CARETAS, AJUSTES Y BALAS, de Jorge Elbaum - 26/5/19

Vidal y Ritondo ante su abismo pre-electoral

Luego de tres años y medio de sonrisas gubernamentales ante las diligentes cámaras televisivas y de cuidadosas producciones de marketing estilístico y visual, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no logra sostener la máscara empecinada con que edulcoró su gestión.
Varios hechos trágicos y concatenados empiezan a mostrar la verdadera degradación que se escondía detrás del blindaje.
El crimen de los cuatro jóvenes de San Miguel del Monte, durante la madrugada del último lunes, aparece como la obvia consecuencia de un arbitrario empoderamiento policial.

Dicho estado de autonomía para matar fue avalado por el protocolo de uso de armas de fuego decretado por el Presidente Mauricio Macri, a instancias de Patricia Bullrich, en noviembre de 2018.
Sólo pasaron cinco meses para graficar en forma truculenta las consecuencias de ese ademán fascista.

El resultado de la negligencia institucionalizada (pero aclamada como forma de eficiencia de la seguridad) se cobró la vida de Aníbal Suárez de 22, Gonzalo Domínguez de 14 y Camila López y Danilo Sansone, quien apenas tenían 13 años. Por su parte, la joven Rocío Guagliarello, de 13, lucha por su vida en el Hospital El Cruce Néstor Kirchner, de Florencio Varela.

El consentimiento para disparar por la espalda sin siquiera mediar orden de detención ni contar con alternativas dispuestas para reducir potenciales daños se ha consolidado como una bandera política de Cambiemos.
Fue legitimada inicialmente a través de la ejecución del joven de 18 años Juan Pablo Kukoc, por parte del uniformado Luis Chocobar.
Kukoc se encontraba herido en una pierna, indefenso y desarmado cuando fue ultimado.

En reconocimiento al épico acto de servicio, el Presidente Macri recibió a Chocobar y se congratuló de contar con un servidor público tan aguerrido.

La totalidad de los integrantes de los organismos de seguridad supieron interpretar el convite.
Del mismo fue parte la ministra Patricia Bullrich.

Los responsables de la masacre de Monte son Vidal y Ritondo.

La foja de servicios de este último incluye la tragedia del 15 de noviembre de 2018, cuando nueve detenidos de la comisaría No. 3 de Transradio, ubicada en el partido de Esteban Echeverría, fallecieron carbonizados.
Ninguno de los difuntos en esa dependencia policial poseía condena alguna. Compartían su detención en una prisión habilitada para contener, por lapsos cortos, únicamente a 10 individuos. Sin embargo convivían 27 personas.

La celda en la que se originó el incendio poseía 12 metros cuadrados. En su interior se hacinaban 12 detenidos, a razón de un metro cuadrado por persona, suficiente espacio para que permaneciesen de pie durante su completa estadía carcelaria.
Dado ese nivel de aglomeración, la dependencia policial de Transradio había sido clausurada tiempo antes por orden del Tribunal en lo Criminal 5 de Lomas de Zamora, disposición que fue ignorada por el ministerio comandado por Ritondo, a pesar del antecedente sucedido en Pergamino.

En 2017, el 2 de marzo, siete jóvenes detenidos en la comisaría número 1 de esa ciudad fallecieron como producto de otro incendio.
En ese marco, el juez de Garantías Javier Maffucci Moore ordenó a la gobernación “bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia que, por quien corresponda, se proceda de inmediato a desalojar los calabozos de la seccional número 3 de Transradio”.

El rechazo negligente del ministro de Seguridad brindó la posibilidad del desenlace trágico para los detenidos.
A fines de 2018 existían 1269 personas arrestadas en comisarías que la Justicia provincial catalogaba como inhabitables y ruinosas. Durante 2017, según un informe de la Comisión Bonaerense de la Memoria, 160 personas murieron en cárceles provinciales y 22 en comisarías, la mayoría por causas vinculadas a la desatención de la salud. Los casos registrados de tuberculosis crecieron exponencialmente, de 187 en 2016 a 436 en 2017.

Inteligencia criminal

En forma paralela a estas atrocidades inscriptas en la tradición de la Bonaerense (que algunos titulan como persecución de mafias), Vidal y Ritondo desplegaron desde 2016 una decena de bases de agentes de la AFI a lo largo y ancho de su provincia.
La demanda realizada al jefe de los espías, Gustado Arribas, y a su subalterna Silvia Majdalani, fue realizada por la propia gobernadora en marzo de 2016, con la intención de detectar vinculaciones entre las bandas de narcotraficantes y las fuerzas de seguridad.
En forma paralela trascendió que también se pretendía amedrentar a los intendentes opositores.

El convenio de la AFI con la gobernación empezó a detonar cuando se hicieron públicas las denuncias realizadas por el juez de garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, quien informó haber sido amenazado por integrantes de la AFI en el marco de una coacción destinada a impulsar la detención de Pablo Moyano.
Los coletazos de la asociación ilícita integrada por Marcelo D’Alessio en connivencia con miembros de la AFI, investigados en la actualidad por el juez Alejo Ramos Padilla, pusieron aún más la mira en varios ex uniformados bonaerenses, coordinados desde la AFI por el subalterno de Gustavo Arribas, Pablo Pinamonti, hombre de confianza de Daniel Angelici.

Durante los dos años en que las bases de la AFI estuvieron desplegadas en territorio de Vidal / Ritondo, sus actividades se diversificaron: no sólo se circunscribieron a imprevistas visitas a jueces y articulaciones con bandas paraestatales (como la liderada por D’Alessio), sino que incluyeron recaudaciones varias dispuestas a restringir o habilitar, según corresponda, información potencialmente lesiva para jefes policiales distritales.

Uno de los correlatos más sangrientos de dichas operaciones fue el tiroteo que produjo la muerte, el 29 de marzo último, del comisario de la bonaerense Hernán Martín, en cuyo auto encontraron 31 orificios de bala sin que se sepa aún si en su fuga había intentado responder a los disparos.
Martín era el jefe de narcotráfico de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Lanús - Avellaneda, uno de los territorios señalados por los informes secretos de las bases provinciales de la AFI donde se hallaron nexos con funcionarios ligados al ministerio de Seguridad provincial.
El hecho de que la balacera haya provenido de policías federales explica el actual cortocircuito existente entre Ritondo y Bullrich.

Poco tiempo antes de este tiroteo, Vidal / Ritondo habían solicitado con carácter de urgente el desmantelamiento de la totalidad de las bases provinciales de la AFI emplazadas en su territorio.

Las razones esgrimidas por quienes inicialmente habían solicitado su creación a Arribas se focalizaron en el supuesto espionaje realizado contra sus interesados originales, la gobernadora y su ministro de Seguridad.

Además se sumaba la inquietud trasmitida por diferentes jefes policiales provinciales, alterados por la detención (en el marco de la causa contra D’Alessio) de los ex integrantes de la Bonaerense, Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi.
Estos últimos fungían como mediadores entre la AFI y los comisarios en actividad, que aún hoy continúan controlando gran parte de los circuitos y del dinero negro.

En abril de 2018, luego de una pequeña interna entre los jefes uniformados, los juzgados de San Martín, Tres de Febrero y Campana denunciaron un faltante de media tonelada de marihuana secuestrada en distintos procedimientos. La explicación oficial de autoridades de la Policía Bonaerense fue que los 495 kilos habían desaparecido debido a que habían devenido en alimento de ratas.
El ministro Ritondo, sin embargo, continuó en funciones.

Los agentes de la AFI que se vieron privados de mediar en los negocios provinciales argumentaron ante sus superiores que el enfado de Ritondo se debió prioritariamente a la presencia de informes que daban cuenta de vínculos entre sus subalternos y las bandas orgánicas especializadas en técnicas de recaudación.
Los puntos oscuros de esas relaciones entre servicios de inteligencia, organismos de seguridad y bandas paraestatales de espionaje fueron denunciados en forma insistente por la senadora provincial Teresa García, quien solicitó periódicos pedidos de informes y la comparecencia de Ritondo en el recinto legislativo.
Las requisitorias presentadas por García ante la presidencia de la cámara alta provincial también incluyen dudas acerca de por qué Ritondo no denunció las irregularidades de los funcionarios de la AFI en territorio bonaerense en forma paralela al pedido de remoción de las bases.

Ajuste detrás de las balas

El despliegue represivo desbocado y el empoderamiento otorgado a los uniformados en el marco de la doctrina Chocobar tiene su correlato en los recursos disponibles por la provincia para generar (o más bien impedir) un clima de civilidad, convivencia pacífica y estándares de vida apropiados.

