El miércoles 22 de abril, Business Insider sostuvo que el Fondo Monetario Internacional presiona a los gobiernos para que consideren nuevos impuestos a la riqueza y así recaudar dinero fresco entre los ricos, mientras la coronavirus golpea a la economía europea.
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El artículo cita como fuente “un documento de política sobre Cuestiones fiscales, publicado a principios de este mes”, en el que el FMI “dijo que los encargados de formular políticas deberían revisar el aumento de los impuestos sobre la renta, la propiedad y el patrimonio”.
Hallar el documento puede insumir horas, ya que la página institucional del Fondo no tiene un índice que facilite la búsqueda, entre un alto número de papers.
Quienes consiguen salir del laberinto se encuentran con esta carátula:
Como es usual, el encabezamiento del documento, en el sitio oficial y con el logotipo del FMI, advierte que se trata de una opinión del Departamento de Asuntos Fiscales que “no necesariamente representa los puntos de vista del FMI, de su directorio o de la gerencia”, a cargo de Kristalina Georgieva.
El punto IV del documento se titula Asegurar ingresos y promover la seguridad, y sugiere a los gobiernos de los países miembros del Fondo que consideren “aumentar las tasas más altas de impuesto sobre la renta / los impuestos a la propiedad de alta gama/ a la riqueza, quizás a través de un ‘recargo solidario’. Los bajos precios del petróleo permiten actualmente mayores impuestos al combustible sin aumentar los precios al consumidor”.
También propone "establecer un Plan de Continuidad de Negocios e implementar o fortalecer las estructuras de gestión de crisis en las agencias recaudadoras”, con el propósito de “monitorear de cerca a los contribuyentes más grandes que puedan cumplir con las obligaciones standard de presentación y pago”, dado que su cumplimiento puede ser una carga excesiva para las pymes.
Con notable simultaneidad se difundió un pronunciamiento firmado por seis organizaciones internacionales, con sede en la Argentina, México, Brasil, Colombia y Estados Unidos, que reclama “políticas fiscales redistributivas” para dar “una respuesta integral a la Covid-19”.
Por la Argentina firman la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el CELS.
Estas organizaciones llaman a los Estados a adoptar una redistribución fiscal sin precedentes, y a las instituciones multilaterales a liberar espacio fiscal para evitar una crisis de derechos humanos y fortalecer los sistemas de salud, tras años de debilitamiento por las llamadas políticas de austeridad.
El texto cita los sombríos pronósticos de otras organizaciones globales o regionales:
- para la CEPAL, la región enfrentará la peor contracción económica de su historia, y el número de personas por debajo de la línea de pobreza podría aumentar de 185 a 220 millones; en tanto que las personas en pobreza extrema podrían pasar de 67,4 a 90 millones.
- la OIT estima que podrían perderse alrededor de 14 millones de empleos.
Estos efectos podrían mitigarse con la adopción de políticas fiscales redistributivas que debieron implementarse hace tiempo en la región, pero que con la pandemia no admiten más espera.
Esto requiere una inversión sin precedentes que fortalezca los sistemas de salud, la adopción de subsidios a las pequeñas y medianas empresas para proteger el empleo y la creación de pisos de protección social basados en derechos, añaden.
La financiación de estas medidas, dicen los firmantes, debería provenir de:
- Impuestos a la riqueza e impuestos corporativos a sectores en auge (como a la economía digital, aseguradoras y farmacéuticas con ganancias extraordinarias y el sector financiero).
- Suspensión de beneficios tributarios innecesarios que no hayan entrado en vigor y reasignación de gastos en los presupuestos (por ejemplo, del gasto militar y otros sectores menos prioritarios de acuerdo a la realidad de cada país, a otros como salud y seguridad social).
- Reformas tributarias que eliminen privilegios fiscales, corrijan las fallas en la recaudación y fortalezcan la progresividad del sistema impositivo, particularmente de impuestos a la renta y al patrimonio.
- Reestructuración o cancelación de la deuda externa, emisión de Derechos Especiales de Giro por parte del FMI, direccionamiento de recursos de bancos de financiamiento hacia el sector salud y fortalecimiento de la cooperación fiscal, tributaria y financiera en la región.
