BOLA DE MOCO, de Graciana Peñafort - 27/9/2020

Los peculiares métodos de Stornelli para generar causas que vayan pegoteando a quienes le convenga.

El autor del "vulgarismo" del título, Carlos Stornelli.

Ya se que el titulo es un asco.

Pero no se me ocurrió a mí, sino al fiscal Carlos Stornelli.

Así calificó Stornelli en un dictamen de fecha 17 de setiembre, la causa que tramita el Poder Judicial de Lomas de Zamora, en la que se investigan las innumerables maniobras de inteligencia ilegal que habría llevado adelante la Agencia Federal de Inteligencia de Mauricio Macri, conducida por Arribas y Majdalani.

En la causa de Lomas de Zamora se investigan maniobras ilegales, que van desde espionaje ilegal a dirigentes políticos, sindicales y de los movimientos sociales hasta escuchas ilegales en establecimientos penitenciarios a personas que estaban presas en prisiones preventivas, esto es, sin sentencia firme.

¿Por qué un fiscal de la Nación como lo es Carlos Stornelli diría algo así? La respuesta es bastante simple.

Carlos Stornelli está procesado por una causa similar a la de Lomas de Zamora, pero que tramita en Dolores.

¿Y por qué está procesado Stornelli?

Está procesado por ser miembro de una asociación ilícita destinada a hacer tareas de inteligencia ilegal y prohibidas por la Ley de Inteligencia Nacional, y también por los delitos de coacción e incumplimiento de deberes legales de funcionario público.

¿Qué es lo que habría hecho Stornelli?

Está acusado, entre otras cosas de mantener relación constante con personas que hacían inteligencia ilegal e incluso permitir que esas personas presentaran documentación de origen ilegal en expedientes en los que Stornelli era fiscal, además de haberle solicitado a estos espías tareas ilegales, tales como información ilegal sobre el ex marido de su mujer y una cámara oculta a un abogado - Jose Ubeira -, que además de todo había sido abogado del propio Stornelli y amigo personal…

Siguen las cosas que se le imputan a Stornelli: está acusado de usar inteligencia ilegal para afectar expedientes judiciales en los que era fiscal, formar parte de coacción a testigos que no querían declarar y lo que es aún peor aún - si se puede -, seguir interviniendo en esos expedientes, e incluso intervenir en causas donde se investigan hechos del propio Stornelli.

Y además pedirle a imputados que modifiquen declaraciones que lo afectan.

Incluso gestionó con fiscales de otras causas que los testigos pudieran declarar cambiando su declaración y como si con eso no fuese suficiente, acordó con otro imputado una estrategia común de defensa.

Y me detengo en este último punto, porque saben cuál era la estrategia común de defensa de Stornelli y otro imputado.

Que la causa de Dolores fuese a parar a Comodoro Py, donde por absurdo que les parezca, Carlos Stornelli sigue siendo fiscal.

Y es por eso que Carlos Stornelli como procesado pide que la causa de Dolores se tramite en Comodoro Py y, como fiscal de Comodoro Py intenta que todas las causas sobre la inteligencia ilegal que llevó adelante el gobierno de Macri se tramiten en Comodoro Py, lugar donde - para ser honesta - aún persiste un andamiaje de impunidad afianzado durante los 4 años del gobierno de Macri, destinado a asegurar impunidad a todos los que usaron la estructura del Estado para hacer, obtener y usar inteligencia ilegal.

El miércoles que pasó se cayó la mejor defensa que intentó Carlos Stornelli. Y como no podía ser de otro modo, tenia como origen la inteligencia ilegal.

Un juzgado de Lomas de Zamora ordenó escuchar las conversaciones de un preso por narcotráfico.

Quien debía desgrabar las escuchas al narco era el Área de Contrainteligencia de la AFI de Arribas.

La orden judicial expresamente ordenaba escuchar al narco - cuyo nombre es Segovia - pero la AFI no cumplió la orden judicial y procedió a grabar a todos los que estaban detenidos con Segovia.

¿Quiénes eran los detenidos con Segovia?

Ex funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y empresarios, muchos de ellos detenidos por pedido de… ¿adivinen quién?

Carlos Stornelli.

Pero más aún, no solo los escuchaban a todos SIN orden judicial, sino que además, a esas escuchas no las desgrababa el área de la AFI que había sido autorizada por el juez, sino otra Área de la AFI creada por el gobierno de Macri, para intervenir en causas judiciales.

Estas desgrabaciones ilegales - sin orden judicial - y hechas por fuera de lo autorizado judicialmente, fueron enviadas en forma “anónima” a Carlos Stornelli y a Elisa Carrió.

Y en base a ellas, ambos - Stornelli y Carrió - denunciaron que la causa de Dolores era un armado kirchnerista para ensuciar a Stornelli y buscar impunidad para los funcionarios y empresarios.

Lo curiosísimo es que incluso antes que ambos hicieran la denuncia, el principal editorialista del diario la Nación, Joaquín Morales Solá, publicó en su columna del domingo 10 de febrero de 2019:

El 10 de febrero de 2019 la Justicia no había determinado absolutamente nada. Y esa columna de Morales Sola mentía descaradamente.

Lo que si ha determinado el Poder Judicial es lo siguiente:

• a) con fecha 18 de diciembre de 2019 el procesamiento de Carlos Stornelli y,
• b) con fecha 21 de septiembre de 2020 dispuso el archivo de la denuncia de Stornelli y de Carrió, señalando que “queda descartado que las conversaciones y/o diálogos que se consignaron en ambas causas tuvieran la intencionalidad que se les atribuyó primigeniamente al efectuarse la denuncia”. Razón por la cual se ordenó el archivo de la causa, por inexistencia de delito.

Y en Lomas de Zamora, en la causa que Stornelli llama “bola de moco”, se están investigando esas escuchas ilegalmente hechas y desgrabadas por quien no estaba autorizado.

Un dato de color es que Carrió nunca presentó ante el Poder Judicial ni un solo papel que diera cuenta de las escuchas presuntamente recibidas en forma anónima.

Esto lo contó Tuny Kollman: 

“Los fiscales que investigan el espionaje ilegal en Lomas de Zamora, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, pidieron los originales del anónimo supuestamente recibido por Carrió, ya que esas escuchas fueron parte de las operaciones que hicieron la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) en la cárcel de Ezeiza.

Por esta razón, le dirigieron un escrito al juez Marcelo Martínez de Giorgi - sucesor del fallecido Bonadio -, pidiéndole ver la prueba original que debía constar en el expediente.

La sorpresa mayúscula fue la respuesta de Martínez de Giorgi: ni Oliveto ni Zuvic, que presentaron la denuncia en nombre de Carrió, ni la propia Carrió, presentaron nunca el anónimo.

Lo que hicieron fue entregar un escrito en el que dijeron que habían recibido un anónimo con la transcripción de diálogos de detenidos en Ezeiza que, según ellas, era una prueba de que armaron el expediente de Dolores como un complot contra la causa de las fotocopias”. 

En base a esa nada, jueces como Bonadio armaron un causa y casi detienen a 20 personas.

No voy a terminar este tema sin abrazarme solidariamente con cada uno de los detenidos que fueron escuchados ilegalmente y que luego tuvieron que tolerar que sus conversaciones privadas, con sus familias, amigos y abogados, fueran expuestas perversamente en medios de comunicación; y a mi amigo Eduardo Valdés, que durante los 4 años de persecución macrista dedico buena parte de su tiempo a visitar, acompañar y dar apoyo moral a muchos de los detenidos arbitrariamente por el gobierno de Macri y terminó involucrado en la causa que finalmente se archivó el miércoles, por la cual sufrió todo tipo de ataques.

Mientras tanto, en Dolores acaban de llamar a indagatoria a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por un descomunal armado de inteligencia ilegal sobre movimientos sociales y políticos, nunca visto en democracia en semejante dimensión y que el propio juez refiere como asimilable tan sólo a las tareas de inteligencia ilegal que hizo la dictadura.

Dentro de los involucrados en este mega operativo de inteligencia ilegal que se investiga en Dolores aparecen dos nombres significativos.

