Diseño, Alejandro Ros. Animación, Silvia Canosa
Aunque nadie se hizo cargo, la nueva filtración de chats del suspendido ministro de Seguridad de la Capital Federal, Marcelo D’Alessandro, recalentó las disputas entre el gobierno y la oposición, pero también al interior de la alianza cambiante. Una vez más, Clarín, La Nación e Infoemba hicieron silencio sobre esas conversaciones, escritas y con mensajes de voz en la aplicación Telegram, de contenido escandaloso.
Para determinar quién pudo haber sido responsable de su publicación, puede ser útil la expresión latina cui bono: ¿a quién favorece..?
Su circulación ocurrió el jueves al mediodía, con pocos minutos de diferencia de la presentación ante la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados del juez federal Sebastián Ramos.
Ramos es el juez que en feria y como subrogante necesitó apenas 24 horas para archivar la causa por la primera filtración de los chats de D’Alessandro, en la que constaba su diálogo con Silvio Robles, el alter ego del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, sobre el fallo que beneficiaría a la Capital en el litigio con la Nación por la trasferencia automática de fondos de coparticipación.
Dijo que lo hizo obligado por el dictamen del fiscal Carlos Stornelli, quien no acusó.
Ahora la Comisión citó al fiscal.
Tanto al prestar juramento de decir verdad, como en el cierre del interrogatorio ante una pregunta específica, Ramos negó cualquier relación sistemática con D’Alessandro.
La simultánea difusión de los chats mostró que no sólo tiene relación, sino que es de amistad, e incluye la entrega de un automóvil Focus del Ministerio al juez, y la promesa de un Toyota más adelante, aparte de favores para policías amigos de Ramos.
El FdT, que impulsó el juicio político, es así el primer sospechoso de la nueva filtración.Pero no el único, porque la publicación en Internet de los nuevos chats coincidió con el lanzamiento oficial de la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta a la presidencia.
Su video contra la grieta, grabado en la provincia de Santa Cruz, también se lanzó al mediodía del jueves, y motivó un áspero comentario de Patricia Bullrich contra “los tibios” que plantean dialogar con el actual oficialismo.
Bullrich ya había figurado en la short list de posibles autores de la primera filtración.
Tenía sus buenos motivos.
Como ministro de Seguridad de Rodríguez Larreta, D’Alessandro hundió al jefe de campaña de Bullrich, Gerardo Milman, mediante la denuncia ante la Cámara de Diputados de uno de sus interlocutores, el fiscal Tuto Troncoso, por el incidente que Milman mantuvo con policías porteños, cuando intervino en forma prepotente en defensa de su novia con más apellidos, María Luz Lanusse Peralta Ramos, retenida cuando conducía sin autorización un auto de lujo cedido a Milman por una empresa proveedora del Ministerio de Seguridad de la Nación, cuando él era el segundo de Patricia Bullrich allí.
D’Alessandro también entregó la grabación de las cámaras de seguridad de la Ciudad en la esquina del Congreso, que derrumbaron la versión de la miss Argentina que asesoraba a Milman en inteligencia criminal, Carolina Gómez Mónaco, de que no había estado con su jefe en el bar Casablanca.
La fecha y la hora en que se los ve entrar a Casablanca coincide con la denuncia de un diputado del FdT, sobre el conocimiento previo que Milman habría tenido del intento de asesinar a la Vicepresidenta CFK.
Bullrich lo dio de baja como jefe de campaña y el PRO lo separó como subjefe del bloque que preside Cristian Ritondo.
Esta semana, los abogados de Cristina solicitaron al fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Capuchetti que investigara el comportamiento de D’Alessandro y la policía porteña en los días previos al atentado.
De los últimos chats, lo más significativo está en los diálogos con el juez Sebastián Ramos, ilustrativos de una gran familiaridad.
El juez llama Tano al ministro, quien a su vez lo apela Seba o Amigo.
Combinan para comer “en el club” y se prodigan numerosos abrazos.
Cerca de la medianoche del 22 de enero del año pasado, el magistrado le agradece la entrega de un auto Focus al ministro, quien le responde que más adelante se lo cambiará por un Toyota.La versión más simple del Toyota Corolla no se consigue por menos de siete millones y medio de pesos.
En la única escueta referencia al chat, La Nación dice que se trata de un auto decomisado, una fantasía que no surge de la conversación.
