La negociación

La responsabilidad penal de los funcionarios que no cumplieron con los requisitos de las leyes de procedimiento administrativo y de administración financiera es insoslayable y comprendería a Macrì, Sturzenegger, Caputo, Guido Sandleris y Nicolás Dujovne. Los abogados Verbic, Bernal y Martinelli se preguntan por qué el Gobierno incumplió «los procedimientos administrativos previos que evaluaran y controlaran la sustentabilidad de la deuda. ¿Será que sabía que la deuda con el FMI no era sustentable, pero igual eligió ese camino antes que tener que admitir ante la población que en dos años de gestión se había llegado a una situación de default?»

Es improbable que la responsabilidad se extienda a los funcionarios del FMI, Christine Lagarde, David Lipton, Alex Werner y Roberto Cardarelli, que no se aventuran a tratar con los países miembro sin un completo blindaje legal, comenzando por la prórroga de jurisdicción.

No obstante, es ostensible que esta ligereza negligente favorece la posición del gobierno argentino, para el momento en que Alberto Fernández deba sentarse a discutir las condiciones del probable acuerdo de facilidades extendidas que substituirá al stand-by.

Este es el exacto reverso de la pretensión del Fondo de que Fernández suscriba las decisiones que llevaron al fracaso del Presidente Macrì y al contundente repudio que cosechó, en las urnas, en las calles y que comienza a manifestarse también en los tribunales.

La pueblada en el corazón de la clase media porteña, con indignadas personas intentando rescatar a un vendedor callejero en Acoyte y Rivadavia, al grito: “Yuta, basura/vos sos la dictadura” es un sello indeleble en el certificado de defunción de Cambiemos.

Otra prueba de ello son la intervención parcial del Correo Argentino de Macrì, por parte de la misma jueza Marta Cirulli que lo protegió durante el interminable concurso preventivo; el dictamen que la fiscal Paloma Ochoa presentó al juez Rodolfo Canicoba Corral para que se investiguen las afirmaciones de Martín Pérez Redrado de que Macrì fomentó la corrida del 12 de agosto, como represalia contra quienes el día anterior habían votado por Les Fernández; el sobreseimiento de Cristóbal López y De Sousa; la desvinculación de Cristina de los bolsos rellenos de dólares por los que fue detenido y condenado José López; la inquietud del fiscal Diego Luciani, quien ha tomado súbita conciencia de que sólo puede acusar a Cristina por la inadmisible responsabilidad objetiva en la causa de la obra pública («…no podía ignorar», dice su endeble libelo).

Los helados vientos de la política espabilan a los adormecidos magistrados, bien dispuestos a recuperar lo que se pueda del tiempo perdido.

EN ESTE MOMENTO DE MI VIDA, de Ángeles Caso.

"En este momento de mi vida, no quiero casi nada.

Tan sólo la ternura de mi amor y la gloriosa compañía de mis amigos.

Unas cuantas carcajadas y unas palabras de cariño antes de irme a la cama.

El recuerdo dulce de mis muertos.

Un par de árboles al otro lado de los cristales y un pedazo de cielo al que se asomen la luz y la noche.

El mejor verso del mundo y la más hermosa de las músicas.

Por lo demás, podría comer patatas cocidas y dormir en el suelo mientras mi conciencia esté tranquila.

También quiero, eso sí, mantener la libertad y el espíritu crítico por los que pago con gusto todo el precio que haya que pagar.

Quiero toda la serenidad para sobrellevar el dolor y toda la alegría para disfrutar de lo bueno.

Un instante de belleza a diario.

Echar desesperadamente de menos a los que tengan que irse porque tuve la suerte de haberlos tenido a mi lado.

No estar jamás de vuelta de nada.

Seguir llorando cada vez que algo lo merezca, pero no quejarme de ninguna tontería.

No convertirme nunca, nunca, en una persona amargada, pase lo que pase.

Y que el día en que me toque esfumarme, un puñadito de personas piensen que valió la pena que yo anduviera un rato por aquí.

Sólo quiero eso.

Casi nada o todo."

CANTO LIBRE, de Víctor Jara

Letras


El verso es una paloma
Que busca donde anidar
Estalla y abre sus alas
Para volar y volar,
mi canto es un canto libre,
que se quiere regalar.
(Mi canto es un canto libre)

A quien le estreche su mano,
a quien quiera disparar
(Mi canto es un canto libre)

Mi canto es una cadena
sin comienzo ni final,
y en cada eslabón se encuentra
el canto de los demás.
El canto de los demás

Sigamos cantando juntos
a toda la humanidad.
Sigamos cantando juntos
(a toda la humanidad)

Que el canto es una paloma
que vuela para encontrar.
estalla y abre sus alas,
Para volar y volar.