Según el presupuesto propuesto por el Hada Buena, una de las áreas que más recursos recibirá será la cartera de Seguridad, que obtendrá $ 82.719 millones, un guarismo muy superior al proyectado para el área de Salud, que alcanzará apenas los $ 51.148 millones.
En conjunto, el presupuesto total de 2019 contiene recursos por $ 889.305 millones y gastos por $ 929.466 millones.
Es decir, un déficit proyectado de $ 40.161 millones.

El ajuste no sólo se evidencia actualmente en la caída de la recaudación sino que se hará más restrictivo a futuro como producto del endeudamiento: se espera que el resultado financiero negativo proyectado aumente un 59 % respecto al periodo anterior, pasando de $ 25.204 millones en 2018, a los $ 40.161 previstos para 2019.
Por su parte, el incremento más ingente se expresará en los servicios de la deuda pública provincial que pasarán de $ 28.204 millones (en 2018) a $ 56.403 millones para 2019, con un incremento del 99,9 % interanual.

La debacle económica y financiera generada por Cambiemos tiene en la provincia de Buenos Aires su epicentro: en el presupuesto 2019 se solicita un endeudamiento por $ 102.000 millones, lo que sumado a la ya existente supone una deuda provincial total de $ 500.000 millones.

Ese monto implica el 76,5% del total de los ingresos tributarios que prevé recaudar la gobernación en el año 2019, motivo por el que las finanzas públicas se verán literalmente estalladas en 2020.
Para aligerar esa carga, Vidal busca endosar gran parte del ajuste fiscal a los municipios y, paralelamente, a las inversiones consideradas como superfluas, como la salud y la infraestructura.
Esa decisión queda en evidencia cuando se compara la inversión pública total, que descendió en términos reales en un 44 % entre 2017 y 2018.

Otro indicador que muestra el deterioro de la gestión Vidal se expresa en las diferentes áreas sanitarias: se ha desfinanciado el Plan Provincial de Control del Cáncer, se recortaron (en un 42 %) los recursos destinados al Hospital El Cruce Néstor Kirchner y se discontinuaron las distribuciones de las vacunas contra la meningitis (motivo por el que fallecieron seis personas).

Según la investigadora Silvia González Ayala, presidenta del último congreso de infectología pediátrica realizado en el mes de abril, “la situación es muy muy grave en todo el país, la Nación es la responsable de la compra y la distribución de las dosis pero la provincia guarda bajo siete llaves cuál es la situación real. Estamos frente a un retroceso enorme”.

En síntesis: el mejor equipo de los últimos 50 años.
Capaces de devastar una provincia.
Como nadie lo hizo antes. Y en solo 4 años.

DE ILUSIÓN TAMBIÉN SE VIVE, de Horacio Verbitzky - 26/5/19

Massa condiciona su participación en una amplia PASO opositora a que Cristina de un paso atrás

El ex intendente de Tigre Sergio Massa está dispuesto a competir en una amplia primaria de la oposición, sólo si Cristina Fernández de Kirchner resigna su postulación a la vicepresidencia.

Ese pedido, y la ilusión de que tal cosa sea posible, explican las cavilaciones que lo mantienen a los porrazos contra las paredes de la vía intermedia, entre las fórmulas del Frente Patriótico constituido a partir de Unidad Ciudadana, y con la adhesión de casi todos los gobernadores peronistas y la Alternativa Federal, donde revistan las dos solitarias excepciones Juan Schiaretti y Juan Urtubey.

La letanía presidencial

Antes, Massa rechazó la candidatura a gobernador bonaerense, con la letanía “Quiero ser Presidente”, como si no fuera el más joven de los dirigentes en danza ni le sobrara el tiempo.

Tampoco le interesa volver a la Cámara de Diputados, lo que le permitiría un cargo relevante en la línea de sucesión presidencial.

“Quiero ser Presidente”, repite ante cada variante.

Parecería que, de acordar con los Fernández, temiera la reacción de Graciela Camaño, la disciplinaria del Frente Renovador.

Tal vez tenga demasiado presente el sopapo que su madrina le pegó en público a Carlos Kunkel.

Massa con Camaño, la disciplinaria del Frente Renovador.

“No lo subestimen”, advierte ella.

“Quiere ser Presidente y tiene todo para serlo”. Se diría que no en este turno.

Pese a no gobernar ningún territorio, sin causas judiciales ni denuncias mediáticas, entrenado por especialistas para hablar en forma más pausada y pensando lo que se propone comunicar antes de abrir la boca, tiene sin embargo una imagen y una intención de voto en descenso, mientras Cristina no cesa de crecer.

Acaso se deba a la obediencia de Massa al minuto a minuto de las mediciones de rating televisivo.

Se le nota demasiado la ansiedad y el zigzagueo, como un globo que se desinfla o un barrilete sin cola.

Las propuestas que recibe desde la otra orilla son risibles.

Por un lado, ni Daniel Scioli ni Marcelo Tinelli aceptaron el sondeo de Schiaretti para amistarse.

Por otro, ninguno de ellos agrega demasiado en la escala necesaria para competir con la fórmula frentista.

La resurrección de Francisco de Narváez sería un milagro para que lo interpreten los teólogos.

De Narváez fue quien, en 2002, planteó poner 50 de los 370 millones de dólares que cobró por la venta de Casa Tía, para instalar la candidatura presidencial de Tinelli.

Asesores razonables lo convencieron de que mejor probara con Maurizio Macri, quien prefirió comenzar por una diputación.

Los tres se distanciaron por cuestiones que también comprenden la vida privada.

Massa es el único de los cuatro alternativistas que aún no se ha estrechado en un abrazo con el Presidente Macri, quien cuenta con esta etnia peornista para dividir el voto opositor. Esa sería la forma de llegar a un balotaje en el que imagina un nuevo realineamiento del voto antiperonista.

O al menos con eludir el fantasma más temido, el de un tercer puesto como en la mayoría de las provincias que ya votaron, y una segunda vuelta sin presencia de Cambiemos y sus candidatxs.

Si esa es la apuesta de Macri, la de Massa sigue siendo que después del paso al costado, Cristina de uno atrás.

También podría nevar mañana. Por qué no.

Del oasis al espejismo

El Frente Patriótico resolvió su fórmula sin conflictos, y los principales dirigentes de La Cámpora ya comenzaron las actividades proselitistas.

“Si ella lo perdonó, ¿por qué no habría de hacerlo yo?” es un comentario significativo.

Hay sectores que hubieran deseado planteos más netos, pero la candidatura del ex jefe de gabinete no está bajo cuestionamiento ni los desacuerdos del pasado se le han recriminado ahora.

“Se hace necesario gobernar el drama con amplitud de ideas y sectores políticos para responder a las necesidades urgentes y el interés nacional, y esto no se hará volviendo al pasado en un mundo que como nosotros es distinto”, dijo Cristina en los 12 minutos más sustanciosos que leyó desde que dejó el gobierno.

El primer acto de ambos en Merlo fue auspicioso. Mostró que Cristina retiene un liderazgo como muy pocos hubo en la historia pero que está cómoda en el segundo plano que se autoimpuso y que Alberto es bien recibido por quienes la aman a ella.

Su tarea es acercar a quienes no comparten ese entusiasmo, y lo dijo en su breve discurso.

Apeló a la esperanza, al recordar que como colaborador de Néstor Kirchner, aprendió cómo se sale del laberinto, y tuvo palabras que sonaron sinceras para quienes la están pasando peor.

Dijo ante una multitud lo que se le pasó por alto frente a periodistas más interesados por la rosca política.

Las cosas por su nombre

Otro tanto ocurre con la jerarquía eclesiástica.

El cardenal católico Mario Poli hizo cantar en su sede un texto que se dirigía a Dios como «padre de los pobres» y «bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados» (en el otro mundo).

Pero su mensaje político fue dirigido a las conducciones, instándolas a realizar un gran pacto nacional y dejar de lado intereses sectoriales.

Tan inocuo que el jefe de gabinete Marcos Peña Braun dijo que eso mismo es lo que ellos buscan y el sacerdote en opción por los pobres Eduardo de la Serna publicó una homilía de Jorge Novak del 25 de mayo de 2001 y comentó: «Este sí fue un Te Deum».

El entonces obispo de Quilmes le imploró a Dios que escuchara el clamor de los desocupados; de los chicos, que van a la escuela cuando pueden, y mirando la educación como poco importante, porque sólo esperan un plato de comida; «de las víctimas de este modelo económico que nos han impuesto, y que rapiña los frutos de nuestros trabajos, y alimenta el despilfarro de unos pocos con los sudores, lágrimas y vida de la inmensa mayoría».

