jueves, 25 de noviembre de 2021

DIEGO, de Víctor Heredia



Eterno.
La magia de tu zurda
Tu sonrisa.

Tu recuerdo y el lento crepitar
del agua sobre el techo del alma…

La mirada del viejo que cuenta conmovido lo que lo ató a tu sueño
a todo lo que fuiste 
y nos imaginamos.

Qué hacer con la nostalgia?
Qué hacer con la tristeza?

Qué hacer con esa estela
de tu mano en el aire atrapando la gloria?
No sé. Creo que todos queremos que se torne cometa, voltereta de estrella.
Rey del cosmos..!

Pero en cada potrero
tu ceniza, que deviene del fuego, se hace niño.

Pero en cada rugido de tribuna renace tu increíble gambeta y el tiempo
nos abraza con tu nombre.
Te reparte y, aunque te llore, canta.

miércoles, 24 de noviembre de 2021

MASACRE QUE NO SE FILTRA, NO EXISTE, de Jorge Majfud - 24/11/2021

“Si las guerras pueden comenzar con mentiras, la paz bien puede comenzar con la verdad”.

Julian Assange.


El 8 de marzo de 2019, los analistas de un comando militar estadounidense localizado en la millonaria península de Qatar se encontraban observando una calle de un pueblo pobre en Siria a través de imágenes de alta definición captadas por un dron inteligente.
En la conversación que quedó grabada, los analistas reconocieron que la multitud estaba compuesta mayormente por niños y mujeres.

A un costado, un hombre portaba un arma, pero todo parecía desarrollarse de forma tranquila.
Hasta que una bomba de 220 kilogramos fue arrojada desde un poderoso F-15E, justo sobre la multitud.
Doce minutos más tarde, cuando los sobrevivientes de la primera bomba comenzaban a correr o a arrastrarse, el mismo avión arrojó dos bombas más, esta vez de una tonelada de explosivos cada una y a un costo de un millón de dólares por explosión.

A 1870 kilómetros, en el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas del ejército estadounidense en la base de Al Udeid en Qatar, los oficiales observaron la masacre en vivo.
Alguien en la sala preguntó, sorprendido, de dónde había partido la orden.

Al día siguiente, los observadores civiles que llegaron al área encontraron casi un centenar de cuerpos destrozados de niños y mujeres.
La organización de derechos humanos Raqqa Is Being Slaughtered publicó algunas fotos de los cuerpos, pero las imágenes satelitales sólo mostraron que donde cuatro días atrás había un barrio modesto sobre el río Éufrates y en un área bajo el control de la “coalición democrática”, ahora no quedaba nada.
La Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se negó a explicar el misterio.

Luego se supo que la orden del bombardeo había procedido de un grupo especial llamado “Task Force 9”, el cual solía operar en Siria sin esperar confirmaciones del comando.
El abogado de la Fuerza Aérea, teniente coronel Dean W. Korsak, informó que muy probablemente se había tratado de un “crimen de guerra”.
Al no encontrar eco entre sus colegas, el coronel Korsak filtró la información secreta y las medidas de encubrimiento de los hechos a un comité del Senado estadounidense, reconociendo que, al hacerlo, se estaba “poniendo en un serio riesgo de represalia militar”.
Según Korsak, sus superiores se negaron a cualquier investigación. “La investigación sobre los bombardeos había muerto antes de iniciarse”, escribió. 
“Mi supervisor se negó a discutir el asunto conmigo”.

Cuando el New York Times realizó una investigación sobre los hechos y la envió al comando de la Fuerza Aérea, éste confirmó los hechos pero se justificó afirmando que habían sido ataques necesarios.
El gobierno del presidente Trump se refirió a la guerra aérea contra el Estado Islámico en Siria como la campaña de bombardeo más precisa y humana de la historia.

El 13 de noviembre el New York Times publicó su extensa investigación sobre el bombardeo de Baghuz.
De la misma forma que esta masacre no fue reportada ni alcanzó la indignación de la gran prensa mundial, así también será olvidada como fueron olvidadas otras masacres de las fuerzas de la libertad y la civilización en países lejanos.

El mismo diario recordó que el ejército admitió la matanza de diez civiles inocentes (siete de ellos niños) el 10 de agosto en Kabul, Afganistán, pero este tipo de reconocimiento público es algo inusual.

Más a menudo, las muertes de civiles no se cuentan incluso en informes clasificados.
Casi mil ataques alcanzaron objetivos en Siria e Irak solo en 2019, utilizando 4.729 bombas.
Sin embargo, el recuento oficial de civiles muertos por parte del ejército durante todo el año es de solo 22.
En cinco años, se reportaron 35.000 ataques pero, por ejemplo, los bombardeos del 18 de marzo que costaron la vida a casi un centenar de inocentes no aparecen por ninguna parte.

En estos ataques, varias ciudades sirias, incluida la capital regional, Raqqa, quedaron reducidas escombros.

Las organizaciones de derechos humanos informaron que la coalición causó miles de muertes de civiles durante la guerra, pero en los informes oficiales y en la prensa influyente del mundo no se encuentran, salvo excepciones como el de este informe del NYT. Mucho menos en los informes militares que evalúan e investigan sus propias acciones.

Según el NYT del 13 de noviembre, la CIA informó que las acciones se realizaban con pleno conocimiento de que los bombardeos podrían matar personas, descubrimiento que podría hacerlos merecedores del próximo Premio Nobel de Física.

En Baghuz se libró una de las últimas batallas contra el dominio territorial de ISIS, otro grupo surgido del caos promovido por Washington en Medio Oriente, en este caso, a partir de la invasión a Irak lanzada en 2003 por la santísima trinidad Bush - Blair - Aznar y en base a las ya célebres mentiras que luego vendieron como errores de inteligencia.
Guerra que dejó más de un millón de muertos como si nada.

Desde entonces, cada vez que se sabe de alguna matanza de las fuerzas civilizadoras, es por alguna filtración.

Basta con recordar otra investigación, la del USA Today que hace dos años reveló los hechos acontecidos en Afganistán el 22 de agosto de 2008.
Luego del bombardeo de Azizabad, los oficiales del ejército estadounidense (incluido Oliver North, convicto y perdonado por mentirle al Congreso en el escándalo Irán - Contras) informaron que todo había salido a la perfección, que la aldea los había recibido con aplausos, que se había matado a un líder talibán y que los daños colaterales habían sido mínimos.

No se informó que los habían recibido a pedradas, que habían muerto decenas de personas, entre ellos 60 niños.
Un detalle.

Mientras tanto, Julian Assange continúa secuestrado por cometer el delito de informar sobre crímenes de guerra semejantes.

Mientras tanto los semidioses continúan decidiendo desde el cielo quiénes viven y quiénes mueren, ya sea desde drones inteligentes o por su policía ideológica, la CIA.
Este mismo mes, la respetable cadena de radio estatal de Estados Unidos, NPR (no puedo decir lo mismo de la mafia de las grandes cadenas privadas), ha reportado que hace un año la CIA debatió entre matar o secuestrar a Julian Assange.

La conveniente, cobarde y recurrente justificación de que estos ataques se tratan de actos de “defensa propia” es una broma de muy mal gusto.
No existe ningún acto de defensa propia cuando un país está ocupando otro país y bombardeando inocentes que luego son etiquetados como “efectos colaterales”.

Está de más decir que ninguna investigación culminará nunca con una condena efectiva a los responsables de semejantes atrocidades que nunca conmueve a las almas religiosas.
Si así ocurriese, sólo sería cuestión de esperar un perdón presidencial, como cada mes de noviembre, para Acción de Gracias, el presidente estadounidense perdona a un pavo blanco, justo en medio de una masacre de millones de pavos negros.

Nadie sabe y seguramente nadie sabrá nunca los nombres de los responsables de esta masacre.
Lo que sí sabemos es que en unos años volverán a su país y lucirán orgullosas medallas en el pecho que sólo ellos saben qué significa.

Sabemos, también, que al verlas muchos patriotas les agradecerán “por luchar por nuestra libertad” y les darán las gracias “por su sacrificio protegiendo este país”.

Muchos de estos agradecidos patriotas son los mismos que flamean la bandera de la Confederación en sus 4x4, el único grupo que estuvo a punto de destruir la existencia de este país en el siglo XIX para mantener “la sagrada institución de la esclavitud”.

Tradición que nunca murió.
Sólo cambió de forma.


Jorge Majfud es escritor uruguayo - estadounidense.
Profesor en la Jacksonville University.

lunes, 22 de noviembre de 2021

A PUNTO DE NAUFRAGAR, de Aleardo Laría Rajneri - 14 y 21/11/2021

“Hotesur-Los Sauces”, otro producto del derecho creativo contra CFK, va camino al sobreseimiento


Juez Julián Ercolini, del sobreseimiento a la elevación, sin sonrojarse.

Todas las causas contra Cristina Fernández de Kirchner instruidas por los jueces federales Claudio Bonadío y Julián Ercolini se tambalean.
Hay dos que ya han caído estrepitosamente: la denominada del “dólar futuro” y la del “Memorándum”.
Una tercera, producto de la unificación de las denominadas “Hotesur” y “Los Sauces”, está a punto de naufragar si se atiende el pedido de sobreseimiento de los defensores Carlos Berardi y Ary Llernovoy.

Por lo tanto enfrentamos una situación inédita, donde causas penales instruidas contra una ex Presidenta revelan ser consecuencia del derecho creativo de dos jueces que se han prestado a torticeras maniobras dirigidas a influir en el juego democrático eliminando o dejando fuera de juego a una dirigente política representativa de un sector importante de la sociedad.

La presente nota es una apretada síntesis de las causas “Hotesur” y “Los Sauces”.
Para su elaboración se han tomando en consideración los nuevos aportes que surgen del reciente escrito presentado por la defensa, por el que se solicita el sobreseimiento de todos los imputados.

Los antecedentes

El expediente “Hotesur” se inició a raíz de una denuncia formulada por Margarita Stolbizer.
Fue adjudicada al juez federal Claudio Bonadío debido al extraño poder de atracción que ese juzgado tenía en las causas que afectaban a CFK.
La investigación versó sobre los negocios inmobiliarios de la familia Kirchner que se ejercían a través de dos sociedades: Hotesur SA, que administraba el Hotel Alto Calafate, y Los Sauces SA, una sociedad patrimonial que era propietaria de varios departamentos y locales en Río Gallegos, Calafate, El Chaitén y Buenos Aires, que se arrendaban a particulares y empresas.

