LAS CARACTERÍSTICAS INCREÍBLES DEL SISTEMA EDUCATIVO COREANO, de Rubén Telechea - 23/5/2021

El modelo de Corea del Sur de desigualdad económica, social y educativa.

Detrás del "modelo exitoso" aparecen tremendas inequidades, alto desempleo en la población joven, una economía con alto grado de informalidad y gran cantidad adultos mayores pobres.

La galardonada película Parasite lo refleja en forma extraordinaria.

La película Parasite expone en forma brutal la desigualdad entre dos familias coreanas.

El fenómeno cinematográfico que resultó Parasite, con su saga de premios internacionales y éxito de taquilla, permitió visualizar algunas cuestiones que se observan entre líneas sobre aspectos sociales y económicos de Corea del Sur para muchos desconocidos en Argentina.

Por ejemplo, las tremendas desigualdades sociales, el alto desempleo en la población joven, una economía con alto grado de informalidad y gran cantidad adultos mayores pobres.

Alcanza con observar la diferencia entre las dos familias en las que se centra la historia.

Una vive en un minúsculo semisótano inundable que años antes había sido un bunker antibombardeo, haciendo malabares para robar wifi de los vecinos (en uno de los países con mayor y mejor conectividad del mundo) y subsistiendo a duras penas.

Mientras, la otra reside en una millonaria mansión inteligente, tiene chofer, ama de llaves y tutores para todas las disciplinas formativas que sus hijos necesitan.

También aflora permanente el fantasma de la desocupación y, algo aún más sorprendente, el de la continua quiebra de empresas, que es uno de los motivos esgrimidos por los protagonistas (pobres) para no tener empleo.

Sorprende especialmente no solo por la imagen que tenemos de Corea del Sur sino por lo que indican sus cifras: el PIB es de 1,6 billones de dólares, el per cápita es de unos 30 mil dólares y la inflación es de 0,3 por ciento anual.

Desigualdad

Otro elemento más sorprendente aún que no solo aparece en Parasite sino también en The Host, una película anterior del mismo director Bong Joon-ho: esas desigualdades provienen de la posibilidad (o no) de acceder a la educación universitaria.

Para quienes no vieron The Host, la historia gira sobre una familia disfuncional que busca desesperadamente a una de sus hijas, que fue raptada por un abominable monstruo mutante nacido en el río. De los tres hijos que conforman la familia, el que fue a la universidad viste distinto, habla distinto, razona distinto y actúa distinto a sus hermanos, que no accedieron a la educación superior.

En Parasite los ricos sienten que también “huelen distinto”.

En esta última,  buena parte de la trama se basa en dos hermanos pobres y sin trabajo (obviamente no universitarios) que se introducen en una familia rica para ser profesores particulares de su hija, que transita la escuela secundaria pero ya se está preparando para ingresar a la universidad.

Lo que Bong Joon-ho ha sabido retratar magistralmente es lo que en Corea se llama “cucarachas de oro” (los ricos) y “cucarachas sucias”, los que se quedaron abajo (nunca más literal), en casas insalubres y pequeñas.

Resulta necesario describir las aristas principales del sistema universitario coreano, pero que en realidad tiene que ver con el sistema educativo de ese país en su totalidad.

Para ser graduado universitario primero hay que pasar el examen que permite ingresar a esas instituciones, llamado CSAT o Suneung. En él se viven situaciones que serían inimaginables en Argentina y gran parte del mundo: el proceso comienza con un grupo de docentes que cada año permanece confinado e incomunicado durante un mes mientras elaboran lo que será el examen de ingreso de todas las universidades.

Luego, el día de la evaluación - que dura ocho horas y veinte minutos - se recomienda a la población no salir en auto para evitar problemas de tránsito a los participantes, porque si llegan cinco minutos tarde no pueden rendir.

Por eso quienes pueden se alojan en un hotel cercano a la sede donde rinden.

Desde varios días antes, los medios difunden técnicas para mejorar el rendimiento y la concentración.

Es común ver padres rezando en las puertas de las sedes donde se rinden los exámenes, y los días previos los templos budistas e iglesias cristianas suelen estar repletos de madres que portan los retratos de sus hijos e hijas pidiendo por ellos.

Más de 500.000 aspirantes se presentan cada año y solo el 3 por ciento consigue el SKY, un juego de palabras entre “cielo” en inglés y el acrónimo de las tres mejores universidades del país (de Seúl, de Korea y de Yonsei).

Ese cielo que se alcanza es ingresar a alguna de ellas.

El otro 97 por ciento deberá esperar un año o pasar a una de mucho menor nivel (y quizás mayor costo) aunque nada de eso evita la frustración de sentir que todo el recorrido previo transitado en su infancia y adolescencia quedan tirados en la basura.


Estudiar

Para dimensionar ese tránsito previo es bueno reproducir lo que manifiesta la ONG "Un Mundo sin Preocupación por la Educación Sombría": los jóvenes coreanos pasan entre 70 y 90 horas semanales estudiando (sea en el colegio, en institutos privados o con profesores particulares como los que aparecen en Parasite) y duermen entre 5 y 6 horas diarias, por lo que es obvio que su vida social se ve notablemente disminuida.

Sam Dillon, corresponsal del New York Times contó su sorpresa al asistir a una escuela secundaria de Seúl donde vio adolescentes estudiando a las 22.30, cuando ya llevaban quince horas de actividad.

En ciertos casos estudiaban parados para no dormirse.

Otros, luego de las clases doble turno en su escuela, llegan a sus casas y siguen (solos o con profesores particulares) hasta que el cuerpo no les dé más.

O en los hagwones - institutos privados de apoyo escolar - hasta tan tarde que motivó a que el gobierno debiera establecer una suerte de toque de queda para obligarlos a cerrar a medianoche.

Hace poco se debatió en el Congreso surcoreano la posibilidad de que también se les prohíba abrir los fines de semana.

No se aprobó.

Además está la presión de padres y madres, ya que la principal inversión de muchas familias es en el proceso formativo de los hijos (especialmente en el idioma inglés) para que puedan ingresar a la universidad.

Se calcula que aproximadamente el 30 por ciento de los ingresos de una familia se gasta en ese proyecto.

Luego, mantener un hijo en la universidad sale entre 300 y 400 mil dólares hasta que se gradúa.

Es común que haya familias que sacan hipotecas para cubrir ese costo.

Algunos padres siguen instando a los hagwones a utilizar los castigos corporales para lograr un mayor esfuerzo en los estudiantes (a pesar de que estos fueron prohibidos en 2010).

Familias

En 2016, las familias gastaron la astronómica cifra de 16.000 millones de dólares en cuestiones relacionadas con el apoyo escolar, una cantidad que ha llevado al surgimiento de una nueva clase social: los “estupobres”, que se endeudan durante años para esa misión y que, además, ha generado un gran negocio en torno a los hagwones y docentes particulares, que llegan a convertirse en estrellas con multitudes de admiradores y que ganan sueldos millonarios.

Uno de esos profesores - estrella es Cha Kil-yong, popularmente conocido como Mr. Cha.

Es el creador de Seven Edu, una escuela online de preparación para el examen de ingreso que cuenta con más de 300.000 alumnos. Utiliza disfraces, pelucas y caretas para enseñar matemática de un modo entretenido y para motivar a sus estudiantes.

Con estos métodos hizo una fortuna en pocos años.

Se codea con ídolos de los jóvenes surcoreanos, como una cantante de k-pop con la que grabó una canción instando a los estudiantes a que cambien el semblante y sonrían mientras preparan el examen de ingreso a la universidad.

Obviamente que no en todas las familias pueden sobrellevar ese gigantesco esfuerzo o disponer del dinero necesario para pagar docentes y luego el arancel de la universidad.

Aquí irrumpe la raíz de gran parte de las desigualdades de la sociedad coreana.
Todo este cóctel de presiones lleva a que más de mil jóvenes estudiantes por año se suiciden.

Además se ha ido gestando un nuevo movimiento llamado honjok, cuya traducción sería “individualistas solitarios”.

Se trata de jóvenes que no sólo viven solos, sino que comen, beben, salen y viajan solos.

Competencia

Hyo-sang-Lim, profesor de la Universidad Kyung Hee (que no pertenece al selecto grupo SKY), define con crudeza el carácter despiadadamente competitivo del estudiante que llega “al cielo”. Manifiesta que dicen "no pensamos en disfrutar, nuestra meta es estar mejor que los demás".

Una canción popular entre los adolescentes coreanos dice: 

“Si duermes tres horas al día,

tal vez entres en SKY

si duermes cuatro horas

entrarás en otra universidad

si duermes cinco horas,

olvídate de entrar en la facultad”.

Un aspecto extraño y paradojal de esta situación es que, si bien Corea del Sur tiene uno de los sistemas educativos más exitosos del mundo en cuanto a resultados (pero también seguramente el más duro), que lo ubica en el segundo lugar detrás de Finlandia en las pruebas PISA de la OCDE, no tiene ninguna universidad incluida entre las 100 mejores en los rankings internacionales y sólo la de Seúl se encuentra entre las 200 más calificadas.

Al mismo nivel que la UBA, por ejemplo.

Otro aspecto a tener en cuenta es que los aranceles de las universidades públicas prácticamente no difieren de lo que se abona en las privadas.

Corea del Sur es el país donde, del presupuesto universitario, lo que pagan los estudiantes cubre la mayor proporción del mundo: entre 45 y 50 por ciento del total, cifra que casi duplica a la media mundial. 

Sobre un total de algo más de 220 universidades existentes, 180 son privadas donde concurren alrededor del 80 por ciento de los estudiantes.

Las tres del “SKY” son privadas.

La sumatoria de todos los factores mencionados ha generado una extrema infelicidad entre estudiantes, familias y docentes.

El resultado final es que se considera a sus graduados universitarios con poca iniciativa y creatividad, con conocimientos adquiridos como autómatas donde prima la memorización y con escasísima conciencia crítica.

Mientras se escucha y se lee tanto acerca de la supuesta falta de dedicación de los estudiantes de Argentina y la “discutible” calidad de sus graduados, resulta importante conocer otros “modelos exitosos” como el coreano para sacar conclusiones más cercanas a la realidad.

* Docente UNLZ y UNQ.

TARIFAS: EL ACTUAL MODELO ENERGÉTICO NO SIRVE, de Alfredo Zaiat - 9/5/2021

Qué oculta el debate por subsidios, lo que tienen que pagar los usuarios, la segmentación y las inversiones para expandir la red.

Las diferencias en la coalición de gobierno son consecuencias de casi 30 años de un sistema de administración de servicios públicos que fracasó en cada una de las promesas de la privatización.

Es ineficiente y costoso para el fisco, la población y la estabilidad económica.