Por un lado, el nombre de Pablo Pinamonti, quien luego del cierre de las operaciones de inteligencia ilegal en la provincia de Buenos Aires por las que está procesado, aparecería “reciclado” en la Dirección de Jurídicos de la AFI, a cargo del Departamento de Coordinación y Soporte en el Análisis de Casos.

Dentro de las funciones asignadas a Pinamonti estaban las de “coadyuvar en las tareas de investigación judicial… realizando y coordinando con las otras áreas competentes las tareas”.

Otro nombre que aparecería en la causa de Dolores es el de Daniel Alejandro Salcedo, ex jefe de la policía Bonaerense.

¿Durante la gestión de quién era jefe de la Bonaerense Salcedo, hoy llamado a indagatoria en Dolores por tareas de inteligencia ilegal?

De Carlos Stornelli como Ministro de Seguridad de la Provincia.

Salcedo también aparecería en una de las causas emblemáticas de los servicios de inteligencia, en la que se investiga la muerte de fiscal Alberto Nisman.

Aparecería como perito de Sandra Arroyo Salgado, ex pareja de Nisman y mamá de sus dos hijas.

Y créanme no es el único nombre en común que aparece en la causa de Nisman y los servicios de inteligencia, incluyendo las causas que actualmente investigan las maniobras ilegales de inteligencia.

Porque todo parece tener que ver con todo.

Sobre todo, cuando se trata de tareas de inteligencia ilegal.

Y también - esto me da un particular dolor contarlo - se denunció que se encontraron en la AFI las pruebas de tareas de inteligencia ilegal sobre los familiares de los muertos en la tragedia del ARA San Juan. Espiaban ilegalmente a las víctimas, porque además de delincuentes, funcionarios del gobierno de Macri se manejaban con un grado de perversidad casi indescriptible.

Perversos son también los sectores de Poder Judicial que han permitido que Stornelli siga desempeñándose como fiscal.

Debería estar suspendido hasta tanto se resuelva su situación judicial.

Si yo fuese un fiscal al estilo Stornelli, seguramente conforme sus criterios y los de Martin “Doctrina” Irurzun, Stornelli debería estar preso porque es claro que más que poder residual, lo que tiene Stornelli es poder efectivo.

Pero como no soy fiscal y solo soy Graciana y defiendo por sobre todas las cosas la presunción de inocencia, creo que debe estar en libertad.

Lo que no corresponde, y sus últimas intervenciones así lo demuestran, es que Stornelli ejerza como fiscal por una sencilla razón: desde el momento en que se encuentra procesado en la causa que se investiga en Dolores, tiene un especial interés en el resultado de muchas causas.

Y ello no se le puede reprochar, toda vez que se trata del ejercicio del derecho a defensa, completamente legítimo.

Pero que lo invalida como fiscal para seguir conociendo en causas que de alguna forma refieren a temas vinculados a inteligencia ilegal. Y más aún, en todo lo relacionado a la causa de Lomas de Zamora, de donde se tomó conocimiento que uno de sus hijos fue empleado de la AFI durante el periodo en el que se investigan las maniobras de inteligencia ilegal.

Perversos también los que permitieron que los servicios de inteligencia hicieran los desastres que hicieron en el Poder Judicial. Desde la Tablada, la AMIA y las causas de lawfare de los años macristas.

Y acá quiero hace un reconocimiento a los jueces, fiscales y defensores que se les pararon de manos a los servicios de inteligencia.

No los menciono porque sería injusto con muchos, pero los abogados que fatigamos esos pasillos sabemos quiénes son.

Y se lo agradecemos.

Escribo esto y recuerdo las palabras de Alberto Fernández el día que asumió la presidencia de la Nación, cuando dijo: “Nunca Más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia”.

Y señaló: “Una justicia demorada y manipulada significa una democracia acosada y denegada”.

Porque hay que decirlo, las políticas sobre las tareas de inteligencia que tiene un gobierno, dicen mucho sobre qué piensa ese gobierno sobre la democracia.

Cada vez está más claro que la inteligencia ilegal usando los recursos del Estado, y la manipulación de causas judiciales por parte del gobierno de Macri, fue una política de Estado de ese gobierno nefasto en todos sus aspectos.

Y deja muy claro qué piensa el macrismo sobre la democracia.

Por eso no me sorprendió que, en una de sus primeras apariciones públicas luego de regresar de Europa, Macri escribiese en su carta publicada en La Nación que “es la República o la republiqueta; es democracia o demagogia; es elecciones libres o no habrá transparencia en los resultados”.

Me acordé de que pocos días atrás un ex Presidente - que no llegó a Presidente por el voto popular - ya había señalado que había un golpe de Estado en marcha en la Argentina y que en el año 2021 no habría elecciones legislativas.

Luego el mismo ex Presidente dijo que esas declaraciones habían sido fruto de un estado confusional, “como un desenganche de la realidad” fruto de la pandemia.

Unos días después el mismo ex Presidente dijo que a Alberto Fernández lo veía “grogui”, como De la Rúa, el último Presidente elegido por el voto popular que no terminó su mandato.

Hace unos días también estaba viendo un programa en TN y escuché a Patricia Bullrich decir: 

“Somos (Juntos por el Cambio) mirados por la sociedad como la posible sustitución de este gobierno en la medida de las elecciones de 2021”.

El detalle es que en el 2021 hay elecciones legislativas, no presidenciales.

Y entonces me acordé de los dichos de Duhalde sobre De la Rúa… que renunció y fue reemplazado mediante una Asamblea Legislativa, que vale aclarar sería la única forma de sustitución de un gobierno en el 2021, siempre que Juntos por el Cambio tuviese los votos necesarios, primero para forzar la renuncia de Alberto Fernández y luego para erigirse como nuevo gobierno.

Y hace apenas una semana, la periodista Nancy Pazos publicó en Infobae una nota en la que consignó: 

“¡Se habla de una Asamblea Legislativa pero no veo a la clase política comprometiéndose con algo así, nos vamos a tener que comer a estos tipos tres años más", responden desde el otro rincón.

El otro rincón refiere a lo que conocemos como círculo rojo, el poder económico de la Argentina.

Y añade la periodista: 

“El clima, por demás enrarecido, se completa con banderazos, cacerolazos y hashtags en las redes que radicalizan aún más la grieta”.

Se ve que lo que afirma Duhalde y ratifica de alguna forma Patricia Bullrich es la existencia de un plan descabellado pero que circula por los pasillos del poder económico.

Y que como suele llamar el Perro, es parte del plan de “Acoso y Derribo” que el circulo rojo ya esta ejecutando para deslegitimar el gobierno de Los Fernández y ver si puede acabar con él.

Basta prender la TV para darse cuenta de ese plan en plena ejecución.

Mientras aparece la verdad sobre la democracia espiada que tuvimos como forma de gobierno durante el mandato de Mauricio Macri, todos prefieren escandalizarse con un mamarracho de diputado que no tuvo mejor idea que chupar una teta en medio de la sesión virtual de diputados.

Se escandalizan por una teta y no por la sistemática inteligencia ilegal durante 4 años.

Sin pretender bajarle el precio a la inconducta del diputado en cuestión, que fue un papelón mayúsculo, creo que en la Argentina están pasando cosas más graves.

Como escribió mi amigo Mendieta:

“Se agarran del seno para irse por la tangente…”

El plan para desestabilizar a un gobierno democrático electo es un hecho gravísimo.

Las pruebas sobre las sistemáticas maniobras de inteligencia ilegal y de direccionamiento de causas judiciales hechas por el gobierno de Macri es otro de esos hechos gravísimos.

Pero frente a esto, muchos prefieren no escandalizarse.

EL DÓLAR Y LA BALANZA DE LA JUSTICIA, de Horacio Verbitzky - 27/9/2020

Desde la edición del 10 de mayo, El Cohete viene describiendo la operación de acoso y derribo del gobierno por parte de los poderes fácticos y de sus expresiones políticas y mediáticas, una vez que comprendieron que no conseguirían enfrentar al Presidente Alberto Fernández con su Vicepresidenta CFK.

Esta idea se desarrolló en notas sucesivas, en junio, julio, agosto y setiembre.