El resto de los aspirantes del mismo tronco originario atraviesa un árido desierto con el anhelo del oasis y la comprobación de que era sólo un espejismo, de efímera subsistencia. Su inocultable motivación es impedir una victoria del kirchnerismo, así sea al costo de la continuidad del neoliberalismo.

Cuando se ven los números de Roberto Lavagna, es transparente por qué no desea participar en una elección interna y por qué ni siquiera Urtubey le consiente su fantasía imperial.

Nadie ignora que la primera valla a sortear lleva las iniciales Efe Eme I.

Fernández hizo la experiencia cuando era jefe de gabinete de Kirchner. Si bien la economía nunca fue su fuerte, el Presidente le dio participación para supervisar a los negociadores, Lavagna y Guilermo Nielsen.

En aquel momento el FMI reclamó la privatización de los Bancos Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires, la actualización de las tarifas de los servicios públicos y las reformas previsional y laboral.

Hubo vida después del No emitido como respuesta.

La declaración de Nielsen, de que habrá FMI por ocho años más, a lo que se refieren Horacio Rovelli y Mónica Peralta Ramos en esta entrega de El Cohete, merecería una clarificación.

Nielsen era directivo del frigorífico Swift en 1991, en tiempos de la denuncia contra Emir Yoma ante la embajada de Estados Unidos por el pedido de una coima para autorizar una inversión, y debió dejar el país por dos años a raíz de las represalias prometidas.

Si Alberto no es economista, Nielsen no es político.

En 2015 fue el candidato del Frente Renovador a la jefatura de gobierno de la Capital, y no llegó al 1% de los votos, una performance digna de Cantinflas.

Nielsen por lo menos ha vuelto a sus zapatos y no irá por otra tunda.

Gente de palabra

En cuanto se anunció la candidatura presidencial de Alberto Fernández, el duopolio mediático Clarín - La Nación y su operadora judicial, la Coalición Cívica Libertadora, se lanzaron a destrozarlo con entusiasmo.

Esto no es sorprendente, porque es lo que hicieron con su candidata a vicepresidente, CFK, desde que asumió el Poder Ejecutivo hace una docena de años y con Amado Boudou en cuanto fue electo vicepresidente.

Lo impresionante son los métodos empleados.

El editorialista político de Clarín, Eduardo van der Kooy, tituló su columna “El juicio y el plan de salvataje de Alberto Fernández para Cristina Kirchner. Julio De Vido, Lázaro Báez y José López quedarán librados a su suerte”.

Su texto afirma que Alberto no asistió a la primera audiencia del juicio Vialidad, en Comodoro Py, para “evitar mezclarse con el núcleo de talibanes K que hicieron el acompañamiento a la ex Presidenta.

Tampoco hubiera sido el escenario adecuado para un dirigente cuya misión global consiste en ofrecer moderación de la cual carece el kirchnerismo.

Alberto F. sólo concurrirá a los tribunales cuando deba testimoniar en favor de Cristina. Aparecer ahora mismo, tal vez, hubiera dañado prematuramente el impacto y la expectativa que produjeron su designación”.

Su regreso desde Santa Cruz en horas de la mañana “no sonó a justificación creíble”.

Esa construcción no tiene una pizca de verdad.

Ni el viaje a Santa Cruz ni el acompañamiento a Cristina en la sala de audiencias por dirigentes de organismos de derechos humanos, como Estela Carlotto, y dirigentes políticos como la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, tuvieron que ver con la ausencia de Fernández.

Es el Código Procesal Penal de la Nación el que le impidió asistir.

Su artículo 384 dice que antes de declarar en el debate “los testigos no podrán comunicarse entre sí ni con otras personas, ni ver, oír o ser informados de los que ocurre en la sala de audiencias”.

Quien cumple la misma función que van der Kooy pero en La Nación, Carlos Pagni, escribió no uno sino dos editoriales en los que afirma que el candidato es el abogado defensor de Cristóbal López.

Tampoco eso es cierto.

Quien asiste en los asuntos civiles, no penales, al empresario (detenido por una causa impositiva y con la esperanza de despojarlo de la señal de cable C5N), es el ex jefe de gabinete Aníbal Fernández, no Alberto.

Pagni es un intelectual conservador de razonable formación histórica y la mejor pluma del diario que lo contrató luego de la dispersión de los periodistas de Ámbito Financiero a la muerte de Julio Ramos, de modo que es difícil atribuir a un error que repita un infundio lanzado desde Clarín por su sub editor general, Ricardo Roa, uno de los menos interesados en escuchar la advertencia de Alberto, que los considera como la patrulla perdida de una guerra que alguien debería informarles que terminó.

Si en algo ha mostrado virtuosismo el gobierno del Presidente Maurizio Macri en sus discursos, su propaganda y la de sus aliados, es en la tergiversación aleve de los datos de la realidad. Esto le ha permitido en tres años bajar la inflación al doble y aumentar la inversión a la mitad.

En el Foro Argentina Exporta, Macri acaba de decir que “durante muchos años nuestro país le dio la espalda al mundo y a los que querían crecer”, por lo que “fuimos perdiendo mercados, inversiones, capacidad, y eso contribuyó a la inestabilidad macroeconómica que hasta hoy pone trabas a nuestro crecimiento”.

Pero “por suerte cambiamos y la Argentina nunca tuvo tanto impulso exportador como ahora”.

En 2011, la Argentina exportó 80.000 millones de dólares y en 2015 luego de la crisis internacional, cayó a 60.000. En 2018 apenas superó esa línea con 61.000 millones, pero con un descenso en las cantidades exportadas.

Recién el mes pasado el superávit comercial del primer cuatrimestre superó al del primer cuatrimestre de 2012, siete años antes.

Hasta la gobernadora bonaerense le clavó los ojos con un deliberado gesto de asombro, cuando en otro acto, Macri dijo que no tenía sentido entregar computadoras si no había conexión a Internet y lo comparó con “regalar asado a quien no tiene parrilla”.

El gesto del Hada Buena parecía copiado de los de su extraordinaria imitadora, Luana Pascual o la Loba.

La naturaleza imita al arte.

Un ataque de trolls oficiales le bloqueó su cuenta en Twitter.

Una pintada bonaerense de Cambiemos afirmó que la fórmula Fernández - Fernández era Volver al Pasado y una mano anónima le tachó la P.

El jueves por la noche, en el programa que el propio Van der Kooy tiene en una señal de cable del Grupo Clarín, se afirmó que el gobierno de CFK había gastado 12.000 millones de dólares al año en la importación de combustibles.

El Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) le respondió pocas horas después con los datos oficiales que Gustavo Lopetegui presentó en Washington: “Apenas en un solo año de la etapa 2003 y 2015 alcanzó (superó) dicho monto, pero en materia de importaciones energéticas totales. Respecto de la balanza comercial, el kirchnerismo dejó más bien una significativa reducción del déficit (33%), y una incontrastable disminución de las importaciones energéticas (45%) en sus últimos tres años».

Por el contrario, según la misma fuente, “las importaciones totales de energía se incrementaron 33% entre 2016 y 2018”.

El saldo se redujo ostensiblemente, por la duplicación de las exportaciones de excedentes artificiales, esto es, basados en “la caída del consumo de los servicios públicos de gas y electricidad debida a la brutal recesión económica, la masiva desindustrialización y el tarifazo”.




Perder el juicio

La primera sesión del debate oral en la causa Vialidad mostró una actitud inflexible del juez Jorge Gorini, quien le cerró el micrófono al abogado defensor de Julio De Vido, Maximiliano Rusconi, y en forma nerviosa y autoritaria lo hizo callar y rechazó su reposición sin consultar con los otros dos miembros del TOF 2.

Rusconi quería plantear cuestiones previas a la lectura de la acusación del Ministerio Público Fiscal, que a su juicio eran causales de nulidad, porque incluía pruebas negadas a su cliente para defenderse y que no podrían repetirse después.

Gorini parecía consciente de que, si Rusconi se hacía escuchar, sería muy difícil no suspender el debate hasta que esas pruebas no se adquirieran.

La oralidad, aún distorsionada como en el código vigente, ya que los fiscales pasan horas leyendo en forma monótona, como un rezo laico, centenares de fojas que constan de números de leyes y sus artículos, tiene la ventaja de que todo queda a la vista.

De 51 obras construidas en Santa Cruz por Lázaro Báez, el juez de instrucción Julián Ercolini decidió no peritar ninguna.

El TOF 2 ordenó auditar 5, y sólo terminó 1, en la que no se comprobaron demoras, sobreprecios ni defectos constructivos.

