lunes, 28 de febrero de 2022

NÚÑEZ CONTRA EL BARRICIDIO, de Jonatan Baldiviezo y María Eva Koutsovitis - 13/2/2022

Presentación ante la Justicia para impedir que el nuevo Código Urbanístico destruya su identidad


La Asamblea Vecinos Unidos de Núñez denuncia el impacto negativo que le ocasiona al barrio la construcción indiscriminada habilitada por el GCBA.

El 6 de diciembre de 2018 se aprobó el Código Urbanístico (CUR, Ley 6099) que derogó el Código de Planeamiento Urbano (Ley 449).

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), a través del nuevo Código Urbanístico, tuvo como objetivo principal aumentar la capacidad constructiva en forma genérica en toda la ciudad.
Para esto, decidió eliminar dos restricciones a la construcción que se conocen como FOS (superficie que se puede ocupar con la construcción) y FOT (cantidad de metros cuadrados construibles por parcela).
Ahora, la limitación de la altura construible es la que regula principalmente la capacidad constructiva en la ciudad.

Antes del Código Urbanístico había sectores de la ciudad donde se podía construir hasta cinco pisos, pero como tenían un FOT muy bajo, no se llegaba a edificar hasta dicha altura porque los metros cuadrados construibles se agotaban antes.
Bajo estos parámetros urbanísticos, se consolidaron barrios residenciales de casas bajas.
Por ejemplo, grandes sectores de Núñez, donde la altura promedio no supera los dos pisos.

En este barrio, en particular, la eliminación de la restricción del FOT permitió que la capacidad constructiva se incremente desde un 400% hasta un 1.000% dependiendo de la zona, tal como lo afirma el informe técnico “Barrio Núñez: cómo afectó el Código Urbanístico”, elaborado por la arquitecta Magdalena Eggers.

Este aumento exorbitante de la capacidad constructiva generó un proceso acelerado de renovación inmobiliaria (venta, demolición y construcción).
¿Cuál es la razón de este fenómeno..?

Antes de la sanción del nuevo Código Urbanístico, no tenía ningún sentido económico demoler una vivienda para volver a construir una nueva con la misma cantidad de metros cuadrados construidos.
En cambio, con el nuevo Código Urbanístico y las modificaciones realizadas a la normativa urbanística (la eliminación del FOT y FOS, aumento de altura, eliminación del retiro obligatorio de la línea oficial y disminución de la superficie del centro libre de manzana), en el caso de demoler una vivienda, se puede construir entre cuatro y diez veces más, dependiendo de la zona.

El Código Urbanístico se aprobó a fines de 2018.
Durante 2019, el otorgamiento de permisos o registros de planos estuvo frenado por la reglamentación del Código Urbanístico y de los procedimientos.
En el año 2020 no hubo impedimentos para autorizar demoliciones, pero la pandemia de coronavirus llevó a suspender por varios meses los trabajos de demolición.
Por lo tanto, recién en 2021 este proceso de renovación inmobiliaria se desató con numerosas viviendas demolidas y cientos de terrenos en venta.

El barrio de Núñez está modificando su morfología sustancialmente y, de proseguir este ritmo, desaparecerá su carácter de barrio residencial de casas bajas.
La cantidad de demoliciones y construcciones que se activaron luego de la sanción del Código está produciendo un barricidio.




En el barrio de Núñez hay entre 5 a 6 casas demolidas en cada manzana alrededor de la plaza Félix Lima, a las cuales se suman otras tantas viviendas en venta.
En dos o tres años la identidad del barrio, tal como la conocemos, desaparecerá.

La otra imagen, en contraposición a un sector de la ciudad que parece bombardeado, es la organización ciudadana que resiste al embate inmobiliario colgando carteles y banderas rechazando el Código Urbanístico.



El GCBA no realizó ningún plan de infraestructura de servicios públicos acorde con el incremento de la capacidad constructiva.
Esta configuración de la normativa urbanística habilitó nuevamente un crecimiento constructivo sin considerar los impactos ambientales, sociales y culturales negativos, tal como ocurrió en el año 2000 con la sanción de la Ley 499 que aprobó el Código de Planeamiento Urbano.

Unos seis años después, la infraestructura de servicios públicos colapsó, lo que llevó al entonces jefe de gobierno Jorge Telerman a firmar la suspensión de otorgamiento de nuevos permisos en seis barrios porteños: Villa Urquiza, Coghlan, Núñez, Palermo, Villa Pueyrredón y Caballito.


Esta medida fue adoptada a través del Decreto 1929/2006.
En su considerando, se expresaba que el crecimiento constructivo focalizado en “aquellos Distritos Residenciales de alta densidad edilicia, en los cuales la normativa actual permite alturas de edificación de Planta Baja y 7 (siete) pisos sobre rasante” requería de “la adopción de medidas que permitan evaluar los efectos sobre la infraestructura de servicios disponibles, en atención a la calidad de vida de la población y a la identidad de cada uno de los barrios involucrados (…) a fin de estudiar la posibilidad de eventuales daños al medio ambiente urbano y a su infraestructura”.

En aquella oportunidad, el problema se generó en los distritos residenciales de alta densidad.
Ahora, la mala planificación afecta a los barrios residenciales de muy baja densidad.
El Plan Urbano Ambiental, la ley con mayor jerarquía en la planificación de la ciudad, protege, por una parte, la existencia de la “pluralidad de formas residenciales”, es decir, que no apunta a que toda la Ciudad de Buenos Aires tenga una misma altura o una misma densidad constructiva y demográfica.
La pluralidad de formas residenciales implica que haya sectores de la ciudad con mayor altura y otros donde se conserven las formas residenciales de casas bajas.
Vuelve a insistir en esta posición cuando destaca que debe mantenerse “la diversidad funcional y de fisonomías del hábitat residencial”.

Por otra parte, otorga una doble protección a barrios residenciales de casas bajas como el de Núñez.
El Plan Urbano Ambiental establece que se deben “preservar los sectores urbanos de baja y media densidad que manifiestan características singulares de valor y buen grado de consolidación”.
Núñez es un barrio residencial de casas bajas con características singulares de valor, con sus bulevares, arboledas, las lomas, las casas bajas con amplios jardines y la nutrida vegetación en los pulmones de manzana.

