EL ESTADO Y LAS CLOACAS, de Graciana Peñafort - 25/4/2021

Las maniobras de inteligencia ilegal del gobierno de Macri fueron tan amplias que los salpicados son legión

La jueza Capuchetti y el todavía fiscal Stornelli.

Hace apenas unas horas la doctora María Eugenia Capuchetti, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 5, se excusó de tener intervención en las causas “FLP 14.149/2.020 caratulada “Melo, Facundo y Otros s/ Asociación Ilícita.” y en la causa FLP 5.056/2.020 caratulada “Ruíz, Alan Flavio y Otros s/ Incumpl. de Autor. y Viol. Deb. Func. Publ. (art. 249) y Falsedad Ideológica”.

Los nombres de las causas no dicen nada a quienes no son abogados.

Paso a explicar: son las causas en las que se investigan las maniobras de espionaje ilegal llevadas adelante durante el gobierno de Mauricio Macri.

Las causas se iniciaron y tramitaron en los juzgados federales de Lomas de Zamora.

Casi desde el inicio de las mismas los involucrados se dividieron en dos grandes grupos.

Los que querían que se sigan tramitando en Lomas de Zamora y los que pretendían llevarlas a Comodoro Py.

No deja de ser llamativo que los acusados, muchos de los hoy procesados por haber realizado el espionaje ilegal y algunas de sus víctimas - los adherentes a Juntos por el Cambio - hayan insistido en que la causa tramite en Comodoro Py.

Mientras que el resto de las víctimas y el propio Colegio de Abogados de Capital Federal consideran que deberían continuar tramitando en Lomas de Zamora.

También resulta llamativa la conducta de los tribunales.

Sobre todo, la de Comodoro Py, que no ha cesado en hacer papelones para conseguir que la causa tramite allí.

El primer fiscal que intervino, Carlos Stornelli, consideró que debía tramitar en Comodoro Py… hasta que debió excusarse cuando se encontró con el hecho incontrastable de que él no podía intervenir, porque en una causa en la que Stornelli es parte, no como fiscal sino a título personal, el objeto de la causa eran las intervenciones telefónicas ilegales cuya investigación tramitaba en Lomas de Zamora.

Carlos Stornelli está procesado en otra causa - FMP 88/2019, que tramita en el Juzgado Federal N° 1 de Dolores, provincia de Buenos Aires - donde se investigan maniobras de inteligencia ilegal, pero además de eso, investiga maniobras extorsivas realizadas en base a la inteligencia ilegal.

Una de las estrategias defensivas de Stornelli son unas desgrabaciones de escuchas telefónicas que le llegaron de forma “anónima” y que, sostiene, demostrarían que la acusación en su contra no es cierta, sino que es fruto de un presunto complot de “los presos K”, alojados en aquel entonces en los pabellones IRIC del complejo penitenciario de Ezeiza

En la causa de Lomas de Zamora se ha demostrado que desgrabaciones de las escuchas telefónicas que se obtuvieron como consecuencia de una investigación realizada por el Juzgado Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, habrían excedido el objeto procesal de dicha causa.

En pocas palabras, las desgrabaciones de las escuchas que pretende utilizar Stornelli para defenderse, se hicieron sin una orden judicial.

Pero más aun, los responsables de haberlas realizado por fuera de la ley, que son los responsables de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), fueron procesados, ya que se demostró que desde el área de Jurídicos de la AFI, a cargo de Sebastián De Stéfano, Mariano Ruda Bart y Bernardo Miguens, se escuchó ilegalmente a las personas alojadas en el sistema IRIC y se desgrabaron esas escuchas telefónicas también en modo ilegal.

Y no suficiente con eso, las desgrabaciones obtenidas ilegalmente por la AFI se filtraron también de modo ilegal a Stornelli y a Elisa Carrió.

Stornelli no puede intervenir en esa causa por una sencilla razón: está utilizando para su defensa desgrabaciones cuya producción ilegal se investiga en Lomas de Zamora.

Como Stornelli, tampoco podía intervenir como juez el doctor Mariano Llorens, juez de la Cámara Federal Criminal y Correccional. Por una razón bastante simple.

Su primo, Rafael Llorens, es querellante en Lomas de Zamora.

A favor del doctor Llorens, debo señalar que intentó excusarse de intervenir por esa razón, pero su excusación fue rechazada.

Quiero ser justa en este caso también.

No poder intervenir no lo convierte en un mal juez.

Es solo una precaución expresamente prevista en la ley procesal para custodiar el principio de “juez imparcial”, que como supo decir la Corte Suprema, “la garantía de imparcialidad del juez es uno de los pilares en que se apoya nuestro sistema de enjuiciamiento, ya que es una manifestación directa del principio acusatorio y de las garantías de defensa en juicio y debido proceso, en su vinculación con las pautas de organización judicial del Estado".

«10) Que en este contexto, la imparcialidad del juzgador puede ser definida como la ausencia de prejuicios o intereses de éste frente al caso que debe decidir, tanto en relación a las partes como a la materia.

Así por ejemplo lo expresa Ferrajoli:

‘Es indispensable para que se garantice la ajenidad del juez a los dos intereses contrapuestos…

Esta imparcialidad del juez respecto de los fines perseguidos por las partes debe ser tanto personal como institucional’ (del Fallo Llerena)».

Siguiendo con el fallo Llerena: 

“La imparcialidad desde dos puntos distintos, uno objetivo y uno subjetivo.

El primer enfoque ampara al justiciable cuando éste pueda temer la parcialidad del juez por hechos objetivos del procedimiento, sin cuestionar la personalidad, la honorabilidad, ni la labor particular del magistrado que se trate; mientras que el segundo involucra directamente actitudes o intereses particulares del juzgador con el resultado del pleito”.

Cabría preguntarse entonces si los funcionarios que han intervenido hasta acá tienen o no algún interés en el resultado del pleito.

En particular me lo pregunto respecto al incidente en el que se ordena que los expediente de Lomas de Zamora se continúen investigando en Comodoro Py, porque ese incidente trata ni más ni menos que sobre la validez o no de la prueba obtenida del celular de Nieto, que - aviso - compromete a muchos ex funcionarios.

Pero volvamos a inicio de esta nota.

Luego de la última decisión de la cámara de Casación, la causa de Lomas de Zamora fue girada a Comodoro Py.

Y entonces María Eugenia Capuchetti se excusó.

¿Por qué lo hizo, se preguntarán ustedes?

Lo hizo porque es tan escandalosa la magnitud de las maniobras de inteligencia ilegal que se llevaron adelante por el gobierno de Mauricio Macri, que incluso la magistrada fue espiada también.

Así consigna la jueza: 

"Luego de designada la suscripta como magistrada subrogante a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 6, tomé conocimiento de la causa nro. 4.262/2.017; la cual tuvo su inicio a partir de diferentes denuncias originadas por una columna publicada por el periodista Carlos Pagni en el diario La Nación con fecha 2 de abril de 2017, en cuyo marco relató que un sector de la Agencia Federal de Inteligencia se dedicaría a realizar operaciones clandestinas, mencionando numeroso blancos de dicho accionar, así como también a los agentes que presuntamente llevarían a cabo el mismo, encontrándose entre ellos Silvia Cristina Majdalani y Gustavo Héctor Arribas".

"En su marco se llevaron a cabo una gran cantidad de medidas de prueba, entre las cuales se solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones un informe sobre las consultas de movimientos migratorios que se habían hecho respecto de jueces, fiscales, legisladores, etc.".

"Con su resultado se formaron diferentes legajos de investigación.

Particularmente, en el identificado con el n° 5, se investigan las consultas efectuadas en el Sistema General de Migraciones sobre los movimientos migratorios registrados respecto de quien suscribe.

Dichas consultas habrían sido realizadas por la Agencia Federal de Inteligencia, en el período de tiempo en el cual se circunscriben los hechos aquí investigados".

"Concretamente, en aquella causa se pudo probar el ingreso por parte del personal de la AFI (Sede Central) al Sistema de la Dirección Nacional de Migraciones el día 20 de marzo de 2018, ocasión en la que se consultó en tres oportunidades los movimientos migratorios correspondientes a mi persona (una vez a tránsito de pasajeros coincidentes y dos veces a tránsito de sistemas de búsqueda)”.

