martes, 29 de diciembre de 2020

DESPUÉS DE LAS FIESTAS, de Julio Cortázar

Y cuando todo el mundo se iba,
y nos quedábamos los dos
entre vasos vacíos y ceniceros sucios,
qué hermoso era saber que estabas
ahí como un remanso,
sola conmigo al borde de la noche,
y que durabas.

Eras más que el tiempo,
eras la que no se iba,
porque una misma almohada
y una misma tibieza,
iba a llamarnos otra vez
a despertar al nuevo día,
juntos, riendo, despeinados.

lunes, 28 de diciembre de 2020

SON 120 AÑOS DE OLIGARQUÍA, ESTÚPIDO, de ARGENHOY - 27/12/2020

Financial Times señala la concentración de tierras en pocas manos como gran problema argentino


El Financial Times llegó a la conclusión de que “el problema de Argentina no fueron los ‘70 años de peronismo» sino los «120 años de oligarquía».
La frase es de Alan Beattie, ex economista del Bank of England y hoy editorialista del prestigioso periódico inglés.

En su libro Falsa economía: una sorprendente historia económica del mundo, Beattie se pregunta por qué Argentina no fue Estados Unidos y su respuesta es simple: mientras Estados Unidos repartió la tierra en parcelas pequeñas, Argentina se la dio a unas pocas familias.

Estados Unidos favoreció a colonos usurpadores, Argentina a terratenientes”.
El resultado inmediato fue que mientras en Estados Unidos la poca tierra obligaba a innovación para optimizar y mejorar ganancias, al latifundio argentino le alcanzaba con vacas, ovejas y alambre de púa.

Las economías rara vez se hacen ricas solo con agricultura, Gran Bretaña había mostrado el camino: industrialización”.
Pero las élites argentinas rechazaron la industrialización, para seguir mamando de la teta de la explotación agropecuaria latifundista.

Entre 1880 y 1914 el sistema político norteamericano se adecuó dinámicamente a los cambios y las demandas de su población. El sistema argentino permaneció obstinadamente dominado por una minoría autocomplaciente”, destacó.

Dice Beattie que Estados Unidos hubiese sido como Argentina si el Sur racista confederado hubiese ganado la Guerra Civil.

Al final de la Primera Guerra, las exportaciones de granos y carne cayeron. Al final de los 1920´s las exportaciones ya eran 2/3 menos.
Estados Unidos ya había comenzado un proceso de recambio económico.
Las elites argentinas la rechazaron.

Estados Unidos había comenzado su recambio económico con industrialización, y al final de la Primera Guerra invirtió ahorros propios en quedarse con industria europea (sin recursos después de la guerra) y se posicionó como potencia mundial.
La Argentina oligárquica desapareció del mundo.

Además de haber invertido sus primeros años de bonanza en un recambio industrial y usar esos recursos para adueñarse de la industria del mundo destruida por la guerra, Estados Unidos ya era una economía de escala.
Argentina no fue nada de eso.

Lo dice un economista liberal del Financial Times, nada cerca del “populismo”, sino todo lo contrario.

MENOS MAGIA Y MÁS JUSTICIA, de Graciana Peñafort - 27/12/2020

Propuestas de cambios importantes, después de tener la vida en suspenso muchos meses


Los ojos del sobremundo (The Eyes of The Overworld, 1966) es el título de la segunda parte de una saga de Jack Vance sobre un mundo cuya ciencia está en fase de extinción - el sol se está apagando - y por eso la magia domina sobre la ciencia.
El recurso mágico es administrado por los pocos que saben cómo usarlo. De hecho Cugel, el protagonista, pronuncia mal un conjuro y sufrirá las consecuencias de su error.

Vance es un maravilloso escritor de ciencia ficción.
Algunos lo detestan por su estilo, pero a mí me encanta.
No encontrarán en los textos de Vance bellas metáforas al estilo de Bradbury.
Hay quienes tildan el modo de relatar de Vance de poco sofisticado, y hasta de ingenuo.
Pero lo que yo encontré allí fueron relatos de acción y personajes ambiguos que me hicieron reír mucho. De hecho, Cugel es un sujeto bastante poco heroico.
Un pícaro que miente con facilidad pasmosa y resulta bastante amigo de lo ajeno, entre otras cuestiones.
Alguien que se siente superior al resto de sus congéneres.
Un ventajero, un deshonesto, un tramposo.
Conocí a varios así durante mi vida. Aún tengo a uno de ellos agendado como Cugel en el celular.

Nota al margen: algún día debería dejar de agendar números con nombres de canciones, con personajes de libros o de TV, pero es un chiste particular que me divierte.
La única modificación que hice en mucho tiempo fue agendar el número de mis papas como Familia.
Durante años los tuve agendados como Los Locos Addams, pero alguien me hizo la observación de que, si perdía el celular o me pasaba algo, saber a quién llamar sería imposible para cualquiera que quisiera ayudar en esa circunstancia.


Volvamos a Cugel en Los ojos del sobremundo.
En una de las historias, después de haberse metido en líos como de costumbre, Cugel es enviado por un mago a una tierra distante - Cutz -  con una misión.
Para garantizar la dudosa lealtad de Cugel, el mago apela a una entidad alienígena llena de garras, púas, dientes y garfios que queda alojada en el hígado del protagonista.
Podríamos decir que Iucounu, el mago sonriente, era cuanto menos precavido.

En Cutz hay dos pueblos.
Grodz, conformado por laboriosos campesinos que trabajan con una sola expectativa, ser promovidos como miembros del otro pueblo -  Smolod - que tiene derecho a usar Ojos, unos lentes color violeta que hacen que quien los use vea todo maravilloso.
Una choza se ve como un palacio fastuoso, una sopa de avena como un festín.
Cugel opina sobre quienes tienen “ojos” que “no se comportaban como los hediondos simplones que eran, sino con una notable dignidad y una altanería que rozaba a veces la arrogancia».

Curiosamente, ninguno de los poseedores de “ojos” está dispuesto a entregárselo a Cugel.
De hecho insisten que se sume a una lista de espera y haga lo que hace falta para poder acceder a uno de esos “ojos”. 
Meritocracia al palo.


Jack Vance.

Pensando en los hechos de estas semanas, me pareció que, en este mundo donde aún brilla el sol, además de haber muchos Cugel, hay muchos portadores de “ojos” y aspirantes a serlo.

Algunos con lentillas violetas viven en despachos de Tribunales.
Aunque desde su perspectiva son lugares lujosos y llenos de fastos y oropeles, cuando los mirás sin lentes de color no se ve más que un museo de miserias humanas.

Hace apenas unos días un tribunal oral absolvió a Telleldín por su presunta participación en el atentado a la AMIA.
Palabras más, palabras menos, dijeron los jueces que no está comprobado que la camioneta que vendió Telleldín haya sido la que se utilizó en el atentado.
Absuelto por falta de pruebasComo casi todo en la causa AMIA.
Todo lo que pasó por manos del juez Galeano no hizo otra cosa que garantizar que jamás sepamos la verdad sobre ese atentado y sus responsables.

Me llamó la atención que las asociaciones que responden a la comunidad judía protestasen airadas y dijesen que iban a apelar la sentencia.
Los mismos que celebraron la absolución del entonces presidente de la DAIA, Ruben Beraja, acusado de haber formado parte de las tratativas para pagar 400.000 dólares para que el mismo Telledin diese falso testimonio destinado a desviar la investigación sobre el atentado.
Pero ni la DAIA ni la AMIA lo acusaron.
Lo que es más, DAIA y AMIA hicieron pública su “disconformidad por los delitos de peculado y privación ilegítima de la libertad que el Tribunal le atribuyó al ex juez Juan José Galeano, por considerar que no fueron probados durante el juicio”.

El mismísimo Cugel se avergonzaría de las maniobras que rodean a la causa AMIA, con tanto de política como tan poco de Justicia y de Verdad.

Pero, ¿saben qué?
Todo lo que se vincula a la causa de los atentados a AMIA y Embajada de Israel muestra lo que está mal en el Poder Judicial argentino y por qué es tan necesario modificarlo.

El Atentado a la Embajada de Israel es competencia originaria de la Corte Suprema.
Hace un par de años recuerdo a Ricardo Lorenzetti, entonces presidente de la Corte, diciendo pomposo que la Corte Suprema había hecho cosa juzgada sobre el atentado a la Embajada.
En aquella oportunidad fui a buscar lo que había resuelto la Corte Suprema sobre el hecho.
En el año 1999 la Corte determinó la que los muertos habían sido 22 y no 29 como se decía hasta entonces.
El atentado sucedió en 1992.

También, y esto no es menor, la Corte Suprema determinó que… había habido un atentado...
Miren qué importantes serán los supremos, que sin ellos no sabríamos qué es lo que vemos.

En 2006, la Corte Suprema dijo:
Incluso desde la doctrina que considera la prescripción materia que corresponde declarar de oficio, tampoco es viable en el estado de autos, toda vez que para ello sería menester descartar que el hecho constituya un delito de naturaleza imprescriptible, lo que hasta el presente y conforme a las constancias de la causa no es admisible”.
Léase que, conforme las constancias, la Corte Suprema cree estar frente a un atentado.

De cómo sucedió, la Corte Suprema señaló alternativamente que se debió a un coche bomba, que lo causó un explosivo dentro de la propia embajada y - de nuevo - que fue un coche bomba.
Tampoco pudieron determinar cuál fue el explosivo que se usó y por cierto NO dieron con una sola prueba sobre sus responsables.

Lo que no van a ver en el caso del Atentado a la Embajada de Israel es a los dirigentes comunitarios reclamando por la falta de actividad del expediente sobre esa investigación.
La página de la Corte Suprema informa que el ultimo movimiento de la causa en la Corte Suprema es del 8 de julio de 2014.
Es decir, 8 meses antes de que Lorenzetti la usara de ejemplo en su discurso de apertura del año judicial 2015 - vaya uno a saber ejemplo de qué, porque la aclaración posterior que debió publicar la Corte Suprema ante la gaffe mayúscula de su entonces presidente no aclaró nada -.