También, el propio GCBA ha reconocido en el Modelo Territorial Buenos Aires 2010 - 2060, elaborado en 2009 por el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la mayor parte del barrio de Núñez, de acuerdo a la capacidad constructiva dispuesta en el Código de Planeamiento Urbano derogado, se encontraba consolidada.
Esto quiere decir que existía nula o muy poca diferencia entre la superficie construida y la superficie que se puede construir.

Además, el Plan Urbano Ambiental establece en dos oportunidades, tanto en los capítulos de “Estructuras y Centralidades” como en el de “Hábitat y Vivienda”, la protección y el fortalecimiento de las identidades barriales.
Respetar las identidades barriales significa respetar la morfología de densidad y tipo de sociabilidad y patrimonio de los barrios.
Significa, además, adecuar las nuevas construcciones a la situación existente real de cada comuna y barrio.

Estos mandatos fueron violados con la sanción del Código Urbanístico.
El incremento de la capacidad constructiva y de la ocupación del suelo con edificios, como se ha demostrado, está generando una renovación inmobiliaria y urbanística que implica la demolición de casas para la construcción de edificios multifamiliares con metros cuadrados construibles que llegan hasta decuplicar los existentes en las parcelas actuales.



Ante esta situación, las familias del barrio se organizaron y realizaron radios abiertas y movilizaciones.


También conformaron la Asamblea Vecinos Unidos de Núñez, la que conjuntamente con el “Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos” se presentaron ante la Justicia para defender la identidad barrial, que está siendo destruida como consecuencia del estímulo a la renovación inmobiliaria y urbanística generado por el Código Urbanístico.

La causa judicial fue caratulada “Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y otros c/GCBA sobre amparo ambiental”, expediente 12.445/2022-0.
Quedó radicada en el juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 12, a cargo de la jueza Alejandra Penella.

La Asamblea denuncia el impacto negativo que le ocasiona al barrio el cambio en el Código Urbanístico y los convenios urbanísticos que funcionan como verdaderas excepciones privadas al código, permitiendo la construcción indiscriminada de torres de gran altura.
Advierten que la densidad de edificios está incidiendo directamente en la saturación de los servicios (cloacas, electricidad, agua, etc.) y atentando contra el ambiente urbano y su calidad de vida.
La demolición de las casas para estos fines va acompañada de la desaparición de árboles en los terrenos, de la línea de arbolado y de la biodiversidad de la flora y fauna barrial.
El aumento de la superficie de cemento, sin la ampliación de los espacios verdes, significa el incremento del efecto “isla de calor”.

En la demanda se solicitó que se declare inconstitucional y nula la actual regulación urbanística que establece el Código Urbanístico (Ley 6.099, modificada por la Ley 6.361) para los sectores/ polígonos residenciales ubicados en el barrio de Núñez, zonificados de acuerdo al Código de Planeamiento derogado (Ley 449) como R1a, R1bI, R2bI y R2aII, en tanto incrementó la altura permitida, eliminó las restricciones constructivas de FOT y FOS, redujo las dimensiones del centro libre de manzana y eliminó el retiro obligatorio de la línea oficial en estos sectores de la ciudad, incrementando varias veces la capacidad constructiva, la ocupación de la parcela y generando un proceso acelerado de renovación inmobiliaria y urbana.

Esto viola la protección establecida por el Plan Urbano Ambiental para los sectores residenciales de casas bajas consolidados y las identidades barriales (artículos 4, 6 y 8 de la Constitución de la Ciudad), el derecho a un ambiente urbano sano y equilibrado, el principio de progresividad en materia ambiental, el derecho a la protección del patrimonio y el derecho a la democracia ambiental (artículos 1, 26, 27, 29, 31, 32, 48, 49 y 90 de la Constitución de la Ciudad).


INTA BUCCA, de Rocco Carbone - 13/2/2022

De La Doce a Marcelo Villegas, todo tiene que ver con todo


La Doce, en los tiempos de El Abuelo

Arlt

Si existe un buceador en la vida popular y los bajos fondos de Buenos Aires es Roberto Arlt.
Es el autor de dos aguafuertes, “Silla en la vereda”, en la que aparece la imagen de un barrio periférico y “Hablemos de los hinchas”, reflexión precursora de La Doce.

No es infrecuente que la distracción de la teoría política sea zanjada por la literatura. 
“Encanto mafioso, dulzura mistonga, ilusión baratieri, ¡qué sé yo qué tienen todos estos barrios..!”
La retórica robertiana es inconfundible, incluso si se desconoce la existencia de Arlt. 

“Tan necesario es que los hinchas de un mismo sujeto se asocien para defenderse de las pateaduras de otros hinchas, que dicha necesidad originó las que llamamos barras de hinchas, y que son escuadrones rufianosos, brigadas bandoleras, quintos malandrinos, barras que como expediciones punitivas siembran el terror de los stadiums […]. Estas barras son las que se encargan de incendiar los bancos de las populares […] invaden la cancha para darle el ‘pesto’ a los contrarios, y en determinados barrios han llegado a constituir una maffia, algo así como una camorra”.

Entre 1915 y 1925, la hinchada de Boca fue dirigida por José Stella, alias Pepino “El Camorrista”.
Según Gustavo Grabia (La Doce, Sudamericana, 2015), las barras se consolidaron a mediados de la década del ’60 y a partir de ahí empezaron a ser apoyadas tanto por la dirigencia de los clubes (se incrustaron en su vida institucional) como por los partidos políticos.
A mediados de esa década, la barra de Boca institucionalizó la violencia y la organizó como herramienta para hacer negocios.
En ese entonces, la barra estaba al comando de Enrique “el Carnicero” Ocampo.

Pero para los fines de este aguafuerte, la temporalidad que interesa arranca a fines de la década del ’70, cuando El Abuelo - José Barritta - le disputó el comando de La Doce al Carnicero.