Como sucedió en la causa de Dolores y como sucede ahora con la causa de Lomas de Zamora, las maniobras de inteligencia ilegal del gobierno de Mauricio Macri fueron tan amplias y tan sistemáticas, que muchos son parte de las mismas.

Sea como víctimas, sea como victimarios o sea como meros cómplices silenciosos que conocieron lo que estaba pasando y pese a ello, no lo denunciaron.

El sistema de manipulación judicial que se llevó adelante durante el gobierno de Macri se conformó como un operativo de pinzas.

Por arriba había una serie de operadores judiciales que presionaban o bien influenciaban con promesas a miembros del Poder Judicial para obtener los resultados pretendidos por ese gobierno.

El cruce de llamadas telefónicas de “Pepín” Rodríguez Simón, da cuenta de la habitualidad de las conversaciones de uno de los operadores judiciales de Juntos por el Cambio con funcionarios judiciales de altas instancias.

También entra en el capítulo de influencias indebidas en los registros de las visitas mantenidas en secreto, de jueces y fiscales tanto a la Casa Rosada como a la Quinta de Olivos.

Si no fuera tan triste y tan nefasto, daría algo de risa la cantidad de veces que los operadores judiciales del macrismo prometieron cargos como el de Procurador Judicial o el de miembro de la Corte Suprema.

Por abajo, la pinza se completaba con inteligencia ilegal, hecha por sujetos marginales, oscuros funcionarios de inteligencia u sombríos operadores inorgánicos como Marcelo D’Alessio.

Se ve con toda claridad al analizar las causas de Dolores y Lomas de Zamora.

Esta inteligencia ilegal terminaba en manos de periodistas, dirigentes políticos y funcionarios judiciales.

La dimensión de la inteligencia ilegal queda someramente descripta en el informe escalofriante que presentó la Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia, que resume: 

“171 organizaciones políticas, sociales y gremiales espiados ilegalmente; al menos 354 víctimas directas confirmadas; 43 intervenciones de los servicios de inteligencia en causas penales solamente en los primeros 12 meses del gobierno de Mauricio Macri.

El objetivo de la extorsión política y económica era claro: quebrar emocional, económica y políticamente a las víctimas seleccionadas.

Estos son sólo algunos de los datos que surgen de la descripción minuciosa de los delitos señalados en esta investigación, que resulta clave para que la sociedad argentina pueda separar del Estado a las cloacas por las que tiraron a nuestra democracia.

Se impone así, un nuevo Nunca Más que dé cuenta del daño institucional, político y social provocado a la República Argentina”.

El informe conmina a investigar las relaciones entre el Poder Judicial y estos vectores de inteligencia ilegal.

El jueves 22 de abril de 2021, el Consejo de la Magistratura emitió un comunicado al respecto en el que señalaba: 

“El Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, en el marco de las facultades y funciones que le ha acordado el artículo 114 de la Constitución Nacional, expresa su enérgico rechazo a las acciones de espionaje e intrusión en ámbitos privados a diferentes magistrados y magistradas del Poder Judicial de la Nación, de las que se ha tenido noticia a partir de sendos comunicados de entidades que nuclean en el plano asociativo a jueces y juezas de este poder del Estado».

«El Cuerpo ha tomado conocimiento, en ejercicio de sus competencias, de la consistencia de tales conductas ilegales que se investigan en los tribunales federales de Lomas de Zamora, y ese ámbito expresa la imperiosa necesidad de que se provea a su cabal dilucidación y juzgamiento, puesto que se trata de acciones evidentemente enderezadas a anticipar con fines espurios el conocimiento de los posibles modos de resolver de los/as magistrados/as en causas de notable trascendencia política e institucional”.

Cuando se debatía este comunicado, la diputada Graciela Camaño, que fue víctima también de la inteligencia ilegal, señaló al cerrar su intervención y como respuesta a otro consejero que se oponía: 

“Yo lo entiendo al doctor Tonelli [diputado de Juntos por el Cambio], porque fue su gobierno el que hizo esto”.

Creer que las maniobras de inteligencia ilegal y las de persecución judicial son solo un tema que afecta a la política, es firmar la sentencia segura de que con el tiempo volverán a repetirse.

Porque esas maniobras necesitaron de la colaboración, ineludible e inexcusable del Poder Judicial.

Y eso no tenemos que olvidarlo.

"TE VAN A MATAR, le dije.!", de Arturo Pérez Reverte - 22/3/2021

Cuántas veces me sacaron del Tenampa, borracho y con un nudo en la garganta.

Eso dice la canción y eso podemos también decir algunos, o muchos de los que pasamos por allí.

Lo que por cierto, y me refiero a moverse por las cercanías en estado más o menos etílico, no era en absoluto aconsejable - supongo que sigue sin serlo, aunque hace cuatro o cinco años que no voy -, porque podían robarte o matarte en la misma puerta o un par de calles más allá, en el contiguo Tepito.

De cualquier modo, eso le daba un sabor especial al lugar y la plaza. Ésta era la Garibaldi de la ciudad de México; y el lugar, la famosa cantina Tenampa, corazón de la mitología musical de ese país fascinante y formidable, cuyas paredes y rincones, entre mariachis y tequila, habitan los fantasmas entrañables de José Alfredo, Chavela, Vicente Fernández, Juan Gabriel, Cornelio Reyna y tantos otros.

Durante toda mi vida, cada vez que viajé a México - y lo hice al menos una vez al año durante más de treinta -, el Tenampa era noche obligada.

Me ponía unos vaqueros y me remangaba la camisa, dejaba el reloj en la habitación, cogía unos pesos y tomaba un taxi desde mi hotel, que era el Camino Real, para instalarme en una de las mesas según se entra a la derecha, pegado a la pared, y allí mirar, beber Herradura Reposado y, cuando aún se podía, fumar unos cigarrillos. 

A ese lugar debo recuerdos maravillosos con mis amigos - Élmer Mendoza, Xavier Velasco, Germán Dehesa, el Batman Güemes - y otros a solas o no del todo, aparte las conversaciones con mi compadre el mariachi César, casado con española, que una noche me dijo: 

«Oiga, mi don Arturo, yo soy malinchista.

Nací en Tlaxcala, como los indios que ayudaron a Cortés contra los aztecas - hizo entonces un ademán referido a los otros mariachis que escuchaban sonrientes -.

Así que entre usted y yo chingamos bien a todos estos cabrones».

Podría escribir un libro con recuerdos del Tenampa, mezclados con sabor de tequila y letras de canciones: Me caí de la nube, Un mundo raro, Nos estorbó la ropa, Mujeres divinas.

Cuando estaba en las cantinas, decía José Alfredo, no sentía ningún dolor. Yo tampoco lo sentía allí, sino todo lo contrario.

El Tenampa fue mi felicidad mexicana junto con la cantina salón Madrid de la plaza Santo Domingo, las librerías de viejo de la calle Donceles, los escamoles del San Ángel Inn y la mañana en que me enamoré del doctor Atl, y no sólo de él, en una sala desierta del Museo Nacional.

Del Tenampa conservo también una anécdota precisa y peligrosa, vinculada a alguien que fue muy amigo mío y que ya no lo es.

Mi amigo - hoy lo llamaré Miguel - era un editor mexicano. Inteligente, muy divertido, tenía un punto flaco: veía a una mujer hermosa y perdía los papeles.

Le iba bien con ellas y eso lo tenía mal acostumbrado.

Y una noche, estando los dos en el Tenampa, vi que ponía ojitos a una señora muy guapa que estaba acompañada.

El hombre - camisa negra, sombrero tejano negro puesto - estaba de espaldas a nosotros y ella de frente.

Miguel empezó a timarse con la mujer, y al final el otro se dio cuenta.

Cuando se volvió a mirarnos vi un bigotazo norteño y unos ojos duros, y también vi - una vida como la que llevé de joven te deja un par de lecciones bien aprendidas - que el fulano era de los que cargan pistola.

Y todo quedó más claro cuando éste se levantó, hizo cambiar de sitio a la mujer y quedó él frente a nosotros, mirándonos sombrío.

«Te va a matar», le dije a Miguel.