Cada vez que pienso en ambas causas, tanto la de la Embajada de Israel como la de la AMIA, reflexiono sobre la inutilidad de nuestro sistema judicial para procurar a los ciudadanos de este país algo que siquiera se aproxime a la Justicia.
Cada tanto aparece una sentencia que parece aspirar, casi simbólicamente, a resolver las cosas.

En diciembre del año pasado, la Corte Suprema absolvió a dos chicas misioneras condenadas sin pruebas por un homicidio.
Antes de dictar esa sentencia, las chicas pasaron más de 14 y más de 11 años presas.
Cristina Vázquez. una de ellas, terminó suicidándose a mediados de este año.
Nadie se preguntó quién debía hacerse responsable por esos años en prisión.

Con la llegada de las vacunas contra el Covid empieza a cerrarse este año tan tremendo, donde mantenerse vivo y sano fue el principal desafío del mundo y de nuestro país.
Se abre entonces la hora de pensar y llevar adelante los cambios estructurales que necesita nuestra sociedad.
Se están pensando y empujando propuestas de cambios importantes, después de tener la vida en suspenso muchos meses.

No nos olvidemos ahora de los problemas que acarrea tener un mal Poder Judicial.
Sé que el 2021 es año electoral y lo digo precisamente por eso.
Para no olvidar que, en el fragor de las disputas electorales, no se puede perder la perspectiva de para qué se dan esas discusiones políticas.
Aprendí con los años que, cuando se pierde esa perspectiva, casi siempre se pierden además las elecciones.

CAE EL CASTILLO DE NAIPES, de Bárbara Komarovsky - 27/12/2020

Los testigos de la causa “Vialidad” echan por tierra la acusación montada por el macrismo


Audiencia presencial del juicio por la causa “Vialidad”, antes de la pandemia. Foto: CIJ.

“Felicidades y felices fiestas a todos”, saludó el presidente del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini minutos después de las 10 del martes 22 de diciembre, para dar por terminada la última audiencia del año del juicio oral por la obra pública, que se reiniciará el 8 de febrero.
Veinte minutos antes había comenzado a declarar Gabriela Esther Prpic, la única testigo convocada para la jornada, quien a la mayoría de las preguntas respondió que no recordaba, no sabía o no había visto.

Prpic contó que ingresó a Vialidad Nacional en 2008; fue secretaria y auditora. Actualmente se desempeña en el área administrativa contable como junior.

Ante la consulta del fiscal Sergio Mola, que integra el equipo del Ministerio Público junto a su colega Diego Luciani, confirmó que a comienzos del 2016 participó en la auditoría en el “distrito 23” (Santa Cruz) aunque aclaró que no viajó sino que trabajó con información que le proveyeron.

Sus tareas consistieron en verificar el pago por parte de la empresa constructora del impuesto a las ganancias, los aportes al Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS), los pagos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la observación de las planillas de personal. 

Soy auditora junior, del escalafón más bajo”, enfatizó Prpic, y ésa fue la lógica que buscó imprimir a toda su declaración.

Cuando le preguntaron si había participado en la redacción del informe final de Santa Cruz dijo que no recordaba ese en particular pero sí que había participado en el armado de “varios” informes a lo largo de su carrera.
Aseguró que no recordaba el resultado de la auditoría.

El representante de la Unidad de Información Financiera (UIF) le preguntó si recordaba “consideraciones del informe señaladas por sus compañeros”. 
No, particularmente no. Al ser junior veo lo más bajo.
Si yo detecto alguna diferencia en el cálculo de impuesto o error en los códigos de las planillas de asistencia lo comunico y ahí se estudia.
De la contratación no vi nada que me llamara la atención”, aseguró la testigo.

Prpic también declaró bajo juramento que nadie le pidió que beneficiara a Lázaro Báez o al grupo Austral.
Su declaración tomó poco más de 20 minutos.
Una vez que se retiró del Tribunal y antes de los saludos de rigor y los deseos mutuos de felices fiestas, el TOF-2 anunció que en la próxima audiencia, pautada para la primera semana de febrero tras la feria judicial, están convocados Omar Riveros y José Durante, quienes suscribieron el informe definitivo 3/201 de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), y Jésica Caballero, testigo propuesta por la fiscalía.

Entre los más de 150 testigos previstos (entre los que ya prestaron testimonio y los que no) la defensa de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió que declaren todos los funcionarios que ocuparon la jefatura de gabinete entre 2003 y 2015: Carlos Zaninni, Sergio Massa, Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina, Aníbal Fernández e incluso el Presidente Alberto Fernández.

Asimismo, la titular del Senado (imputada en la causa) pidió que declaren los popes de las empresas constructoras de la Argentina: Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción y propietario de ESUCO; Silvio Mion, titular de EKIMAC; Enrique Eskenazi en su calidad de titular de Petersen y Thiele & Cruz; Eduardo Eurnekian, dueño de Helport y Ángel Antonio Calcaterra, titular de IECSA y primo del ex Presidente Mauricio Macri, bajo cuya gestión se inició y promovió esta causa.

La declaración de Prpic en la audiencia del martes 22 continuó en la línea de lo señalado por los últimos testigos, que echan por tierra la acusación montada por el macrismo - que se caracterizó por la espectacularidad y el show que buscó en las denuncias judiciales que impulsó durante sus cuatro años al frente del Gobierno, con detenciones en plena madrugada y otras estridencias - sobre los sobreprecios.

A mediados de diciembre había declarado el ingeniero Justo Pastor Romero, designado por el ex titular de Vialidad, Javier Iguacel, para realizar la auditoría sobre las rutas construidas en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
El profesional, que firmó el documento junto a otro ingeniero y un contador, afirmó que la diferencia entre lo hecho y lo pagado fue del 0,06%.
Las obras se hicieron a valores normales e incluso una parte se hizo por debajo de los valores que se utilizaron en otras jurisdicciones del país”, dijo.

El fiscal Luciani se quejó en esa audiencia porque sostuvo que las defensas habían preparado a los testigos.
Esto dio lugar a una serie de respuestas de los abogados, que rechazaron de plano esa acusación.
Uno de ellos señaló a El Cohete a la Luna que “la causa Vialidad tiene un enorme contenido político”.
El fiscal (Luciani) compró una historia y no le interesa la verdad. Comete errores de principiante: se la pasa diciendo que tal o cual testigo es parcial o imparcial”.

Incluso en esa audiencia, según reconstruyó el abogado, el fiscal cortó en seco al testigo cuando le disgustó su respuesta sobre los presuntos sobreprecios.
A la consulta sobre si había habido sobreprecios el testigo respondió: “Según de qué se hable cuando se habla de sobreprecio”.
Y lo cortó. No más preguntas, señor juez.

Otra particularidad de este juicio es que la fiscalía viene desistiendo a la mayoría de los más de 150 testigos previstos.
Para la audiencia del martes 22, por caso, había tres testigos citados originalmente - además de Prpic - que a último momento el Ministerio Público Fiscal desistió.

El abogado consultado por este medio, que prefirió mantener el anonimato, explicó que en relación con quien propone los testigos hay dos corrientes.
La más fuerte se inclina porque el testigo forma parte de la comunidad probatoria.
Y este tribunal tiene una posición expectante: cuando los fiscales desisten de un testigo, el Tribunal se reserva el derecho de volver a convocarlo”, precisó.


La última audiencia, virtual, el 22 de diciembre.

Historia

El juicio por la causa “Vialidad” comenzó en mayo de 2019, tres días después del lanzamiento de la fórmula Fernández-Fernández para la contienda electoral de octubre, en la que se impuso por casi 48% en primera vuelta.
Ese día el macrismo consiguió la foto que tanto añoraba: Cristina sentada en el banquillo de los acusados.
A la ex Presidenta y actual Vice la rodearon referentes de los organismos de Derechos Humanos: la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y Taty Almeida, de Madres Línea Fundadora.
También estuvieron ese día en Comodoro Py Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, el secretario general de la CTA y actual diputado del Frente de Todos, Hugo Yasky, y los nietos recuperados Victoria Montenegro y Horario Pietragalla, entre otros.

Además de CFK, acusada de liderar la asociación ilícita, están imputados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas, José Francisco López, el ex administrador de Vialidad Nelson Periotti, el primo de Néstor Kirchner, Carlos Santiago Kirchner, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, el empresario y ex titular de Austral Construcciones Lázaro Báez y los ex miembros de Vialidad Mauricio Collareda, Héctor René Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Raúl Daruich y José Santibáñez.

La causa comenzó con una denuncia de Iguacel, el interventor designado por Macri y actual intendente por Juntos por el Cambio de Capitán Sarmiento, un partido bonaerense ubicado a unos 150 kilómetros al norte de la Capital.
Formado en ingeniería en petróleo en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), Iguacel tuvo un breve paso por YPF pero - según el sitio Chequeado - renunció en 1999 cuando se anunció la venta a la española Repsol.
A partir de entonces y hasta 2015 trabajó para las compañías Pecom Energía y Pluspetrol.

Luego se volcó a la función pública de la mano del ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich.

Tras su paso por Vialidad, que le garantizó una presencia constante en los medios, en junio de 2018 - en medio de un cambio en el gabinete impulsado por una corrida cambiaria - Iguacel reemplazó a Juan José Aranguren como ministro de Energía y Minería, cargo al que renunció en diciembre de ese año.

La primera resolución de Iguacel, a pocas horas de asumir al frente de la DNV, fue ordenar una auditoría de lo construido, pero en una sola provincia, Santa Cruz, el “distrito 23” según la denominación interna del organismo, y acotada al período 2003 - 2015.
La causa la instruyó el juez federal Julián Ercolini.
Los denunciantes afirmaban que, de 88 obras llevadas a cabo en Santa Cruz, 51 se contrataron por un monto de 46.000 millones de pesos con empresas relacionadas con Báez.