El primer acto se desplegó en Rosario porque Boca jugaba contra Newell’s.
El Abuelo se agarró con El Carnicero, ayudado por un grupo de “obreros metalúrgicos que respondía a Lorenzo Miguel. Fue la última batalla de La Doce sin armas de fuego” (Grabia, p. 32).

El segundo se dio en La Boca en junio de 1981.
La Federal había encarcelado al Abuelo como consecuencia de un acuerdo entre El Carnicero y Martín Benito Noel, presidente del club.
Con el encarcelamiento se libró una guerra con armas de fuego entre la barra del Abuelo y la del Carnicero.
El grupo del Abuelo se enfrentó también con la Federal para liberar a su líder.
Y mientras Boca jugaba contra Independiente, el paravalanchas mayor de la Bombonera fue ocupado por la nueva conducción.
Con esa disputa empezó el ciclo de la violencia armada de La Doce.

La barrita

El Abuelo es una figura de la mayor relevancia porque activó el negocio de la violencia continua para controlar personas, actividades y cosas.
La violencia se aplicaba a enfrentamientos con otras barras.
Esta es, acaso, su manifestación más descarnada.
A lo largo de los años dejó varios asesinatos a manos de La Doce, pero una cantidad exigua de acciones penales, lo cual demuestra los vínculos de la barra con el Poder Judicial.

El negocio de la violencia tenía otra declinación hacia adentro del club, puesto que los futbolistas le pagaban a La Doce un impuesto por la protección - de la propia barra - y el aliento en la cancha.
Otro impuesto extorsivo se imponía a los concesionarios de los puestitos de comida ubicados alrededor de la Bombonera los días de partido, mientras que las calles adyacentes eran transformadas en estacionamiento pagos.
Otro rubro de este negocio de la violencia era la reventa de entradas.

José Barritta nació en Spilinga (Calabria) y vino a la Argentina en 1955.
Su familia se instaló en La Boca y luego en San Justo.
Spilinga es el territorio tradicional de la famiglia Accorinti - Fiammingo, satélite del clan Mancuso de Limbadi.

Mancuso es una de las siete ‘ndrine que deciden los lineamientos políticos mayores de toda la ‘ndrangheta y no es ajena a la ruta argentina.
Posee intereses comerciales en Puerto Madryn, desde donde salen hacia Europa cargas de cocaína escondidas en containers de “camarones y pórfido”.

En septiembre de 2014, Pantaleone Mancuso fue detenido en Misiones mientras trataba de entrar a Brasil con 130.000 euros en efectivo.
Entre 2013 y 2014, la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (DCSA) interceptó en Italia 1.500 kilos de cocaína provenientes de la Argentina que habrían salido de los puertos de Madryn, Buenos Aires y Zárate (Nicola Gratteri/ Antonio Nicaso, Oro bianco, Mondadori, 2015).

Nacer en Calabria no implica tener pasaporte de mafioso, pero las formas cognitivas y prácticas de Barritta aceptan ser calificadas como tales.
Las mafias son poderes territoriales que explicitan su control sobre personas, actividades y cosas.
Su herramienta de trabajo es la violencia, que no les sirve para horadar las relaciones con el Estado ni con sus representantes (o en general con las instituciones), sino para mejorarlas.
La violencia mafiosa no es usada ni como forma de protesta ni de rebelión, sino como medio para obtener beneficios que sería imposible conseguir por medios legales y, por más que quienes la perpetran la nieguen, hace latir el corazón de estas organizaciones criminales.
En un dictamen del juez César Quiroga de julio de 1994, consta que El Abuelo declaró haber liderado La Doce durante trece años “siendo sus funciones la de llevar la paz” (Grabia, p. 83).

Las dos sociedades

Las consideraciones de Arlt son ratificadas en una entrevista
 del inefable Baby Etchecopar con Rafael Di Zeo.
En el minuto 3,56 Etchecopar dice: “Las estructuras mafiosas no son mala palabra, son estructuras de poder. Y hoy por hoy las barras bravas son estructuras mafiosas”.
Consideraciones que es preciso sofisticar.

La mafia calabresa - hoy grupo empresarial globalizado - tiene una estructura doble, conjunción de la società minore y la società maggiore.
La mayor tiene un perfil criminal - empresarial; la menor, criminal - militar.
La primera entiende al Estado (y en general a las instituciones) como una estructura a colonizar para maximizar poder y negocios y para legalizar a la propia organización criminal.
La segunda lo entiende como un enemigo porque la estatalidad con la cual se enfrenta - cuando no la compra - es la fuerza policial.
El Abuelo le dio a La Doce la forma de la società minore.

En el entramado de poder del Abuelo revistaba Santiago “El Gitano” o “Cabezón” Lancry, su lugarteniente, quien trabajó para Carlos Bello, el dirigente radical más importante de La Boca que durante los años ’80 había sido presidente de la Comisión de Deportes y Turismo de la Cámara de Diputados.
Lancry puede ser considerado el articulador de La Doce con el mundo de la política.

El negocio de la violencia de La Doce se empalmó con la política en 1987:
“Mientras reportaba a Enrique Nosiglia [el Abuelo] apostaba todas sus fichas al justicialismo bonaerense” (Grabia, p. 58).

Esas relaciones se espesaron al año siguiente: 
“Mientras se realizaba la interna presidencial por el justicialismo, Cafiero apostó […]: desembolsar fondos para tener de su lado a la barra de Boca. […]
La Doce hizo flamear una bandera […] con la leyenda ‘Cafiero presidente’ […].
De cualquier manera, La Doce jugaba a dos puntas: también le hacía lugar a […] Aldo Rico” (Grabia, p. 58).

Y cuando Carlos Menem le ganó a Antonio Cafiero se alineó con el incipiente menemismo.
Jugar a dos puntas se explica porque las mafias son poderes ideológicamente pragmáticos.

En cuanto a Enrique Nosiglia, “cuando dejó la Casa Rosada, no se alejó del poder: alimentó sus contactos con la SIDE […]
El Coti, tras la muerte de Carlos Bello, había tomado el padrinazgo político de Santiago Lancry […].
Tener a La Doce bajo control propio en un año electoral era un tema clave. Y Nosiglia […] puso a comandarla al Gitano” (Grabia, p. 102).