Mi canto es un canto libre

POEMA N° 20, de Pablo Neruda

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Escribir por ejemplo: "La noche está estrellada, y tiritan,
azules, los astros, a lo lejos".
El viento de la noche gira en el cielo y canta.

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Yo la quise, y a veces ella también me quiso.
En las noches como ésta la tuve entre mis brazos.
La besé tantas veces bajo el cielo infinito.

Ella me quiso; a veces yo también la quería.
Como no haber amado sus grandes ojos fijos.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido.

Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella,
y el verso cae al alma como al pasto el rocío.
Qué importa que mi amor no pudiera guardarla.
la noche está estrellada y ella no está conmigo.

Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos.
Mi alma no se contenta con haberla perdido.
Como para acercarla mi mirada la busca,
mi corazón la busca, y ella no está conmigo.

La misma noche que hace blanquear los mismos árboles.
Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.
Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise.
Mi voz buscaba el viento para tocar su oído.

De otro. Será de otro. Como antes de mis besos.
Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos.
Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero.
Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido.

Porque en noches como ésta la tuve entre mis brazos,
mi alma no se contenta con haberla perdido.
Aunque éste sea el último dolor que ella me causa,
y éstos sean los últimos verso que yo le escribo

CONFIESO QUE HE VIVIDO, de Pablo Neruda

De los desiertos del salitre, de las minas submarinas del carbón, de las alturas terribles donde yace el cobre y lo extraen con trabajos inhumanos las manos de mi pueblo, surgió un movimiento liberador de magnitud grandiosa.

Ese movimiento llevó a la presidencia de Chile a un hombre llamado Salvador Allende, para que realizara reformas y medidas de justicia inaplazables, para que rescatara nuestras riquezas nacionales de las garras extranjeras.

Donde estuvo, en los países más lejanos, los pueblos admiraron al presidente Allende y elogiaron el extraordinario pluralismo de nuestro gobierno. Jamás en la historia de la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, se escuchó una ovación como la que le brindaron al presidente de Chile los delegados de todo el mundo.

Aquí en Chile se estaba construyendo, entre inmensas dificultades, una sociedad verdaderamente justa, elevada sobre la base de nuestra soberanía, de nuestro orgullo nacional, del heroísmo de los mejores habitantes de Chile. De nuestro lado, del lado de la revolución chilena, estaban la Constitución y la ley, la democracia y la esperanza.

Allende fue asesinado por haber nacionalizado la otra riqueza del subsuelo chileno, el cobre.
Los obreros más explotados del mundo, los de las regiones del norte de Chile, no cesaron de producir inmensas cantidades de libras esterlinas para la City de Londres.

Allende era dirigente colectivo; un hombre que, sin salir de las clases populares, era un producto de la lucha de esas clases contra el estancamiento y la corrupción de sus explotadores. Por tales causas y razones, la obra de que realizó en tan corto tiempo es superior a la de Balmaceda; más aún, es la más importante en la historia de Chile.

Sólo la nacionalización del cobre fue una empresa titánica, y muchos objetivos más se cumplieron bajo su gobierno de esencia colectiva.

Escribo estas rápidas líneas para mis memorias a sólo tres días de los hechos incalificables que llevaron a la muerte de mi gran compañero el presidente Allende.

Su asesinato se mantuvo en silencio; fue enterrado secretamente; sólo a su viuda le fue permitido acompañar aquel inmortal cadáver.

La versión de los agresores es que hallaron su cuerpo inerte, con muestras de visible suicidio.

La versión que ha sido publicada en el extranjero es diferente.

A renglón seguido del bombardeo aéreo entraron en acción los tanques, muchos tanques, a luchar intrépidamente contra un solo hombre: el Presidente de la República de Chile, Salvador Allende, que los esperaba en su gabinete, sin más compañía que su corazón, envuelto en humo y llamas.

Tenían que aprovechar una ocasión tan bella.

Había que ametrallarlo porque nunca renunciaría a su cargo.

Aquel cuerpo fue enterrado secretamente en un sitio cualquiera, aquel cadáver que marchó a la sepultura acompañado por una sola mujer que llevaba en sí misma todo el dolor del mundo, aquella gloriosa figura muerta iba acribillada y despedazada por las balas de las metralletas de los soldados de Chile, que otra vez habían traicionado a Chile.