Torcer el rumbo

El juicio tuvo un parate a partir de marzo por la cuarentena y se reanudó a mediados de año por Zoom.

En los últimos meses el tribunal recibió una serie de declaraciones que dieron un vuelco al planteo de los denunciantes y la fiscalía sobre las supuestas irregularidades.
Uno de esos testimonios fue el de la ex jefa del servicio jurídico del distrito Río Gallegos de Vialidad, Laura Hindie, quien declaró en octubre y dio cuenta de las prácticas de los funcionarios macristas en el organismo.

La abogada manifestó ante el TOF-2 que, a poco de asumir, Iguacel llegó a su oficina con Ricardo Stoddart, ex jefe de Jurídicos “a bordo de un patrullero de la Federal”.
Al ingresar se presentaron como las nuevas autoridades y le dieron un documento para que firmara.
Le soy sincera, no corroboré nada y firmé”, reconoció ante los jueces.
Era un documento vinculado a un conflicto laboral.

Pocos días después de Hindie declaró el contador Marcelo Bianchi, ex jefe de Auditoría y otro de los firmantes de la auditoría encargada por Iguacel.
Todas las obras estaban dentro del rango del 20% del presupuesto oficial”, afirmó.

El profesional advirtió sobre la premura que debió imprimir al informe (le dieron 15 días para terminarlo) y señaló que las obras estaban y no hubo incumplimientos por parte de la empresa constructora. Bianchi, junto con Pastor e Hindie, había sido convocado por todas las partes: la fiscalía, la UIF, la Oficina Anticorrupción y la defensa de Lázaro Báez.
En su declaración rechazó que se hubiera pagado por trabajos no realizados y señaló que “es habitual” que haya demoras en las obras, un argumento que los denunciantes repitieron hasta el infinito.

CFK declaró en este juicio a comienzos de diciembre de 2019.
Durante más de dos horas acusó al TOF-2 de incurrir en lawfare, al que definió como “la articulación del Poder Judicial para perseguir a líderes políticos de gobiernos que tuvieron lugar en las últimas décadas en la región”.
También se sentaron frente al Tribunal los denunciantes Juan Carlos Morán, Margarita Stolbizer, su ex asesora Silvina Martínez, Fernando Sánchez y la diputada de la Coalición Cívica Mariana Zuvic.

El abogado consultado por El Cohete aseveró que el juicio podría extenderse por un año más.


Otras causas contra CFK

Tras el receso de verano, el TOF-4 tiene previsto dictar sentencia el 10 de febrero en el juicio por lavado de dinero contra Lázaro Báez.
Si bien Cristina no está imputada, los medios masivos la asocian en forma permanente al empresario patagónico.

Por otro lado, para el año que viene el TOF-8 podría fijar la fecha de inicio del juicio contra CFK por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, que acusó a la ex Presidenta de querer encubrir a los imputados por el atentado a la AMIA con la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.
Por ahora lo único cierto es que distintas instancias judiciales confirmaron la inexistencia de delito.

La única novedad concreta en cuanto a esta causa es que el 16 de diciembre los jueces le pidieron a Interpol que permita la declaración de su ex titular Ronald Noble, quien se cansó de repetir que la Argentina jamás le pidió levantar las alertas rojas contra los ciudadanos iraníes imputados por la Justicia argentina.
Noble nunca pudo declarar en sede judicial.

A su vez, esta semana Clarín publicó que “en el segundo semestre del próximo año, signado por las elecciones legislativas, el TOF-5 podría iniciar el juicio en los casos Hotesur y Los Sauces, que conducirán por primera vez a un debate oral a los hijos de la Vicepresidenta, Máximo y Florencia Kirchner”.

Esto explica en parte los pronunciamientos de Cristina sobre el funcionamiento del Poder Judicial.

LA LÓGICA DEL PODER Y EL ESTADO, de Horacio Rovelli - 27/12/2020

Sólo el Estado puede poner en caja a la Santa Alianza de agroexportadores y bancos


Antonio Gramsci - que pasó diez años en la cárcel, la dejó el 21 de abril de 1937 y murió en el hospital seis días más tarde, de hemorragia cerebral, a los 46 años - sostenía que el poder ha sido y sigue siendo la fuerza principal que estructura el orden social.

Toda relación de poder necesita el consentimiento del dominado, que en alguna medida consciente acepta los valores y las posiciones del dominante (hegemonía).

De hecho, el proceso productivo se ejerce en los ámbitos de la sociedad bajo la tutela del Estado.
La sociedad otorga a la propiedad privada y sus poseedores autoridad sobre la población y su vida cotidiana, “un poder que el Estado hace respetar y que muchos Estados tiránicos antiguos habrían envidiado”.

Pero para esto se debe definir dónde se sitúa el poder, en qué sector de la sociedad se concentran las decisiones fundamentales y ese es el centro de la discusión en este país que queda el sur de América. 

Fue planteado por la Vicepresidenta de la República en su discurso en la ciudad de La Plata el 17 de diciembre de 2020.
O se crece para adentro y nos beneficiamos todos, o nos subordinamos a las demandas del exterior y con ello se excluye a dos tercios de la población.

En la Argentina actual es claro que hay un sector predominante que es el agro industrial exportador y los principales bancos privados, que han tejido una alianza entre ellos y les permite ganar fortunas, mientras la mayor parte del país sufre el descenso del nivel de actividad y de su vida.

Esa sociedad de banqueros y agroexportadores queda encubierta por una parafernalia de instrumentos como los medios de comunicación, la educación, la religión, que penetran en los valores de la sociedad toda, de las familias y de las personas, no permitiendo que cada uno desarrolle el innato sentido de pensar por sí mismo y en procura de mejorar su vida y la de los suyos.

Juan Perón decía: 
Nadie se puede realizar en una sociedad que no se realiza” y se refería al pueblo argentino, no a los que se integran al mundo desatendiéndose de la mayoría de la población, sirviéndose de la valorización de su capital.


Un camino trazado

En nuestro país desde la dictadura militar se armó toda la legislación con el fin de valorizar financieramente el capital, conformada por estas leyes:
  • 21.382 de inversiones extranjeras (que prácticamente le confiere al extranjero los mismos derechos que a los inversores nacionales);
  • 21.495 sobre desnacionalización y descentralización de los depósitos;
  • 21.526 que estableció el nuevo régimen legal de las entidades financieras;
  • 21.572 de creación de la cuenta Regulación Monetaria (de esa manera el BCRA remuneraba los depósitos en cuenta corriente a los bancos);
  • 21.364, 21.547 y 21.571, que modificaban la Carta Orgánica del BCRA, pero como no era suficiente, en el año 1992 Domingo Cavallo mediante la ley 24.144, profundizó la apertura confiriéndole al BCRA el poder de comprar dólares al Tesoro de la Nación (divisas que el Estado nacional consigue esencialmente por endeudamiento) y, a su vez, que sean los bancos los únicos que le pueden comprar esos dólares al BCRA.
Públicamente se sostenía (y los bancos lo siguen sosteniendo, ahora solapadamente) que había que liberar el sistema para que por sí solo se expanda y asigne el ahorro de la población a los sectores más rentables, atribuyéndoles a los bancos esa capacidad que solo puede tener un Estado.
El resultado no pudo haber sido peor, con un PIB (Producto Bruto Interno, la cantidad de bienes y servicios finales que produce el país) en 2020 similar en dólares constantes al de 1974 (y con veinte millones más de habitantes).

En aquella época existían más de 800 entidades financieras distribuidas en todo el país, mayoritariamente cajas de crédito y sociedades cooperativas, el total del préstamos al sector privado sobre el PIB fue del 43,55% y, la Argentina era la nación más integrada del continente, donde menor diferencia había entre un pobre (y una familia pobre) y un rico (y su familia); la tasa de desocupación abierta era del 4% y la pobreza era del 6%.
Uno de los pilares de esa redistribución progresiva del ingreso era que el crédito se volcaba esencialmente a la producción y al consumo popular.

En el año 2020 quedaron en pie 65 entidades financieras (solo 13 son públicas de la Nación o de las provincias, incluido el Banco Municipal de Rosario) y el crédito total al sector privado es solo el 11,15% del PIB (y principalmente destinado al consumo o asimilables al consumo, tarjeta de crédito y préstamos personales, no a la inversión en máquinas y equipos) y, el resultado no puede ser otro que la pobreza supere al 40% de la población alcanzando a más de veinte millones de personas, con el agravante de que el 60% de los niños de la Argentina son pobres.

Mientras el PIB argentino desciende un 10,5%en el año 2020, los once primeros bancos privados tuvieron tasas positivas de ganancia, que básicamente consiguen tomando depósitos del público y prestándoselo en LELIQs (letras de Liquidez) al BCRA.
Los intereses que perciben los bancos por ello están en torno a los 70.000 millones de pesos por mes.

Aunque se espera que, por la fuerte emisión monetaria de diciembre de 2020, el BCRA tendrá que salir a absorber más pesos no bien comience el año 2021, por ende, el stock de pasivos remunerados (prestamos de los bancos al BCRA) crecerá y también sus intereses. Todo bajo la lógica pura de subir los intereses para que no suba el precio del dólar, como si no hubiera otras variantes fundamentales y más importantes que esa lógica financiera que solo genera ganancia a los sectores beneficiados, y pobreza y exclusión a la mayoría de la sociedad.

El dinero y su ahorro provienen del circuito productivo argentino y no puede ser apropiado por los bancos privados y que sean ellos los que determinen en qué se emplea, que las más de las veces es para obtención de renta de muy corto plazo en lugar de apuntalar planes de inversión, por eso las LELIQs (que son letras de liquidez que coloca el BCRA en los bancos) son a siete días, los depósitos en su mayor parte se renuevan cada 30 días y la renovación de las líneas de crédito es cada seis meses.