La crisis global es la oportunidad de avanzar en un nuevo paradigma.

La interna expuesta entre un ministro y un subsecretario por la definición de un aumento de tarifas de luz y del monto de subsidios, y la demora en la segmentación de usuarios, deja en evidencia, aunque se pretenda eludirla, la cuestión central: el sistema de concesión del servicio básico y esencial de electricidad en manos privadas es ineficiente y costoso para el fisco, la población y la estabilidad económica.

El rumbo convencional del debate político y económico sobre las tarifas no aborda entonces el origen estructural del conflicto: el régimen de servicios públicos privatizados tal como está diseñado ya demostró que no sirve.

Esto queda en evidencia con casi 30 años de vigencia de un sistema que fracasó en cada una de las promesas de la privatización.
La prestación a los usuarios es mediocre, las inversiones son mínimas e indispensables, la expansión es limitada y el fisco destina millonarios recursos denominados subsidios para que sean administrados por privados, que en parte son desviados para embolsar ganancias que los estados contables no registran.

Hoy son las diferencias entre el ministro Martín Guzmán y el subsecretario Federico Basualdo, ayer fueron otras peleas entre funcionarios, y mañana habrá otros protagonistas discutiendo sobre el nivel de tarifas, el monto de los subsidios y el supuesto sesgo pro rico y, en general, sobre el mercado energético.

Será así mientras no se avance en un cambio drástico de las reglas de funcionamiento porque, en realidad, el sistema tal como está operando no puede dar respuestas básicas para impulsar un modelo de desarrollo integral, expansión industrial y mejora en la distribución del ingreso.
Ya sea con cuasi congelamiento de tarifas, una eventual segmentación o aumentos aplicados por mentes afiebradas de hasta el 3000 por ciento el actual régimen se exhibe insostenible.

Existe una evidencia histórica que muchos ocultan: con tarifas accesibles la economía argentina creció, la industria se expandió y las clases populares (bajas y medias) tuvieron un horizonte de progreso; en cambio, en el ya largo período de privatización de servicios públicos, de punta a punta, la economía dejó de mostrar dinamismo, la industria perdió participación en la generación de riquezas y las clases medias descendieron en la pirámide social y aumentó la cantidad de pobres.

Es obvio que las privatizaciones no son el único factor explicativo de ese proceso, pero no pueden quedar excluidas cuando se lo analiza y menos cuando se pretende recuperar un sendero de crecimiento con una macroeconomía sustentable.

Herencia

Cada uno de los tres ciclos neoliberales dejó pesadas herencias económicas que se siguen padeciendo hasta el presente.

La dictadura cívico - militar, la desestructuración productiva; el menemismo en los '90, la privatización de empresas estatales y el default; y la alianza macrismo - radicalismo, la deuda y el FMI.
Con voluntarismo político y con varias medidas estructurales consistentes, los tres gobiernos kirchneristas 2002 - 2015 buscaron atender esos frentes.

Lo mismo trata de hacer el actual de Alberto Fernández.
El objetivo de cada uno de estos ciclos políticos es minimizar los costos derivados de esas pesadas herencias.

En el terreno de las privatizadas, cuando intervinieron en forma sólida fue tomando el control (Correo, Aguas Argentinas, AFJP, YPF) como última instancia porque la situación era imposible de avalar en términos económicos, financieros y políticos.
En el caso del sistema energético, la estatización de la mayoría del capital accionario de YPF durante el kirchnerismo, concretada recién en el segundo mandato de CFK, fue el inicio de un sendero de recuperación de un área estratégica que quedó inconcluso.

Apagón

En el frente específico de la electricidad, con la división de la empresa de distribución estatal Segba en tres firmas (Edesur, Edenor y Edelap), con ya casi tres décadas de manejo del sector privado, está probado que es un régimen de concesión de activos públicos que no funciona.
Esa descomposición en tres para, teóricamente, competir entre ellas fue un fiasco.

Un absurdo puesto que el servicio de electricidad es un monopolio natural.

Esa división triplicó entonces la estructura gerencial con honorarios elevados - un sobrecosto innecesario - y generó una lógica privada de maximización de ganancias de un servicio público esencial.

En realidad todo el régimen de cuasi competencia por segmentos (generación, transporte y distribución) de la privatización de los '90 fracasó.
Incentivó la búsqueda de rentabilidad no sólo con el aumento de las tarifas y el manejo financiero de los subsidios del Estado, sino también con la contratación a firmas vinculadas de "asesoramiento al management", la compra e importación de insumos a empresas asociadas y la contratación de servicios de consultoría.

Esta estrategia en el manejo del negocio, acompañado de una poco prudente política de endeudamiento externo de las firmas, sirvió para canalizar utilidades hacia los grupos controlantes.

La definición de la estructura tarifaria quedó de esa manera atrapada de una organización empresarial ineficiente en términos sociales y económicos.

Con las tarifas cuasi congeladas, como sucedió durante el kirchnerismo, el monto de subsidios generó fuertes tensiones en las cuentas públicas.

Los aumentos delirantes de hasta el 3000 por ciento, como se instrumentaron en el gobierno de Mauricio Macri, provocaron descalabros en el presupuesto de los hogares, ahogo económico de la actividad comercial y pérdida de competitividad de la industria.

Si uno y otro camino, incluso con flexibilidad en ambos extremos, conducen a conflictos con las empresas, estrés fiscal y desorden en el presupuesto de hogares, comercios e industrias, puede ser que algo falle.
El nudo de la cuestión tarifaria entonces no es el ajuste de 9 por ciento o proyectar dos aumentos en el año, para acomodar los subsidios en función de un objetivo de déficit fiscal en relación al Producto Interno Bruto, sino que la definición de un determinado nivel de tarifas con la actual conformación del negocio privado de electricidad tendrá siempre destino de conflicto.

Subsidios

Quienes entienden aspectos políticos y económicos del funcionamiento del mercado energético plantean la necesidad de discutir con rigurosidad el concepto de subsidios.
Se supone que existe un subsidio (transferencia de recursos públicos) cuando el precio (tarifa) es menor que el costo de producir (luz o gas).

Sin embargo, si se calcula el subsidio en base a ese costo según el precio internacional o de importación por un lado y, a la vez, el monto de los incentivos al sector privado, se están suponiendo que se debe transferir a la tarifa del usuario final incluso lo que el fisco gira a las empresas para que potencien sus inversiones.

Es un esquema abusivo para las cuentas públicas e inequitativo para los consumidores de energía.

Por eso en términos conceptuales existe un error cuando se habla simplemente de "tarifa subsidiada".

Para no caer en confusiones el camino sería encontrar respuestas a los siguientes interrogantes:

¿Por qué si el costo de extracción del gas es de unos 2 dólares o el de producción de un barril de petróleo es 20 dólares, la tarifa tiene que ser mucho más elevada que esos costos?

¿Debe la tarifa, por ejemplo, cubrir el costo de extracción del Plan Gas, que es un incentivo para que los privados inviertan?

Trampa

En este esquema hay una trampa: si el sector público entrega incentivos a las empresas para que inviertan y expandan la producción en el largo plazo, el sector privado no puede pretender - y el Gobierno convalidar - cargar ese premio en la tarifa del usuario.
En esa instancia aparece una definición fundamental: si la tarifa es menor a esa teórica de mercado, esa diferencia no debe denominarse "subsidio" al consumidor porque, en realidad, es un incentivo a la producción.

Por ejemplo, Tecpetrol, de la familia Rocca, recibió durante el gobierno de Macri por el Plan Gas 7 dólares por metro cúbico adicional, recursos públicos que le permitió financiar inversiones que le permitirá producir por varios años, cuando el costo de extracción era 2 dólares.

No es justo para los usuarios residenciales e industriales tener que pagar la tarifa de gas vinculada a esos 7 dólares.

Resulta un despropósito que ese incentivo tenga que ser pagado por el consumidor final.

En esa línea, no es correcto sostener que si la tarifa no cubre el incentivo que se suma al costo de producción entonces hay subsidio. Esta es una confusión que reproduce el poder económico para camuflar sus ganancias extraordinarias.

La experiencia ha demostrado que sin energía barata la economía argentina no hubiera tenido industria ni podría aspirar a una distribución del ingreso más justa ni a una clase media amplia. También ha quedado probado que tarifas altísimas, como las que aplicó la alianza macrismo - radicalismo, no significaron inversiones energéticas de envergadura ni básicas de mantenimiento.
Queda al descubierto que la mediocre calidad del servicio no está directamente vinculada a las tarifas, porque ya sean elevada o bajas siguió siendo deficitario para la mayoría de los usuarios y también fue mezquina la inversión para la expansión de la red hacia sectores excluidos

Integración

Como se mencionó al comienzo, el actual sistema energético es ineficiente.

Vale recordar entonces como era antes de las privatizaciones.

Existía un régimen integrado y centralizado, con dos grandes subsistemas, uno eléctrico y otro de combustibles.

De un lado estaba Agua y Energía Eléctrica - que se asemejaba a una YPF de la energía eléctrica -, Hidronor (El Chocón) y Segba.

Del otro, YPF y Gas del Estado.
Era un sistema que funcionaba, con sus más y sus menos, en forma ordenada y eficiente.

Una vez que se determinaba la proyección del consumo anual, se establecía un plan de producción de energía desde la más barata hasta la más cara, empezando por el aporte de la hidroelectricidad, después las usinas atómicas, siguiendo el gas y finalmente el petróleo.

Ahora habría que sumar las renovables (eólica y solar).

No había saldos exportables porque no había reservas suficientes, y además se privilegiaba el abastecimiento interno.

De esa forma, la energía estaba al servicio del desarrollo del país, con el menor costo en cada una de esas fuentes energéticas y un cuadro tarifario más equilibrado que el actual.
Esa organización fue destruida con las privatizaciones.

Se la cambió por la voracidad de lucro del mercado.

El modelo energético de los ’90 desestructuró ese esquema integrado.

Ahora existe uno híbrido, donde los privados hacen poco y nada para expandirlo, y el Estado va realizando intervenciones de emergencia para mantenerlo a flote.
Este modelo energético ha revelado limitaciones con un sector privado administrador, operador y responsable del mantenimiento de la red energética, incluyendo la producción de hidrocarburos, mientras el Estado define el nivel de tarifas y, ante la ausencia privada, concreta inversiones para la expansión del sistema con un marco de subsidios o transferencias directas de recursos.

Es fundamental también que YPF estatal no tenga una administración con lógica privada, porque si es así es muy complicado poder avanzar en una transformación estructural del sistema energético.

Paradigma

El objetivo de una compañía privada es maximizar ganancias y destina recursos de acuerdo con una pretendida tasa de retorno económico - financiera.

