No entiendo cómo viven quienes saben que provocaron daños irreparables en la vida de personas
Cristina Vázquez.
El 26 de diciembre de 2019 volvía de San Juan, después de festejar Navidad con mi familia.
Ese mismo día la Corte Suprema de Justicia de la Nación firmaba una sentencia tremenda en el caso “Rojas, Lucía Cecilia; Jara, Ricardo Omar; Vázquez, Cristina s/ homicidio agravado”.
El caso lo conté varias veces, pero necesito reiterar la historia.
El 28 de julio de 2001 una vecina de Cristina Vázquez fue encontrada muerta, con signos de haber sido brutalmente golpeada. Esa noche Cristina declaró haber estado en la casa de unos amigos a 8 kilómetros del lugar de los hechos, cosa que fue ratificada por los testigos.
A nadie le importó.
Durante la investigación, un testigo declaró que un hombre que seria pareja de una amiga de Cristina estaba vendiendo las joyas de la señora asesinada.
Este testigo jamás declaró en el juicio oral.
Pero a nadie le importó.
Como tampoco importó que nunca aparecieran las joyas ni un testigo que ratificara la versión.
Otro testigo declaró durante la instrucción que Cristina en una noche de drogas había confesado la comisión del hecho.
En el juicio oral, ese testigo no recordó esa conversación.
A nadie pareció importarle eso, como tampoco pareció importarle a nadie la absoluta falta de pruebas sobre la participación de Cristina en el asesinato.
A Cristina Vázquez la condenaron por tener un estilo de vida “promiscuo y marginal” (fs. 48), ser “adicta a la marihuana” (fs. 49); “tener como modo de vida cometer delitos contra la propiedad para obtener dinero a los fines de adquirir - entre otros - estupefacientes y, así, satisfacer sus adicciones” (fs. 51); tener padres desinteresados (fs. 55); ser “mentirosa” (fs. 70).
Esas consideraciones hizo el Poder Judicial que la condenó.
Lo que se olvidó de consignar ese Poder Judicial fueron las pruebas para condenarla.
Como señala el fallo de la Corte, “cuando no puede reconocerse en la sentencia la aplicación del método racional de reconstrucción de un hecho pasado en la forma en que lo condicionan la Constitución y la ley procesal, corresponde entender que la sentencia no tiene fundamento. Lo mismo sucederá cuando el referido método se aplique defectuosamente, que no se hayan incorporado todas las pruebas conducentes y procedentes, que la crítica externa no haya sido suficiente, que la crítica interna haya sido contradictoria, o que en la síntesis no se haya aplicado adecuadamente el beneficio de la duda”.
A Cristina Vázquez la condenaron, junto con Lucía Rojas y Ricardo Jara. Pero no sólo la condenaron, sino que además y sin sentencia firme, la enviaron a prisión.
Y ahí pasó 11 años hasta que en diciembre de 2019 la Corte Suprema de Justicia de la Nación la absolvió y ordenó su liberación.
Días después de dictado el fallo absolutorio de Cristina Vázquez, en uno de esos eventos sociales que solía tener antes del Covid - 19, salí a fumar a una terraza huyendo de la tiranía antitabaco de los ambientes acondicionados y me crucé con uno de los funcionarios judiciales que tuvo intervención en el expediente.
Y le pregunté quién reparaba los 11 y 14 años que Cristina Vázquez y Lucia Rojas habían pasado presas sin sentencia firme.
“Nadie, Graciana, nadie”, fue su respuesta desolada, de alguien que no suele demostrar su humanidad.
Ese es el espanto, las consecuencias irreparables de ejercicio irresponsable del poder.
Es precisamente por ello que el ejercicio del poder está sujeto a reglas y principios que buscan darle racionalidad y razonabilidad.
Y que quienes ejercen el poder no pueden desconocer, porque las consecuencias del ejercicio irracional e irrazonable del poder son irreparables.
El fallo que absolvió a Cristina Vázquez expresa en sus considerandos algo que resulta imprescindible no olvidar:
“ese principio [garantía de la doble instancia y el beneficio de la duda] como el del in dubio pro reo - ambos de trascendencia en el caso - guardan una estrecha relación con la presunción de inocencia constitucional (artículo 18).
Que cuando ese artículo dispone categóricamente que ningún habitante de la Nación será penado sin juicio previo, establece el principio de que toda persona debe ser considerada y tratada como inocente de los delitos que se le imputan hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario, mediante una sentencia firme (Fallos: 321:3630 «Nápoli»).
A ello se agrega lo establecido en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorporada a la Constitución Nacional por el artículo 75, inc. 22, con la máxima jerarquía normativa, que establece que «toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad».