Era 1993. Lancry puede ser pensado como un integrante de la sociedad menor y Nosiglia como uno de la mayor.
Ampliando el ángulo de toma, cuando Macri decidió disputar la presidencia de Boca, entró en contacto con distintas agrupaciones que gravitaban en el club.
Una de ellas era “Por un Boca mejor”, fundada por Nosiglia.

Di Zeo

Otro hincha caracterizado de La Doce de Barritta fue Rafael Di Zeo.
Tuvieron una historia en común ligada a la Fundación El Jugador Número Doce, órgano creado por El Abuelo en 1990 para blanquear los fondos ilegales que recaudaba la barra.

La fundación estuvo en actividad hasta 1994, cuando fue inhabilitada por la Justicia.
En 1997, El Abuelo fue condenado por asociación ilícita y extorsión a trece años de prisión por las actividades desplegadas desde la fundación.
Su sede quedaba en Lugano, en el domicilio de Rafael Di Zeo, y éste oficiaba de prosecretario.
Argentino de ascendencia napolitana, Di Zeo heredó la tradición del Abuelo.
Asumió la jefatura de La Doce en 1996 y la gobernó por una década, casi durante el mismo período en que Macri presidió el club (1995 - 2008).
En 1994, luego del fin de ciclo del Abuelo, en La Doce reinó el desorden.
En 1995 Lancry se ocupó de ordenarla y antes de que Di Zeo se apoderara del paravalanchas central de la Bombonera hubo un acuerdo de partes entre ellos.
Con El Rafa las relaciones de La Doce con los poderes se ampliaron.


Rafael Di Zeo, líder de La Doce durante una década.

En un reportaje de la BBC sobre violencia en el fútbol, Di Zeo enfatizó que la barra hacía trabajitos para distintas fuerzas políticas e hizo gala de sus contactos con Raúl Alfonsín y Menem.
Tal como señaló oportunamente Horacio Verbitzky, entre otras cosas, se le secuestró “una foto con Carlos Menem en Anillaco durante la campaña electoral de 2003”.

Esas relaciones conciernen también a una parte conspicua del actual Poder Judicial pro - cambiemita, como Carlos Stornelli, quien fue uno de los invitados al casamiento de Di Zeo en 2005.
En 2007 fue elegido por Macri como integrante de una comisión de Seguridad del club, junto con el juez Ariel Lijo, los fiscales Raúl Pleé y Gerardo Pollicita.

Boca emergió también en las conversaciones entre el falso abogado Marcelo D’Alessio y el empresario extorsionado Pedro Etchebest: “No te olvides que Carlos [Stornelli], el que vos viste, es Macri puro, es Angelici puro”.

Existe una presión política para que las causas judiciales que comprometen al macrismo se traten en el laberíntico Comodoro Py.
Una porción significativa de esos tribunales se autonomizó respecto de la vida en común y la Constitución.
La politización de la Justicia significa haberse dejado colonizar por poderes con intereses particulares y la permanente dilación (cuando no inmovilización) de los conflictos judiciales de esos poderes.
La tradición heredada por Di Zeo concernía obviamente al negocio de la violencia armada contra otras barras.
Cuando esta se desbordaba, era preciso dar una mano a La Doce y a sus integrantes más prestigiosos intercediendo con los jueces amigos (hinchas de Boca).

En mayo de 2000, en el contexto de la Copa Libertadores, el jugador José Horacio Basualdo “acompañado de [Rafael] Di Zeo y del abogado Marcelo Rocchetti […] llegaron hasta la Sala V de la Cámara del Crimen para reunirse con […] el juez Mariano González Palazzo, vocal de Boca en el Colegio de Árbitros de la AFA.
Supuestamente el pedido fue que intercediera con sus colegas de la Sala I, los mismos que días atrás habían eximido de prisión a Fernando Di Zeo (Grabia, p. 126), hermano y mano derecha de Rafael.

El penalista Rocchetti patrocinó a Rafael Di Zeo en 2006 y también al comisario Cayetano Grecco, responsable de la Comisaría 24 de La Boca.
Esa conjunción demuestra la relación entre la Policía y la barra.
En la entrevista, cuando Etchecopar pregunta: “¿Rocchetti es tu abogado?”, Di Zeo le dedica un pasaje al penalista: 
“Es un amigo más que un abogado.
Yo lo conocí en Boca en la época que ganó Mauricio” (min. 15,55).
En 2008, Macri nombró a Rocchetti jefe de Seguridad de la Legislatura porteña, sobre la base de una sugerencia de Cristian Ritondo, entonces a cargo del cuerpo legislativo.
Y más recientemente, el penalista revistó como jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, conducido por el propio Ritondo, durante el gobierno de María Eugenia Vidal.
Actualmente es el abogado defensor de Marcelo Villegas, el ministro de Trabajo Gestapo de Vidal.


Marcelo Rocchetti, abogado y amigo de Di Zeo.

Serviciales

En la resolución judicial FLP 14149/2020 emitida en junio de 2020 por el juez Federico Villena de Lomas de Zamora “se investiga […] a una organización criminal con inserción en el Estado nacional, provincial y local, cuyos integrantes, cumpliendo diferentes roles estratégicos y valiéndose de su calidad de funcionarios y/ o empleados públicos y agentes y/ o dependientes de las Fuerzas de Seguridad y/ o de la Agencia Federal de Inteligencia, habrían llevado a cabo distintas maniobras ilícitas de carácter indeterminado y realizado tareas de inteligencia y/ o espionaje” (p. 3).
En ese escrito, además, consta cómo el ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz, y la directora del área de Documentación Presidencial del gobierno Macri, Susana Martinengo, declararon sobre la relación que tuvieron con los servicios y Di Zeo.

Cuando Martinengo estaba lanzando su candidatura a diputada por La Matanza en la lista cambiemita fue a un departamento de la AFI en Mataderos.
Jorge “El Turco” Sáez (ex inspector de la Policía de la Ciudad y ex agente del Servicio Penitenciario) y Leandro Araque (ex policía de la Ciudad) le presentaron al jefe de La Doce:
“Yo estoy en esa reunión y me entero que viene Di Zeo.
Yo no lo conocía, pero fue a hablar con los chicos.
Ellos le dijeron que yo quería ser diputada y él dijo que me apoyaba […].
Eso fue en el año 2018 o 2019” (FLP 14149/2020).