Más bien parece referirse a una flota de vehículos adquiridos con fondos públicos.
También hay un tráfico de rodados con Juan Bautista Mahiques.
En noviembre de 2016, D’Alessandro le dice: “Ya tengo el auto. No es muy grande pero es un 0 km”.
Luego le aclara que es un VW Voyage.
Al dirigirse a Mahiques lo llama Líder.
En ese momento, Juan Bautista Mahiques representaba al Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación y era Subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
El auto no era para él, sino para su hermano Ignacio, quien en mayo de ese año había sido designado fiscal ad hoc para activar todas las causas contra Cristina que interesaban al Presidente Maurizio Macrì.
Para eso el gobierno desplazó al fiscal a cargo, Eduardo Taiano.
A Mahiques y al también fiscal Gerardo Pollicita apenas les llevó una semana la lectura del voluminoso expediente y la redacción del dictamen en el que pidieron el procesamiento de Cristina, el empresario Lázaro Báez, el ex ministro Julio De Vido y otros 25 ex funcionarios nacionales y de Santa Cruz.
También solicitaron la inhibición de los bienes de CFK, pedido que el juez Julián Ercolini aceptó.
El desparpajo de esos intercambios es asombroso.
D’Alessandro le dice que necesita algún “escritito que me justifique sacar el auto”.
Mahiques le envía una nota firmada por su hermano Ignacio en la que relaciona en forma explícita la solicitud con su desempeño en la causa contra Cristina.
El auto como pago por la persecución a Cristina.
Estos audios y facsímiles ridiculizan la pretensión del ministro, ratificada ayer por Rodríguez Larreta, de que los chats fueron adulterados.
El padre de Juan Bautista e Ignacio (Carlos Coco Mahiques) aparece en la primera filtración de chats de D’Alessandro: él y Ercolini fueron dos de los turistas invitados por el Grupo Clarín a pasar un fin de semana en la mansión de Joseph Lewis en Lago Escondido.
En los nuevos chats vuelve a figurar Ercolini, aunque no está accesible el contenido de la comunicación.
Coco, Juan Bautista e Ignacio Mahiques.
En la causa Hotesur - Los Sauces, el automovilista de garrón Ignacio Mahiques también acusó a Máximo y Florencia Kirchner.Coco Mahiques fue ministro de Justicia de María Vidal en Buenos Aires, y luego trasladado a la Cámara Federal de Casación Penal, desde la cual en septiembre de 2021 declaró prescrita la causa contra Lewis por la compra de más de 10.000 hectáreas en Lago Escondido, zona de frontera donde solo pueden ser propietarias personas de nacionalidad argentina.
Lewis se escondió tras una empresa local.
Una vez obtenida la autorización de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, las tierras fueron inscriptas a nombre de la empresa del británico.
El delito está probado y sus frutos permanecen en mano del responsable, pero la persecución fue abortada.
Los nuevos chats ratifican que D’Alessandro es el operador judicial de Rodríguez Larreta, encargado del seguimiento de la causa por los fondos de coparticipación. En la primera tanda de chats, dialogaba al respecto con Silvio Robles, en esta con Juan Manuel Olima, secretario de coordinación institucional de la Procuración General, quien el 25 de septiembre de 2020 le adelantó el texto de un dictamen de la procuradora fiscal ante la Corte, Laura Monti, que le reconocía a la Ciudad Autónoma el status provincial que no le concedió la Constitución.
Ese criterio fue adoptado por la Corte, en una decisión pretoriana sin sustento constitucional ni convencional.
Olima agrega que el fiscal general Eduardo Casal, a cargo de la Procuración desde que fue forzada a renunciar Alejandra Gils Carbó, bajo amenaza de detención de sus hijas, le avisó personalmente al presidente de la Corte, que por entonces era Carlos Fernando Rosenkrantz.
Olima, con la gorra de la DEA, que no quiere decir Democracia En Acción.
También hay un breve diálogo con Laura La Torre, subsecretaria de Internacionales de la Corte y esposa de Silvio Robles, combinando un encuentro.Los diálogos con Cristian Ritondo se refieren a la coordinación entre las policías porteña y bonaerense en operativos antidrogas, ya que ambos eran los responsables de la seguridad en sus jurisdicciones, y muestran una gran intimidad.