El viernes, Cristina recusó al perito de la Corte Suprema, ingeniero Eloy Pablo Bona, por la catarata de declaraciones públicas que suscribió, insultantes hacia ella, sus hijos y hasta su nieto Néstor Iván, de 6 años.

La actitud hostil del Tribunal hacia Cristina se manifiesta en grandes y pequeños detalles.

Ante su decisión de no asistir a las siguientes audiencias del debate, el TOF 2 lo condicionó a que justificara la superposición con funciones de labor parlamentaria en el Senado.

Los testigos tienen obligación de asistir cuando se los cita.

En cambio, la presencia es un derecho que los imputados pueden ejercer, o no, para su defensa.

Lo que busca garantizar es que el acusado conozca en detalle y antes del comienzo del debate aquello de lo que se lo acusa.

La abogada Fernández de Kirchner no necesita la inmediatez de la audiencia para ello, ya que su defensor le informará y hasta le entregará un video en soporte magnético para que lo vea, tal como hace la jueza suplente, Adriana Paliotti, que tampoco asiste.

Tanto Paliotti como Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu dieron su apoyo a la designación del segundo de Garavano, Santiago Otamendi, como juez del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, del fiscal del juicio de Vialidad, Ignacio Mahiques, como juez federal de Mercedes, y de su hermano Juan Bautista como fiscal general de la CABA.

Es decir que en el TOF 2, antes de que comience del partido, Cristina va perdiendo por goleada ante Angelici y los suyos.
Es clara la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos: la persona imputada tiene derecho a una comunicación previa y detallada de la acusación, para preparar su defensa.

Debe ser completa, expresar con claridad las razones y los delitos por las cuales se pretende atribuirle responsabilidad.

En este caso se violó ese derecho, al segmentar la prueba, ya que sólo se realizó un muestreo parcial de un porcentaje mínimo de las obras ejecutadas.

La Corte Suprema había resuelto abrir las nueve quejas presentadas por las defensas, y llevaba días pasándose la responsabilidad con el TOF 2, en una sofisticada demostración de cobardía institucional.

Ambas instancias entendían que el juicio debía suspenderse, pero cada una pretendía que la otra cargara con esa responsabilidad, por temor a los caceroleros enviados por el gobierno a intimidar a sus señorías.

Además de ello, el presidente del Colegio de Abogados de la Citi de Buenos Aires, Máximo Fonrouge, al mismo tiempo miembro del directorio del diario La Nación,convocó por medio de la agrupación Será Justicia, a una movilización sobre la Corte Suprema.



Será Justicia es el frente de abogados de PRO.

El Colegio de la Citi expresó su rechazo a una providencia simple de la Corte Suprema que solicitó las actuaciones de la causa Vialidad, porque considera que la Corte sólo interviene ante sentencias definitivas.

Pero como directivo de La Nación y socio del estudio Cassagne, Fonrouge obtuvo el mismo resultado de la Corte, en la causa donde se discute la situación del diario frente al impuesto al valor agregado, que se resiste a pagar.

En un exceso de optimismo, La Nación dijo que asistieron «cientos de personas» a presionar a los jueces.

Las fotografías tomadas desde el Palacio lo ponen en duda.

No obstante, Fonrouge las arengó y dijo que Alberto Fernández había emitido un mensaje «amedrentador y cuasi mafioso» contra los jueces.

Días antes, Fonrouge había viajado a Nueva York para seducir inversores, en compañía de Micky Vanilla, la última ensoñación de Macri como compañero de fórmula para la vicepresidencia.

Los cientos de personas que vio La Nación.

Fonrouge doble faz: en la calle escrachando a la Corte y en Nueva York con Micky Vanilla, el ladero preferido de Macrì.

Aprendió derecho o es parcial

En 2015, Gorini no comenzó el juicio por el encubrimiento del atentado a la DAIA hasta que la Corte Suprema rechazó los recursos de queja del destituido ex juez Juan Galeano, con el 280 que no aplicó en el caso de Cristina.




Al iniciarse el juicio oral, Gorini procedió a la inversa que ahora: el principal imputado, Carlos Menem, no asistió a la audiencia. Envió un certificado médico que el secretario no pudo descifrar cuando intentó leerlo.
Una vez que abrió el debate e indicó que se leyera la acusación, el defensor de Galeano comenzó a plantear cuestiones previas.

El abogado de Memoria Activa (una de las organizaciones de familiares de víctimas del atentado), Rodrigo Borda, le solicitó que no lo permitiera, pero Gorini lo dejó seguir.

Una vez terminado ese alegato, Borda dejó sentado que el proceder del presidente del tribunal había sido incorrecto y Gorini respondió que no sabía lo que la defensa del juez se proponía decir. Le llevó diez minutos.

Un abogado que asistió a ambas audiencias destacó la incongruencia de Gorini, que le permitió al defensor de Galeano lo que le negaría a Rusconi.

“O en estos años aprendió derecho procesal, o está violándolo con parcialidad”, comentó con pura lógica. 

Rusconi dijo con cierta hipérbole que «no tiene parangón en la historia el agravio que ha sufrido el rol de abogado en esta audiencia» (¿y la dictadura, Maxi?) y pidió al Colegio Público de Abogados de la Capital que designara un veedor para controlar este juicio irregular.

El Colegio aceptó y designó al camarista jubilado Mario Filozof.

Así como el TOF 2, también la Corte Suprema tiene sus precedentes.

El 10 de julio de 2012, con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi, Carlos Fayt y Raúl Zaffaroni, la Corte admitió un recurso de queja de Loma Negra y Cemento San Martín y suspendió la ejecución de una sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico contra ellas.

De ese modo, impidió que la secretaría de Comercio cobrara las multas impuestas por la cartelización de las cementeras para elevar el precio del producto, mientras la Cámara de Casación no resolviera sobre el recurso extraordinario, que declaró inadmisible.

En ese caso se trataba de “la importancia económica de las multas impuestas”, y el letrado que patrocinaba a Loma Negra y Cemento San Martín era el ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, que suele acampar en la República Autónoma del Cuarto Piso.

También el Tribunal Oral Federal 5, de San Martín, suspendió en 2016 el debate en la causa contra el ex jefe de la Fuerza Aérea Omar Graffigna, porque había recursos de casación pendientes que debían tener efecto suspensivo.

Lo mismo resolvió al año siguiente la Cámara Federal de Casación Penal en una queja de Gustavo Daneri contra la apertura del debate.

Los jueces Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani dijeron que lo que se apelaba no era una sentencia definitiva, ni un auto que pone fin a la acción. Sin embargo “se encuentra en juego en autos la posible violación de garantías constitucionales” y el recurso “se encuentra pendiente de resolución por parte de la Corte Suprema”.

¿Si se trata de una multa a grandes empresas, o de uno de los responsables del Terrorismo de Estado, se respeta el derecho de defensa y cuando quienes recurren son ex funcionarios de un gobierno democrático, algunos privados de su libertad, no?

A eso aludió en forma críptica el Centro de Información Judicial (CIJ), al reflejar en su página en internet el comienzo del debate.

La foto de Cristina, junto con su defensor, Carlos Alberto Beraldi, y detrás de ella Taty Almeida y Estela Carlotto, de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, indica que desde el punto de vista de la Justicia, lo que está en juego es una violación al debido proceso y el derecho de defensa, que de no ser resuelto por el TOF 2 o por la propia Corte, dará lugar a una causa ante el sistema interamericano de derechos humanos.

GAUCHO BANKING, de Horacio Verbitzky - 5/5/19

Aislar a CFK requeriría de una masa crítica electoral que las altas partes contratantes no pueden aportar

El juez, Florencio Molina Campos

La supresión de las bandas de no intervención cambiaria y la autorización del FMI para controlar transitoriamente la cotización del dólar mediante la venta a precio vil de reservas fue aprobada por el representante de Estados Unidos en el organismo multilateral, David Lipton, e implica un regreso a los días de Luis Caputo, que quemó en pocos días 15.000 millones de dólares sin conseguir la finalidad propuesta.

Los diez puntos del presunto consenso que el presidente Maurizio Macrì ofreció al Peornismo Sin Votos, completan la operación Apariencias de Normalidad.
La intención de aislar a CFK requeriría de una masa crítica electoral que ninguna de las altas partes contratantes puede aportar.

Caputo fue despedido por Christine Lagarde, porque la carta del FMI no permite malversar de ese modo los aportes del organismo.
Lo hizo con una entrevista en el Financial Times.
Allí dijo que esperaba en la Argentina una política monetaria “clara, transparente, con información adecuada y debida para los operadores del mercado y una mejor comunicación”.