Pero éste llevaba extra de tequila en el cuerpo y se lo tomó a guasa. Y cuando se levantó para ir a los servicios, a la vuelta, le dedicó a ella una descarada sonrisa.

Todavía no se había sentado mi amigo, cuando el del bigote hizo ademán de levantarse.

Yo había visto esos ojos antes en otros lugares, Nicaragua, El Salvador, y conocía las consecuencias.

Así que me adelanté, yendo derecho hacia él, y le corté amablemente el paso. 

«Le ruego que disculpe a mi amigo, señor –dije con mucha humildad–. Está borracho y tiene motivos. Está desesperado. Su mujer acaba de dejarlo y anda buscando que lo maten. Le juro que ahora mismo lo saco de aquí».

El fulano se me quedó mirando - conservaba puesto el sombrero -, y sin decir nada volvió a sentarse.

Yo fui hasta mi mesa, llamé al camarero, mandé dos tequilas a la del individuo, agarré por el brazo a Miguel y, pese a sus protestas, lo saqué a la calle.

El muy hijoputa se reía. 

«Te he oído - dijo, divertido - y no sabía que hablaras tan bien el mexicano».

Yo, enfadado, seguía empujándolo hacia el aparcamiento donde teníamos el coche. 

«El mexicano se pronuncia como el español - respondí - pero mucho más peligroso».

EL COLAPSO, de Horacio Verbitzky - 25/4/2021

La extensión y profundidad de la pandemia ponen de relieve la disfuncionalidad del sistema de salud y del sistema de Justicia argentinos y la necesidad y urgencia de su enmienda.

Y por debajo de las estridentes rencillas públicas muestra la subsistencia de puentes entre oficialismo y oposición, sostenidos por el temor común ante el avance de una enfermedad sin ideología, que no se fija en clase social, género ni edad.

Ya atacó al Presidente Alberto Fernández y al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (y a su madre); al activo comunicador negacionista Mario Pereyra, sostenedor de la teoría de la gripecinha, y a la enérgica denunciante Cynthia García; a los respectivos marcadores de punta de River y Boca, Cachete Montiel y Nicolás Capaldo; a los jueces María Servini y Eduardo De Lazzari. Pereyra y De Lazzari murieron.

Por eso JxC acordó postergar un mes las elecciones primarias y las generales y la semana próxima pondrá el semáforo en verde para que avance la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal, que ya obtuvo hasta la bendición del presidente de las asociaciones de jueces, Marcelo Gallo Tagle, y de fiscales, Carlos Rívolo.

Y lo logró la política, sin la mediación interesada que ofrecen Lorenzetti, Rosenkrantz et al.

El razonamiento fue el mismo que en 1993 llevó a Raúl Alfonsín a pactar con Carlos Menem la reforma constitucional: si de todos modos la iban a hacer, mejor lograr algo a cambio, como el tercer senador para asegurar una cuota adicional de oxígeno al desfalleciente radicalismo.

Gallo Tagle (centro) con el ministro Soria y el vice Mena.

En diciembre de 2020, cuando la pandemia aún no lucía tan amenazante, el gobierno nacional anunció que estaba estudiando una coordinación de las cuatro ramas del sistema sanitario: los hospitales públicos, las obras sociales sindicales, los prestadores privados y las organizaciones financieras de medicina prepaga. Cuando CFK dijo que el Estado debe rediseñar el sistema sanitario desde un compromiso con el conjunto del pueblo argentino, fue un escándalo.

El ministro Ginés González García había autorizado un aumento a las prepagas, pero en 24 horas un segundo decreto lo anuló. 

También hubo versiones según las cuales la reforma del sistema era impulsada por el ministro bonaerense Daniel Gollán y su vice, Nicolás Kreplak, y luego de una visita del contador Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud, el Presidente Alberto Fernández negó que estuviera en estudio.

Dos hombres muy próximos a GGG (el Superintendente de Servicios de Salud Eugenio Zanarini y el rector de la Facultad ISalud, Rubén Torres), criticaron con acritud a Gollán y Kreplak y, en el caso de Torres, que no es funcionario, también a Cristina.

Durante los 12 años de gobierno, Néstor y Cristina no hicieron nada por modificar un sistema que, «más allá de las opiniones, resistió”, le dijo Torres al matutino Clarín.

Sería difícil que cuatro meses después lo repitiera, cuando son los gestores del subsector financiero y comercial los que claman por el auxilio estatal, porque es el único reparo que aún se interpone ante la tragedia colectiva y su quiebra empresarial.

La Ciudad Autónoma le pide respiradores a la Nación, para reponer los que cedió a las clínicas de las prepagas; la mesa de criticidad establecida por la Provincia de Buenos Aires centraliza la compra de oxígeno y medicación para intubados y entrega una parte a los prestadores privados, que encuentran dificultades en el abastecimiento.

La provincia centraliza la información sobre la disponibilidad de camas y redistribuye los pacientes como nadie más puede hacerlo.

El mejor calzado para el naufragio

La discusión de fondo se reduce a determinar si el cuadro actual es de saturación, con riesgo inminente de colapso, o si el colapso ya se produjo y en las próximas semanas se multiplicarán las escenas dantescas, que hasta ahora sólo eran conocidas a través de noticieros italianos, brasileños, peruanos, indios o mexicanos.

Pero ya han comenzado los mensajes desesperados y desesperantes:

• una jueza contagiada que debe esperar horas en una silla hasta que se detecte un lugar para que la internen;
• una enfermera que no consigue atención en el propio establecimiento en el que trabaja y se contagió;
• una mujer que implora por un tubo de oxígeno para su padre, que tampoco tiene asignada una cama;
• personal sanitario con signos de agotamiento físico y moral por las interminables jornadas, en contacto con la muerte, y el escaso reconocimiento del gobierno local, medido en el status profesional que les niega y los salarios que perciben, en cualquiera de los subsistemas;
• personas que pasan horas a bordo de ambulancias que recorren en busca de una vacante para ingresar al enfermo.

En comparación, la disputa mediática y leguleya por la presencialidad escolar parece una distracción trivial, como el tipo de calzado más conveniente en un naufragio.

Hay que ser animal

Hace apenas seis meses, la Corte Suprema de Justicia falló en un caso de salud pública de menor gravedad, en forma opuesta a la que adopta ahora ante la mayor emergencia sanitaria que ha conocido la humanidad en un siglo:

• En 1900, la ley 3959 atribuyó a la Nación el poder de policía de sanidad animal, para impedir la propagación de enfermedades contagiosas en el ganado vacuno y porcino.
• La Corte Suprema lo convalidó, el 23 de febrero de 1995, en una causa por la faena de bovinos con aftosa y brucelosis en Bahía Blanca. Con los votos de Julio Nazareno, Carlos Fayt, Ricardo Levene, Guillermo López y Gustavo Bossert, negó que se afectaran los derechos constitucionales a la libertad de comercio y de tránsito y opinó que corresponde a la Nación el poder de policía en sanidad animal “sin que ello implique violación de los artículos 121 y 122 de la Constitución”, es decir aquellos que consagran las autonomías provinciales (Fallos 318:137, “Czerniecki, Julio Héctor s/ apela multa”).
• El 22 de octubre del año pasado, en una causa por la faena de cerdos con triquinosis, también en Bahía Blanca, la Corte agregó por el voto de sus cinco miembros actuales y remitiéndose al dictamen del procurador interino Eduardo Casal, que la Justicia provincial omitió analizar el peligro de que la enfermedad se propague fuera de la provincia de Buenos Aires, y reiteró que el ejercicio del poder de policía de sanidad animal que ejerce la Nación no viola las autonomías provinciales.
• Es el mismo tribunal que aceptó la presentación de la Ciudad Autónoma que niega facultades al Estado Nacional para imponer restricciones que protejan del contagio a niños, niñas, docentes y no docentes, y que dio traslado a la Procuración del Tesoro para que responda en cinco días, que vencen mañana.

¿Los chanchos y las vacas le parecen más merecedores de la protección del poder central que las personas ante una peste que no reconoce fronteras?

Hasta ahora, la Corte sólo se pronunció sobre la competencia: cree que este litigio corresponde a su jurisdicción originaria porque equipara a la Ciudad con una provincia, cosa que la Constitución no hizo, pese a las presiones en ese sentido que hubo en la Convención Reformadora de 1994.