Exigirá entonces una tarifa acorde a esa utilidad esperada, o reclamará un subsidio para alcanzarla, o terminará disminuyendo la inversión comprometida.
Cada una de esas opciones encierra efectos no deseados: si suben las tarifas se afecta el poder adquisitivo de la población; si aumentan los subsidios se pone en tensión el presupuesto nacional; y si reducen las inversiones se generan cuellos botella en la producción y abastecimiento energético.

No es una labor sencilla eludir el bombardeo reduccionista de realidades complejas, más aún en un escenario donde se desarrollan negocios millonarios y actúan protagonistas centrales del poder económico.
La verdadera crisis entonces es la del modelo energético privatizado. La pandemia ofrece la oportunidad de avanzar en cambios de paradigmas.

Pretender administrar un régimen ineficiente y costoso como si no existiese un escenario diferente, a partir de la actual crisis global, lleva al callejón de la frustración.

Los conflictos que puedan surgir en esa necesaria transformación se pueden enfrentar con los conceptos "activo estratégico", con el petróleo y el gas, y "beneficio social", con los servicios públicos.

Operar bajo esas ideas, cuando el Estado es el encargado de administrar, controlar y expandir esos sectores, en algunos casos asociados con el capital privado, permitirá reducir tensiones tarifarias, fiscales y productivas.

La gestión diaria es una tarea imprescindible, pero también lo es entender los nuevos tiempos para encarar transformaciones estructurales.

El Gobierno mostró excelentes reflejos cuando apostó por la vacuna Sputnik V y cuando se colocó como vanguardia de un debate mundial con el Aporte de las Grandes Fortunas.

Han sido dos intervenciones oportunas que desafiaron a factores de poder.

Con el modelo energético es momento también de hacerlo con esa misma audacia para crear uno nuevo para enterrar el actual ineficiente y de privilegios.

ESPIONAJE ILEGAL: LOS ENCUENTROS SECRETOS DE BULLRICH - 26/5/2021

Espionaje ilegal: los encuentros secretos de Bullrich con los espías de la AFI hoy procesados en la causa de Lomas de Zamora

Desde los jefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, a espías de la banda Super Mario Bros y la cúpula del Servicio Penitenciario Federal estuvieron en la cartera que conducía la ahora líder de PRO.

Todos luego fueron procesados por espionaje ilegal.

Las coincidencias de las visitas con el avance de causas emblemáticas como “la ruta del dinero K”, el caso Pérez Corradi, los bolsos de López y las escuchas en la cárcel de Ezeiza.

El Destape accedió a estos registros mediante un pedido de información pública.

Patricia Bullrich, actual presidenta del PRO, mantuvo una agenda intensa con espías hoy procesados mientras fue ministra de Seguridad.

Se reunió con los protagonistas de las causas emblemáticas de persecución política, según surge de los registros de ingreso a la cartera que condujo durante el gobierno de Mauricio Macri, a los que accedió El Destape.

Además de tener contacto con la mayoría de los procesados en el caso D’Alessio (ver nota aparte) también recibió ella o su mano derecha a agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que terminaron procesados en otra investigación clave sobre el espionaje macrista, la que se inició en los tribunales de Lomas de Zamora.

Bullrich se reunía en secreto con Angelici, línea clave  del espionaje ilegal.

Por Franco Mizrahi.

Estos encuentros revelan que Bullrich también formó parte del dispositivo de persecución vía armado de causas o vía espionaje ilegal.

El jefe del Lawfare era Mauricio Macri, la estrategia se armaba en la Mesa Judicial, pero Bullrich no se quedó afuera.

Todo lo contrario.

Coincidencias en tiempos de Lawfare: las visitas al ministerio de Seguridad se dieron en simultáneo al avance de casos como “la ruta del dinero K”, la captura de Pérez Corradi, los bolsos de López y las escuchas en la cárcel de Ezeiza.

Todas tuvieron a espías de la ex SIDE involucrados.

Según el registro de ingresos al Ministerio de Seguridad en la era Bullrich, los que El Destape obtuvo a partir de un pedido de acceso a la información pública, hubo encuentros con:

• Gustavo Arribas y Silva Majdalani, jefes de los espías.
• Diego Dalmau Pereyra, director de Contrainteligencia de la AFI.
• Leandro Araque, procesado a quien se le adjudica el espionaje ilegal a 41 personas, entre ellas CFK, Horacio Rodríguez Larreta, Hugo y Pablo Moyano, Diego Santilli, Fabián de Sousa y Amado Boudou.
• Emiliano Blanco, director del Servicio Penitenciario Federal que ejecutó el espionaje a presos políticos.
• Mariano Ruda Bart, a cargo del área de escuchas de la AFI.
• Darío Biorci, mano derecha y yerno de Majdalani.

Podrá argumentar que las reuniones con Arribas y Majdalani, por ejemplo, eran institucionales.

El contexto permite inferir otra cosa.

El desenlace, donde todos terminaron procesados por espionaje ilegal, revela que las reuniones con Bullrich implicaban algo más.

El Destape obtuvo el listado de ingresos al Ministerio de Seguridad. Es distinto que el Registro Único de Audiencias, el registro público donde los funcionarios están obligados a dar cuenta de sus reuniones tal como consta en el decreto 1172 del 2003 y al que se puede acceder libremente (https://audiencias.mininterior.gob.ar).

Al cotejar ambos surge que las reuniones que Bullrich mantenía con espías, fiscales, jueces u operadores no se anotaban en el registro público.

El decreto dice que no anotarlas es una “falta grave”.

La razón por la que no se anotaban era porque eran entre Bullrich y los hacedores de la persecución judicial y el espionaje ilegal.


Bullrich-Arribas: dos momentos clave

La ministra Bullrich recibió en dos ocasiones a Arribas, el jefe de la AFI macrista, de acuerdo a los registros de ingresos al ministerio de Seguridad.

El primer encuentro fue el 31 de mayo de 2016.

El segundo, dos semanas más tarde, el 14 de junio.

Ninguno figura en el registro público de audiencias.

Arribas no volvió a ingresar al ministerio en toda la era Macri, o al menos no lo registraron.

¿Qué sucedía en la agenda político-judicial de aquel entonces?

El 14 de junio, día del segundo encuentro Bullrich - Arribas, fue detenido José López con bolsos repletos de dólares en un convento. Al día siguiente, el 15 de junio, Clarín publicó en portada una impactante foto con la plata de los bolsos. 

“Corrupción K al desnudo: cae el segundo de De Vido al ocultar US$ 8,5 millones”, decía el título.

El diario dedicó más de 30 notas al caso López ese día.

López fue detenido por la Policía Bonaerense en un operativo curioso.

Según la versión oficial que se publicó en los medios hegemónicos hubo un “llamado al 911” que “fue sorprendente”.

“Un vecino de General Rodríguez denunciaba que un hombre arrojaba bolsos y una valija dentro de un monasterio. Y que estarían llenos de dinero”.

Así fue que intervino la Bonaerense.

Coincidencias: el 13 de junio, un día antes de recibir a Arribas y a horas de la captura de López, Bullrich se reunió con el entonces ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo y quien era el jefe de la Policía Bonaerense, Pablo Bressi.

Bullrich mantuvo en 4 años diez encuentros con Ritondo en el ministerio de acuerdo a los registros oficiales, lo que tiene lógica teniendo en cuenta el cargo de ambos.

La siguiente reunión entre quienes eran ministros de Seguridad de la Nación y de la Provincia se realizó recién tres meses después: en septiembre de 2016.

El primer encuentro entre Bullrich y Arribas se había realizado dos semanas antes.

Entonces, una de las causas de persecución contra CFK estaba en su momento más álgido: la que el Grupo Clarín bautizó “la ruta del dinero K”, en la que Bullrich tuvo un rol protagónico.

Sobre todo, a la hora de la detención del empresario Lázaro Báez en abril de 2016, a puro show mediático.

El mismo 31 de mayo de la cumbre Bullrich - Arribas, la portada de Clarín fue: “Báez pidió al juez que investigue a Cristina y a los empresarios”.

Al día siguiente de la visita de Arribas, el 1 de junio, Clarín tituló que “el juez Casanello procesó a Lázaro Báez por lavado de activos y amplió el embargo”.

De acuerdo a las crónicas de aquel momento, en el marco de esa causa ese mismo día el fiscal Marijuan hizo más de 20 procedimientos.

El día anterior había realizado otros 20 operativos.

En ellos trabajaban las fuerzas de seguridad federales, que respondían a Bullrich.

Eran los tiempos de las retroexcavadoras en el sur de la Argentina, televisadas por los medios hegemónicos en modo “cadena nacional”.

La “ruta del dinero K” contó con el apoyo de la AFI macrista.

De hecho, se investigó en una causa paralela qué rol tuvo la ex SIDE en el armado de una operación mediático - judicial por la cual se instaló que Casanello se había reunido con CFK en la Quinta de Olivos.

El objetivo del gobierno de Macri era correr al juez del caso, ya que se negaba a avanzar contra la ex presidenta.

Arribas está multiprocesado en causas de espionaje ilegal.

Uno de los casos en los que está más complicado es el que se inició en los tribunales de Lomas de Zamora y pasó recientemente a Comodoro Py.

Allí, por ejemplo, Lázaro Báez fue aceptado como querellante.


Damas de hierro y micrófonos: cumbre Bullrich - Majdalani

El 11 de febrero de 2016, Bullrich se reunió en el ministerio de Seguridad con la subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani.

Fue el único ingreso de la Nº 2 de la ex SIDE al ministerio en toda la gestión macrista según los listados oficiales.

No figura en el registro público de audiencias.

Majdalani hoy está multiprocesada junto a Arribas en diversas causas donde se investiga el espionaje ilegal macrista.

En febrero de 2016, cuando Bullrich recibió a Majdalani estaba en el centro de la agenda el caso de Ibar Pérez Corradi, a quien se señalaba como “el cerebro del Triple Crimen”.

El caso involucraba a dos de las mujeres que más poder tuvieron durante el macrismo.

Por ejemplo, el 12 de febrero, la jueza Maria Servini aceptó quedar a cargo de la causa por el triple crimen de General Rodríguez.

Clarín publicó: “Unifican las causas de la efedrina y hubo versiones sobre una detención clave”.

“La jueza Servini aceptó el expediente del triple crimen. Y hubo dudas e incertidumbre por la supuesta captura del prófugo Ibar Pérez Corradi en Paraguay. El Gobierno la desmintió. Sus abogados viajaron hacia allá”, se indicó en esa nota.

La unificación de las causas de la efedrina se dieron porque el fiscal provincial Juan Ignacio Bidone, procesado por sus vínculos con la banda de D’Alessio, declinó su competencia en el caso.