En relación con Hotesur SA se investigaba la contratación por parte de Villa Mitre, una empresa de Lázaro Báez, de habitaciones del Hotel Alto Calafate.
En el caso de Los Sauces SA, el alquiler de dos departamentos en Puerto Madero a empresas del Grupo Indalo perteneciente a Cristóbal López y de algunas propiedades situadas en Santa Cruz a distintas empresas del grupo económico de Báez.

En el expediente “Hotesur”, debido a las irregularidades cometidas por Bonadío - que tomaba declaración a testigos sin notificar a la defensa o no le permitía a los abogados defensores acceder a las pruebas periciales producidas -, el juez fue apartado del caso.

Se sorteó uno nuevo y la causa recayó en Julián Ercolini, que continuó con la tramitación de la investigación en la causa 3732/2016 en el Juzgado Federal 10.

El principio non bis in ídem

En la presentación de Berardi y Llernovoy solicitando el sobreseimiento de todos los imputados en la causa unificada, el primer argumento es que se pretende someter a juicio hechos que ya habían sido objeto de investigación y que habían dado lugar a sendos sobreseimientos.
El principio non bis in ídem es una garantía que protege a todo ciudadano para evitar ser perseguido o sancionado dos veces por el mismo hecho punible.
Este argumento obliga necesariamente a hacer un fatigoso recorrido por causas anteriores, lo que nos lleva a pedir la indulgencia del lector, pero se trata de un examen inevitable si se quiere evaluar el caso en su absoluta integridad.

El recorrido se inicia el 12 de noviembre de 2008 cuando varios diputados de la oposición, encabezados por Elisa Carrió, formularon una denuncia penal en la cual solicitaron que se investigara la posible comisión de hechos delictivos por parte de un grupo de funcionarios del más alto nivel político, entre los que se mencionaba a Néstor Carlos Kirchner, Julio De Vido y Ricardo Jaime, quienes supuestamente se habrían asociado con un puñado de “empresarios amigos” - entre los que se mencionaba a Lázaro Báez - para llevar a cabo negociaciones incompatibles con la función pública.

El juez Ercolini tomó intervención en esta causa (15.734/2008) - denominada luego “causa madre” - y pasó a investigar la supuesta asociación ilícita constituida entre los funcionarios del Poder Ejecutivo y los “empresarios amigos”.

Ercolini mantuvo la causa hibernando durante siete años sin convocar a ninguno de los procesados y se limitó a ir desprendiéndose de varias investigaciones.
Una de ellas se originó con motivo del alquiler del inmueble más importante que tenía la familia Kirchner (Hotel Los Sauces) por parte del empresario Juan Carlos Relats, quien por aquella época tenía compañías que habían sido adjudicatarias de obra pública licitada por el gobierno nacional.

En este proceso, que tramitó bajo el número 14.950/2009, Ercolini concluyó que el alquiler del inmueble antes mencionado por parte de un empresario adjudicatario de obra pública no constituía delito alguno, pronunciamiento que fue consentido por el fiscal Gerardo Pollicita.

Es un antecedente relevante porque existe controversia sobre las relaciones comerciales que se entablan entre altos cargos de un gobierno y empresarios concesionarios de obras públicas.
En el derecho argentino no existe ninguna prohibición que impida a un Presidente o a un ministro gestionar un patrimonio adquirido con anterioridad, ni que se limite la posibilidad de contratar con determinadas personas o empresas.
Sin embargo, sería conveniente que una ley regulara el tema.

La “causa madre” sufrió nuevos desprendimientos debido a decisiones del juez Ercolini.

En la causa 1209/2009 se investigaron varios hechos, incluidos: 
a) supuestos sobreprecios en la obra de pavimentación de la ruta provincial 7 de Chaco, adjudicada a Sucesores de Adelmo Biancalini (empresa comprada por Austral Construcciones); y
b) aparentes irregularidades en la contratación de la firma Gotti SA para la realización de cinco obras por 300 millones de pesos en la provincia de Santa Cruz.

Dos años y medio más tarde Ercolini resolvió declarar su incompetencia para continuar interviniendo en los hechos antes individualizados.
En relación con el hecho identificado como a), extrajo testimonios de la causa y los remitió a la justicia de instrucción penal de la provincia del Chaco y, en relación con el hecho b), hizo lo propio y remitió los antecedentes a la justicia de instrucción penal de Santa Cruz.

En octubre de 2011, en base a los antecedentes remitidos, el Juzgado de Instrucción 3 de Río Gallegos inició el Sumario 089/11 caratulado “Morán Juan Carlos y otros s/denuncia asociación ilícita, fraude a la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

El 9 de octubre de 2012, en el marco de dicho proceso y en sintonía con el temperamento propiciado por el Ministerio Público Fiscal, se resolvió desestimar la denuncia presentada y se procedió al archivo de las actuaciones.

Otros desprendimientos de la “causa madre” fueron la número 1210/2009, en la cual se investigó la concesión de áreas de exploración petrolera en Santa Cruz.

Aquí Ercolini también se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la justicia de esa provincia, donde el Juzgado Penal 1 de Río Gallegos dictó un sobreseimiento por inexistencia de delito.

En la 1211/2009, sobre las habilitaciones de permisos de explotación de juegos de azar concedidas a la empresa Hipódromo de Palermo, Ercolini dispuso el sobreseimiento de la totalidad de las personas imputadas por inexistencia de delito.
Hay que recordar este dato porque luego se ha utilizado esta causa como el ilícito previo de la de lavado.

Como se verá, tiene relevancia conocer las razones invocadas por Ercolini para declarar su incompetencia en las causas donde las obras públicas se ejecutaban en el ámbito provincial.
Según Ercolini “este tribunal no resulta competente para investigar las supuestas irregularidades denunciadas con relación a las obras adjudicadas a las empresas en cuestión.
Esto es así por cuanto, tal como se señaló, la Dirección Nacional de Vialidad delegó en la Administración General de Vialidad Provincial [y ésta] tomó a su cargo el estudio, proyecto, llamado a licitación, contratación, inspección, medición y pago de los certificados de las obras de mejora y pavimentación [de] las obras citadas…
No es competente la justicia federal (…) si los fondos recibidos de la Nación fueron incorporados al presupuesto de la provincia, y la presunta defraudación se configuró por el pago con esos fondos de un precio superior al valor real de los bienes”.

En 2010, legisladores de la oposición al gobierno de CFK presentaron una nueva denuncia en la “causa madre” (expediente 15.734/2008) que tramitaba en el juzgado de Ercolini, solicitando que “se investigue la presunta comisión del delito de lavado de activos”.

Este escrito, que determinó la formación de una nueva causa (8959 / 2010) en el Juzgado Federal 10, hacía referencia a un supuesto enriquecimiento injustificado del matrimonio presidencial, fundado entre otras cosas en la actividad comercial de Hotesur SA y Los Sauces SA.
Era evidente que los hechos denunciados como presunta operatoria de lavado eran los mismos que habían sido objeto de consideración como un supuesto de enriquecimiento ilícito en causas que habían concluido con sobreseimientos firmes.

Por ese motivo, el 9 de agosto de 2010, el juez Ercolini archivó las actuaciones sin más trámite apoyándose en el dictamen del fiscal Guillermo F. Marijuán, manifestando lo siguiente: “no caben dudas que los hechos aquí denunciados por los diputados nacionales Juan Carlos Morán; Adrián Pérez, Carlos Comi y Horacio Piemonti, quienes lo calificaron bajo la figura de lavado de dinero, ya fueron oportunamente denunciados y constituyen o constituyeron objeto de investigación en el marco de diferentes expedientes judiciales, por lo que de originarse una nueva investigación al respecto podríamos encontrarnos frente a la eventual existencia de resoluciones contradictorias e inclusive ante una doble persecución penal por los mismo hechos, con calificaciones legales diferentes”.

Ercolini resolvió en el marco de la causa 8959 / 2009 que la licitud de la operatoria comercial de Hotesur SA y Los Sauces SA ya había sido establecida por la Justicia, en otro proceso, con calidad de cosa juzgada, por lo cual no era posible volver a investigarla bajo la hipótesis de lavado de activos.
Este pronunciamiento se añade a otros tres sobreseimientos por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito atribuido a Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, uno de ellos dictado por el propio Ercolini en la causa 9318/2004.

Ahora bien, resulta que Julián Ercolini es el mismo juez que ocho años después, el 2 de octubre de 2018, dispuso elevar a juicio oral la causa 3732/2016 denominada “Hotesur - Los Sauces”.
Textualmente le imputa a Cristina Fernández “que en el marco de la asociación ilícita de la que formaba parte en calidad de jefe, diseñó, ejecutó y dirigió entre los meses de enero de 2009 y marzo de 2016 un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de Los Sauces SA por medio del cual se logró legitimar una porción de dinero de procedencia ilegítima que era canalizado por empresas del grupo Báez y del grupo Indalo a través de la actividad inmobiliaria y hotelera desplegada por la mencionada sociedad comercial”.

Es decir que el mismo juez que en 2010 había desestimado una denuncia por lavado en la operatoria de Los Sauces SA - argumentando que no se podían juzgar los hechos que habían sido sobreseídos en otros procedimientos simplemente cambiando el tipo jurídico - ahora, sin sonrojarse, sostenía lo contrario.

Para calibrar la magnitud del disparate jurídico que se ha urdido, sirva como ejemplo significativo que en esta causa se llega a pedir el procesamiento del escribano Jorge Ludueña como integrante de la asociación ilícita ¡por el solo hecho de haber certificado la constitución de Los Sauces SA..!

No es el único disparate, pero para conocer el resto el lector deberá esperar a la segunda nota.

Causa Hotesur-Los Sauces: derecho creativo y judicialización de la política


Bruglia y Ercolini, alfiles claves de Comodoro Py para vehiculizar una denuncia infundada.

En la parte anterior de la nota, se llegó a la conclusión de que en la causa “Hotesur - Los Sauces” - instruida contra Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia y los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, entre otros - se están juzgando hechos que habían dado lugar a sobreseimientos en causas anteriores, violando el principio non bis in idem.