Continuar con el concepto de banca universal de la ley 21.526 va en desmedro de constituir la necesaria banca de inversión que fondee planes de mediano y largo plazo.
El sistema financiero debe tener un piso de crédito para pymes y se debe desalentar la compra y venta de dólares y de activos financieros como forma de aumentar ingresos.
Y las LELIQs se deben emplear para constituir un activo consolidado de un año y prestar desde allí a la producción y a obras de infraestructura tanto pública como privada.

Por otra parte, las relaciones de nuestro país con el exterior nos demuestran que no hay un problema de restricción externa clásico, esto es, no necesitamos que crezcan las exportaciones para que la economía lo haga en forma sostenida y compatible con la balanza comercial.
De hecho desde el año 2003 hasta los últimos datos oficiales a octubre de 2020 se acumuló un superávit comercial total (las exportaciones superaron a las importaciones) en 156.355 millones de dólares, que es una suma significativa en cualquier lugar del mundo.

El problema real es que la legislación financiera y cambiaria heredada de la dictadura de Videla, del menemismo y del macrismo, permitió que las empresas pagaran supuestas deudas externas e importaran en forma anticipada mercaderías comprándole dólares al BCRA al precio oficial; más el hecho de que los exportadores y los bancos tardan en ingresar las divisas de las operaciones, demostrando que hasta octubre de 2020 en el MULC (Mercado Único Libre de Cambio), habían ingresado 5.049 millones de dólares menos que lo registrado por las Aduanas y el INDEC en la Balanza de Pagos.
El INDEC contabiliza exportaciones por 46.556 millones de dólares pero el MULC percibe solamente 41.507 millones.

Existe doble contabilidad y triangulaciones en el comercio exterior, los exportadores subfacturan sus ventas y los importadores sobrefacturan sus compras (precio de transferencia pagan más por los insumos que traen de sus casas matrices, y siempre hacen depender su producción de esos insumos) y los que lo instrumentan son los bancos, mediante las cartas de crédito o las letras de cambio

El mismo BCRA en mayo de 2020 presentó un trabajo donde demuestra que en los cuatro años de gestión de Cambiemos se fugaron 86.200 millones de dólares y que los cien primeros compradores lo hicieron por 24.679 millones de dólares.
Nunca se comunicó quiénes eran, pero es fácil deducir que son los mismos que no quieren pagar el aporte solidario a una Administración Pública que enfrentó la pandemia sola de soledad absoluta, gracias al heroísmo de los médicos y paramédicos de los distintos hospitales y programas de salud, muchos de los cuales pagaron con su vida.
Un porcentaje importante se infectó con el Covid y todos trabajaron horas y horas poniendo en riesgo incluso a su familia en cumplimiento del deber y cobrando sueldos miserables.

Por eso en una parte de su discurso en el Estadio Diego A. Maradona de La Plata, el 17 de diciembre de 2020, Cristina Fernández de Kirchner sostuvo: 
No estoy diciendo nada que no se pueda hacer: doce años y medio lo hicimos en la República Argentina, y por eso, además de por la unidad, volvimos.
No nos olvidemos de esto, porque si uno no sabe cómo llegó es probable que no sepa tampoco cómo ir”.

Y esa es la verdad, se llega al gobierno para la “felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación” y no para que se beneficie una minoría rentística que no genera trabajo y pretende ajustar costos vía reducción de salarios.

El camino debe ser exactamente el inverso: propiciar el crédito, los subsidios y todo mecanismo de apalancamiento para fortalecer el mercado interno, base del crecimiento sostenido como lo demostró el kirchnerismo y todos los gobiernos nacionales y populares que así lo hicieron.

Solo dos caminos: o se subordina al complejo agro - industrial y grandes bancos, o se defiende el mercado interno y con ello el empleo y la producción argentina.

A LOS DESEOS PARA 2021, de Ricardo Aroskind - 27/12/2020

La Justicia no sirve al gobierno de turno sino al poder permanente de las corporaciones


Will Crawford, revista Puck

La llegada de las primeras dosis de vacuna contra el Covid del Instituto Gamaleya es sin duda una de las mejores noticias que hemos tenido en este año que finaliza.

Si los plazos de vacunación previstos por el gobierno nacional se cumplen, se avanzará en el primer semestre del año próximo en la protección de una parte significativa de la población, poniendo claramente en retroceso los peligros que la pandemia trajo a nuestro país.
Mientras este grave problema va ingresando en un cono de sombra, se hacen evidentes las tensiones que nos esperan en el terreno de la economía y de las políticas públicas en el año que está por comenzar.

Si existiera algo así como un árbol de Navidad nacional, unos estarían esperando que al abrir el regalo que les tocó para 2021 aparezcan mejoras en sus ingresos, en el empleo, en sus condiciones de subsistencia y en las posibilidades de progreso en la vida.
Pero otros querrían encontrar que volvimos mágicamente al 9 de diciembre de 2019, y que se prolongan en el tiempo los logros del macrismo en materia de caídas salariales generalizadas, altísimas tasas de rentabilidad empresarial promovidas por la regulación gubernamental, un Estado absolutamente condicionado por sus acreedores externos e internos y la profundización de la persecución judicial contra el único espacio opositor real que tuvo ese proyecto de regresión social.


Los deseos de La Nación

El comentarista Carlos Pagni, el día 24 de diciembre, publicó en la tribuna de doctrina una nota que tituló “Cristina Kirchner se aleja de un acuerdo con el FMI por razones políticas”, en el que básicamente sostiene que CFK se opondría a determinadas demandas del FMI - fuerte aumento de las tarifas públicas, por ejemplo - por razones electorales, pero que aplicar en cambio lo que propondría la Vicepresidente también llevaría a otros graves deterioros económicos, con lo cual el gobierno estaría, de una forma u otra, ya condenado al fracaso.

El artículo está construido sobre una gran cantidad de falacias, característica de la mirada promovida por ese medio y su sector social de referencia, que se reflejan en algunos párrafos dignos de estudio.

Hoy el Banco Central no tiene más que 1.100 millones de dólares para intervenir en el mercado.
En un año se perdieron 10.000 millones.
El drenaje se debe a una expectativa devaluatoria muy justificada.
El público huye del peso al advertir los enormes niveles de emisión a los que obliga un déficit fiscal abultadísimo, que no es susceptible de ser financiado de otro modo.
Quiere decir que existe un puente directo entre la dimensión del déficit fiscal y la caída de reservas”, sostiene Pagni.

Aparecen aquí varios tópicos característicos del paradigma ideológico neoliberal.

Primero la referencia a un abstracto “público”, en vez de identificar los actores reales que operan en el mercado de cambios.
Ese falso “público” sería en el universo pagnista un mundo constituido por millones de pequeños ahorristas que protagonizan los avatares del dólar.
No existen las grandes empresas exportadoras, ni importadoras, ni los financistas, ni las mesas de dinero, ni los operadores bursátiles, ni los especuladores.
Sólo un público puro, independiente, que adhiere naturalmente a la teoría cuantitativa del dinero, que establece una relación mecánica entre la cantidad de dinero circulante y el nivel de la inflación.
Teoría a la que adhiere espontáneamente el público, que está muy bien informado y conoce a fondo la teoría económica.
Este conglomerado de sujetos apolíticos se levanta a la mañana y, mientras lee La Nación, averigua cuál es la emisión monetaria del gobierno, forma sus expectativas de devaluación, va y remarca precios y compra dólares.

Todo ese mundo ficticio está contrabandeado en un párrafo supuestamente descriptivo de una realidad indiscutible.

Claro, no va a ser precisamente en La Nación donde se publique una descripción realista de cómo y quiénes operan en el mercado de cambios, cómo operan los que manejan el comercio exterior argentino, y cómo este se ha transformado en un instrumento de poder del sector privado para imponerle medidas a los gobiernos. 
Tampoco cómo operan los que trabajan desde los medios de comunicación para generar esas famosas expectativas devaluatorias.

En el mundo que presenta Pagni, no hay ningún poder dominante ni fuertes intereses jugando, sino ciudadanos que reaccionan con racionalidad frente a situaciones económicas que ocurren porque sí.

Dice más adelante: 
Es muy probable que el acuerdo (con el FMI) haya cambiado de significado cuando desde las oficinas de Georgieva (Directora Gerente del FMI) pidieron un pacto con la oposición.
Quiere decir que el contrato con las grandes potencias que dirigen el organismo incluye una intervención en la política doméstica, que para ella (CFK) puede ser intolerable”.

Pagni sostiene que se le pide al Frente de Todos que acuerde con el bastión neoliberal llamado Juntos por el Cambio, como si fuera una cosa natural el arrasamiento de las diferencias políticas necesarias para que exista democracia, y agrega que esa evidente intromisión en las políticas gubernamentales para eliminar toda gota de progreso y de pluralismo, sería “intolerable” sólo para Cristina Kirchner.

Fuera del mérito de CFK de constituir un bastión frente a las presiones del neoliberalismo globalizador, no es cierto que es sólo ella quien tiene problemas con la intromisión externa en el control del rumbo nacional, la derogación de las promesas electorales del gobierno y el vaciamiento de la vida democrática.
Pagni acude al modelo político griego, donde el partido de izquierda Syriza se vio forzado en su momento, por fortísimas amenazas de la Unión Europea, a hacer un gobierno completamente opuesto a sus deseos.

Vale la pena recordar que la Argentina no es Grecia y el FdT no es Syriza.
Y la AEA no es la burguesía alemana.
Por eso apuestan a que el FMI reponga al gobierno argentino en la senda del subdesarrollo y los ayude a bloquear a los nacionales y populares.