Lo refuta en su disidencia, Elena Highton, como se explica en otra nota de esta edición.

La duda es si la Corte se conformará con haber afirmado su primacía sobre los órganos de elección popular, reivindicando una competencia que la Constitución y las leyes no le confieren, o si además respaldará la reticencia de la administración porteña a las medidas de cuidado, justo cuando el temporal de contagios arrecia.

La desigualdad de oportunidades

La cuestión del sistema de salud no era nueva cuando Cristina la planteó, en el estadio único de La Plata.

Ya el informe 2010 sobre Desarrollo Humano del PNUD, señalaba como problema central la ausencia de articulación y coordinación de los subsectores y de regulación de los componentes no públicos.

El informe (en cuya elaboración participaron, entre otros, los ex ministros Ginés González García y Roberto Lavagna) constataba que “el gasto en servicios de la salud realizado en la Argentina es muy elevado. Medido como porcentaje del Producto Interno Bruto, se ubica en 10%”, muy por encima del promedio de América Latina y próximo a los valores europeos.

Pero mientras en Europa el 77% del gasto total en salud corresponde al sector público, en la Argentina la mitad del total la financian las propias familias a través del gasto de bolsillo, un indicador nítido de inequidad distributiva.

La cantidad de médicos y camas por habitante son muy superiores al promedio mundial e incluso a los registros de Canadá, Reino Unido y Estados Unidos.

Esto es muestra y resultado de los problemas de eficiencia en el sector, agregaba el Programa de Naciones Unidos para el Desarrollo Humano.

El promedio nacional señalado por el PNUD era de un médico cada 325 habitantes y una cama cada 257. 

Pero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esa distribución era de un médico por cada 99 habitantes y una cama cada 138.
En la provincia de Buenos Aires, de un médico por cada 404 bonaerenses y una cama por cada 290.
Y en ocho provincias cada médico debía atender a más de 500 personas.

La desigualdad de oportunidades para ejercer el derecho a la vida no necesita más ejemplos.

También apunta el PNUD la caótica superposición de subsistemas dentro del sector público, con instituciones nacionales, provinciales y municipales no coordinadas.

En enero de 2012, un editorial del diario La Nación mencionó una propuesta de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), según cuya directora, Mirta Roses, se imponía “una reforma integral del sistema y una rejerarquización del papel del gobierno nacional para compensar las inequidades que hacen, por ejemplo, que una persona que sólo puede recurrir al hospital público tenga más desventajas que las que acceden a obras sociales y prepagas”.

Rose es una de las especialistas que el Presidente Alberto Fernández convocó para integrar su Consejo Asesor, lo que la imaginativa oposición política denominó infectadura.

Un buen negocio

Desde el último cambio de gobierno hubo proyectos diferentes de los ministerios nacional y bonaerense de salud, y una fuerte resistencia de los prestadores sindicales y privados.

Con la misma tendencia a la simplificación ramplona que campea en la prensa comercial, lo plantearon como un problema de “cajas que el Estado intentaría manotear”.

Un vocero prominente fue Belocopitt, accionista en dos decenas de sanatorios, entre ellos Swiss Medical y De los Arcos, que el humor popular rebautizó en alusión a su lujosa hotelería.

Asociado en 2017 con Daniel Vila y José Luis Manzano en el Grupo de medios América, Belocopitt figura en los registros del Banco Central como uno de los ciudadanos que compraron dólares para atesoramiento, al tiempo que la Argentina contraía una descomunal deuda externa: 21 millones.

Su socio, Pablo Herman, adquirió 5,6 millones de dólares.

Su colega Roberto Villavicencio, del Sanatorio Parque Rosario, integra la nómina con 7 millones de dólares.

Eugenia Cerda, directiva del Centro de Diagnóstico Enrique Rossi, compró 5,7 millones de dólares.

Ni la salud privada ni su financiarización son mal negocio en la Argentina.

Cuando Cristina se hizo eco de los proyectos de reforma del ministro bonaerense Daniel Gollán y de su vice, Nicolás Kreplak, “porque es probable que la próxima pandemia no demore otros cien años”, el sector que representa Belocopitt puso el grito en el cielo, y los medios que expresan los mismos intereses clamaron por la injusticia de que alguien que soporta la alta cuota de una prepaga, deba caer en un hospital nacional o provincial, porque sus confortables camas están ocupadas por pacientes derivados del subsistema público.

Menos de un año después, nadie advierte con mayor énfasis que “el loquito de Belocopitt”, como él mismo se denomina, sobre la saturación de las clínicas privadas, que están demandando al Estado Nacional camas e insumos y una vez colmada su capacidad, derivando pacientes a clínicas y hospitales bonaerenses y al municipal porteño Muñiz.

Hay un sector que entonces se sentía inmune y que hoy empieza a aterrorizarse.

El contador Belocopitt: la única verdad es la realidad.

Ejes centrales

El proyecto de reforma, que los ahora funcionarios de la provincia de Buenos Aires elaboraron durante la campaña electoral de 2019, no tiene nada que ver con cajas.

Se titula Ejes centrales para un programa de salud 2020-2024, y se puede consultar aquí.

Varias de sus pautas se pusieron en ejecución en respuesta a la pandemia.

La propuesta es crear un Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA), definido como un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, pero fortalecido y articulado en una red nacional.

Implica municipios “involucrados en la construcción de un primer nivel con alta capacidad resolutiva”, coordinación provincial de servicios e infraestructura de complejidad creciente y una alianza estratégica con el mundo del trabajo y de la seguridad social, con mecanismos de regulación ágiles y transparentes para el subsector privado.

El reformulado Ministerio de Salud nacional deberá ejercer rectoría, construir soberanía sanitaria y contar con instrumentos que garanticen el derecho a la salud y la equidad global del sistema en todo el territorio nacional.

Esa coordinación es un reclamo habitual de los ministros provinciales en las reuniones del Consejo Federal de Salud.

El único punto con un explícito contenido económico en la relación entre subsectores postula que el público obtendrá una remuneración por los servicios prestados a beneficiarios de la seguridad social y de seguros privados.

En el caso de las obras sociales con las que se celebren convenios “se realizarán descuentos promedio de hasta un 33% de los valores de mercado o de nomenclador definido, lo cual podrá considerarse un subsidio explícito del Estado a la seguridad social y a los trabajadores, a cambio de un sistema de cobro automático de lo facturado desde la misma recaudación AFIP o desde la Superintendencia de Servicios de Salud de todas las prestaciones”.

El resto de las propuestas tiende a:

• Sancionar una nueva ley que incorpore a la salud como derecho humano y que comprenda a todas las jurisdicciones y subsectores.
• Conducción política del sistema a través de los organismos nacionales: Ministerio Nacional, SSS como organismo operativo del SNISA, con centralización normativa y descentralización operativa de PAMI, ANMAT y Administración Nacional de Laboratorios de Institutos de Salud (ANLIS), y jerarquización del Consejo Federal de Salud (COFESA).
• Incrementar la inversión directa en salud del Estado nacional a través de un Fondo Nacional de Salud. Puesta en marcha de los hospitales construidos y hoy negligentemente abandonados para poner en valor el subsector público en infraestructura, equipamiento y fuerza laboral.
• Apoyar con inversión directa del Estado nacional a los hospitales de Alta Complejidad en las provincias.
• Nueva modalidad para la “libre elección” entre obras sociales, que impida su desfinanciamiento y mejore las prestaciones para los afiliados.
• Crear una Red de Establecimientos Públicos de Salud en Toda la Argentina (R.ES.PU.E.S.T.A.) mediante la integración territorial progresiva del subsector. Esto proveerá la articulación con el subsector de obras sociales nacionales y provinciales para un uso más eficiente y eficaz de los recursos sanitarios.
• Mejorar la capacidad prestacional del subsector de obras sociales y del privado sin fines de lucro, con incentivos para el desarrollo de infraestructura y capacidad de administración propias, y la articulación funcional entre ellas y con la R.ES.PU.E.S.T.A.
• Fortalecer el Primer Nivel de Atención a través de la creación de un Programa Nacional de Atención Primaria y Salud Comunitaria, con equipos de salud cada 1.500 habitantes para todo el SNISA, y un sistema de referencia y contrarreferencia que propenda a la complementación interprovincial.
• Optimizar la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, aprovechando la fuerte inversión en fibra óptica realizada hasta 2015, consolidando un sistema nacional de telemedicina y educación permanente en salud.
• Regionalizar el sub-sector público con criterios modernos, dinámicos y flexibles.
• Promover la Participación Comunitaria activa y planificada y la creación de Concejos Vecinales de Salud.