En uno de esos chats combinan para encontrarse a comer con la jueza María Servini (La Tía, en la serie anterior de filtraciones, quien durante años fue la protectora de D’Alessandro).
El otro juez que declaró fue Alejo Ramos Padilla.
Cuando le preguntaron por las generales de la ley, respondió en detalle cómo los jueces de la Corte lo sometieron a un juicio político que lo tuvo durante años en suspenso, por haber sido mencionado en escuchas a políticos presos en la cárcel federal de Ezeiza (bajo la órbita de Juan Bautista Mahiques).
También se refirió a la diputada Paula Oliveto, su ex compañera en Franja Morada, quien en aquel caso defendió el uso de las escuchas que ahora cuestiona.
La Coalición Cívica Libertadora replicó que aquellas intercepciones fueron ordenadas por un juez, lo que es una verdad a medias: el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena (padrino de los hijos de D’Alessandro), ordenó escuchar las conversaciones del llamado Rey de la Efedrina, Mario Segovia.
Las partes que no corresponden a esa causa debían ser destruidas, e incluían las conversaciones personales y con sus abogados de Amado Boudou, Roberto Baratta, Julio de Vido, Carlos Zannini y Cristóbal López, entre otros.
Pero en vez de eso fueron transcriptas en la DaJuDeCO, donde esa tarea la realizaba un hijo del fiscal Stornelli.
Una copia fue recibida por Elisa Carrió, quien envió a su asistente Oliveto a presentarlas ante el juez Claudio Bonadío.
Su divulgación en medios comerciales omitió por completo a Segovia y se concentró en los políticos presos.
La inundación y el chat
Muy provechosos fueron los testimonios ante la Comisión de varios letrados y funcionarios de la Corte.
Cristian Sergio Abrita, ex titular de la Secretaría 5 de la Corte, reveló el trámite irregular de la causa del Consejo de la Magistratura y las irregularidades en la obra social del Poder Judicial.
Abrita, quien se desempeñó en la Corte desde el gobierno del Presidente Raúl Alfonsín, contó que su secretaría envió a todos los ministros los antecedentes de las causas Rizzo y Moner Sanz, en los que la Corte ya había rechazado las denuncias de inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura, y el pronunciamiento en el mismo sentido del encargado de la Procuración, Eduardo Casal, quien dictaminó así en mayo de 2018.
El expediente circuló por todas las vocalías sin que hubiera un proyecto de mayoría.
El que finalmente se votó, que revivió una ley derogada por el Congreso, fue elaborado en la vocalía de Rosatti cuando éste era parte interesada, ya que presidía la Corte y, en consecuencia, pasó a presidir también el Consejo de la Magistratura.
Adriana Valinotti, secretaria letrada en la vocalía de Rosatti, reveló que luego de la filtración del diálogo de Silvio Robles con D’Alessandro, fue desactivado el chat de la vocalía.
También dijo que los proyectos de resolución se enviaban a la secretaría privada de Rosatti con copia a Robles y a Natalia Munayer.
Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación de la Secretaría de Administración de la Corte, narró que una inundación inutilizó la computadora a Robles.
De este modo se destruyeron todas las constancias de la intervención de quien Rosatti presenta como su hermano en las causas del tribunal.
El desgajamiento del bloque
El desgajamiento del interbloque del FdT en el Senado alejó la posibilidad del quórum y fortaleció la táctica de JxC de paralizar el Congreso mientras dure el juicio político a la Corte.
Luego de la designación de las autoridades de la Cámara, el oficialismo no consiguió el número para sesionar, cosa que con alta probabilidad se repetirá en el año electoral.
Las motivaciones no son nítidas: una cosa es la carta del jujeño Guillermo Snopek que difundió el Senado y otra el comunicado del nuevo bloque federal, que Snopek preside.
Cuñado del gobernador Gerardo Morales, con quien mantiene una abierta enemistad, Snopek escribió que se apartaba del bloque Unidad Ciudadana por “la distancia cada vez mayor que siento respecto al rumbo de gestión del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, alejado - a mi humilde entender - de las prioridades que nuestro pueblo demanda”, y “un carnaval de detenciones a la carta del gobernador Gerardo Morales, a fin de disciplinar y amedrentar a la oposición en vísperas de la campaña electoral.