Según Pagni, en síntesis, o el gobierno concede al FMI y a otros factores económicos lo que desean en aras de la “racionalidad económica” - lo que lo lleva a la derrota electoral -, o el gobierno fracasa económicamente al rechazar los deseos del FMI y de la elite local, lo que también terminará en un derrumbe electoral por los pésimos resultados económicos que el articulista predice.

Algo de razón tiene Pagni, en el sentido de que si se va a dejar el mercado cambiario así como está - en manos de pocos agentes concentrados -, el sistema impositivo así como está - regresivo y con perforaciones por todos lados -, la provisión de alimentos y otros productos masivos así como está - sometida al arbitrio de formadores de precios oligopólicos -, y el Poder Judicial así como está - aliado político del establishment - todas las cartas las tienen los sectores concentrados para boicotear cualquier intento de mejorar la situación de las mayorías.

Pagni naturaliza esta situación.
¿A quién se le ocurriría cambiar esto, si así es la sociedad y no puede ser de otra forma?
¿O acaso la Argentina no es Grecia?

Con estas reglas de juego, es posible vetar el redistribucionismo moderado que apetece el gobierno y torpedearlo de múltiples formas, excusándose en “mecanismos económicos objetivos”.
Para la derecha que Pagni representa, el FdT debería rendirse a esta realidad, y ofrecerse como un gobierno neoliberal prudente, usando su credenciales peronistas para estafar a las masas.

Pero Pagni parece olvidarse de que este gobierno no cuenta con un activo inmaterial con el que sí cuenta el macrismo, que es el odio anti-k, que le permite lograr que una parte de su base electoral lo vote contra sus propios intereses.
El Frente de Todos no está construido sobre esos mismos cimientos, y lo que deberá ofrecer en 2021 son realidades efectivas, avances ciertos, mejoras tangibles, y no compensaciones psicológicas perversas a una población psicotizada desde los medios.


Los deseos de algunos empresarios optimistas

En su programa Brotes Verdes del 22 de diciembre, Alejandro Bercovich presentó el testimonio de diversos empresarios en relación al panorama económico nacional del año próximo.
Lo novedoso y sorprendente - y lo que muestra también a qué grado insólito de distorsión social hemos arribado -, era que estos empresarios se mostraban optimistas, hablaban de inversión, de crecimiento, de un panorama positivo para sus empresas en 2021, y no se dedicaban a fomentar climas de desestabilización cambiaria o inflacionaria ni a presentar escenarios de ruina apocalíptica por culpa de las políticas del actual gobierno.

Uno de los testimonios presentado fue el de Hugo Dragonetti, CEO de Panedile Construcciones, empresa que junto con capitales alemanes levantará una represa en Neuquén.
El empresario, muy entusiasmado, enumeró una serie de ventajas en materia de costos y tarifas que harían de la Argentina un país muy interesante para la inversión productiva.

Entre los argumentos que desarrolló en función de explicar su optimismo, explicó que buena parte del gasto público se va en el pago de jubilaciones y en sueldos, y consideró alentador que “los sueldos del Estado (en los últimos años) no han seguido la inflación y eso va a provocar un ordenamiento fiscal - que vamos a ver si el Estado logra mantenerlo - que es un factor que va a ayudar a la estabilidad”.

Aparece aquí de vuelta el argumento falso de que la inflación tendría que ver con un gasto excesivo del Estado, y que el mantenimiento del derrumbe en el salario real de los agentes estatales sería un genuino aporte a la consolidación de un escenario positivo para la inversión.

Ese mantra viene siempre acompañado de la creencia de que en el Estado siempre sobra gente, independientemente de las funciones que asuma.
En general es expresión de ignorancia sobre el papel y la relevancia de la función estatal.
Al mismo tiempo es muy interesante ver cómo, implícitamente, se reconoce el valor de la inflación propiciada por el macrismo: bajó los salarios reales de todos los trabajadores, lo que la parte más concentrada del empresariado local considera un acierto económico de primer orden.

Dragonetti le dice al gobierno que el escenario para invertir está bueno, pero que recomponer los salarios públicos sería visto como una señal negativa por los inversores.
Se perderían las “condiciones ideales” para invertir.

Jamás se les ocurre, a gente que demuestra que es capaz de pensar la economía tomando en cuenta variados factores, que la reducción del déficit del Estado podría lograrse mediante una reforma tributaria eficiente y progresiva - eliminando la fuerte evasión y elusión impositiva -, y que los agentes estatales son también consumidores y usuarios de los que dependen las propias ganancias empresarias y la robustez de los ingresos fiscales.


Los deseos de Alberto

El Presidente de la Nación Alberto Fernández dijo las palabras de cierre en el acto “Desafíos para la reconstrucción bonaerense”, realizado en el Estadio Único de La Plata el 18 de diciembre.

Entre otras cuestiones, aludió al espinoso tema del estado del Poder Judicial: 
Algunos piensan que el problema y el malestar con el tema de la Justicia es un tema puntual de alguno de nosotros.
Es un problema conceptual de todos nosotros, que lo que queremos es tener jueces dignos, honestos, probos, que hagan justicia, y no que corran detrás del poder de turno”.

Estas expresiones suenan bien, pero encierran un error conceptual importante, que impide un abordaje profundo del problema.
La cuestión reside en qué se entiende por «poder de turno».
El Presidente parece aludir, con el término “poder de turno”, al gobierno de turno.

Pero si el poder de turno fuera el gobierno de turno, y el Poder Judicial actuara como dijo el Presidente, hoy Vicentin sería una gran empresa pública cumpliendo valiosísimas funciones regulatorias.
Los juicios fabricados contra políticos kirchneristas estarían siendo desmantelados debido a todas sus inconsistencias, y los delitos institucionales ocurridos durante el macrismo estarían atiborrando los estrados judiciales.
Nada de eso pasa.

Creemos que la explicación se puede encontrar en la teoría política implícita en la afirmación presidencial, muy vigente en el mundo del derecho formal, en el sentido común de la sociedad y en la prédica interesada de los medios hegemónicos.

Existe una vieja concepción que proviene del siglo XVIII que sostiene que el «poder» reside exclusivamente en el Estado, en las autoridades políticas, y en nadie más.

Pero existe otra concepción alternativa, más realista y actualizada, que ha tomado nota de que el «poder», en la sociedad contemporánea, está tanto adentro como afuera del Estado, y tiene importantísimas dimensiones económicas, culturales y comunicacionales.

El Presidente parece referirse a la primera concepción cuando dice «el poder de turno».
Se está refiriendo al gobierno que ocasionalmente encabeza la administración del Estado.
Según esa mirada, algunos jueces inescrupulosos se van acomodando frente a cada gobierno - que sería la autoridad suprema -, fallando de acuerdo a las apetencias de los políticos, aunque tengan que pisotear los principios del Derecho, si les hiciera falta para adular a los gobernantes.

Sin embargo, más allá de que siempre se pueden detectar conductas de este tipo, no es ese el problema central hoy.

Ocurre que en el capitalismo del siglo XXI, las grandes corporaciones tienen más poder que nunca sobre los gobiernos, los políticos, los jueces, los medios de comunicación y las imágenes y representaciones que circulan entre la población.

Para descifrar lo que ocurre realmente en las sociedades no sirve pensar en términos de «la ambición de poder de los políticos» y de «los jueces corruptos y acomodaticios» (un enfoque individual y psicologista del problema), sino en las fuerzas profundas que juegan con esos y otros factores para maximizar su poder, derrotar a otras fuerzas antagónicas, y modelar la sociedad de acuerdo a su conveniencia.

Mucho más relevante que hablar «del poder de turno» (lo que da una idea de poder rotativo), es hablar del poder permanente, que no rota porque no está sometido a elecciones democráticas periódicas, sino por afuera y por arriba de las estructuras gubernamentales, condicionándolas y disciplinándolas, cuando no las puede manejar directamente, como se hizo durante la dictadura cívico - militar, en el menemismo y con el macrismo.

Cuando se comprende esta realidad de la existencia de poderes fácticos permanentes, se pueden abordar con mucha más precisión los problemas que tenemos con la Justicia.

Que no son problemas con algunos jueces venales o ineptos, sino con el papel que este sector del Estado ha asumido en defensa del poder permanente, gobierne quien gobierne.

Si el análisis de la situación del Poder Judicial se escinde de cómo ejercen el poder los sectores dominantes del país, se pierde comprensión y profundidad, quedándose en un plano formal muy limitado.

El poder corporativo, estable, permanente, fue defendido ayer por el Poder Judicial allanándose a los requerimientos ilegales del macrismo - entre ellos la persecución judicial de la oposición -, y es defendido hoy, trabándole al gobierno los proyectos progresistas y tratando de quebrar su unidad política.
Le toca a este gobierno de turno tomar nota de esta barrera permanente a la conquista de la democracia real.


Deseos

La sociedad que fue configurando el neoliberalismo global tiene poco que ofrecer a las mayorías, y menos aún en América del Sur.

Sin embargo, las mayorías aparecen agobiadas por las dificultades de su vida cotidiana y por un aparato cultural, ideológico, mediático, de gigantescas proporciones.
Sus reacciones son muchas veces defensivas, vinculadas a situaciones extremas provocadas por las medidas y planes desatinados de la derecha.

El deseo, para 2021, es que las mayorías vuelvan a tener deseos fuertes.
A sentirlos legítimos.
A poder proclamarlos y exigirlos en el escenario público, al menos con la misma energía que emplean las derechas para imponer los propios.

Se trata simplemente del derecho de las mayorías a desear, lo que en algunos lugares del mundo parece casi abatido, pero que en nuestro país reaparece cada tanto, cambiando la historia nacional.