- Políticas efectivas contra la evasión y la elusión fiscal, y abstenerse de conceder beneficios de cualquier clase a corporaciones que incumplan sus obligaciones tributarias y/o que tengan domicilio en guaridas fiscales.
- Uso acotado de reservas internacionales como medida de última instancia, particularmente en economías dolarizadas. La crisis de derechos humanos no se evita si se flexibilizan algunas medidas para reactivar la economía, y menos si se hace de forma apresurada sin que existan las condiciones apropiadas.
- Protección social más profunda y estructural, financiada a partir de reformas progresivas de los sistemas tributarios, que dejen atrás las visiones ortodoxas y dogmas fiscales. Ninguna persona debería verse privada de condiciones dignas de vida. Los derechos económicos y sociales deben servir como un dispositivo eficaz para cuestionar el nudo central de la reproducción de la injusticia: las formas de apropiación y distribución desigual de la riqueza.
Proteger a los más pobres
Que lo digan estas organizaciones es previsible, porque su razón de ser son los derechos humanos. En una página del FMI tiene otro sentido y ratifica el entendimiento ostensible entre Georgieva y el ministro Martín Guzmán.
Pero tampoco hay que pensar que la crítica a la desigualdad y a la débil presión impositiva sobre los más ricos sea una novedad absoluta.
Hace 30 años esa era la respuesta del director gerente del FMI, el socialcristiano francés Michel Camdessus, ante los reparos de los sucesivos gobiernos de Raúl Alfonsín y de Carlos Menem por las políticas de ajuste que reclamaba el organismo.
El 18 de enero de 1990, en un reportaje concedido a O Estado de San Pablo, Camdessus dijo que no había ajuste indoloro, pero aclaró que “no hay ninguna razón particular para que el precio del ajuste económico recaiga más sobre los pobres. Cuando esto sucede es porque el gobierno lo permite. El gobierno debe pedir más a los privilegiados de la sociedad, porque proteger a los más pobres es la clave del éxito”.
En marzo de 1988 pasó un fin de semana reunido con el Presidente y su ministro Juan Sourrouille, sin anunciarlo al país. Venía a convencerlos de que de acuerdo con el innovador diseño de Henry Kissinger debían combinar la privatización de empresas con la capitalización de deuda, algo que recién aceptó Menem al año siguiente, espantado por el final apocalíptico de Alfonsín.
Hasta Christine Lagarde pregonaba que existía un nuevo FMI con sensibilidad social, que permitía disponer cerca del 2% del préstamo a la Argentina para asistencia social a los más necesitados.
Michel Camdessus, Christine Lagarde, toujours la France.
El mensaje de Camdessus es impecable. La gran novedad es que hoy existe por primera vez en la Argentina un gobierno dispuesto a tomarle la palabra a los directivos del Fondo y buscar recursos donde los hay (de esta cuenta se excluye a los tres gobiernos Kirchner, porque no aceptaron condiciones del FMI y por el contrario cancelaron la deuda con el organismo).
En Estados Unidos, un grupo de 18 supermillonarios pidió a los candidatos presidenciales en una carta abierta que apoyen un impuesto a la riqueza, para financiar la salud pública, iniciativas ambientales, respuestas al cambio climático y la promoción del crecimiento económico.
Los 18 afirman que ese impuesto sería «justo, patriótico y fortalecería la democracia en el país al reducir la desigualdad».
Aunque la carta está dirigida a todos los candidatos, hace hincapié en un proyecto de la senadora Elizabeth Warren, que contempla un impuesto del 2% sobre las fortunas que superen los 50 millones de dólares, y sube la tasa al 3% en los activos de más de 1.000 millones de dólares. Según la carta, esto afectaría a unas 75.000 familias en un país de más 327 millones de habitantes.
El 74% de los estadounidenses apoyan un plan como el que propone Warren y que también tiene el respaldo del inversionista Warren Buffett.