Se aborda ahora el resto de argumentos que han llevado a las defensas a solicitar el sobreseimiento en esta causa de modo similar a lo reclamado y concedido en los casos “dólar futuro” y “Memorándum”.

La base de la acusación fiscal es que “Cristina Fernández junto con Néstor, Máximo y luego Florencia Kirchner habrían utilizado a la sociedad Los Sauces SA como un mecanismo permanente para el reciclaje de fondos ilícitos que provenían en el caso de las empresas de Lázaro Báez de la defraudación al Estado nacional a través de la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz” (causa 5048/16).

En el caso de los alquileres abonados por empresas del Grupo Indalo de Cristóbal López y Fabián De Sousa, se atribuye a los acusados un supuesto lavado de activos a través de Los Sauces SA mediante la “aceptación disimulada de dádivas que previamente le habían ofrecido los mencionados empresarios como consecuencia de los distintos contratos y beneficios otorgados a sus empresas”.

Las incoherencias de Ercolini

Como ya hemos señalado, el juez Julián Ercolini había declarado en procedimientos anteriores la incompetencia de los juzgados federales de la Ciudad de Buenos Aires para investigar las supuestas irregularidades cometidas en la obra pública que se ejecutaba en las provincias argentinas.
Se apoyaba en una jurisprudencia de la Corte Suprema, sosteniendo que “este tribunal no resulta competente para investigar las supuestas irregularidades denunciadas con relación a las obras adjudicadas a las empresas en cuestión.
Esto es así por cuanto, tal como se señaló, la Dirección Nacional de Vialidad delegó en la Administración General de Vialidad Provincial [y esta] tomó a su cargo el estudio, proyecto, llamado a licitación, contratación, inspección, medición y pago de los certificados de las obras de mejora y pavimentación [de] las obras citadas”.

En el año 2016, por sorteo, le correspondió a Julián instruir una nueva causa penal contra CFK como consecuencia de la denuncia presentada por Javier Iguacel, que acababa de ser nombrado por Mauricio Macri como administrador general de Vialidad Nacional.
En la denuncia se atribuían diversas irregularidades en el control de la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz adjudicada a las empresas de Lázaro Báez.
Este es el proceso que actualmente tramita ante el Tribunal Oral Federal 2 bajo el número 5048/2016, del que Ercolini fue el instructor. 

Lo que interesa destacar aquí es la inexplicable incoherencia del juez Ercolini que en causas anteriores había declarado su incompetencia a favor de la justicia provincial de Santa Cruz y sin embargo, en esta ocasión, frente a la denuncia del macrismo, referente a la obra pública ejecutada en Santa Cruz, muda de criterio y decide declarar su competencia.
No sólo eso.
Según la presentación del abogado Carlos Berardi, las obras que se juzgan en este proceso son las mismas que dieron lugar al sobreseimiento dictado por el Juzgado de Instrucción 3 de Río Gallegos (sumario 089/2011).

De acuerdo con la presentación de Berardi, entre las 100 obras analizadas en la resolución dictada por la jueza federal de Santa Cruz se encuentran incluidas 49 de las 51 obras comprendidas en el requerimiento de elevación a juicio de la causa 5048/2016.
Es decir que Ercolini no sólo se había atribuido la competencia de modo irregular sino que también ha habilitado una nueva persecución penal, violando en forma evidente la garantía que prohíbe el doble juzgamiento por un mismo hecho.

La relevancia que esta cuestión tiene para la causa “Hotesur - Los Sauces” es que los supuestos delitos que se juzgan actualmente en el TOF 2 son los “delitos precedentes” que luego se han invocado como los ilícitos previos de una maniobra de lavado de activos que es el eje de la acusación en la causa Hotesur - Los Sauces.

El lavado de activos

La figura de lavado de activos se incorporó a la legislación penal en el año 2000 a partir de la sanción y promulgación de la ley 25.246, que pretendía cumplir con diversos compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.
Se buscaba por este medio adecuar nuestra legislación a las exigencias del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que opera contra el blanqueo de capitales.

La doctrina penal considera que el lavado de activos es el proceso en virtud del cual los bienes provenientes de un delito que están por fuera del sistema económico legal se integran al mismo a través de una o varias actividades que tienen por propósito dotar a los bienes originarios de apariencia de legalidad.

El artículo 303 del Código Penal sanciona al que “convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito”.

La lectura de la norma no ofrece dudas.
Lo que se sanciona es la actividad por la que se intenta dar apariencia de licitud a bienes que están ocultos en lugares oscuros. De allí deviene la expresión “blanqueo”.
A contrario sensu, si los bienes están circulando desde su origen en el mercado legal, como es obvio, resulta innecesario “blanquearlos”.

En la causa “Hotesur - Los Sauces” los peritos han certificado que todos los pagos recibidos por Los Sauces S.A., provenientes de Valle Mitre S.A., Inversora M&S S.A. y Alcalis de la Patagonia SAIC, sin excepción alguna, estaban bancarizados y fueron efectuados mediante cheques o transferencias bancarias.

De igual manera, la pericia realizada durante la instrucción en la causa “Hotesur” también acreditó en forma fehaciente que todos los alquileres a dicha sociedad fueron realizados a través de la vía bancaria.

Estas circunstancias son las que le permiten a la defensa alegar que no existe delito de lavado desde el momento en que al no existir dinero por fuera del circuito legal mal puede lavarse nada.

La inexistencia de delitos precedentes

Otro de los presupuestos del delito de lavado de activos es la existencia de una actividad delictiva previa de la cual se deriva, precisamente, el flujo de fondos que tiende a ser legalizado.

Ya hemos señalado que el juez Julián Ercolini había resuelto en un caso anterior que el alquiler del hotel Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner, a un adjudicatario de obra pública como era Juan Carlos Relats, no constituía delito alguno.

Ercolini sostuvo en esa resolución que un mandatario tenía derecho a administrar sus bienes y que resultaba superfluo evaluar si los precios eran o no conformes a los del mercado porque en un nuevo negocio se pueden adoptar diferentes políticas de precios que quedan fuera del análisis de los jueces.

En el caso de los alquileres abonados a Los Sauces SA por las empresas del Grupo Indalo, la acusación fiscal considera que los alquileres eran una suerte de dádiva, una contraprestación por los favores supuestamente concedidos en materia de juego a la empresa Hipódromo de Palermo SA en la que Cristóbal López era accionista o por el otorgamiento a firmas del Grupo Indalo de áreas destinadas a la exploración petrolera en la provincia de Santa Cruz.

Sin embargo, en la causa 1211/2009 del Juzgado Federal 10, en la cual se investigaron las habilitaciones de permisos de explotación de juegos de azar, el juez Ercolini dispuso el sobreseimiento de la totalidad de las personas imputadas por inexistencia de delito.

Por otro lado, en la causa 1210/2009, en la cual se investigó la concesión de áreas de exploración petrolera en la provincia de Santa Cruz, el juzgado a cargo de Ercolini se declaró incompetente para continuar interviniendo en tales hechos, remitiendo las actuaciones a la justicia de la referida provincia.
Fue así que, radicada la causa en el Juzgado Penal 1 de Río Gallegos (expediente 58.957) también se dictó un sobreseimiento por inexistencia de delito.
De modo que resulta imposible vincular el pago de los alquileres del Grupo Indalo con un hipotético delito precedente.

Una consideración similar merece la imputación de que habría existido una oferta de dádivas aceptada por Cristina Fernández.
La defensa sostiene que esta es un supuesto inventado por el juez Leopoldo Bruglia - ascendido ilegalmente por Macri - con motivo del tratamiento de un recurso de la causa.

Según el escrito de los abogados Carlos Berardi y Ary Llernovoy “cuando el procesamiento dictado por Bonadío en la causa ‘Los Sauces’ llegó a la Cámara de Apelaciones, tomó intervención el juez Leopoldo Bruglia.
Dicho magistrado, ante la evidencia de que era imposible ratificar lo actuado por Bonadío, en un fallo claramente prevaricador, inventó ahora un supuesto de lavado de activos.
Para ello, el juez afirmó que previo a los alquileres debió haber existido una oferta de dádivas efectuada por López y De Sousa y aceptada por Cristina Fernández de Kirchner.
Tal evento ficcional pasaría a ser el delito precedente de la supuesta maniobra de lavado de activos.
Para que se entienda: primero, Bonadío habló de negociaciones incompatibles en orden a hechos que ya habían sido sobreseídos; luego Bruglia, para poder sostener una hipótesis de lavado de activos, inventó un delito precedente, siendo éste el de ofrecimiento y aceptación de dádivas.
Como ya se dijo, estamos en presencia de un verdadero prevaricato.
Ello, no sólo porque se trata de un hecho inventado por el juez Bruglia, por el cual los imputados ni siquiera estaban indagados y del cual tampoco existe elemento de prueba alguno que permita tan siquiera circunstanciarlo (no se conoce cuándo ni cómo se habría ejecutado) sino porque desde un punto de vista jurídico un ofrecimiento de dádivas jamás podría ser delito precedente del lavado de activos, pues se trata de una conducta que no genera bienes que luego puedan ser aplicados a una maniobra de blanqueo de capitales”.

El otro delito precedente que afectaría al presunto lavado de los alquileres pagados por Lázaro Báez sería la causa que tramita ante el Tribunal Oral Federal 2 bajo el número 5048/2016 basada en la denuncia de Iguacel por supuestos sobreprecios pagados en la obra pública de la provincia de Santa Cruz.
Como hemos señalado, teóricamente la causa no debería prosperar porque existe un sobreseimiento dictado por el Juzgado de Santa Cruz por esos mismos hechos.
Sin embargo, hasta no conocer el fallo del tribunal no se puede hacer un juicio apriorístico, pero resultaría difícil entender que se pueda sustentar una acusación penal en un “delito precedente” si luego se declara que ese delito no se ha producido.

La asociación ilícita

El otro delito que invariablemente forma parte en las acusaciones contra CFK es el de asociación ilícita.
Según los penalistas, el delito de asociación ilícita es como la sal en las comidas y se puede aplicar a cualquier delito en el que se acuse a más de dos personas.
De este modo se produce una aplicación forzada de una norma penal porque en rigor lo que se llama “asociación ilícita” no es más que la circunstancia de tomar parte en los mismos hechos, lo que entraña una forma de participación pero no un delito distinto. Naturalmente, si se parte de la inexistencia de un delito previo al hipotético lavado de activos, la imputación por el delito de asociación ilícita queda vacía de contenido.