Pero ahora un poder superior, dispuesto a sostener al gobierno fallido de Maurizio Macrì en todo lo que esté a su alcance, para que no conduzca a la Argentina hacia una situación tan crítica como la que vive Venezuela, le indicó a Lipton que aceptara el insistente reclamo de los argentinos.
Lagarde bebe de su propia medicina, marca Trump.
Es improbable que el experimento termine bien.

La oligarquía argentina fue desde el comienzo un socio complicado para los centros financieros internacionales. Siempre amó vincularse, con ellos, en una sofisticada versión de la dialéctica entre amo y esclavo.
En 1888 la revista británica The Banker publicó el artículo “Gaucho Banking”:

“En materia monetaria, la imaginación de los argentinos no tiene límites”, dijo.
Tanto que dos años después arrastraron al borde de la quiebra al Banco de los hermanos Baring, en el crash de 1890, la primera gran crisis de deuda de un mercado emergente, según la definición de Gerardo della Paolera y Alan M. Taylor.

Sarmiento supo preverlo, al advertir el fracaso de su programa de colonización de lo que hoy llamamos Tercer Mundo por el capital imperialista.
En 1886 lo resumió, con una paráfrasis despiadada del Himno Nacional.

“México, Ecuador, Perú, Venezuela, están acribillados de deudas, empréstitos, y declarados más o menos insolventes en la bolsa de Londres. La República Argentina puede exclamar con orgullo:

Calle Esparta su virtud,
sus hazañas calle Roma.
Silencio que al mundo asoma
la gran deudora del sur”.



Dos años antes de su muerte, Sarmiento denunció el endeudamiento despilfarrador

El viajero francés Jules Huret escribió en 1911:

“Hay una élite de hombres, entre el Jockey Club y el Club del Progreso, entre Florida y la Plaza de Mayo, que irradia hacia todos los centros de la actividad nacional. Tiene los ojos puestos sobre las buenas oportunidades de compra y venta de tierras, los datos confidenciales de la Bolsa y los precios que le llegan. Conoce las grandes empresas que se van a crear, las concesiones forestales que restan por otorgar, los proyectos de construcciones de fábricas, de molinos, los ingenios, las concesiones de ferrocarriles, de puertos, los contratos proyectados para proveer maquinarias y herramientas, las grandes obras públicas a emprender. Esta elite sabe todo esto y cuenta con los medios más seguros - y a veces los más oscuros y torcidos - para adelantarse a los competidores, bajo el ojo vigilante del capitalismo inglés y del capitalismo belga”.

Un siglo después, además, está en el gobierno.

Economía y poder político

En un trabajo presentado en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de Estocolmo el 17 de mayo de 1983, Jorge Schvarzer y Jorge Federico Sábato (el hijo mayor del escritor, que fue ministro tardío de Raúl Alfonsín), expusieron sobre Funcionamiento de la economía y poder político en la Argentina: trabas para la democracia.

De ese trabajo y de la imponente investigación de Sábato de 1979, Notas sobre la formación de la clase dominante en la Argentina moderna (1880-1914) se desprende que:

Siguiendo una lógica capitalista y en las condiciones materiales del mercado mundial de entonces, un mismo núcleo de empresarios de la oligarquía diversificó sus actividades, buscando maximizar ganancias no con la especialización productiva y los aumentos de productividad, sino aprovechando mediante una alta disponibilidad de capital líquido, las fluctuaciones en los precios relativos de distintas actividades.

Eso produjo un espectacular crecimiento de toda la economía hasta que cambiaron las condiciones del mercado mundial.
Al vincular con el nivel de precios del mercado internacional a los invernadores, los frigoríficos extranjeros los diferenciaron del resto de los ganaderos, que cobraban según los precios internos. De este modo consolidaron su poder como fracción privilegiada.
La fiebre de la ganancia rápida y de la toma de beneficios de un sector económico para colocar en otro, generó y consolidó fortunas, y arruinó a quienes no supieron aprovechar las oportunidades y eludir los riesgos de una economía mutante.

“La especulación constituyó en la Argentina un fenómeno prolongado, con lo cual se convirtió en un dato más o menos permanente de los comportamientos económicos básicos”.

Quien un siglo más tarde aún no lo haya comprendido tendrá serias dificultades para prever los acontecimientos.
Con esta configuración social, el crecimiento capitalista no descansó en “la acumulación ampliada en una actividad productiva entre cuyas fases se dan procesos de intermediación, sino en la acumulación ampliada en una actividad de intermediación entre cuyas fases se dan procesos productivos”.

El factor clave no es el capital productivo sino el capital dinero, lo cual otorga “un papel central a las actividades específicas en las que el capital dinero es el factor decisivo: el comercio y las finanzas”.
Las permanentes y agudas fluctuaciones de precios absolutos y relativos en el mercado de bienes y servicios ”ofrecieron por más de un siglo excelentes oportunidades para captar ganancias extraordinarias”, lo cual imprimió un tinte especulativo a toda la organización económica y le otorgó un carácter estructural, que a través de la clase dominante se impuso en el conjunto de la burguesía argentina.

Aunque estos trabajos no lo digan, el Estado fue funcional a la consolidación de ese modelo.

En los años de expansión jugaron un rol estratégico la guerra al indio, el reparto de tierras, las concesiones ferroviarias, el endeudamiento público para financiar la infraestructura exportadora.

Al agotarse la frontera agropecuaria y desmejorar los términos del intercambio, la regulación de los mercados y acuerdos como el Pacto Roca - Runciman, descargaron los costos de la readecuación sobre otros sectores de la sociedad.

Las afinidades ostensibles entre el funcionamiento de la vieja oligarquía y el de los Grupos Económicos que crecieron vertiginosamente durante la dictadura militar, es un dato que no deberían olvidar quienes están tentados de considerarlos como eventual motor de modernización capitalista de la democracia argentina, sobre todo ahora, cuando por primera vez no son ellos la fracción hegemónica del capital, ya que Macri representa a y se apoya en el capital financiero internacional, las empresas petroleras y energéticas.

La candidatura de Roberto Lavagna, quien desde hace décadas es el más fiel vocero del Grupo Techint, de la familia Rocca, es la expresión de este sector desplazado, que en 2015 apostó a Sergio Massa.

Arcor y el Grupo Clarín completan la troika de conducción de ese sector, que también explora los planes V y H, para impedir que el derrumbe de Cambiemos de lugar al regreso de Cristina.

Schvarzer y Sábato sabían que ni los años de caos y estancamiento económico perjudicaron a las clases dominantes, que “incrementaron sustancialmente su riqueza en términos absolutos” ni las décadas en que más aumentó el PBI, redundaron en un correlativo incremento de sus ingresos.

Como enseña el maestro Eduardo Basualdo, sus intereses no están asociados al crecimiento global de la economía ni a la estabilidad política, lo cual inhibe de confundirlos con la burguesía nacional que bajo el primer peronismo produjo para el mercado interno, con sus intereses vinculados a la ocupación y al pago de salarios, y con integración y algunos desarrollos tecnológicos propios.

Aunque su producción central esté ahora en la industria, son la réplica exacta de la vieja oligarquía: dispersan riesgos en diversas actividades, mediante el comercio y las finanzas disponen de liquidez para beneficiarse con los cambios bruscos de precios relativos (de lo cual el subibaja tasas - dólar es apenas un ejemplo obvio), y culminan su proceso de acumulación con la dolarización y la fuga del espacio nacional.

Los bancos extranjeros que prestaron a estos grupos durante la dictadura, para que se enriquecieran con la diferencia de tasas, cumplieron la misma función de los frigoríficos hace un siglo respecto de los invernadores.

Si algo sagrado preserva cada acuerdo con el FMI es la fuga del excedente producido en el país.

Lo que se fuga, agrega Basualdo, no es el consumo (que las clases dominantes mantienen en el más alto nivel), sino la inversión.

Esta es la hemorragia que la línea del FMI quiere obturar y que los gobiernos de Macrì y Trump insisten en mantener abierta, cada uno por sus propias razones, que en ambos casos pueden describirse como Plan V, por Venezuela y por Vidal.

Pantalla partida

Mike Pompeo y John Bolton son los funcionarios del gobierno de Donald Trump que abogan por formas abiertas de intervención en Venezuela, donde un levantamiento militar circunscripto liberó al detenido líder opositor Leopoldo López.

El levantamiento, que fue reprimido por las fuerzas oficiales que permanecieron subordinadas al presidente Nicolás Maduro Moro, y que no concitó la adhesión popular que sus promotores esperaban, se produjo al mismo tiempo que el contundente paro general dispuesto en la Argentina por las CTA y el sector de la CGT que integra la Corriente Federal, el SMATA y Camioneros.