Cada día es más difícil de ocultar.

Ni siquiera puede esconderse detrás de una teta legislativa.

Por el contrario, en cuanto Sergio Massa suspendió al diputado salteño Juan Ameri, los medios de la oposición lo motejaron de Ultra K y miembro de la Cámpora, cosa que no es.

Y fue Máximo Kirchner quien le dijo que si no renunciaba sería expulsado.

Los tiempos se han acelerado, dado que el gobierno no retrocede. Por el contrario y, más allá de errores y vacilaciones, señala un rumbo definido y en distintos frentes.

Entre otros:

• La negociación exitosa con los acreedores privados;
• La advertencia al FMI de que no hay espacio para un ajuste sobre trabajadores activos y en retiro;
• El tratamiento en el Congreso de la contribución extraordinaria sobre las grandes fortunas;
• La recuperación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES;
• El rechazo de los pliegos de los jueces que se negaron a comparecer ante la Comisión de Acuerdos del Senado;
• La decisión de defender las divisas imprescindibles para el funcionamiento de la economía, tema del que ayer por la tarde el Presidente habló con sus dos principales alfiles: el ministro de Economía Martín Guzmán y el presidente del Banco Central Miguel Pesce, en un encuentro que disipó equívocos entre ambos;
• El ajuste a su costo real de las remesas a la Ciudad de Buenos Aires por el traspaso de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal;
• El impulso a las causas por el espionaje ilegal realizado por el anterior gobierno sobre los adversarios políticos, comenzando por Cristina durante la campaña electoral de 2017, pero también contra las líneas internas de Cambiemos que aspiraban a un juego propio, los movimientos sociales, la hermana del entonces Presidente MM y hasta los familiares de los tripulantes de un submarino que se le perdió a la Armada en alta mar, episodios que se investigan en juzgados federales de Retiro, Dolores, Lomas de Zamora y Mar del Plata;
• El incremento en la inversión en salud, vivienda e infraestructura contenida en el presupuesto para el año próximo;
• La perspectiva de género incorporada a todas las políticas públicas;
• La prórroga de la prohibición de despidos y la doble indemnización.

La república a oscuras

Con precisión, el más antiguo diario de la trifecta dijo que «centenares de manos» sostuvieron velas, linternas, encendedores o celulares en un corto tramo de la calle Talcahuano entre el Palacio de Tribunales y la Plaza Lavalle, en respuesta a la convocatoria que denominaron Una luz por la república.

Con nostalgia aportó su llamita el ex ingeniero Juan Carlos Blumberg, que en otro tiempo convocó multitudes.

La crónica también recogió el testimonio de una de las damas presentes: dijo que volverían la semana próxima y esperaban ser mayor número.

Le faltó decir, si Dios quiere.

La presión sobre la Corte Suprema de Justicia y contra las reservas del Banco Central son las dos patas sobre las que se montan las amenazas al gobierno.

Les falta una tercera para sostener el proyecto, porque ninguna red social ni medio de comunicación pueden suplir el control de la calle, que se atribuyen cada vez que desfilan autos de alta gama o suenan cacerolas en los barrios más acomodados de la Ciudad Autónoma, los municipios limítrofes hacia el norte y algunas capitales del interior. 

Intentan simularlo, porque dan por sentado que los partidarios del oficialismo no les disputarán ese lugar, debido a la recomendación de su gobierno del mayor cuidado para obstaculizar la circulación comunitaria del virus.

Para la oposición, en cambio, esa posibilidad es un incentivo, porque coincide con su visión ideológica (según la frase que el ex Presidente le dijo al actual al comienzo de la pandemia: «Que mueran los que tengan que morirse pero no se puede paralizar la economía») y porque suponen que el malestar recaería sobre el gobierno.

Aún así, no es imposible que desde las bases políticas, sociales y sindicales se genere al margen de la voluntad oficial una demostración de fuerza con la consigna de parar al fascismo, porque la provocación cotidiana harta.

De mal en peor

El gobierno cree que el presidente de la Corte Suprema de Justicia Carlos Fernando Rosenkrantz se reunió con Maurizio Macrì, quien lo designó por decreto en comisión en ese tribunal.

El Judá León de Los Abrojos le habría pedido a su Golem que sostuviera a los tres delegados que con el mismo dedo colocó en Comodoro Py y que ahora se autoperciben como jueces naturales de las causas que les fueron encomendadas.

Para Macrì serían garantía de impunidad, es decir aquello que su bandería le reprocha a Cristina.

Ese encuentro habría decidido a Rosenkrantz a comunicar que en uso de las pocas atribuciones que sus colegas le dejaron, convocó a un acuerdo extraordinario para tratar la solicitud de que la Corte se salteara instancias, porque alega que las instituciones republicanas dependen de la firmeza de los asientos de Germán Castelli, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi (sic).

Rosenkrantz descuenta el acompañamiento de Horacio Rosatti, hechura del mismo mago cabalista.

Cuando Rosenkrantz dice blanco, Ricardo Lorenzetti replica negro, y a la inversa.

El equipo de difusión de Rosenkrantz se comunicó con El Cohete para negar el contacto con Macrì y atribuir al obispo de Rafaela haber transmitido al Presidente esa versión que reputan falsa.

Sea espontáneo o inducido el planteo de Rosenkrantz, todos presumen que Elena Highton no lo apoyaría.

Si la decisión recae en Juan Carlos Maqueda, lo más probable sería la cronoterapia: abrir el per saltum pero no resolver el fondo de inmediato.

Lorenzetti, Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Highton.

Fotos CSJ y pintura de Grant Wood.

Montaje, Lady Mariu

Además: 

• El martes ya hay acuerdo ordinario de la Corte, cuya agenda no la fija el presidente;
• Ese día también tiene acuerdo la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, a la que los magistrados les pidieron lo mismo que a la Corte y cuyos fallos recientes no hacen presumir una respuesta positiva.

Hasta ahora, los reclamos tan estruendosos como impertinentes del trío no han cosechado más que rechazos:

• En forma unánime, el Senado les negó el acuerdo por no asistir a la audiencia a la que fueron citados (la oposición se retiró de la sesión con argumentos formales de los que enamoran a la UCR);

El Senado por unanimidad les señaló el camino de regreso.

• Sendos decretos del Poder Ejecutivo dejaron sin efecto sus traslados por no contar con acuerdo del Senado;
• El Consejo de la Magistratura notificó esas decisiones a la Cámara Federal de Casación Penal;
• La jueza María Alejandra Biotti no aceptó el amparo de Bruglia y Bertuzzi contra los poderes Legislativo y Ejecutivo y dijo que ser camarista o juez de tribunal oral eran jerarquías distintas, por lo cual se requería el acuerdo del Senado;
• La jueza Macarena Marra Giménez hizo otro tanto con el de Castelli;

Jueza María Alejandra Biotti: jerarquías distintas.

Jueza Macarena Marra Giménez: ¿En serio lo dice?

• El fiscal Miguel Gilligan no concedió el recurso presentado por Castelli contra el Consejo de la Magistratura, porque ya han intervenido el Senado y el Poder Ejecutivo;
• La Cámara en lo Contencioso Administrativo entendió que no estaba acreditada la verosimilitud del derecho invocado ni el carácter arbitrario de la decisión (voto del juez Guillermo Treacy);

Camarista Guillermo Treacy, ni verosímil ni arbitrario.

Para el camarista Jorge Alemany, ex letrado de Enrique Petracchi y una de las plumas más vivaces del fuero, Bruglia y Bertuzzi podrán volver al tribunal oral y no serán afectadas sus remuneraciones. Además del derecho administrativo deben tenerse en cuenta «los principios y reglas del derecho constitucional relativos a las atribuciones del Senado y a la naturaleza del acuerdo».

Con una cita de Hamilton en El Federalista, agregó que el acuerdo del Senado “seria un excelente freno para el espíritu de favoritismo del Presidente y tendería grandemente a evitar el nombramiento de personajes ineptos”.

Nada menos.