Saludos...

MACRISMO Y STALINISMO, de Ricardo Aroskind - 8/9/19

La última creación literaria de Cambiemos es que puso los cimientos del crecimiento futuro

La última creación literaria del aparato comunicacional macrista está diseñada para mostrar a la fallida gestión de Cambiemos como una verdadera gesta estratégica, en la cual se siguió un camino muy bien trazado de objetivos materiales destinados a sentar las bases del progreso argentino.

El esfuerzo gubernamental habría sido tan extraordinario, y su concentración en las grandes tareas de cimentar el crecimiento tan obsesiva, que de pronto dejó detrás de sí, o no prestó suficiente atención, a lo que pasaba con los seres humanos que habitaban el territorio donde se estaba verificando tan extraordinaria transformación.

Repasemos algunas declaraciones oficiales en esa dirección.
El ex presidente Pinedo señaló: “Perdimos porque no nos ocupamos del día a día y de la gente que nos decía ‘no llego, necesito otra cosa”.

Hernán Lombardi, principal responsable del Sistema Federal de Medios, meditó: "En nuestro afán de poner rápido a la Argentina de pie… bueno, le metimos la mano en el bolsillo a la gente… Se achicaron sus bolsillos".
El propio Presidente Macri señaló en numerosas oportunidades: “Con sacrificio pusimos los cimientos para crecer. Vamos a lograrlo juntos”.

¿Qué sería poner los cimientos?

En general la argumentación macrista trabaja más con impresiones que con conceptos precisos.

Está pensada para grandes franjas poblacionales y apela a imágenes ya existentes en el imaginario colectivo.

El argumento de que se pusieron los cimientos del progreso, debe ser rastreado según otras publicidades que hace Cambiemos, para sacarlo del ámbito metafísico y colocarlo entre las cosas discernibles.

De diversas declaraciones que han hecho economistas y políticos pertenecientes al espacio de Cambiemos, se deduce que lo que ellos llaman “los cimientos” se puede desglosar en:

• Haber cambiado los precios relativos de la economía, restableciendo la rentabilidad adecuada para que se verifique la inversión privada.
• Ahora, luego del ajuste obligado por el FMI, haber eliminado el déficit fiscal primario.
• Ahora, luego del ajuste obligado por el FMI, haber obtenido superávit comercial
• Haber creado lazos estrechos con las principales potencias de Occidente, uno de cuyos “logros” principales sería el pre-acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.
• Haber hecho obra pública, desde cloacas, hasta obras viales, desarrollo de la energía eólica, etc.
• Haber restablecido la reputación de Argentina como país amigo de “los mercados”, lo que constituye una señal de confianza que funcionará como atractor de inversiones externas.

Cuando se analiza uno por uno los “cimientos” que dice haber colocado Cambiemos, los resultados permiten entender aún mejor los resultados de las PASO.

El cambio de precios relativos efectivamente existió, contra los ingresos de la mayoría de la población (salarios, jubilaciones y otras transferencias) y a favor de diversos actores empresariales (agro, minería, extracción de gas y petróleo, transporte de energía, bancos).

El aumento de la rentabilidad en todos estos sectores ha tenido poca correlación con un vigoroso proceso inversor, siendo fundamentalmente una transferencia de ingresos que abultó ganancias sectoriales más que un detonador de un proceso de inversión genuino.

Sólo en Vaca Muerta se observó un avance, pero que ya había comenzado durante el gobierno anterior.

El derrumbe del mercado interno y la severísima contracción económica en marcha son consecuencia necesaria del cambio de precios relativos tal cual fue diseñado por el gobierno.

Un clima económicamente desértico no es el más adecuado para promover inversiones.

Cambiemos financió el déficit fiscal con endeudamiento público desorbitado, hasta que el corte del crédito privado los obligó a acudir al FMI, que a su vez los obligó a un recorte drástico, como el que estamos viviendo en este año. No es un equilibrio fiscal sensato, basado en eliminar gastos innecesarios y recaudar impuestos como corresponde, sino un recorte brutal en una serie de actividades de suma importancia pública (gasto social, infraestructura). Pero sería falso decir que Cambiemos resolvió - aunque sea malamente - el problema fiscal.

La verdad es que generó un drenaje fiscal en materia de los crecientes pagos de intereses de la deuda pública interna y externa, que tiende a superar la magnitud del déficit anterior.
El logro de superávit comercial actual se debe exclusivamente a la contracción grave de la actividad económica interna.