Sin embargo, en la Argentina el proyecto de impuesto a las grandes fortunas, impulsado por los diputados Máximo Kirchner, Hugo Yasky y Carlos Heller, y que desde la semana pasada cuenta con el respaldo explícito del Presidente Alberto Fernández y de su Ministro Guzmán, ha puesto en pie de guerra a la burguesía argenta y a los medios que defienden sus intereses.
El Foro de Convergencia Empresarial manifestó su oposición porque «es un antecedente sumamente negativo para recrear el clima de inversión”.
En su lugar, demanda eliminar controles de precios incrementar subsidios a las empresas de todo tamaño y «generar las condiciones para que haya incentivos a la inversión privada como motor del aumento del empleo en el sector formal de la economía”.
También el bloque de Senadores del PRO presentó un proyecto propio, en el que la contribución para las grandes fortunas sería voluntaria y estaría dirigida a la inversión productiva.
En realidad no es más que una amable sugerencia, como las convocatorias a no aumentar los precios de los artículos de primera necesidad o no despedir trabajadores, planteada a esos mismos grupos patronales por el anterior gobierno macrista y que no tuvo el menor efecto.
El Foro de Convergencia Empresarial congrega a tres docenas de cámaras patronales, bancarias, de salud privada, de comercio y servicios, la cámara de comercio argentino - norteamericana, la asociación de dirigentes de empresa que depende orgánicamente del episcopado católico, IDEA y la Sociedad Rural Argentina. Los conocidos de siempre.
En un impactante estudio que se publica en esta edición del Cohete, Magdalena Rua demustra que es falso que exista una alta presión tributaria sobre los más ricos.
Por el contrario, logran minimizar su carga tributaria trasladando sus capitales al exterior en una proporción abrumadora.
La propia Magdalena, junto con Julia Strada y Lucio Garriga Olmo, elaboraron para El Cohete el más completo informe sobre los impuestos extraordinarios a los mayores patrimonios que se están discutiendo en distintos países del mundo.
El cotejo es fundamental para ubicar donde corresponde la reacción de los potentados locales: en varios países las alícuotas son más altas y los patrimonios alcanzados comienzan a partir de 100.000 euros, no varios millones de dólares como aquí, según el anuncio que el domingo pasado formuló en El Cohete el ministro Guzmán.
Por eso, mientras el proyecto argentino afectaría a 11.000 personas, el de Italia se acerca al millón de contribuyentes.
Un rasgo notable es que los mismos sectores y voceros que en la Argentina resisten el impuesto a la riqueza reclaman que el gobierno argentino mejore la oferta presentada a los acreedores privados de 68.000 millones de dólares de deuda pública emitida bajo ley de Nueva York, para no confirmar el default declarado por el anterior gobierno en noviembre de 2019, y señalan el riesgo de que la emisión monetaria con que el Banco Central está sosteniendo los programas de apoyo a distintos sectores de la economía conduzca a la hiperinflación.
Como de costumbre, no fundamentan esta predicción, que los hechos desmienten.
La inflación de abril no pinta por encima de la de marzo, sino lo contrario, y la del año podría estar diez o más puntos por debajo de la que dejó Macrì, la mayor en tres décadas a pesar de que ¡redujo la base monetaria en términos nominales!
¿Qué salida queda sin el aporte de los más ricos, restringiendo la emisión y pagando más a los acreedores externos?
Una posibilidad es la dolarización, que desde hace un cuarto de siglo reaparece como proyecto en cada fin o comienzo de ciclo político.
Lo que es seguro es que quienes piden mayores pagos a los acreedores externos lo hacen en defensa propia, porque mediante los fondos de inversión y el juego de cajas chinas diseñado por los mejores estudios jurídicos y contables, una parte sustancial de esa deuda tiene como beneficiarios finales a residentes argentinos.
Ese es el secreto de la formación de activos en el exterior.
No se trata de crear un enemigo ni es una cuestión ideológica, como intentan desacreditar la iniciativa los voceros del gran capital, sino de la supervivencia de la salud pública y de la democracia argentinas.
Información y análisis
La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) organizó el jueves un panel de información y análisis sobre los distintos proyectos de impuesto extraordinario a la riqueza.