• La Cámara Federal de Casación Penal, como tribunal de Superintendencia, decidió dejar sin efecto los traslados y dar por terminadas la subrogancias de los jueces que cubrieron las vacantes que dejaron Bruglia, Bertuzzi y Castelli para que regresen allí desde sus destinos militantes.
• La Cámara Federal de la Capital dio por devueltos a sus tribunales de origen a Bruglia y Bertuzzi y reordenó sus vocalías de modo de cubrir todos los espacios con sus únicos dos miembros, Martín Irurzun y Mariano Llorens.

Si bien esto es Argentina, la probabilidad de que la Corte Suprema consiga una mayoría de tres votos para rever todas estas decisiones es mínima.

La sobreactuación de Rosenkrantz, ex abogado de América TV, Cablevisión (del Grupo Clarín), y La Nación; de Ogden Rural, Carbap, McDonald’s, la cervecera Quilmes y Pan American Energy, no tiene más sentido que demostrarle al rabino de Praga que está listo para barrer la sinagoga.

Los argumentos del trío que llora por los rincones del Estado Libre Asociado de Comodoro Py no pueden ser más endebles:

• Afirman tener cosa juzgada administrativa a su favor, y derechos adquiridos.

Bruglia (izquierda) junto con el camarista al que reemplazó, Jorge Ballestero.

La mal llamada cosa juzgada administrativa sólo rige para el procedimiento administrativo, dijo la Corte Suprema en 2007.

Para Miguel Marienhoff sus efectos o alcances «se agotan en el ámbito de la Administración Pública». («Tratado de Derecho Administrativo», T. II, ed. Abeledo Perrot, ed. 1993, página 617).

La afirmación de presuntos derechos adquiridos contradice el argumento de que el traslado fue a un cargo de la misma jerarquía.

La Corte está tan floja de papeles como los tres jueces, quienes invocan en su favor la Acordada 7/18.

La mayoría formada entonces por Lorenzetti, Rosatti y Maqueda respondió a una consulta del ministro de Justicia, Germán Garavano. Desde el fallo “Mendoza”, de 1865, hasta “Fernández de Kirchner", de 2020, la Corte Suprema sostiene que sólo interviene en controversias entre partes opuestas. 

«No puede pedirse a la Corte Suprema que emita su opinión sobre una ley, sino aplicándola a un hecho y señalando al contradictor», firmaron el 14 de noviembre de 1865 los jueces supremos Francisco de las Carreras, Salvador María del Carril, José Barros Pazos y José Benjamín Gorostiaga.

El 24 de abril de este año Elena Highton, Lorenzetti, Rosatti y Maqueda rechazaron la acción declarativa de certeza que había presentado Cristina como titular del Senado, porque la Corte no es un órgano consultivo y no hay caso o controversia. 

Más de un siglo y medio después, la jurisprudencia no se ha modificado.

La flagrante excepción es la Acordada 7/18, del 11 de abril de 2018, donde el propio tribunal reconoce que no responde «dentro de los cauces correspondientes a las funciones jurisdiccionales» y fuerza el artículo 108 de la Constitución para aducir que lo hace «en ejercicio de las funciones connaturales de gobierno del Poder Judicial de la Nación».

Pero cuando se trata de la organización judicial, el artículo 114 de la Constitución atribuye esa responsabilidad al Consejo de la Magistratura.

Además, soslayar el mecanismo constitucional para la designación de jueces, con participación del Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación, contradice su propia jurisprudencia, tal como la hemos citado aquí.

Nada de esto preocupa demasiado a la oposición política, que pretende llevarse por delante a la Corte Suprema, indicándole cómo debe fallar.

Un proyecto de resolución de los diputados cambiemosos Mario Negri, Cristian Ritondo, Maximiliano Ferraro, Gustavo Menna, Pablo Tonelli y Mariana Stilman, pretende que salvo en las dictaduras “nunca en toda su historia se desplazaron a jueces de los cargos que titularizan en un juzgado o tribunal, por decretos del Poder Ejecutivo”. Ignoran o fingen ignorar las decisiones de los presidentes radicales Hipólito Yrigoyen (que en 1930 dispuso trasladar de Salta a La Rioja al juez federal Martín Gómez Rincón) y Arturo Frondizi (quien en 1958 desconoció la inamovilidad que reclamaba el juez de paz José María Sagasta).

En ambos casos, la Corte Suprema avaló las decisiones presidenciales, una vez que llegaron a su escritorio por recurso extraordinario, tal como se detalló aquí hace tres semanas.

Proyecciones y expresiones de deseos

En una entrevista con un diario uruguayo, el asesor de Macrì en política internacional Diego Guelar dice que hace dos semanas Juntos para el Cambio propuso cuatro puntos para un “acuerdo nacional de emergencia”.

El Presidente Fernández los rechazó sin siquiera leerlos. «El Presidente tiene la investidura y el apoyo para cambiar 50 años de herencias recibidas con una autocrítica que nos abarque a todos, superando errores y desencuentros. Pero no lo hace… elige la división y volver al pasado… Game over: este juego está terminado, nos toca enfrentar una nueva etapa cargada de incertidumbres y preguntas que solo podremos responder si sabemos inspirarnos en los mejores ejemplos nacionales y universales».

Según el acartonado senador Esteban Bullrich, los gobiernos de María Eugenia Vidal y Maurizio Macrì perdieron las PASO de 2019 porque alguien (no identificó si terrestre o alienígena) les hizo fraude.

La afirmación sería sólo risible, si no hubiera seguido a la proclama que Macrì publicó en La Nación, según la cual la alternativa «es elecciones libres o no habrá transparencia en los resultados», y al anuncio de Patricia Bullrich de que el año próximo podrían «substituir al gobierno».

También los análisis económicos siguen esa lógica proyectiva o la lisa y llana expresión de deseos, mediante palabras performativas, es decir que producen o procuran generar actos.

El más prestigioso vendedor de pronósticos económicos errados, Miguel Ángel Broda, postula que el país está en caída libre.

Broda atrasa casi un año: ese desplome ocurrió en el último año del gobierno anterior y las nuevas autoridades lo detuvieron.

El consultor Sergio Berensztein (socio del padre del agente de inteligencia Marcelo Sebastián D’Alessio, detenido en una de las causas en las que serán indagados por espionaje político prohibido Gustavo Arribas y Silvia Majdalani), vaticina la gran devaluación que intenta forzar.

Marcelo Bonelli destrató en forma brutal al jefe de gabinete Santiago Cafiero, afirmando que sus respuestas lo aburrían.

«No tengo en la cucaracha un genio malévolo que me dicta qué tengo que preguntar», le dijo, para minimizar su inocultable identidad con el Grupo Clarín.

Es cierto, después de tantos años tiene esa voz bien internalizada.

En el diario del grupo escribe que la Asociación de Bancos que preside Claudio Cesario alega que «la pésima instrumentación del BCRA impidió operar con dólares y permitió que circulen las habituales fake news del mercado: que se viene el corralito, se incautan los dólares y se abren las cajas de seguridad».

Ni habituales, ni del mercado ni por culpa del Banco Central.

Esos mensajes, idénticos a los difundidos entre las PASO y la elección general, esta vez grabados por un actor, entonces por una actriz, se hicieron circular desde Israel, llevan la marca de una conocida granja de trolls y procuran desatar el caos, sobre datos cuya falsedad puede demostrarse con unos pocos números elementales, como la sobreabundante liquidez en dólares de los bancos, pero que no están al alcance de los portadores sanos de telefonitos envenenados: el sistema financiero tiene resto de sobra para hacer frente a cualquier corrida contra el peso.

Por cada dólar depositado los bancos tienen 90 centavos en efectivo.

La renegociación de la deuda y el dólar

A partir de mañana, el Centro de Estudios de la CTA, CIFRA, distribuirá su Informe de Coyuntura 33, realizado por su director, Pablo Manzanelli, y por la investigadora del Área de Economía y Tecnología de la FLACSO, Daniela Calvo.

Ellos describen una crítica coyuntura económica, debida a los efectos de «dos pandemias»:

• La verdadera pesada herencia del gobierno anterior (una economía en caída libre, con un nivel de vencimientos de la deuda insostenible, un régimen de alta inflación, con elevados niveles de desocupación, pobreza e indigencia, entre otras cuestiones) y
• La que tiene lugar por los efectos del Covid-19 que azota a las economías de todos los países del mundo independientemente de la estrategia adoptada para enfrentarla.