SOIS LA HOSTIA, LA HOSTIA...!, de Arturo Pérez Reverte - 28/12/2020

Llama a la puerta un mensajero, deja su paquete y se marcha.
Y mientras cierra la puerta, Conchi, la señora que trabaja en casa desde hace veintisiete años, me comenta: «Hay que ver qué educados son estos muchachos americanos, ¿verdad? Y lo bien que hablan».
Luego vuelve a sus asuntos y yo me quedo pensando que sí, en efecto. Que en su mayor parte son muy corteses y hablan un español excelente, mejor que el de los nacidos a este lado del Atlántico. 
Aunque luego, al vivir aquí, ya en contacto con la zafia idiosincrasia nacional, se les vaya pasando.

Alguna vez comenté mi admiración por las palabras que un campesino peruano o ecuatoriano dijo en la tele tras un terremoto: «Pues verá, señor, hubo un temblor de tierra espantoso, el techo oscilaba, y agarré a mi familia para ponerlos a salvo y salvar nuestras vidas».
Una situación que, no me cabe duda - y a ustedes tampoco -, un español medio habría resuelto seguramente con: 
«Joder, se lió parda, hubo un terremoto del copón y salimos cagando leches».
Y no digan que exagero.

Hace unos días, una española responsable de no sé qué departamento de sanidad expresaba así su admiración por el trabajo de sus colegas durante la pandemia: 
«Sois la hostia, la hostia. Flipo, flipo, flipo».

Lo comento con mi amiga y editora Pilar Reyes, nacida en Colombia, y dice algo que me deja pensativo: 
«Hay una parte de tradición, de la antigua cortesía y habla de las clases dominantes españolas, que ha sido referencia social durante siglos.
Pero es que, además, en España se es posmoderno, pero en América se es todavía moderno.
La cortesía, el buen hablar, son herramientas prácticas.
Allí, donde hay lugares de una pobreza extrema, aún se cree en ellas para la vida diaria, para mejorar el futuro.
Van en un mismo paquete llamado educación».

Ésa es la palabra que me queda bailando en la cabeza: educación.

Y poco tiene que ver con la posición social.
La educación y sus consecuencias visibles, como la cortesía o el buen hablar, se manifiestan de muchas maneras en Hispanoamérica.
Incluso entre gente humilde, incluso en la violencia.
Y doy fe de ello: en Colombia me quisieron robar hablándome todo el rato de usted; en El Salvador me encañonaron diciéndome hijoputa con extraordinaria cortesía, y en Nicaragua un militar formuló la más extraordinaria amenaza de muerte que me han hecho jamás: «Amigo, no perdamos la dulzura del carácter».

En mi opinión, ese respeto por el lenguaje, y en especial su culto entre las clases humildes de allí, tiene mucho que ver con la esperanza de un futuro mejor.
En lugares donde la pobreza es tan intensa que la movilidad social resulta difícil o casi imposible, la educación en su sentido amplio ha sido, durante siglos, la única posibilidad.

Ahora el narcotráfico ofrece una siniestra vía alternativa, pero subsiste el reflejo de la antigua honrada esperanza: soy pobre y estoy condenado a una vida mísera, pero si mi hijo aprende, habla bien, tal vez su vida sea mejor que la mía.

Así se explica que familias de una indigencia extrema se sacrifiquen para que uno de ellos estudie, salga adelante y ayude a toda la familia a mejorar.
Por eso gente atrozmente pobre se las arregla para que al menos un hijo o una hija vayan al colegio, donde heroicos maestros hacen lo que pueden.
Para que un día los chicos tengan un trabajo digno, o viajen a Estados Unidos, o a España, y vivan mejor de cómo vivieron sus padres y sus abuelos.

Deberíamos recordar eso cada vez que un mensajero con cara de maya o azteca llama a la puerta para dejar un paquete.
Cuando oímos su «buenos días, señor» al entrar en un taxi, un bar o un restaurante.
Cuando una chica con pelo negro y rostro de Malinche dice «¿me regala su pin?» al acercarle la tarjeta de crédito.
No es servilismo ni humildad, sino una visión del mundo más sufrida y noble que la nuestra: la huella del esfuerzo y sacrificio de quienes los educaron para que su futuro fuese diferente.
Ojalá conservaran esa nobleza de maneras en vez de perderla al vivir aquí.

Son muchas las lecciones de dignidad y coraje que pueden darnos esos tipos bajitos de hablar suave, que cuando los ofendes, orgullosos como indios y españoles que son, te miran con ojos oscuros y peligrosos; o esas mujeres de voz dulce y cabello negro, que tanto saben de sufrimiento y de vida.

Aprendieron de la vieja España, cuya sangre llevan y cuya lengua hablan, cuando todavía éramos alguien de quien se podía aprender; y ahora están aquí porque tienen derecho a estar.
Son tan nuestros como nosotros suyos.

No los hagamos avergonzarse de lo que somos.
No les defraudemos la memoria.

QUIÉN VACUNA A QUIÉN, de Horacio Verbitzky - 27/12/2020


El inminente fin de año gira en torno de varios temas excluyentes:
  • la salud pública y la posibilidad de contener la peste;
  • la economía, con las múltiples alternativas que se ofrecen, luego de la peor caída del Producto Interno Bruto, lo cual incluye los temas que CFK planteó en su última aparición pública: precios, jubilaciones, salarios y tarifas de servicios, que a su vez son expresión de la pugna entre clases y sectores sociales, sobre las que sobrevuela el FMI;
  • la justicia, que invita a soluciones drásticas para cortar un nudo gordiano;
  • los equilibrios o trastornos entre las distintas cofradías de la coalición que hace un año batió al gobierno neoliberal en primera vuelta pero que no consiguió mayoría en la Cámara de Diputados, y
  • las relaciones entre el gobierno nacional y la oposición, que en agosto y / o en octubre se medirán en las urnas, de cuyo contenido dependerá la relación de fuerzas en la segunda mitad del actual mandato de los Fernández.
Avancemos por partes, o del análisis a la síntesis.


El virus

La humanidad sufre una plaga sólo comparable con la de un siglo atrás, que el genio propagandístico yanqui consiguió bautizar como Gripe Española, aunque comenzó en los campamentos militares de Estados Unidos.
El virus chino, dice ahora Donald Trump, en su intento de replicar aquella prestidigitación verbal.
País por país, los gobiernos han pasado por momentos de aprobación y de repudio, a medida que se alteraba su ubicación en el horrendo ranking de infectados, analizados y muertos.
Salvo que se desee castigar a un adversario político, lo aconsejable es aguardar a que cese la maldición para trazar un balance objetivo.

La Argentina salió esta semana del Top 15 de la pandemia, lo cual por supuesto no fue noticia.
Hasta el Uruguay, que funciona como superyó razonable y de buenas maneras de la clase media porteña, padece los difíciles ascensos y vertiginosas caídas de esa montaña rusa.

El Cuquito Lacalle Pou mandó al Ejército a cerrar las fronteras, mientras crecen las infecciones y los óbitos, y el Frente Amplio lo acusa de falta de previsión en la reserva de vacunas y en “las medidas de aislamiento físico”.
La revista más importante de Alemania, Der Spiegel, dice que “a Angela Merkel se le escapó la pelota” y que su gobierno “hizo poco y tarde”, problema que se extiende a toda la Unión Europea, que no tomó previsiones para disponer de la cantidad de dosis necesarias para vacunar a su población.


Las críticas por la pandemia: no se salva ni Merkel



Cornejo y Carrió, patéticas miserabilidades, como diría Yrigoyen

Por cierto, en ningún otro país se llegó al extremo de los cambiemosos argentos Alfredo Cornejo (quien dijo que no se animaba a afirmarlo porque no le constaba, pero que había versiones de que la negociación con Pfizer se frustró por un tema de corrupción) y Elisa Carrió (quien fue hasta tribunales para denunciar al Presidente y a su ministro de Salud por “envenenamiento” al negociar la adquisición de la vacuna Sputnik V).

También dijo que haría una denuncia en Washington ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde hay otros jueces además de Zaffaroni.
Su confusión es total: la Corte tiene sede en Costa Rica y las peticiones deben presentarse ante la Comisión, donde no hay argentinos.


Confidencial

Una de las críticas opositoras es por la escasa información que suministra el Estado.
El ministro GGG responde que las tratativas con la asociación entre el gigante estadounidense Pfizer y el pequeño laboratorio alemán BioNTech, continúan e incluyen una cláusula de confidencialidad.
En fuentes médicas es posible fisurar ese secretismo acerca de las condiciones inaceptables de Pfizer, el líder mundial de Big Pharma.

La Argentina negoció con Pfizer un acceso privilegiado a su producto, a cambio de la participación de miles de voluntarios en las pruebas de la Fase 3 en el Hospital Militar Central.
El trato incluía la sanción de una ley de prórroga de jurisdicción (cualquier reclamo se trataría ante árbitros y jueces de Nueva York);
renuncia a la defensa de inmunidad soberana contra el laboratorio por posibles efectos adversos de las vacunas, y confidencialidad.

En el tratamiento legislativo, la ex ministra Graciela Ocaña consiguió incluir una excepción a la indemnidad: en caso de fraude, dolo o negligencia de la compañía.
Pfizer la consideró demasiado vaga y amplia y pasó a exigir que el Estado contrate un seguro por 20 millones de dólares con una compañía estadounidense, cuyo beneficiario sea el laboratorio.
La aseguración con una compañía extranjera está vedada por ley, pero podría salvarse si el contrato lo realizara una empresa local, como la del Banco Nación, que descargara el reaseguro en Nueva York.

Si la filial local de Pfizer bancara el seguro, la solución estaría a la vista y eso es lo que se está discutiendo ahora.

No es una exigencia exclusiva para la Argentina.
En Estados Unidos la Ley Pública 99-660 de 1986 creó el Programa de Indemnizaciones por Daños de las Vacunas.
En su libro de 2014 Sana Sana, la industria de la enfermedad, la médica argentina Mónica Müller explicó que para cubrir el costo de las millonarias indemnizaciones que se pagan todos los años, cada dosis de vacuna que se aplica tiene un impuesto adicional de 75 centavos por enfermedad cubierta.
Es decir que cada vacuna triple viral (contra sarampión, rubéola y paperas), tiene un costo extra de 2,25 dólares.
Hasta 2012 se han recibido 14.846 demandas, 1.120 de ellas por muertes y 13.726 por daños graves, y de ellas se han pagado 3.465”, afirma.
Si la oposición toma nota, verá que la Argentina no es un caso excepcional y que hay actitudes más dignas que morderle los tobillos al gobierno cuando está forcejeando con el gigante.