Finalmente, se deben poner los hechos en el contexto que los ha rodeado para obtener una impresión final.

Parece muy difícil vincular la obra pública en la provincia de Santa Cruz, asignada a Lázaro Báez, que alcanzó un volumen del orden de los 20.000 millones de pesos, con los apenas 6 millones abonados por alquileres por las empresas de Lázaro Báez a la sociedad Los Sauces.

En el caso del Grupo Indalo, se ha acreditado que el grupo alquilaba casi 500 locales en todo el país, de modo que el alquiler de dos departamentos a Los Sauces SA parece una operación menor, de insignificante relevancia.
Además el Grupo Indalo aportó los contratos firmados por sus empresas por la contratación de otros departamentos similares en Puerto Madero y el valor abonado por metro cuadrado coincide con el valor abonado por los dos departamentos alquilados a Los Sauces.

Por consiguiente, si los alquileres abonados por Lázaro Báez y Cristóbal López eran poco relevantes en el volumen comercial de estos grupos económicos, si estaban bancarizados, si han sido por precios ajustados a los valores de mercado y si ha quedado acreditado el uso real, no simulado, de las propiedades alquiladas, resulta muy forzado atribuirle a estos hechos entidad penal.

En realidad, se tiene la impresión que lo que se pretende criminalizar es la sola circunstancia de haber alquilado locales a concesionarios de la obra pública, lo que como ya sabemos no es una conducta ilícita.

Se hacen conjeturas sobre la posible ilicitud de esas conductas pero luego no se obtiene ningún indicio ni prueba de irregularidad en contratos que se ajustan a las prácticas de mercado.
Ningún delito puede apoyarse en meras suposiciones.

Estas causas, basadas en denuncias formuladas por diputados de la oposición, forman parte de lo que se denomina estrategias de judicialización de la política.
Jamás hubieran prosperado sin el favor de algunos pocos jueces federales que se han prestado a la forzada criminalización de hechos irrelevantes.
Cabe ahora a los jueces de los tribunales orales federales restablecer el pleno sentido de la Justicia respetando los principios y garantías establecidos en la Constitución Nacional.
Sólo resta añadir que, como resulta evidente, quien reclama Justicia no está demandando impunidad.

A FONDO, de Horacio Verbitzky - 21/11/2021


La negociación con el Fondo Monetario y el nivel de precios al consumidor son los temas centrales que ocupan y preocupan al gobierno, mientras la oposición sigue enredada en las disputas internas, tanto propias como ajenas.
Y ambos están entrelazados.
El eje de esa discusión pasa por determinar qué sectores sociales cargarán con la exigida reducción del déficit.
Por decirlo en los términos simples de una campaña electoral: las grandes fortunas o los pobres jubilados y trabajadores.

En un mensaje grabado, que se emitió el domingo 14 a las 22, el Presidente Alberto Fernández anunció que en la primera semana de diciembre enviaría al Congreso “un proyecto de ley que explicite el Programa económico plurianual para el desarrollo sustentable”, que “contemplará los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el staff del FMI”.
Precisó que el ministro de economía Martín Guzmán encabeza las negociaciones, “sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social”.

Añadió que esta decisión política “ha sido el fruto del trabajo conjunto con la Vicepresidenta de la Nación, el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y mi gabinete”.

Que esta participación de Cristina en las medidas la haya revelado Alberto es parte de la decisión que ella ha tomado, de realzar la autoridad presidencial.
Su carta en la semana posterior a las primarias y la renuncia de los ministros más próximos fue un baldazo de agua helada que despertó al gobierno y en los dos meses siguientes le permitió mejorar el desempeño electoral, evitando la catástrofe que se preanunciaba. Pero no puede constituir un modo permanente de relación entre el liderazgo político y la gerencia.
Nadie lo tiene más claro que ella.

Responde también a la constatación de los negociadores oficiales, sobre la insistencia de los factores económicos internacionales por conocer la posición de Cristina acerca del acuerdo en ciernes.
Bien saben que el poder es una construcción social más importante que las denominaciones institucionales.
Ya el 31 de octubre, El Cohete señaló la sintonía alcanzada por el discurso de Alberto y de Guzmán con el de CFK.
Esto es lo que permitió el trabajo conjunto expuesto por el Presidente, ratificado por el Ministro y no desmentido por la Vice.

Los puntos básicos

Si bien el proyecto no estará terminado antes de fin de este mes, hay algunos puntos básicos que ya están claros:
  • No habrá una extensión del plazo de diez años que el FMI establece para los Acuerdos de Facilidades Extendidas.
La Argentina había planteado que se duplicara.
Lo mejor que se consiguió es una cláusula de nación más favorecida, por la cual el país pueda acogerse a cualquier mejora que se otorgue a cualquier país o categoría de países en el futuro.
  • Tampoco se modificarán las sobretasas que el estatuto del FMI impone a aquellos países cuyos créditos excedan del porcentaje que les corresponde por su participación en el capital del organismo.
Ese es claramente el caso del préstamo stand - by de 57.000 millones de dólares (de los cuales sólo se concretaron 45.000, porque el actual gobierno se negó a recibir el total pactado por su predecesor).
El argumento de que el FMI fue corresponsable de esa demasía y que lo hizo por razones políticas y en infracción a sus propios reglamentos rebotó contra las limitaciones que los accionistas mayoritarios imponen al equipo técnico de la institución multilateral.
  • El FMI podría crear el año próximo un fideicomiso de resiliencia y sostenibilidad que permita a los países más poderosos transferir a los más pobres y los de ingresos medios, la ampliación reciente de Derechos Especiales de Giro.
En tal caso, Alberto ya cuenta con el visto bueno de México, España, Francia y Portugal.
Pero por ahora se trata de una bandada en vuelo y no de un pájaro en mano.
  • El Fondo no exigirá las temibles reformas previsional y laboral que limarían ingresos y derechos de jubilados y trabajadores y que generarían una guerra social.
Lo que se debate en definitiva es la reducción del déficit fiscal:
  • de qué magnitud,
  • en qué plazo y
  • de dónde saldrán los recursos.
De Camdessus a Georgieva

La idea de que el FMI ha cambiado y hoy muestra un rostro más humano es esgrimida por cada gobierno que debe sentarse frente a sus técnicos que hurgan en las cuentas públicas.
Pero en realidad no hay nada demasiado nuevo bajo ese sol.


Camdessus, Lagarde y Georgieva, el club de los tiernos corazones.

En marzo de 1988 su director gerente Michel Camdessus, francés como Christine Lagarde y socialcristiano como Kristalina Georgieva, pasó un fin de semana reunido con el Presidente Raúl Alfonsín y su ministro Juan Sourrouille, sin anunciarlo al país.
Venía a promover el innovador diseño de Henry Kissinger, por el que debía combinarse la privatización de empresas con la capitalización de deuda.
Alfonsín dio algunos pasos, con la apertura accionaria de empresas públicas que diseñó su ministro Rodolfo Terragno y con los représtamos on lending que su secretario de finanzas Mario Brodersohn otorgó a empresas amigas.
La combinación de ambos instrumentos recién fue aceptada por Carlos Menem, espantado por el final apocalíptico de Alfonsín y se instrumentó en los planes Brady y Baker, que consumaron el remate a precio vil del capital acumulado por generaciones de argentinos en las empresas públicas.

En un reportaje concedido al diario O Estado de San Pablo, el 18 de enero de 1990, Camdessus respondió a los reparos por las políticas de ajuste que reclamaba el organismo.
Dijo que “no hay ninguna razón particular para que el precio del ajuste económico recaiga más sobre los pobres.
Cuando esto sucede es porque el gobierno lo permite.
El gobierno debe pedir más a los privilegiados de la sociedad, porque proteger a los más pobres es la clave del éxito”.

La propia Christine Lagarde pregonaba que existía un nuevo FMI con sensibilidad social, que permitía disponer cerca del 2% del préstamo a la Argentina para asistencia social a los más necesitados.


Kissinger, Brady y Baker. El trío más mentado.

El 22 de abril de 2020, uno de los principales medios digitales de noticias financieras y empresariales, Business Insider, sostuvo que en plena pandemia el Fondo presionaba a los gobiernos para que consideraran nuevos impuestos con los que recaudar dinero fresco entre los más ricos.
El artículo cita como fuente “un documento de política sobre cuestiones fiscales”, en el que el FMI “dijo que los encargados de formular políticas deberían revisar el aumento de los impuestos sobre la renta, la propiedad y el patrimonio”.

El punto IV del documento, producido por el Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, sugiere a los gobiernos de los países miembros que consideren “aumentar las tasas más altas de impuesto sobre la renta/ los impuestos a la propiedad de alta gama/ a la riqueza, quizás a través de un recargo solidario”.

También propone "establecer un Plan de Continuidad de Negocios e implementar o fortalecer las estructuras de gestión de crisis en las agencias recaudadoras”, con el propósito de “monitorear de cerca a los contribuyentes más grandes que puedan cumplir con las obligaciones standard de presentación y pago”, dado que su cumplimiento puede ser una carga excesiva para las pymes.
Pero en forma oficial, el Fondo aconsejó a la Argentina reducir gravámenes a las exportaciones.

La primera parte del mensaje es impecable.
La novedad es que hoy existe en la Argentina un gobierno dispuesto a tomarle la palabra a los directivos del Fondo y buscar recursos donde los hay.
Pero allí reaparece el organismo con sus consejos contradictorios.

Este es apenas un buen punto de partida, porque el Fondo nunca ha sido otra cosa que el auditor de los grandes capitales, y es imaginable que los bonistas presionarán, vía el Tesoro estadounidense, para que la Argentina genere un superávit fiscal que les asegure cobrar sus créditos reestructurados.
Además, la sola mención al cobro de impuestos, tasas o contribuciones coloca en pie de guerra al patronato local, más transnacionalizado hoy que en tiempos de Camdessus, que amenaza con calamidades a quien se atreva.

Acaba de ocurrir con el tratamiento en el Congreso del proyecto de ley de envases (fusión de dos textos presentados en 2018 por María Emilia Soria y Facundo Moyano, y con el apoyo de Máximo Kirchner), que fija una tasa de hasta el 3% sobre el precio de los envases para su posterior reciclado.
Encabeza la denuncia en contra del proyecto la Cámara de Comercio Argentino - Estadounidense (Am - Cham).
En cambio, el proyecto de ley para el Desarrollo Agroindustrial, que el Poder Ejecutivo envió al Congreso hace 50 días y cuyo tratamiento urgió Alberto esta semana, inhibe cualquier incremento de las retenciones por cuatro años.