El gobierno bonaerense también advierte sobre la formación de recursos humanos, en coordinación con las universidades, con el propósito de unificar carreras sanitarias y salarios. 

“No tiene sentido que en un lugar se enseñe arameo y en otro matemáticas”, ilustra un funcionario.

La reunión del gobernador Axel Kicillof y parte de su gabinete con Belocopitt y los representantes de Galeno, Omint, Medife, Osde, Sanatorio Güemes y la Trinidad, que hoy están derivando afiliados a camas públicas de la provincia, sugiere que las condiciones maduran para avanzar en la coordinación.

Entre cuatro paredes afirmaron que en dos o tres semanas los 26.000 nuevos contagios diarios en el país y los 15.000 en la provincia redundarán en un 6% adicional de internaciones, es decir 1.560 en total y 900 en Buenos Aires.

A ese ritmo no hay sistema que resista.

Uno de los asistentes contó que tiene 40 pacientes en espera.

Otro dijo que están ampliando su capacidad en 30 camas, pero que saben que serán ocupadas en cuanto se habiliten.

Tampoco en ningún lado de la Ciudad Autónoma quedan camas, pese a la contabilidad creativa del ministro Bernaldo de Quirós, y tampoco hay adónde derivar a los pacientes.

Una válvula de escape es la suspensión de internaciones e intervenciones programadas por otras dolencias, como hicieron primero la provincia y luego la ciudad de Buenos Aires y en el extremo es posible convertir un hospital general de agudos como el Fernández en uno exclusivo para Covid-19, o reservar una sala del Muñiz para clientes de las prepagas.

Pero morir de Covid o de un infarto no hace una gran diferencia para la víctima y su familia.

Las omisiones de Bernaldo de Quirós

Con su hablar cansino, el ministro porteño es el arquetipo de una administración que arropa la confrontación en palabras amables y medias verdades.

Su polémica con la titular del PAMI, Luana Volnovich, revela una táctica de confusión.

Volnovich y Bernaldo de Quirós: la táctica de la confusión.

Volnovich denunció que mientras las vacunas aguardaban en las heladeras del PAMI, los que debían recibirlas no se presentaban. Cuando desde PAMI comenzaron a llamar a las listas suministradas por la Ciudad, pocos sabían que tenían turno, otros ya habían sido inoculados o habían muerto.

Bernaldo respondió que las listas habían sido provistas por PAMI y estaban desactualizadas.

El pequeño detalle que omitió es que los turnos se asignan a quienes se inscribieron, no a quienes forman parte de un listado.

El episodio indica que sólo a regañadientes la Ciudad que había delegado buena parte de la vacunación en las prepagas accedió a incluir en el programa a la mayor obra social.

Una experiencia pionera

En el último semestre de la presidencia de Cristina la centralización de compras de medicamentos de alto precio produjo resultados apreciables.

Los prestadores se quejaban porque esos medicamentos les subían los costos al doble de lo que recaudaban, y su reclamo era que se rebajaran las exigencias del Plan Médico Obligatorio.

La respuesta oficial fue que no había que disminuir la calidad de la prestación sino el costo de esos insumos.

En el caso de UNASUR, con su Banco de Precios, fue posible reducir 40 veces el precio de los remedios contra el VIH, experiencia posible por los márgenes delirantes de ganancias de los laboratorios, que no guardan relación con sus costos.

El Comité bonaerense de Emergencia se reúne 3 ó 4 veces por semana, con participación del jefe de gabinete (Carlos Bianco), las ministras Agustina Vila (Educación), Teresa García (Gobierno), los ministros Gollan y su vice Kreplak (salud), a veces el de Seguridad (Sergio Berni), la de Comunicación (Jesica Rey) y el Asesor General Federico Thea.

Cada 15 días, Axel se ve con expertos que le actualizan el panorama nacional e internacional y le dejan material de lectura.

También tiene encuentros programados con intendentes del AMBA y del resto de la provincia. 

“La centralización informativa es fundamental, no podemos ignorar cuántos infartos hay en la Argentina.

No queremos romper nada, todo es necesario.

A 300 kilómetros de los grandes centros urbanos o artículás o no pasa nada.

En distritos con menos de 80.000 habitantes no hay camas de internación privada, sólo tienen hospital público, en el que hay sectores que no se usan.

Hay que articular, sí o sí.

Algunas partes del sistema privado son muy lucrativas y está hipertrofiado, pero las clínicas pequeñas se funden por sus costos operativos, y es importante que haya clínicas porque los hospitales no dan abasto”, dice Kreplak.

IOMA es parte del sistema público de salud, pero recién ahora tiene la misma cabeza que el Ministerio.

OSDE quiere contratar el servicio de emergencia que el Ministerio tiene en Areco, con sus dos ambulancias, porque no puede financiar un servicio alternativo.

Esos ejemplos se repiten en toda la provincia.

Escuchar a Belocopitt hablar de salud pública es un signo de los tiempos. Si el Estado no los ayuda, se funden.

Tampoco tienen todos los papeles en regla: los aumentos a sus afiliados al cumplir determinadas edades nunca fueron autorizados y si tuvieran que devolver lo mal habido quebrarían.

El propósito oficial no es ese, sino que todos aporten a la solución del problema gravísimo que se vive.

La herramienta del subsidio

Lo mismo sucede con la apertura de las escuelas.

En la Ciudad Autónoma el sistema privado rechazó la intimación nacional a cerrarlas, recostándose en el Estado porteño, que desconoció el decreto presidencial.

A partir de mañana, el Senado le daría tratamiento legislativo, para derribar las últimas objeciones que pueda elevar Rodríguez Larreta. 

La nota que la Nación envió a las escuelas fue destiñendo de versión en versión, dado el desinterés del ministro Nicolás Trotta por controlar al sector, que fue predominante durante el gobierno de Maurizio Macrì.

La primera viceministra de la nueva gestión, Adriana Puiggrós, reorganizó una Dirección Nacional de Educación Privada, que los ex ministros Esteban Bullrich y Alejandro Finocchiaro habían desmantelado, desde la cual intentó dividir aguas entre privadas pymes (que reemplazan la falta de suficientes escuelas públicas), privadas de clase media alta, de élite, laicas, confesionales, etc, etc, y las fundaciones, cabeza de playa de grandes empresas multinacionales, utilizando el subsidio como elemento de control.

El propio Trotta fue titular de dos consultoras, una de ellas offshore, constituidas para contratar servicios con el gobierno bonaerense del Hada Buena.

Pero al segundo mes de gobierno, Trotta quitó esa dirección de la órbita de Puiggrós y la puso a órdenes de su jefe de gabinete de asesores, el abogado Matías Novoa.

El argumento fue que como las escuelas dependían de las provincias no era necesaria esa dirección.

En su lugar, privilegiaron el Consejo de la Calidad, un reducto del neoliberalismo a cargo de Axel Rivas, un especialista formateado en la Universidad de San Andrés y en CIPPEC.

Que Trotta subsista en el gabinete a pesar de su pública disidencia con la decisión presidencial sólo se explica por la protección del empresario de medios Víctor Santa María, ex presidente del Partido Justicialista de la Capital y facilitador de los negocios inmobiliarios de Rodríguez Larreta.

Desde allí, Trotta sigue difundiendo versiones sobre posibles formas de “presencialidad administrada”, que la presidencia desmintió.

En la provincia, en cambio, el gobierno advirtió a las escuelas privadas sobre la suspensión o quita de subsidios a quienes optaran por la ilegalidad, como contemplan la ley 13688 y el decreto 552/12. Ni uno se animó a hacerlo.

En 100 de los partidos bonaerenses las escuelas siguen abiertas y sólo son virtuales en 35 partidos del AMBA.

Tanto Alberto Fernández como Axel Kicillof sostienen que la cuestión no es educativa, sino sanitaria, igual que en el caso de las epizootias que la Corte Suprema resolvió sin dudar.