Pese a la decisión del sindicato de transportistas UTA de no adherir al paro, se notó que circularon menos colectivos porque una línea interna, heredera del fallecido líder del MTA Juan Carlos Palacios, enfrentó a la conducción de Roberto Fernández.

El MTA, que hace treinta años conducían Palacios y Hugo Moyano protagonizó el primer enfrentamiento público con el gobierno neoliberal de Carlos Menem.

El mismo martes 30, The Economist simplificó la explicación, alegando que con una huelga general de dos días, la crisis argentina se desplaza de los mercados a las calles.

En un artículo titulado Días de ira en la Argentina dice:

“Con el país sufriendo una dolorosa recesión miles marcharán sobre la Casa de Gobierno, en demanda de un cambio de la política económica y la finalización del gobierno de Maurizio Macri”.

Para la publicación inglesa que se edita desde hace 175 años, los mercados “temen que la agenda de reformas de Macri se vaya a pique en las elecciones de este año, en las que podría perder frente a su predecesora, la populista Cristina Fernández de Kirchner”.

El remate es demoledor porque apunta en forma directa a uno de los tópicos principales de la publicidad del macrismo: “Según los cálculos de Wall Street, invertir en la Argentina hoy es casi tan riesgoso como en Venezuela. El Presidente insiste en que no hay vuelta atrás, pero sus adversarios gritan lo contrario”.

Las pantallas partidas entre Caracas y Buenos Aires en los canales de noticias no ayudan a Macri.

A varios presidentes argentinos les ha ocurrido que soñaban con España o Alemania pero sus tribulaciones eran las de Bolivia (antes de Evo Morales).

Pompeo es el único director de la CIA que pasó de esa organización de inteligencia al Departamento de Estado, a cargo de las relaciones exteriores.

En los 242 años de historia de Estados Unidos sólo 16 fueron de paz con el resto del mundo, por la voluntad de imponer sus principios a otros países por la fuerza.

Así se lo recordó a Trump en un encuentro reciente su predecesor Jimmy Carter, hoy de 94 años, quien gobernó entre 1977 y 1981.

Carter, quien fue el único presidente de su país que completó su mandato sin guerra, ataque militar u ocupación llamó a Estados Unidos “la nación más guerrera en la historia de la humanidad”.

Todos los domingos, Carter pronuncia un sermón en la iglesia bautista de su ciudad natal, Plains, en Georgia.

En una de sus intervenciones más recientes contó su diálogo con Trump.

El Presidente le planteó su temor de que la economía china dejara atrás a la estadounidense.

El ex Presidente, que presionó a las dictaduras de Pinochet y Videla para que cesaran su política de represión clandestina en campos de concentración, la tortura y el asesinato de los detenidos, le respondió que buena parte del éxito de China se debía a su política exterior pacifista, ya que no entró en guerra con nadie luego de su invasión a Vietnam en 1979.

Durante su gobierno se normalizaron las relaciones de Estados Unidos con China.

Carter calculó que mientras China invertía en la construcción de 29.000 kilómetros de ferrocarriles de alta velocidad, Estados Unidos dilapidó 3 billones de dólares (trillions, en inglés) en gastos militares. Tal vez sea el doble.

Según un estudio divulgado en noviembre último por la Universidad Brown, que realizó su Instituto Watson de Asuntos Públicos e Internacionales, en las guerras libradas desde 2001 en Irak, Afganistán, Siria y Pakistán, Estados Unidos gastó 5,9 billones de dólares (trillions).

“Es más de lo que uno puede imaginar. China no desperdició ni un centavo en guerras, por eso están delante nuestro casi en todo. La diferencia es que si uno pone 3 billones en infraestructura, le sobran 2 y tendríamos trenes de alta velocidad, puentes que no se derrumben, rutas bien mantenidas y nuestro sistema educativo sería tan bueno como el de Corea del Sur o Hong Kong”.



Carter con Xi Jinping, invertir en la paz.

El poder y la gloria

No es eso lo que planea el gobierno de Trump.
Hace dos semanas, el 15 de abril, Pompeo mantuvo un diálogo con los estudiantes de la Universidad A & M de Texas, una de las mayores y más antiguas universidades estatales de Estados Unidos y campo de reclutamiento de funcionarios para la CIA.

En un clima de extrema cordialidad, habló de la política exterior que conduce, en un diálogo con los alumnos:

- ¿Cómo combina condenas con concesiones diplomáticas con un gobierno polémico como el de Arabia Saudita?

- Ningún Secretario de Estado puede tener desde el primer día un conocimiento profundo sin reconocer que el mundo es muy duro. No valoramos con suficiente consistencia y fervor qué glorioso es estar aquí, en los Estados Unidos (…).Hay muchos lugares muy duros en el mundo. Por supuesto, no son todos iguales. Cada uno presenta diferentes desafíos. Un comentario al margen, pero en términos de cómo uno piensa un problema, esto me recuerda, cuando yo era un cadete, la consigna en el Colegio Militar de West Point era: “No mentirás, no engañarás, no robarás ni tolerarás a quien lo haga”. Yo fui director de la CIA: mentíamos, engañábamos, robábamos. Todo eso hacíamos. Era como si… hasta teníamos cursos completos sobre… (Aplausos.)

Esto es un recordatorio de qué glorioso es el experimento norteamericano.
Cuando hay que tratar con esos países, hay que reconocer que no son todos lo mismo. Algunos de esos lugares difíciles y asquerosos, quieren ser socios de los Estados Unidos.
Sólo que todavía no han llegado al lugar correcto.
Sólo han empezado a mejorar sus instituciones.
Algunos sólo están haciendo la mitad de lo que deberían. Pero están tratando de avanzar en la dirección correcta.

Esto plantea formas muy distintas de pensar cómo debe tratarlos Estados Unidos.
Estados Unidos debe ayudarlos, nunca debemos dejar de llamarlos al orden. Debemos ser coherentes.
El Departamento de Estado emite cada año un informe sobre derechos humanos.
Es un compendio de malas acciones en todo el mundo en los últimos 12 meses. Un tomazo.
Pero hay que mirarlo. Llamamos al orden a nuestros amigos, a nuestros adversarios y a quienes están en el medio.

Tenemos que encontrar un lugar para esos países que no están a la altura de nuestros estándares en derechos humanos, trabajamos con ellos para corregir eso, les exigimos que asuman su responsabilidad en la medida de lo posible y así asegurarnos que esas cosas no vuelvan a ocurrir.

¿Qué lugar ocupará la Argentina de Macri en esa lista de países asquerosos con los que de todos modos Estados Unidos se propone trabajar?

LA NIÑA QUE AMA A AQUILES, de Arturo Pérez Reverte - 6/5/19

La historia de hoy es una historia de resistencia y de gloria. Una historia de gente que no se rinde.

De padres y niños dispuestos a vender cara su piel.

Y no se trata de buscar en el pasado: ocurrió hace sólo unos días en un colegio argentino; pero si imaginan ustedes otro lugar, personajes y asunto, podría ocurrir en cualquier sitio.

Especialmente - y por eso me detengo en ello - también en España.

En estos tiempos grises en que cualquier independencia intelectual es aplastada desde la escuela, cuando lo que se busca es igualar a todos los críos en la mediocridad penalizando la brillantez y la inteligencia, la de la niña que ama a Aquiles me parece una historia ejemplar.

Me enteré de ella hace poco, por casualidad, y busqué ponerme en contacto con el padre. Lo conseguí ayer mismo.

Y como me lo contó, lo cuento.

Tiene casi cinco años y la llamaremos Helena. Con hache.

Sus padres son muy aficionados a la historia antigua de Grecia, y la niña ha crecido familiarizada con los mitos clásicos.

Por supuesto, se trata de una criatura normal: juega con otros niños, ve dibujos animados en la tele y cosas así.

Lo que pasa es que, además, sus padres le leen cuentos mitológicos y homéricos antes de dormir, ve fotos de paisajes helénicos, conoce palabras del griego antiguo y los nombres de los dioses del Olimpo, y está familiarizada con los héroes de la guerra de Troya, Teseo y el Minotauro, los trabajos de Hércules, Ulises, los Argonautas y todo el formidable repertorio, fascinante para un niño, que ofrece la cultura clásica.

Por otra parte, Helena tiene unos padres responsables que cuando le cuentan esas historias procuran suavizarlas, volviéndolas adecuadas para una niña de su edad.

Y en esos días de fiesta en que los críos se disfrazan, he visto fotos suyas orgullosamente vestida de hoplita griego, con casco, escudo y lanza fabricados con cartón y papel dorado.

El primer problema surgió en el colegio, cuando los niños empezaron las clases de inglés con números y nombres de animales.