Así habilitó que el expediente viaje a Comodoro Py.

Tomó esa decisión luego de reunirse con Arribas, Majdalani y tal como informa este medio con la propia Bullrich el 21 de enero de 2016 (ver aparte).

En lo que hace a la negociación por la captura y extradición de Pérez Corradi, el ministerio de Seguridad y la AFI articularon fuerzas.

Una vez detenido, Pérez Corradi reveló a Carla Pelliza en este medio que el gobierno de Cambiemos pretendía que inculpara a Aníbal Fernández en el caso.

En enero de 2016 también se abrió una causa sobre un presunto encubrimiento de la fuga de Pérez Corradi por la que fue procesado Oscar Parrilli.

A su vez, Bullrich cedió a un pedido de Majdalani para que el agente Alan Ruiz pasase de Seguridad a la ex SIDE.

Ruiz se terminó convirtiendo en una pieza clave del espionaje ilegal macrista.

Está procesado en la causa que se inició en Lomas de Zamora.

Era uno de los jefes operativos de los Super Mario Bros, los espías que hicieron tareas de inteligencia clandestina sobre decenas de dirigentes políticos, sindicales, sociales, eclesiásticos, empresarios, periodistas y hasta detenidos.


El sucesor de Stiuso y sus 7 visitas a Seguridad

Bullrich recibió en dos ocasiones al primer director de Contrainteligencia de la AFI macrista, Diego Dalmau Pereyra.

El sucesor de Antonio Stiuso registra 7 ingresos al ministerio de Seguridad.

Ninguno consta en el registro público de audiencias.

La actual presidenta del PRO recibió al jefe de Contrainteligencia de la AFI el 18 de agosto de 2017, cuando estaba en pleno auge el caso Santiago Maldonado, desaparecido el 1 de agosto de ese año.

Ese mismo día también se produjo un ataque terrorista en Barcelona.

También se realizaría en diciembre de ese año la Cumbre de la OMC, que la ex SIDE utilizó para hacer un espionaje masivo sobre sus participantes.

El segundo encuentro fue el 22 de febrero de 2018, al día siguiente de una multitudinaria marcha que encabezó el sindicalista Hugo Moyano.

Dalmau Pereyra, ex militar, fue uno de los agentes de la AFI que viajó en 2016 a Paraguay junto al jefe de gabinete de Bullrich, Pablo Noceti, para negociar con Pérez Corradi y, según relató el detenido, convencerlo de comprometer a Aníbal Fernández en el Triple Crimen. Dalmau Pereyra estuvo en la jefatura de gabinete a cargo de Noceti - señalado como uno de los responsables de la desaparición de Santiago - en al menos 4 ocasiones.

Todas mientras se buscaba a Maldonado (23 y 24 de agosto de 2017, 22 de septiembre y 3 de octubre del mismo año).

El sucesor de Stiuso también está procesado en la causa de los Super Mario Bros por ser uno de los coordinadores del espionaje ilegal macrista mientras estuvo a cargo de la dirección de Contrainteligencia (fue corrido en 2018).

Se le adjudica participación en el espionaje a doce personas entre los que se destacan Cristina Fernández de Kirchner, Hugo y Pablo Moyano, Graciela Camaño y Luis Barrionuevo, Emilio Monzó y Nicolás Massot.


Otro espía en el ministerio un día antes de la detención de Zannini

Otro espía de la AFI que fue procesado en la causa de los Super Mario Bros y también ingresó a la cartera que condujo Bullrich fue Leandro Araque.

De acuerdo a los registros, estuvo el 6 de diciembre de 2017 en la Dirección Nacional de Derechos Humanos.

¿Qué sucedía en materia judicial en aquella fecha?

Claudio Bonadio, por ejemplo, detenía a Carlos Zannini (actual Procurador del Tesoro) y a Luis D’Elía en el marco de la causa Memorándum con Irán.

A la vez, pedía el desafuero de CFK.

El 8 de diciembre, Clarín tituló: “El pedido de detención lleva al límite la situación de Cristina”.

A Araque se le adjudica el espionaje ilegal sobre 41 personas, entre las que se destacan: CFK, Horacio Rodríguez Larreta, Hugo y Pablo Moyano, Diego Santilli, Fabián de Sousa y Amado Boudou, entre tantos otros.


Bullrich y el jefe del Servicio Penitenciario, procesado por espionaje

La ministra de Seguridad se reunió con el jefe del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante el macrismo, Emiliano Blanco, el 12 de marzo de 2019.

Fue el último de los seis ingresos de Blanco a la cartera a cargo de “Pato”.

El ex titular del SPF también fue procesado en la causa paradigmática del espionaje ilegal macrista que se abrió en Lomas de Zamora.

De acuerdo al registro público de audiencias, aquel día Bullrich mantuvo un encuentro con el entonces ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

La razón del encuentro fue la “situación de las cárceles en Santa Fe”. Si bien no figura en el registro, Blanco bien podría haber sido parte del encuentro.

¿Por qué no lo incluyeron en la agenda pública?

En términos de la agenda político - judicial de aquellos días es destacable que al día siguiente de la cumbre Bullrich - Blanco, el juez federal Alejo Ramos Padilla expuso en el Congreso sobre la red de inteligencia ilegal que había descubierto al detener a Marcelo D’Alessio.

De sus restantes 5 ingresos a Seguridad, Blanco aparece en el registro público de audiencias solo en 2.

El 4 de julio de 2018, Noceti recibió a Blanco en el ministerio.

El encuentro figura en el registro público de audiencias.

El motivo del encuentro fue la “Situación de detenidos en Dependencias de las Fuerzas de Seguridad Federales y necesidad de creación de nuevas cárceles y alcaldías para su alojamiento por parte del Servicio Penitenciario”.

¿Habrán hablado sobre los presos políticos a los que se iba a escuchar de forma ilegal desde la ex SIDE?

A Blanco se le adjudica el espionaje a más de una treintena de personas entre las que se destacan: Zannini, Boudou, Fabián de Sousa, Cristóbal López, Víctor Manzanares, Julio De Vido, Roberto Baratta, Gerardo Ferreyra, entre tantos otros.

Ese mismo 4 de julio de 2018, Blanco ingresó a la AFI a las 15:01 y se retiró a las 16:15.

Se anunció para visitar a Darío Biorci, quien fue jefe de gabinete de Majdalani y su cuñado.

Fue acompañado del jefe de inteligencia del SPF, Cristian Suriano (quien también registra un ingreso al ministerio de Seguridad en abril de 2016).
En mayo, Blanco había visitado a Majdalani y en junio a Arribas.

Dos meses después del ingreso de Blanco a Seguridad y a la ex SIDE, la AFI hizo escuchas ilegales en la cárcel de Ezeiza: vía “Asuntos Jurídicos escuchó conversaciones de los pabellones A, C y D del Módulo VI, desde septiembre de 2018 hasta febrero de 2019 por fuera de la orden judicial”, tal como se desprende de la causa que se inició en Lomas de Zamora, que tiene un legajo dedicado al espionaje penitenciario.


Las visitas de un espía a cargo de las escuchas y del cuñado de Majdalani

Otro agente de la AFI procesado por espionaje ilegal que estuvo en el Ministerio de Seguridad fue Mariano Ruda Bart, quien tenía a su cargo el área de escuchas de la dirección de Asuntos Jurídicos - que estaba al mando de Juan Sebastián De Stéfano, un hombre vinculado a Angelici -.

De acuerdo al registro de ingreso a la cartera a cargo de Bullrich, Ruda Bart estuvo en la jefatura de gabinete de asesores el 3 de junio de 2016.

Las coincidencias en los tiempos del Lawfare no dejan de sorprender.

Dos días después de aquel ingreso, el 5 de junio de 2016, Clarín tituló en portada: “Nuevas pistas de la conexión de Cristina con el juez Casanello”.

Allí se habla de espías, fuerzas federales y cruces telefónicos.

En el interior de la nota, se indica: “La ruta del dinero K. Más detalles sobre la reunión de Casanello y Cristina en Olivos”.

“Ya habría indicios sobre una visita del juez y de Báez el 9 de septiembre. La confirmarían al menos un mozo y un ex espía”, se señala.

Se trata de la operación contra Casanello para desplazarlo del caso Báez por no avanzar contra CFK.

El juez nunca estuvo en la quinta con Cristina.

Por esas mentiras fueron condenados dos testigos truchos.

Pero por ahora se obtura la investigación que vincula a esos testigos con la AFI macrista.

En el artículo se afirma que las “primeras pesquisas” fueron “encargadas a la Policía Federal”, que dependía de Bullrich, pero “también trabajan espías de la Agencia Federal de Inteligencia”.

En esas “primeras pesquisas” se “habrían detectado que Cristina, Casanello y Báez coincidieron en la Quinta de Olivos el 9 de septiembre pasado, alrededor de las 18.30”.

Casanello nunca estuvo allí. Esa reunión no existió.

No obstante, Clarín llenó páginas de su diario con diversas historias sobre ese encuentro imaginario, que operó la AFI macrista.

Ruda Bart fue procesado en la causa de los Super Mario Bros por hacer espionaje ilegal sobre “personas privadas de la libertad alojadas en el sistema IRIC en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, sus abogados; familiares; allegados e integrantes de organizaciones políticas y sociales”.

En particular, se le adjudica el espionaje contra Lázaro Báez, Boudou, Baratta, Cristóbal López, Fabián De Sousa, entre otros.

Otro espía procesado por espionaje que estuvo en el Ministerio de Seguridad fue Biorci, mano derecha de Majdalani.

El 2 de octubre de 2018 estuvo en la Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas.

Ese día Clarín publicó: “Uberti reveló más detalles de coimas entre Kirchner y Chavez con los bonos argentinos”.

Al día siguiente, 3 de octubre, el matutino porteño publicó: “Buscan 3 cajas fuertes enormes en propiedades de De Vido y en las de sus hijos”.

El 4 de octubre, la secuencia continuó: “Lavado de dinero. Cristina y sus dos hijos van a juicio oral por los alquileres de Cristóbal y Báez”.

El nombre de Biorci surge en las dos causas paradigmáticas del espionaje ilegal macrista: el caso D’Alessio y el de los Super Mario Bros.

En ninguno fue procesado pero sí mencionado.

Por ejemplo, en caso D’Alessio se estima que era un contacto del espía ilegal.

No es para menos, era el jefe de gabinete y cuñado de Majdalani, quien también tenía relación con Bullrich.
Demasiadas coincidencias entre espías y Bullrich en pleno Lawfare para que todas sean producto del azar.


Las reuniones secretas de Patricia Bullrich con la banda del espía ilegal D’Alessio en el ministerio de Seguridad

El Destape accedió a los registros de ingresos del ministerio de Seguridad durante el macrismo a través de un pedido de acceso a la información pública.