El moderador fue el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, y partiparon el secretario general de la CTA y diputado nacional del Frente de Todxs, Hugo Yasky; el director del centro de estudios de la CTA, CIFRA, Pablo Manzanelli; el director del Banco Central Arnaldo Bocco, y yo.
Yasky hizo un encuadre político de la cuestión, siempre interesante, sobre la defensa del Estado que la parte del movimiento sindical que representa encaró durante el gobierno neoliberal.
Mientras en otros países de la región la salida se perfila muy agresiva contra los trabajadores, la Argentina sigue un camino distinto, pero se necesitan recursos para financiarlo, antes de que llegue el invierno y el pico de la enfermedad. La CTA fue autora de uno de los proyectos de impuesto sobre los que ahora trabajan los diputados.
Mi parte te la podés saltear sin problema porque no digo nada distinto de lo que acabás de leer en esta nota.
Por la calidad de la información, son especialmente recomendables las intervenciones de Manzanelli y Bocco.
¿Y las empresas?
Pablo Manzanelli objetó la idea de que el impuesto se concentre en las personas y no en las empresas, con argumentos muy consistentes.
Dijo que la investigación realizada en 2003 por la comisión parlamentaria presidida por el diputado Eduardo Di Cola, documentó que de los 30.000 millones de dólares que se fugaron de la Argentina en la crisis de 2001, 26.000 fueron por las empresas, y sólo 4.000 por las personas.
Las 200 empresas mayores por ventas del panel de INDEC explican el 70% de esa fuga y el panel de las 500 de mayores ventas, el 90%.
También rebatió el argumento usual de que no es razonable gravar a las empresas por sus ventas en un momento en que la economía está parada.
De las mayores 200 empresas, sólo 46 están paradas, mientras 154 tienen distintos grados de funcionamiento.
Dentro de ellas mencionó a 30 alimenticias y agroexportadoras, que están funcionando a pleno; 21 comercios minoristas, entre ellos los principales supermercados, que han incrementado su actividad; 5 empresas de telecomunicaciones, que se han beneficiado por el mayor uso de sus servicios en la cuarentena; además de los bancos y las aseguradoras.
Concluyó que es a todas luces razonable gravar a este universo, de lo cual citó una constancia de ese día jueves, en el que a pesar del cepo y los controles, el Contado con Liqui y el dólar bolsa, es decir los instrumentos para la fuga, saltaron por los aires.
«Si emitimos y no recaudamos, no tendremos inversión sino un salto del tipo de cambio», cuyas consecuencias para el salario no necesitaban ser explicadas a esos interlocutores.
El final de un modelo
Arnaldo Bocco consideró que la pandemia marca el final del modelo macrista, que dejó al país en un grave estado de debilidad y carente de recursos para enfrentar una emergencia, ante la cual se destaca la centralidad del Estado.
Marcó una diferencia muy sugestiva entre los bancos, cuya actividad es regulada por el Banco Central, y el sector financiero, cuyas reglas las fija la Comisión Nacional de Valores, y que constituye una suerte de aristocracia financiera, que desde Celestino Rodríguez y la dictadura de Martínez de Hoz consolidó la mentalidad más conservadora y acumuló un poder que no juega a favor del desarrollo argentino sino del sistema financiero internacional.
Se trata de un grupo pequeño de actores de la City, formado por tres o cuatro grandes casas de bolsa, el tesoro de dos o tres bancos y quince tenedores de pesos que pujan por mandar el dólar a la estratósfera.
Ellos son los que administran los pesos y juegan al Contado con Liqui, al dólar bolsa, al dólar cable.
Si no se desmonta ese mecanismo perverso, operado por gente que tiene una gran gimnasia y que comprende dos o tres generaciones de especuladores, no hay salida.
Cualquier discusión monetaria o financiera debe subordinarse a la cuestión fiscal.
En lo que va del año se emplearon 600.000 millones de pesos adicionales en diversos programas sociales para sostener esta situación inédita, mientras las provincias están sobreendeudadas.