En síntesis, la teoría del “todo tiene que ver con todo” es menos una frase hecha que una realidad palpable, que Arlt reconoció hace ya casi un siglo.

HARTOS DE ESTAR HARTOS, de Graciana Peñafort - 13/2/2022

Preguntas estentóreas para oídos sordos


Moro, Lorenzetti, Bonadío: dónde hay un lawfare, viejo Gómez.

¿Nunca han estado hartos de algo..?
Hartos, nivel no querer saber más nada de un tema o de una persona.
Y pese al hartazgo, no poder desentenderte del tema o la persona así como así.
Algo de eso me está pasando con Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y los jueces de Comodoro Py.
Básicamente no los aguanto más, pero siguen apareciéndose en mis asuntos al punto de tenerme harta de todo hartazgo.

En lo específico, señalo que a los jueces de Comodoro Py los tengo particularmente presentes en estos días, cuando se aproxima el homenaje que la Cancillería va a realizar en memoria de Héctor Timerman.
Un voto para el lado de la justicia, aun cuando los responsables de su muerte siguen gozando de una impunidad que, si no me enojase tanto, podría poner en razonables palabras.
Pero no puedo.

El lunes pasado leí las declaraciones de Ricardo Lorenzetti que con impudicia dijo que no había existido el lawfare en la Argentina y estallé en improperios mechados con carcajadas.
Tengo fresca en las pupilas la foto de Lorenzetti con Claudio Bonadío y Sergio Moro.
Y dos o tres preguntas para hacerle al miembro de la Corte Suprema.
¿Cuándo se hará responsable de haber impulsado la doctrina Irurzun, que todos sabemos - por haberlo leído en el magnifico libro de Irina Hauser, Rebelión en la Corte -, fue retomada por el propio Lorenzetti, que intentó imponerla en un voto de la Corte y ante el fracaso de su iniciativa, le pasó la idea al camarista Martin Irurzun, que la adoptó..?
Y como dicen los jesuitas con los que me formé (“en el pecado esta la penitencia”), pasó a la historia de las barbaridades judiciales con su nombre.

También le preguntaría a Ricardo qué piensa de haber rechazado los recursos de Héctor Timerman aplicando el artículo 280, hoy que los dos jueces que dictaron la sentencia de reapertura de esa causa fueron denunciados por el fiscal Colombo, toda vez que al momento de dictar esa sentencia, tenían visitas secretas con Mauricio Macri, de las cuales no han dado explicaciones a la fecha ni siquiera a sus compañeros de la Cámara de Casación..?

Y ya que estamos contando las preguntas que le haríamos a Don Lorenzo, le preguntaría qué opina de haberse excusado por razones de decoro en la causa de espionaje cuya instrucción se realizó en Lomas de Zamora y no haber hecho lo mismo cuando Amado Boudou presentó las pruebas del espionaje del que fue víctima, tanto él como sus abogados, y que se obtuvieron en esa misma causa..?
Ojo que esta última pregunta no solo se la haría a Ricardo, sino a todos los miembros de la Corte, ya que todos se excusaron en una oportunidad y no en la otra.

Y también le preguntaría a la Corte qué se siente haber sido parte a través de la DAJUDECO del sistema de escuchas ilegales más fabuloso que se haya conocido en democracia..?

¿Tendrán ahora un retrato de Montesinos y Fujimori en sus despachos..?
¿O la foto de Alan Ruiz - quien coordinaba las tropelías del grupo de los “Super Mario Bros” para la AFI de Macri - haciendo de cuenta que habla por el zapatófono..?


Alan Ruiz y su «shoephone».

A los jueces de Py les preguntaría si no les da vergüenza seguir compartiendo cosas con el multiprocesado y multisumariado fiscal Carlos Stornelli.
Y también si no se mueren de ganas de que Hornos y Borinsky, junto con Llorens y Bertuzzi, expliquen sus reuniones con Macri y por qué aparecen agendados en los contactos del teléfono de Darío Nieto, el secretario privado de Mauricio.
Y sin lugar a dudas les preguntaría también sobre su opinión respecto a las escuchas ilegales hechas en el penal de Ezeiza sobre personas que ellos enviaron allí en aplicación de la ya mencionada Doctrina Irurzun.

Las tiene Martínez di Giorgi, y están las de los detenidos con sus abogados.
Y quiero recordarles que eso vulnera el derecho a Defensa - no lo digo yo, lo dijo la Corte - y son ustedes, señores jueces de Py, los que llevaron adelante esos procesos con arrepentidos amañados y en violación del debido proceso.


D’Alessio / Stornelli.

A María Eugenia le pediría explicaciones sobre lo que sucedió con los aportantes truchos para las elecciones de medio término en el año 2017. Acaba de salir el fallo del Juzgado electoral de la Plata donde expresamente se señala:
“I) DESAPROBAR los Informes Finales de recursos y gastos de campaña de la alianza Cambiemos Buenos Aires de este distrito, para la elección primaria del 13 de agosto de 2017, correspondientes a las categorías de Diputados Nacional y Senadores Nacionales.

II) SANCIONAR a los partidos que conformaron la alianza con las multas que a continuación se detallan (cf. artículos 37, segundo párrafo de la ley 26.571 y artículos 58 y 67 primer párrafo de la ley 26.215).

VI) EXTRAER TESTIMONIOS de lo obrado en este expediente e iniciar las actuaciones penales a fin de investigar la posible comisión de un delito, de conformidad con lo establecido en el artículo 146 duovicies del Código Electoral Nacional, y en el acápite V de los considerandos”.