Poco y nada se hizo en materia de incrementar exportaciones, diversificarlas y conquistar nuevos mercados. La obsesión a esta altura ridícula por Europa y Estados Unidos - ambos espacios económicos con urgencias exportadoras - lleva a este gobierno fuertemente ideologizado a dejar de ver el resto del planeta, que es a donde debe apuntar la Argentina para diversificar sus mercados de destino.

Ni supermercado del mundo, ni Australia: esas imágenes que sugerían un supuesto pensamiento estratégico sobre el destino nacional, fueron apenas otros slogans para encandilar incautos.

El mundo de Cambiemos (Occidente) no nos está esperando para comprarnos nuestros productos, sino para colocar los de ellos.

Y además los pronósticos de próxima recesión en las economías atlánticas se multiplican.

Para colmo, el actual superávit comercial no alcanza en absoluto para pagar los compromisos externos adquiridos por la actual gestión.
Ya hemos señalado que el pre-acuerdo firmado con la UE es ruinoso para la producción nacional, está hecho a medida de las necesidades de los europeos, y que sólo dos gobernantes con una mentalidad profundamente satelital de los mercados (Macri y Bolsonaro) pueden aprobar lo que será un negocio para un puñado reducido de intereses locales, a costa de la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo.

Más que sentar las bases de un futuro de crecimiento y prosperidad, se pone en marcha una trituradora de empresas locales y de empleos, que será muy bien visto por las corporaciones europeas.

En los primeros dos años Cambiemos hizo obras públicas, que de todas formas no llegaron a la magnitud desplegada durante el período kirchnerista, que hizo un gran tarea de extensión de la red de agua potable y saneamiento, no superada por Cambiemos.

Con la caída en manos del FMI de la política económica, la obra pública cayó en más de un 40% y se paralizaron los discutibles programas públicos y privados (PPP), arrastrados por incertidumbre financiera en la que el gobierno metió a la Argentina.

En la Ciudad de Buenos Aires, aquejada por severos problemas de transporte público, apenas se construyeron 3 estaciones de subte, mientras se pavimentan calles ya pavimentadas.

De todas formas, como no podía ser de otra forma teniendo en cuenta el ideologismo neoliberal que atraviesa al gobierno, se careció de un plan nacional que apunte a un conjunto de objetivos estratégicos, que permitan “poner los cimientos” del crecimiento en serio.

No estamos al tanto sobre cuáles serán los comentarios que hacen los financistas globales cuando hablan entre ellos de la Argentina.

Lo que sí sabemos es que nuestro país ha constituido en este tiempo un extraordinario negocio financiero, de aquellos que no se consiguen en el resto del mundo.

Si bien los comentarios iniciales de la prensa conservadora internacional fueron sesgadamente favorables al gobierno macrista, con el pasar del tiempo se hizo inocultable la pésima gestión económica, que terminó de develarse ampliamente al firmarse los pedidos de ingentes sumas al FMI, los waivers, el default de deuda interna en pesos y el restablecimiento de los controles cambiarios.

Hoy no hay prestigio, ni reputación de seriedad, sino burla y desprecio en la prensa económica internacional.

El argumento macrista de la pesada herencia o de la amenaza populista futura no alcanzan en el exterior para tapar la pésima gestión.

En cuanto a la inversión extranjera directa (IED), que es la única que genera riqueza, o sea la que podría ayudar a cimentar el crecimiento futuro, “te la debo”.

El modelo soviético

Revisemos por un momento un proceso histórico donde se sentaron en serio los cimientos del progreso material, descuidando en forma ostensible el nivel de vida de la población.

Si hay un paradigma en la historia en el cual se priorizaron una serie de metas materiales de largo plazo, dejando en un segundo plano durante décadas una mejora en la calidad de vida de la población, fue el caso de la URSS.

Recordemos que en el momento en que los bolcheviques tomaron el poder, el Imperio Zarista era un vasto territorio, con una enorme población campesina paupérrima, y un muy reducido desarrollo industrial.

Rusia era mirada desde Europa Occidental con desdén, por su atraso tanto material como cultural. Era el equivalente a un muy atrasado y subdesarrollado país latinoamericano.

Los comunistas empezaron a gobernar un país destruido por la Primera Guerra continuada por una brutal guerra civil. Luego de diversas peripecias, el dictador Stalin decretó en 1928 la colectivización forzada de la tierra.

A partir de ese momento se comenzaron a aplicar sucesivos planes quinquenales dirigidos a sentar las bases de la industrialización acelerada de la Unión Soviética.