Geopolítica y salud

Además, el Estado negoció la provisión de vacunas con el laboratorio ruso Gamaleya, con la compañía británica AstraZeneca, que desarrolló su producto en colaboración con la universidad de Oxford, y con dos proveedores chinos: Sinovac y Sinopharm.
También acaba de aprobarse un tratamiento desarrollado en la Argentina, con suero equino hiperinmune, que se mostró efectivo ante casos de Covid-19.

La vacuna de Gamaleya, cuyas primeras 300.000 dosis llegaron en Nochebuena y comienzan a aplicarse el martes, según acordó ayer Alberto Fernández con todos los gobernadores, provino de una negociación de Estado a Estado, que incluyó contactos con Vladimir Putin por parte del Presidente y de la Vicepresidenta y tiene un inocultable costado geopolítico.
Otro tanto ocurre con las vacunas chinas, de las que se esperan 22 millones de dosis, la mitad de cada laboratorio.

El Poder Ejecutivo comenzó las tratativas por la vía diplomática formal, pero no obtuvo respuesta.
El representante comercial en la embajada, Sabino Vaca Narvaja, suministró un modelo de carta personal que sugirió se enviara de Presidente a Presidente.
Alberto Fernández firmó la comunicación y Xi Jinping accedió en forma inmediata a lo solicitado.
Después de esa demostración de eficacia, Vaca Narvaja quedará a cargo de la embajada.
Resta por verse si todas las dosis llegarán a tiempo para cumplir el plan de vacunación que anunció el gobierno y si esto impedirá el rebrote que está azotando a Europa y Estados Unidos.


Hablando en plata

De la contención de la pandemia depende la recuperación económica, que el presupuesto aprobado por el Congreso estimó en un 5,5%, luego de la peor caída en la serie histórica.

A su vez la economía explica la situación social.
Que los niveles de pobreza e indigencia más altos que se recuerden, no hayan redundado en estallidos violentos, ya fueran anárquicos u organizados, dice algo de la utilidad de las medidas de auxilio dispuestas por el gobierno nacional, que el año próximo disminuirán sólo en la medida en que la producción y el empleo se afiancen sin ese andador.

Ese tránsito sereno también se debe a la articulación oficial con diversos movimientos sociales, según el modelo que comenzó Alicia Kirchner a principios de siglo y adquiere una mayor organicidad desde el cambio de gobierno.


Carolina Stanley. Para algunos, todo tiempo pasado fue mejor.

Esto dio lugar a un picante intercambio del Presidente con un arlequín especializado en psicopatear a la culposa clase media progre.
Comenzó con una afirmación en un medio del Grupo Clarín de que no se entendía para que estaba Fernández en la Casa Rosada, motivó la respuesta de que este gobierno no podía darle todo lo que le dio Carolina Stanley, y terminó con un pedido de disculpas al Presidente y el reconocimiento de la mejora del Índice de Gini, que mide la desigualdad.
El juego de acumular los beneficios del oficialismo y las libertades de la oposición tiene sus límites, y Alberto empieza a hacerlos sentir.
Pero todos saben que no sobra nada.

El último informe de CIFRA se detiene en el índice de desocupación, que en el segundo trimestre del año trepó a 13,1% y en el tercero mejoró a 11,7%.
Algo similar ocurrió con el de subempleo.

Tasas de desocupación y subocupación en el total de aglomerados urbanos, 3er. trimestre 2015 - 3er. trimestre 2020 (porcentajes sobre la población económicamente activa)


Fuente: CIFRA en base a INDEC

En todo el mundo, la desocupación se mide sobre la Población Económicamente Activa, es decir aquellas personas en condiciones de trabajar y que buscan dónde hacerlo.
Por eso la desocupación puede bajar en la peor crisis, si demasiada gente desalentada deja de buscar empleo.
En cambio, la Tasa de Empleo mide qué porcentaje de la población total tiene trabajo, lo cual es más elocuente sobre la situación social.

CIFRA propone el ejercicio analítico de calcularla así: la tasa de desocupación hubiera sido de 29,3% en el segundo trimestre de 2020 y de 19,4% en el tercero.

Como es de imaginar, esta caída del empleo también afectó el salario real de los trabajadores en blanco del sector privado y estatales, como muestra este inquietante cuadro:

Evolución del salario real de los trabajadores registrados en el sector privado y en el público, Noviembre 2015-Septiembre 2020 (número índice noviembre 2015=100)


Fuente CIFRA en base a INDEC y Ministerio de Trabajo.

Este es el encuadre imprescindible para analizar los temas que CFK planteó en La Plata: deben aumentar lo máximo posible jubilaciones y salarios, y contenerse precios, tarifas de servicios y pagos al FMI. De otro modo la explosión está a la vuelta de la esquina.


De acuerdo

En este punto no hay discrepancias de fondo entre las manifestaciones públicas de la Vicepresidenta y el plan del gobierno que preside Alberto Fernández.
Algunas de sus medidas estaban en ejecución o avanzado planeamiento antes de que Cristina las mencionara.
Otras fueron conversadas entre los integrantes de la fórmula durante los encuentros reservados que no dejaron de ocurrir, pero lejos de la insidiosa prensa militante (bien lo sabe alguno de los integrantes de la trifecta mediática, que se entera al minuto de los movimientos en RPO, como la Policía Federal denomina a la Quinta de Olivos).
La búsqueda de contradicciones entre ellos es la actividad principal de esos medios, que cuando no las encuentran las imaginan y novelan como ocurridas.

La mejor síntesis provino de la vicejefa de gabinete Cecilia Todesca (era la candidata de Alberto al Ministerio de Economía, pero declinó por razones de salud):

Cristina tiene un tono, hay gente que le gusta mucho y hay gente que no. Pero lo que ella dice es cierto.
Cuando habla de alinear precios, salarios y jubilaciones, y dentro de los precios son tarifas, agregaría tipo de cambio.
Eso es lo que hay que hacer, es lo mismo que dice el ministro de Economía.
La gran dificultad es la sábana corta”.

En ese sentido el gobierno está negociando con la industria de la carne la provisión de una docena de cortes a precios accesibles durante todo el año, y con aceiteros y productores de maíz y trigo, de modo de asegurar el abastecimiento del mercado interno a precios congruentes con los ingresos locales, antes de liberar la exportación. 
Con Gustavo Idígoras, de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) se acordó la formación de un fideicomiso que cumpliría esa función, y sólo falta el visto bueno de Roberto Urquía, de la Aceitera General Deheza y cuñado del presidente de la Unión Industrial, Miguel Acevedo.

El ministro de Agricultura y afines, Luis Basterra, recibió plazo hasta el 31 de diciembre para cerrar el trato por trigo y maíz.
Si no lo alcanzara, lo dispondría el Presidente a sola firma.


El porrazo de las tarifas

La prórroga por todo el verano del congelamiento tarifario de gas y electricidad, y el tope del 5% para el aumento de los precios de las tecnologías de la Información y la Comunicación avanzan en ese sentido.

En agosto, el Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20, determinó el carácter de servicios públicos esenciales en competencia de la telefonía móvil y fija, Internet y la TV por cable y congeló sus precios hasta fin de año.
Ahora su reglamentación fijó el precio de la Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU) para cada uno de esos servicios.
El de telefonía móvil será de 150 pesos.

La clave es que el 60% del consumo de las TICS se realiza con tarjetas prepagas, cuyos usuarios incluyen a las familias receptoras de la Asignaciones Universales por Hijo y por Embarazo; beneficiarios de Pensiones No Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos (2) salarios mínimos vitales y móviles; clubes de barrio y de pueblo y asociaciones de bomberos voluntarios.
Todos ellos recibirán un descuento de casi la mitad de los valores promedio actuales.

Por ejemplo, quien pagaba 700 pesos mensuales por la telefonía fija sólo oblará 380 y en la misma proporción para paquetes de datos y acceso a internet.
Las rebajas son mayores según el tamaño de la empresa, lo cual impide un emblocamiento tipo 125.
Los prestadores esperaban compensarlo con un incremento sustancial del servicio en el 40% restante de los usuarios, y ya habían anunciado incrementos del 20%.
Ante el malestar por el decreto de agosto, el interventor en el Enacom, propuesto por Sergio Massa, Claudio Ambrosini, había pedido a las empresas que confiaran en la reglamentación.
Ahora no sabe qué decirles.

La sensación del gobierno, de que se trata del avance regulatorio más profundo desde que Macrì borró de un plumazo buena parte de la ley audiovisual, coincide con el tono beligerante de las principales prestadoras.
Encabezadas por el Grupo Clarín (a través de su empresa Telecom) afirman con el habitual tremendismo que la reglamentación del decreto anunciada por el Enacom “destruye la economía del sector”. Según el Grupo Clarín, se “está poniendo en riesgo la calidad de los servicios que prestan, su desarrollo, sus miles de puestos de trabajo directos e indirectos y con consecuencias en muchos casos, irreversibles”.
Volveremos a la Edad Media.

También malhumoran a las empresas los anuncios sobre las futuras tarifas de gas y electricidad, segmentadas en tres niveles.
Uno mayoritario que tendrá aumentos nulos o mínimos, uno medio donde las tarifas estarán al nivel de la inflación y uno superior, que deberá pagar los precios internacionales que el anterior gobierno intentó descargar sobre el conjunto de los usuarios, con pocas excepciones.