Es posible discutir si los contagios en la escuela y en el microuniverso que la rodea son mayores, iguales o menores que en el conjunto de la sociedad o en otros subsectores.

Pero no hay forma de obviar que desde la reanudación de las clases presenciales la curva de contagios despegó en forma vertical hasta el actual descontrol, cualquiera sea el indicador que se utilice.

En todo caso, más difícil de comprender es que se permita la continuidad de los partidos de fútbol, incluso en los horarios de veda a la circulación, que los trenes del Conurbano vayan repletos como si fueran el subte de Tokio, y que buena parte de la publicidad en televisión abierta y por cable incite a las fiestas juveniles, sin distancia ni cuidados.

GUERNICA Y PLAZA DE MAYO, de Osvaldo Jauretche - 27/4/2021

Se recuerda el infame bombardeo de la Villa de Guernica por parte de la aviación alemana, a pedido de Franco.

Su martirio se hizo famoso por el arte de Picasso.

Pero las lecciones de la historia nos muestran que el bombardeo de la Plaza de Mayo en 1955, aún más infame porque lo hicieron militares argentinos contra su propio pueblo, se cobró más víctimas que el de Guernica.

No tuvimos entonces un Picasso, sí unos medios públicos tan infames como los asesinos que lo ocultaron primero y minimizaron después.

Oficialmente, hubo aquí 308 muertos y unos 800 heridos.

Cifras que fueron mantenidas por razones políticas muy por debajo de lo estimado por otros historiadores.

En Guernica, según referencias de Wikipedia: 

"El estudio en cuestión es el realizado por los historiadores de la asociación Gernikazarra, Vicente del Palacio y José Ángel Etxaniz, que dan la cifra exacta de 126 fallecidos:
Diario El Correo, ed. (27 de abril de 2008). «Refugios de vida para Gernika». Consultado el 8 de junio de 2009".

La Operación Rügen fue un ataque aéreo de ensayo para aplicarlo en la Segunda Guerra Mundial en la cual consistió en tres fases: bombardeo de edificios y puntos logísticos de abastecimiento de agua, ametrallamiento de civiles e incendio de la ciudad. Anteriormente, medios como El Mundo y la BBC habían situado la cifra de fallecidos entre 150 y 250:

«Guernica recuerda el 70º aniversario de los bombardeos con un espíritu de paz». 27 de abril de 2007. Consultado el 6 de abril de 2009. 

«Dependiendo de las fuentes, (el número de fallecidos) oscila entre 150 y 250.»

BBC News (23 de abril de 2007) «The legacy of Guernica» (en inglés). Consultado el 6 de abril de 2009.

"La mayor parte de los historiadores piensa que el número de bajas está entre 200 y 250".

Otros estudios anteriores, citados por historiadores como Antony Beevor y Stanley Payne, barajaban cifras entre los 250 y 300 fallecidos".

COLUMNA EN “SALIR POR ARRIBA”, de Néstor Piccone, (AM 740) dentro del espacio de “COMUNA” “COMUNICADORES DE LA ARGENTINA” - 13/04/2021

El problema no es que sean opositores,
Para nada, ese sería su rol.
El problema es que son gente jodida.
Realmente jodida.

No son solamente adversarios, opositores… no
Un tipo que te mira fijo a los ojos 

y te miente descaradamente, sin ningún reparo, 

es un tipo jodido.

¿Qué podés hacés con alguien así?
El bicho, todos sabemos, también es jodido, muy jodido
pero existen las vacunas.
Si vos conseguís que algún país - de los centrales - 

te las venda y te las entregue, 

el bicho, jodido y todo, perdió.
Pero con la gente jodida, inescrupulosa, 

mal intencionada

¿Qué hacés?

Yo creo que el Conicet debería comenzar 

a desarrollar una vacuna contra estos tipos jodidos.
Les doy un ejemplo.
Los tipos dicen que el gobierno se aprovecha 

de la pandemia para hacer campaña,
Eso es una mentira grande como una casa grande 

y, además, muy jodida
Pero si vos tuvieras una vacuna contra esos tipos 

no pasaría nada, te resbalaría, 

no te lo tomarías en serio.
Sale en los diarios, en la televisión, en las redes, 

pero todos los que nos vacunamos, no le damos bola, 

la vacuna nos protege de la mentira, 

de la mala leche, del poco interés que sienten por la gente, 

que venimos a ser nosotros.
¿Se entiende?

El problema es que una vacuna así lleva tiempo.
Pero tenemos que pensar en hacer una 

para esta gente jodida
Ellos son como un virus y lo que atacan, 

no son los pulmones, sino la verdad.
Nunca dicen la verdad, la verdad verdadera, 

la verdad que se oculta detrás de lo que dicen

cuando dicen que dicen la verdad.
Suena complicado.

Pero los tipos que mienten cuando dicen 

que dicen la verdad y dicen la verdad cuando dicen 

que mienten, son complicados.
Lo que si nos queda claro es que ellos están en contra.
¿En contra de qué?
De todo.

El gobierno propone algo para mejorar la situación
y ellos están en contra,
incluso antes de saber de qué se trata, no es nesario.

¿Quién lo dice?
El Presidente
Ah no… Estamos en contra.
Estamos en contra – dicen - porque nosotros 

somos defensores de la libertad, la democracia, 

el bien común y, ya que estamos, 

un poquito también de la rentabilidad, 

del voto calificado y la libre adoración al becerro de dólares.
Pero lo fundamental es que estamos en contra.

Y nuestra razones son:
Primero: Porque sí
y segundo porque lo decimos nosotros.
Razones que no admiten discusión.

¿Y frente a eso qué hacés?
Frente a un razonamiento que se basa 

en el no razonamiento,
frente a aseveraciones sin datos, 

sin pruebas, sin lógica.
Vos das una explicación, ellos te tiran un slogan. 

Por ejemplo: La libertad es libre. 

Se afanaron un PBI
¡Chau, fin de la discusión, que pase el que sigue¡

Y los medios avalan, que para eso tienen 

gente que sabe usar el word y con eso alcanza.
Y por si todo esto fuera poco está el odio.
Los tipos transpiran odio.
Tiran bolsas de muertos,
amenazan,
aprietan.
desean lo peor para vos.
Antes era el cáncer, ahora es el bicho.

Mientras nosotros tenemos las mejores canciones,
los mejores músicos,
los mejores artistas,
los mejores actores,
los mejores creadores…
ellos tienen los mejores sicarios,
los mejores matones,
los mejores censores,
los peores mentirosos disfrazados de periodistas.

Lo peor es que esto ya pasó
No es la primera vez
Mientras mataban a García Lorca,
poeta,
hacían flamear una bandera negra que decía “Viva la Muerte”.
Ya pasó.

Los llamaban fascistas.
Eran fascistas.
Y hoy siguen siendo fascistas.
Fascistas de los que te matan en serio
fascistas a quienes les encanta que el virus mate gente,
colapse hospitales.

No es que parezca que disfrutan con esto,
disfrutan en serio.
Y ahora dicen que quieren comprar vacunas ellos.
Mentiras, lo que quieren es venderlas,
vendérselas a quienes ellos crean merezcan ser vacunados
y quedarse con la conciencia tranquila
de cumplir con el apotegma:
el que tiene plata se vacuna y se salva
el que no tiene plata que aprenda a rezar, que la iglesia necesita gente.

Para todas estas cosas,
inclusive todas las mentiras, usan los medios
porque da la casualidad que los medios son de ellos,
lo cual es más fácil que robarle a alguien 

que se quiere dejar robar
Así cualquiera.

Y así siguen
Y de este lado parando la pelota,
una y otra vez,
parándoles el carro a las primeras planas 

que destilan veneno,
a los jueces que dan vergüenza,
a los formadores de precio,
a los negacionistas.

Lo dicho: son gente jodida
No son políticos de ideas y propuestas,
no,
son gente jodida,
gente mala.

Hacer lo mismo que ellos no podemos
porque nos convertiríamos en ellos
y nosotros no somos como ellos,
ni queremos ser como ellos,
sino todo lo contrario.