A Helena no se le daba bien contar en inglés, pero conocía los números del uno al siete en griego clásico.

Y como todos los críos ansiosos de expresar en clase lo que saben, cuando se le preguntaba respondía con palabras griegas que la maestra no entendía.

El asunto empeoró en clase de expresión, cuando al preguntar a los niños qué dibujo animado les gustaba más o qué personaje de Marvel era su favorito, Helena dijo que su héroe preferido era Aquiles. 

«¿Un personaje de dibujos que no conozco?», preguntó la maestra.

«No, señora –respondió Helena–. Aquiles, el que luchó en Troya».

Quiso saber la docente cómo una niña de cuatro años conocía a Aquiles, y ella respondió que se lo había contado su papá.

La maestra fue a decírselo a la directora del centro, concluyendo ambas que seguramente la niña había visto la película Troya, ésa de Brad Pitt, con escenas sangrientas y de sexo que los menores no debían ver.

De modo que citaron a sus padres con urgencia.

La reunión con la directora, que en otros tiempos habría sido aclaratoria, fue la previsible en esta época de gilipollez y de cogérsela con papel de fumar.

El padre lo explicó todo con naturalidad y ahí debió quedar el asunto, pero la directora tenía ideas propias sobre la formación humanística a los cuatro años.

"Demasiado pronto para eso", sostenía.

Además, «su hija no debe consumir mitología griega porque cuenta historias violentas que jamás existieron y pueden confundir a la niña».

Dijo eso y algunas cosas más, como «los mitos no dejan enseñanzas prácticas», «el griego clásico es una lengua muerta y no le servirá a su hija en el futuro» y acabó señalando el peligro de convertir a Helena en "una marginal entre sus compañeras «normales», más familiarizadas con La Patrulla Canina y Mi Pequeño Pony.

El padre de Helena escuchó todo aquello en silencio.

Y cuando hubo acabado la directora, dijo en lenguaje rigurosamente laconio: 

«Se necesitan dos años para aprender a hablar, pero sesenta para aprender a callar».

Después se puso en pie y añadió: 

«Si vuelve a citarme por estas cosas, saco a mi hija del colegio y le pongo una demanda de proporciones homéricas».

Y regresó a su casa, donde aquella misma noche le contó a Helena la historia de los trescientos espartanos que murieron en las Termópilas, peleando frente a un ejército inmenso, por defender la civilización occidental.

Y a la mañana siguiente, como de costumbre, la llevó al colegio, saludó a la maestra y se fue al trabajo como cualquier otro día.

JUEZ Y PARTE. Hacete amigo del luez, de Horacio Verbitzky - 5/5/19

Como con las petroleras ESSO e YPF y con la telefónica AMX Claro, Carlos Fernando Rosenkrantz también interviene en un caso del diario La Nación, al que declaró entre sus clientes cuando el Ministerio de Justicia le pidió esos datos antes de nombrarlo en comisión en la Corte Suprema de Justicia.

Esto es causal de juicio político por mal desempeño, según afirma en forma explícita el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y una falta de ética que contradice su discurso público.

Esto, sumado a sus encuentros con los jueces John Roberts y Sonia Sotomayor, de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, donde posó como el modernizador de la Justicia argentina, ha agriado aún más sus relaciones con los demás miembros del tribunal.

En primer lugar, con el bloque justicialista formado por Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y el desplazado presidente Ricardo Lorenzetti, cuyos modales eclesiásticos no alcanzan a ocultar su sed de venganza.

Ni siquiera lo acompaña Elena Highton de Nolasco, quien votó en contra de la prórroga indefinida de una medida cautelar concedida hace tres lustros, por la cual el diario La Nación no paga el IVA.

El arzobispo de Rafaela impulsó la creación de una pintoresca Asociación de Jueces Federales, cuyo presidente fue Ariel Lijo, como instrumento de confrontación con la entonces presidente CFK; fue el primero en postular que la muerte del fiscal general Natalio A. Nisman no fue por mano propia y en reclamar castigo antes de que se supiera qué había sucedido; respaldó el lanzamiento de la Encuadernadora General de la Nación y emitió todo tipo de señas de respaldo al doctor Glock.

Pero ante el gobierno fallido de Macri y la puñalada que sus dos jueces designados por decreto le dieron para quitarlo de la presidencia del tribunal, se ha reubicado con prontitud episcopal.

En la discusión del último Acuerdo sobre la causa que el juez Alejo Ramos Padilla mantiene en Dolores no hizo objeciones de fondo a los argumentos de Horacio Rosatti en favor de la continuidad de la investigación, allí donde tanto avanzó. Aunque la Encuadernadora haya quedado por ahora a cargo de Lijo, el descubrimiento de un tumor en el cerebelo del doctor Glock, internado en la clínica Fleni, donde una resonancia magnética lo comprobó, y el sábado 4 fue operado, facilita el giro del ex presidente hacia la ex Presidente, que acepta sus reverencias aunque no le crea nada.

Desde aquí enviamos deseos de completa y pronta recuperación al juez enfermo, con quien las diferencias no son personales.

No habría que sorprenderse si en ninguna de las causas dibujadas contra Cristina da comienzo el debate oral antes de las elecciones presidenciales.

La deuda acumulada, con los intereses correspondientes, pasaría de los 400 millones de pesos.

Además el presidente de la Corte Suprema es apoderado de la provincia de Santa Fe, junto con Ricardo Gil Lavedra, en la causa contra el Estado por detracción de impuestos para la ANSES, donde la regulación de honorarios puede llegar a centenares de millones de pesos.

Se supone que no votará, pero tampoco se ha excusado.
La historia de la causa es larga y tediosa, pero lo que importa es la conducta de Rosenkrantz en la actualidad, a partir de la presentación de un recurso de La Nación en diciembre de 2018.

Racconto

El caso se originó en los acuerdos de competitividad de 2001.

Un decreto de Fernando De la Rúa estableció que los medios de comunicación no pagarían el impuesto a la ganancia mínima presunta y computarían las contribuciones patronales sobre la nómina salarial como crédito fiscal en el momento de la liquidación del IVA.

La contraprestación sería la preservación del empleo y el congelamiento del precio de tapa de los diarios.

La Nación y otros medios incumplieron ese compromiso, aduciendo el aumento de costos a partir de la megadevaluación dispuesta por el senador Eduardo Duhalde durante los meses en que estuvo a cargo del Poder Ejecutivo.

En marzo de 2003, al vencer el plazo inicial, Duhalde lo prorrogó por otros cuatro meses, para que el Poder Ejecutivo “pueda estudiar con mayor profundidad la problemática a fin de encontrar una solución alternativa”.

En octubre de 2003 La Nación obtuvo la medida cautelar, que llegó a ser una saludable adolescente.

No fue presentada en forma directa por cada medio, sino a través de las cámaras patronales ADEPA, Asociación Argentina de TV por Cable, AEDBA, ADIRA, ARPA y AAER.

El juez en lo contencioso administrativo federal Osvaldo Guglielmino resolvió el 30 de octubre de 2003 que mientras el Poder Ejecutivo no encontrara la solución alternativa, los medios podrían seguir descontando los aportes patronales en la liquidación del IVA, tal como pretendían.

Pasaron cinco años hasta que el 6 de noviembre de 2008 los camaristas Marta Herrera y Carlos Grecco, de la sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, levantaron la medida cautelar.

Afirmaron que establecer la capacidad contributiva de cada empresa para enfrentar el reclamo fiscal requiere analizar “circunstancias fácticas y medidas probatorias” imposibles en un juicio cautelar, por lo cual levantaron la prohibición de innovar.

Pero bastaron apenas siete meses para que la Corte Suprema de Justicia volviera las cosas a su cauce favorable a La Nación y decidiera que la medida provisoria sería permanente, hasta que la propia Corte Suprema resolviera si era legítimo o no que La Nación siguiera descontando los aportes patronales, tantos años después de finalizada la vigencia del decreto que lo permitió y en un contexto económico-social por completo distinto.

Ese fallo de la Corte fue firmado por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Santiago Fayt, Enrique Santiago Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay.

En una audiencia secreta de mediación convocada por la Corte, la AFIP dijo que el Poder Ejecutivo ya había dado dos soluciones alternativas en 2008 y 2009: la ley 26.476/08, de regularización de deudas tributarias y exención de intereses, multas y demás sanciones; y el decreto 1145/09, dictado al vencer ese plazo.

Entre ambos, el 27 de mayo de 2009, el Poder Ejecutivo firmó convenios de canje de pasivos fiscales por espacios de publicidad con varios centenares de medios del interior.

La ley abrió durante seis meses la posibilidad de acogerse a la moratoria y ofreció facilidades de pago generosas.