Figuran ingresos de los espías D’Alessio y Pinamonti, los fiscales Stornelli y Bidone y el operador Daniel Santoro, todos procesados por integrar o estar vinculados a una banda paraestatal dedicada al espionaje ilegal.

También aparecen Angelici, Montoto y tres jueces relacionados al falso abogado.

Los momentos claves en que sucedieron los encuentros y las coincidencias con el avance de causas judiciales emblemáticas.

Un documento al que accedió El Destape revela que Patricia Bullrich mantuvo reuniones secretas mientras fue ministra de Seguridad con la mayoría de los integrantes de la banda del espía ilegal Marcelo D’Alessio.

Fueron en momentos clave de las operaciones de espionaje ilegal o de las causas judiciales que se armaron.

Así se desprende del registro de ingresos al ministerio de Seguridad al que accedió El Destape a través de un pedido de acceso a la información pública.

Bullrich, como ministra, recibió a:

• D’Alessio, espía ilegal hoy detenido. Se reunió con Bullrich en agosto de 2017 cuando avanzaba una operación contra CFK y no al comienzo de su gestión como había asegurado la ex ministra.
• Pablo Pinamonti, miembro de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que era el contacto de la banda en la ex SIDE y estuvo a cargo del Proyecto AMBA desde donde se hizo espionaje ilegal masivo en la provincia de Buenos Aires.
• El juez Claudio Bonadio, máximo referente del lawfare.
• El fiscal provincial Juan Ignacio Bidone, vinculado al caso del Triple Crímen, el narco Ibar Pérez Corradi y escuchas a CFK.
• El fiscal Carlos Stornelli, hoy procesado en el caso D'Alessio por sus vínculos con la banda dedicada al espionaje ilegal.
• El operador con patente de periodista Daniel Santoro, figura clave en las operaciones de D’Alessio.
• El operador judicial Daniel “Tano” Angelici, de vínculo estrecho con los jefes de D’Alessio.
• El comerciante bélico Mario Montoto.
• Los jueces Marcelo Aguinsky y Claudio Gutiérrez de la Cárcova, vinculados a D’Alessio.

Casi todos ellos fueron procesados por el juez federal Alejo Ramos Padilla por estar vinculados a una organización paraestatal dedicada al espionaje ilegal.

Todos están involucrados en el D’Alessiogate.

Estas y otras reuniones de Bullrich en su despacho ministerial que revela El Destape en esta investigación muestran que la persecución judicial, cuyo jefe era Mauricio Macri, no se organizaba exclusivamente desde la Mesa Judicial o las reuniones del propio ex presidente con jueces y fiscales en la Quinta de Olivos o Casa Rosada.

Bullrich fue también parte importante del lawfare.

14 de agosto de 2017: Bullrich - D’Alessio

El 14 de agosto de 2017, al día siguiente de la victoria de CFK sobre Cambiemos en las PASO legislativas de 2017, la ministra Bullrich se reunió con el espía ilegal D’Alessio.

Según los registros oficiales del Ministerio de Seguridad, el falso abogado estuvo en la Unidad Ministro.

La reunión no consta en el registro único de audiencias.

Bullrich dijo que conoció a D’Alessio al inicio de su gestión y no lo vio más.

Esto la desmiente.

La fecha es clave.

Era el regreso de CFK a las urnas.

Tenían que atacarla y la causa Memorándum era uno de los frentes de persecución judicial.

Doce días después de la reunión con Bullrich el espía ilegal D’Álessio avanzó con lo que se conoce como la “Operación Porcaro”, que según la causa judicial donde se investigó el espionaje ilegal tenía por objetivo a CFK y llegaba hasta la causa Memorándum.

¿Qué era la Operación Porcaro?

El espionaje a Roberto Porcaro, a quien D’Alessio tenía registrado como operador de CFK y tenía archivos en sus computadoras son seguimientos y otros elementos obtenidos mediante espionaje ilegal.

No parece azaroso que inmediatamente después de esa cumbre la banda de D’Alessio avanzara en la “Operación Porcaro” en pos de complicar a CFK.

Los avances de esa maniobra de espionaje ilegal los publicaba Daniel Santoro en Clarín.

Otro de los asiduos visitantes de Pato y parte de la banda.

El juez Alejo Ramos Padilla detalló los movimientos de la banda de D’Alessio en agosto de 2017 en la Operación Porcaro: “Se observa que las tareas de inteligencia ilegales que tuvieron como objetivo a Roberto Porcaro guardaban estrecha relación con su presunta condición de ‘operador’ de Cristina Fernández de Kirchner y se dieron de forma concomitante con su señalamiento en la causa ‘MEMORÁNDUM CON IRÁN”.

El juez habló de “sincronía entre las actividades de la organización y el avance de una causa judicial de enorme trascendencia nacional e internacional”.

D’Alessio tenía en su computadora archivos digitales entre los que había imágenes y videos que ilustraban “lo que pretende mostrarse como una propiedad o vivienda de Roberto Porcaro, los que fueron registrados de forma subrepticia y en altura, posiblemente con un dron”.

Las imágenes son del 26 de agosto de 2017, doce días después del encuentro entre Bullrich y D’Alessio.

“De forma contemporánea con el inicio de estas maniobras de espionaje que Marcelo D´Alessio realizó sobre Porcaro, en diciembre de 2017, la Cámara Federal de Apelaciones porteña confirmó el auto de procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como ‘MEMORÁNDUM CON IRÁN’ que había dictado el juez federal Claudio Bonadío”, resaltó Ramos Padilla.

En ese pronunciamiento, los camaristas Martín Doctrina Irurzun y Eduardo Farah ordenaron investigar “la irrupción a días de la firma del pacto, de Roberto Porcaro - quien es mencionado como un operador directo de Cristina Fernández de Kirchner - reuniéndose con los representantes de personas de nacionalidad iraní prófugas’”.

Ramos Padilla vinculó las tareas de inteligencia ilegal de D’Alessio sobre Porcaro con su mención por los camaristas porteños en la causa Memorándum: “La ‘confrontación de datos de otros expedientes vinculados, rastreando puntos de contactos útiles’ para conocer circunstancias vinculadas al ‘operado de Cristina Fernández de Kirchner’ parece haber sido una de las tareas que emprendió la organización aquí investigada y que se ve reflejada en los informes, grabaciones e imágenes reseñadas al comienzo de este capítulo”, escribió Ramos Padilla respecto a la banda de D’Alessio.

Ahora se conoce que una de las operaciones sobre Porcaro se realizó apenas doce días después de un encuentro entre Bullrich y D’Alessio en el Ministerio de Seguridad, luego de la victoria electoral de CFK en las PASO.

Recordemos que los camaristas que visitaban a Macri en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, fueron quienes reabrieron la causa del Memorandum.

21 de enero de 2016: Bullrich-Bidone - Triple Crimen, Pérez Corradi y escuchas a CFK

Otro de los procesados por integrar la banda de D’Alessio, el fiscal provincial Juan Ignacio Bidone, también se reunió en secreto con Bullrich.

De acuerdo a los registros del Ministerio de Seguridad, el fiscal ingresó el 21 de enero de 2016 con destino a la Unidad Ministro.

Bidone está relacionado a las investigaciones del Triple Crimen y a la búsqueda de Ibar Pérez Corradi, dos casos que Cambiemos operó para complicar judicialmente a dirigentes kirchneristas.

En el primero, se comprometió a Aníbal Fernández y en el segundo a Oscar Parrilli, quien terminó procesado durante el macrismo.

Bidone es un fiscal general de Mercedes que fue procesado por integrar la banda de D’Alessio.

Era uno de los informantes de la banda que tenía acceso privilegiado a distintas bases de datos, como Migraciones o registros telefónicos.

No tenía nada que hacer con la ministra de Seguridad de la Nación.

De hecho, su visita no consta en el registro público de audiencias.

En el marco del D’Alessiogate, Bidone contó que mantuvo un encuentro con Arribas y Majdalani en enero de 2016 pero no que en la misma fecha se había reunido con Bullrich en el ministerio de Seguridad.

Tras sus encuentros con Arribas, Majdalani y Bullrich, el fiscal provincial decidió pasar sus investigaciones con connotación política a Comodoro Py.

Terminaron en el juzgado de María Servini, quien investigaba el tráfico de efedrina.

Así permitió unir el Triple Crimen con el Tráfico de Efedrina.

Según reconstruyó el juez Ramos Padilla, el fiscal Bidone conservó un legajo de investigación “reservado” y lo utilizó para hacer pedidos de información que luego usufructuaba D’Alessio.

Entre otras cosas, Bidone es quien habría conocido el paradero de Pérez Corradi por un informante.

El caso Pérez Corradi, señalado como “cerebro del Triple Crimen” y del tráfico de efedrina, que estaba prófugo en aquel entonces, se utilizó para procesar a Parrilli en febrero de 2017 por el supuesto encubrimiento de su fuga.

Esto lo resolvió el juez Ariel Lijo en una causa que se abrió en Comodoro Py y donde declaró Bidone como testigo.

Lo hizo el 2 de febrero de 2016 por escrito y el 5 de febrero en persona.

Es decir, 12 días después de ver a Bullrich.

La ministra de Seguridad tenía un especial interés en el caso Pérez Corradi.

El mentado expediente que complicó la situación judicial de Parrilli se inició con una denuncia de Graciela Ocaña, quien sostuvo el 18 de enero de 2016 (tres días antes del encuentro Bullrich - Bidone) que la AFI sabía dónde estaba Pérez Corradi pero no contribuyó para su captura.

“Dicha causa fue en el marco de la cual se ordenarían las intervenciones telefónicas, a partir de las cuales se registrarían diversas conversaciones entre Oscar Parrilli y Cristina Fernández de Kirchner, que aparecerían luego filtradas en distintos medios de comunicación”, precisó Ramos Padilla.

Pérez Corradi fue detenido el 19 de junio de 2016 luego de arduas negociaciones con el ministerio de Seguridad.

De hecho, tal como publicó Carla Pelliza en este medio, Pérez Corradi llegó a decir que para negociar su situación judicial el gobierno de Cambiemos pretendía que involucrara a Aníbal Fernández en el Triple Crimen.


24 de abril de 2017: Bullrich - Stornelli

Bullrich se reunió con Stornelli el 24 de abril de 2017, un encuentro del que también participaron los fiscales Guillermo Marijuan y Carlos Rívolo, tal como detalla El Destape en otra nota de esta investigación.

Los 3 tenían en sus manos causas contra CFK.

En el caso de Stornelli, por esa fecha manejaba el caso GNL, muy vinculado al espía ilegal D’Alessio.