La idea de recortar ingresos del sistema previsional surge de su peso dentro del gasto público.
Pero la posibilidad de clavar allí el cuchillo tiene límites objetivos.
La añoranza de los superávits gemelos del primer kirchnerismo, omite el punto de partida.
La jubilación media era de 215 dólares al concluir la presidencia de Néstor Kirchner, casi se triplicó durante los ocho años de Cristina y desde entonces cayó, con Macrì y durante la pandemia, a un punto intermedio entre ambos extremos.
Algo parecido sucedió con la jubilación mínima.
Esos haberes eran los más altos de la región y hoy están entre los más bajos.


Pero además, la cobertura entre las mujeres en edad de jubilarse creció gracias a las moratorias del 45,6 al 70,1% durante la presidencia de Cristina, y volvió a caer a partir de 2019, hasta el actual 54,7%.


Más espacio hay en la reducción del subsidio al consumo eléctrico, siempre que esta vez se logre la sintonía fina que CFK anunció al ser reelecta en 2011 y Alberto en cuanto asumió, ocho años después, y que presenta dificultades técnicas hasta ahora irremontables.

El mostrador y la góndola

El índice de precios al consumidor y en especial el de los alimentos es el otro terreno al que debe prestarse atención.
Allí se librará una de las batallas políticas decisivas.
El congelamiento del precio de 1.400 productos hasta el 7 de enero no impidió que el índice de octubre creciera 3,5 puntos, porque comenzó avanzado el mes y porque no contempla alimentos frescos, como carnes, verduras y frutas, ni indumentaria ni atención de la salud.
En la semana posterior a las elecciones, la carne vacuna aumentó un 25%, invitando a un congelamiento hasta la Navidad y el Año Nuevo.

El crecimiento de los precios internacionales de alimentos básicos como las distintas carnes y la leche, el pan y el aceite, sumado al aumento de los volúmenes exportados, presiona al alza de los precios.
A esto se suma la dificultad política de incrementar las retenciones y la resistencia organizada a los cupos de exportación, que no se supera con discursos.

El último año del gobierno de Cristina, los precios internacionales eran más bajos y las regulaciones más altas que ahora.
Este cotejo mide la dificultad actual.
Sólo el tipo de cambio oficial contenido desalienta la disparada en el mercado interno del precio de trigo, maíz, carne y leche.
Pero esto mantiene alta la brecha con el tipo de cambio paralelo que, si bien no tiene incidencia directa en los precios, reduce la oferta al acentuar las expectativas devaluatorias, y se combina negativamente con la preferencia del FMI por achicar la brecha.
Esto a su vez encarece las compras directas por parte del Estado para los planes de asistencia a los sectores más necesitados.

En las varias entrevistas que le hice al Presidente Fernández quedó clara la disyuntiva entre la substitución de importaciones, que favorece la diversificación productiva y una mejor distribución del crecimiento, y el incremento de las exportaciones, que tiende a la concentración, la reprimarización y una distribución regresiva, generando excedentes que no se reinvertirán en el circuito productivo porque irán a pagar deudas.

Meditaciones acerca del dedo y la luna

El Ministro Guzmán cree posible que el Fondo haga una referencia explícita a la administración tributaria, que controle la evasión, la elusión y la fuga.
Que el organismo se coloque del lado de la Argentina en una eventual confrontación con los grupos de presión como la AEA, dependerá en alguna medida de la capacidad de movilización social en su respaldo, lo cual remite a la plaza del Día de la Militancia.
Allí el Presidente extendió hacia el método de la toma de decisiones la referencia a CFK que había hecho el domingo respecto de la deuda externa.

Destacó tanto los comunes denominadores del FdT (salud y educación públicas, generación de empleo, inversión productiva y no especulativa) como los matices y las diferencias, que no especificó pero que considera que deben ponerse sobre la mesa, para que las candidaturas de 2023 surjan del voto interno.
El Presidente y la Vicepresidenta “quieren trabajar en el mismo sentido”, dijo.
La interpretación generalizada fue que se trató de un desafío a Cristina y hubo quien ironizó que su criatura pretendía paralizar el dedo que lo había ungido.
Se atribuye a Confucio el proverbio “cuando el sabio señala a la luna, el necio mira el dedo”.

No es cierto que Alberto prefiera siempre las internas y Cristina las rechace.
Este año, por ejemplo, La Cámpora planteó dirimir en primarias las candidaturas en los municipios bonaerenses de los que provienen los ministros Gabriel Katopodis (San Martín) y Juan Horacio Zabaleta (Hurlingham) y fue Alberto quien intercedió ante Cristina para que se consensuaran listas comunes.
En San Martín, el FdT había perdido en septiembre por 4,5 puntos y ganó ahora por 0,5%.
En Hurlingham había ganado por menos de un punto, que extendió ahora a casi 4.
Lo que cambió entre una cita y otra no fue la lista de candidatos.
Cristina no está en desacuerdo con las elecciones internas, cuando implican la confrontación de propuestas diferenciadas, sólo las considera un dispendio cuando se limitan a dirimir ambiciones personales.
Vale la pena escuchar el desconcierto de Héctor Daer cuando el periodista Iván Schargrodsky le preguntó si no se aplicaba a la CGT el reclamo que el sindicalista había formulado de una concepción política única.

Sin duda, el propósito de quienes idearon la convocatoria del miércoles 17 era blindar al Presidente, cuando presagiaban un desastre electoral.
Pero esta vez, igual que en septiembre, Alberto impuso cierta racionalidad, e instruyó al jefe de gabinete Juan Manzur para que modificara el sentido del convite.

Ese fue el objeto del encuentro del lunes 15, en la sede del Partido Justicialista para que nadie sintiera que estaba en terreno extraño. Por eso también participaron los sectores con los que la mesa chica de la CGT y el eviterismo se proponían confrontar, como la CTA y La Cámpora.
Durante ese encuentro, Pablo Moyano pidió un aplauso para Hugo Yasky, “quien fue electo diputado nacional en representación del movimiento obrero”, cosa que no debe haber alegrado a sus co - secretarios generales.

Se planteó en ese encuentro la posibilidad de una cabecera unificada con los dirigentes más representativos de cada sector, pero la propuesta se diluyó sin que se concretara.
Máximo Kirchner no fue el más entusiasta por concurrir, pero aceptó los argumentos de Eduardo de Pedro y Andrés Larroque e hizo acto de presencia.
Las imágenes del miércoles escenifican el concepto de juntos pero no mezclados.


Andrés Rodríguez llega a la Plaza. ¿Quién dijo inseguridad?


Hugo Yasky con sus culatas.


Andrés Larroque, en la columna camporista. Foto Luis Angeletti.

Es real que la ausencia de Cristina se debió a recomendación médica posoperatoria, aunque sea más rentable presentarla como un desdén.
La semana anterior terminó muy dolorida el acto en Merlo, debido a las dos horas en auto que le insumió el tránsito para llegar hasta allí. Se sentía tan mal que para el regreso Alberto le cedió el helicóptero presidencial y él volvió a RPO por tierra.

Todos contentos

Las elecciones legislativas estaban definidas a las nueve de la noche, no hubo denuncias de fraude y durante la campaña previa sólo se produjeron unos pocos episodios anómalos.
En las últimos cuatro décadas, la presidencia cambió de signo en elecciones nada menos que cuatro veces, con un rápido reconocimiento por parte de los oficialismos vencidos: de Raúl Alfonsín a Carlos Menem en 1989; de Menem a Fernando De la Rúa en 1999; de CFK a Maurizio Macrì en 2015 y de éste a les Fernández en 2019.
Hubo incluso una quinta transición más agitada, en 2001, cuando De la Rúa renunció, ante el acuerdo Alfonsín - Duhalde - Bergoglio, y la Asamblea Legislativa escogió primero a un gobernador y luego a un senador como interinos, hasta que en 2003 hubo elecciones normales para que lo sucediera Néstor Kirchner.

Sólo en ese caso es válida la comparación con los convulsionados cuadros recientes de Bolivia, Chile, Perú, Paraguay, Brasil, Ecuador, Venezuela, Nicaragua y Estados Unidos, lo cual no quita validez a las críticas por la situación socioeconómica, con atribuciones recíprocas de responsabilidad de unos elencos gubernativos a otros.

Que la primera candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires y no el Presidente de la Nación haya sido quien llamó para felicitar al jefe opositor que la venció, es un dato menor que ningún estrépito mediático puede equiparar con lo que ocurre en otros países.

Ni siquiera algunos provocadores, como Luis Juez, Waldo Wolf o Fernando Iglesias pueden compararse con el diputado del Partido Republicano por Arizona, Paul Gosar, quien esta semana fue separado de sus cargos en todas las comisiones del Capitolio por haber difundido un animé en el que mata a la diputada Alexandria Ocasio - Cortez.
Por no hablar del ex Presidente Donald Trump, quien instigó a una turba a tomar el Congreso, en un explícito intento de golpe de Estado.

La apelación del ex Presidente Maurizio Macrì a favorecer una transición ordenada, el reclamo de la presidencia de la Cámara de Diputados que formuló la candidata porteña María Eugenia Vidal, la especulación del matutino Clarín de que la Asamblea Legislativa podría designar al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, para completar el mandato presidencial al que le faltan dos años, son opiniones que califican a quienes las pronunciaron y que no tuvieron efecto alguno, porque los resultados de los comicios no fueron complacientes con esas expresiones de deseos: los bloques del Frente de Todos siguen siendo la primera minoría en ambas cámaras del Congreso y no hay ningún obstáculo a la continuación del mandato iniciado en 2019.

Un colega que desespera por las primicias, reveló que durante la comida en Olivos posterior al acto de la Plaza de Mayo, Alberto acusó a Cristina ante cuarenta dirigentes políticos de haberle hecho perder 10 puntos al Frente de Todos con su carta.
Contó con la complicidad del relator de partidos de fútbol que lo entrevistaba, que ni siquiera atinó a observar que la carta fue enviada el jueves 16 de septiembre, cuatro días después de las elecciones en las que el todismo recibió una tunda.