El gobierno cree que las ayudas extraordinarias pagadas desde la pandemia permitieron crear un registro que permitirá ser precisos en la segmentación, mediante el cruce de distintos padrones (AUH, ATP, IFE, ANSES, electoral, compra de dólares).
En el Ministerio de Economía hay algunas voces escépticas sobre esta posibilidad, pero no parece que vayan a prevalecer.


Los precios y la sombra del FMI

La cuestión de los precios está entre las más arduas, a pesar de los convenios mencionados.
No debería descartarse que, en la Secretaría de Comercio Interior de Paula Español, desembarque un equipo del Observatorio de Precios del Centro de Economía Política (CEPA) encabezado por Hernán Letcher, para supervisar, entre otras cosas, la aplicación de la ley de góndolas, cuyos inspiradores no están satisfechos con su reglamentación.
La mención de Cristina a la gestión de Augusto Costa en las postrimerías de su gobierno no fue ociosa.

Sobre cada uno de estos rubros se proyecta la sombra de la negociación con el FMI.
Obtener la postergación de cualquier pago hasta 2024, y eludir la imposición de las inaceptables “reformas estructurales” con las que se destruyen las economías de los países víctima, como Grecia, sería un alivio apreciable, que se sumaría a los 37.000 millones de dólares que Martín Guzmán consiguió afeitarles a los acreedores privados.
Pero si a partir de entonces se acumulan vencimientos de no menos de 5.000 millones de dólares anuales y hasta 15.000 en alguno, tampoco habrá solución para una crisis demasiado profunda.

Desde la política comienza a analizarse la fijación de un tope de 2.000 millones de dólares anuales de desembolsos, que implique, no solo en las declaraciones, el reconocimiento de la corresponsabilidad del organismo, y de su accionista mayoritario en la catástrofe austral.

Esto implicaría un acuerdo a dos décadas y evoca la imagen de Néstor Kirchner “poniendo a parir” al patronato español, según la gráfica imagen de uno de sus líderes, apoyando su mano sobre la pierna de W. Bush en la Casa Blanca en agosto de 2003, o estimulado la contracumbre de 2005 en Mar del Plata.
Alberto Fernández era su jefe de gabinete.
(Entre paréntesis, en el tren que llevó a las delegaciones hacia allí, Diego Maradona pidió que le presentaran a Lilia Ferreyra, y quiso que le contara cómo era Rodolfo Walsh.)


Foto: Víctor Bugge, Presidencia

El sueño de los justos

Es una expresión que hace miles de años aludía a quienes dormían con la conciencia tranquila, pero que ahora refiere a los proyectos cajoneados en algún escritorio.
Hoy puede aplicarse a la situación de la Justicia y, específicamente, de su Corte Suprema, cuya beligerancia la conduce a un callejón sin salida.
En uno de sus encuentros del último mes, Alberto y Cristina repasaron alternativas, a partir de una constatación: ni el juicio político a algunos de sus integrantes ni la designación de nuevos integrantes en caso de una hipotética ampliación es posible sin un acuerdo con algún sector de la oposición.

La obvia elección es el radicalismo, experto en el toma y daca, como en la reforma constitucional de 1994, en la actual negociación en el Consejo de la Magistratura con Ricardo Recondo & familia, o en la que Alfredo Cornejo le propuso en Mendoza a Anabel Fernández Sagasti.
Pero en año electoral, el chantaje del PRO podría inhibir a los radicales más tentados.


Marisa Herrera, verde de los lentes al mate.

El Presidente encomendó a la abogada Marisa Herrera (una de las integrantes del Consejo Consultivo) que desarrolle un punto de su interés y avance en la redacción de varios proyectos de ley, uno sobre el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que la Corte emplea con la mayor discrecionalidad y sin fundamentarlo, para aceptar o rechazar recursos.
Otro, creando un tribunal supremo (no intermedio, como se informó hasta ahora), cuya materia no sea constitucional sino de arbitrariedad.

La idea fue del profesor Fernández, quien convocó para que lo desarrollara al jurista argentino radicado en Madrid, Enrique Bacigalupo.
Procurador del Tesoro con Cámpora en 1973, en 1987 fue designado para integrar el Tribunal Supremo de España, donde se exilió.

La idea del Presidente es replicar ese modelo, para el cual considera que no es necesaria una reforma constitucional.
Concluida una causa con una sentencia adversa, el litigante debe elegir una vía: si considera que el fallo pecó de arbitrariedad, debe dirigirse al nuevo tribunal a crearse, si lo que estuvo en juego fueron garantías constitucionales, a la Corte actual.
Pero una vez que escogió, no hay retroceso: la arbitrariedad no tendrá apelación ante la Corte.


Ardides y sigilo de la República Autónoma

Los ardides de la República Autónoma del Cuarto Piso son inagotables.
Esta semana, en el mayor sigilo, absolvió a los agentes de inteligencia Juan Yofre, Héctor Alderete y Pablo Carpintero, al general Daniel Reimundes y a los empresarios de la comunicación y/ o periodistas Néstor Ick, Carlos Pagni, Roberto García y Edgar Mainhard, quienes desde 2007 recibían en sus casillas de correo y utilizaban la información que los otros obtenían mediante el espionaje ilegal sobre el ahora Presidente Fernández, los ex ministros Jorge Taiana, Nilda Garré y Héctor Timerman, entre otros.

Luego de cinco años la jueza Sandra Arroyo Salgado los procesó, en 2012, pero en 2015 ella misma anuló la causa por un detalle procesal que consta en la primera foja del expediente: su inicio irregular por un acto de espionaje a los espías por parte de otra banda competidora.
En 2016, la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal (Don Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Mariano Borinsky) los sobreseyó, con un argumento distinto: no violaron secretos de Estado porque la información no estaba encriptada (sic).

El fiscal Javier De Luca recurrió a la Corte Suprema, el procurador fiscal Víctor Abramovich sostuvo el recurso y los cinco altísimos decidieron rechazarlo porque, en su opinión, “no refuta todos y cada uno de los fundamentos de la resolución apelada”.
Todo lo contrario, son ellos quienes no refutaron los argumentos que el fiscal Javier De Luca desarrolló in extenso y que podés leer acá Dictamen-del-fiscal-Javier-De-Luca.pdf.
Los despacharon en dos líneas, con desplante caprichoso, al cabo de 13 años.

Si no fuera por Infoemba, que lo celebró, y por El Cohete, que desarma la maquinaria para exhibir el penoso mecanismo, nadie se hubiera enterado de otra de las vergüenzas de ese tribunal indigno.
En cambio, la Corte dio amplia difusión al fallo simultáneo que revocó la condena a la revista Barcelona por un chiste sobre Cecilia Pando, con loas a la libertad de expresión.


La política

Pasado mañana el Senado tratará la media sanción de Diputados que deroga la clandestinidad del aborto, y la otra Cámara el proyecto que aprobaron los Senadores para mejorar la fórmula de actualización previsional.
Si ambas se aprueban, como cree el oficialismo, el año concluirá en alza, como viene ocurriendo desde el 17 de octubre, cuando el peronismo se hartó de los banderazos de las minorías y demostró que aún con pandemia, en la calle no tiene competencia.

En una carta a su colaborador José Di Paola, el Papa Bergoglio sostuvo que el aborto es una genuflexión oficial ante el FMI. Argumentos rancios, que atrasan más de medio siglo.


Kirchner, Zabaleta y Menéndez.

Además, el jueves de Nochebuena los ministros Gabriel Katopodis y Eduardo de Pedro, cumplieron una tarea que les encomendó el Presidente: hacerles saber a los intendentes Juan Zabaleta y Gustavo Menéndez que, si se oponían al nombramiento de Máximo Kirchner como presidente del PJ bonaerense, él no aceptaría la conducción del PJ nacional.
Para un sector del peronismo, la nominación de Alberto lo fortalecería frente a Cristina.
Pero el Presidente impugnó ese razonamiento: él pidió que Kirchner asumiera el mismo cargo en la filial bonaerense, como forma de equilibrio interno.

Con su Vice solo tiene los problemas de temperamento que pespuntearon todo el vínculo desde hace dos décadas, y que también fueron parte de la relación de ella con Néstor Kirchner, tan amorosa como explosiva.
Lo que pocos entienden es que para Alberto, los peores años de su vida fueron la década en que se distanció de Cristina y que cuando dice que nunca volverá a hacerlo no formula solo una declaración política.

Zabaleta y Menéndez se manifestaron de acuerdo con la decisión presidencial de consagrar a Máximo al frente del peronismo bonaerense, y ayer, al cierre de esta edición, los emisarios comunicaban la misma decisión a Fernando Gray, quien no tiene margen ni fuerza para rechazarla.
Resta aún dirimir si Zabaleta o Fernando Espinoza conducirán la Federación de Municipios, un tema menor.
También hubo un claro mensaje para Sergio Massa y Malena Galmarini, de cuya transmisión se encargó el ministro de Transporte Mario Meoni.
Su designación la sugirió Massa, pero ahora es ministro de Alberto, con todas sus consecuencias.

La trifecta seguirá diciendo que se trata de una pelea de Alberto y los intendentes contra Máximo y Cristina. Allá ellos y sus desinformados lectores.

Podrán entretenerse con el documento en el que Roberto Lavagna explica por qué Techint no está de acuerdo con las propuestas de Alberto y Cristina.


Colgado de la rama

En la oposición, el ex Presidente Maurizio Macrì jura que la candidatura presidencial del alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta no pasará y hace todo lo posible por dejarlo colgado de una rama, como puede constatarse en las redes.

Pero cualquiera sea el resultado de esa rencilla sin protocolo y a pesar del alboroto que intentó crear Carrió con el anuncio de una candidatura bonaerense, para la cual no tiene chances al margen de la estructura partidaria, JxC se encamina a una derrota peor que la de 2019, en tanto el oficialismo mantenga la unidad y se afiancen las políticas que lleven alivio a la población más golpeada, que es memoriosa y agradecida.

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