Porque en esa misma sentencia se expresa que:
“IV.b.6, en definitiva,
1) se pudieron constatar - al menos - 79 casos de personas que, mediante denuncias o declaraciones testimoniales, negaron haber realizado el aporte declarado por la agrupación;

2) se constató que la agrupación libró recibos a favor de dichas personas, que incluían datos personales como CUIL y dirección, y fueron presentados en este tribunal;

3) muchas de las personas que negaron haber realizado voluminosos aportes eran beneficiarios de planes sociales como Asignación Universal por Hijo, Plan Hogar (garrafa a precio subsidiado), monotributo social, trabajaban para el gobierno de la САВА o eran monotributistas cuyo aporte excedía su límite de facturación mensual; 

4) la agrupación realizó tres rectificaciones masivas, donde excluyó a más de 1.400 aportantes, e incluyó más de 300 nuevos aportantes; 

5) la agrupación no brindó ninguna explicación de cuáles fueron los errores que llevaron a realizar dichas rectificaciones, no explicó quiénes fueron los responsables de dichos errores, cómo se produjeron, en qué momento se detectaron, por qué ocurrieron, cuáles fueron las bases de datos involucradas, etc.;

6) la agrupación tampoco anuló los recibos de los aportantes excluidos;

7) excluyó a personas que habían ratificado el aporte;

8) se verificaron irregularidades en algunas de las personas que ratificaron el aporte, como, por ejemplo, el hecho de que quienes ratificaron el aporte lo hicieron varios años después de presentados los informes contables, y

9) se constataron diversos casos que, a criterio del perito, constituyen aportes indirectos prohibidos, ya que se vinculaban con personas pertenecientes a una misma empresa, con cargos jerárquicos, y que aportaban exactamente el mismo monto dinerario».

"Frente a este panorama, la solución que corresponde dar al caso es la de desaprobar los informes finales presentados por la alianza Cambiemos Buenos Aires, pues, como ya fue sostenido, las numerosas irregularidades que fueron observadas desde un principio por el auditor contador Nicolás A. Haddad no han sido subsanadas por los partidos políticos que integran la alianza y, en esa medida, no se pudieron tener por acreditados el origen y destino de los fondos de la campaña electoral”.

Sobre ese fallo, le preguntaría a la ex Heidi y a la denunciadora serial Graciela Ocaña, también.

Pero al “Hada Buena” también le preguntaría sobre la Gestapo que añoraba su ministro de trabajo, Marcelo Villegas, el video que vimos todos.
Y con qué cara, luego de exhibido ese video, salió a autopublicitarse con un cartel de recuerdo del “we remember” del holocausto judío.

Y también le preguntaría sobre las frecuentes y probadas visitas de sus funcionarios a la AFI de Mauricio Macri.
Y esperaría mejores y más solidas respuestas que las que recibieron en La Nación+ y sobre todo que las que recibió Jorge Rial en la entrevista que le hizo hace unos días, que fue la-men-ta-ble.

No existe otra palabra para calificar el nivel ínfimo de las respuestas de María Eugenia.
Y ni hablar de preguntarle la opinión sobre el cableado ilegal de la cárcel de Melchor Romero, que organizó un funcionario de su gobierno, Juan Baric, que dependía de Gustavo Ferrari.

Las conversaciones entre ese funcionario y la directora del Penal están grabadas y aportadas en Tribunales.
Y por cierto le preguntaría también qué opina respecto a que el otrora cableador de cárceles de Juan Baric sea hoy juez con competencia electoral en La Pampa.

También quisiera preguntarle sobre Conte Grand.
Qué opina sobre que haya sido usuario de un teléfono encriptado - así como la misma María Eugenia lo fue - y si podría explicar por qué la versión que proporcionó Conte Grand resultó falsa, conforme lo manifestado por la DAJUDECO, que contradice de plano lo que Conte Grand declaró al respecto - y por qué ella era la única gobernadora del país en recibir un teléfono encriptado.

Y qué nos podría decir “Mariu” sobre las bases de la AFI en la provincia, que conforme contaron quienes las operaban, ella misma diseñó.

Y sobre la vinculación de funcionarios de su gobierno como Salvai - ex jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires - y Alex Campbell - diputado bonaerense por Cambiemos - con personas que se dedicaban al espionaje ilegal.

Como ven, tengo un cúmulo de preguntas para María Eugenia Vidal.

Para Macri podría desarrollar varias líneas de interrogación, totalmente inútiles, por cierto, porque descarto que va decir cualquier cosa, como suele hacer.
Pero sí tengo una que me importa a título personal.
¿Cómo carajo hace para mirar a su hermana Florencia Macri a los ojos, después de que se hizo público que la AFI de su gobierno la espiaba..?
¿Y cómo se atreve a mirar siquiera a los familiares de las víctimas del ARA San Juan?
A quienes, conforme determinó el Poder Judicial - el de Dolores, claro, no el de Comodoro Py -, el ex Presidente ordenó espiar.

Todas estas preguntas que no obtienen respuesta, la reiteración hasta la náusea de los nombres y las maniobras ilegales - todas realizadas bajo un mismo signo político - y la proliferación de pruebas junto con jueces muy ocupados de no verlas o lo que es peor, encubrirlas, es la causa de mi hartazgo.

Y también debería ser causa de molestia para muchos en este país. Porque, ¿saben algo..?

Esos hechos de inteligencia ilegal, esas formas espurias de financiar las campañas políticas, esas maniobras judiciales para encubrir y esos hechos de violación sistemática del Estado de Derecho son IN-COM-PA-TI-BLES con la democracia, con la ley y con cualquier proyecto de país mínimamente sustentable.

EL ENANO JUEGA A LAS VISITAS CON EL JUEZ, de Alejandra Dandan - 13/2/2022

Cinco llamados de la AFI y las visitas de Villegas al juez que detuvo al Pata Medina


Ilustración: Guadalupe Marin Burgin

El director de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se comunicó al menos en cinco ocasiones con el juez federal de Quilmes Luis Armella, tres de ellas durante la investigación del juzgado sobre el Pata Juan Pablo Medina: 17 y 18 de agosto y el 26 de diciembre de 2017.
La AFI aún contaba con el atributo legal de ser auxiliar de la Justicia, pero Armella nunca lo había pedido formalmente.
Sebastián “El Enano” De Stéfano también se comunicó con su secretario penal.
Cada aparición, prohibida por ley, coincidió con momentos en los que se producía o debía producirse un paso clave en la causa.