Catorce días después de ese encuentro Bullrich - Stornelli, el falso abogado D’Alessio creó en su computadora el archivo “Informe Bonadio” donde adelantaba mucho de lo que iba a pasar en la causa GNL.

Ese expediente se abrió en 2014 por una denuncia de Federico Pinedo, Laura “técnicamente no es delito” Alonso y la propia Bullrich.
El caso GNL fue utilizado luego por Stornelli y Bonadio para quedarse con la causa de las Fotocopias de los Cuadernos Fénix.

En la misma causa D’Alessio se presentó como testigo en dos ocasiones en noviembre 2018 y se citan trabajos de Santoro, como su libro El Mecanismo.
Lo que revela el registro de ingresos al Ministerio de Seguridad es que Bullrich, que fue denunciante en la causa GNL, se reunió con los investigadores y testigos de la causa.


Bullrich - Pinamonti

De acuerdo al registro de ingresos al Ministerio de Seguridad, el espía Pablo Pinamonti estuvo en la jefatura de gabinete de asesores en 6 ocasiones, antes y después de ser contratado como espía en la AFI.

Su última visita fue el 28 de marzo de 2017, después de dos marchas masivas en contra del gobierno de Macri.

Pinamonti es un agente clave en el D’Alessiogate.

Era el vínculo entra la banda del espía ilegal D’Alessio y la AFI.

En 2017 actuó “como Director de Reunión Provincia de Buenos Aires que tenía bajo su mando todas las bases de inteligencia de la AFI de la provincia de Buenos Aires”, tal como precisó el juez Ramos Padilla que lo procesó en una causa derivada del caso D’Alessio: el de las bases AMBA.

Algunos sindican a Pinamonti como el jefe de D’Alessio.

En la causa que investigó el juez Ramos Padilla consta que “D’Alessio afirma que Pinamonti le había prometido nombrarlo en un cargo en un área de asuntos complejos en la AFI”.
Pinamonti está vinculado a Angelici, otro visitante de Bullrich.

De acuerdo a su currículum pasó por Asuntos Internos de la Policía Metropolitana e ingresó a la AFI el 27 de mayo de 2016.

Es decir, un mes y medio después de la anteúltima reunión en el ministerio de Seguridad.

En el sexto y último encuentro en el ministerio a cargo de Bullrich, Pinamonti ya era agente de la AFI.

Tenía casi un año como espía.

La reunión se dio en una fecha que no parece casual: días antes de que se formalizara el proyecto de la ex SIDE para hacer un espionaje masivo e ilegal en la provincia de Buenos Aires.

El Proyecto AMBA, que se creó formalmente en abril de 2017.

Tal como reveló Ramos Padilla, el espionaje masivo e ilegal había comenzado meses antes.


Bullrich-Montoto

El empresario Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio argentino - israelí y muy vinculado a la tecnología de la seguridad, registra al menos 16 visitas al ministerio de Seguridad.

Nueve fueron para ver a Bullrich.

Montoto fue citado como testigo en el caso D’Alessio.

Es uno de los contactos con los que más mensajes intercambió el espía ilegal que se presentaba como agente de la DEA.

Incluso le reportaba operaciones.

Hasta hay fotografías entre Montoto, D’Alessio y un juez que tuvo contacto con el falso abogado: Claudio de la Cárcova, integrante del fuero Penal Económico.

Uno de los encuentros con Bullrich fue 6 días antes de que D’Alessio visitara a la ministra.

Bullrich - Santoro: de Pérez Corradi al Memorándum con Irán

El operador de Clarín Santoro, parte importante de la banda de D’Alessio, también visitó a Bullrich en el ministerio de Seguridad. Figura con 8 ingresos.

Cinco fueron a la Unidad Ministerial y dos a la Dirección de Comunicación (una fue para una entrevista con la ministra) y la última se dirigió a la Unidad de Auditoría interna.

Varios de sus ingresos coinciden con notas sobre el caso Pérez Corradi y Memorándum con Irán.

Santoro está muy vinculado a D’Alessio.

Fue procesado por Ramos Padilla y recibió luego una falta de mérito por parte de la Cámara Federal de Mar del Plata, que aún debe resolver una ampliación de su procesamiento que había resuelto el entonces juez de Dolores.

Recientemente, fue procesado en otro expediente vinculado a D’Alessio que tramita en Comodoro Py: el del empresario Gabriel Traficante.

El juez Luis Rodríguez consideró al empleado jerárquico de Clarín “partícipe necesario” en la tentativa de extorsión de la banda de D'Alessio a aquel empresario.

El primer ingreso de Santoro al ministerio fue el 13 de enero de 2016.

Fue a entrevistar a la ministra.

Al día siguiente, Clarín publicó un reportaje de Santoro a Bullrich sobre la entrega de Ibar Perez Corradi.
El mismo 14 de enero de 2016, Santoro también publicó: “El Gobierno levantó el secreto para que declaren todos los espías en el caso Nisman”.
Dos días después cargó contra Juan Martín Mena en Clarín: “Perfil del ex jefe de inteligencia K. Mena, el ideólogo del pacto con Irán”.

“Fue el abogado que asesoró en la redacción del acuerdo. Participó de las negociaciones con Irán”, atacó el periodista al actual viceministro de Justicia.

El 15 de junio de 2016, Santoro vuelve a ver a Bullrich.

Cuatro días después publicó: “Las razones de la caída de Ibar Pérez Corradi. Un ‘financista’ que se quedó sin apoyo político, policial y de la ex SIDE”.

Allí, publicó: “Su captura fue gracias a la decisión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de encontrarlo y de lograr un acuerdo con Paraguay y al hecho que perdió la protección política que tuvo hasta el 2015”.

Siguiendo la línea de la operación que orquestó el macrismo intentó asociar al detenido con Aníbal Fernández.

El 20 de marzo de 2017, Santoro vuelve al ministerio de Seguridad. En esta ocasión, a la dirección de Comunicación.

Al día siguiente, Santoro publicó: “Las razones ocultas del pacto por el atentado a la AMIA. El objetivo iraní siempre fue dar de baja las capturas”.

La nota está ilustrada con una foto de Bullrich.

Una vez más, fue un ariete de las operaciones mediático - judiciales del macrismo: “Desde que Macri asumió la presidencia, Patricia Bullrich y el entonces vicecanciller Carlos Foradori fueron forcejeando para que las trampas del kirchnerismo no sepulten la única herramienta que queda para intentar detener a los iraníes: las alertas”, escribió en esa nota.

No fue su única nota sobre el tema.

Ese mismo día también publicó: “AMIA: descubren que Timerman permitió flexibilizar las alertas rojas de los iraníes”.
Sus visitas dejan en evidencia cómo operó el gobierno de Macri vía Clarín y el Poder Judicial para apuntalar causas emblemáticas del Lawfare.


Bullrich y tres jueces vinculados a D’Alessio

De acuerdo al juez Ramos Padilla “nos encontramos también con varios jueces que aparecen vinculados con distintos grados de cercanía” a D’Alessio.

“Ellos son Marcelo Aguinsky, Claudio Bonadío y Claudio Gutiérrez De la Cárcova”.

Casualidades de los tiempos macristas: todos ingresaron en distintos momentos al ministerio de Seguridad para entrevistarse con Bullrich.

Aguinsky, titular del juzgado en lo Penal Económico Nº 6, registra dos ingresos para ver a Bullrich, uno grupal, del 5 de mayo de 2016; y otro individual del 22 de abril de 2019.

El segundo no figura en el registro único de audiencias.

De la Cárcova, presidente del Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 2, también registra dos ingresos: el 9 de marzo de 2016 y el 11 de abril de 2018.

Ninguno figura en el registro único de audiencias.

Uno de los objetivos de la banda de D’Alessio fue la causa Mafia de los Contenedores.

Al respecto, Ramos Padilla escribió: “Desde los inicios de aquella investigación la organización realizó extorsiones con información privilegiada. También se llevaron adelante distintas reuniones entre Marcelo D’Alessio, Daniel Santoro y el juez a cargo de la investigación y entre el primero, Mario Montoto y el presidente del Tribunal Oral que llevó adelante el juicio. Incluso, se halló en poder de D’Alessio un informe guardado bajo el nombre ‘Aguinsky informe’, dirigido precisamente a ese juez, con amplia y diversa información de inteligencia vinculada a la investigación a su cargo”.

La cantidad de visitas a Bullrich que realizaron los integrantes de la banda de D’Alessio y sus contactos deja al descubierto cómo funcionaron los engranajes del lawfare durante el gobierno de Macri y el rol protagónico de la entonces ministra y hoy jefa de Juntos por el Cambio con ambiciones presidenciales.


Patricia Bullrich se reunía en secreto con Angelici, línea clave del espionaje ilegal

Según los registros de ingreso al ministerio de Seguridad, a los que accedió este medio mediante un pedido de Información Pública, Angelici estuvo en tres ocasiones con Bullrich.

La última, el 11 de febrero de 2019, se dio cuatro días después del allanamiento a la casa de D’Alessio.

La “línea Angelici” que se reveló en el D’Alessiogate y los encuentros con Macri en Olivos y la Casa Rosada.

Patricia Bullrich recibió tres veces a Daniel Tano Angelici en su despacho de ministra de Seguridad.

Ninguna quedó asentada en el registro público de audiencias.

Se trata de encuentros sin justificación institucional de la entonces ministra con uno de los principales operadores judiciales de Mauricio Macri y con vínculos estrechos con el espionaje ilegal, en especial con el caso Marcelo D’Alessio.

Las fechas, como siempre, son claves.

La última reunión Bullrich - Angelici fue el 11 de febrero de 2019, justo después del allanamiento del juez Alejo Ramos Padilla a la casa de Marcelo D’Alessio donde se abrió la caja de pandora del espionaje ilegal.

El juez Ramos Padilla encontró una “línea Angelici” en todo ese entramado de inteligencia clandestina.

No parece casual que Bullrich, también relacionada a D’Alessio, lo recibiera en ese contexto.

Angelici tenía vínculos con el entorno de D’Alessio que comenzaría a destaparse a partir de entonces e incluso contaba con un teléfono encriptado provisto por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) donde tenía además injerencia directa en áreas clave, en especial en Jurídicos.

El jefe de ese área, Juan Sebastián “Enano” De Stéfano, era hombre de Angelici.

Ricardo Bogoliuk, personaje central del entramado D’Alessio, contó que ingresó a la casa de los espías de la mano de Angelici.
De acuerdo a los registros de ingresos al Ministerio de Seguridad, a los que accedió El Destape por un pedido de acceso a la información pública, Angelici se reunió con Bullrich en dos ocasiones en 2017 y una en 2019.

El primer ingreso fue el 27 de enero de 2017.