El domingo pasado, carta mediante, recuperó parte de esa pérdida. Mirar señales de noticias por cable es la forma más segura, de no entender nada de lo que ocurre en la política.
Y ni siquiera la más entretenida.

Antes de la pandemia, había en Belgrano Chino un restaurante que se llamaba Todos Contentos.
Ese nombre describe la evaluación post electoral de las distintas fuerzas:
  • La oposición liberal - radical consiguió la victoria por 8 puntos porcentuales, los mismos por los que había perdido el gobierno hace apenas dos años, después de una gestión desastrosa.
  • El alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta afirmó su aspiración presidencial, al validar en las urnas su audaz enroque de candidaturas entre la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires.
  • Pero Macrì dejó sentada su voluntad de disputarle el rol central y de expandir la alianza hacia la derecha.
  • Patricia Bullrich, que compite por la misma franja, tuvo éxito en el propósito de quitarle cinco bancas en el Senado al oficialismo que a partir de la nueva conformación del cuerpo deberá pagar en obras provinciales un par de votos que hasta ahora no tenían costo.
  • El UCeeRreismo venció en las tres provincias que gobierna y se posicionó como alternativa nacional, con nada menos que tres precandidatos presidenciales: su jefe político, el carcelero de Milagro Sala, Gerardo Morales; el médico mediático Facundo Manes y el ex gobernador mendocino Alfredo Cornejo. También podría sumarse a ellos Martín Lousteau, bajo la inoxidable conducción de Enrique Nosiglia, cuya espada legislativa, Emiliano Yacobitti, intenta desalojar de la presidencia del bloque a Mario Negri, otro de los aporreados en las urnas.
  • Con 966.000 votos, el neofascismo se acercó en la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires a los registros históricos de la UCeDé de la familia Alsogaray, que en las presidenciales de 1989 llegó a 1.200.000.
  • El FITU marxista se constituyó en la tercera fuerza nacional y obtuvo un bloque de cuatro miembros en la Cámara de Diputados.
  • Tanto Manzur como el gobernador y la vicegobernadora bonaerenses, Axel Kicillof y Verónica Magario, y los intendentes alineados con el jefe de gabinete provincial, Martín Insaurralde, sienten que fue la actividad que ellos desarrollaron la que hizo mutar una catástrofe en una derrota por escasa diferencia, la cuarta consecutiva del peronismo en las legislativas provinciales, como en 2009, 2013 y 2017, que no impide imaginar una reversión en las presidenciales de 2023, y por eso están todos como el restaurante taiwanés.
La fantasía de una Liga de Gobernadores Peornistas que actúen como contrapeso del kirchnerismo fue machucada a golpes de urna el domingo pasado.
El peor castigo lo recibió el líder de esa entidad fantasma, el gobernador cordobés Juan Schiaretti.
Las listas que presentó, encabezadas por su esposa, Alejandra Vigo, y por la nieta del ex gobernador Arturo Zanichelli, Natalia De la Sota, quedaron 30 puntos por debajo de las del radical Rodrigo De Loredo y el maestro del humor guarango Luis Juez.
Se entiende mejor el slogan “Son ellas”, que Schiaretti impuso en la campaña.
Pero no hay artilugio que oculte que el gran derrotado fue él.

De esa tribu, sólo le fue peor a Florencio Randazzo, quien pasó de los insultos a Cristina en los spots de campaña a ilusionarse con que el escrutinio definitivo le dé el acceso a la banca de diputado que en el provisorio no se vislumbró.
Hasta en su Chivilcoy natal salió tercero, igual que la lista de Alicia Kirchner en Santa Cruz, lo que tuvo más difusión, por razones obvias.
Con un atenuante: el electo diputado petrolero Claudio Orlando Vidal, que hace dos años apoyó la reelección de Alicia, se sumará al bloque del FdT en Diputados.

Pero entre derrotas y victorias por un pelo, no hubo una sola figura emergente en esa competencia por liberarse de Cristina.
Por ejemplo:
  • Los candidatos del gobernador entrerriano Gustavo Bordet, perdieron por 23 puntos de diferencia.
  • Los de Manzur en Tucumán sacaron una luz de apenas 2 puntos.
  • El sanjuanino Uñac ni eso: sus candidatos aventajaron a los liberales por sólo 1,3%.
Quienes se impusieron con comodidad no forman parte de ese tren fantasma del antikirchnerismo:
  • El chaqueño Coqui Capitanich, quien logró dar vuelta una derrota por más de 10 puntos en una victoria por punto y medio.
  • El santiagueño Gerardo Zamora consiguió para sus nómina de diputados una ventaja de 50 puntos sobre la oposición.
  • Los del riojano Ricardo Quintela duplicaron los votos de Cambiemos.
  • Los candidatos formoseños de Gildo Insfran se impusieron por 17 puntos.
  • Los de Lucía Corpacci en Catamarca vencieron por 13 puntos.
A los tironeos entre Macrì y Bullrich por un lado, y Rodríguez Larreta y María E. Vidal por otro, hay que sumar en Juntos la irrupción del UCeeReísmo, de cuyas aspiraciones da cuenta este mapa que difundieron para reivindicar su aporte al caudal electoral de la Alianza, que hasta ahora integraron pasivamente pero que se postulan para conducir.


Lo titularon: “Lo que te muestran los medios y la realidad”.

ENTRE EL PESIMISMO Y LA ESPERANZA, de Horacio Verbitzky - 14/11/2021


A las nueve de la noche se conocieron los resultados electorales, con el 80% de los votos escrutados.
Había sondeos y pálpitos para todos los gustos, algunos desinteresados.
El gobierno nacional no llegó a revertir lo sucedido en las PASO, pero achicó la diferencia.

El mensaje presidencial de las 22 declaró acuerdos internos sobre cuestiones de fondo, mencionó en forma explícita a la vicepresidenta, quien le cedió el absoluto protagonismo, y propuso acuerdos con la oposición, incluyendo las negociaciones por la deuda externa.
Tomó nota del pesimismo pero destacó la esperanza.
En cambio, Horacio Rodríguez Larreta clamó que habían batido a Cristina Fernández de Kirchner, lo cual no pasa de una expresión de deseos.

El escrutinio de las PASO fue un razonable predictor de lo que sucedería dos meses después.
Pero el desplazamiento de algunos porcentajes en distintos distritos hicieron la diferencia.

En la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich obtuvo en 2017 el 41,38% de los votos y CFK el 37,24%.
Esa diferencia de 4,4% se redujo al 1,3% ahora, por lo que el resultado final recién se conocerá con el escrutinio definitivo.
Del mismo orden es la mejora del FdT respecto de las PASO de septiembre.

Esta es la cuarta elección legislativa consecutiva que el kirchnerismo pierde en la provincia de Buenos Aires, lo cual no le impidió ganar dos de las tres presidenciales posteriores.
Un dato significativo es que mejoró su desempeño en la 1a y la 3a secciones electorales bonaerenses, donde puso el mayor esfuerzo Máximo Kirchner, recuperó municipios que le habían sido adversos en las PASO, como Quilmes, y emparejó la representación en el Senado bonaerense, donde la vicegobernadora Verónica Magario desempatará en favor del gobierno de Axel Kicillof.

En el Senado de la Nación, el FdT no tiene quórum propio, pero puede alcanzarlo con el aporte de aliados en Misiones y Río Negro y, en caso de una votación par, la decisión quedará en manos de Cristina, así como en Estados Unidos recae en la vicepresidenta Kamala Harris.

En la Cámara de Diputados JxC quedó lejos del objetivo de alcanzar la primera minoría y desalojar a Sergio Massa de la presidencia del cuerpo.
Es decir que la respuesta del oficialismo al contraste en las PASO impulsada por Cristina, con cambios en los gabinetes nacional y bonaerense, mayor territorialidad y participación de gobernadores e intendentes, fue efectiva.

Cualquiera sea la voluntad del electorado, habrá interpretaciones discordantes acerca de por qué se ganó o se perdió terreno respecto del ensayo general.
Si hace dos meses la sensación predominante hasta que se abrieron las urnas era que el gobierno revalidaría su predominio (salvo Cristina que preveía la derrota), ahora ocurrió lo contrario, tanto en el oficialismo como en la oposición.

En las PASO el gobierno perdió seis millones de votos respecto de las presidenciales de 2019, pero no los ganó la oposición, que perdió dos millones.
En el acto de cierre en Merlo, Alberto fue explícito: 
“Fuimos a las PASO convencidos de lo que habíamos hecho, pero muchos no nos acompañaron, y por eso salí a escuchar”, dijo.

El acto fue programado con precisión: Victoria Tolosa, Sergio Massa y Axel Kicillof hablaron más o menos 10 minutos, Alberto el doble. Pero el centro de la atención fue, una vez más, la vicepresidenta, sin necesidad de emitir palabra.
“Todos la amamos”, dijo Tolosa cuando desde el público fue interrumpida por los mensajes y cantos dedicados a Cristina.
No eran militantes kirchneristas: la Cámpora sólo fue representada en el césped por Máximo Kirchner y Wado de Pedro, pero no movilizó a sus fuerzas.
La noche del domingo, los ánimos eran más encendidos en el FdT que en JxC.

En cualquier caso, mañana comienza una nueva etapa, en la que la coalición que sostiene al Frente de Todos distribuirá méritos y responsabilidades y propondrá cómo cubrir los últimos dos años del mandato obtenido en 2019, mientras la oposición debatirá la mejor manera de transitar lo que falta para 2023.
En ambas orillas pugnan fuerzas contrapuestas, una centrípeta que tiende a la unidad y otra centrífuga, que tracciona hacia la disgregación.



Foto, Luis Angeletti

Igual que en Estados Unidos, la coalición gobernante se formó con sectores que depusieron diferencias y rencores con tal de impedir la reelección de un presidente al que todos consideraban nefasto.
Y aquí tanto como allí las divergencias internas se mantienen acerca de las causas del ostensible malestar que manifiesta la ciudadanía/ el pueblo/ la gente (táchese lo que no corresponda o agrade) y la mejor manera de encarar la próxima cita electoral.