De Stéfano es la misma persona que pidió a dos jueces, en nombre de Mauricio Macri, la detención de Hugo y Pablo Moyano, que registra comunicaciones con jueces federales y cuya lista de contactos revela decenas de comunicaciones con antenas que se disparan en Comodoro Py y en los Tribunales de Talcahuano 550.

En la causa del Pata Medina, la misma cercanía tuvo el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, el nostálgico de la Gestapo: hizo al menos cinco visitas al juzgado de Quilmes en momentos calientes, dos de las cuales terminaron en contactos con Mauricio Macri.
También fueron las únicas visitas que hizo a un juzgado en sus cuatro años de ministro.

Los papeles que reúne el juzgado de La Plata muestran un movimiento de piezas con un reloj cronometrado de sesenta días: anónimo, declaración de seis de los siete empresarios del Banco Provincia (BaPro) y detención.
Esos datos reunidos en el expediente del juez federal Ernesto Kreplak incluyen agendas de trabajo oficiales de dos ministros, partes de inteligencia y sábanas de llamadas de De Stéfano.
Los elementos comienzan a reconstruir una línea de tiempo más extensa con antecedentes y efectos de la reunión del 15 de junio de 2017 en el BaPro.
Y dispararon pedidos de indagatoria presentados por los defensores del Pata Medina y su co - imputado.
Exigen indagatorias a una lista que va de Mauricio Macri a María Eugenia Vidal, ministros, jefes de la AFI y el titular del juzgado federal de Quilmes.
Aquí, la reconstrucción.


El Pata y su narguile. Foto: Luis Angeletti.

El comienzo

La embestida contra El Pata Medina tiene como punto de origen un viaje de Mauricio Macri y Gerardo Martínez al Reino de Holanda el 27 de marzo de 2017.
Según declaró el periodista Hugo Alconada Mon en el juzgado de Kreplak, allí habrían acordado avanzar contra el jefe de la UOCRA de La Plata.
Macri se reunió con Gustavo Arribas y con Marcelo Villegas después de ese viaje el 4 de mayo en Casa Rosada.
A partir de esa fecha, el tema UOCRA - La Plata comienza a ser eje de la agenda Villegas.
El 5 de mayo agendó reunión por UOCRA - La Plata en el BaPro con primeras líneas de su gobierno: Federico Salvai, jefe de Gabinete; Cristian Ritondo de Seguridad, Gustavo Ferrari de Justicia y el senador Juan Pablo Allan, enlace con el Consejo de la Magistratura.

Luego agendó otras: 12 y 22 de mayo.
El 26 agendó reunión con Gerardo Martínez.
Y el 2 de junio, con el gabinete.
¿Cuál fue el acuerdo con Gerardo Martínez..? ¿Por qué esa aceleración..? ¿Qué pasó esos días..?

Un ex ministro de Vidal sostiene que detonó ese verano cuando La Rosada reactivaba el ferrocarril Roca con servicio de tren eléctrico Buenos Aires - La Plata y Guillermo Dietrich tenía conflictos con el gremio.


Rondan los espías

La AFI intervino desde el comienzo. Produjo por lo menos seis informes hallados en la causa de espionaje de Lomas de Zamora, posiblemente elaborados por los policías de la ciudad de Buenos Aires que integraron la Súper Mario Bros.
Son del 9, 10, 12 y 18 de mayo de 2017, del 15 de junio y del 12 de septiembre.
Alconada Mon los aportó en el juzgado.
Están centrados, dijo, “en El Pata Medina, su entorno familiar y sus vínculos más próximos, siendo que al Pata Medina lo habían bautizado también con un nombre en clave, que era Conejo”.

Los informes probablemente alimentaron varios anónimos.
El 12 de mayo apareció una primera denuncia anónima que no prosperó.
Tras la reunión del Banco Provincia del 15 de junio, hubo otros dos anónimos que abrieron causa.
Uno, del 31 de julio, ingresó al juzgado de Quilmes de Armella.
El texto tiene una tipografía semejante al anónimo de mayo y comienza de la misma manera: “Señor juez vengo a denunciar una cadena delictiva que ha llegado a mi conocimiento…”.
La diferencia entre uno y otro es que el segundo incluyó la relación de Medina con la empresa Abril Catering S.A. y dos viejos CUITs con direcciones de Quilmes y Avellaneda que justificaban la intervención del juzgado.
El abogado Mariano Cúneo Libarona representa al propietario de Abril Catering S.A. y presentó un escrito en la causa de Kreplak en el que sostiene que el anónimo fue confeccionado por la AFI: contiene elementos que parecen haber salido de los informes elaborados por la Súper Mario Bros.

¿Un ejemplo..?
Un informe del 9 de mayo de 2017 contiene fotos de la casa de Medina, de autos y de una camioneta Toyota Hilux.
La camioneta es el vínculo que habían encontrado entre el gremialista y el empresario, y apareció volcado en el anónimo. “Volcaron el dominio KOD-916, información de la Dirección Nacional del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, consignaron que el titular de la camioneta era Abril Catering S.A. y que estaban autorizados a conducirla con cédulas azules Medina y su esposa María Fabiola García”, dijo Cúneo Libarona.
También sostuvo que la AFI, así, trabajó en la causa cuando ni siquiera se había abierto.
Todo ilegal.


Extracto. Informe Conejo. 9 de mayo de 2017.

El BaPro

Villegas mantuvo el tema en agenda durante todo el mes de junio.
El 12 agendó reunión con Silvia Majdalani y (Adrián) Grassi en Capital.
El 13, con Allan y Grassi tema UOCRA - La Plata.
Y el 15 puso: Reunión BaPro.
La Provincia reservó el séptimo piso del edificio tres días: 14, 15 y 16.
El 14 y el 16 pusieron y sacaron cámaras.
El 15 se hizo la reunión con los empresarios.
Villegas dijo lo que dijo y al final los convocó a una reunión la semana siguiente, que fue anotada en la agenda de la misma manera.
Y aunque un empleado del área de Presidencia del BaPro declaró que al terminar la reunión del 15 hicieron la reserva para la semana siguiente, el juzgado aún no tiene confirmada la segunda reunión.