Un motivo probable fue el River - Boca que se jugó dos días después, pero no la anotaron en el registro público de audiencias; el segundo, el 5 de julio del mismo año, tampoco registrado; y el último, el 11 de febrero de 2019.

Hay una cuarta reunión, el 19 de junio de 2017, que sí figura en el registro público de audiencias con motivo de tratar el tema tribuna segura.

La Línea Angelici del espionaje

La última reunión Bullrich - Angelici encaja en el rompecabezas del caso D’Alessio.

De hecho la investigación del juez Ramos Padilla concluyó que existía una “línea Angelici” por los vínculos del operador PRO con los jefes de D’Alessio.

No se equivocaba: Angelici tenía control sobre áreas clave de la casa de los espías, especialmente las que obtuvieron escuchas ilegales para intentar derrumbar el D’Alessiogate.

Bullrich recibió en su despacho a Angelici el 11 de febrero de 2019, cuatro días después del allanamiento que realizó el juez Ramos Padilla a D’Alessio en la casa del espía ilegal, en el barrio Saint Thomas.

El procedimiento comenzó el 6 de febrero y concluyó al día siguiente.

El 15 de febrero, cuatro días después del último ingreso registrado del Tano al ministerio, D’Alessio fue detenido.


Alberto a Rodríguez Simón: "Oeraba mañana, tarde y noche".

Ese mismo 15 de febrero, se dio una de las 18 visitas que Angelici - que tenía mucho peso en la AFI macrista - hizo a Macri en la Quinta de Olivos, tal como reveló este medio.

El día que terminó el allanamiento en lo de D’Alessio, el 7 de febrero, Angelici también había visitado a Macri pero en la Casa de Gobierno.

El allanamiento a la vivienda de D’Alessio provocó una respuesta inmediata de la ex SIDE.

El mismo día que terminó el procedimiento se activó la Operación Puf.

El rol de Angelici en esto es central y la reunión con Bullrich, quien también recibió al espía ilegal en el ministerio en 2017 e intercambió mensajes de Whatsapp con él, se da en ese contexto.
El nombre Operación Puf surge de unas conversaciones grabadas de manera ilegal entre el diputado Eduardo Valdés y Juan Pablo Schiavi, preso en Ezeiza, que intentaron utilizar desde la AFI para desprestigiar las investigaciones que apuntaban al fiscal Carlos Stornelli.

Es Valdés el que menciona la palabra Puf.

La Operación Puf se armó con escuchas ilegales de la cárcel de Ezeiza que se tomaron desde la Dirección de Asuntos Jurídicos de la exSIDE, que estaba al mando del “Enano” De Stéfano, un hombre de Angelici en el esquema del radicalismo porteño.
De Stéfano era una especie de Nº 3 de la AFI.

Está procesado en la causa por espionaje ilegal que se inició en los tribunales de Lomas de Zamora y terminó pasando a Comdoro Py, donde el fiscal aún hoy es Stornelli.

A De Stéfano se le achaca responsabilidad en el armado de causas y en la realización de las escuchas ilegales en la cárcel de Ezeiza, donde se espió a dirigentes opositores.

¿Para qué sirvió esta operación armada por un hombre de Angelici justo cuando éste se reunía con Bullrich?
Apenas unas horas después de que Ramos Padilla dejara la casa del barrio Saint Thomas, Elisa Carrió denunció vía Twitter que estaba en marcha “una operación para ensuciar a Stornelli”.

Para ese entonces, la dirigente de la Coalición Cívica ya había recibido las transcripciones de las escuchas ilegales que la AFI macrista había recopilado de forma ilegal en la cárcel de Ezeiza.

Al día siguiente, Carrió - vía Mariana Zuvic y Paula Oliveto - presentó el material en Comodoro Py.

Stornelli hizo una denuncia con el mismo material.

Operación Puf 1 y 2 son las causas que se crearon con el material de la ex SIDE para derribar el caso D’Alessio.

Sólo quedó en pie la que impulsó Carrió porque se armó de tal manera para que quedara en manos de Claudio Bonadío.

El otro expediente lo cerró el juez Luis Rodríguez, quien había delegado la investigación en el fiscal Jorge Di Lello.

Que Bullrich y Macri recibieran a Angelici en ese contexto es relevante.

Los movimientos de Angelici entre el 7 y el 15 de febrero pueden explicarse por un dato que se resalta en el caso D’Alessio.

Allí, el juez Ramos Padilla habla de una “línea Angelici”, ya que los jefes de D’Alessio estaban vinculados al Tano: se trata de Pablo Pinamonti, también visitante del ministerio de Seguridad; y Ricardo Bogoliuk, ex AFI y procesado en el D’Alessiogate.

“En lo que hace a la existencia de una supuesta ‘línea Angelici’ dentro de la AFI, a la que responderían el agente inorgánico y ex funcionario Bogoliuk y el directivo Pinamonti, que le encomendaban las tareas a D´Alessio (…), lo cierto es que se han hallado grabaciones concretas en las que el propio Ricardo Bogoliuk reconoce que su ingreso a la Agencia de Inteligencia habría ocurrido a través de Daniel Angelici”, indicó Ramos Padilla en el D’Alessiogate.

Una línea que, tal como se desprende de los registros de ingresos que ahora revela El Destape, también pasó por el ministerio de Seguridad.

No debiera sorprender: Bullrich también aparece relacionada a D’Alessio.

La hoy jefa del PRO, con pretensiones presidenciales, aparece con uno de las protagonistas de la persecución judicial a opositores durante el gobierno de Macri.

JUICIO POLÍTICO AL CUARTETO DE LA MUERTE, de Raúl Zaffaroni y Lucila Larrandart - 23/5/2021

Zaffaroni y Lucila Larrandart impulsan la destitución de Lorenzetti, Rosenkrantz, Maqueda y Rosatti

El miércoles se presentará en la Cámara de Diputados un pedido de juicio político a Lorenzetti, Rosenkrantz, Maqueda y Rosatti, por mal desempeño y la posible comisión de los delitos de homicidio, lesiones, propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa, violación de los deberes de funcionario público y prevaricato.

Fue redactado por los ex jueces Raúl Zaffaroni y Lucila Larrandart y está recibiendo la adhesión de numerosos abogados, que continuará durante el feriado largo.

"Venimos a solicitar se someta a juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti quienes suscribieran la resolución 567/2021 en la causa “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/acción declarativa de inconstitucionalidad”, por mal desempeño de sus cargos y su posible participación en los delitos de homicidio, lesiones, propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa, violación de los deberes de funcionario público y prevaricato."

En dicha causa el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había impugnado el DNU 241/2021, promoviendo acción declarativa en contra del Estado Nacional y solicitando que se declarase la inconstitucionalidad del art. 2° del mencionado decreto de necesidad y urgencia emitido por el Poder Ejecutivo Nacional, en tanto disponía “la suspensión del dictado de clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades, desde el 19 de abril hasta el 30 de abril de 2021, inclusive” en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Asimismo, solicitaba el dictado de una medida cautelar que suspendiera la aplicación de la norma citada, como así también de toda otra disposición o reglamentación dictada en su consecuencia.

El Estado Nacional en primer lugar, señaló que el decreto 241/2021 impugnado fue dictado en el marco de la situación de pandemia provocada por Covid - 19, recordando que esa situación dio lugar a una serie de medidas estatales de diferente tenor.

Expone que al momento del dictado del decreto la tasa de incidencia acumulada en el país era de 5.736 casos por cada 100.000 habitantes, la tasa de letalidad era del 2,2% y la tasa de mortalidad era de 1.287 fallecimientos por millón de habitantes.

Agregó que en la “segunda ola” de la pandemia se ha producido un aumento de casos en casi todas las jurisdicciones del país y que más del 50% de los casos nuevos se concentran en el AMBA, cuyo pico se verificó el 5 de abril con 22.897 contagios.

Afirma que la velocidad de contagios en el AMBA es superior a la que se registra en otras áreas de alto riesgo epidemiológico, lo que puede provocar la saturación del sistema de salud y el aumento de la mortalidad.

Señala que, frente a esa situación epidemiológica, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto de necesidad y urgencia 241/2021 con el objeto de velar por el derecho a la vida y a la salud de los habitantes del país.

Sostiene que el decreto adoptó medidas focalizadas y limitadas en el tiempo, entre las cuales se encuentra la suspensión de clases escolares presenciales, tendientes a reducir la circulación de personas, y de ese modo, a ralentizar la velocidad de transmisión del virus.

Recuerda que, a los efectos de fundar la suspensión de clases presenciales en el AMBA, el Poder Ejecutivo Nacional tuvo en cuenta que el grupo de personas de entre 6 y 17 años, entre las semanas 1 a 4, representaba el 5,3% del total de los casos confirmados y entre las semanas 12 a 14 representó el 7,3% del total de casos.

Destacó que en el AMBA hay más de 3 millones de niños en edad escolar y 300.000 docentes que se movilizan diariamente y que, desde el comienzo del ciclo lectivo en el 2021, se ha producido un “aumento exponencial” del número de casos dentro de la población en edad escolar, similar y aun mayor que el observado en la curva de la población en general.

Agrega que, con el comienzo de clases, también se ha producido un aumento del uso del transporte público en el AMBA, afirmando que, frente a esa situación, se hizo necesario adoptar medidas sanitarias de carácter colectivo destinadas a disminuir el aumento de casos y la transmisión comunitaria pues las medidas de prevención individuales en las instituciones educativas resultaban insuficientes.

Lorenzetti, Rosatti, Rosenkrantz (según Grant Wood) y Maqueda.

La protección de la vida

En el plano sustantivo, argumenta que la medida que adopta el decreto 241/2021 para reducir la circulación de la población y disminuir los contagios tiene por finalidad la protección de la vida y la salud de la población, derechos de raigambre constitucional.

Alega que el decreto conjuga esos derechos con el derecho a la educación, que se encuentra garantizado mediante la modalidad virtual.

Manifiesta que la medida es razonable y proporcionada y que no tiene por meta afectar la autonomía de la ciudad ni el derecho a la educación de los niños.

Por el contrario, al efectuar la ponderación de los derechos en disputa, afirma que “no hay duda de que la vida y la salud están muy por encima de la educación presencial” y que la virtualidad en pandemia es la medida menos gravosa, aduciendo que las restricciones adoptadas configuran un medio idóneo para evitar el colapso del sistema sanitario producto del aumento desmedido de casos de Covid-19 y con ello resguardar la salud pública.

La Corte consideró que el reconocimiento de las atribuciones regulatorias sanitarias de la Nación no significa que alcance con la mera invocación de la salud para sellar la validez de su pretendido ejercicio.