El debate económico debería estar dirigido a cómo resolver las problemáticas acuciantes de la economía real, como la contracción del empleo y los salarios reales.

Sin embargo, «cobró especial relevancia la situación de las divisas en un contexto en el que las cuentas externas no parecen estar estranguladas».

Prueba de ello es el histórico superávit comercial que en los primeros ocho meses del año alcanzó casi los 11.000 millones de dólares y, según las proyecciones del presupuesto, pasará de los 17.000 millones en el año.

La exitosa restructuración de la deuda pública cuyo nivel de aceptación fue prácticamente total (por encima del 99% con las cláusulas de activación colectiva) implica una reprogramación de los vencimientos que alivia la situación externa para los próximos años. «A pesar de estas señales positivas por el lado de la balanza comercial y los vencimientos de la deuda, la tendencia a la reducción de las reservas internacionales, que en lo que va del gobierno fue de 1.300 millones de dólares, terminó presionando el tipo de cambio ante un escenario de escasas reservas netas para enfrentar la demanda de divisas y, fundamentalmente, las expectativas devaluatorias que se expresan en la brecha con el tipo de cambio informal.

Se trata, por consiguiente, de una pugna social y política por la forma que adoptará la salida de la crisis más que por que se hayan verificado los límites estructurales por el lado del sector externo».

El abordaje oficial ante las maniobras especulativas restringió tanto al «dólar ahorro» como las estrategias especulativas de las empresas, en términos sociales indiscriminados, «al afectar al mismo tiempo a sectores medios y a grandes empresas, lo que se convierte en un caldo de cultivo para la desestabilización y erosiona la capacidad del gobierno para conformar un bloque social alternativo a la salida devaluacionista y a la que provenga de las negociaciones con el FMI. Dado que no es apremiante la situación cambiaria, la regulación debería estar enfocada en las maniobras especulativas de la cúpula empresarial y, al mismo tiempo, habría que impulsar mecanismos alternativos para canalizar el ahorro a la inversión como podría ser el lanzamiento de bonos de empresas estatales con un nivel de interés superior al que ofrece el sistema financiero y con seguro de cambio».

El informe no atribuye estas medidas a errores de diagnóstico, sino a «contradicciones inherentes al Frente de Todos», cuyas discrepancias internas «surgen de su naturaleza, en tanto se trata de un frente de carácter nacional».

Sobre llovido, mojado

La crisis afectó a buena parte del entramado empresarial y a los distintos sectores de actividad, aunque con distintas intensidades.

Si bien el PIB cayó 19,1% en el segundo trimestre de 2020, el impacto fue similar en las actividades de servicios (-20,1%) y en la producción de bienes (-18,4%).

El valor agregado industrial experimentó un descenso de 20,8% interanual en el segundo trimestre, aunque a diferencia del resto de los sectores esa contracción se superpone a una larga crisis sectorial que fue especialmente profundizada por el sesgo anti-industrial de la gestión de Cambiemos.

El valor agregado manufacturero cayó a una tasa anual acumulativa de -1,5% en el periodo 2011-2015, que se profundizó a -3,6% entre 2015 y 2019.

La caída del PIB industrial entre puntas fue de 13,5% entre 2015 y 2019, con un deterioro similar al de la crisis que se desató a partir de marzo de 2018.

En términos comparativos con algunos países del mundo la actividad industrial local durante el segundo trimestre mostró una performance promedio: cayó tanto como la de Brasil y Alemania, más que Estados Unidos y Chile pero menos que Italia y España.

Caída de la industria en el segundo trimestre de 2020, en porcentajes

Brasil EEUU Chile Alemania Italia España Argentina

Fuente: Elaboración propia en base a CEP XXI.

El impacto de la crisis en el empleo y los salarios

La tasa de desocupación promedio para 2019 era la más alta desde 2006 (9,8%).

Las políticas del gobierno de Macrì rompieron la tendencia a la baja en el desempleo que se venía registrando tras la salida de la crisis de fin de siglo.

También empeoró entonces la calidad del empleo: menos asalariados registrados, más independientes y no registrados.

En el cuatrienio 2015-2019 se destruyeron 253.848 empleos en el sector privado, mientras crecen los empleos precarios:

• monotributistas (+11,6%), 
• asalariados de casas particulares (+12,2%) y 
• monotributistas sociales (+3,1%).

En diciembre la nueva gestión decretó la emergencia ocupacional junto con la obligación de pago de doble indemnización por despido y, una vez iniciada la pandemia, le sumó la prohibición de despidos y suspensiones sin justa causa o por falta o disminución de trabajo.

Sólo quedó abierta la posibilidad de realizar suspensiones pactadas individual o colectivamente y homologadas por la autoridad de aplicación.

Pese a estas medidas, la desocupación se incrementó con la pandemia. El 13,1% registrado en el segundo trimestre de este año es el valor más alto de la serie desde el 13,6% de 2004.

Si se proyecta esta tasa a nivel nacional, representa 2,3 millones de personas sin empleo y que lo buscan activamente.

En realidad se acercan a 3 millones, dado que por la cuarentena disminuyó la cantidad de quienes buscaron empleo, con una caída de casi 9 puntos en la tasa de actividad.

«En este marco de incremento del desempleo y teniendo en cuenta que el mercado de trabajo argentino tiene bajos niveles de registro se comprende la importancia del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) como instrumento de contención social».

La tasa de empleo cayó del 42,2% al 33,4% entre el primer y segundo trimestre del año, un nivel comparable al de 2002.

Esto implica que el número de ocupados pasó de 19 a 15 millones. La mayoría de los cuatro millones de personas que dejaron de estar ocupadas durante el segundo trimestre de este año, no posee contrato registrado.

La subocupación, que registra la cantidad de personas que trabaja menos de 35 horas semanales de manera involuntaria, se redujo desde el inicio de la pandemia, de 11,1% durante el primer trimestre del corriente año a 9,6%.

Entre febrero y junio se perdieron 185.000 puestos de trabajo del sector asalariado registrado, lo que equivale a una reducción del 1,2%.

Las caídas se concentraron en los asalariados de casas particulares (-3,3% que representan 16.340) y en los empleados registrados en el sector privado (-2,8% que reflejan una destrucción neta de poco más de 167.000 puestos de trabajo), en tanto que en el sector público se mantuvieron sin variaciones.

En cuanto a los trabajadores independientes, las mayores bajas ocurrieron en el sector monotributista (-5,1%, 82 mil puestos de trabajo) y autónomo (-4%, 16 mil puestos de trabajo).

En junio mejoraron todas las modalidades ocupacionales registradas. Monotributistas, autónomos y asalariados de casas particulares por primera vez desde febrero registraron un incremento mensual (2,2%, 0,9% y 0,7% respectivamente) asociado a la paulatina apertura de las actividades.

También se desaceleró en el ritmo de caída del trabajo asalariado en empresas privadas desde mayo: la variación fue de -0,1% en junio. Esa baja de poco menos de 6.000 puestos de trabajo, es veinte veces menor a la de abril.

La incipiente estabilización del empleo privado registrado no sólo responde a las medidas de prohibición de despidos sino también a la asistencia del Estado Nacional en las diferentes vías otorgadas por el Plan ATP.

En este contexto, el mecanismo de ajuste han sido las suspensiones: en junio crecieron 740% interanual, muchas de ellas en el marco del acuerdo firmado por la UIA y la CGT en el que se establecieron suspensiones colectivas y se acordó el pago de al menos el 75% del salario neto.

En mayo esto significó 8,8 trabajadores suspendidos por cada 100; en junio, 8,1 por cada 100.

La Argentina es el país que presenta la menor tasa de pérdida de empleos entre febrero y mayo de 2020 (-2,5%), mientras que en Brasil fue de -7,5%, en Chile de –12,2%, Estados Unidos de -13,8% y en Canadá de -9,2.