Tras la reunión, Villegas comenzó a recibir cartas de cámaras profesionales y empresariales de La Plata con las palabras claves que había pedido.
El 26 de junio agendó: reunión con el Pata Medina.
El 31 de junio entró el primer anónimo a un 0800 de Justicia de La Plata.
Y el 31 de julio ingresó el segundo al juzgado de Armella con el dato de la Toyota Hilux, el CUIT, Catering Abril S.A. y Medina.
A partir de entonces, avanzó la causa de Armella seguida de cerca por De Stéfano y Villegas.


Anónimo: Señor juez.

El vuelo de las moscas

La fiscal de Quilmes Silvia Cavallo rechazó la competencia de la causa porque hechos y domicilios eran de La Plata y Ensenada.
El 19 de agosto, Armella insistió y se declaró competente.
Para entonces, había tenido dos comunicaciones con Sebastián De Stéfano.
El 17 de agosto a las 11:36 y el 18 de agosto a las 10:22, según surge de la sábana de llamadas.


Veloz, el 24 de agosto, Armella requirió medidas de prueba.
Sumó a las de la fiscal, un único punto que le abrió el juego a Villegas: se dirigió al Ministerio de Trabajo “para que diga si se registraban en dicha repartición antecedentes, actuaciones administrativas o denuncias respecto de Juan Pablo Medina y María Fabiola García y que, en su caso, remita toda esa información”.

Probablemente Villegas recibió el pedido de informes en mano: ese día agendó visita al juzgado de Quilmes.
Un día después entregó el expediente administrativo donde acumulaba las cartas de los empresarios.
En el medio, volvió a ver a Macri.
El 24 de agosto estuvo reunido durante más de tres horas, según el libro de ingresos de la Casa Rosada.
Dos minutos antes había entrado la gobernadora María Eugenia Vidal con destino al despacho de Marcos Peña.
Vidal dejó el edificio a la misma hora que su ministro.

Seis días después de recibir el expediente con las cartas, Armella firmó la resolución citando a los empresarios a declarar.
¿Había leído todo..?
Era 31 de agosto de 2017.
Ese día De Stéfano se comunicó con su secretario privado.
Según la sábana de llamadas, es posible que además lo haya visitado: la comunicación se disparó a las 11:04 desde la antena de Quilmes Oeste 2 que está ubicada a un kilómetro del juzgado.
De Stéfano habló antes y después con el viceministro de Justicia bonaerense, Adrián Grassi.
Las cartas y las declaraciones eran fundamentales para ese expediente.
Las cartas quedaron incorporadas en el comienzo, a partir de la foja 90 de un total de 14.000.
Los empresarios declararon inmediatamente: entre el 5 y el 8 de septiembre.
El 5, Jorge del Río, Luciano Guanzetti y Guillermo Moretto.
El 6, Ricardo Alconada.
El 8, Marcelo Jaworski.
Carlos Gustavo Tejada Ibáñez declaró más tarde como testigo reservado.
Eran seis de los siete del BaPro.
Villegas rondó también esas declaraciones.
Anotó en su agenda: visita al juzgado a la misma hora de la testimonial de Del Río.

El propietario de Catering Abril S.A., perseguido por Armella, presentó un escrito en el juzgado de Kreplak la semana pasada en el que sostiene que la AFI también estuvo presente: afirma que la Agencia preparó y llevó a los empresarios.
Dice así: “Con el tiempo empezaron a aparecer solitos en el tribunal, y a declarar como supuestos testigos, empresarios de la construcción. Sabían poco y nada, pero les dieron contenido y color al expediente. Los preparaba y llevaba personal de la AFI. Con el tiempo se lo contaron a mis defensores alguno de ellos”.

El cierre

Armella detuvo a Medina el 26 de septiembre.
El 13 de octubre lo procesó por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión.
El 18 de octubre estuvo con Villegas, según la agenda del ministro. Aparentemente el juez buscaba a Macri.
De acuerdo con lo que surge de la libreta de notas del secretario privado de Macri, Darío Nieto, Villegas llamó al entonces Presidente para decirle que el juez de Quilmes quería hablarle.

¿Por qué Quilmes..?
En la reunión del BaPro, los empresarios mencionaron un conflicto de la planta de YPF en Ensenada con la UOCRA.
Le sugirieron a Villegas que el Estado lo denunciase.
Villegas dijo que no: no querían federalizar el tema.
“El tema de YPF que nos involucra a nosotros como Estado por ser empresa del Estado - dijo -, obviamente lo vamos a involucrar, pero para nosotros desde el punto de vista de la jurisdicción y la competencia, vimos que era preferible arrancar y después sumar YPF porque preferimos una instancia judicial que no se federalice”.

El caso de la planta YPF en Ensenada los obligaba a litigar en jurisdicción federal de La Plata.
La Plata tenía un sólo juez federal: Ernesto Kreplak.
Designado titular del juzgado federal 3 el 2 de julio de 2015 bajo el mandato de CFK, también subrogaba el juzgado federal 1.
Todo indica que quisieron evitarlo.
Usaron la vía de Quilmes, a Armella y anónimos que confluyeron con otras tres causas provinciales que avanzaron de la misma manera.
El expediente de Armella es sólo una muestra y explica que además jugaron a varias puntas.
Armella pudo incorporar una segunda causa iniciada en La Plata sólo después de que procesó a Medina.

Cesar Albarracín es el abogado de Medina.
Cree que, pese a todo, no terminaban de confiar en el juez.
Mantuvieron abierta la vía de La Plata como alternativa hasta que Armella avanzó con los procesamientos, y entonces le pasaron la causa.
El próximo 3 de marzo comienza en La Plata el juicio oral de la causa impulsada por Armella. El tribunal admitió como prueba el video del BaPro.
El juicio permitirá ver gran parte de toda esta historia.
Van a declarar como testigos funcionarios y empresarios imputados en la causa de Kreplak y como imputados, las víctimas.

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