Pero buéh,
algo seguiremos haciendo
algo también inventaremos,
como siempre,
porque para eso estamos
y ya que estamos
con virus o sin virus
seguiremos avanti

¡Sempre avanti!

Chau.

Santiago Varela, miembro de “COMUNA

DE PABLO NERUDA

"Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo".

Pablo Neruda

MEMORIAS QUE ARDEN, Graciana Peñafort - 4/4/2021

Dudo de que sea posible recusar a los jueces amigos del poder con esta Corte y esta Cámara de Casación

El párrafo que antecede lo escribió quien suscribe esta nota como abogada de Héctor Timerman, en un Recurso de Queja presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Recuerdo bien esa mañana de 13 de diciembre de 2016 cuando lo presenté, porque entre otras cosas ardía de fiebre y al recurso lo había escrito llorando.

A nuestro defendido, Héctor Timerman, le habían dado hacia pocos días los resultados médicos de los análisis sobre indicadores tumorales, y después de casi dos años sin noticias que asustasen, ese 13 de diciembre estaba asustada.

Porque el cáncer, que yo no podía entonces mencionar, había vuelto.

La situación era absurda desde la perspectiva jurídica.

El 12 de marzo de 2015 la Sala I de la Casación Penal había confirmado el cierre de la causa 777/2015, que se había originado a partir de la denuncia del fiscal Alberto Nisman.

El fiscal había denunciado la existencia de un presunto ‘plan delictivo’ destinado a dotar de impunidad a los imputados de la causa AMIA de nacionalidad iraní acusados - y prófugos desde 2007 -, para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la Justicia argentina, con competencia en el caso.

Y había señalado que la herramienta para garantizar dicha impunidad habría sido la firma del Memorándum de Entendimiento. 

Dos o tres datos de color habría que consignar en este punto:

• el Memorándum había obtenido ratificación por parte del Congreso de la Nación,
• el presunto beneficiado, esto es la República de Irán, se había negado a ratificar el Memorándum y
• en enero de 2015 el entonces Secretario General de Interpol, Ronald Noble, había enviado un mail a Cancillería desmintiendo taxativamente la denuncia de Nisman.

La causa se cerró definitivamente en marzo de 2015, por no existir delito, aunque luego las querellas, denunciantes seriales y el propio poder Judicial hicieron diversas presentaciones con el objeto de reabrirla.

En aquellos días el juez que tenía la causa era Daniel Rafecas, que denegó cada uno de los requerimientos de reabrir la causa en cuestión.

Entonces los cretinos de esta historia - y sumo en este colectivo a varios miembros del Poder Judicial - buscaron otras formas de reabrirla.

Y con la inestimable colaboración de un juez que por definición era un mal juez y un cretino hicieron una maniobra de forum shopping y empezaron a tramitar una causa paralela.

Y quienes se horroricen de lo que digo de Bonadío sepan que se lo dije en persona cuando estaba vivo y se lo escribí también.

Porque jugar a las escondidas nunca ha sido una característica de mi ejercicio profesional.

Con Alejandro Rúa, mi socio, recorrimos todas las instancias explicando que lo que estaban haciendo en Comodoro Py no solo constituía un forum shopping escandaloso, sino que además vulneraba el principio liminar del ne bis in idem, que expresa taxativamente que nadie puede ser perseguido dos veces por el mismo delito.

Y así fue como llegamos a la Sala IV de la Casación Penal, conformada por los doctores Hornos, Borinsky y Gemignani.

Planteamos en su momento que esa sala no podía intervenir, porque existía un fallo plenario de fecha 18/5/2006 dictado en la causa «Castañeda, Carlos A. s/recurso de casación», conocida como «Funcionarios I» o «Encubrimiento», en la que se analizaban las denuncias por irregularidades por parte de funcionarios públicos en la investigación de la voladura de la sede de la AMIA.

Dicho fallo plenario establecía que todas las causas vinculadas al atentado de la AMIA debían tratarse en la Sala II de la Casación Penal.


Hornos, Borinsky y Gemignani denegaron el planteo.

Les señalamos que no podían intervenir en esa causa porque tanto Hornos como Borinsky se habían excusado de intervenir en una causa conexa a la que indagaba sobre la constitucionalidad del Memorándum (CFP 3184/2013/CFC1), mientras que Gemignani había sido recusado.

El juez Hornos se había excusado expresamente de intervenir “en las causas relativas al criminal ataque terrorista a la sede de la AMIA y de la DAIA y respecto de los procesos en los que se investigan delitos cometidos en su tramitación”.

El juez Borinsky se excusó de intervenir también en la del atentado por la “vinculación” que tenía con la de su encubrimiento, en la que se encontraba involucrado un allegado.

Resulta ordenado en términos lógicos y jurídicos que si ambos jueces - Hornos y Borinsky - no podían intervenir en la causa AMIA, y se excusaron en la causa Memorándum, tampoco podían intervenir en esta causa.

Y que tampoco podía hacerlo Gemignani.


Hornos, Borinsky y Gemignani rechazaron la recusación.

Y llegamos a noviembre de 2016.

La causa original, que había sido cerrada en marzo de 2015, volvió a Casación impulsada por la querella de la DAIA, que a la fecha carecía de poder para ser querella, cosa que señalamos.

(Y que ya había señalado Bonadío, debo decir).

Pero además y por esas “casualidades” del destino - y por cierto hay un dejo de sarcasmo en el término casualidad -, la Sala I de la Casación penal en el año 2016 estaba conformada por su presidenta, la doctora Ana Figueroa, y los dos miembros suplentes… los doctores Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, que eran al mismo tiempo miembros de la Sala VI y que ya intervenían en la causa que entonces tramitaba Bonadío.

Esta brutalidad jurídica que permitió Comodoro Py también la señalaron entonces tanto la doctora Figueroa, como el fiscal de Casación, cuando expresó en El ne bis in idem, la litis pendentia y el forum shopping: 

«Los jueces Borinsky y Hornos intervienen en esta causa conformando la Sala I. Así ha quedado resuelto hace unos días».

«Pero ellos también intervinieron como integrantes de la Sala IV en la causa CFP 14305/2015/4/CFC1 (es una causa radicada en el Juzgado Federal N° 11) con motivo de una queja interpuesta por la defensa de Héctor Timerman, contra una resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal por la que se había rechazado la falta de acción interpuesta por esa defensa que planteaba que en esa causa y en esta se investigaban los mismos hechos, bajo dos calificaciones legales diferentes, y que se producía una violación a la citada garantía constitucional. En aquella oportunidad, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal (jueces Hornos, Borinsky y Gemignani) declaró inadmisible esa presentación directa sin sustanciación, por resolución del 8 de noviembre de 2016 (registro N° 1431/16.4)”.

Recuerdo con claridad cuando recusamos a Hornos y Borinsky en la Sala I, y nos contestaron citando a jurisprudencia del rechazo de su recusación en la Sala IV.

Aquí les dejo un párrafo inolvidable de nuestro recurso, el que por cierto también rechazaron.

Y entonces fuimos a la audiencia, en la Sala I de la Casación Penal. Era los días previos a Navidad de 2016. Y los diarios anunciaban que la causa se reabriría.

Fue tal el escándalo que, en un hecho inédito, la Sala I de la Casación Penal publicó en el sitio de la Corte Suprema un comunicado señalando que la sentencia aun NO estaba firmada.

Firmada no estaba, pero la decisión ya estaba tomada.

Y el 29 de diciembre de 2016 la Sala I de la Casación Federal, con los votos de Hornos y Borinsky, reabrió la causa de la denuncia de Nisman por el Memorándum.

Además, removieron a Rafecas como juez de la causa y a la Sala I de Apelaciones.

Quedaron a cargo de la investigación Bonadío, Irurzun, Farah, Hornos, Borinsky y Gemignani.

Ya todos conocemos la tragedia que vino después, pero yo quiero contarles que Bonadío elevó a juicio la causa sin tomarle declaración a Noble, nunca en su vida, lo cual fue convalidado por Irurzun, Farah, Hornos, Borinsky y Gemignani.

Pero mucho antes, Bonadío, Irurzun, Farah, Hornos, Borinsky y Gemignani impidieron que Héctor Timerman pudiese realizar su tratamiento para el cáncer.

En diciembre de 2017, Bonadío procesó con prisión domiciliaria a Héctor.