La mayoría de los medios aprovecharon esos instrumentos y negociaron planes de pago.

El Grupo Clarín regularizó deudas por 198 millones de pesos; el grupo Manzano-Vila, por 134 millones; Canal 9, por 24 millones y Telecentro, de Alberto Pierri, por dos millones de pesos.

Si La Nación hubiera aceptado alguno de estos regímenes, su deuda habría drenado 130 millones de intereses y podría haber pagado los 150 millones de capital en diez años, o en canje por espacios publicitarios. La decisión de no hacerlo reflejó antes una posición político-ideológica que un análisis de oportunidad y conveniencia comercial.

Sin embargo, la deuda fue reconocida en los balances auditados de La Nación, que la registraron como pérdida. Esto puede leerse como un acto de sinceridad con los accionistas, pero declarar pérdidas también permite pagar menos impuesto a las ganancias, aunque sea por deudas impagas.

A raíz de esos acuerdos, el ministerio de Economía declaró la caducidad de los beneficios previstos en el régimen de competitividad.

El 11 de marzo de 2010 las cámaras patronales pidieron la nulidad de esa resolución y el 16 de abril de ese año un juez de primera instancia suspendió sus efectos.

Recién el mismo día, pero ocho años después, a instancias de la AFIP, el mismo juzgado opinó que era una prolongación excesiva de una medida cautelar.

Una cuestión de principios

No pagar es una cuestión de principios y como tal innegociable para La Nación, cuya capacidad contributiva no está en cuestión: en esos mismos años compró decenas de millones de dólares para atesorar y, en 2012, bajo el inequívoco título “Expansión”, informó que, a través de su subsidiaria US Hispanic Media Inc., “llegó a un acuerdo para convertirse en el accionista estratégico de ImpreMedia, un grupo relevante de diarios y revistas en español de Estados Unidos”, que incluye los dos principales diarios de ese mercado, La Opinión, de Los Angeles, y El Diario, de Nueva York, además de la revista Vista, de circulación nacional en Estados Unidos, y publicaciones semanales de distribución gratuita en distintas ciudades norteamericanas.

Como corresponde a la transparencia usual, no se informó ni el porcentaje que compró ni el precio que pagó por él.
Por haber hecho lo mismo con su petrolera Oil, Cristóbal López está preso y el gobierno busca la forma de apoderarse de los medios que adquirió con los impuestos que no pagó.

Así lo entendió el juez Julián Ercolini, a cargo de la causa contra López, quien pidió a la Corte el expediente de La Nación.

El 3 de diciembre de 2015, una semana antes de que asumiera Maurizio Macrì la presidencia y se efectivizara la renuncia de Carlos Fayt a la Corte, este juez, más Maqueda y Lorenzetti, dejaron firme un fallo de la Cámara por el que La Nación y los demás medios en la misma situación no serían considerados en mora ni podrían ser embargados.

Según los camaristas Claudia Caputi, Luis Márquez y José Luis López Castiñeira, de pagar La Nación estaría en riesgo de quiebra, con afectación de la libertad de prensa, cosa en la que insistió la Corte en octubre de 2014.

La Nación pretendió continuar gozando de la prerrogativa de no pagar, pero el 16 de abril de 2018 el juez de primera instancia y el 23 de octubre la sala III de la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo Federal rechazaron esa pretensión. Los camaristas Jorge Argento, Carlos Grecco y Sergio Fernández confirmaron el fallo de primera instancia y denegaron el recurso extraordinario.

El 10 de diciembre de 2018, el abogado de La Nación, Ezequiel Cassagne, en nombre de AEDBA, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema.

La regla

Gran cantidad de esos recursos llegan cada día a la mesa de entradas de la Corte, que depende de su presidente.

Un funcionario con larga experiencia en el tribunal, describe el procedimiento que se sigue:
La secretaría judicial 1 separa los recursos extraordinarios concedidos de las quejas, y los remite a la oficina de Sorteos.

Allí se realiza un primer análisis a fin de asignarlos a la Secretaría que corresponda de acuerdo con la materia discutida en el caso.

Otro empleado verifica que en las quejas se hayan cumplido todos los requisitos formales establecidos en 2007, incluido el pago del depósito.

Recién entonces vuelven al mismo casillero con los recursos extraordinarios concedidos.
El Secretario asigna el estudio de cada causa a un letrado, quien elabora un proyecto, que puede rechazar el recurso, pedir los autos principales, remitir a la Procuración General o resolver el caso de acuerdo con un precedente.
El Secretario revisa la propuesta del letrado, redacta un memorándum y lo hace circular entre los ministros, según un orden preestablecido, que en el caso de la secretaría Judicial N° 7 es Rosenkrantz, Lorenzetti, Highton, Maqueda y Rosatti.
Recién cuando los ministros han opinado, se lleva al Acuerdo para resolver.

Un ejemplo reciente, que la Corte Suprema puso en la agenda de causas trascendentes, es el recurso del diputado Felipe Solá contra el decreto reglamentario de la ley del blanqueo, que permitió beneficiarse al padre del Presidente, que lo tenía prohibido por la ley.

Solá se quejó ante la Corte el 23 de marzo de 2018.
Como tenía relación con el blanqueo, se adjudicó a la Secretaria de Impuestos pensando que era un asunto tributario.

Pero la Secretaria rechazó su intervención y terminó en la Secretaria 4 de Derecho Administrativo.

El Secretario Sergio Nápoli la recibió el 5 de abril y el 18 ya estaba circulando con un memorando entre los ministros. Muy rápido, dada la importancia del asunto, pero cumpliendo todos los pasos en vez de llevarla al acuerdo.
Recién después de circular por las cinco vocalías, los ministros pidieron los autos en septiembre.

En los próximos días la Corte reconocerá la legitimación de Solá para accionar, invocando el artículo 36 de la Constitución, el que afirma que atentará contra el sistema democrático “quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”.

La Corte no resolverá el caso, que enviará de nuevo a la primera instancia, pero dejará dicho que se trata de un “grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento”.

Y la excepción

En el caso de La Nación, el mismo 10 de diciembre de 2018, la mesa de entradas detectó la queja recién presentada y no la envió a la Secretaria N°1 donde se hace la primera clasificación sino directamente a la N° 7, de impuestos, bancos y aduana.

Allí había sido designado, por concurso, Sergio Nápoli.

Pero en cuanto asumió la presidencia, Rosenkrantz nombró en su reemplazo a Enrique Naveira y además se colocó en primer lugar para la circulación de expedientes relativos a impuestos y aduana, a pesar de que debido a la especialización del estudio que compartía con Gabriel Bouzat, debería excusarse en muchos casos.

Al día siguiente de presentada la queja, el 11 de diciembre del año pasado, Naveira informó a los jueces de la existencia del recurso, sin dar ninguno de los pasos descriptos.

En este caso, informó durante el acuerdo y el tribunal solicitó no sólo el incidente en el que se cuestionaba la caducidad de la medida cautelar, sino los cinco cuerpos del expediente.





Para que esto ocurra en apenas 24 horas, el secretario debe tener un ataque de inteligencia artificial y robótica nuclear, o haber recibido aviso previo de que ese recurso se presentaría en la mesa de entradas.

¿Quién podría haber sido?

Además de abogado de La Nación, Rosenkrantz es amigo personal de Julio Saguier, el presidente del directorio del diario donde figura como director el valetudinario Bartolito Mitre de Galotti.

Ambos forman parte del Comité Director de la Beca Fullbright en la Argentina, un discreto lugar de encuentro.

Como se observa, desde abril de este año el expediente está en la vocalía 4, que corresponde al presidente Rosenkrantz. No sólo aceptó que el secretario informara en el Acuerdo, sin ordenarle que redactara su excusación, sino que tiene en este momento los autos sobre su escritorio.

El expediente de La Nación, en la vocalía del defensor - presidente

Así advirtieron que el pedido de los cinco cuerpos fue un exceso, contrario a los intereses de su cliente.

Declarada la caducidad de la cautelar, lo que queda es fallar sobre el fondo de la cuestión en el expediente principal.

Por eso se lo devolvieron al juzgado.

Sin pérdida de tiempo, la AFIP envió sus inspectores a determinar el monto de la deuda y reclamar su pago. Impedirlo fue el motivo de la última cautelar de esta historia de nunca acabar.

Seis meses en el caso del blanqueo, de mayor trascendencia institucional y cuantiosas cifras.

Un día para el diario cliente de Rosenkrantz, que seguramente después de esta nota escribirá un escueto “No voto”.

Qué interesante sería conocer la opinión al respecto de Roberto Gargarella y Roberto Saba.