Durante el gobierno de la Alianza Cambiemos el poder adquisitivo del salario para los trabajadores cayó -18,7%, entre diciembre de 2015 y de 2019. 

Los estatales perdieron -21,2 % de su salario real durante el mismo periodo.

Salarios reales diciembre 2015-junio 2020

El incremento de salarios a cuenta de futuras paritarias decretado en cuanto asumió el nuevo gobierno hizo que el salario real del sector privado aumentara en febrero un 2,5% interanual, aunque continuó 11,4% debajo del nivel de diciembre de 2015.

En el sector público pese a los incrementos su nivel en febrero se ubicó 4,5% por debajo del mismo mes de 2019 y 20,2% debajo del de diciembre de 2015.

La pandemia deterioró aún más ese poder adquisitivo.

Para el sector privado el valor de junio es 3,4% menor al registrado en el mismo mes de 2019 y -17,1% con respecto a diciembre de 2015.

En cuanto al sector público, esos valores son de -5,1% y -22,1%.

Pocos gremios acordaron paritarias para este año y la mayoría de los que lo hicieron fue con incrementos por debajo del nivel de inflación, salvo el caso del sector de aguas y gaseosas.

Los trabajadores de la industria azucarera de Tucumán negociaron un aumento de 38%, la aceitera el 30% más una suma fija, camioneros 30%, carne 28%, bancarios 26% más un bono, en la industria papelera el 26%, en la química el 24% más un bono, en el Puerto de Buenos Aires 30%, el gas 30% más un bono de 28.000, perfumistas 12% más un bono de 4.000 y metalúrgicos un bono de 30.000 pesos en 4 cuotas.

En suma, la mayoría tienen congelados los sueldos o incluso reducidos en el marco de las suspensiones si es que conservaron sus empleos, y la minoría alcanzó acuerdos paritarios por debajo de la inflación que aún en este contexto se mantiene elevada.

El índice de precios al consumidor entre diciembre de 2019 y julio de 2020 acumula 15,8% de incremento, mientras que el crecimiento interanual para ese último mes fue de 42,4%.

Este es un tema de fondo del que no habría que distraerse porque, como dice Martín Fierro:

Yo ya no busco peleas,
las contiendas no me gustan,
pero ni dólares me asustan
ni tetas que se menean.

FAMILIA MUY NORMAL, de Jorge Elbaum - 20/9/2020

Los Mahiques, integrantes de la mesa judicial, y una denuncia que los vincula con narcos del Chapo Guzmán

La familia Mahiques, propulsora de gran parte de las causas fraudulentas contra Cristina Fernández de Kirchner, no solo se financió durante el cuatrienio neoliberal con los puestos jurídico - políticos concedidos por el macrismo.

Su ambición republicana la llevó, además, a financiarse de forma ilegal con recursos públicos y asociarse con conocidos delincuentes responsables de algunos de los casos más resonantes de la historia del narcotráfico de nuestro país, vinculados con el cartel mexicano de Sinaloa, liderado por el Chapo Guzmán.

El padre del clan, Carlos Alberto Mahiques, fue el primer ministro de Justicia de María Eugenia Vidal.

Luego recuperó su histórico puesto de juez, pero con un traslado inicuo a la Cámara de Casación, decidido en forma arbitraria por Mauricio Macri.

Su hijo Juan Bautista fue el encargado de extorsionar a jueces y fiscales para conseguir los múltiples procesamientos de CFK, perseguir a sus hijos, lograr su desfile constante por Comodoro PRO y conseguir su procesamiento y/o detención.

La causa que puso en evidencia el rol extorsivo cumplimentado por Juan Bautista en nombre de la denominada mesa judicial fue denunciada por la camarista de Casación Federal, Ana María Figueroa.

El objetivo político estratégico pretendió quebrar el vínculo de la ex Presidenta con el movimiento popular y aniquilar de esa manera toda resistencia al modelo neoliberal que estaba siendo impuesto por Cambiemos.

Otro de los hijos de Carlos Mahiques, Esteban, también logró un conchabo en la administración pública como Jefe de Gabinete de su hermano, Juan Bautista, quien se desempeñaba como Subsecretario de Asuntos Penitenciarios.

Ambos lograron hacerse tiempo para desarrollar un millonario emprendimiento gastronómico instalado al interior del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Para apropiarse de la provisión de la cantina y el servicio de catering de varios de los penales administrados por el SPF, fue necesario despojar en forma arbitraria al proveedor que había obtenido en forma legítima la concesión.

Este hecho fue denunciado por sus víctimas, los empresarios Santiago Domingo y Ángel Domingo - propietarios de FISAMPRO SRL -, beneficiarios originales de la concesión, quienes señalaron el negociado a través del cual se benefició a Leonardo Stanley, integrante de la F&S según el informe producido por Asuntos Internos del SPF.

La entrega del negocio de 120.000.000 anuales fue aún más escandalosa, dado que se invitó en forma descarada a esta última empresa a una tarea de provisión alimenticia sin que se le permitiese a FISAMPRO continuar con la concesión conseguida.

La denuncia de los Domingo fue cajoneada durante 2 años hasta la llegada de las actuales autoridades políticas del gobierno de los Fernández.

Invitación al cuñado de Mahiques (Stanley, Leonardo) para que se apropie de los negocios gastronómicos del SPF.

Leonardo Stanley, ex cabo de la Policía Federal, exonerado a raíz de una causa por drogas, es el concuñado de Esteban Mahiques.

La esposa de Leonardo es Débora Russo, también integrante de esa fuerza de seguridad y activa empleada polirubro: además de revistar en la Federal e integrar la sociedad que hurtó la concesión, logró conchabarse en el Instituto de Previsión Social y en la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, y en el Jardín de Infantes Nuestra Señora de Luján.

Lo que se dice una todoterreno.

Por su parte, Esteban tiene como cónyuge a Ludmila Russo, quien fue designada - también por Juan Bautista - como prosecretaria, en agosto de 2016, con un cargo profesional sin contar con título habilitante.

Para junio de 2018 los Mahiques lograban acumular salarios públicos por un monto cercano a los 12 millones de pesos.

Los adicionales alcanzaban otros 25 millones anuales si se toma en cuenta el hurto de la concesión.

Según el informe de auditoría del SPF, tanto Stanley como su consorte forman parte de F&S Group, del que es accionista y fundador Matías Faubel.

Faubel fue detenido en 2014 por narcotráfico, y dos años después fue condenado por ser penalmente responsable - junto a una banda de policías y ciudadanos mexicanos - del envío al Cartel de Sinaloa de más de 2 toneladas de cocaína.

En noviembre de 2016, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N.° 1 le impuso 9 años de prisión.

En esa ocasión fue sobreseído de la tenencia de estupefacientes hallada durante el allanamiento de su casa ubicada en el coqueto country San Patricio, en General Rodríguez.

En esta misma localidad - tal como consigna el dictamen de prisión preventiva contra Faubel - se secuestró un cargamento de 10 kilos de anfetaminas a un empresario mexicano en 2008.

El predio pertenecía curiosamente a la sociedad F&S Group, que el informe interno del SPF consiga como perteneciente a Stanley y a Faubel, entre otros.

Además, de manera llamativa, otra de los integrantes de la empresa que le substrajo la concesión a FISAMPRO, Jimena Faubel, se desempeña en el ministerio público de la provincia de Buenos Aires, bajo las órdenes de Conte Grand.

Extracto del documento interno del SPF (página 4) firmado por el Jefe de Asuntos Internos, el Alcaide Miguel Ángel Perrota, del 11 de mayo de 2020, luego del pedido de investigación solicitada por la subsecretaria de Política Criminal – e interventora del SPF – María Laura Garrigós de Rébori y el secretario de Justicia de la Nación, Juan Martin Mena.

La impunidad que caracteriza a los encumbrados miembros macristas los empoderó lo suficiente como para no cambiar siquiera el nombre del joint - venture.

El resguardo garantizado por el entonces subsecretario de Asuntos Penitenciarios Juan Bautista Mahiques los llevó a excluir a un concesionario, imponer sin concurso a una sociedad con antecedentes de narcotráfico y emplear a personal penitenciario para que trabajara en su emprendimiento gastronómico millonario con salarios pagados por el erario público.

