La dupla que conforman Rodríguez Larreta & Morales supera al terror de la ficción
La fórmula PRO-UCR durante la fugaz visita del alcalde porteño a Perico, el martes último.
Si usted cruza la zona del barrio de Colegiales notará que hay torres gigantescas alrededor de las vías, con hectáreas tomadas al ferrocarril que Perón les compró a los ingleses a mitad del siglo XX.
Sucedió que, por un decreto de Mauricio Macri, esos terrenos fiscales del Estado Nacional pasaron al ámbito de la ciudad de Buenos Aires y ahora Horacio Rodríguez Larreta está fundando caminos de césped para la mierda de los perros, con retoños de algunos árboles muy necesarios pero rodeados de puro cemento y de negocios de millones de dólares.
El miércoles 19, la Cámara de Apelaciones porteña dio la razón al planteo de las organizaciones vecinales de Caballito y volvió a frenar la construcción de la primera etapa de la mega - obra Ciudad Palmera, que impulsan en ese barrio los grupos IRSA y Portland.
La Sala II del fuero en lo Contencioso, Administrativo y Tributario anuló el fallo de primera instancia que hace más de un mes había impedido la medida cautelar que mantenía estancada la obra desde 2020.
El proyecto incluía un complejo de edificios de más de 1.000 viviendas y un centro comercial a cielo abierto.
IRSA es una compañía de construcción presidida por el empresario Eduardo Elsztain.
Si usted está de viaje por Jujuy en estas vacaciones de invierno notará que en el barrio Alto Padilla en la llamada Ciudad de las Artes, en las afueras de San Salvador, sobresalen en el cielo unas moles de cemento semejantes a las que promueve Rodríguez Larreta en CABA.
En ese mismo lugar, 1.200 años después de Cristo, se asentó una comunidad indígena preincaica.
Aquello fue casi 300 años antes de la llegada de Cristóbal Colón a las Antillas.
Y recientemente hubo investigaciones forenses para buscar restos de personas asesinadas por la última dictadura en ese mismo predio.
Sin embargo, el barrio ostentoso se edificó igual.
Veneno en el subte y mineros en huelga
En los vagones de Subterráneos de Buenos Aires, Sociedad del Estado porteño, usted se puede enfermar de cáncer porque hay un elemento venenoso para la salud humana: el asbesto.
Los trabajadores del subte se enfermaron.
Ya han muerto tres de ellos, hay seis en tratamiento por cáncer y más de 80 afectados.
Por eso, realizan medidas de protesta que van desde la liberación de los molinetes hasta el paro por fracciones de tiempo en todas las líneas.
Rodríguez Larreta no solo no invirtió un peso en la trama del subte en los años que lleva el PRO en la gestión, sino que pretende invalidar los reclamos de las trabajadoras y trabajadores, acusándolos del problema.
Una actitud idéntica a su compañero de fórmula Morales contra maestras en lucha, comunas de más de 400 pueblos originarios de La Puna, y obreros mineros.
Al cierre de esta edición, una columna de empleados de la empresa Minera Aguilar (la más antigua de Jujuy, que le pertenece al empresario José Luis Manzano) demandaba mejoras salariales y mayor seguridad.
Los mineros se movilizaron desde Purmamarca hasta San Salvador a pie y en colectivos.
Los mineros de Aguilar también están en contra de la reforma de la Constitución provincial, que aprobó de forma exprés el gobernador y su séquito legislativo y judicial.
El abogado Alberto Nallar, quien está preso en su domicilio desde la medianoche del jueves 13, acusado de sedición, asegura que Jujuy debe ser intervenida por el Estado Federal.
En la visita relámpago de Rodríguez Larreta por los pagos de Morales con el fin de inaugurar escuelas con energía solar, se topó con la indignación del pueblo jujeño desde que bajó del avión en Perico.
Se trata de una zona tabacalera con empresarios y empresarias acusadas de emplear “trabajo esclavo” de familias bolivianas para la cosecha.
El lugar es la base operativa y recaudatoria de uno de los hijos del Morales, Gastón, a cargo del cannabis industrial en la provincia.
El administrador del campo Finca El Pongo, Cristian Alberto Valdiviezo, firmó el 25 de marzo de 2019 un contrato de locación que no coincide demasiado con los fines de Gastón Morales y su papá.
La bronca fue subiendo la espuma entre la gente común del pueblo de Perico al ver semejante atropello, que incluyó camionetas 4x4 sin patente como las utilizadas en las represiones del 17 y 20 de junio, policías de civil y uniformados, y personajes de la custodia de Larreta y Morales.
Una mujer se atrevió a tomar su teléfono celular y narrar lo que estaba pasando en un sitio rodeado de río y basurales.
Una mujer se atrevió a tomar su teléfono celular y narrar lo que estaba pasando en un sitio rodeado de río y basurales.
Una agente de la Policía quiso amedrentarla, pero la vecina siguió filmando, diciendo que salió “a comprar carne” y se encontró con policías montados en caballos y su pueblo bajo sitio.
La comitiva de Larreta y Morales repartió cintas de colores para los planeros de la UCR de Jujuy.
Frente a ellos, los manifestantes flameaban banderas argentinas con la Wiphala en la puerta del acto.
El clima afuera era espeso.
Adentro, Morales insistió con el “diálogo” y se refirió a las “energías renovables”.
La tensión escaló en el cerebro del gobernador, que durante la jornada soltó "dejen de agitar" al equipo de C5N.
Era la tarde del martes y dos trabajadores de prensa de Canal 7 de Jujuy resultaron agredidos por un grupo de supuestos opositores a Morales.