La indiferente mirada del gobierno nacional, erosiona la esperanza de que los Derechos Humanos puedan volver a ser respetados en Jujuy”.
En cambio, la declaración del bloque se postula como “una alternativa” para “las futuras generaciones, sin grietas, con discusiones que planeen soluciones a corto, mediano y largo plazo para todos los argentinos y argentinas.
Apostamos a la unidad, al respeto y al diálogo en pos de encontrar puntos en común, dejando de lado las retóricas petrificadas y los personalismos que tanto daño nos han hecho como sociedad”.
El mínimo común denominador entre ellos es el reclamo por la inflación, la disparidad en el precio de la energía y el transporte que se paga en sus provincias y en las dos Buenos Aires. Pero no mucho más.
En privado, dicen que el cuestionamiento es contra el ministro de Economía más que contra el Presidente.
Mañana, Sergio Tomás Massa espera traer buenas novedades sobre lo que le concierne.
Durante la reunión del G-20 en la India, habría acordado con el FMI una revisión de las metas de reservas, debido a la sequía y a la guerra en Ucrania.
Snopek piensa postular su candidatura a la gobernación jujeña, no sólo en desacuerdo con Morales, sino también con el empresario Rubén Rivarola, que preside el justicialismo provincial y que aceptó sin chistar 13 detenciones, la suspensión de la legisladora Alejandra Cejas y el desafuero de Deborah Juárez Orieta, en represalia por la denuncia de su hermana por violación contra uno de los delegados de Morales en el tribunal superior de Justicia.
También termina su mandato este año María Eugenia Catalfamo, aunque sus motivos obedecen a la decisión del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Sáa, distanciado de CFK desde el acercamiento de su hermano - enemigo, el Senador Adolfo Rodríguez Sáa, a la Vicepresidenta.
El gobernador puntano se reunió hace un mes con su colega cordobés Juan Schiaretti, y acordaron un trabajo político conjunto, que también incluye al ex gobernador de Salta, Juan Urtubey.
La esposa de Schiaretti, Alejandra Vigo, es la quinta integrante del nuevo bloque. Se presume que podría sumarse a ese agrupamiento el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.
En el kirchnerismo se preguntan si la fractura no contó con el beneplácito presidencial, pero en RPO lo niegan en forma categórica.
Alberto siente que esto lo torna aún más frágil.
De hecho, los proyectos que no se pudieron tratar son los que él envió para las sesiones extraordinarias, no los de Cristina.
En cualquier caso, en la sesión preparatoria del jueves, los unionistas federales pidieron sentarse lejos del interbloque cambiemoso.
«Cristina nunca maltrató a Alberto, siempre lo trató entre algodones», dijo Máximo Kirchner en la entrevista del Cohete con Marcelo Figueras.
Pero no puede decirse lo mismo de todos quienes se cuelgan de sus faldas buscando algún rédito, como el profesor universitario Juan Grabois, quien lo llamó «mediocre, tibio y cobarde».
Una cosa es la crítica a sus decisiones políticas, otra el insulto.
Quienes lo han practicado, como Cantinflas o Santiago Cúneo, nunca han obtenido el respaldo del electorado.
Más razonable pareció Papá Noel, al anunciar que su nuevo partido de los Comunes no tiene candidato a la presidencia.
«Nos une el espanto», dijo.
Esto es relativo, dado que su lugarteniente, el empresario gastronómico Fernando Navarro, se pronunció en Córdoba por la candidatura presidencial del gobernador Schiaretti.
La potencialidad electoral de combinaciones como la de Schiaretti con Rodríguez Saá es también dudosa.
De hecho, en 2019 a la mesa del cordobés y el salteño se sentaban Sergio Massa y Roberto Lavagna, pero a la hora de las decisiones, bastó un movimiento de cejas de Cristina para que archivaran esas aspiraciones.
La diferencia es que, ahora, ella anunció que no será candidata a nada, y todos los reclamos contra su proscripción (indudable a partir del fallo del 6 de diciembre cuyos fundamentos se conocerán el 9 de marzo) chocan con la dificultad de explicar en qué consistiría romperla, dado que no es imaginable que los compañeros de juegos de Macrì que deciden en la Cámara Federal de Casación Penal ni la Corte Suprema de Justicia revoquen ese fallo.