En este contexto es indispensable diseñar una reforma financiera, tomando en cuenta la magnitud de los recursos necesarios para evitar un brutal salto de la desocupación (recordemos que con el mal manejo del Tequila, saltó en pocos meses de 12 a 18%) y de dónde obtenerlos.
En 2008 fue distinto, con una recuperación en V por las medidas adoptadas.
Sólo el Banco Nación realizó préstamos para inversión productiva que explican el 1% del PIB.
Bocco dijo que no le temía al déficit fiscal sino a esa mentalidad retrógrada por la que este es el único país donde se discute sobre el efecto inflacionario de la emisión, cuando financiar la transición a partir de la pandemia requerirá movilizar un billón y medio de pesos para sostener el empleo, las pymes, el sector salud, las obras públicas que se cancelaron desde que finalizó el anterior gobierno kirchnerista (en 2015 esas obras eran el 17% del presupuesto y con el macrismo cayeron al 5%).
Explicitó que se está trabajando en un plan de construcción de escuelas, hospitales y autopistas, que requieren más trabajo y que deberán financiarse con lo que calificó como «las ganancias del Banco Central», ya que los impuestos directos (ganancias, bienes personales) recaudan muy poco, y el acento recae en los impuestos regresivos, como al valor agregado y al cheque, con un sistema financiero primario y debilitado.
Para ilustrarlo dijo que el crédito al sector privado era el menor en 70 años, apenas el 8% del PIB, menos que Haití, casi como Gabón.
A diferencia de Manzanelli, opinó que los mayores responsables de la fuga son individuos, no empresas. Durante el gobierno de Macrì, compraron dólares 6 millones de personas, pero el 60% del total se concentró en el 0,1% de ese universo. Por eso atesoran 120.000 millones de dólares cash y 45.000 en cuentas en el exterior (si bien no hubo tiempo para aclararlo, se sobreentiende que se refería a las cuentas declaradas).
Revertir este cuadro requerirá fuerza política para reindustrializar en el territorio.
Bocco refirió una videoconferencia de la que participó con Ben Bernanke (quien es el mayor experto en la crisis de 1929 y quien desde la Reserva Federal de Estados Unidos condujo la salida de la crisis de 2008).
Bernanke estimó que su país tendría en el segundo trimestre del año una caída del PIB del 30% y un desempleo del 12%.
También cree que la recuperación será lenta y con retrocesos, en W, y que la salida recién se verá a fines de 2021.
Para Bocco, la caída del comercio internacional y las medidas proteccionistas que se advierten en todo el mundo, abren una oportunidad para la Argentina, que es uno de los países que tiene cómo «Vivir con lo nuestro», la extraordinaria síntesis de Aldo Ferrer.
Certidumbres
Los considerandos de la mayoría de la Corte Suprema de Justicia en respuesta al pedido de certeza presentado por la Vicepresidente y titular del Senado, CFK, obturan la presentación de medidas cautelares si el Congreso sanciona el impuesto a las grandes fortunas y algún contribuyente recurre a la justicia para no pagarlo.
En febrero de 2014, la Corte Suprema resolvió en la causa Carlos E. Enríquez SA y otros UTE c/AFIP-DGI s/acción meramente declarativa que la acción declarativa tiene carácter subsidiario frente a los mecanismos de impugnación de la ley procedimental tributaria.
Según la Corte, todos los aspectos vinculados con la determinación y percepción de los tributos cuya recaudación se halla a cargo de la Dirección General Impositiva son regulados por la ley 11.683.
En la práctica eso significa que el contribuyente que quiera oponerse al nuevo impuesto deberá discutirlo en sede del tribunal fiscal, con apelación ante el fuero contencioso administrativo.
Recién cuando la sentencia del tribunal fiscal quede firme, podrá ejecutarse la deuda.
Con esto desaparece el peligro en la demora que es uno de los requisitos para que se acepte la medida cautelar, junto con la verosimilitud del derecho invocado.
Pero mientras dure el trámite se le aplicarán intereses resarcitorios y punitorios.
Es decir, la famosa víscera del apotegma peronista, gente incorregible, como sabía Georgie.
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