Irurzun y Farah confirmaron dicho procesamiento.

A los tres les supliqué que no impusieran la prisión, porque si lo hacían Timerman no podría continuar su tratamiento, para un cáncer que ya lo estaba comiendo en vida.

Tal vez ustedes hayan leído una de las escenas más conmovedoras de la Ilíada, que es cuando el rey de Troya, Príamo, se humilla y le suplica a Aquiles el cuerpo de su hijo bienamado Héctor.

Aquiles se lo entrega.

“El gran Príamo entró sin ser visto, y acercándose á Aquiles, abrazóle las rodillas y besó aquellas manos terribles, homicidas, que habían dado muerte a tantos hijos suyos”.

“…Respeta a los dioses, Aquiles, y apiádate de mí, acordándote de tu padre; yo soy aún más digno de compasión que él, puesto que me atreví á lo que ningún otro mortal de la tierra: a llevar a mis labios la mano del hombre matador de mis hijos».

Aquiles fue mucho más piadoso que Bonadío, Irurzun y Farah.

Y mucho más que Borinsky, Gemignani y Hornos, que ni siquiera trataron el tema porque estaban de vacaciones.

Solo el juez Torres, que estaba en feria, atendió las razones y excarceló a Héctor por razones de humanidad.

Pero ya era demasiado tarde.

Cuando regresó de Estados Unidos, Timerman volvió con una sentencia de muerte escrita entre los cafés que tomaba Gustavo Hornos en la Casa Rosada con Mauricio Macri y los partidos de paddle que jugaba Mariano Borinsky con el Presidente en Olivos.

Fue en esa causa también donde vi a Cristina Fernández de Kirchner decirle en la cara a Bonadío que era un juez arbitrario.

No tenía fueros, pero sí tenía y tiene ovarios, porque mientras muchos se corrían a un costado, cobardes o asustados, yo la vi enfrentar la misma persecución, sin miedo y con algo que pocos tuvieron entonces: coraje y dignidad.

En la madrugada del 30 de diciembre de 2018, Héctor Timerman, mi amigo Héctor Timerman, se murió.

Y yo le prometí que iba a seguir pidiendo justicia.

Tres años después de su muerte tomó estado público que Hornos había visitado a Mauricio Macri en la Casa Rosada, en seis oportunidades.

Una de ellas en noviembre de 2016, mientras tramitaba la causa de Memorándum y nuestros recursos.

Cuando esto tomó estado público, la Cámara de Casación le reclamó explicaciones.

Nada dijo respecto a que también frecuentaba la Quinta de Olivos.

Hace pocos días El Destape publicó que Mariano Borinsky había concurrido al menos en 15 oportunidades a Olivos, una de ellas el 23 de diciembre de 2016. Días antes de resolver la reapertura de la causa que lo involucraba a Timerman.
Su explicación a la prensa es que concurría a jugar al tenis y a discutir la reforma del Código Penal.

En otra causa, cuya investigación está en Lomas de Zamora y donde quien les habla y Alejandro Rúa figuramos como víctimas del espionaje ilegal que llevó adelante el gobierno de Macri, constan las capturas de la pantalla de teléfono de Darío Nieto, secretario de Macri.

Y consta esta captura que da cuenta de qué tipo de actividades deportivas y discusiones sobre el futuro código penal llevaban adelante Mariano Borinsky y Mauricio Macri.

La persistencia de la maniobra es que hace pocos días Mariano Borinsky dictaminó que la causa que se investiga en Lomas de Zamora y donde constan estas capturas de la pantalla de Darío Nieto que señalan a Borinsky… se remitan a Comodoro Py.

Mariano Borinsky intervino en una causa cuya prueba lo involucra. Porque así funcionó y aun funciona el esquema de persecución que instauró el gobierno de Macri.

Persiguieron y encubrieron y aun encubren a sus actores.

Otro juez de Casación retiene el cruzamiento de llamadas telefónicas de Macri.

Todos nos preguntamos a quién está protegiendo.

Y todos sospechamos que está protegiendo al propio Poder Judicial. 

Del listado de llamadas del celular de Pepín Rodríguez Simón, asesor presidencial, ya sabemos que era habitual en el anterior gobierno hablar con miembros de la Corte.

Además de designarlos por decreto, claro.

Me he cansado de decir que el principal problema u obstáculo para investigar la persecución judicial y el espionaje ilegal del que muchos fuimos víctimas, es que el sistema corrupto de persecución judicial sigue activo, porque sus miembros, jueces y fiscales siguen en su lugar, antes persiguiendo, ahora encubriendo y encubriéndose a si mismos.

Y aunque los medios hegemónicos lo tapan, porque algunos también fueron parte, la verdad no deja de salir a la luz.

Porque así funcionaba la persecución y el armado de causas.

Con periodistas, políticos o denunciadores seriales.

Recuerdo con claridad cuando los medios de comunicación denunciaban que el juez Sebastián Casanello había concurrido a la quinta de Olivos.

Dos testigos certificaban que así había sido.

Finalmente, los testigos admitieron que habían mentido.

Pero Comodoro Py no investigó por qué y trabajó afanosamente para cerrar la causa, dejando afuera a un miembro de la AFI de esos días que figuraba como el instigador.

Sobre las visitas de los jueces Hornos y Borinsky, que no son rumores y que están probadas documentalmente, verán que los mismos medios poco dicen, porque algunos medios también encubren.

Ya aprendimos que, según el interés, un tema se puede tapar… o hacer tapa.

También con jueces influenciables por el poder político.

Con Cámaras de apelaciones que cuando eran incómodas para los designios del poder político eran removidas y sus reemplazantes designados a dedo por el Poder Ejecutivo, contraviniendo la Constitución.

Con la Cámara de Casación con jueces que eran amigos del Presidente e igual intervenían.

Y con una Corte Suprema que compartía esas prácticas y aun hoy las sigue encubriendo.

El primer caso que llegó conocimiento de la Corte Suprema, donde se denunciaban las pinchaduras de teléfono ilegales del anterior gobierno, el uso de testigos pagos y el espionaje ilegal del que fueron - y fuimos - víctimas durante el gobierno de Macri, fue la causa de Ciccone, donde está condenado el ex Vicepresidente Amado Boudou.

¿Analizó acaso la Corte Suprema las maniobras que denunciamos los abogados?

No, no las analizó y cerro el recurso sin dar ningún fundamento.

Porque abrir ese recurso era tocar la bolsa de pus en las que están muchísimos involucrados y que nadie quiere abrir.

Aún cuando sea continuar con la persecución.

Lo dije cuando escribí sobre Gustavo Hornos y lo voy a reiterar ahora.

Jueces y Fiscales pueden ser amigos de que quien se les dé la gana.

Del señor que busca los taxis en la puerta de Comodoro Py y que siempre te manguea cigarrillos o del mismísimo Presidente de la Nación.

No hay delito en eso.

Donde sí hay delito es en no excusarse de intervenir en causas donde el Presidente o el gobierno tenga un interés directo.

Ni Gustavo Hornos ni Mariano Borinsky se excusaron.

Y lo que es más, ocultaron sus relaciones con Mauricio Macri y tomaron intervención en causas que lo involucraban o en las que el gobierno tenía un especial interés.

Muchos celebran que con esta información nueva ahora podremos recusarlos, pedir la nulidad de sentencias por ellos dictadas.

Tal vez sea posible.

Yo dudo de que lo sea con esta Corte Suprema, con esta Cámara de Casación, con las Cámaras de Apelaciones aún cooptadas, con los jueces delivery que funcionan a teléfono y con fiscales procesados y también encubiertos por el Poder Judicial.

Pero igual los planteos debemos hacerlos.

Y tal vez prosperen.

Pero ni eso va a traer a la vida nuevamente a Héctor Timerman ni borrar el dolor infinito que pasó durante su agonía ni restaurar su ausencia siempre presente.

Porque yo no me olvido que entre cafecitos, decretos y partidos de tenis, mataron a un hombre.

Mientras se sentían todopoderosos y los recibían en la Casa Rosada o en la Quinta de Olivos.

Mientras se calentaban al fuego del poder, mataron a un hombre.

Se llamaba Héctor Timerman. Era mi amigo y se murió reclamando Justicia.