Una vez que la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori - actual interventora del SPF - tomó conocimiento de esa concatenación de delitos superpuestos, realizó la denuncia ante la Justicia Federal.

La causa es tramitada en el juzgado Federal N° 1 de María Romilda Servini de Cubría.

Durante el macrismo, las directivas de Juan Bautista permitieron a Matías Matute Faubel firmar cheques dentro de la cárcel, encauzados a la adquisición de insumos necesarios para la cantina. Algunos de sus empleados eran sus propios carceleros, que vestían la indumentaria de F&S Group pese a ser agentes penitenciarios y empleados del Estado.

Por su parte, Leonardo Stanley y su esposa Débora contaban con ingreso prioritario dentro de la Unidad Número 1 del Penal de Ezeiza, gracias a las órdenes emanadas de la autoridad máxima del sistema penitenciario, Juan Bautista Mahiques.

Los funcionarios de carrera detallaron en sendos testimonios el asombro que les provocaba la llegada de los vehículos conducidos por los parientes del entonces subsecretario Mahiques: el cabo de la policía Stanley arribaba con su BMW (patente AB868BW) y su cónyuge, la agente Russo, con un Jeep Compass (AC918CLW).

La famiglia Mahiques es de Mercedes, localidad ubicada al oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En esa ciudad residen también Stanley y Russo, quienes montaron un área de reclutamiento para futuros agentes del SPF en el marco de una Asociación Civil denominada 25 de Mayo, pese a que en esa localidad no existe un penal.

Una parte de los colocados por los Mahiques en las Unidades cercanas a Ezeiza y Marcos Paz terminaron trabajando en forma directa para F&S Group hasta que la intervención de Garrigós de Rébori disolvió esas colocaciones espurias que solo beneficiaban al interés privado de quienes se dedicaban en forma prioritaria a la persecución de CFK.

Pero dicho reclutamiento, además, tenía particularidades: uno de los agentes denunció ante las autoridades del SPF que la Asociación Civil 25 de Mayo conseguía incorporar a los agentes a cambio de una devolución mensual de 5.000 pesos mensuales, un 15 % del salario de bolsillo de quienes ingresaban.

La caja de los Mahiques no tenía límites: no sólo tuvo a la totalidad de los integrantes del clan familiar empleados en el Estado durante el macrismo, sino que le robaba parte de los salarios a los agentes penitenciarios ingresados por la ventanilla de su Asociación Civil mercedina.

Procesamiento de Matías Faubel - propietario de F&S Group - y su vínculo con la causa de la Efedrina.

Los autodenominados probos republicanos, defensores de valores trascendentes que nunca definen con precisión, son exactamente la contracara de los que postulan.

Si se escarba un poco, detrás de sus defensas de las instituciones solo se encuentran negociados.

Debajo de su postulada modernidad, una búsqueda desesperada por regresar al sometimiento servil de las grandes mayorías populares.

Detrás de sus convocatorios al diálogo, una andanada de persecuciones sistemáticas.

Detrás de su luchas contra el narcotráfico, su fuente de financiamiento.

Quizás no sean los tiempos adecuados, como cantaba Daniel Viglietti unas décadas atrás, para desalambrar.

Pero sin dudas son tiempos obligados para desenmascarar.

UNA CURA PARA LA ANOMIA, de Ricardo Aroskind - 20/9/2020

Los casos de incapacidad pública para hacer cumplir la Ley se multiplican y enferman a la sociedad

Diversos episodios ocurridos en las últimas semanas nos muestran una creciente tendencia a la anomia - el no cumplimiento de leyes o convenciones que regulan la vida social - en diversos planos de la realidad nacional, que vuelve más difícil la convivencia en el país y realimenta nuevos impulsos en una dirección destructiva.

Los síntomas se encuentran diseminados, desde las más pequeñas acciones de la micro política hasta las más importantes cuestiones institucionales, y se dan en el contexto de una áspera lucha entre un gobierno que busca asentarse y encaminar la situación económica - pandémica y social, y un diverso abanico opositor que busca en principio evitar que tal encaminamiento se produzca.

El problema de la anomia no es una cuestión teórica, que deba preocupar exclusivamente a los sociólogos o politólogos, de interés para ser debatida en foros académicos o conferencias internacionales.

Es un tema de primera importancia política, porque la persistencia de ese fenómeno augura días complicados para el país y nuevos sofocones políticos para el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Veamos algunas situaciones recientes.

La batalla del country Ayres de Pilar

Imaginemos por un segundo estos títulos: “Una turba impide que se cumpla un fallo de la Justicia” o “Una patota violenta impide que un ciudadano pueda ingresar a su propio domicilio a pernoctar”.

Serían dos títulos que generarían sorpresa y preocupación en una sociedad normal.

Sin embargo, en el distorsionado clima social argentino, estos dos hechos no sólo no merecen repudio social, sino que son considerados una victoria de la “decencia” frente a la “corrupción”.

Ambos hechos son en realidad uno, y ocurrieron cuando el Tribunal Oral Federal Nº 4 decidió hacer lugar a la prisión domiciliaria de Lázaro Báez, empresario convertido por obra de la publicidad mediática - macrista en emblema de la corrupción K.

Esa noche, nuestro país pudo observar por televisión cómo las fuerzas públicas encargadas de ejecutar la orden judicial fracasaban en su cumplimiento y se rendían frente a un grupo de “vecinos exaltados” que no querían permitir la concreción de la disposición de uno de los poderes del Estado.

Fue evidente la incapacidad de los oficiales a cargo de llevar adelante la decisión del Poder Judicial, y de amparar a una persona que debía seguir cumpliendo prisión en su propio domicilio.

El derecho y el poder del Estado naufragaron por televisión, como si se tratara de un espectáculo más de los que observamos cotidianamente los argentinos.

¿Dónde están las causas del fracaso de ese trámite administrativo menor?

¿No están en condiciones las diversas fuerzas de seguridad de hacer cumplir una orden oficial?

¿Qué impidió que aplicaran razonablemente la fuerza en resguardo de derechos elementales, frente a un grupo que realizaba una acción ilegal?

Esa noche se expresó, una vez más, la inhibición de todo el aparato estatal frente al poder de un sector social reducido, de situación acomodada, que parece el único que detenta una ciudadanía a prueba de la Ley.

Es un sector social de elevados ingresos, fuertemente derechizado, y que se muestra en una actitud de abierto desafío - en la práctica - a toda disposición que lo contraríe.

Se encuentra empoderado por una ideología individualista militante, que se viene difundiendo promovida desde los principales medios y desde la Alianza Cambiemos.

Es la convicción de que ese sector de la derecha social es la única fuente de legitimidad, la única vara desde la cual se debe medir al resto de la sociedad.

No se les aplica la Ley común, porque por sus méritos - expresados u objetivados en su riqueza - no corresponde que sean molestados.

Serían la encarnación misma de la libertad, y por lo tanto, si se les aplicara la Ley, sería en realidad autoritarismo.

Quien osase intentar aplicar la Ley a este sector social, fuertemente ideologizado y en estado de agitación activa, estaría realizando una agresión a “las libertades” y cayendo, como era de esperar, en leso chavismo.

Por lo tanto, en nuestra realidad actual, la medida de la aplicabilidad de la Ley pasaría por la furia que son capaces de desplegar los sectores más acomodados, incitados y al mismo tiempo protegidos por un poder comunicacional que los organiza y representa.

El caso del country, como veremos, es uno más entre muchos otros casos.

La técnica consiste en movilizar grupos en un estado de furia irracional, por lo general con una percepción fuertemente distorsionada de la realidad, uno de cuyos ingredientes es la completa tergiversación de los objetivos de las medidas gubernamentales.

Por lo general, las autoridades terminan cediendo frente al enloquecimiento promovido intencionalmente por los medios y los agitadores que responden a algún poder concentrado.

Lo novedoso de esa situación es que se trata de grupos de derecha movilizada, que fuerzan situaciones violentas, y que actúan el relato anti-gobierno, anti-Alberto y anti-k de los medios.