Randazzismo sin Randazzo

Como parte de estos preparativos, se anunció que el miércoles 17, cuando se cumplan 49 años del regreso de Juan D. Perón a la Argentina, el Día de la Militancia será conmemorado con un acto en la Plaza de Mayo por un colectivo de sindicatos y movimientos sociales que la semana pasada fue recibido en la Casa de Gobierno por el presidente Fernández.
Sus figuras más relevantes son el reelecto co - secretario general de la CGT, Héctor Daer, y los representantes del Movimiento Evita en el gobierno, Fernando Navarro y Emilio Pérsico.
Se trata del mismo acto y de los mismos convocantes que lo anunciaron luego de las PASO del 12 de septiembre.

Su propósito entonces era fortalecer a Alberto frente a Cristina.
El presidente desactivó esa operación, luego de escuchar el consejo de Vilma Ibarra, quien recordó a Fernando De la Rúa cabeceando como barrilete sin cola hasta venirse abajo, luego de la renuncia de su vicepresidente, el licenciado Carlos Álvarez.

Fernández procura que no sea explícita la pulsión vital que enardece a Pérsico y Navarro contra Cristina.
Por eso, sólo se presenta como un encuentro en apoyo del presidente, quien lo hizo explícito en su discurso del domingo, asociando la convocatoria con la necesidad de fortalecer al gobierno en la negociación con el FMI.

El kirchnerismo cree que se responde con mezquindad a sus gestos que considera generosos.
En una fecha tan propia como la conmemoración de Néstor Kirchner, el 27 de octubre, la Cámpora invitó a Pérsico y los eviteros, que estuvieron allí, y a Daer, Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez, que no se presentaron.
También cedió el podio al presidente, que fue el único orador.

En cambio, los kirchneristas se enteraron por Infoemba de la próxima movilización a Plaza de Mayo.
Se entiende este interés de los eviteros; encomiar a Kirchner, que hace once años no puede decirles qué opina, es la forma de apelar a la base peronista sin reconocer a Cristina.
No fue esa la actitud de Alberto: en el cierre de la campaña se declaró hijo de Perón y Eva y continuador de Néstor y Cristina.

Autor de la consigna «Sin Cristina no se puede, sólo con Cristina no alcanza», Alberto sabe mejor que nadie que este reagrupamiento del randazzismo, aun sin el lastre de Randazzo, no tendría hoy más peso que en 2017, pero tampoco le resulta fácil evitarlo.
El abastecimiento de insidias contra el kirchnerismo no se interrumpió con la eyección de Juan Pablo Biondi, quien el 21 de octubre almorzó en un rincón reservado del restaurante Casa Cavia, al reparo de fotografías, con su ex socio Román Lejtman, uno de los que colocan esa mercadería en Infoemba.

El chino de Savino

Navarro también asistió a la cena anual del Centro de Estudios Americanos, un organismo de lobby político de la embajada de Estados Unidos y de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense (Am - Cham), organizador de visitas de legisladores, jueces y políticos argentinos a Washington (lo que Ignacio Zuleta llamó «turismo de aventura»).
Desde su fundación, hace tres décadas, lo preside el consultor en temas económicos e institucionales Luis María Savino.

En 1998, Carlos Menem designó a Savino como miembro de una Oficina de Ética Pública, creada ante las denuncias de corrupción en su gobierno, con la misión de redactar un reglamento para «prevenir, informar y educar, pero no fiscalizar ni investigar».
Otros miembros de esa oficina fantasma fueron Rubén Beraja; los ex presidentes de la Sociedad Rural, Enrique Crotto y Guillermo Alchouron; Daisy Krieger Vasena de Chopitea, y el ex presidente de la UIA, Claudio Sebastiani, quien como diputado del PJ puso el voto decisivo para la ley que rebajó indemnizaciones por despido.


Luis María Savino y Fernando Navarro en la comida del CEA. Fotos, Nicolás Stulberg.

Mientras la derecha liberal vaticina por enésima vez la anhelada declinación del peronismo, Savino procura explicar en su Madre Patria la infinita plasticidad del movimiento que en los últimos tres cuartos de siglo llevó al gobierno a personalidades y líneas políticas tan dispares como las que encarnaron Perón, Menem, los Kirchner y Fernández.

No se informó si Navarro invitó a este peronólogo con doblaje al castellano al Día de la Militancia.
Tampoco si conoce el estudio que el presidente del CEA dedicó a “Perón y los Estados Unidos: una relación pragmática”.
Savino analiza el conflicto fundacional con el embajador norteamericano Spruille Braden en clave de política interna de Estados Unidos y concluye que Perón no era antiyanqui.

Por el contrario, entiende que repitió en la Argentina la misma política que aplicó en su país el presidente Franklin Delano Roosevelt, ambos inspirados en la teoría general de John Maynard Keynes sobre el empleo, el interés y el dinero.
De ese modo, ambos absorbieron las demandas obreras, “reduciendo el espacio político para que progresaran partidos de corte socialista”, dice Savino, quien es un operador de la embajada, no un activista del FITU.

El consultor llegó a ilustrar estos conceptos con un poster kitsch, que recorta a Perón contra las franjas y las estrellas de la bandera de la Unión.
Los eviteros aún no han llegado a tanto.


El Perón nuestro de cada día, dánoslo hoy.

Las mesas tendidas

No hay rincón del oficialismo donde no se escuche hablar de un compromiso con la producción, que involucre a empresarios y trabajadores.
Pero la última vez que resucitó el mito de la burguesía nacional fue hace tres décadas, cuando Menem entregó la conducción económica a Bunge & Born.

La transnacionalización de las distintas fracciones del capital es hoy menos disimulable que entonces.
Esto no quita que el Poder Ejecutivo mantenga encuentros por separado con los accionistas de empresas radicadas en la Argentina (como Madanes Quintanilla, los hermanos Mindlin, o los hijos y herederos de Carlos Bulgheroni y Jorge Brito) y con los gerentes de transnacionales (los de Unilever, Toyota, Syngenta y Accenture).
En esas mesas se analizan las condicionalidades que el FMI pretende imponer para refinanciar los préstamos impagables contraídos por Maurizio Macrì y la posición sobre el tema de CFK. 

Esta tangente gastronómica es el sendero elegido por el gobierno para eludir los encuentros con las cámaras patronales, que demandan un acuerdo rápido con el Fondo, en la línea de Macrì, quien dijo que lo arreglaría en cinco minutos. 
“Concediendo todo lo que le piden”, le replicó Fernández.

El jueves 11, Daer y Carlos Acuña fueron reelectos como co - secretarios generales de la CGT, a quienes se sumó Pablo Moyano, en reemplazo del renunciante Juan Carlos Schmid.
Los discursos de la declamada unidad proclamaron el rechazo al recorte de derechos que en forma explícita anuncia la oposición, si tuviera el poder para imponerlo.
Pero cuando se pasa de los títulos a la letra chica, las posiciones son menos claras.

El año pasado, Daer y la mesa chica de la CGT, de la que formaban parte Rodríguez, Martínez, Antonio Caló, Armando Cavalieri y José Lingieri, participaron de un encuentro virtual con la Asociación Empresarial (AEA), con participación destacada de Héctor Magnetto, Luis Pagani y Paolo Rocca, y firmaron un comunicado conjunto.

De ese modo, la CGT suscribió sin una sola crítica el pliego de condiciones del poder económico transnacionalizado:

  • Papel clave de las empresas privadas y sus cadenas de valor en la salida de la crisis.
  • Políticas específicas para promover el empleo registrado.
  • Movilizar la capacidad productiva y las exportaciones de bienes y servicios.
  • Resultado positivo en las negociaciones con los acreedores externos.
  • Reducir la presión tributaria sobre el sector formal de la economía.
  • Al mismo tiempo, equilibrar las cuentas fiscales, por supuesto sin explicar cómo, dado que la reducción tributaria solicitada, descargaría el equilibrio de las cuentas fiscales sobre los trabajadores y los jubilados.
La última actuación de la Am - Cham, hace apenas tres semanas, fue denunciar el congelamiento de precios de 1.400 productos hasta el 7 de enero como una «bomba de tiempo» y exigir un «plan de estabilización que dé señales claras sobre la política monetaria y fiscal».
Esto incluye la devaluación por la que están presionando las empresas exportadoras y la oposición política, y que implicaría una nueva caída en el poder adquisitivo de quienes producen y cobran en pesos.

El 95% de las operaciones de cambio se realizan en el mercado oficial, por lo que tomar el paralelo como referencia, sin ninguna necesidad, dado el holgado superávit comercial, es un ataque directo al bolsillo de la población y conspira contra la recuperación económica ostensible.

A pesar del congelamiento, el IPC de octubre trepó un 3,5%, porque el control excluyó carne, verduras, frutas, indumentaria y medicina. Será tema de debate a partir de mañana, así como las diferencias entre el secretario de Comercio, Roberto Feletti, y el ministro de Producción, Matías Kulfas.
Uno cree que no alcanza, el otro piensa que no sirve.

Este año, Luis Barrionuevo y su minúscula CGT Azul y Blanca consiguieron la reelección de Acuña como triunviro, bloqueando el acceso de Caló, porque para ese sector tanto el metalúrgico como el mecánico Ricardo Pignanelli estarían incursos en pecado de kirchnerismo.
Caló quedó relegado a la secretaría de Interior.

Tampoco fue incluida en la reorganización la CTA, por temor a que el peso de los delegados de sus principales gremios, estatales y docentes, modificara la relación de fuerzas interna.
Pese a ello, su secretario general Hugo Yasky, se congratuló por la incorporación de Moyano, de los bancarios Sergio Palazzo y Claudia Ormaechea, del mecánico Mario Manrique e insistió en la idea de una mesa que coordine la unidad en la acción de las distintas centrales, para que los trabajadores organizados actúen como contrapeso del FMI y de las corporaciones que intentan condicionar al gobierno.


Luis Barrionuevo: el antikirchnerismo militante. Foto, Identidad Sindical.

Qué quiso decir

Tanto Alberto como el ministro de Economía Martín Guzmán, recuerdan cada vez que pueden la negociación con los acreedores externos privados, que implicó un ahorro de 37.800 millones de dólares a lo largo de una década.
Lo hacen para desacreditar las presiones que les exigen un rápido acuerdo con el otro gran acreedor de la Argentina, el FMI.
La vulgata mediática pretende que el presidente y el ministro procuran el acuerdo y que Cristina lo torpedea.