En una formulación equivalente, el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que cuenta con la misma jerarquía, determina que «toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley».
Nunca pude entender del todo qué fue exactamente lo que les pasó a los funcionarios judiciales. Digo, entiendo las relaciones y los intereses, somos todos humanos, también ellos.
Pero no puedo entender cómo viven con su conciencia quienes sabiendo que desconocieron las reglas y principios, provocaron daños irreparables en la vida de las personas.
¿Cómo hacen para dormir..?
Porque en algún lado deben pesarle las sentencias arbitrarias, los pobres tipos en prisión por pobres, por negros, por marginales, sin más pruebas que su propia humanidad castigada de antemano. Valen tanto un ascenso o el aplauso para ordenar la prisión de alguien sin pruebas o sin haber cumplido con las reglas y principios que regulan el ejercicio del poder que tienen conferido por la Constitución.
Me escucho explicar cómo son los mecanismos del Poder Judicial y puedo enunciar relaciones e intereses y explicarlas, de hecho lo hago habitualmente, pero siempre hay un momento en el que el estupor me supera.
Tal vez porque no entiendo el poder como pasión.
A mí me alcanza con que me escuchen las razones, lean lo que escribo y si lo consideran válido me den la razón.
Me gusta más la esgrima argumental de razones que la orden sin razones. Que por general me resulta insoportable.
Pueden putearme, enojarse conmigo o estar en absoluto desacuerdo, pero prefiero decir las razones.
Por eso mismo, porque prefiero la esgrima argumental, es que en otros ámbitos me causa el mismo estupor cuando las personas declinan de ella.
Me pasó estos días con la negativa de la oposición a debatir la reforma judicial.
Cuando voy a un juicio, como abogada sé que puedo ganar o perder,
pero lo que jamás haría ni hago es claudicar del debate.
Analizo los argumentos, contrapongo los míos, propongo, insto, solicito, requiero.
Lo saben hasta los jueces que han visto, en casos en los que estaba el resultado ya escrito, que no dejo de revisar minuciosamente los expedientes y alegar las razones, mis razones.
Aun sabiendo que tal vez sea inútil.
Me resulta incomprensible que los legisladores no hagan algo similar, cuando se diseñan políticas públicas.
Porque se juega ahí el destino de miles o de millones.
¿Cómo puede ser que no les importe o que no quieran dar el debate?
Recuerdo cuando tratamos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La oposición se tomó cuanto menos la molestia de presentar propuestas alternativas.
No pasó lo mismo con la Ley de Reforma Judicial. Fueron al debate sin propuesta alternativa. Sin nada que defender, con discursos que señalaban que era inoportuno su tratamiento, o que este no era el momento, o que había cosas mas importantes o que la reforma implicaba riesgos, frente a los cuales ni siquiera propusieron resguardos o controles que impidiesen su configuración.
Nada, absolutamente nada, salvo la negativa enunciada incluso antes de que el Poder Ejecutivo hiciese publico el proyecto.
Resultó paradigmático lo previamente escrita que estaba la negativa de la oposición.
En la sesión del jueves, a uno de los senadores opositores la presidencia de la Cámara le preguntó si estaba leyendo su discurso (lo cual a mi criterio era evidente) y el senador lo negó, para concluir abruptamente su discurso un minuto y medio después.
https://www.elcohetealaluna.com/wp-content/uploads/2020/08/video.mp4?_=1
Como lo establece un autor, “la palabra articulada es la representación perfectamente original del pensamiento”; “la palabra escrita es representación perfectamente original de la palabra articulada, pero no del pensamiento” y “entonces la oralidad por sí sola no conduce sino a descartar esta expresión escrita, porque es manifestación no exactamente original del pensamiento”.
Porque se oponen así, sin pensar, sin conocer a qué se oponen.
Sólo se oponen y por eso tal vez exista apenas un asesor - con suerte - que haya leído el proyecto al que se opone el senador que recorría un texto ya escrito en voz alta.
Una oposición de cartón pintado.
Y voy a ser honesta: aun cuando debatir es trabajoso y a veces enloquecedor, lo sigo prefiriendo a cualquier otro modo de resolución de conflictos.
Porque no hay nadie que sea dueño de la verdad de modo absoluto, y sólo en la confrontación de ideas adquieren estas la fortaleza para concretarse en el mundo… o la pierden.
No es esgrima verbal exponer a personas a contagiarse de una enfermedad que puede ser mortal.
Eso es demostración de fuerza.
Y sé que las demostraciones de fuerza son válidas en las sociedades democráticas, por ejemplo las manifestaciones públicas en apoyo o rechazo de alguna iniciativa.