El propietario del medio y depuesto ex jerarca del PJ local, Guillermo Jenefes, prometió "accionar penalmente contra los cobardes que atacaron a nuestros periodistas”.
Desde el colectivo Periodistas Unidos y Autoconvocados de Jujuy (PUAJ) rechazaron ambos actos de violencia verbal y física en un comunicado que advierte sobre el fondo de asunto.
“Desde PUAJ repudiamos estos hechos y nos solidarizamos con las y los colegas de Canal 7, quienes terminaron siendo rehenes del dueño del medio.
Por otra parte, consideramos un acto oportunista e hipócrita el repudio expresado desde el gobierno de la provincia a estas agresiones, tratándose de una gestión que hostiga policial y judicialmente a los trabajadores de prensa, tal como lo expresamos en detalle en nuestro informe publicado el pasado 29 de junio”.
Ya en la tarde del jueves 19, los manifestantes jujeños reclamaron Memoria, Verdad y Justicia, al cumplirse 40 años de la primera marcha contra la “Noche del Apagón” en el Ingenio Ledesma, propiedad de la familia Blaquier.
Un detalle: algunas empresas de transporte se negaron a vender pasajes en micros para viajar a Libertador General San Martín desde San Salvador, con el objetivo de boicotear la protesta.
Hace 47 años se produjeron allí 400 secuestros ilegales por parte de la dictadura militar con la ayuda de vehículos de la empresa.
33 personas continúan desaparecidas.
En marzo murió Carlos Pedro Tadeo Blaquier a los 95 años en la Clínica Zabala de Belgrano.
Había sido procesado por delitos de lesa humanidad en 2012, pero ni la Cámara de Casación Penal ni la Corte Suprema de Justicia avanzaron en la causa. Blaquier murió impune y se extinguió la acción penal.
Ya era de noche cuando los mineros de Aguilar prometían acampar en la Plaza Belgrano, frente a la gobernación provincial, pese a las amenazas penales de la Justicia y la Policía de Gerardo Morales.
La columna gritaba en el centro: “Dicen que los mineros somos callados, libres o muertos, jamás esclavos”.
¿Dónde está Arshak Karhanyan?
Con el dolor y la angustia a la rastra desde febrero de 2019, cuando su hijo Arshak (policía de la ciudad) fue visto por última vez con vida, Verdush, la mamá, cuestiona al juez Alberto Baños.
“No hizo nada en todos estos años. Impidió lo que le pedimos y no avanzó en la investigación por la desaparición de mi hijo”.
La querella está a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Pero la causa sigue frenada por el Poder Judicial.
Y nadie habla del incierto destino de Asshak Karhanyan.
Según la legisladora Victoria Montenegro impera en el caso “la complicidad mediática”, que crece con el sesgo autoritario de la Policía de Rodríguez Larreta.
Algo evidente tras la sentencia a perpetua contra los policías que asesinaron al joven Lucas González.
Un crimen de odio racial, que dejó expuesta la violencia institucional en la ciudad más rica y desigual del país.
Epílogo
Julio de 2019.
La Fiscalía a cargo de la investigación por la desaparición del policía Arshak Karhanyan había autorizado el allanamiento de algunas comisarías de la ciudad. En la mañana en que debían desarrollarse los procedimientos para esclarecer el hecho, los comisarios involucrados se presentaron en el despacho del fiscal para ponerse “a disposición”.
Según el abogado, Juan Kassargian, “el juez Baños habría dado el aviso”.
El jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard, es investigado por el caso de Lucas González.
Gregorio Dalbón, que representa a la familia de la víctima, señala que "no pudo estar ajeno al operativo de seguridad el día que mataron a Lucas”.
El 19 de julio la Policía de la Ciudad sumó a 793 flamantes efectivos.
La fuerza de Rodríguez Larreta, que se ufana de “la seguridad”, cuenta con 26.080 agentes.
La familia Domínguez no se fue de vacaciones de invierno en Alto Comedero, Jujuy.
Hace semanas, la Policía de Morales le puso un arma en la cabeza a un nene de siete años y desnudó a sus padres delante de sus hijos menores.
Uno de los hermanos es autista y fue golpeado en un allanamiento, lo propio sufrió Marcos en silla de ruedas.
Ya había sido torturado con la técnica del submarino durante la represión del 20 de junio.
Jujuy tiene casi 798.000 habitantes.
La provincia cuenta con 7.500 policías, lo que da un promedio de 939 policías cada 100.000 habitantes. Toda una salida laboral.
Las Naciones Unidas recomiendan no más de 250 efectivos policiales cada 100.000 habitantes.
En la ciudad de Buenos Aires hay 866 policías cada 100.000 habitantes, el triple de lo recomendado.
La cifra resulta muy llamativa porque la provincia de Buenos Aires, que tiene 16 millones de habitantes, emplea a 90.000 policías, que implican 563 cada 100.000 habitantes.
En diálogo con El Cohete, la ex ministra Sabina Frederic subraya: “El problema es la gestión de los conflictos que se producen y acá aparece la violencia de forma notable.
El caso de Jujuy es un ejemplo.
El Estado Nacional debería haber intervenido antes con sus fuerzas federales y así se hubieran evitado las detenciones y los heridos de por vida”.
Tres jóvenes perdieron un ojo por la represión en Jujuy.
Lucas González fue asesinado por policías porteños por tener la piel marrón.
Hay un policía de la ciudad de Buenos Aires desaparecido desde 2019 y nadie lo busca.
La dupla que conforman Larreta & Morales supera al terror de la ficción.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.