La adecuada motivación del acto adquiría especial importancia, pues la Administración se encontraba obligada a explicar, más que en cualquier otro acto dado el contenido concreto de su regulación, los antecedentes que la llevaron a ejercer la competencia invocada, explicitando además la adecuada proporcionalidad entre el objeto de la decisión y su finalidad.

«Las alegaciones sobre la cantidad de personas que utilizaron el transporte público de manera coincidente con el inicio de las clases presenciales, la circulación masiva de personas» en el AMBA «o el aumento de la proporción de casos de Covid-19 en personas de 13 a 18 años y de 20 a 29 años, sin mayores explicaciones sobre la particular incidencia relativa de la educación presencial en la propagación del Covid-19, no alcanza para justificar el ejercicio de una competencia sanitaria federal que incide de manera tan drástica en la modalidad de la enseñanza, en lo que aquí interesa, porteña», expresó la Corte.

Según la sentencia, «la falta de justificación suficiente para ejercer una competencia sanitaria que alcance a suspender la modalidad presencial de la educación en la Ciudad deja al descubierto que, en este caso, el Estado Federal en lugar de ejercer una atribución propia invadió una que le resulta ajena».

Expuso que ello “no significa avalar (o desautorizar) decisiones sanitarias que, en todo caso, amén de ser adoptadas por las autoridades constitucionalmente competentes, como se examinó en esta causa, deberán además basarse en criterios de razonabilidad entre los que pueden mencionarse la necesidad, la proporcionalidad y el ajuste a los objetivos definidos conforme a criterios científicos”, criterios que la Corte no recabó para resolver.

Según la Organización Mundial de la Salud la epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos (en particular de enfermedades) relacionados con la salud y la aplicación de esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud.

La Corte Suprema no requirió el parecer de ningún perito en la materia, cuando el país cuenta con profesionales e investigadores distinguidos e incluso podía haberlo solicitado de autoridades internacionales o de la propia OMS o de la Oficina Panamericana de la Salud y de su propio Cuerpo Médico Forense, de antigua y probada capacidad técnica.

La Corte Suprema ha resuelto una cuestión epidemiológica en medio de una pandemia en un momento de brote de contagio, con un saldo diario de cerca de treinta mil personas infectadas y un promedio de quinientas muertes y referido a un ámbito urbano cuyo sistema sanitario se halla prácticamente colapsado en razón de que la capacidad de atención en terapia intensiva está prácticamente agotada.

A las víctimas fatales diarias por la pandemia deben sumarse las personas afectadas por otras dolencias ajenas a ella, que se hallan privadas de atención por el colapso, que no pueden ser intervenidas quirúrgicamente ni internadas.

Gravísima imprudencia

En estas circunstancias, cualquier funcionario público que tomase una decisión en la emergencia, sin conocimientos científicos propios por su especialidad o, en caso contrario, sin la debida asistencia de peritos, cuando los tuviese disponibles en nivel técnico y en cantidad, es obvio que incurriría en una imprudencia gravísima.

En el caso no se trata de cualquier funcionario público, sino nada menos que de los jueces del máximo tribunal de la República que se supone que no son científicos, pero que disponen de muchísimos técnicos a quienes requerir opinión.

La Corte Suprema deja entrever que para que se adopte una medida como la que se somete a su juicio y que ésta sea racional, se requeriría una certeza casi absoluta de que es conducente al resultado, o sea, de su eficacia en cuanto a impedir o disminuir el número de contagios.

Esto implica ignorar que todo saber científico empírico enuncia leyes que por su naturaleza son siempre cálculos de probabilidad.

La reiteración de experiencias empíricas reafirma la ley física o natural, pero basta una experiencia en contrario para que la ley física o natural deba ser rectificada.

Por otra parte, incluso admitiendo que la medida fuese discutible en el plano técnico de la epidemiología, cosa que sólo hubiese sido admisible si hubiese mediado opinión encontrada de peritos, lo que en el caso no sucedió, es criterio jurisprudencial invariable que los jueces no resuelven cuestiones científicas ni de escuelas médicas.

Dicho más claramente, una medida de la Administración que se basase en una posición discutible pero no descartable en el debate científico, no puede ser calificada de irracional.

Esta reiterada tesis jurisprudencial no es más que una regla que se deduce del principio de separación de poderes del gobierno del estado impuesto por el principio republicano del artículo 1º de la Constitución, resultando violado el principio de separación de poderes del gobierno del Estado y, por ende, el mandato republicano de nuestra Constitución.

No cabe discutir la naturaleza jurídica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es una cuestión que la Suprema Corte al parecer resuelve considerando que se trata de una entidad federal con carácter provincial.

Admitiendo ad argumentandum esta posición y sin adoptar criterio al respecto, lo cierto es que lo que la Suprema Corte resuelve es una cuestión que hace al poder de policía sanitaria del Ejecutivo Nacional en un caso de pandemia que afecta a más de una provincia y, en el caso, a dos entre las cuales hay una circulación diaria de millones de personas, de modo que cualquier medida que en la emergencia se adopte en una de ellas, inevitablemente afecta a la otra.

El poder de policía sanitaria federal

Se trata del ejercicio del poder de policía sanitaria federal, no cabe discutir si la CABA es o no una provincia, desde la realidad, es una provincia urbana que no está separada de la provincia de Buenos Aires, sino que todas las semanas transitan millones de habitantes entre ambos territorios.

En esas condiciones, es obvio que una epidemia en cualquier de ambos lados de una avenida afecta a los habitantes de la otra acera que atraviesan la avenida por millones, con lo que en esas circunstancias se plantea un problema sanitario interprovincial que, o bien se resuelve por acuerdo entre los gobiernos de las dos provincias, o bien lo debe resolver el ejecutivo federal en ejercicio del poder de policía sanitaria en todo lo que exceda y afecte a dos o más provincias.

Es incuestionable que en el caso se trata de un poder que constitucionalmente corresponde al Ejecutivo Nacional.

La conveniencia o no de la medida adoptada por el Ejecutivo en ejercicio de ese poder administrativo de policía sanitaria no es materia que pueda ser juzgada por los jueces, puesto que desde siempre se ha considerado que cuando se trata de cuestiones políticas no judiciables, los jueces deben abstenerse de intervenir.

Lo único que los jueces deben controlar es que la medida adoptada por el Ejecutivo Nacional no sea irracional, o sea, que resulte conducente al objetivo propuesto conforme al saber técnico disponible.

Dado que se trata de una medida que no se ha probado en los autos que fuese descartada por los técnicos como inconducente, los jueces no pueden interferir en el ejercicio de las funciones que son de competencia del Ejecutivo Nacional y, menos aún, tomar a su cargo la función que corresponde al otro Poder.

Lo que los jueces de la Corte Suprema, al disponer que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habilite las clases presenciales, ha ejercido el poder de policía sanitaria interprovincial propio del Poder Ejecutivo Nacional, en claro abuso de su poder constitucional, contrariando las disposiciones de la propia Constitución Nacional que delimitan republicanamente la separación de los poderes de su gobierno.

Tal conducta es la que tipifica el artículo 248 del código penal.

Jueces imputables

Los eventuales resultados de difusión del contagio o de enfermedad y muerte derivados de las clases presenciales en establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que afecten a alumnos, docentes, personal auxiliar o familiares o personas que se hallen en contacto con estas personas, serían imputables objetiva y subjetivamente a la decisión de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en razón de la imprudencia de la medida que sin ninguna asistencia técnica adoptaron en el ejercicio abusivo de su poder.

En este último sentido es de sobra sabido que el resultado y la infracción del deber de cuidado son los dos elementos del injusto de los delitos imprudentes o culposos, que se hallan absolutamente interrelacionados, porque el deber de cuidado surge cuando existe la posibilidad de representarse el resultado.

Esta posibilidad en alto grado de probabilidad es exigible a cualquier funcionario que en ejercicio del poder de policía sanitaria - asumido en la resolución por la Corte Suprema - debe decidir o tomar medidas en medio de una pandemia y en un momento de estallido masivo de contagios y muertes.

Descartar esa alta probabilidad sin la ilustración de ningún perito implica una negligente no representación de la alta probabilidad del resultado lesivo que le era exigible en el caso.

En estas condiciones y la eventualidad de producirse esos resultados, la tipicidad culposa resultaría concurrente idealmente con la conducta de abuso de poder del artículo 248 del código penal.

Es muy probable que los jueces no se hayan representado la alta probabilidad del resultado, pero les era exigible que lo hubiesen hecho, porque se trata de una no representación que obedece exclusivamente a la omisión de producir y ponderar prueba que les hubiese permitido conformar y ponderar el estándar epidemiológico, a partir de los indicios de peligro que revela todo aumento de circulación.

Vienen al caso las palabras del juez Fayt: 

“Los magistrados deberán agregar el uso de la razón, el conocimiento de la realidad, la comprensión del pasado y la proyección de las consecuencias futuras.”

(Fallos 310:2478, p. 2581).

De este modo, se ha atribuido conocimiento científico epidemiológico, ha dejado de lado el inveterado criterio de no decidir cuestiones de escuelas técnicas - especialmente en el ámbito médico -, se ha apartado de la tradicional tesis de las cuestiones políticas no judiciables, puso en duda el poder de policía sanitaria del ejecutivo nacional en caso de una pandemia que afecta a dos o más provincias y, finalmente, se atribuyó y ejerció ese poder de policía que no le incumbe, al disponer una medida concreta como es la de dar vía libre a las clases presenciales en la CABA, vulnerando los principios constitucionales.

Obviamente que, al quitarle al Ejecutivo federal esta función que le es constitucionalmente propia y ejercerla por sí misma, la Corte Suprema se hace jurídicamente responsable de todas las consecuencias que su decisión política tenga en el plano de la realidad social, incluyendo las de eventuales contagios de docentes, alumnos y familiares y de los también eventuales resultados incluso letales de esos contagios.

La segunda ola

Las actuales consecuencias en esta imparable “segunda ola” están a la vista y quienes han contribuido a ella también, por lo que cabe endilgarle la responsabilidad por su contribución a la dramática situación que vivimos.

Que por ello solicitamos la intervención de la Comisión de Juicio Político y se haga lugar al juicio político de los mencionados jueces, produciendo la acusación ante el H. Senado de la Nación, como asimismo se dé intervención a la justicia a fin de que se investigue la posible comisión de los delitos que señalábamos al comienzo.

El deterioro en la imagen de la Justicia ha venido siendo causado precisamente por obra de la misma y es hora que se modifique la situación para poder alcanzar un verdadero Estado Democrático de Derecho.

Por lo expuesto solicitamos respetuosamente a la H. Cámara de Diputados de la Nación que ponga en funcionamiento el procedimiento de juicio político a los jueces mencionados en este escrito.