El estado soviético tenía por delante dos desafíos enormes: mostrar que el socialismo podía generar tanta o más riqueza que el capitalismo, y crear las condiciones para la autodefensa nacional, ya que la URSS era un experimento económico aislado y hostilizado por las grandes potencias occidentales.

Sin la posibilidad de participación efectiva por las características represivas del régimen, la población debió afrontar resignadamente las enormes penurias que conllevó ese gigantesco proceso de transformación de la industria y de la atrasada o inexistente infraestructura rusa. Si bien las cuestiones elementales estaban garantizadas (el alimento, la educación básica, la salud), el nivel de vida fue muy bajo durante un largo periodo.

Los planes quinquenales se sucedieron, y al momento de sufrir el ataque de Alemania, la segunda potencia industrial capitalista del planeta, en 1941 la URSS no sólo fue capaz de aguantar materialmente el embate nazi, sino que en plena guerra continuó desarrollando una descomunal capacidad industrial-militar, que superó durante el conflicto al notable potencial alemán.

La historia posterior a la segunda guerra mundial es conocida: la URSS será, hasta su disolución, la segunda potencia económica del planeta, con avances notables en el desarrollo aeroespacial y militar.

Recién en los años ’60 y ’70 empezó una paulatina mejora en las condiciones de vida de la población, dado que los sucesivos gobernantes empezaron a dar una importancia mayor al consumo masivo.

En síntesis: en ese experimento histórico, con indudables penurias materiales para la población, la planificación económica y la industrialización acelerada crearon las bases de un país mucho más desarrollado y moderno que el que encontraron los revolucionarios en 1917.

Si bien nunca lo dijo de esta forma, Stalin podría haber dicho legítimamente que “se estaban poniendo los cimientos para el futuro bienestar”.

En ese camino, más de una generación de soviéticos no pudo disfrutar de despliegue material que efectivamente estaba ocurriendo en su país.

La comparación

La ocurrente publicidad macrista, que no se rinde ni aún vencida, intenta instalar que ha existido un notable progreso, invisible a los ojos de los mortales, que aún no le ha llegado a la población, y que si bien no nos damos cuenta del todo, en estos años se “sentaron las bases” para el progreso.

Hemos tratado de mostrar como no sólo no se “pusieron los cimientos”, sino que, con el endeudamiento externo enorme y los pactos internacionales destinados a atar de manos a futuros gobiernos, se apunta a erosionar la posibilidad de que alguien pueda poner realmente los famosos cimientos del desarrollo.

Ni la experiencia soviética, ni la macrista, pueden ser puestas a esta altura como modelos o paradigmas socialmente deseables.

Pero aun así, es interesante observar las diferencias: Rusia arrancó su experiencia desde un nivel bajísimo de vida, lo mejoró muy lentamente durante décadas, pero utilizó el gran excedente productivo en la inversión sistemática en la industria pesada, en represas, ferrocarriles, maquinaria agrícola y desarrollo científico.

Sólo así se puede explicar el tránsito de un país miserable a una superpotencia mundial.

En el caso de Cambiemos, como ya está ampliamente demostrado, la inversión productiva no tuvo ningún papel significativo.

Por el contrario, el fenómeno económico más asombroso de estos cuatro años es la pavorosa fuga de capitales, que en términos de crecimiento representa el despilfarro más extremo de recursos producidos por nuestra economía: la evaporación de los fondos que necesitamos para la inversión y el desarrollo, para la mejora económica y social.

Los estudiosos de la historia económica de la URSS no han dejado de señalar los numerosos problemas de la economía soviética causados por las ineficiencias, los despilfarros, los errores de la planificación, o la falta de motivación de la población para cumplir con los planes gubernamentales. Pero esa sinfonía desafinada se hacía sobre una melodía correcta: la inversión productiva constante y sistemática y la promoción de la investigación científica.

En nuestro caso, ni las propias firmas multinacionales vieron con interés el participar en un experimento tan endeble, inconsistente y de patas cortas como el de Cambiemos.

Una cosa es que falten cimientos productivos, otra es hundir dinero en una ciénaga.
La gestión que se termina no sólo no puede hablar de cimientos construidos, sino que debería pedir perdón a la sociedad por haber provocado un extendido y profundo sufrimiento social cuya única contrapartida fue la generación de negocios puntuales para una minoría, y la creación de una deuda externa que fugaron algunos, pero que pagaremos los demás, a costa de nuestro bienestar.