No seré yo quien limite el derecho a protesta, porque estoy convencida de que la libertad de expresión es constitutiva de las sociedades democráticas, de modo tal que, sin ella, no me atrevería a hablar de sociedad democrática.
Pero no hay sociedad democrática sin ciudadanos vivos.
Por eso las fuerzas políticas deben ser responsables al determinar los modos de protesta.
No se trata de si molesta la protesta - puede molestar, pero la obligación democrática es tolerarlas -, sino de encontrar formas de protesta que no traigan aparejados riesgos para la salud de quienes protestan.
Las escenas de personas amuchadas sin barbijo se contraponen con los 11.717 argentinos contagiados, con los 8.271. muertos y con la creciente lista con la lista de personal de salud contagiado de Covid - 19.
Los contagios y las muertes no sustituyen el debate democrático.
El resultado de esa conducta es también irremediable.
E inapelable.
Mientras tanto, afuera de los palacios de la democracia (el judicial y el legislativo) pasaban escenas también bizarras.
Un ex Presidente declaraba que preveía un golpe de Estado y la suspensión de las elecciones legislativas del 2021 en nuestro país.
Lo hacía ante la televisión y pasamos días discutiendo esa descabellada idea, hasta que terminó reconociendo que había hecho esas explosivas declaraciones en una suerte de estado confusional, un desenganche de la realidad que asimiló a una psicosis.
Su retractación tuvo mucho menos prensa que su temeraria afirmación inicial.
Me pareció particularmente desopilante el episodio cuando vi este titular en un diario.
Lo extraño es que, si fuese tan mala la gestión del país, la oposición debería simplemente presentarse a elecciones, no hacer un golpe de Estado.
Por lo que la tesis de Duhalde descartaría que el golpe de Estado lo hiciese la oposición.
Debo señalar que desde Juntos por el Cambio no salieron a defender la preeminencia de la Constitución ante esta hipótesis… ni un comunicado sacaron que recordara lo que dice el artículo 36 de la Constitución Nacional, cuando establece:
“Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático.
Estos actos serán insanablemente nulos”.
¿Quién daría el golpe entonces?
Duhalde señaló que sería el Ejército, aunque rápidamente salieron tanto el Ministerio de Defensa como el Jefe de las Fuerzas Armadas a desmentir cualquier posibilidad de que ello sucediese.
Voy a decir esto, haciéndome cargo de lo que digo.
De un tiempo a esta parte, el famoso “círculo rojo” ha declarado una suerte de guerra contra el actual gobierno del país.
Desconozco cabalmente las causas, pero veo todos los días cómo se desarrolla la batalla en los ámbitos políticos y mediáticos.
Pocos días antes de las declaraciones de Duhalde, el Poder Ejecutivo había dictado un decreto de necesidad y urgencia para preservar los derechos a la comunicación de un país asolado por una pandemia y que en los últimos meses ha descubierto hasta qué punto dependemos como sociedad de las comunicaciones.
Para estudiar, para trabajar, para ver a nuestros afectos.
Para seguir vivos como seres sociales.
Por eso mismo declaró como servicios públicos las comunicaciones móviles (el celular), la internet y la televisión por cable.
Ello importa una regulación en los precios que pagamos por esos servicios.
Servicios que hoy son imprescindibles y que además resultan el vehículo por el cual ejercemos muchísimos de nuestros derechos.
La iniciativa generó revuelo en un sector del “círculo rojo” poco acostumbrado a aceptar regulaciones de cualquier naturaleza.
Y menos aún acostumbrado a no enterarse de lo que decide el Estado antes de que lo decida.
Desde el fracaso económico, la frustración de los acuerdos con el FMI y miles de jinetes del apocalipsis, aparecieron como promesas seguras de lo que vendría de continuar con dicha regulación.
A veces sospecho que el circulo rojo comenzó a ejecutar hace unos meses el plan “disparen contra los Fernández”.
No sé si los dichos de Duhalde son parte de ese plan, y tiendo a creer que no, pero es precisamente en ese contexto donde las poco serias afirmaciones del ex Presidente encontraron terreno fértil para crecer y multiplicarse.
Aun sin fundamentos, aun sin razones.
Cristina Vázquez se suicidó esta semana.
Porque las víctimas del ejercicio irrazonable e irracional del poder por fuera de las reglas y principios que pretenden regularlo a veces no sobreviven a ese daño que nadie repara.
Le pasó a Cristina y debería hacernos reflexionar, acerca de cuánto daños estamos dispuestos a tolerar como sociedad.
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