Sería tedioso enumerar las constantes afirmaciones de Alberto y de Guzmán, objetando las condicionalidades que hacen indeseable cualquier acuerdo, a las que se suman el garrotazo de Financial Times al ex niño mimado Guzmán y la ironía de Tucker Carlson en Fox News por las propuestas argentinas sobre la deuda.

Carlson representa la extrema derecha comunicacional de su país, es una especie de Milei bien vestido, e incluso durante una semana transmitió su programa desde Budapest, como muestra de solidaridad con su primer ministro Viktor Orban, a quien propone como modelo para el mundo.

Por más que se minimice el valor de la palabra, el Poder Ejecutivo acotó así su propio margen para cerrar un acuerdo que complazca a la AEA y que además sea aprobado por el Congreso, una condición que Guzmán puso al asumir y que puede actuar como un arma de doble filo.
La deuda es un gigantesco problema en torno del cual se ordenan, o se desordenan, las demás variables económicas y sociales.
Alberto anunció el domingo que los acuerdos técnicos alcanzados con el FMI no resignan el crecimiento económico y la inclusión social, cosa que está por verse.

A una semana de la entrevista de Maurizio Macrì con CÑÑ, nadie ha podido descifrar qué quiso decir, ni por qué lo hizo.
Sus asociados en Juntos se agarran la cabeza por esa brusca irrupción en la campaña, que puso el eje en aquello que más convendría evitar: el manejo de la economía y la relación con el Fondo Monetario Internacional.
Dijo que usaron la plata del FMI “para pagarles a los bancos comerciales que se querían ir porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo”.
Incomprensible, porque no existía tal deuda con ningún banco comercial.
«Macrì atrasa 30 años», ironiza un analista.

Durante la presidencia de Raúl Alfonsín los principales acreedores de la Argentina eran los grandes bancos internacionales, que, a partir de la crisis mexicana de 1982, corrieron riesgo de quiebra por los impagos latinoamericanos.
Pero sobre el final de esa década, se agotó la práctica de cobrar los intereses mientras se refinanciaba el capital y, ya retirado, Henry Kissinger diseñó el nuevo esquema que aplicarían los secretarios del Tesoro, Nicholas Brady, y de Estado, James Baker.

En ningún lado se puso en práctica en forma más extrema que en la Argentina, con las privatizaciones bajo el gobierno de Carlos Menem, que un informe del Banco Mundial de 1991 caracterizó como cuanto más rápidas más corruptas, y que consistió en cobrarse el capital con el canje de deuda por activos estatales.
Este remate a precio vil del capital social acumulado en lo que iba del siglo por varias generaciones de argentinos limpió la deuda acumulada.
La deuda posterior, a la que se refiere Macrì, no era con bancos comerciales sino con fondos de inversión que compraron bonos argentinos.

Pero Macrì no sólo tiene un desfasaje de décadas, sino también de años.
Esos fondos de inversión comenzaron a desprenderse de papeles argentinos en 2016 y aceleraron la estampida a fines de 2017, después de la victoria del macrismo en las elecciones de medio término de ese último año, el momento en que más lejano parecía un regreso kirchnerista.
Y el endeudamiento con el Fondo, fue anunciado por Macrì el martes 8 de mayo de 2018.
Antes y después es una secuencia tan sencilla como subir o bajar. 

Pero al ex presidente que bajó la inflación al doble no se le dan bien.
El cree que lo que pasó ayer es consecuencia de lo que ocurrirá mañana.

Cuando intentó aclarar sus palabras, en la señal de noticias del Grupo Clarín, Macrì reiteró lo que ya le había dicho a CÑÑ en el momento en que el FMI aprobó el préstamo: que se trató de una decisión política del gobierno estadounidense de Donald Trump para “administrar la transición hacia un segundo mandato”.

El oficialismo decidió pedir explicaciones.
La Procuración del Tesoro reclamó a la jueza María Eugenia Capuchetti que indague a Macrì y lo procese, por malversación de fondos públicos, y la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa citó al ex presidente y a los funcionarios económicos de su gobierno para que precisen dónde fueron a parar los miles de millones de dólares prestados por el FMI.

Mick Jagger hay uno solo

Macrì cree que se instala en la grilla de candidatos presidenciales con estas apariciones públicas, más sus anunciadas coincidencias con Javier Milei.
Coincide también en esto con Patricia Bullrich, quien debió escuchar en pleno acto de cierre de campaña, el repudio a Milei de parte de los asistentes.

Bullrich también intercambió buenos deseos presidenciales con Gerardo Morales, sugiriendo que ambos ex ministros de Fernando De la Rúa cuando se rebajaron los ingresos nominales de trabajadores estatales y de jubilados, podrían compartir una fórmula.

Es comprensible la afinidad que sienten el carcelero de Milagro Sala y la protectora de Luis Chocobar y el disparo por la espalda al ladrón que huye, entre ellos y con el aspirante a productor de queso gruyere José Espert.

Desde el oficialismo conceptualizaron que Milei no sería de ahora en más otra cosa que una colectora de Cambiemos.
El economista que plagia a los maestros de la escuela austríaca se presenta como un joven rebelde, pero es un señor de 51 años y las actividades de campaña lo dejan de cama, aullando por calmantes. Mick Jagger hay uno solo.

Esta promiscuidad de Macrì y Bullrich con un competidor no sólo fastidia a Horacio Rodríguez Larreta, quien es la figura central de ese conglomerado político.
También descoloca al mediático Facundo Manes, que es la carta UCeeReista para volver a jugar en las ligas mayores.

No es lo mismo Manes que Morales.
Milei es la versión más explícita de una interpretación retrógrada de la historia argentina.
Su segunda en la lista reivindica la dictadura y niega sus crímenes, y uno de sus militantes se grabó destruyendo una mayólica con un pañuelo de las Abuelas de Plaza de Mayo.
También cree que Domingo Cavallo fue el mejor ministro de Economía de la historia y excluye a Macrì de su definición de «casta política», porque tenía buenas ideas pero no lo dejaron gobernar sus socios radicales, cívicos libertadores y las «palomas del PRO».
Es decir aquellos que lo abuchearon cuando hablaba Bullrich.


Milei debe inyectarse por el dolor después de cada show.

A caballo

A caballo de las contradicciones tanto del gobierno como de la oposición, hace equilibrios el gobernador cordobés Juan Schiaretti, quien tanto podría encabezar una liga antikirchnerista de gobernadores del peronismo conservador (el sanjuanino Uñac, el entrerriano Bordet, entre los más decididos, aunque en el Litoral la derrota fue estridente a manos de Rogelio Frigerio), como acompañar a Macrì en su ilusorio segundo tiempo, realidad aumentada de Miguel Pichetto, de buen manejo en los medios pero a quien sólo vota su familia.

En apoyo de las candidaturas de su esposa y de la nieta del ex gobernador Arturo Zanichelli, Schiaretti decidió profundizar la fantasía de Córdoba como fortaleza sitiada por la Nación, a la que tiende a confundir con los bonaerenses y porteños, que subsidian sus propios servicios y discriminan al cordobesismo.
En esto tiende a unificar a Cristina y a Macrì, porque dice que ambos chocaron la economía.

Macrì le respondió con benevolencia.
“Las campañas hacen que gente inteligente diga cosas en las que no cree.
En privado, el gobernador me dice otra cosa”, dijo desde la bolsa de comercio de Córdoba.

En el Frente de Todos, las respuestas fueron tibias porque buena parte de su dirigencia local carece de inserción territorial y especula con un regreso al redil cordobesista pasada esta confrontación.

Incluso, el cabeza de lista a diputados, Martin Gill, especula con una hipotética candidatura a la vicegobernación junto con el alcalde de la Capital, Martín Llaryora.

La única que recogió el guante fue la segunda de la lista, Olga Riutort.
Exposa y ex ministra de José Manuel de la Sota, a sus 72 años Riutort no tiene pelos en la lengua.
Tampoco tiene recursos para difundir sus posiciones más allá de las redes, porque todos los fondos de campaña fueron centralizados en el cabeza de lista al Senado, Carlos Caserio, cuyo dominio sobre el valle de Punilla no garantizó que la lista pasara del 10% de los votos, menos de lo que el kirchnerismo puro y duro obtuvo en elecciones anteriores, cuando los candidatos fueron Carolina Scotto y Pablo Carro.
Hoy buena parte de los intendentes que lo acompañan, fiscalizarán para Schiaretti.

Según Riutort, cuando Macrì era presidente, en 2018 y 2019, la Nación sólo financiaba un tercio del costo del transporte cordobés. Este año, en cambio, la Nación sufragó el 74% y Schiaretti apenas el 26%.
Agregó que como diputado del oficialismo provincial, Llaryora aprobó en el Congreso el pacto fiscal de Macri, mediante el cual “los cordobeses renunciábamos a los subsidios al transporte; y ahora se quejan.
Eso es una actitud claramente hipócrita”.

Añadió que otro tanto ocurre con la tarifa eléctrica.
Aunque la Nación cubre a todo el país con el mismo dinero por kilovatio producido, en la distribución cada provincia fija el precio, que en Córdoba es 70% más cara que en Santa Fe o 90% más cara que en Mendoza.

Mal dormido al regreso de Glasgow, Alberto tuvo palabras poco felices, deseando que Córdoba se integre a la Argentina.
La violenta respuesta del vencedor en las PASO para el Senado, empequeñeció el error presidencial.
“Lo voy a cagar a trompadas” fue el comentario de Luis Juez, del PRO.
Su principal competidor por el cetro del humor guarango, La Mole Moli, declaró que si Cristina fuera candidata ganaría las elecciones en Córdoba.

La violencia no es sólo verbal.
El asesinato del kiosquero Roberto Sabo en Ramos Mejía, conmovió al barrio más próspero de La Matanza, cuyo repudio al gobierno nacional no se reflejó en las urnas: el FdT le sacó casi veinte puntos a Juntos.

La movilización frente a la comisaría donde estaban detenidos los presuntos autores del crimen fue reprimida con gases lacrimógenos, por orden del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien está en campaña en pos de la presidencia de la Nación, según anunció el mes pasado.
Luego de las PASO también informó que pasados los comicios legislativos renunciaría al ministerio y al Frente de Todos, a cuya conducción destrató con palabras más ásperas de las que dedica a la oposición.
Pero ahora se retractó, con una alusión a la responsabilidad.

El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen.

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