La alternativa sería una abstención revolucionaria, como la que Hipólito Yrigoyen impulsó hace doce décadas y que forzó la reforma de la ley electoral, o la que Perón ordenó luego del golpe de 1955 y la prohibición hasta de decir su nombre. Pero esto no forma parte del repertorio de hipótesis que baraja Cristina.
Tal vez porque, con mayor o menor disimulo, hay un tropel de postulantes dispuestos a aprovechar la vacante que ella deja, comenzando por el Presidente Alberto Fernández, quien llevó su campaña proselitista a la Antártida.
El cambio climático (apenas -2°) le ahorró el ridículo atuendo anaranjado que vistieron allí sus predecesores Raúl Lastiri, Isabel Perón y Carlos Menem.
Fernández no solo insiste con su candidatura, que ya ha motivado el desdoblamiento electoral en 15 provincias, entre justicialistas y aliadas, que lo consideran un lastre irremontable, sino que además impulsa la de Victoria Tolosa Paz a la gobernación bonaerense.
Vencedora inapelable del punto y aparte, la ministra que ya dio de baja más de 100.000 planes sociales la emprende ahora contra el punto y coma, con una temeridad que hay que reconocerle.
Mirá como tiemblo, respondió Axel Kicillof, quien no ve con malos ojos un triunfo resonante en una interna previa a la elección general.
Estos son los límites que impone la realidad.
- Sorprendeme - le pidió una colaboradora a CFK.
- Estoy pensando - fue la seca respuesta.
A la derecha de la derecha
Rodríguez Larreta intenta un delicado equilibrio.
Por un lado, en el spot de lanzamiento de su campaña dijo que “o terminamos con la grieta o la grieta termina con la Argentina”, y que “la gran transformación no la van a hacer un grupo de iluminados o un líder carismático”.
Pero no demoró ni un día en aclarar que “no veo ninguna posibilidad de acordar con Cristina Kirchner” y “no sé qué podría hablar con Alberto Fernández”.
Sus convicciones al respecto no son dudosas, pero la coalición que aspira a conducir protagoniza un giro constante hacia la derecha.
Personajes que en otros lugares del mundo serían considerados neofascistas, como Gerardo Morales, aquí pasan por moderados.
Y algunos de los líderes que Horacio Rodríguez Larreta considera carismáticos o iluminados, como Macrì o Patricia Bullrich, procuran acuerdos con Javier Milei, porque lo prefieren antes que la reelección de Kicillof en Buenos Aires.
Macrì visitó el mismo jueves el local de campaña de María Vidal, que rompió su dependencia de Rodríguez Larreta y se propone disputarle la candidatura y el viernes volvió a reunirse con Bullrich.
El trascendido de prensa que difundieron fue que estaban molestos por el discurso contra la grieta del jefe de gobierno porteño.
Se les sumó la última semana en este desplazamiento hacia la derecha Micky Vainilla, el candidato a la vicepresidencia derrotado junto con Macrì en 2019, quien la emprendió contra las lesbianas (“si el ministerio es de las mujeres, hubieran puesto una mujer”, dijo).
Fue tan brutal que hasta Jony Goldfard (alias “Viale”) lo corrigió.
Como quien acelera mientras tropieza, celebró también la campaña del desierto de Julio Roca, que acabó con la presencia mapuche en la Patagonia.
También denunció al titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas por “traición a la patria”, por haber entregado tierras a comunidades mapuches en Mendoza.
La traición a la patria es un delito que sólo puede cometerse durante una guerra por colaborar con el enemigo, lo cual califica la versación jurídica del señor Vainilla.
Cuando intentó exculparse ante las críticas recibidas, dijo que al Ministerio “no le interesa que las mujeres tengan mejor acceso al trabajo, trabaja sobre las minorías intensas que no llegan ni al 1%”.
Esta fue una crítica que se escuchó en 2021 como explicación para la derrota electoral del FdT y que pretende instalar una contradicción imaginaria, como si la denuncia de la violencia por motivos de género excluyera la lucha por la igualdad en el plano laboral, económico y político.
¿Se referirá Vainilla al programa Registradas, por el que el Estado paga hasta el 50% del sueldo de las trabajadoras de casas particulares, a cambio de que sus empleadores formalicen su contratación, las incluyan en el sistema previsional y el seguro por desempleo..?
¿O estaba tan ocupado visitando programas de televisión para despotricar contra lesbianas y mapuches que ni se enteró..?
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