Todo esto está ocurriendo en forma creciente, y no aparece una clara contestación pública frente a esta “nueva forma de hacer política” que está ejercitando la derecha furiosa.

La derecha local ya hace tiempo leyó a Gramsci, y ensayó con bastante éxito un discurso - la decencia, el trabajo, el esfuerzo individual - capaz de convocar a diversos sectores que no comparten los grandes intereses de su núcleo básico.

La validez de su superioridad moral está plenamente expresada en la distancia entre las palabras de Mauricio Macri (República, transparencia, decencia) y sus acciones de gobierno.

La batalla de la Quinta de Olivos

Otra demostración de anomia fue el episodio de la rebelión policial de la semana pasada.

Montados en diversas demandas legítimas del personal policial, diversos punteros macristas y personal con oscuros prontuarios acaudillaron una protesta, que sorpresivamente se extendió hasta provocar el rodeo de la Residencia Presidencial en Olivos.

En una demostración de la falta total de reglas, medidas y límites, numerosos móviles policiales y personal armado de la policía bonaerense, luego de concentrarse en el perímetro del predio, reclamaron que el Presidente de la Nación saliera a negociar con la turba policial, que carecía de representatividad alguna.

Con el correr de las horas, lo insólito de la situación empezó a hacerse sentir.

La reacción oficial fue muy limitada, ya que se optó por hacer como si no pasara nada grave.

No se instó a los patrulleros a retirarse inmediatamente del lugar.

El Presidente actuó prefiriendo disolver gradualmente el episodio atendiendo a las razones legítimas del reclamo.

A medida que pasaban las horas, factores externos al sistema político convencieron a los políticos opositores para expedirse en contra de la continuidad del asedio a la Residencia presidencial.

Los responsables del evento no pueden ser ajenos al significado político de la acción.

Y los participantes, como servidores públicos, no pueden tener tal nivel de ignorancia o de indiferencia democrática.

Pareciera que así como se están haciendo capacitaciones con perspectiva de género en diversos niveles de la administración pública, se debería volver a explicar a la policía bonaerense que un funcionario armado no es un pistolero, sino que tiene una enorme responsabilidad, precisamente para defender a la sociedad de los pistoleros.

Que los auxiliares de la Justicia no pueden violarla.

Y que los representantes del Estado no pueden andar prepoteando al representante de toda la Nación.

Reglas básicas, que parecen no estar rigiendo.

Son hechos que requieren una reacción que marque con claridad que existe Ley, que la Ley debe ser cumplida, y que si no se cumple hay sanciones claras y concretas.

No debe tratarse de una acción oculta, porque lo que se debe restaurar públicamente es la autoridad del Estado democrático.

Un problema viejo

Durante los gobiernos kirchneristas, también ocurrieron episodios donde el Estado no pudo hacer respetar la Ley.

Un caso famoso fue el corte durante 3 años y 6 meses del puente internacional General San Martín que une la Argentina con Uruguay, por parte de numerosos vecinos de Gualeguaychú.

El tema que ocasionaba la protesta era grave, porque se temía por la salud y el bienestar de ciudad a partir de la construcción de una planta procesadora de papel.

Pero la forma que tomó la protesta excedió lo razonable, cerrándose un paso internacional que es de absoluta incumbencia del Estado nacional.

Ningún sector particular puede disponer de parte de la frontera del país, por la razón que sea.

La masividad de la protesta seguramente pesó en que no se usara la fuerza pública para abrir el paso.

En el conflicto de las entidades agropecuarias contra el gobierno nacional por la Resolución Nº 125, el sector entró en un estado semi insurreccional contra las autoridades públicas, cortando rutas y atribuyéndose la capacidad de regular quiénes pasaban y quiénes no por las carreteras de diversas regiones del territorio nacional, violando explícitamente uno de los derechos constitucionales básicos.

Además de ello, se buscó conscientemente provocar el desabastecimiento en los grandes centros urbanos y el consiguiente efecto de penurias generalizadas e inflación.

La derecha social hizo sentir violentamente su desapego a las leyes, su desconexión con sus compatriotas, y el precario estado de paz que reina en la Argentina cuando no se gobierna en función de sus intereses sectoriales.

El gobierno optó por no reprimir.

Se puede entender que en determinada circunstancia histórica la atribución del Estado a hacer cumplir la Ley no se ejerza por atendibles razones políticas, para evitar males mayores o preservar la vida de los ciudadanos, pero esa prudencia no puede ser transformada en una práctica permanente que convalide la impunidad de los sectores privilegiados para bloquear las disposiciones que no les satisfacen.

Recientemente, cuando el Estado Nacional decidió la intervención de la empresa Vicentín, en medio de una situación delictiva de la que se conocen día a día más detalles escabrosos, se encontró con una especie de “pueblada” prefabricada por los dueños de la propia empresa, que impidió a las autoridades del Estado acceder a las instalaciones para comenzar las primeras tareas de salvaguarda del patrimonio público.

Nuevamente, otra movilización furiosa en función de la defensa de una corporación que ha estafado a productores, trabajadores, bancos públicos y bancos extranjeros, recibió una bendición mediática como si encarnara el “bien común”.

Otra vez el Estado actuó como si careciera de poder y los funcionarios se retiraron ante la indecisión de aplicar la Ley, aunque eso implicara ceder ante el poder movilizador de la delincuencia.

Los casos de incapacidad pública para hacer cumplir la Ley se multiplican, y enferman a la sociedad.

En el ámbito de la economía, la maniobras ilegales con el dólar que crean incertidumbre y malestar, las remarcaciones ilegales de precios que observamos todos los días, los desalojos que están prohibidos pero ocurren, son formas de anomia que perjudican a la mayoría de la sociedad y develan una inhibición de los diversos niveles institucionales para ejercer el poder legal.

La anomia se cura con Ley

Alguien, desorientado por una postura estrictamente legalista, podría preguntar por qué no ejercer entonces la violencia legal contra los movimientos sociales y laborales que reclaman por sus derechos en la calles, infringiendo alguna norma urbana.

La respuesta es elemental: mientras los movimientos populares reclaman por derechos conculcados de facto por el funcionamiento de una economía excluyente, rentista y especulativa, lo que los movimientos violentos de derecha hacen es reclamar para cristalizar privilegios inadmisibles, despojar de derechos a otros ciudadanos o para retroceder en el ordenamiento social hacia una sociedad oligárquica y estratificada.

La furia desplegada por los sectores de derecha parecería ser un argumento suficiente para que se suspenda el orden legal y el Estado se abstenga de aplicar la Ley, por miedo a herir la sensibilidad delirante de los grupos movilizados, o a ser catalogado como “represivo” por la derecha comunicacional.

Pero el gobierno no puede aparecer intimidado por los medios de comunicación y los grupos civiles violentos que actúan en conjunción, simplemente porque estos no tienen límite y pueden empujar a un cuadro de ingobernabilidad.

Debe comenzar a trazar una clara línea roja sobre lo que se puede y no se puede hacer en un sociedad civilizada.

Podría esperarse - sería lógico - que una parte de la oposición, desesperada por lo que comienza a conocerse de las irregularidades institucionales y económicas de su gestión, no vea otra alternativa que incitar a situaciones de alta conflictividad para tratar de eludir el rumbo de decadencia política en la que está sumergida.

Eso no puede cambiarse.

Lo que sí conviene precisar es cómo se para el poder político frente a las manifestaciones de anomia, hoy protagonizadas por una derecha violenta, acostumbrada a la impunidad y amparada por la “opinión pública” formada por los medios opositores.

Esa revisión implica clarificar públicamente la diferencia abismal existente entre el ejercicio legítimo de la autoridad pública - que confiere la Constitución y las leyes -, con el inventado “autoritarismo oficial” por parte de quienes reclaman la inmovilidad de modelo social macrista.

Si la sociedad argentina fue capaz en su momento de comprender que las Fuerzas Armadas no tenían facultades legales para remover a ningún Presidente constitucional, también deberá comprender hoy que un Estado impotente para hacer cumplir la Ley no deja el vacío para ser llenado por la libertad de los individuos, sino por el autoritarismo al servicio de las corporaciones.